Las universidades públicas atraviesan un nuevo capítulo de conflicto que se extenderá durante las próximas dos semanas. A través de paros, movilizaciones y diversas medidas de fuerza, los gremios buscan visibilizar el reclamo por mejoras salariales y exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación permanece en disputa judicial con el Ejecutivo nacional.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) ha dispuesto nuevas jornadas de protesta, a las cuales se sumaron la Conadu Histórica y la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), que representa al personal nodocente. Los sindicatos fundamentan su rechazo no solo en la falta de aplicación de la norma de financiamiento, sino también en el proyecto de Presupuesto 2027, el cual consideran insuficiente para el funcionamiento del sector.

El conflicto se desarrolla tras la Quinta Marcha Federal Universitaria. Según datos presentados en una reunión de rectores, las universidades nacionales acumulan desde diciembre de 2023 una caída presupuestaria real del 41,6%, mientras que los salarios del personal han perdido más del 30% de su poder adquisitivo. La docencia universitaria y preuniversitaria atribuye esta situación a una política de ajuste del Gobierno nacional que afecta las condiciones materiales de la educación pública.

La Conadu ha previsto un primer paro para este miércoles 28 de octubre, coincidiendo con la fecha estimada para el tratamiento del proyecto presupuestario en comisiones del Congreso. Asimismo, la federación anunció una semana de protestas a partir del lunes 16 de noviembre.

Por su parte, la Conadu Histórica comunicó un paro nacional de una semana para la docencia universitaria y preuniversitaria, que se extenderá desde este miércoles hasta el martes 3 de noviembre. Cabe recordar que, el pasado miércoles 30 de septiembre, los sindicatos realizaron un paro de 72 horas para exigir el cumplimiento de los fallos judiciales y la recomposición salarial, medidas que han derivado en la pérdida de casi un mes y medio de clases en lo que va del año.

Finalmente, la Fatun convocó a cuatro paros nodocentes de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo, programados para el miércoles 28 de octubre y los días 3, 12 y 16 de noviembre. Las medidas alcanzarán a las universidades públicas de todo el país y estarán acompañadas por actividades de visibilización en distintas regiones.

Los docentes universitarios anunciaron un paro de 72 horas para esta semana, en continuidad con el plan de lucha que vienen desarrollando en reclamo de mejoras salariales y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida podrá extenderse entre el miércoles y el viernes y tendrá alcance en las universidades nacionales del país, por lo que podría afectar el normal dictado de clases en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen).

La protesta es impulsada por organizaciones gremiales del sector, entre ellas Conadu y Conadu Histórica, y se produce luego de las últimas medidas de fuerza y del fracaso de las negociaciones salariales con el Gobierno nacional.

Los sindicatos reclaman una recomposición salarial del 33,4 por ciento, que vinculan con lo establecido en la Ley de Financiamiento Universitario, y mantienen además el reclamo para que el Ejecutivo cumpla con una resolución judicial que ordenó avanzar con la aplicación de distintos artículos de la normativa.

El conflicto universitario se profundizó durante las últimas semanas, con paros y distintas acciones de visibilización en universidades nacionales. Los gremios advierten sobre la pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes y cuestionan la política presupuestaria del Gobierno nacional hacia el sistema universitario.

La discusión también llegó a la Justicia. El juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick intimó al Gobierno a avanzar con el cumplimiento de una medida cautelar vinculada con la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, relacionados con la recomposición de salarios y las becas estudiantiles.

La protesta de esta semana, además, se inscribe dentro del plan de lucha que las organizaciones sindicales sostienen en defensa del presupuesto de las universidades públicas y de los ingresos de sus trabajadores.

Según plantearon desde el sector gremial, las acciones continuarán durante las próximas semanas y tendrán como uno de sus puntos centrales la Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre.

El conflicto se desarrolla también mientras continúa el debate por los recursos destinados a las universidades nacionales para el próximo año.

El proyecto de Presupuesto 2027 contempla $7,3 billones para las universidades públicas, mientras que las autoridades universitarias reclaman alrededor de $11 billones para atender salarios, funcionamiento, infraestructura, investigación, becas y hospitales universitarios.

De acuerdo con las estimaciones realizadas desde el sistema universitario, cerca del 90 por ciento de los recursos requeridos corresponde a los salarios docentes y no docentes, mientras que el porcentaje restante se distribuye entre las diferentes necesidades de funcionamiento.

En ese escenario, los gremios universitarios mantienen el reclamo salarial y presupuestario y vuelven a recurrir a una medida de fuerza que podría tener impacto esta semana en la actividad de la Unicen y del resto de las universidades nacionales.

Los docentes y nodocentes de las universidades nacionales volverán a realizar este martes 22 de septiembre un paro en reclamo de mejoras salariales y de la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida de fuerza representa una continuidad de la acción llevada a cabo el viernes pasado, luego de que se registrara un nuevo fracaso en la instancia de negociación paritaria.

Debido a esta situación, las actividades académicas en las universidades y en los colegios preuniversitarios recién se normalizarán el miércoles. El cronograma de protestas se vio afectado por el Día del Estudiante, celebrado este lunes, lo que generó una acumulación de varios días sin dictado de clases. Los trabajadores nucleados en el Frente Sindical de Universidades Nacionales resolvieron implementar un paro de 48 horas, afectando los días viernes 18 y el martes 22 de septiembre. Asimismo, el sector confirmó que se movilizarán en todas las provincias el jueves 15 de octubre.

Más allá de estas protestas, que ya suman más de 30 días sin clases, desde los gremios no descartaron la posibilidad de implementar otras medidas de fuerza en los próximos días. La última agenda de reclamos se precipitó luego de que el Gobierno ofreciera, el jueves pasado, un 3% de aumento para septiembre y un 3% para octubre, propuesta que no presentó cambios respecto a la anterior. Por este motivo, la reunión mantenida en el Palacio Pizzurno finalizó a los pocos minutos.

Además de aguardar una oferta superadora, los sindicatos exigen los fondos que establece la judicializada Ley de Financiamiento Universitario. El pedido central consiste en una recomposición del 32,5% que perdieron los salarios durante los primeros años de la administración nacional de Javier Milei. Por su parte, desde el Gobierno cuestionan las cifras solicitadas al afirmar que la aplicación total de la ley todavía no fue ordenada por la Justicia. Voceros oficiales sostienen que la cautelar habilitó ajustes en becas y salarios, y que el aumento previsto para octubre deja la remuneración por encima de lo establecido en el fallo.

El contexto del conflicto es complejo. El Ejecutivo asignó 7,3 billones de pesos para las universidades públicas en el Presupuesto 2027, una cifra 33% inferior a los 11 billones que reclaman los rectores para cubrir salarios, infraestructura, ciencia, becas y hospitales.

Las autoridades de las 60 universidades públicas estimaron que casi el 90% de los recursos requeridos corresponde a salarios docentes y nodocentes, mientras que el resto se destina a gastos de funcionamiento, obras e investigación.

El paro convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales tuvo un acatamiento del 95 por ciento entre los trabajadores nodocentes de la Universidad Nacional del Centro (Unicen), según informó el secretario general de la Asociación de Trabajadores Nodocentes de la Unicen (Atuncpba), Diego Jongewaard de Boer.

Como consecuencia de la medida de fuerza, este viernes prácticamente no hubo atención en las oficinas de la Universidad.

“Últimamente tenemos muy alto acatamiento a todos los paros y otras medidas de fuerza a los que convocamos”, señaló Jongewaard de Boer a El Eco de Tandil.

En ese sentido, precisó que el porcentaje de adhesión rondó el 95 por ciento y explicó que quienes concurren a trabajar lo hacen, en algunos casos, por actividades previamente programadas o compromisos asumidos con las facultades o la Universidad, y no porque estén en desacuerdo con la medida de fuerza y sus motivos.

“Creo que la mayoría de los trabajadores es consciente de que hay que tomar medidas”, sostuvo el dirigente, quien consideró que los paros constituyen una de las herramientas de protesta de mayor impacto.

“Creo que las medidas de paro son las más contundentes, más aún que cuando hacemos visibilizaciones o ‘banderazos’ en la calle”, afirmó.

La jornada forma parte del paro de 48 horas dispuesto el último jueves por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que comenzó este viernes y tendrá continuidad el martes 22 de septiembre.

La medida fue resuelta luego de que fracasara nuevamente la reunión paritaria entre las representaciones gremiales de las universidades y el Gobierno nacional, que mantuvo una propuesta de incremento salarial del tres por ciento.

El reclamo salarial

El conflicto del Ejecutivo que conduce Javier Milei con las casas de altos estudios de todo el país se extiende desde hace meses y tiene como uno de sus principales ejes la pérdida del poder adquisitivo de docentes y nodocentes.

Ayer Jongewaard de Boer describió el escenario como de “cansancio y agotamiento” para los trabajadores. En ese marco, sostuvo que el Gobierno lleva “casi un año de incumplimiento de la Ley de Financiamiento”, además de arrastrar un retraso salarial.

“Hemos perdido alrededor del 50 por ciento del poder adquisitivo”, afirmó el secretario general de Atuncpba. También cuestionó la modalidad de negociación salarial con el Ejecutivo.

“El Gobierno solo nos llama para informar lo que piensa otorgar como aumento; eso no es una paritaria”, planteó.

El dirigente señaló además que el reclamo gremial contempla el cumplimiento de la legislación vigente y de la medida cautelar dictada en relación con el financiamiento universitario.

“Tenemos una Ley y una medida cautelar que no se cumplen”, resumió.

Entre las demandas específicas del sector se encuentra también la modificación de la composición salarial. “Nosotros queremos que se terminen -como dice la Ley- las sumas en negro o no remunerativas y no bonificables”, explicó.

La discusión se da en un contexto en el que los gremios docentes y nodocentes sostienen que el incremento ofrecido por el Gobierno no permite recomponer la pérdida salarial acumulada y reclaman la aplicación de lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario. 

El artículo 5 de esa norma establece la actualización de los salarios desde diciembre de 2023, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor informado por el Indec.

A la cuestión salarial se suman otros reclamos vinculados con el financiamiento de las universidades públicas, entre ellos las becas estudiantiles y los recursos destinados a docencia, investigación y extensión, además del sostenimiento de los hospitales universitarios.

Continuidad del plan de lucha

En la Unicen trabajan alrededor de 650 nodocentes, distribuidos entre las sedes de Tandil, Azul, Olavarría y Quequén.

El sector continuará con el esquema de medidas definido a nivel nacional. Después del paro de este viernes, la protesta tendrá una nueva jornada el martes 22.

A partir de entonces, las universidades de todo el país irán definiendo nuevas acciones hasta el 15 de octubre, cuando se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria.

Jongewaard de Boer señaló que, una vez concretada esa movilización, el Frente Sindical de Universidades Nacionales definirá los pasos a seguir.

Las universidades nacionales llevarán adelante este martes 8 de septiembre un paro nacional, en el marco de un plan de lucha impulsado por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Centro (Adunce) adhirió a la medida, por lo que la jornada alcanzará también a la comunidad universitaria de la Unicen en todas sus sedes, incluida Tandil.

La decisión fue adoptada luego del fracaso de la reunión paritaria realizada el pasado 1 de septiembre, ante la falta de respuestas a los reclamos salariales y presupuestarios planteados por las organizaciones sindicales del sector.

Desde el Frente Sindical señalaron que la situación salarial de los trabajadores universitarios y las dificultades presupuestarias que atraviesan las instituciones requieren respuestas urgentes. En ese marco, cuestionaron el deterioro de las condiciones laborales y manifestaron su rechazo a las políticas que, según sostienen, ponen en riesgo el funcionamiento del sistema universitario nacional.

El paro de este martes constituye el primer paso de un nuevo plan de acción que contempla, además, una jornada nacional de clases públicas denominada “La universidad en la calle”, prevista para el próximo martes 15 de septiembre.

Asimismo, las organizaciones convocaron a un acto frente al Palacio Pizzurno para el jueves 17 de septiembre, en coincidencia con la convocatoria a las reuniones paritarias de docentes y trabajadores nodocentes.

Como parte de este proceso de movilización, el Frente Sindical también anunció la convocatoria a una V Marcha Federal Universitaria, que se realizaría durante la primera semana de octubre.

Entre los principales reclamos se encuentran la sanción y aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la apertura de paritarias que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación, la actualización de las becas Progresar y Manuel Belgrano y un incremento del presupuesto destinado a las universidades nacionales.

De esta manera, el paro del martes 8 de septiembre se inscribe en un escenario de creciente conflictividad en el sistema universitario, con los sindicatos docentes y nodocentes reclamando medidas que permitan recomponer los salarios y garantizar los recursos necesarios para el normal funcionamiento de las instituciones.

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales definió la continuidad de su plan de lucha tras el fracaso de la reunión paritaria celebrada el pasado 1 de septiembre y la contundencia del paro que tuvo lugar este miércoles en las casas de estudios de todo el país. Tras consultar a las bases de los gremios que representan a trabajadores docentes y no docentes, se confirmó un nuevo paro total para el próximo martes 8 de septiembre.

Asimismo, los sindicatos avanzan en la organización de la 5ta Marcha Federal Universitaria, prevista para la primera semana de octubre. 

Al respecto, desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) expresaron: "Con la certeza de que la necesidad salarial y presupuestaria no pueden esperar y que no vamos a mirar pasivamente cómo desmantelan el sistema universitario nacional, llamamos a construir una V Marcha Federal Universitaria a realizarse la primera semana de octubre".

El sector gremial detalló que las medidas de fuerza durante septiembre buscan visibilizar diversos reclamos. Entre los puntos principales, destacaron: “Por la Ley de Financiamiento Universitario, por paritarias para recuperar lo perdido por inflación, por actualización de las Becas Progresar y Belgrano, y por un presupuesto universitario que no asfixie a nuestras universidades”.

La decisión de profundizar las medidas surge luego de que los docentes rechazaran el aumento del 3% ofrecido por el Gobierno nacional en la reunión con funcionarios del Ministerio de Capital Humano. Tras ese encuentro, los gremios manifestaron: “De manera unánime, el Frente Sindical Universitario rechazó el vergonzoso aumento del 3% que ofreció el Gobierno nacional y llamó a un paro total de actividades para el miércoles 2 de septiembre”.

Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, fue contundente al calificar la propuesta oficial afirmando que “no fue una oferta, fue una provocación". Además, aseveró que asistieron a la convocatoria a paritarias “con la determinación de recuperar lo perdido”.

Según los gremios, la deuda salarial asciende al 31,2%, a lo que se suma el impacto de la inflación de agosto, los salarios adeudados y la necesidad de abordar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Finalmente, los representantes sindicales subrayaron que la única vía de resolución al conflicto es el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario.

El conflicto universitario sumó esta semana un nuevo capítulo de protesta en todo el país. En diálogo con El Eco Multimedios, el secretario adjunto de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Centro (Adunce), Marcelo Stipcich, explicó el alcance de las jornadas de protesta que incluyeron un cese total de actividades de 48 horas y acciones de visibilización en el centro de la ciudad. 

El dirigente precisó que la medida contempló una convocatoria al Rectorado en la mañana del miércoles, donde los docentes distribuyeron volantes con información sobre la crítica situación que atraviesa el sistema educativo superior.

Stipcich puntualizó que el eje central del reclamo radicó en exigirle al Ejecutivo nacional el estricto cumplimiento de la ley. Según expresó el representante gremial, los trabajadores universitarios cumplen con las normativas vigentes que impone el Estado, por lo que consideró imperativo que el Gobierno actúe de la misma forma respecto a la Ley de Financiamiento. Para el sector, esta legislación es la herramienta fundamental que permitiría normalizar la situación salarial, equiparándola con el acelerado nivel de inflación que marcó la economía durante el último año.

La actividad en las esquinas céntricas buscó interpelar a los transeúntes sobre el contexto de ajuste. "Intentamos imponer al Gobierno que cumpla la ley que justamente nos normalizaría", sostuvo Stipcich, remarcando que el pedido no es por un beneficio extraordinario, sino por la correcta aplicación de los marcos legales que rigen el presupuesto educativo. La preocupación de los docentes se profundizó ante la falta de respuestas concretas y la dilatación de las soluciones definitivas para el financiamiento de la Unicen.

Al ser consultado sobre las declaraciones del rector de la Unicen, Marcelo Aba, quien recientemente expuso el incumplimiento de las actas firmadas con Nación, Stipcich coincidiós en que la situación es alarmante. Si bien reconoció que existió una mejora salarial parcial, advirtió que el sector todavía acarrea un desfasaje cercano al 32 por ciento para poder normalizar los haberes con respecto a los valores de diciembre de 2023. Esta brecha representa una pérdida significativa del poder adquisitivo para miles de trabajadores de la educación en Tandil y el resto de las sedes de la universidad.

El dirigente de Adunce subrayó que el cumplimiento gubernamental fue apenas parcial y dejó fuera aspectos críticos de la gestión universitaria. Stipcich puso el foco en la situación de los docentes preuniversitarios, quienes se vieron afectados por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) al inicio de la actual gestión nacional.

El reclamo en las mesas paritarias incluyó la necesidad de discutir un complemento salarial que compense esta pérdida, dado que, por diversas razones técnicas y políticas, no se pudo restablecer bajo su denominación original. Hasta el momento, este punto de conflicto permaneció sin resolución, afectando directamente a los docentes de las escuelas dependientes de la Unicen.

En el horizonte del conflicto aparece una fecha clave: el 1 de septiembre. Para ese día, el Gobierno convocó a una nueva reunión paritaria donde participarán todas las federaciones docentes del país. Stipcich adelantó que los gremios se están preparando para una discusión que, anticipan, será sumamente difícil. El referente local estimó que es poco probable que el conflicto se solucione en un primer encuentro, dada la distancia que existe entre las propuestas oficiales y las necesidades reales del sector.

Durante el próximo encuentro, los representantes de los trabajadores no solo exigirán el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, sino que también buscarán clarificar la naturaleza de los fondos que el Estado transfiere. Stipcich señaló que el Gobierno "ya nos tiene acostumbrados a hacer este tipo de cosas", en referencia a la falta de transparencia sobre si los montos asignados corresponden a un aumento genuino o a una mera compensación transitoria. Para Adunce, es fundamental "separar y tener bien claras las cuentas" antes de avanzar en cualquier acuerdo.

Finalmente, el dirigente vinculó el resultado de estas paritarias con el debate del presupuesto para el año 2025. Para los docentes universitarios, lograr una paritaria contundente en el corto plazo es vital para "plantar bandera" de cara a la discusión presupuestaria que se dará en el Congreso. El objetivo de la comunidad universitaria es asegurar que el próximo año el sistema educativo cuente con los recursos necesarios para funcionar sin la incertidumbre constante que marcó el actual ciclo lectivo, garantizando tanto los salarios como los gastos de funcionamiento de las facultades.

En el marco de una nueva medida de fuerza coordinada por los gremios docentes y de investigación, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Atuncpba), Diego Jongewaard de Boer, trazó un crudo balance sobre la realidad de los trabajadores y advirtió que el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario está provocando un proceso de "expulsión" de personal.

Jongewaard de Boer se refirió ayer a la crítica situación que atraviesa el sector en medio de un paro de 48 horas. La medida fue articulada junto a los docentes nucleados en Adunce y los investigadores de ATE - Conicet, conformando un frente de unidad para visibilizar el conflicto que mantiene en vilo a las casas de altos estudios del país.

El dirigente remarcó que estas acciones se inscriben en una lucha que ya lleva más de 300 días sin que el presidente Javier Milei cumpla con la normativa vigente. En ese sentido, Jongewaard de Boer señaló que la falta de respuestas por parte del Ejecutivo nacional los "obliga a reforzar esfuerzos y coordinar acciones" para que el Gobierno entienda que "definitivamente tiene que cumplir con la ley".

Al ser consultado sobre el impacto que tiene el desfinanciamiento en el claustro que representa, el referente gremial describió un panorama desolador. Explicó que la situación es "muy crítica" y que entre sus compañeros predomina una sensación de "mucha bronca y mucha frustración". Según detalló, el retraso salarial y la crisis económica han derivado en que muchas familias se encuentren endeudadas y en la búsqueda de otros empleos para subsistir.

El secretario general hizo especial hincapié en una de las consecuencias más alarmantes de la coyuntura actual: la pérdida de capital humano dentro de la institución. "Estamos en un proceso casi que hasta de expulsión de nuestros trabajadores, obligados por la situación cotidiana y la realidad que viven esas familias en el día a día", lamentó. Esta situación afecta directamente la operatividad de la universidad, ya que se trata de personal capacitado que ha dejado su vida dentro de la estructura académica.

De acuerdo a las estimaciones del gremio, un porcentaje considerable de trabajadores ha optado por dejar la universidad en busca de mejores posibilidades económicas que les permitan acompañar la demanda de la economía diaria. El dirigente subrayó que no son ajenos a los problemas de la sociedad en su conjunto, pero puntualizó que es "muy preocupante" ver cómo agentes formados deciden alejarse de la institución por no poder cubrir sus necesidades básicas.

Ante este escenario, la conducción sindical se encuentra enfocada en la contención del personal. "Estamos pensando en cómo contenemos a nuestros compañeros y de qué manera podemos seguir acompañándolos en este momento tan crítico", sostuvo. El referente destacó que el golpe de las políticas nacionales no solo afecta a la Unicen en particular, sino que impacta de lleno en diversos sectores de la sociedad argentina.

A pesar de la especialización y la trayectoria de muchos de estos empleados, la realidad económica los empuja a priorizar la subsistencia familiar por sobre la vocación institucional.

Con la mirada puesta en el corto plazo, Jongewaard de Boer se mostró escéptico respecto a las próximas negociaciones con el Estado nacional. En relación al debate por el presupuesto para el año 2027, confesó que, en términos personales, no mantiene demasiadas expectativas. Para el dirigente, el Gobierno ya ha dado "muestras suficientes" de su posicionamiento respecto a la educación pública en la Argentina, ignorando incluso los fallos de la Justicia que lo obligan a cumplir con el financiamiento.

No obstante, el próximo 1 de septiembre se llevará a cabo una nueva instancia de paritaria a nivel nacional. En ese encuentro, los representantes de los trabajadores volverán a poner sobre la mesa la exigencia del cumplimiento de la ley. "En el caso de que no haya un acuerdo, tendremos que evaluar el conjunto de los trabajadores qué medida vamos a ir tomando de ahora en más", adelantó el titular de Atuncpba, sugiriendo que el conflicto podría escalar en las próximas semanas.

Finalmente, el referente instó a la comunidad universitaria a mantenerse organizada y a expresar el descontento de manera colectiva. Para Jongewaard de Boer, la profundización del plan de lucha es la única herramienta posible ante un Ejecutivo que se muestra inflexible.

En el marco del plan de lucha que llevan adelante las universidades nacionales, este jueves 27 y viernes 28 de agosto se realizará un paro para reclamar al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

En Tandil, la jornada de protesta tendrá como actividad principal una volanteada y semaforazo, que se desarrollará este jueves desde las 10.30 en la esquina de Pinto y Chacabuco.

La convocatoria fue realizada por Adunce, Atuncpba y Ate-Conicet, que advirtieron sobre la situación que atraviesan las universidades públicas y el sistema científico tecnológico a partir de los recortes y el desfinanciamiento.

Desde las organizaciones señalaron que el objetivo de la jornada será visibilizar la realidad del sistema universitario y científico y defender una universidad pública con recursos para enseñar, investigar y transformar.

La protesta en Tandil se realizará en simultáneo con otras actividades previstas en la región. En Olavarría, por ejemplo, se llevará adelante desde las 14 un taller participativo denominado “20 años de ESI: la Universidad enseña, investiga y transforma”, en el Hall de Aulas Comunes del Campus de la Unicen.

Las actividades forman parte del reclamo sostenido por las universidades nacionales en defensa del financiamiento y ante lo que las organizaciones consideran un escenario crítico para la educación pública y el sistema científico tecnológico.

Los gremios docentes nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) convocaron a un paro nacional de 48 horas para los días jueves y viernes, en reclamo por la falta de financiamiento para las casas de estudio y la situación salarial del sector.

La medida fue confirmada por distintos sindicatos universitarios, entre ellos Feduba, y se da en medio de una creciente disputa judicial y política por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que fue ratificada por el Congreso tras el veto presidencial y cuya implementación continúa siendo motivo de controversia.

El conflicto responde a que las casas de estudio no perciben las transferencias presupuestarias previstas por la legislación ratificada por el Poder Legislativo, a pesar de la existencia de fallos judiciales que ordenan el cumplimiento de la norma.

Esta falta de envío de fondos impacta de manera directa tanto en los gastos de funcionamiento diario de las instituciones públicas como en las partidas destinadas a los sueldos del personal académico y los programas de becas estudiantiles.

En materia de ingresos, la conducción sindical denuncia que las actualizaciones salariales otorgadas durante los últimos meses se fijaron de forma unilateral, sin la reapertura de una paritaria formal, y quedaron marcadamente por debajo de la inflación acumulada.

Las estimaciones de las entidades gremiales señalan que los trabajadores del sector sufrieron una pérdida cercana a un tercio de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023, por lo que requerirían un incremento superior al 50 por ciento sobre los haberes actuales para equiparar el nivel de compra de ese período.

El retraso afecta especialmente a las dedicaciones simples y semi-exclusivas, al tiempo que complica a los cargos de dedicación exclusiva.

A su vez, las autoridades y representantes del sistema universitario advierten sobre la migración de docentes e investigadores altamente calificados con títulos de posgrado, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

La brecha de ingresos con el sector privado y con instituciones del exterior genera un drenaje de recursos humanos que afecta la calidad educativa y la producción científica y tecnológica nacional.

En este escenario, la medida de fuerza coincide con un contexto de dilación en la aplicación efectiva de la ley, por lo que las organizaciones sindicales no descartan profundizar el plan de lucha si no obtienen respuestas concretas por parte del Poder Ejecutivo. NA

La próxima semana, las universidades nacionales volverán a verse afectadas por una nueva jornada de protesta. El miércoles 12 de agosto habrá un paro nacional universitario de 24 horas, convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FEDUN) en reclamo del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida se enmarca en un plan de lucha que también contempla nuevas jornadas de protesta durante el mes.

A través de sus canales oficiales, el sector docente difundió la convocatoria bajo la siguiente consigna: "Este miércoles 12/8, las y los docentes universitarios realizamos un paro de 24 hs en todo el país. Exigimos el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y del acta firmada el 10 de junio. La universidad pública se defiende".

La convocatoria al paro responde a la continuidad del conflicto entre los gremios docentes y no docentes y el Gobierno nacional, que no se ajusta a lo dictaminado por la Justicia. Esta semana, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la vigencia de la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, tras el rechazo de la Corte Suprema al recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo.

Con esta resolución, el gobierno de Javier Milei queda obligado a actualizar los salarios docentes y no docentes, además de garantizar los fondos para becas estudiantiles en las universidades públicas, en los términos establecidos por la normativa.

En tanto, la nueva medida de fuerza aún no fue confirmada por otras agrupaciones gremiales mayoritarias como Conadu o Conadu Histórica, que en los próximos días podrían pronunciarse a favor de sumarse al paro.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) resolvió profundizar las medidas de fuerza en el marco del conflicto que mantiene con el Gobierno nacional y convocó a un paro de actividades de una semana completa, que se llevará a cabo del 16 al 20 de junio en las universidades públicas de todo el país.

En ese marco, la Asociación Gremial de Docentes de la Unicen (Adunce) adherirá a la medida de fuerza, por lo que el paro tendrá impacto en las actividades académicas de las diferentes sedes de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen).

La decisión fue adoptada durante el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de la organización, realizado el pasado 5 de junio, donde se evaluó la situación del sector y se definió la continuidad del plan de lucha en reclamo de mejoras salariales y de una solución integral para el financiamiento universitario.

Además del paro, desde Conadu se acordó impulsar acciones conjuntas con el Frente Sindical Universitario. Entre las actividades previstas se encuentran clases públicas frente a los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y de distintas ciudades del país el próximo 9 de junio, así como nuevas jornadas de protesta en Rosario y frente al Palacio Pizzurno los días 11 y 16 de junio, respectivamente.

Durante el encuentro, los dirigentes sindicales también analizaron las versiones sobre una posible propuesta del Gobierno nacional a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). No obstante, señalaron que la resolución del conflicto requiere una convocatoria formal que permita avanzar en el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese sentido, remarcaron la necesidad de sostener las acciones judiciales actualmente en curso.

Desde Conadu indicaron que, en caso de existir una oferta formal, la misma será sometida a consulta de la docencia de las universidades nacionales para definir los pasos a seguir. Mientras tanto, el plenario se declaró “en estado de alerta y sesión permanente”.

Por otra parte, la federación informó que realizó una presentación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para “denunciar al gobierno nacional argentino por la falta de respuesta al reclamo de convocatoria a la negociación paritaria, y por las acciones antisindicales con las que el gobierno busca limitar el derecho a huelga”.

La secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, cuestionó la política oficial hacia el sistema universitario y ratificó la continuidad de las medidas de protesta. “Con este gobierno la universidad pública está en constante peligro de desaparecer. Pero nosotros no lo vamos a permitir", señaló. 

"Mientras el gobierno sigue sin dar respuestas concretas y urgentes a quienes sostenemos las universidades, continuamos el plan de lucha en todo el país. Tenemos la convicción de que el pueblo argentino va a triunfar en esta lucha, y que la universidad es capaz de anudar todos los malestares que estamos viviendo”, sostuvo la dirigente.

El plenario se desarrolló además en homenaje al músico y referente cultural Indio Solari, en una jornada marcada por el recuerdo del artista, cuyas obras y letras tuvieron una profunda influencia en distintas generaciones de argentinos.

Con la convocatoria al paro nacional de una semana y una agenda de movilizaciones en distintos puntos del país, el conflicto universitario suma un nuevo capítulo mientras persisten las demandas del sector docente por recomposición salarial y mayor financiamiento para las universidades públicas.

No docentes de la Unicen nucleados en Atuncpba llevaron a cabo una asamblea en el comedor del Campus Universitario. En el marco de una jornada de paro, trabajadores provenientes de diversas facultades y dependencias de la sede central, así como delegaciones de las subsedes de Olavarría, Azul y Quequén, participaron del encuentro con el objetivo de intercambiar realidades y proyectar estrategias frente a la actual crisis presupuestaria que atraviesa el sistema universitario nacional. 

Diego Jongewaard de Boer, secretario general de Atuncpba, destacó la importancia de este espacio de intercambio. "En el marco de esta asamblea estamos discutiendo qué medidas y cuál es la situación que tenemos hoy los no docentes en la universidad. Pensando entre todos y todas, aportando estos encuentros, volviendo a dinamizar las asambleas", sostuvo el dirigente gremial.

Tras el encuentro, los no docentes definieron conformar un comité de crisis para trabajar en un plan de acción en pos de continuar exigiendo la implementación de la Ley de Financiamiento, mientras que el 3 y 4 de junio próximos se sumarán al paro anunciado a nivel nacional.

La actividad de la mañana del viernes, que se desarrolló en paralelo a la medida de fuerza a nivel nacional, sirvió para que los trabajadores pusieran en común las dificultades que enfrentan en sus respectivos territorios. Jongewaard de Boer enfatizó que la construcción de los reclamos debe contemplar las particularidades de cada región, evitando decisiones centralizadas que no siempre se ajustan a la idiosincrasia local de las distintas sedes universitarias.

Al analizar las posibles acciones a seguir, el secretario general de Atuncpba subrayó la necesidad de diversificar las herramientas de protesta. "No solo pensamos en el paro, puede haber jornadas de visibilización, de trabajo en la comunidad. Hay un montón de herramientas que como trabajadores las pensamos y las queremos discutir en la asamblea", explicó. 

Asimismo, aclaró que, si bien el paro es una herramienta fundamental que respetan por decisión del frente sindical y la federación, es vital buscar respuestas creativas ante un gobierno con una lógica política que enfrenta al movimiento sindical a un nuevo escenario.

Sobre el impacto de la situación económica, el dirigente fue contundente respecto a la pérdida del poder adquisitivo. "El principal reclamo tiene que ver con nuestra cuestión salarial, donde hemos perdido alrededor del 50 por ciento de nuestro poder adquisitivo. Estamos hablando, en los últimos 2 años alrededor de 10 sueldos. Imagínense cuál es el deterioro que está sufriendo el trabajador en la universidad", detalló.

El referente gremial también advirtió que el conflicto trasciende lo salarial y afecta el funcionamiento integral de la universidad. "Creo que no solo nos impacta a nosotros en cómo nos organizamos en nuestras vidas diarias, sino también al conjunto de la universidad, porque tenemos problema con el financiamiento para el funcionamiento, el sector docente está atravesando la misma situación, los científicos igual. Para los estudiantes, las becas son paupérrimas. El conjunto de la universidad está siendo muy atacado por este gobierno", agregó.

Finalmente, Jongewaard de Boer valoró el compromiso de los trabajadores que, a pesar del paro, se movilizaron hasta el campus. "Teníamos mucha expectativa con este encuentro. Nosotros decimos asamblea, pero en realidad es un encuentro que vamos a empezar a propiciar desde el sindicato para justamente poder entre todos y todas buscar las respuestas más acordes a cada una de las realidades. Estamos felices y orgullosos del trabajador no docente que hoy un día de paro asistió al campus universitario. Vinieron de Olavarría, de Azul y de Quequén, así que estamos trabajando y discutiendo entre todos cómo vamos a afrontar esta política nefasta del gobierno", concluyó.

El paro y asamblea de los no docentes coincidió con el último día de una medida de fuerza docente que se extendió durante toda la semana. Entre otras actividades hubo ollas populares, clases públicas, e instancias de visibilización que los trabajadores de la Unicen llevaron a cabo para continuar exigiendo un reclamo conjunto: la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, que pese a haber sido sancionada más de 200 días en Diputados y Senadores, el gobierno nacional aun no aplica.

El conflicto de los trabajadores universitarios continúa profundizándose tras la Marcha Federal Universitaria del pasado 12 de mayo. En esta oportunidad, los nodocentes de todo el país anunciaron que sumarán jornadas sin actividad a la semana de huelga ya establecida por los docentes. Las medidas de fuerza se llevarán a cabo el 29 de mayo, coincidiendo con el último día del paro docente, y se extenderán durante la semana siguiente, específicamente los días 3 y 4 de junio.

Esta paralización de actividades se produce en un momento sumamente sensible para el calendario académico, dado que durante estas semanas están programadas mesas de exámenes finales y parciales en diversas unidades académicas. Los gremios nodocentes de todo el país, agrupados en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), decidieron profundizar su plan de lucha para exigir la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, la apertura de paritarias y recomposiciones salariales urgentes ante el gobierno nacional.

A través de un extenso comunicado, la federación gremial expresó su malestar y señaló que “a 212 días de la promulgación de la Ley Nacional 27.795 de Financiamiento Universitario”, la normativa aún no ha sido aplicada. Según indicaron, el Poder Ejecutivo “somete a las y los trabajadores docentes y nodocentes a los más bajos niveles salariales desde la recuperación de la democracia en 1983”.

Ante esta situación, desde la FATUN remarcaron las gestiones que vienen llevando adelante. “Seguimos realizando múltiples acciones gremiales, gestiones políticas con legisladores nacionales y gobernadores, y presentaciones judiciales para una justa recomposición salarial y la inmediata convocatoria a la Negociación Colectiva de Nivel General”, indicaron.

En este contexto, la entidad sindical resolvió “continuar en Estado de Alerta y Movilización de las y los Trabajadores Nodocentes de las UU.NN., realizando en unidad acciones gremiales, políticas y judiciales en la profundización de nuestra lucha por el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”.

Asimismo, decidieron “exigir el cumplimiento de la Negociación Colectiva, con la convocatoria a la Comisión Paritaria de Nivel General, para tratar la recomposición salarial, la capacitación, la salud y las condiciones laborales de las y los trabajadores Nodocentes de las UU.NN.”.

Finalmente, el plan de acción contempla “sostener la continuidad del plan de lucha por las próximas cuatro semanas con acciones de protesta y visibilización, con paros sin concurrencia a los lugares de trabajo los días 29 de mayo, 3 y 4 de junio”. 

Cabe destacar que el sector nodocente abarca al personal encargado de la limpieza, la apertura de las sedes y las tareas administrativas, por lo que estas jornadas de huelga afectarán directamente el normal desarrollo de las clases y el funcionamiento cotidiano de las facultades.

En diálogo con La Mañana, programa que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1, la secretaria general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Adunce), Verónica Gargiulo, , analizó el complejo panorama que atraviesan las casas de altos estudios tras la masiva marcha federal del pasado 12. En este contexto, la referente gremial confirmó que la próxima semana se llevará a cabo un paro total de actividades por siete días, desde el lunes 25, en reclamo de recomposición salarial y mayor presupuesto para el sector.

La medida de fuerza, que afectará a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen) y al resto de las instituciones públicas del país, fue resuelta en un plenario de secretarios y secretarias generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu). Según explicó Verónica Gargiulo, la huelga no implicará un repliegue de los trabajadores, sino que vendrá acompañada de diversas acciones de visibilización en la vía pública.

"Vamos a estar con paro de actividades durante toda la semana que viene en todas las universidades y vamos a estar llevando adelante algunas clases públicas y algunas otras acciones callejeras para seguir conversando con quienes se nos acercan", detalló la dirigente. En el caso de Tandil, estas clases abiertas a la comunidad se concentrarán en la tradicional esquina de Pinto y Chacabuco, frente al Rectorado de la Unicen.

Ante la preocupación de las familias por la posible pérdida del año lectivo debido a la acumulación de medidas de fuerza, Verónica Gargiulo llevó tranquilidad, aunque remarcó la gravedad de la situación actual. "Yo no conozco verdaderamente que nadie haya perdido un año", afirmó a título personal, y agregó que "los docentes siempre terminan haciendo el esfuerzo y van reacomodando los contenidos para que los estudiantes no pierdan el año". Sin embargo, advirtió que "lo que está en riesgo no es una materia, acá lo que está en riesgo es verdaderamente la universidad".

La representante de Adunce hizo hincapié en el profundo deterioro de los ingresos de los trabajadores docentes y no docentes, al señalar que registran "las pérdidas más grandes que tenemos desde hace más de 20 años". En ese sentido, interpeló a la sociedad sobre las condiciones en las que se sostiene el sistema: "Los docentes están yendo a trabajar por la mitad del salario. ¿Qué hace un trabajador cuando está recibiendo la mitad de lo que debería recibir como paga por su trabajo?".

Respecto a la discusión sobre las auditorías a las universidades nacionales, un tema que el Gobierno nacional ha colocado en el centro de la escena pública, Verónica Gargiulo se mostró categórica al afirmar que los controles no son una novedad para las instituciones. "Las auditorías se hacen y se han hecho. No está mal, ¿cómo va a estar mal? Por supuesto que se deben hacer cuando estamos hablando de instituciones que dependen de fondos públicos", expresó.

No obstante, la dirigente gremial cuestionó el uso político y mediático que se le da al término para desprestigiar a la educación pública. "Apareció la palabrita auditoría y se lanza como si fuera algo nuevo, pero la realidad no es así. Se ha hecho una campaña mediática muy grande con este tema y a veces se toma con una liviandad terrible", criticó, diferenciando la postura de la Unicen de la de otras casas de estudio como la Universidad de Buenos Aires (UBA), que ha rechazado la intervención de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) amparándose en su autonomía.

Para Gargiulo, el cuestionamiento constante a las universidades forma parte de un plan sistemático del Poder Ejecutivo. "Acá me parece que hay un ataque, un empecinamiento que tiene que ver con un proyecto de país. Cuando Javier Milei de candidato decía 'soy el topo del Estado y vengo a destruirlo', evidentemente lo está haciendo", sentenció, vinculando el conflicto universitario con la situación de la salud pública.

Al ser consultada sobre la efectividad de sostener un paro frente a un Gobierno nacional que se muestra inflexible, la secretaria general de Adunce defendió la continuidad de las medidas de fuerza como parte de una estrategia a largo plazo. "Las acciones no las podemos ver como parcializadas. Esto es un plan de lucha que venimos llevando en defensa de la universidad, de nuestro salario y de las becas estudiantiles desde hace más de dos años. El paro es la acumulación", argumentó.

La dirigente explicó que, una vez finalizada la semana de huelga, los representantes de los más de 30 sindicatos que integran la Conadu volverán a reunirse en un plenario para evaluar el impacto de la medida y definir los pasos a seguir. En este marco, la comunidad universitaria también se mantiene expectante ante una posible resolución judicial que destrabe el conflicto.

"Estamos esperando una definición de la Corte Suprema de Justicia para que dé respuesta a lo que estamos reclamando", concluyó Verónica Gargiulo, quien insistió en que el Gobierno nacional lleva "más de 200 días sin cumplir con la ley" en materia de financiamiento educativo, lo que obliga a los trabajadores a profundizar las medidas de fuerza para resguardar el futuro de la educación pública argentina.

"La universidad es un proyecto de futuro. ¿Cómo podemos imaginar un país sin desarrollo lógico? Lo que se está perdiendo en investigación no es algo que rápidamente se pueda poner en funcionamiento", reflexionó la referente gremial, concluyendo que la defensa de la educación pública excede la coyuntura salarial y define el perfil de desarrollo de la sociedad argentina.

Luego de la masiva movilización que tuvo lugar el pasado 12 de mayo, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) llevó a cabo un plenario de secretarios generales donde se decidió, como punto central, profundizar el plan de lucha. La resolución principal implica la realización de un paro total de actividades durante la semana que va del lunes 25 al viernes 31 de mayo.

A la medida se sumarán todas las agrupaciones que se encuentran bajo la órbita de la federación, incluyendo en la provincia de Buenos Aires a ADULP (La Plata), ADIUNQ (Quilmes), ADUM (Mar del Plata), ADUPAZ (José C. Paz), ADUNOBA (Noroeste de la Provincia) y ADUNCE, entre otras organizaciones de base. La decisión fue tomada luego de que el Gobierno nacional no brindara respuestas oficiales tras la marcha que movilizó a más de un millón de personas de punta a punta del país.

"La voz del pueblo argentino se escuchó muy fuerte el 12 de mayo pasado: la universidad pública se defiende. El Gobierno nacional respondió con ajuste. Nosotros respondemos con más lucha. Iremos a Pizzurno para exigir la apertura de paritarias", señaló Clara Chevalier, secretaria general de Conadu.

Los reclamos de los trabajadores se centran en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, la recuperación del salario, la actualización de las becas y un incremento en el presupuesto destinado a la educación y la ciencia argentina. Según el comunicado de la organización, el conflicto persiste debido a que el Ejecutivo nacional no cumple con la ley vigente.

Este lunes comienza la tercera semana del paro nacional universitario, una medida que busca visibilizar el reclamo por la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso el año pasado. El conflicto, que mantiene en vilo al sistema educativo superior, exige también un mayor presupuesto para el funcionamiento de todas las casas de estudio.

El cese de actividades es impulsado por las dos federaciones nacionales mayoritarias, representadas en la Conadu Histórica y la Conadu. Según se informó, el propósito central es lograr una recomposición salarial urgente, debido a que todos los gremios denuncian “un atraso” significativo frente a la escalada inflacionaria de los últimos meses.

En esta misma línea, los docentes de la UBA presentaron un informe detallado sobre la evolución de sus haberes. El documento destaca que el sueldo real “se encuentra en su mínimo histórico”, situándose un 35,6% por debajo de los registros de noviembre de 2023 e incluso un 2,7% por debajo de los niveles alcanzados en 2004.

Hasta el martes 31, diversas facultades permanecerán cerradas debido a la adhesión a la jornada de lucha. La Universidad Nacional de Luján (UNLu), entre otras, realizará una semana de paro docente y no docente desde el 30 de marzo al cuatro de abril “en defensa de la universidad pública y por salarios dignos”. Asimismo, el personal de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), a través de la Asociación de Docentes (ADULP), votó medidas de fuerza que se desarrollarán durante toda esta semana.

Por otra parte, se prevén concentraciones en las inmediaciones de distintas sedes universitarias y posibles marchas dentro del marco del plan de lucha por el financiamiento educativo, aunque todavía no se han confirmado horarios ni puntos de encuentro específicos.

El paro de docentes universitarios se reanudará esta semana en todo el país, en el marco del reclamo por la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida de fuerza, que comenzó este lunes, se suma a una serie de protestas sostenidas durante el último mes y anticipa una nueva semana sin clases prevista para fines de abril.

En Tandil, la Asociación Gremial de Docentes de la Unicen (Adunce) confirmó su adhesión a la convocatoria. A través de un comunicado, el gremio de docentes de la Universidad Nacional del Centro señaló que “la docencia universitaria continúa el plan de lucha en defensa de la universidad pública”.

Las acciones programadas para la semana del 30 de marzo incluyen un paro docente de 72 horas, que se desarrollará este lunes 30 y martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril. La medida afectará el dictado normal de clases en las diferentes facultades de la Unicen en todas sus sedes (Tandil, Azul, Olavarría y Quequén).

Además, el martes 31 se llevará a cabo un “semaforazo” como forma de visibilización del conflicto, con concentraciones previstas a las 11:30 en la intersección de Pinto y Rodríguez, en Tandil, y a las 13 en Avenida Del Valle y Avenida La Rioja, en Olavarría.

Desde Adunce remarcaron que las medidas buscan “exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario”, normativa promulgada el 21 de octubre de 2025 y cuya aplicación fue ordenada por la Justicia.

En el mismo comunicado, los docentes subrayaron que el reclamo abarca tanto cuestiones salariales como condiciones laborales, en el marco de la defensa del sistema universitario público. “Defendemos salarios, condiciones de trabajo y el derecho a una universidad pública. La Ley de Financiamiento Universitario no se toca: se cumple!”, concluyeron.

A la semana de paro se sumará una nueva Marcha Federal Universitaria, con fecha tentativa para el próximo 23 de abril, que buscará volver a movilizar a docentes, estudiantes y autoridades en todo el país en defensa del sistema público. Asimismo, se prevén otros cinco días de paro durante la semana que comienza el lunes 27 de abril, aunque habrá que ver cómo avanza la relación de los gremios con el Gobierno para esa fecha.