La defensora del pueblo analizó la situación del crecimiento urbano en Tandil y brindó una serie de recomendaciones esenciales para los ciudadanos interesados en adquirir lotes. Lafourcade repasó las restricciones vigentes según el área geográfica y subrayó la necesidad de constatar la documentación legal antes de realizar cualquier inversión. "Lo que tiene que saber el vecino es que hay zonas que están permitidas y zonas que no están permitidas o son no urbanizables", advirtió.

Detalló que el partido se divide en tres áreas principales: urbana, complementaria y rural. El área urbana es la zona donde se encuentra la mayor densidad poblacional y es el espacio donde la normativa pretende que se densifique la urbanización. Por el contrario, en el área complementaria, que actúa como una transición hacia el campo, ya aparecen fuertes restricciones en lo que es la construcción.

En cuanto al área rural, Lafourcade precisó que está destinada a usos agrícolas o turísticos, donde las extensiones de tierra son mayores. En este sector, la construcción de viviendas está limitada a una unidad cada 30 hectáreas aproximadamente y no está permitido densificar el suelo. "Es zona protegida, lo que es el entorno serrano", recordó al diferenciar los espacios donde la preservación del paisaje es prioritaria.

Uno de los puntos de mayor preocupación para la Defensoría del Pueblo radicó en los loteos donde se pretenden comercializar hasta 40 unidades en terrenos de apenas una hectárea. Lafourcade aclaró que, en ciertas zonas complementarias, la ley solo permite una vivienda por cada 15.000 metros cuadrados, es decir, una hectárea y media. Por ello, insistió en que muchas de estas urbanizaciones ofrecidas en el mercado no serán posibles de concretar bajo el marco legal vigente.

Ante la consulta sobre cómo puede un comprador saber si un loteo está en regla, la defensora fue categórica al señalar que todo proyecto debe estar aprobado por la Municipalidad. El interesado debe exigir el número de expediente y el plano de mensura, ya que cualquier subdivisión debe contar con el aval de la Provincia. "Esa subdivisión tiene que ser aprobada y debe constar la superficie de los espacios cedidos, porque todo loteo tiene que dejar calles abiertas y cederlas al uso público", explicó.

Asimismo, remarcó que los loteos no solo requieren una aprobación legal de planos, sino también un respaldo técnico riguroso. Entre las exigencias, mencionó que debe garantizarse el correcto escurrimiento de aguas y la instalación de desagües fluviales. Estas medidas son fundamentales para evitar problemas de inundaciones o anegamientos en zonas que anteriormente no estaban preparadas para recibir un flujo habitacional.

Por otro lado, recordó que muchas de estas intervenciones requieren obligatoriamente un informe de impacto ambiental. En Tandil, la protección del paisaje es un eje central de la normativa, por lo que no se pueden realizar obras que dañen el entorno natural sin la debida autorización. "No es que yo puedo hacer lo que quiero en cualquier lote de la ciudad", puntualizó para clarificar que el derecho de propiedad está sujeto a las leyes de ordenamiento territorial.

Finalmente, Lafourcade instó a los vecinos a realizar consultas previas para prevenir situaciones de conflicto. Señaló que desde su oficina rastrean estas ofertas para evitar que los ciudadanos adquieran tierras que luego no podrán escriturar. El objetivo primordial es la prevención, asegurando que todos los datos técnicos y legales figuren claramente al momento de la oferta para que, en caso de incumplimiento, el vecino tenga herramientas sólidas para realizar un reclamo.

La problemática de las estafas virtuales ha escalado de forma preocupante en el último tiempo, afectando a ciudadanos de todos los rangos etarios sin distinción. En su reciente participación en el programa Plataforma Magazine (Eco TV y Tandil FM 104.1), la defensora del Pueblo local, Paula Lafourcade, abordó esta temática con el objetivo de brindar herramientas de prevención y acción ante delitos que se encuentran tipificados en el Código Penal.

Lafourcade subrayó que la estafa es un engaño donde una persona promete un beneficio imposible de cumplir para obtener un rédito económico. "Hemos recibido muchísimas consultas y hay que entender que aquí ya no hay un vínculo entre una empresa y un consumidor, sino que es un delito", precisó. En este sentido, destacó que los estafadores demuestran una gran inteligencia para cambiar las modalidades permanentemente, adaptándose a la agenda pública, como ocurre actualmente con los turnos para la vacunación antigripal o supuestas comunicaciones del Ministerio de Salud.

Uno de los puntos de mayor vulnerabilidad se encuentra en las aplicaciones de mensajería y redes sociales. Lafourcade advirtió sobre los mensajes de urgencia provenientes de supuestos familiares que solicitan dinero o transferencias en moneda extranjera. Asimismo, puso el foco en las compras digitales realizadas a través de enlaces que imitan sitios oficiales. "Si ese sitio no tiene políticas de devolución o el link es dudoso, seguramente es un sitio falso", advirtió, instando a los vecinos a no proporcionar datos ante publicaciones en plataformas como Facebook o Instagram que redirigen automáticamente a un chat de WhatsApp.

Durante la entrevista, se profundizó en una de las maniobras más frecuentes y dañinas: el uso de los DEBIN (Débito Inmediato). Lafourcade aclaró una confusión común que suele ser la trampa para las víctimas. "Con el DEBIN yo estoy enviando dinero desde mi cuenta, no recibiéndolo", explicó. Esta herramienta, utilizada por delincuentes, permite vaciar cuentas bancarias en solo cinco minutos si el usuario autoriza la operación bajo engaño.

La recomendación ante estos casos es tajante y consiste en jamás proporcionar claves, pines ni códigos de seguridad, ya que ninguna entidad bancaria ni organismo oficial los solicitará por teléfono o correo electrónico. "No hay que ingresar a enlaces desconocidos ni redireccionarse a páginas que pidan datos de homebanking", enfatizó la titular de la Defensoría del Pueblo. Además, mencionó que se han detectado estafas vinculadas a la compra de entradas para espectáculos y turnos para la Verificación Técnica Vehicular (VTV), donde los sitios fraudulentos suelen aparecer en los primeros resultados de búsqueda.

Para aquellos casos donde el engaño ya se ha producido, o ante un consumo por error, existe el botón de arrepentimiento. Esta herramienta, que cobró relevancia durante la pandemia, otorga al consumidor un plazo de diez días corridos para deshacer una operación, como puede ser la solicitud de un préstamo que el estafador gestionó a nombre de la víctima. "Es fundamental comunicarse con el banco de inmediato para detener el crédito o realizar un stop debit", explicó Lafourcade.

En el caso de las tarjetas de crédito, los usuarios cuentan con un período de 30 días desde la recepción del resumen para desconocer consumos no realizados. Sin embargo, la funcionaria insistió en que la rapidez es crucial, donde las primeras 24 o 48 horas son centrales para lograr rastrear el dinero antes de que se pierda el rastro en la red de transferencias.

Ante la consumación de una estafa, la Defensoría del Pueblo recomienda realizar la denuncia penal de forma inmediata. Los ciudadanos pueden acudir a la comisaría más cercana a su domicilio o utilizar los canales electrónicos del Ministerio Público Fiscal. Lafourcade insistió en la importancia de sacar capturas de pantalla de las conversaciones, de los enlaces sospechosos y de cualquier comprobante de transferencia, ya que estos elementos constituyen pruebas vitales para la fiscalía especializada en delitos cibernéticos.

Finalmente, se recordó que la oficina de la Defensoría del Pueblo, ubicada en Maipú 253, y la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), en Chacabuco 383, están disponibles para orientar a los damnificados. "Cualquiera puede ser víctima de una estafa. Por eso hay que estar muy atentos y no quedarse solo en la queja, sino realizar la denuncia respectiva para que estos delincuentes no actúen con impunidad", concluyó.

La defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, brindó precisiones sobre el nuevo esquema de subsidios energéticos y explicó los pasos necesarios para que los usuarios puedan acceder a los beneficios en sus boletas de luz y gas. 

En diálogo con el ciclo televisivo Plataforma Magazine (EcoTV y 104.1 Tandil FM), la funcionaria destacó que el sistema migró hacia un modelo de subsidio focalizado, diseñado para aplicarse específicamente en los meses de mayor consumo estacional.

Según detalló, el esquema anterior de tres segmentos (ingresos altos, medios y bajos) fue reemplazado por una modalidad que distingue principalmente entre usuarios con o sin subsidio. En efecto, aclaró que esta asistencia estatal no será durante todo el año, sino que se concentrará en los períodos de mayor demanda. Entonces, para el gas natural, el beneficio regirá de abril a septiembre, mientras que para la energía eléctrica se aplicará en los meses de diciembre, enero y febrero. “Ya no será más durante todo el año, sino que será focalizado”, precisó.

En cuanto a los criterios de elegibilidad, la defensora recordó que el subsidio está destinado a los hogares cuyos ingresos totales no superen el valor de tres canastas básicas. Asimismo, los solicitantes no deben poseer más de tres inmuebles, vehículos con una antigüedad menor a diez años o bienes de lujo. “Es importante entender que el cálculo se realiza por grupo familiar y no de manera individual”, subrayó la abogada ante la consulta sobre los requisitos patrimoniales.

En cuanto a los plazos para la inscripción, la defensora del Pueblo explicó que aquellos usuarios que ya realizaron el trámite anteriormente no necesitan volver a inscribirse, a menos que hayan modificado su situación habitacional. 

“El subsidio está atado al número de medidor”, advirtió Lafourcade, que recomendó que tanto inquilinos como nuevos propietarios realicen la actualización de datos en caso de mudanza para asegurar la continuidad del beneficio en el nuevo domicilio. “Si cambio de residencia, tengo que volver a hacer el procedimiento”, agregó.

Respecto a la modalidad de inscripción, se informó que el proceso se realiza de manera virtual a través de la plataforma oficial del Gobierno nacional y completar el formulario con la información de sus facturas. “A diferencia de etapas anteriores, ahora el sistema realiza un cruce de datos inmediato con organismos como la Anses y la ARBA antes de otorgar el segmento correspondiente”, explicó Lafourcade.

En cuanto a los beneficiarios del Plan Hogar, destinado a quienes utilizan garrafas, se estableció un plazo de seis meses desde enero para completar una reinscripción obligatoria. En este caso, el requisito de ingresos contempla que el grupo familiar no debe superar los dos salarios mínimos, vitales y móviles para mantener el descuento correspondiente. “Hay que volver a inscribirse para acceder a los descuentos de garrafas”, remarcó.

Por otro lado, la defensora del Pueblo aclaró que este subsidio es “independiente de la tarifa social bonaerense", que aplica al servicio eléctrico, es gestionada por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba). Los vecinos de Tandil pueden consultar su situación a través de la página de la Usina Popular y Municipal de Tandil, que redirecciona al sitio oficial de la provincia para verificar la aptitud del usuario mediante el ingreso del DNI.

Este requisito difiere del subsidio nacional, donde un inquilino puede figurar como usuario del servicio aunque la titularidad del medidor pertenezca al propietario del inmueble. “En la segmentación puede que la factura esté a nombre del locador, pero en la tarifa social el medidor siempre tiene que estar a nombre de la persona que solicita el beneficio”, indicó.

Sobre el final de la entrevista, la defensora del Pueblo respondió las inquietudes vinculadas a la vigencia de los descuentos por Zona Fría y aclaró que el beneficio continúa “gracias a la lucha” que llevaron adelante distintos organismos ante el intento de eliminar la figura por parte de la administración nacional. “Es un fideicomiso que pagan todos los usuarios de gas para colaborar en las facturas de los usuarios que tienen más consumo por razones climáticas”, repasó.

Finalmente, la funcionaria instó a la comunidad a acercarse a la sede de la Defensoría del Pueblo, ubicada en Maipú 253, en caso de presentar dificultades con la carga de datos o bloqueos en el sistema. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 14. “Hacemos todas las gestiones que tenemos a nuestro alcance con los organismos públicos nacionales y provinciales para resolver estas situaciones”, concluyó Lafourcade.

En el marco de su columna habitual en el programa Plataforma Magazine, que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, la Defensora del Pueblo local, Paula Lafourcade, brindó precisiones fundamentales sobre el nuevo esquema de segmentación energética. Ante la llegada de las bajas temperaturas y la preocupación de los vecinos por el impacto de los aumentos en las facturas, la funcionaria explicó cómo funciona el sistema de asistencia estatal que dejó atrás la antigua división por niveles de ingresos.

Lafourcade señaló que el Gobierno nacional implementó un cambio de paradigma en la asistencia, pasando de un modelo de tres segmentos a uno de subsidio energético focalizado. Según detalló, "ahora ya no va a haber tres segmentos, como había antes, sino que el subsidio energético será focalizado". Esta nueva modalidad implica que el beneficio no tendrá vigencia durante todo el año calendario, sino que se activará en los períodos de mayor demanda estacional para proteger el bolsillo de los usuarios de menores recursos.

En este sentido, Lafourcade precisó que el esquema de acompañamiento se dividirá según el tipo de servicio. Para el suministro de gas, el beneficio se aplicará durante los meses de invierno, específicamente de abril a septiembre. En contrapartida, para la energía eléctrica, el subsidio se concentrará en la temporada estival, abarcando los meses de diciembre, enero y febrero, cuando el consumo se eleva por las altas temperaturas. "El subsidio va a ser focalizado y únicamente para las personas que tienen usuarios de menores ingresos", remarcó la titular de la Defensoría del Pueblo.

Para acceder a esta cobertura, que representa aproximadamente el 50 por ciento del valor de la tarifa para los sectores vulnerables, el grupo familiar debe cumplir con parámetros patrimoniales estrictos. Lafourcade recordó que se consideran usuarios de ingresos bajos a aquellos que perciben menos de tres canastas básicas totales. Sin embargo, aclaró que el análisis no es individual, sino que se computa la totalidad de los ingresos del hogar que reside en la vivienda.

Asimismo, existen otros limitantes que pueden derivar en el rechazo de la solicitud. "Los usuarios deben poseer menos de tres inmuebles o vehículos con una antigüedad menor a diez años, ni bienes de lujo", explicó la funcionaria. Durante la entrevista, se mencionaron casos de vecinos que fueron rechazados por poseer un automóvil modelo 2015 o posterior, ya que el sistema cruza datos de forma automática con organismos como la Anses y la actual Arca (ex AFIP) para verificar la situación patrimonial de cada solicitante.

Respecto a la necesidad de realizar el trámite, Lafourcade llevó tranquilidad a quienes ya contaban con el beneficio, aunque marcó excepciones importantes. "Si ya lo hicieron y no hubo ningún cambio de domicilio, el subsidio se mantiene", aseguró. No obstante, advirtió que en casos de mudanza, ya sea como propietarios o inquilinos, es obligatorio realizar una nueva inscripción. Esto se debe a que el subsidio está técnicamente "atado" al número de medidor del inmueble y no solo a la persona física.

Un punto de especial atención durante la charla fue la situación de los beneficiarios del Plan Hogar, destinado a quienes utilizan garrafas. La Defensora del Pueblo local subrayó que este grupo sí requiere una atención especial. "Aquellas personas que estaban con el plan hogar para gas envasado requieren volver a inscribirse cada seis meses", indicó. Para este trámite, el tope de ingresos es más bajo, situándose en dos salarios mínimos, vitales y móviles para poder gozar del descuento correspondiente.

Por otro lado, Lafourcade estableció una distinción necesaria entre el subsidio nacional y la tarifa social que rige en la provincia de Buenos Aires para la energía eléctrica. Mientras que la segmentación nacional se gestiona a través de la Secretaría de Energía de la Nación, la tarifa social depende del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba). "En la tarifa social provincial, el medidor siempre tiene que estar a nombre de la persona que solicita el beneficio", aclaró Lafourcade, a diferencia de la segmentación nacional donde un inquilino puede figurar como usuario sin ser el titular registral.

Finalmente, se confirmó que el beneficio por "Zona Fría" continúa vigente para Tandil, a pesar de los intentos iniciales por eliminarlo en los proyectos legislativos nacionales. Este descuento es un fideicomiso que financian todos los usuarios del país para compensar los mayores consumos en regiones de climas rigurosos. 

Ante cualquier duda o inconveniente con los trámites, Lafourcade invitó a los vecinos a acercarse a la sede ubicada en Maipú 253, en el horario de 8 a 14, con la documentación y las facturas de los servicios para recibir asesoramiento personalizado.

La Defensoría del Pueblo de Tandil elevó al Concejo Deliberante un informe en el que resume la gran cantidad de reclamos vecinales recibidos por el acceso al agua potable en la ciudad. Se trata de un exhaustivo relevamiento que no solo da cuenta de los principales casos, sino que insta al Municipio gestionar de manera activa y en conjunto con Nación y Provincia para extender la red, en particular en barrios populares.

Además, hace mención a la posibilidad de revisar el cálculo de facturación de la tasa afectada a la provisión de agua potable, así como también a la necesidad garantizar la provisión del camión aguatero y evaluar periódicamente quién accede a dicho servicio. Propone relevar las pérdidas existentes. sancionar en casos de derroches y señala la situación en torno al Balneario del Sol y el recambio del agua de las piletas.

El informe, firmado por la defensora Paula Lafourcade, surgió “en virtud de los reclamos y de variada naturaleza que año a año recibe esta Defensoría con respecto al suministro de agua potable en el Partido de Tandil”, y fue elevado “a fin de que contemple legislar al respecto políticas públicas abarcativas para permitir y promover el acceso responsable al servicio de agua potable en el Partido de Tandil”.

Como se sabe –y con mayor énfasis en temporada de verano-, las manifestaciones vecinales son reiteradas en Tandil. El Eco informó al respecto, entre otros por los casos de Valle del Lago –donde los vecinos denuncian que se quedan sin agua cada vez que comienza a funcionar el Balneario del Sol-, pero también de barrios populares como Tarraubella y otros como Villa del Lago, El Centinela y demás.

“Estos reclamos no han sido insignificantes ni aislados sino que, por el contrario, han sido constantes y reiterados en el tiempo por innumerables vecinos que se han acercado a nuestro organismo reclamando una solución a su situación, tanto de forma particular como colectiva, de falta de acceso a la red de agua potable”, marca en ese sentido el informe.

El informe elevado por la Defensoría al Concejo se estructura en cinco puntos principales. Las solicitudes de extensión de red, las del servicio del camión aguatero, la falta y baja de presión y de agua, las pérdidas y derroches y los pedidos de facturación. Además de dar cuenta de los reclamos, remarca que el acceso al agua potable consolida el desarrollo urbano y la integración comunitaria.

Sobre el pedido de extensión de red menciona casos en Los Charitos, Villa Gaucho, La Movediza 1, La Unión, Tarraubella, El Centinela, Entre Sierras, Valle y Villa del Lago, la avenida Don Bosco, y localidades rurales como Gardey.

En este punto,  el informe destaca que de acuerdo a la legislación vigente, y a recientes fallos al respecto –de la Corte Suprema-, “tutela del derecho al acceso al agua potable no es exclusivamente federal sino concurrente con el derecho público local”.

Dicha consideración tiene impacto en la ciudad en particular en los barrios populares, y en ese sentido hace referencia al fallo de la Corte sobre La Movediza II, donde el organismo determinó que rige la concurrencia de las responsabilidades del conjunto de instancias gubernamentales.

“La legislación tanto nacional como provincial aplicable dispone que es responsabilidad primaria del municipio de Tandil garantizar el acceso al agua potable para consumo e higiene personal”, indica el informe.

Pero lo elevado por la Defensoría da cuenta también de casos como el del barrio Entre Sierras, el cual “representa un claro y oportuno ejemplo de la necesidad de coordinar esfuerzos y recursos entre los distintos niveles de gobierno, toda vez que en el año 2023 se llevó allí adelante la realización de un pozo exploratorio a partir de la financiación de la Provincia de Buenos Aires”.

Sobre el financiamiento –uno de los elementos que las autoridades municipales suelen señalar como limitantes-, el informe hace referencia al “costo cubierto”, el trabajo compartido entre Municipio y vecinos, y los fondos tanto de Nación como de Provincia.

Ante casos en los que por diferentes motivos en los que vecinos no acceden al servicio, el Municipio cuenta con dos camiones aguateros para dar respuesta a la demanda. Debido a la política de cupos, desde la Defensoría registraron “situaciones en las que vecinos de una manzana son provistos de camión aguatero mientras que otros de la misma manzana, incluso linderos, no pueden acceder al servicio por falta de cupos”.

El organismo plantea la incorporación de más camiones, pero también una “re planificación previo mapeo”, y una “reevaluación social de los beneficiarios”, en miras de “una distribución más eficiente en términos témporo-espaciales, de manera que si hay distintos vecinos abastecidos dentro de una misma cuadra, lo sean todos en una misma oportunidad aprovechándose así los recursos dispuestos para la realización del viaje”. 

En este último aspecto, figura el ejemplo de Villa Cordobita, al cual menciona que le fue negado el suministro vía camión por falta de cupos, pero sí lo reciben sus vecinos de Entre Sierras.

El informe marca los numerosos reclamos recibidos por pérdidas de agua debido a diferentes motivos, entre otros las roturas ocasionadas por maquinarias que “demoran meses y hasta incluso años en ser reparadas”.

Pero también da cuenta del aumento de la demanda en temporada de verano, y en ese sentido señala que “respondería en algunos casos a razones suntuosas como el llenado de piletas (muchas veces indiscriminado)”. 

Pone como ejemplo “la situación de los vecinos de Valle del Lago y de Don Bosco quienes denuncian año tras año la actividad desplegada por el Balneario del Sol”.

Al respecto, amplía, “una situación de derroche, característica de la temporada estival y motivo de reclamo de los vecinos de la zona, es la actividad desplegada por el Balneario del Sol al vaciar diariamente o día por medio las piletas de su establecimiento, de grandes dimensiones y en número de seis, al mismo tiempo que los vecinos de la zona experimentan la escasez”.

Por otra parte, la Defensoría se refirió a la modalidad de cobro del servicio en la ciudad, a través de la Tasa de Servicio Sanitario, la cual depende en un 50 por ciento de los metros cuadrados del lote y los metros edificados. Sobre dicha tasa, el texto indica la necesidad de reconsiderar la revisión integral del sistema actual de cálculo.

“Esta Defensoría vería con agrado la posibilidad de que se expliquen las razones técnicas y operativas de dicho sistema de cálculo, y eventualmente la modificación”, indica el informe. 

“Debería componerse, al menos en su gran mayoría, por el consumo efectivo correspondiente a cada medidor y no por la cantidad de metros cuadrados del inmueble”, propone en función de avanzar, como en diversos lugares del mundo, en “sistemas de tarificación del agua basados en el consumo medido”.

Entre las conclusiones, el informe marca que el acceso al agua es uno de los derechos amparados tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales. Por tal motivo plantea la necesidad de “lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio que todos puedan pagar”.

En ese sentido, desde la Defensoría propusieron al Ejecutivo –y en particular a la Dirección de Obras Sanitarias-, el “proyectar políticas públicas abarcativas para coordinar esfuerzos y recursos que garanticen el suministro de agua potable y promuevan el uso responsable del recurso en todo el Partido de Tandil”, así como también dar impulso y celeridad a los proyectos de extensión de la red de agua potable, en particular para las familias en situación de alta vulnerabilidad social.

Además, gestionar con los distintos niveles de gobierno para coordinar esfuerzos y aunar los recursos en pos de ampliar el acceso al servicio, y que se posibilite “un mayor abastecimiento mediante la alternativa de camión aguatero”, también priorizando familias vulnerables.

En la misma línea solicitó que desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat se lleve a cabo una evaluación socioambiental entre los vecinos que requieran con mayor urgencia el abastecimiento, que se optimice la infraestructura existente de cara a la temporada estival, que se realice un relevamiento de pérdidas, y que la Dirección de Rentas  intime bajo apercibimiento de sanción a quienes cuenten con instalaciones clandestinas, así como también que dicha área reestructuren –en caso de corresponder- “los criterios de tributación aplicados al servicio sanitario bajo el parámetro del principio de la equidad tributaria”.

El informe presentado por la Defensoría del Pueblo al Concejo Deliberante hace mención en reiteradas ocasiones a la situación en torno al Balneario del Sol y su impacto en el suministro de agua de los barrios linderos, en particular Valle del Lago.

Como se sabe, los vecinos del lugar reiteran cada año –durante el verano-, que el recambio constante de agua de las piletas afecta el acceso al servicio, dejando sin presión a gran parte de los frentistas.

Por tal motivo, desde el organismo municipal instan a que el Ejecutivo y la Dirección de Obras Sanitarias, “junto con el área de Coordinación de Concesiones brinden la debida información y fiscalización respecto al funcionamiento del Balneario del Sol, tomando la debida intervención a los fines de evitar los vaciamientos periódicos y frecuentes de las piletas que integran el complejo, evitando derroches”.

En la madrugada del jueves, la Cámara de Diputados rechazó por mayoría la eliminación del beneficio de Zona Fría, una propuesta que había generado gran preocupación en Tandil y en otras localidades de la región. Esta decisión parlamentaria ratificó la permanencia del régimen especial de tarifas de gas para la zona, debido a que reconocen condiciones climáticas adversas.

La defensora del Pueblo, Paula Lafourcade, en diálogo con El Eco Multimedios, destacó la importancia de esta votación positiva para mantener un beneficio adquirido y evitar perjuicios económicos para los vecinos tandilenses. “Fue una lucha de las defensorías mantener el subsidio de Zona Fría que, como decíamos, no daba pérdida porque era un subsidio que es un fondo de fideicomiso que se financiaba con los mismos usuarios”, reconoció.

La votación tuvo lugar durante el debate sobre el Presupuesto, en el que el oficialismo logró la aprobación general del proyecto, aunque no consiguió salvar algunos artículos controvertidos. El oficialismo logró imponer el criterio de que se vote "por capítulos" y no "por artículos" en la votación en particular. Como el artículo 72, que eliminaba los descuentos en gas por Zona Fría, quedó dentro del Capítulo 11, junto con la eliminación de la Ley de Discapacidad y la de Financiamiento Universitario, se reunieron votos opositores para el rechazo de todo el capítulo; por lo tanto, el Gobierno no pudo imponer el fin de los beneficios.

Lafourcade sostuvo que la votación fue “muy ajustada”, con un resultado de 123 a 117. Entre los puntos rechazados, se descartó la posibilidad de eliminar el sistema que ajusta las tarifas de gas según las condiciones climáticas de diversas regiones, lo que permite una facturación diferenciada.

“Estamos felices porque justamente se negó completamente ese capítulo donde estaba el financiamiento universitario, el financiamiento para las personas con discapacidad y también la eliminación del subsidio de zona fría”, concluyó la funcionaria sobre la decisión que tomaron los diputados.

Si bien la defensora del Pueblo dejó en claro la alegría por mantener las zonas frías, el nuevo esquema de subsidios es un tema que inquieta de cara al futuro. El lunes pasado, representantes locales estuvieron en la Ciudad de Buenos Aires, en un plenario de defensores, donde debatieron sobre el nuevo régimen de subsidios focalizados. A grandes rasgos, sólo los hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas, equivalentes a 3,6 millones de pesos, podrán acceder al beneficio.

Lafourcade explicó que, a partir de esta medida, quienes tengan el subsidio lo van a recibir únicamente en la época de mayor requerimiento. “Por ejemplo, la energía eléctrica en verano para la zona norte y, para las zonas más afectadas del gas, únicamente el subsidio va a ser de abril a septiembre y con un tope de 300 mil kw, que es muy bajo, siendo que en estas épocas el consumo se duplica”, indicó.

También agregó que habrá una eliminación total de subsidios para las personas de altos ingresos, ya que ahora poseen el 20 por ciento y “la transición era mucho más escalada con lo que era el segmento de medianos ingresos, ahora es altos o bajos”.

Por último, la letrada aseguró que esta situación es un retroceso importante. Además, señaló que ya no hay audiencias públicas, sino que se llamó a una consulta por correo electrónico que finalizó el sábado 20. “Se corrió la participación ciudadana a través de las asociaciones y las defensorías. Todos nos veíamos las caras y eso me parecía que era mucho más enriquecedor que mandar un mail”, señaló.

El Gobierno nacional impulsa un nuevo esquema de subsidios energéticos con el objetivo de reducir el costo fiscal. A partir de enero de 2026, se transformará la asignación de asistencia estatal en las tarifas de luz, gas natural, garrafas (GLP) y gas propano por redes. La reforma elimina la segmentación previa y planes separados, como el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas, para establecer solo dos categorías de usuarios: quienes recibirán subsidio y quienes pagarán el costo pleno.

En ese contexto, Paula Lafourcade, defensora del Pueblo de Tandil, explicó en El Eco Multimedios el alcance de la medida y las consecuencias que tendrá para los vecinos tandilenses, teniendo en cuenta primordialmente que el acceso a la ayuda será más restrictivo, con criterios de ingresos y patrimonio más exigentes.

El cambio más importante es la modificación en la segmentación de los subsidios. En materia energética, hoy hay tres grupos: N1 de altos ingresos, N2 de ingresos bajos y N3 de ingresos medios. A partir del primer día de 2026, se pasará a un esquema de dos grupos: con y sin subsidio. A grandes rasgos, a partir de entonces, solo los hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas, equivalentes a 3,6 millones de pesos, podrán acceder al subsidio.

“La Secretaría de Energía de la Nación hizo una consulta pública. Estas consultas públicas se hacen como las audiencias públicas: son obligatorias pero no vinculantes, no quiere decir que lo que se diga lo tengan en cuenta. Sí van a hacer un informe, pero la idea es otro tipo de programa de subsidios que ellos lo llaman focalizados”, describió la defensora del Pueblo.

Vale mencionar que la audiencia pública es hasta el 19 de diciembre. Durante esos días hábiles, los ciudadanos podrán opinar y brindar sus observaciones a través de la página www.gov.ar/economía/energía.

En caso de avanzar en la postura del Gobierno nacional, a partir de enero habrá dos grupos, con y sin subsidio, y no tres. En la actualidad, las facturas del grupo N1, el de altos ingresos, tienen un 20 por ciento de subsidio, ahora pasarían a pagar la totalidad. Además, en este esquema, señaló que “el de ingresos medios ahora va a pagar todo prácticamente”.

“Si seguís en el grupo con subsidio, por ejemplo lo que es el gas va a ser un 50 por ciento del valor de la tarifa para los meses de abril a septiembre, que son los de mayor consumo. Y con lo que es electricidad, en lo que es alta demanda, verano-invierno, 300 kW por mes y baja demanda, otoño-invierno, 150 kW por mes”, explicó. Es decir, que además de la focalización por los ingresos, también va a haber épocas para los subsidios.

Otro de los temas en los que habrá modificaciones a partir de este cambio propuesto por el Gobierno nacional es el de la Zona Fría. Lafourcade señaló que el proyecto de eliminación del subsidio está en el Congreso y en caso de aprobarse, significaría “un retroceso terrible” para Tandil y otras zonas del país. Vale recordar que el subsidio es un fideicomiso que pagan todos los usuarios del país para que en ciertas zonas esté presente esta ayuda por razones climáticas.

Por último, el Programa Hogar sufrirá modificaciones a partir de este nuevo esquema. La Defensora del Pueblo contó que “hay que volver a inscribirse y el beneficio equivale al 50 por ciento del valor de la garrafa, más una extra de invierno”, pero que “en este caso se elimina cualquier otro tipo de adicional”.

Todo este proyecto, desmenuzado a grandes rasgos por Lafourcade, es lo que entró en la resolución de la Secretaría de Energía, junto con la consulta pública. “Una vez que transitemos la consulta pública, seguramente la idea por lo que nos llegó a nosotros de las defensorías, es que va a ser Ciudad de Buenos Aires y AMBA rápidamente y luego se va a extender al resto de las provincias ”, señaló.

Cada año, en los meses más calurosos, la Defensoría del Pueblo de Tandil ve incrementadas las denuncias por lotes baldíos o deshabitados en mal estado, en distintos sectores de la ciudad. La titular del organismo descentralizado, Paula Lafuorcade, estimó que hay más de 200 terrenos baldíos en mal estado en la ciudad y dio cuenta de las herramientas que tiene el Municipio para brindarles soluciones a los vecinos.

En una visita a Plataforma Magazine, la doctora Lafourcade señaló que es importante entender el concepto de qué implica el “mal estado” de un predio. “Es un terreno que puede estar habitado o no, tener pastizales largos, alguna construcción abandonada”, describió y agregó que “en esto, el Estado municipal tiene herramientas, ordenanzas, que ayudan a prevenir estas situaciones y un poco torcer este estado de desidia y abandono que muchos propietarios tienen de sus terrenos”.

Frente a los reclamos ciudadanos, sostuvo que “hay que entender que con los pastos largos vienen dos temas: roedores e inseguridad” y agregó que “los vecinos después nos dicen ‘tenemos que ir por otro lado’, ‘no queremos que nuestros hijos crucen o vayan por ahí’”.

En ese sentido, consideró importante que las personas puedan denunciar el terreno en mal estado ante el Municipio y recomendó hacerlo a través de una nota en la Mesa de Entradas o también en las direcciones de Rentas o de Inspección, o Bromatología ante la presencia de roedores.

“Cuando decimos en mal estado pueden ser desde pastizales hasta una construcción abandonada”, dijo y apuntó a la ordenanza que fija un recargo del ciento por ciento en la Tasa Retributiva de Servicios. “Primero tienen que ir los inspectores, constatan que lo que dice el vecino es así, que está en mal estado e intiman (al titular) a que lo ponga en condiciones”.

En tanto, expuso que si se desconoce el titular de dominio del lote, “cruzan datos con Catastro para ver de quién es ese terreno y cruzan datos con la Retributiva para que ponga el condiciones el terreno. Si no lo hace, a los 15 días de la constatación, viene el recargo al ciento por ciento de la Tasa Retributiva de Servicios al dueño”.

Por otra parte, puso en valor que “hay una herramienta que el Municipio tiene a disposición cuando sabemos de quién es el terreno, quién es nuestro vecino, que es la mediación comunitaria, que es para resolver conflictos de vecindad, que trabaja muy bien”. 

“Teníamos un caso icónico que era Roca y Uriburu, la esquina, donde ya había peligros hasta para la seguridad, porque eran construcciones abandonadas y puede entrar gente. Además, el peligro, porque por ahí se metían chicos a jugar, de que se cayera una pared”.

A partir de ese caso, la abogada repasó que en junio entró en vigencia la Ordenanza 18.855 que establece la obligatoriedad de que todos los edificios en estado de abandono dentro del ejido urbano cuenten con cerramiento.

En tanto, aclaró que para que una construcción esté abandonada tienen que haber pasado 6 meses deshabitado pero además que se encuentre sin mantenimiento. “Todo eso, obviamente, lo tiene que constatar la Municipalidad” y cumplido ese paso, “lo intima al propietario o a los sucesores, porque a veces son terrenos que vienen de familias en sucesiones eternas y que por problemas familiares muchas veces hay estado de abandono, pero de las propiedades hay que hacerse cargo. El propietario tiene que ser responsable”.

En cuanto al procedimiento, sumó que tras la intimación por parte de la comuna, se le otorgan al dueño 90 días para que concrete el cerramiento periférico del lote y las entradas a la construcción.

La letrada consideró que “se avanzó muchísimo con lo del cerramiento por la peligrosidad que esos terrenos tenían porque estaban realmente en muy mal estado, pero hay otra situación que puede ser el mal estado de lotes que el recargo en la Retributiva no hace que tuerza la voluntad del propietario que sigue siendo reticente y no corta el pasto”.

En esos casos, indicó que “Bromatología interviene ante la presencia de roedores, pero en lo que son los pastizales es muy difícil” y recordó que desde la Defensoría “habíamos hecho, allá por el 2021, un proyecto de ordenanza que se llamaba justamente propietario responsable”.

Como otro caso emblemático, hizo foco en el exPoliclínico Ferroviario, donde “ya intimaron para el cerramiento, porque lo que permite la ordenanza nueva, que es muy buena en eso, es que le dan 90 días, no lo cierra y puede ahí aplicarse una multa y si pasados otros 30 días tampoco lo hace, lo puede cerrar el Municipio a costa del propietario y aplicarle una multa todavía más gravosa que ronda los más de 2,5 millones de pesos”.

Por otra parte, frente a terrenos que se encuentran cerrados pero con veredas sin mantenimiento, advirtió que la acera también es responsabilidad del propietario del inmueble.

Ante estas situaciones, el vecino también puede denunciar ya que el Municipio tiene potestad de aplicar un recargo en la Tasa Retributiva de Servicios por el mal estado de la vereda.

“Cuando hablamos del inmueble, la vereda, por más que es de tránsito público, es responsabilidad del frentista y eso es importante”, puntualizó.

Más allá de las ordenanzas vigentes, Paula Lafourcade manifestó que está pendiente en Tandil generar el prometido Código de Convivencia, normativa que podría regular los conflictos que se generan por las conductas de los habitantes.

“Sería muy importante en el Código de Convivencia, que creo que hay que abarcar toda estas temáticas, la vereda, el árbol, que si hay que cortarlo tienen que pedir autorización, son muchas cuestiones que hacen a convivencia entre vecinos y que es fundamental que las trabajemos entre todos”, cerró.