La defensora del pueblo, Paula Lafourcade, se refirió a la situación de la Ruta Nacional 226, un tema que la Defensoría del Pueblo sigue de cerca a través de la comisión de vialidad de ADPRA (Asociación de Defensoras y Defensores del Pueblo de la República Argentina). Según explicó, el nuevo pliego de concesión no contempla estudios específicos sobre el flujo vehicular de Tandil, lo que genera incertidumbre respecto de las futuras obras de infraestructura.

Indicó que actualmente se utilizan datos provenientes de otras localidades, como Olavarría, una situación que dificulta proyectar adecuadamente las necesidades de la ciudad.

"Cuando preguntamos esto a Vialidad, nos respondieron que habrá semaforización, pero no está prevista ninguna ampliación de calzada", señaló. En ese sentido, consideró insuficiente la propuesta actual, ya que tampoco contempla la finalización de colectoras ni la construcción de puentes peatonales en sectores de intenso tránsito estudiantil y vecinal.

Ante la falta de definiciones, la Defensoría se presentó como "amigo del tribunal" en el amparo impulsado por vecinos de los barrios Palermo y Villa Aguirre. La intención es que Vialidad Nacional presente un plan que contemple el crecimiento urbano y mejore la seguridad vial.

Además, remarcó que, pese a la reducción de personal en el organismo nacional, resulta indispensable avanzar en una planificación de largo plazo financiada con los recursos provenientes del impuesto a los combustibles.

También adelantó que buscarán establecer un canal directo con la nueva concesionaria para atender reclamos vinculados al mantenimiento de la traza y la iluminación.

"Nosotros con la empresa nos vamos a comunicar primero porque los defensores somos siempre un organismo de gestión rápida", afirmó.

Paula Lafourcade también se refirió a la posible modificación del régimen de zona fría, un beneficio que alcanza a gran parte de los usuarios de Tandil.

Explicó que el proyecto con media sanción propone un esquema de subsidios focalizados que dejaría afuera a una porción importante de los beneficiarios. Según datos oficiales, alrededor del 60% de los usuarios perdería el descuento del 30% en la tarifa de gas, lo que implicaría un aumento significativo en las facturas.

Uno de los aspectos que más preocupa es la situación de clubes, bibliotecas y comedores comunitarios.

"En ese caso también pasarían a pagar casi el doble y perderían el subsidio, porque no están contemplados dentro del grupo que recibiría la bonificación", advirtió.

Según explicó, de aprobarse la iniciativa en su redacción actual, se eliminaría el artículo que protege a estas entidades, afectando su funcionamiento y el servicio que brindan a la comunidad.

"La Argentina es muy variada en temas climáticos y tiene que ser más equitativa y justa por razones climáticas con el consumo energético", sostuvo.

Finalmente, pidió a los senadores que analicen modificaciones al proyecto y consideren las particularidades de cada región antes de avanzar con la sanción definitiva de la norma.

El ex diputado nacional y director del Instituto Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, visitó Tandil para participar de una jornada de reflexión sobre la continuidad de los descuentos por zona fría en las tarifas de gas. La actividad se realizará a las 15 en la Biblioteca Popular Sarmiento, ubicada en Avenida Quintana 450, y tendrá como eje el análisis del proyecto de ley que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y espera su tratamiento en el Senado.

Destacó la importancia de las bibliotecas como espacios de encuentro, información y debate ciudadano. En ese marco, valoró el trabajo que se desarrolla en la Biblioteca Sarmiento bajo la conducción de Brian Urban.

El dirigente cuestionó el avance de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional. “La Cámara de Diputados ya aprobó la eliminación de los descuentos por zona fría y en cualquier momento lo va a tratar el Senado. Es una decisión del gobierno del presidente Javier Milei y de Karina Milei ”, afirmó.

Rodríguez sostuvo que la propuesta reemplaza el criterio climático por uno basado en los ingresos familiares, una modificación que consideró injusta para ciudades como Tandil.

“Una familia trabajadora de Tandil podría perder el beneficio por superar un determinado nivel de ingresos, pese a enfrentar temperaturas mucho más bajas que otras regiones del país”, señaló.

Además, remarcó que el 94 por ciento de los hogares tandilenses necesita un mayor consumo de gas durante el invierno y rechazó los cuestionamientos oficiales sobre un supuesto uso excesivo del beneficio. Según indicó, el consumo creció apenas un 7 por ciento, lo que demuestra un uso responsable por parte de los usuarios.

El ex legislador también alertó sobre el impacto que tendría la medida en instituciones de bien público y clubes de barrio. En ese sentido, mencionó la preocupación expresada por dirigentes de Unión y Progreso y Ferro.

Asimismo, adelantó que durante la charla se presentará una estimación sobre las pérdidas que podría sufrir la economía local. “Los recursos que hoy se ahorran en las facturas se destinan al consumo cotidiano y fortalecen la actividad comercial de Tandil”, explicó.

Aprovechando su paso por la ciudad, Rodríguez se refirió además a los 18 años del conflicto generado por la Resolución 125. Consideró que aquel episodio marcó un punto de quiebre en la relación entre el Estado y el sector agropecuario y planteó la necesidad de avanzar hacia una reducción gradual de las retenciones.

“Los pequeños y medianos productores siguen viendo en las retenciones una amenaza para su rentabilidad”, afirmó. También advirtió que el atraso cambiario y el aumento de costos de insumos, como la urea, podrían afectar la próxima campaña de maíz.

Por último, invitó a la comunidad a participar de la jornada junto a la defensora del pueblo, Paula Lafourcade , para intercambiar información y analizar los posibles efectos de una medida que podría modificar significativamente el esquema tarifario vigente.

La Biblioteca Popular Sarmiento de Villa Italia será sede de una charla abierta y gratuita en la que se analizarán las posibles consecuencias de la eliminación del régimen de Zona Fría y su impacto tanto en la economía de los hogares como en la actividad comercial de Tandil. La actividad se desarrollará el próximo viernes 17 de julio a las 15 en la sede ubicada en Quintana 450, contando con la participación de expositores vinculados a la temática.

Bajo el título "Impacto y alcances de la eliminación de la Zona Fría", el encuentro propone abordar los efectos que podría generar una eventual eliminación del régimen que otorga beneficios en las tarifas de gas a distintas localidades del país.

De acuerdo con lo señalado en la convocatoria, uno de los ejes centrales de la charla estará enfocado en las consecuencias que esta medida podría tener en la economía de las familias tandilenses. En ese sentido, se analizará cómo impactaría la eliminación del beneficio en los hogares que actualmente acceden a descuentos en las facturas del servicio de gas.

Además, el encuentro también pondrá el foco en el sector comercial y productivo. Los expositores abordarán el posible impacto sobre los comerciantes y la actividad económica local, considerando el peso que tienen los costos energéticos en distintos rubros.

La actividad contará con las exposiciones de Alejandro "Topo" Rodríguez, ex diputado nacional, coautor de la Ley Nº 27.637 de Ampliación del Régimen de Zona Fría y director del Instituto Consenso Federal, y de Paula Lafourcade, defensora titular de la Defensoría del Pueblo de Tandil e integrante de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).

La organización está a cargo de la Biblioteca Popular Sarmiento de Villa Italia, que invitó a la comunidad a participar de este espacio de análisis e intercambio. La entrada será libre y gratuita, por lo que cualquier persona interesada podrá asistir para interiorizarse sobre los alcances de una medida que podría tener efectos directos tanto en las economías familiares como en el funcionamiento del comercio local.

El Gobierno nacional eliminó el régimen de compensaciones económicas que se le abonaba a las empresas de transporte de larga distancia para cubrir los pasajes gratuitos de personas con discapacidad y otros grupos alcanzados por la normativa.

La decisión fue adoptada por la Secretaría de Transporte a través de la resolución 28/2026, publicada en el Boletín Oficial. El documento aclara que el derecho a la gratuidad previsto en las leyes 22.431 (discapacidad), 26.928 (trasplantados) y 27.674 (oncología infantil) “permanece plenamente vigente y exigible frente a los transportistas”.

En este sentido, el Gobierno puntualizó que “el eventual impacto económico de la decisión se circunscribe exclusivamente a la relación financiera entre el Estado y los operadores privados”.

En diálogo con el ciclo Plataforma Magazine (EcoTV y 104.1 Tandil FM), la defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, analizó el impacto de la decisión administrativa del Gobierno nacional y puso el foco en una normativa que generó una alerta en todas las defensorías del país nucleadas en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA). 

Una resolución “muy regresiva”

Según detalló la abogada ante El Eco Multimedios, esta medida se apoyó en el decreto 883 del 2024, que estableció la desregulación del transporte interjurisdiccional, otorgando mayor libertad a las prestadoras para fijar rutas y precios. Bajo este nuevo esquema, el Ejecutivo nacional determinó que sean las propias empresas las que absorban los costos de la gratuidad.

“Vemos esta resolución muy regresiva porque, si bien el derecho sigue siendo obligatorio, nos preocupa que se transforme en un vaciamiento del sistema”, expresó Lafourcade.

La defensora recordó que el esquema actual establece un cupo de hasta dos pasajes por colectivo que cuente con entre 50 y 54 plazas. “El esquema no cambió en cuanto a la gratuidad para las personas con discapacidad”, resaltó, pero aclaró que ahora será absorbido “por la empresa y no por el Estado”.

Luego, alertó que el sistema presentaba dificultades y quejas constantes por parte de los usuarios, que se encontraban con la negativa de las empresas bajo la excusa de la falta de asientos disponibles.

El temor es que, al no recibir ya el subsidio estatal, las compañías agudicen estas restricciones, convirtiendo un derecho legal en algo de “imposible obtención” en la práctica cotidiana. “De nada sirve un derecho declamado si no  se puede utilizar”, enfatizó.

Más consideraciones

En otro pasaje de la entrevista, Lafourcade subrayó que el uso de estos pasajes en su gran mayoría responde a necesidades de salud y tratamientos médicos de alta complejidad.

“La mayoría de las personas con discapacidad que lo utilizan lo hacen por cuestiones médicas y de salud”, afirmó y detalló que deben trasladarse a centros médicos de alta complejidad, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para recibir la asistencia o tratamientos adecuados.

Ante esta situación, la funcionaria instó a la comunidad a no claudicar en sus derechos. En caso de que una empresa niegue un pasaje a una persona que cuenta con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el primer paso es realizar el reclamo formal ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Lafourcade sugirió que el trámite se realice a través de la página web oficial del organismo nacional, pero solicitó que los vecinos también hagan llegar una copia de esa denuncia a la sede local de la Defensoría del Pueblo.

“Necesitamos tener un monitoreo real de lo que está sucediendo en Tandil”, explicó. La intención del organismo local es conocer si existen sanciones y multas ante los incumplimientos y cómo actuará ante las previsibles dificultades que traerá la nueva resolución. “Las dificultades siempre han sido recurrentes con este sistema y se va a agudizar”, alertó.

Para facilitar esta comunicación, los afectados pueden escribir al correo electrónico defensoría@defensoriadelpueblotandil.gob.ar, contactarse a través de las redes sociales o dirigirse personalmente a la oficina de Maipú 253, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14.

Finalmente, la defensora adelantó que el organismo se encuentra trabajando en un informe sobre la situación de las pensiones no contributivas, otro tema que genera inquietud en el sector.

La defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, expresó en Tandil Despierta (Eco TV y Tandil FM 104.1) su profunda preocupación ante la reciente media sanción en la Cámara de Diputados que busca modificar el régimen de Zona Fría. Según indicó, este cambio representa un retroceso para un derecho que la comunidad considera adquirido, dada la realidad climática de la región.

Lafourcade explicó que, desde la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), se realizaron presentaciones formales y se solicitó participar en la Comisión de Energía, instancia que no fue concedida. "Fue una reunión de comisión muy cerrada donde únicamente se escuchó al Enargas y al Poder Ejecutivo. Nosotros pretendíamos llevar la voz de todas las defensorías que estamos en la Zona Fría para defenderla, porque consideramos que el nuevo esquema es regresivo", afirmó.

Asimismo, detalló que el esquema actual, que incluye a Tandil dentro de la zona fría ampliada, es fundamental debido a la amplitud térmica, la humedad y los vientos característicos de la zona centro, sur y costa de la provincia de Buenos Aires. Con la modificación propuesta, el beneficio dejaría de ser un derecho establecido por ley para quedar sujeto a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo nacional.

Al respecto, Lafourcade advirtió sobre la "letra chica" del proyecto: "Esta bonificación ya no quedará establecida por ley. Impactará solo al sector vulnerable, atado al esquema nacional de subsidios focalizados. Ya no será un subsidio todo el año, sino que estará focalizado para un grupo determinado y discrecional por parte de la Secretaría de Energía de la Nación. Esto genera mucha inseguridad porque, como ya sabemos que el esquema nacional apunta a subsidio cero, este nuevo sistema también derivará en una reducción progresiva".

"Va a impactar, no hay que ser ingenuo. Estas modificaciones, que quedan tan arbitrarias a decisión del Ejecutivo, van a terminar impactando en la ciudad. Para quien quede fuera del esquema, el aumento será del doble o más", señaló Lafourcade. “Si se aprueba la ley, el impacto va a ser fuerte y lo vamos a ver de acá a dos meses cuando llegue la factura a los hogares”, subrayó.

Además, la funcionaria destacó que el proyecto excluye a clubes de barrio, entidades de bien público y asociaciones, que actualmente pierden el descuento del 50 por ciento. "Es un fondo solidario que se financia con el 7,5 por ciento que pagan todos los usuarios residenciales de la Argentina. Para nosotros, es un derecho adquirido", enfatizó.

Ante este escenario, la defensora del Pueblo anticipó que la lucha continuará en la Cámara de Senadores, donde buscarán ser escuchados por los legisladores. Asimismo, adelantó que, de prosperar la ley, las asociaciones de consumidores y usuarios, acompañadas por las defensorías, evaluarán presentaciones judiciales para frenar la medida.

Lafourcade subrayó que el sistema energético no puede ser uniforme para todo el país, ya que las necesidades regionales varían drásticamente. "El sistema actual de subsidios focalizados es un esquema que solo se fortalece en determinados meses y con un tope. En Tandil, a veces se prende el calefactor en marzo y se apaga en noviembre o diciembre. Esas particularidades deben ser contempladas en una política pública federal", declaró.

“Cuando fue la discusión en 2021, nosotros fuimos uno de los batalladores más grandes para que se incluyera a Tandil en la Zona Fría porque sosteníamos que era una desigualdad histórica en materia climática. Considero que cualquier política va a ser regresiva, por eso los defensores estamos en la trinchera y contamos con especialistas en materia energética que dan cuenta de lo que estamos diciendo. Me parece que no hay que pararse en la otra vereda, sino que tenemos que estar todos juntos defendiendo la Zona Fría”, finalizó.

La Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) expresó su rechazo al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional en la Cámara de Diputados que propone modificar el régimen de Zona Fría, un sistema que actualmente permite reducir las tarifas de gas en aquellas regiones donde las condiciones climáticas hacen indispensable el uso intensivo de este servicio.

La iniciativa genera una fuerte preocupación en Tandil, ciudad incluida desde 2021 en la denominada Zona Fría Ampliada, junto con otras localidades del centro, sur y costa de la provincia de Buenos Aires, además del sur de Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa.

Según explicó la Defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, en diálogo con El Eco Multimedios, de aprobarse el proyecto “la zona fría ampliada queda virtualmente eliminada”, ya que las localidades beneficiadas pasarían a ser definidas discrecionalmente por el Poder Ejecutivo.

Actualmente, todos los usuarios residenciales de la red de gas en Tandil reciben un subsidio del 30 por ciento sobre la tarifa, mientras que los sectores considerados vulnerables —como jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones sociales, clubes, asociaciones civiles, entidades de bien público y veteranos de Malvinas— acceden a una bonificación del 50 por ciento.

“Todos se van a ver afectados”, advirtió Lafourcade. Y remarcó que, con el nuevo esquema, tanto la inclusión de ciudades como los porcentajes de subsidio quedarían sujetos a la decisión del Gobierno nacional.

En una declaración enviada al Congreso, ADPRA sostuvo que la Ley 27.637 “no constituye un privilegio, sino una expresión concreta de justicia tarifaria y un derecho adquirido que garantiza la dignidad humana en regiones donde el clima extremo convierte al gas en un recurso vital”.

La normativa, sancionada en 2021, amplió el régimen de Zona Fría utilizando criterios técnicos y geográficos como la altitud, las bajas temperaturas y la amplitud térmica, con el objetivo de corregir desigualdades estructurales entre regiones del país.

Desde la entidad remarcaron que el fondo que financia estos descuentos no depende del Presupuesto nacional, sino de un recargo del 7,5 por ciento que abonan todos los usuarios del servicio de gas en la Argentina.

“Esto no compromete el presupuesto público nacional ni el sistema financiero argentino. Es un fondo solidario que se solventa con el aporte de todos los usuarios del país”, explicó Lafourcade.

La Defensora del Pueblo alertó que la posible eliminación del beneficio se da en un contexto de aumentos tarifarios y reducción de otros subsidios energéticos.

“Sería insostenible el pago de la factura para cualquier usuario si, tras los aumentos y el cambio de esquema, le sumamos un 30 o un 50 por ciento más en los valores del gas”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que la Defensoría recibe permanentemente reclamos de vecinos con dificultades para afrontar los costos de los servicios públicos.

“Imaginate lo compleja que va a ser para todos los usuarios con los aumentos ya programados y con un grupo numeroso que ha perdido otros subsidios. Si además no tenemos el fondo de Zona Fría, realmente va a ser muy difícil la situación para todo Tandil”, afirmó.

ADPRA solicitó una reunión con legisladores nacionales para exponer su postura antes de que el proyecto sea tratado en las comisiones de Energía y de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Además, desde la Defensoría del Pueblo de Mar del Plata impulsaron una campaña en la plataforma Change.org para reunir adhesiones en defensa del régimen vigente.

“Hay temas que nos atraviesan a todos, como la ruta y la zona fría. No podemos perder estos derechos que para nosotros ya son adquiridos”, concluyó Lafourcade.

La defensora del pueblo analizó la situación del crecimiento urbano en Tandil y brindó una serie de recomendaciones esenciales para los ciudadanos interesados en adquirir lotes. Lafourcade repasó las restricciones vigentes según el área geográfica y subrayó la necesidad de constatar la documentación legal antes de realizar cualquier inversión. "Lo que tiene que saber el vecino es que hay zonas que están permitidas y zonas que no están permitidas o son no urbanizables", advirtió.

Detalló que el partido se divide en tres áreas principales: urbana, complementaria y rural. El área urbana es la zona donde se encuentra la mayor densidad poblacional y es el espacio donde la normativa pretende que se densifique la urbanización. Por el contrario, en el área complementaria, que actúa como una transición hacia el campo, ya aparecen fuertes restricciones en lo que es la construcción.

En cuanto al área rural, Lafourcade precisó que está destinada a usos agrícolas o turísticos, donde las extensiones de tierra son mayores. En este sector, la construcción de viviendas está limitada a una unidad cada 30 hectáreas aproximadamente y no está permitido densificar el suelo. "Es zona protegida, lo que es el entorno serrano", recordó al diferenciar los espacios donde la preservación del paisaje es prioritaria.

Uno de los puntos de mayor preocupación para la Defensoría del Pueblo radicó en los loteos donde se pretenden comercializar hasta 40 unidades en terrenos de apenas una hectárea. Lafourcade aclaró que, en ciertas zonas complementarias, la ley solo permite una vivienda por cada 15.000 metros cuadrados, es decir, una hectárea y media. Por ello, insistió en que muchas de estas urbanizaciones ofrecidas en el mercado no serán posibles de concretar bajo el marco legal vigente.

Ante la consulta sobre cómo puede un comprador saber si un loteo está en regla, la defensora fue categórica al señalar que todo proyecto debe estar aprobado por la Municipalidad. El interesado debe exigir el número de expediente y el plano de mensura, ya que cualquier subdivisión debe contar con el aval de la Provincia. "Esa subdivisión tiene que ser aprobada y debe constar la superficie de los espacios cedidos, porque todo loteo tiene que dejar calles abiertas y cederlas al uso público", explicó.

Asimismo, remarcó que los loteos no solo requieren una aprobación legal de planos, sino también un respaldo técnico riguroso. Entre las exigencias, mencionó que debe garantizarse el correcto escurrimiento de aguas y la instalación de desagües fluviales. Estas medidas son fundamentales para evitar problemas de inundaciones o anegamientos en zonas que anteriormente no estaban preparadas para recibir un flujo habitacional.

Por otro lado, recordó que muchas de estas intervenciones requieren obligatoriamente un informe de impacto ambiental. En Tandil, la protección del paisaje es un eje central de la normativa, por lo que no se pueden realizar obras que dañen el entorno natural sin la debida autorización. "No es que yo puedo hacer lo que quiero en cualquier lote de la ciudad", puntualizó para clarificar que el derecho de propiedad está sujeto a las leyes de ordenamiento territorial.

Finalmente, Lafourcade instó a los vecinos a realizar consultas previas para prevenir situaciones de conflicto. Señaló que desde su oficina rastrean estas ofertas para evitar que los ciudadanos adquieran tierras que luego no podrán escriturar. El objetivo primordial es la prevención, asegurando que todos los datos técnicos y legales figuren claramente al momento de la oferta para que, en caso de incumplimiento, el vecino tenga herramientas sólidas para realizar un reclamo.

La problemática de las estafas virtuales ha escalado de forma preocupante en el último tiempo, afectando a ciudadanos de todos los rangos etarios sin distinción. En su reciente participación en el programa Plataforma Magazine (Eco TV y Tandil FM 104.1), la defensora del Pueblo local, Paula Lafourcade, abordó esta temática con el objetivo de brindar herramientas de prevención y acción ante delitos que se encuentran tipificados en el Código Penal.

Lafourcade subrayó que la estafa es un engaño donde una persona promete un beneficio imposible de cumplir para obtener un rédito económico. "Hemos recibido muchísimas consultas y hay que entender que aquí ya no hay un vínculo entre una empresa y un consumidor, sino que es un delito", precisó. En este sentido, destacó que los estafadores demuestran una gran inteligencia para cambiar las modalidades permanentemente, adaptándose a la agenda pública, como ocurre actualmente con los turnos para la vacunación antigripal o supuestas comunicaciones del Ministerio de Salud.

Uno de los puntos de mayor vulnerabilidad se encuentra en las aplicaciones de mensajería y redes sociales. Lafourcade advirtió sobre los mensajes de urgencia provenientes de supuestos familiares que solicitan dinero o transferencias en moneda extranjera. Asimismo, puso el foco en las compras digitales realizadas a través de enlaces que imitan sitios oficiales. "Si ese sitio no tiene políticas de devolución o el link es dudoso, seguramente es un sitio falso", advirtió, instando a los vecinos a no proporcionar datos ante publicaciones en plataformas como Facebook o Instagram que redirigen automáticamente a un chat de WhatsApp.

Durante la entrevista, se profundizó en una de las maniobras más frecuentes y dañinas: el uso de los DEBIN (Débito Inmediato). Lafourcade aclaró una confusión común que suele ser la trampa para las víctimas. "Con el DEBIN yo estoy enviando dinero desde mi cuenta, no recibiéndolo", explicó. Esta herramienta, utilizada por delincuentes, permite vaciar cuentas bancarias en solo cinco minutos si el usuario autoriza la operación bajo engaño.

La recomendación ante estos casos es tajante y consiste en jamás proporcionar claves, pines ni códigos de seguridad, ya que ninguna entidad bancaria ni organismo oficial los solicitará por teléfono o correo electrónico. "No hay que ingresar a enlaces desconocidos ni redireccionarse a páginas que pidan datos de homebanking", enfatizó la titular de la Defensoría del Pueblo. Además, mencionó que se han detectado estafas vinculadas a la compra de entradas para espectáculos y turnos para la Verificación Técnica Vehicular (VTV), donde los sitios fraudulentos suelen aparecer en los primeros resultados de búsqueda.

Para aquellos casos donde el engaño ya se ha producido, o ante un consumo por error, existe el botón de arrepentimiento. Esta herramienta, que cobró relevancia durante la pandemia, otorga al consumidor un plazo de diez días corridos para deshacer una operación, como puede ser la solicitud de un préstamo que el estafador gestionó a nombre de la víctima. "Es fundamental comunicarse con el banco de inmediato para detener el crédito o realizar un stop debit", explicó Lafourcade.

En el caso de las tarjetas de crédito, los usuarios cuentan con un período de 30 días desde la recepción del resumen para desconocer consumos no realizados. Sin embargo, la funcionaria insistió en que la rapidez es crucial, donde las primeras 24 o 48 horas son centrales para lograr rastrear el dinero antes de que se pierda el rastro en la red de transferencias.

Ante la consumación de una estafa, la Defensoría del Pueblo recomienda realizar la denuncia penal de forma inmediata. Los ciudadanos pueden acudir a la comisaría más cercana a su domicilio o utilizar los canales electrónicos del Ministerio Público Fiscal. Lafourcade insistió en la importancia de sacar capturas de pantalla de las conversaciones, de los enlaces sospechosos y de cualquier comprobante de transferencia, ya que estos elementos constituyen pruebas vitales para la fiscalía especializada en delitos cibernéticos.

Finalmente, se recordó que la oficina de la Defensoría del Pueblo, ubicada en Maipú 253, y la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), en Chacabuco 383, están disponibles para orientar a los damnificados. "Cualquiera puede ser víctima de una estafa. Por eso hay que estar muy atentos y no quedarse solo en la queja, sino realizar la denuncia respectiva para que estos delincuentes no actúen con impunidad", concluyó.

La defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, brindó precisiones sobre el nuevo esquema de subsidios energéticos y explicó los pasos necesarios para que los usuarios puedan acceder a los beneficios en sus boletas de luz y gas. 

En diálogo con el ciclo televisivo Plataforma Magazine (EcoTV y 104.1 Tandil FM), la funcionaria destacó que el sistema migró hacia un modelo de subsidio focalizado, diseñado para aplicarse específicamente en los meses de mayor consumo estacional.

Según detalló, el esquema anterior de tres segmentos (ingresos altos, medios y bajos) fue reemplazado por una modalidad que distingue principalmente entre usuarios con o sin subsidio. En efecto, aclaró que esta asistencia estatal no será durante todo el año, sino que se concentrará en los períodos de mayor demanda. Entonces, para el gas natural, el beneficio regirá de abril a septiembre, mientras que para la energía eléctrica se aplicará en los meses de diciembre, enero y febrero. “Ya no será más durante todo el año, sino que será focalizado”, precisó.

En cuanto a los criterios de elegibilidad, la defensora recordó que el subsidio está destinado a los hogares cuyos ingresos totales no superen el valor de tres canastas básicas. Asimismo, los solicitantes no deben poseer más de tres inmuebles, vehículos con una antigüedad menor a diez años o bienes de lujo. “Es importante entender que el cálculo se realiza por grupo familiar y no de manera individual”, subrayó la abogada ante la consulta sobre los requisitos patrimoniales.

En cuanto a los plazos para la inscripción, la defensora del Pueblo explicó que aquellos usuarios que ya realizaron el trámite anteriormente no necesitan volver a inscribirse, a menos que hayan modificado su situación habitacional. 

“El subsidio está atado al número de medidor”, advirtió Lafourcade, que recomendó que tanto inquilinos como nuevos propietarios realicen la actualización de datos en caso de mudanza para asegurar la continuidad del beneficio en el nuevo domicilio. “Si cambio de residencia, tengo que volver a hacer el procedimiento”, agregó.

Respecto a la modalidad de inscripción, se informó que el proceso se realiza de manera virtual a través de la plataforma oficial del Gobierno nacional y completar el formulario con la información de sus facturas. “A diferencia de etapas anteriores, ahora el sistema realiza un cruce de datos inmediato con organismos como la Anses y la ARBA antes de otorgar el segmento correspondiente”, explicó Lafourcade.

En cuanto a los beneficiarios del Plan Hogar, destinado a quienes utilizan garrafas, se estableció un plazo de seis meses desde enero para completar una reinscripción obligatoria. En este caso, el requisito de ingresos contempla que el grupo familiar no debe superar los dos salarios mínimos, vitales y móviles para mantener el descuento correspondiente. “Hay que volver a inscribirse para acceder a los descuentos de garrafas”, remarcó.

Por otro lado, la defensora del Pueblo aclaró que este subsidio es “independiente de la tarifa social bonaerense", que aplica al servicio eléctrico, es gestionada por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba). Los vecinos de Tandil pueden consultar su situación a través de la página de la Usina Popular y Municipal de Tandil, que redirecciona al sitio oficial de la provincia para verificar la aptitud del usuario mediante el ingreso del DNI.

Este requisito difiere del subsidio nacional, donde un inquilino puede figurar como usuario del servicio aunque la titularidad del medidor pertenezca al propietario del inmueble. “En la segmentación puede que la factura esté a nombre del locador, pero en la tarifa social el medidor siempre tiene que estar a nombre de la persona que solicita el beneficio”, indicó.

Sobre el final de la entrevista, la defensora del Pueblo respondió las inquietudes vinculadas a la vigencia de los descuentos por Zona Fría y aclaró que el beneficio continúa “gracias a la lucha” que llevaron adelante distintos organismos ante el intento de eliminar la figura por parte de la administración nacional. “Es un fideicomiso que pagan todos los usuarios de gas para colaborar en las facturas de los usuarios que tienen más consumo por razones climáticas”, repasó.

Finalmente, la funcionaria instó a la comunidad a acercarse a la sede de la Defensoría del Pueblo, ubicada en Maipú 253, en caso de presentar dificultades con la carga de datos o bloqueos en el sistema. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 14. “Hacemos todas las gestiones que tenemos a nuestro alcance con los organismos públicos nacionales y provinciales para resolver estas situaciones”, concluyó Lafourcade.

En el marco de su columna habitual en el programa Plataforma Magazine, que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, la Defensora del Pueblo local, Paula Lafourcade, brindó precisiones fundamentales sobre el nuevo esquema de segmentación energética. Ante la llegada de las bajas temperaturas y la preocupación de los vecinos por el impacto de los aumentos en las facturas, la funcionaria explicó cómo funciona el sistema de asistencia estatal que dejó atrás la antigua división por niveles de ingresos.

Lafourcade señaló que el Gobierno nacional implementó un cambio de paradigma en la asistencia, pasando de un modelo de tres segmentos a uno de subsidio energético focalizado. Según detalló, "ahora ya no va a haber tres segmentos, como había antes, sino que el subsidio energético será focalizado". Esta nueva modalidad implica que el beneficio no tendrá vigencia durante todo el año calendario, sino que se activará en los períodos de mayor demanda estacional para proteger el bolsillo de los usuarios de menores recursos.

En este sentido, Lafourcade precisó que el esquema de acompañamiento se dividirá según el tipo de servicio. Para el suministro de gas, el beneficio se aplicará durante los meses de invierno, específicamente de abril a septiembre. En contrapartida, para la energía eléctrica, el subsidio se concentrará en la temporada estival, abarcando los meses de diciembre, enero y febrero, cuando el consumo se eleva por las altas temperaturas. "El subsidio va a ser focalizado y únicamente para las personas que tienen usuarios de menores ingresos", remarcó la titular de la Defensoría del Pueblo.

Para acceder a esta cobertura, que representa aproximadamente el 50 por ciento del valor de la tarifa para los sectores vulnerables, el grupo familiar debe cumplir con parámetros patrimoniales estrictos. Lafourcade recordó que se consideran usuarios de ingresos bajos a aquellos que perciben menos de tres canastas básicas totales. Sin embargo, aclaró que el análisis no es individual, sino que se computa la totalidad de los ingresos del hogar que reside en la vivienda.

Asimismo, existen otros limitantes que pueden derivar en el rechazo de la solicitud. "Los usuarios deben poseer menos de tres inmuebles o vehículos con una antigüedad menor a diez años, ni bienes de lujo", explicó la funcionaria. Durante la entrevista, se mencionaron casos de vecinos que fueron rechazados por poseer un automóvil modelo 2015 o posterior, ya que el sistema cruza datos de forma automática con organismos como la Anses y la actual Arca (ex AFIP) para verificar la situación patrimonial de cada solicitante.

Respecto a la necesidad de realizar el trámite, Lafourcade llevó tranquilidad a quienes ya contaban con el beneficio, aunque marcó excepciones importantes. "Si ya lo hicieron y no hubo ningún cambio de domicilio, el subsidio se mantiene", aseguró. No obstante, advirtió que en casos de mudanza, ya sea como propietarios o inquilinos, es obligatorio realizar una nueva inscripción. Esto se debe a que el subsidio está técnicamente "atado" al número de medidor del inmueble y no solo a la persona física.

Un punto de especial atención durante la charla fue la situación de los beneficiarios del Plan Hogar, destinado a quienes utilizan garrafas. La Defensora del Pueblo local subrayó que este grupo sí requiere una atención especial. "Aquellas personas que estaban con el plan hogar para gas envasado requieren volver a inscribirse cada seis meses", indicó. Para este trámite, el tope de ingresos es más bajo, situándose en dos salarios mínimos, vitales y móviles para poder gozar del descuento correspondiente.

Por otro lado, Lafourcade estableció una distinción necesaria entre el subsidio nacional y la tarifa social que rige en la provincia de Buenos Aires para la energía eléctrica. Mientras que la segmentación nacional se gestiona a través de la Secretaría de Energía de la Nación, la tarifa social depende del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba). "En la tarifa social provincial, el medidor siempre tiene que estar a nombre de la persona que solicita el beneficio", aclaró Lafourcade, a diferencia de la segmentación nacional donde un inquilino puede figurar como usuario sin ser el titular registral.

Finalmente, se confirmó que el beneficio por "Zona Fría" continúa vigente para Tandil, a pesar de los intentos iniciales por eliminarlo en los proyectos legislativos nacionales. Este descuento es un fideicomiso que financian todos los usuarios del país para compensar los mayores consumos en regiones de climas rigurosos. 

Ante cualquier duda o inconveniente con los trámites, Lafourcade invitó a los vecinos a acercarse a la sede ubicada en Maipú 253, en el horario de 8 a 14, con la documentación y las facturas de los servicios para recibir asesoramiento personalizado.