El gobierno nacional continúa avanzando con medidas que afectan la ley de Emergencia en Discapacidad. Mientras la discusión se traslada a la Corte Suprema de Justicia, el oficialismo envió al Congreso un proyecto de ley que elimina diversos derechos del colectivo, entre ellos, los beneficios fiscales para las empresas que promueven la inclusión laboral.

Ante este escenario, el diputado de Unión por la Patria, Cristian Andino, presentó una iniciativa que busca transformar la inserción de personas con discapacidad en el mercado de trabajo. El proyecto, acompañado por los legisladores Jorge Chica, Nancy Sand, Christian Zulli, Gabriela Pedrali, Pablo Todero y Jorge Araujo Hernández, fue remitido a las comisiones de Legislación del Trabajo, Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.

La propuesta establece que el sector privado debe adoptar medidas concretas para garantizar la igualdad de oportunidades, integrando la inclusión como un componente estratégico de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE). El texto abarca a todas las personas jurídicas y humanas que desarrollen actividades económicas en el país, con adaptaciones para micro, pequeñas y medianas empresas.

Entre las obligaciones para las compañías, se destaca la incorporación progresiva de personas con discapacidad a la plantilla de personal y la contratación de proveedores que gestionen unidades productivas inclusivas. Además, las empresas deberán contar con descripciones de puestos accesibles y protocolos de prevención frente al acoso y la discriminación.

Para fomentar estas prácticas, el proyecto introduce un régimen de incentivos. Las firmas que cumplan con los requisitos tendrán prioridad en contrataciones con el Estado nacional, acceso preferencial a financiamiento y una reducción del 50% en aportes y contribuciones patronales por los empleados con discapacidad.

Un punto fundamental de la iniciativa es que garantiza que el acceso al empleo formal no provocará la pérdida de la Pensión No Contributiva por Discapacidad (PNC), atendiendo un reclamo histórico del sector. Asimismo, se prevé la creación del Registro Nacional de Empresas Socialmente Responsables e Inclusivas para otorgar un sello oficial a las organizaciones cumplidoras.

Según los impulsores, la medida busca "transformar el paradigma de la inclusión laboral en la Argentina, pasando de la promoción voluntaria a la responsabilidad compartida y garantizando condiciones de igualdad real en el mercado de trabajo", tal como se detalla en el documento ingresado a la Cámara de Diputados.

Organizaciones sociales, familiares de personas con discapacidad y trabajadores de la sanidad protagonizaron este miércoles una masiva movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación, en rechazo a la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad. La protesta también se replicó en distintas ciudades del país.

La convocatoria, impulsada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluyó además un cese de actividades por parte de trabajadores de prestadoras, en el marco de lo que definieron como una “profunda crisis” en el sector.

Durante la jornada, los manifestantes advirtieron sobre atrasos arancelarios, irregularidades en los pagos y acumulación de deudas, una situación que —según denunciaron— está llevando al sistema de prestaciones “a un escenario terminal”. En ese contexto, también señalaron demoras en los pagos del programa Incluir Salud, que en algunos casos se arrastran desde octubre.

Mientras el Gobierno busca avanzar con modificaciones a la ley que había sido aprobada el año pasado por el Congreso con mayoría opositora —y que no pudo ser vetada tras su judicialización—, los manifestantes entregaron una carta al ministro de Salud, Mario Lugones, con un detalle de los reclamos del sector.

En medio de la protesta, se multiplicaron las críticas por la “falta de respuestas concretas” del Estado, tanto en el funcionamiento de las instituciones como en las condiciones laborales de los prestadores y el acceso a derechos por parte de las personas con discapacidad.

Además de la concentración principal frente a la cartera sanitaria, otro grupo se movilizó hacia el Ministerio de Economía para exigir mayores partidas presupuestarias destinadas al área. Las protestas también se replicaron en ciudades como Córdoba, Rosario y Mar del Plata, reflejando el alcance federal del reclamo.

Durante el último año, el Club Uncas consolidó su propuesta de hockey inclusivo, una iniciativa que nació a partir del impulso de las familias y que logró integrarse como una división más dentro de la estructura deportiva de la institución.  Bajo la modalidad conocida como Mixed Abilities, el proyecto está encabezado por Gachi Saliani y la entrenadora Rocío Ambrocio, al que recientemente se sumó Felipe Lapalma. La propuesta busca no solo la enseñanza de la disciplina, sino también el desarrollo de la autonomía y la socialización de los jugadores en un entorno de igualdad.

Desde hace casi dos años, el equipo entrena todos los miércoles y sábados, en encuentros de una hora y media. Lo integran alrededor de siete jugadoras y jugadores con diferentes tipos de discapacidades, de categoría juveniles en adelante. Pero en el año en curso buscarán sumar participantes infantiles.

Sobre el impacto que esta actividad tienen en el desarrollo de los jugadores, los entrenadores destacaron que los avances fueron notables desde el primer momento. “El cambio en los chicos es impresionante. Desde lo social y desde lo conductual. Hemos tenido nenes con algunas condiciones dentro del espectro autista en donde venían y deambulaban por la cancha, no se ajustaban a ninguna regla en un principio, pero los fuimos acompañando y ellos mismos de a poco se van sumando a las actividades y empiezan a cumplimentar las reglas. Siempre hay mucho acompañamiento grupal e individual. Por eso es interesante que el equipo de profesores y ayudantes se haya ampliado”, explicaron.

En la sede del club, las referentes y el entrenador recientemente incorporado contaron que fue una mamá, Viviana, quien insistió e impulsó la creación del equipo para que sus hijos pudieran compartir el club con otros jóvenes. Lo que comenzó con mucha voluntad y "garra" terminó por consolidarse, sumando nuevas herramientas pedagógicas y organizativas, hasta lograr que el hockey inclusivo sea hoy una disciplina más que representa la bandera aurinegra.

La dinámica de los entrenamientos fue diseñada para que los jugadores puedan incorporar las reglas y aspectos deportivos desde diversas propuestas lúdicas. Al inicio de cada jornada, la entrenadora habilita un espacio para que los alumnos puedan conversar y ponerse al día, priorizando el vínculo humano. Luego, la actividad continúa con juegos de búsqueda y circuitos de agilidad destinados a preparar el cuerpo para la exigencia del palo y la bocha. Se trata de un proceso que implica constancia y tiempo, pero que también genera resultados satisfactorios para los referentes, los jugadores y las familias.

La progresión técnica es uno de los pilares del trabajo realizado por Ambrocio, al que a partir del 2026 se sumará Lapalma. Al comienzo, uno de los desafíos más importantes a corregir fue el uso del palo, ya que muchos alumnos utilizaban la cara curva en lugar de la plana. Pero con paciencia y repetición, los jugadores no solo comprendieron la diferencia, sino que automatizaron movimientos complejos como el giro del revés.

“Está bueno que sepan las reglas porque por eso es un deporte. Rocío lo fue trabajando y ahora lo bueno es haciendo progresiones con esas reglas. A ellos también le da otra jerarquía, jugar igual a lo que ven está buenísimo. Ellos pueden formar parte del deporte”, destacó Felipe.

Además del juego, la entrenadora trabajó también en en la creación de hábitos y responsabilidades compartidas. Esta búsqueda de la autonomía es un eje central del proyecto, ya que fomenta que los alumnos se sientan parte activa y responsable de su equipo.

“Parte de la inclusividad es que ellos hagan todo como todos. Todos llegamos temprano, todos ordenamos. Es algo que fuimos corrigiendo, y ahora está automatizado. Termina una actividad, ellos ya saben que voy a buscar otros materiales, y mientras van juntando el resto y lo dejan al costado”, marcó Rocío.

Los entrenadores señalaron también que los jóvenes demuestran ser sumamente memoriosos con las reglas del hockey. “Son muy estrictos”, indicaron. Para los profesores, que los alumnos aprendan y respeten las reglas es parte de darle entidad de deporte a la práctica

Como parte de la consolidación del equipo, el club se propuso formar un equipo de entrenamiento mixto para brindar un acompañamiento más personalizado y permitir el ingreso de nuevos integrantes que quieran iniciarse en el deporte desde temprana edad.

Pero además, proyectan seguir sumando participación en torneos de la modalidad. Así lo hicieron a fines de 2024 en Mar del Plata, en lo que definieron como una vivencia “maravillosa” que incluyó no solo el viaje sino también la competencia, fortalecer lazos a partir de compartir con otros equipos, y hasta conocer el mar.

“Todas las personas tienen el derecho de hacer deporte, y nosotros tenemos que facilitarlo, y darles lo que necesitan. Ellos tienen que tener autonomía, autodeterminación, es un derecho que hay que garantizarle. Entonces la idea es eso, dar un espacio en el que ellos puedan tener una vida cotidiana y que tengan un espacio de recreación. Por eso también está bueno poder abrir las puertas y que se sumen más chicos”, concluyeron.

El Gobierno nacional aprobó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y definió los procedimientos operativos para la puesta en marcha de un nuevo régimen de pensiones no contributivas destinadas a personas con discapacidad. La medida fue oficializada mediante el Decreto 84/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei.

La decisión responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que declaró la invalidez de un decreto anterior que había suspendido la ejecución de la ley por falta de financiamiento y ordenó su aplicación inmediata. Si bien el Estado nacional apeló el fallo, la resolución judicial obligó al Poder Ejecutivo a reglamentar la norma dentro de un plazo de 30 días.

La reglamentación precisa los criterios de acceso, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control del nuevo régimen de pensiones. Según los considerandos del decreto, el sistema deberá articularse con las reglas de compatibilidad de ingresos y con las políticas de inclusión laboral de las personas con discapacidad, con el objetivo de evitar superposiciones y garantizar una aplicación coherente.

El decreto también consolida cambios institucionales en la estructura del Estado. En ese sentido, incorpora formalmente a la Secretaría Nacional de Discapacidad dentro del organigrama del Ministerio de Salud, centralizando allí la política pública en la materia.

La decisión se fundamenta en una “concepción integral del derecho a la salud y a la protección social”, que contempla dimensiones sanitarias, sociales, económicas y de acceso a derechos.

Entre los puntos centrales de la norma, se instruye a la Secretaría Nacional de Discapacidad a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios de evaluación socioeconómica que se aplicarán en el nuevo régimen. Además, el organismo deberá presentar ante ese consejo un plan de auditorías periódicas dentro de los 30 días contados desde la entrada en vigencia del decreto.

El texto también faculta a la secretaría a dictar las normas aclaratorias, complementarias y operativas necesarias para la implementación del régimen y establece la conversión de oficio de las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Para ello, la autoridad de aplicación deberá identificar, relevar y verificar las condiciones de las prestaciones alcanzadas.

Las medidas adicionales que se definan en el marco del Consejo Federal de Discapacidad serán implementadas mediante esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con sus competencias y disponibilidades presupuestarias.

La reglamentación entró en vigencia a partir del 3 de febrero de 2026, fecha de dictado del decreto, y constituye el paso operativo clave para la aplicación efectiva de la Ley 27.793, en un contexto marcado por la judicialización de su implementación y el debate sobre su financiamiento.

Tras el escándalo a raíz de la filtración de los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, el Gobierno finalmente concretó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y traspasó sus atribuciones al Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones. Eso sí: aseguraron que no se cortarán ni se eliminarán prestaciones.

La decisión se maduraba desde la detección de irregularidades en la agencia que conducía el exabogado del presidente Javier Milei.

Este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció su cierre. “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, anunció Adorni desde la sala de conferencias.

El exvocero remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.

Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”.

“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario, y completó: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.

Por su parte, aclaró: “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”.

Carolina Girodo es una vecina que desde hace más de 10 años vive con Esclerosis Lateral Amiotrófica –ELA-, por lo que debe movilizarse en silla de ruedas motorizada y con ayuda de acompañantes. El pasado domingo 7 de septiembre concurrió a votar y realizó un video en el que contó las dificultades para trasladarse. Pocas rampas, veredas rotas y desniveles, fueron algunos de los obstáculos que debió afrontar en pleno centro de la ciudad.

“¿Habrá alguna ordenanza que contemple esto?”, se preguntó Carolina, quien atendió en su casa a El Eco de Tandil. “Tengo ELA hace más de diez años. Andar en la calle es una de las muchas dificultades que atravesamos todos los que tenemos alguna discapacidad. Tandil está creciendo a pasos agigantados, sin embargo la inclusión es una asignatura pendiente, invito a los nuevos concejales a hacer un Tandil para todos”, sumó la vecina, quien se expresa a través de un software que ella misma opera con el movimiento de sus ojos. Su caso es uno de los tantos que existen a nivel local.

Carolina se desempeñó durante más de 21 años en el área de comercio internacional de Miel Aleluya, y luego fue gerente comercial en Don Atilio. “Trabajé hasta que me enfermé, y me reinventé. Hago cursos, leo, y ahora me propuse mejorar la calidad de vida de todos los que queremos habitar este Tandil soñado”, dijo sin perder la ironía.

Por su condición, debe permanecer acompañada por enfermeras y otros especialistas durante todo el día. En su casa, mostró al equipo de El Eco los cuadros que tiene exhibidos con figuras de diferentes aves, y que ella comenzó a pintar al momento de ser diagnosticada.

Las dificultades de Carolina para movilizarse por la ciudad es la misma a las que se enfrentan muchos otros vecinos y vecinas usuarios de sillas de ruedas, en incluso de bastones y andadores. Recientemente volvió a trascender el nombre de Valentino Labra -un chico que nació con Displasia diastrófica- a raíz de que se conoció un video en el que su familia no logró ingresara  una entidad bancaria céntrica porque esta no contaba con la rampa necesaria.

A través de su perfil en Instagram –y con la ayuda de dos de sus enfermeras-, Carolina Girodo publicó un video en el que contó la complejidad de trasladarse desde la esquina de Belgrano y 9 de Julio hasta el Colegio de la Sierras. “Tuvimos que ir por la calle y subir por un estacionamiento a mitad de cuadra”, dijo en el video, que cerró con la frase “¿Y si hacemos un Tandil más inclusivo? Somos muchos los que queremos disfrutar de los espacios públicos”.

En su casa, la vecina sostuvo que “como dije en el video me encanta participar, sin embargo es muy difícil transitar la calle, no hay rampas, los adoquines están destrozados al igual que las veredas. Somos un montón los que tenemos dificultades en la movilidad”.

Haciendo referencia a otros videos compartidos por el mencionado Valentín Labra y su familia, pero en particular a su propia experiencia, señaló que “no estamos preparados para las diferencias, cuando salimos a la calle es una carrera de obstáculos. Tenemos que dar un montón de vueltas, para buscar una bajada bien hecha para cruzar, parar el tránsito y siempre salimos de a 3”.

Entre otros aspectos, mencionó que “los autos no ceden el paso en general”, y planteó que las dificultades no surgieron solo desde que usa silla de ruedas, sino que lo mismo experimentó cuando utilizaba bastón, andador o silla de ruedas manual.

“Todo tiene su dificultad, por ejemplo recuerdo que cuando usaba andador y pedía un remís, tenía que avisar porque algunos no querían hacer el viaje”, puso como ejemplo. “Si hablamos de los negocios te querés matar. Mientras la ELA lo permitió me encantaba ir a comer o tomar un café, pero no se imaginan lo difícil que es encontrar un lugar para ir”, compartió, mencionando algunos de los locales gastronómicos que le gustaría conocer pero no puede hacerlo por falta de accesibilidad.

“Iba Antonino ya que tienen una rampa en la entrada. El café la vereda también tiene rampa. Los demás tienen escalones, las mesas apretadas. Pero siempre quise ir al bodegón y no tiene rampa. Los lugares nuevos como el bar ideal no solo no tienen rampa sino que las puertas no permiten el acceso de una silla. ¿Habrá alguna ordenanza que contemple esto? Pienso ¿habrá cabañas con baños preparados para personas con movilidad reducida? A veces veo edificios con una rampa en ‘L’ y pienso ¿cómo harán para subir? Yo no podría”, agregó.

La vecina hizo hincapié en la necesidad de hacer accesibles los espacios públicos. “Ahora que comienzan los días lindos me gusta ir a la plaza. Me gustaría ir a la Plaza de los Troncos pero es imposible llegar. Otro lugar al que me gustaría ir es a la Plaza Moreno, pero es muy difícil. Paso mucho tiempo en la plaza del centro. Me gustaría que en el encuentro de urbanismo que organizan el Grupo Rotonda y Faro Verde se trate el tema”, concluyó.

En otro dura derrota para la Casa Rosada, el Senado rechazó hoy el veto del presidente Javier Milei a la ley que declara la emergencia en Discapacidad, por lo que el proyecto deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo.

La oposición, nucleada en el interbloque peronista, UCR, PRO y provinciales, se impuso con 63 votos afirmativos y siete en contra. Para intentar sostener el veto, el oficialismo recibió el apoyo de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni, quien volvió a alinearse por completo con la Casa Rosada.

Desde el 12 de marzo de 2003 que el Congreso no rechazaba un veto total. Fue durante la administración de transición de Eduardo Duhalde, quien asumió el 1° de enero de 2002 tras la renuncia de Fernando de la Rúa en medio del gran estallido del 2001.

La ley de discapacidad aprobada -por abrumadora mayoría- por el Poder Legislativo declara la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2026, prorrogable hasta 2027, y una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.

Según la oficina de Presupuesto del Congreso, la ley que contempla un actualización de las presiones y asignaciones para los talleres para las personas con discapacidad tiene un impacto que oscila entre el 0,22% al 0,42% del PBI, ya que depende de la cantidad de altas que se produzcan hasta diciembre del 2026.

Un punto clave de esta ley es que las 200 mil contribuciones por invalidez serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio y las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.

Otro eje central es que se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Guido Lorenzino, envió una nota formal al interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Alejandro Alberto Vilches, en la que reclamó la restitución inmediata de las pensiones no contributivas suspendidas a personas con discapacidad en la provincia, así como la revisión de los procedimientos aplicados por ese organismo nacional.

Según el relevamiento realizado, el organismo bonaerense indicó que se detectaron “situaciones preocupantes” que vulneran derechos básicos de personas con discapacidad y sus familias, entre ellas la suspensión de pensiones sin notificación fehaciente, “dejando a los beneficiarios sin ingresos de carácter alimentario”.

Asimismo, afirmó que se advirtieron “procedimientos de auditoría confusos, con citaciones emitidas mediante cartas documento o telegramas poco accesibles, en plazos reducidos y con lenguaje técnico difícil de comprender”. También dificultades de traslado, falta de turnos médicos y barreras económicas y sociales que impidieron a muchas personas cumplir con las exigencias requeridas.

Por otro lado, apuntó que hubo registro de notificaciones que “nunca llegaron a destino” debido a las limitaciones en el sistema de correo utilizado, generando “mayor incertidumbre y desprotección”. En otros casos existen demoras de años en la evaluación y otorgamiento de nuevas pensiones.

En la nota, la Defensoría del Pueblo recordó que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional en el país, establece que las personas con discapacidad son sujetos plenos de derechos y que el Estado debe garantizar accesibilidad, ajustes razonables y no regresividad en el acceso a prestaciones sociales.

El pedido

Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo solicitó a la Andis “restituir de manera urgente las pensiones suspendidas y abstenerse de disponer nuevas bajas unilaterales; suspender los procedimientos de auditoría hasta garantizar estándares internacionales de derechos humanos y accesibilidad plena; informar de manera clara los criterios utilizados para definir el otorgamiento de pensiones, evitando requisitos restrictivos contrarios a la Convención; transparentar la cantidad de pensiones interrumpidas o suspendidas en la provincia de Buenos Aires; y agilizar los trámites pendientes de nuevas pensiones”.

“Estamos frente a una situación de extrema vulnerabilidad que requiere respuestas inmediatas. Las personas con discapacidad no pueden ver interrumpido un ingreso básico que es de carácter alimentario, mucho menos sin fundamentos claros ni notificación fehaciente”, sentenció Lorenzino, que garantizó que la Defensoría “va a seguir reclamando que se respeten los estándares internacionales y los derechos adquiridos”.

Más acciones

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo bonaerense y la Asociación Civil Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) le reclamaron al Gobierno nacional que evite suspender las pensiones no contributivas a beneficiarios de todo el país al cuestionar el proceso de auditoría con el que ya se interrumpieron miles de asistencias de este tipo.

En un pedido realizado a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el organismo que conduce Guido Lorenzino pidió ampliar la medida cautelar que la Justicia le concedió a la Defensoría del Pueblo de Formosa a favor de beneficiarios de esa provincia.

“Limitar la medida cautelar a la provincia de Formosa genera un régimen de desigualdad territorial inadmisible, donde personas en idéntica situación reciben un trato diferente según su domicilio, lo que va incluso en contra del derecho constitucional de igualdad ante la ley”, alertó Lorenzino.

La Defensoría ya había reclamado que la Andis restituya las pensiones no contributivas suspendidas a personas con discapacidad de la Provincia. Esta exigencia fue planteada tras señalar que la medida fue realizada sin procedimiento válido, sin notificación fehaciente, con exigencias burocráticas desproporcionadas y sin ajustes razonables que contemplen su situación particular.

Una tandilense fue la periodista que investigó y publicó la noticia sobre la denuncia de corrupción que sacude al gobierno nacional. Se trata de Ivy Cángaro, quien junto a Mauro Federico dieron a conocer una serie de audios que señalan a Karina Milei y otros funcionarios de primera línea como partícipes de una supuesta trama de coimas y “peajes” con medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En diálogo con El Eco de Tandil, Cángaro contó cómo lleva adelante su trabajo, y sostuvo que el caso -por el que la Justicia ya realizó allanamientos- tendrá mayores implicancias.

“Esto es una caja de Pandora sin fondo. Y además el tema de la discapacidad es absolutamente sensible. A cualquiera nos conmueve el horror de pensar que no están destinando remedios a las personas vulnerables”, expresó la periodista quien agregó que “esos 800 mil dólares que se encanuta Karina Milei todos los meses son de remedios que no llegan a los discapacitados”.

Fue el pasado martes 19 de agosto cuando Ivy Cángaro y Mauro Federico hicieron públicos –en su programa Data Clave del canal de stream Carnaval-, audios adjudicados  a Diego Spagnuolo, ex titular de al Andis, abogado y amigo personal del presidente Javier Milei. En los registros, se relataba el funcionamiento de una supuesta trama de corrupción por coimas en la compra de medicamentos. De acuerdo a lo exhibido en los audios, la cifra estimada que resultaría para los funcionarios nacionales se ubicaría entre 500 mil y 800 mil dólares mensuales.

El asunto no quedó solo en una denuncia periodística, ya que existe una causa en curso. La Justicia secuestró el celular de Spagnuolo y prohibió que el ex funcionario salga del país. En otro allanamiento, uno de los dueños de una de las droguerías investigadas, fue encontrado en su auto, con 266 mil dólares y 7 millones de pesos en sobres. “Creo que va a ser el tema del año”, aseguró Cángaro.

Ivy Cángaro –hija del recordado Raúl, el dueño de una concesionaria que hizo navegar un Citroën en el Lago del Fuerte-, tenía en sus planes estudiar arquitectura. Pero estando en Mar del Plata en a fines de los 80’ se encontró con “una historia que merecía ser contada”. Investigó y cuando logró acceder a la información la acercó al diario La Capital para que un periodista la escriba. “Escribila vos, porque el tema es muy pesado”, le dijeron.

“La nota la escribí, la firmé, y fue uno de los escándalos mayores de la década del 80’, el caso de la secta Los Niños de Dios”, contó Cángaro, quien desde entonces –aunque también trabajó en diferentes rubros- se dedica al periodismo de investigación. Colaboró para Clarín, Página12, y otros medios nacionales, pero desde hace un tiempo a esta parte integra junto a Mauro Federico el equipo de Jorge Rial en el medio Data Clave.

La vinculada a la Agencia Nacional de Discapacidad no fue la primera investigación que Cángaro abordó sobre el gobierno nacional. Entre otras notas publicó un trabajo sobre “los grupos de extrema derecha que después convergieron en el atentado a Cristina”, del cual parte del material “usaron la Fiscalía y la querella”, en el juicio que se lleva adelante.

Además, expuso la visita de diputados de La Libertad Avanza a genocidas presos, reconstruyó la “Ruta del Dinero Genocida” en la que exhibió que “todo el derrotero del robo de bienes en dictadura terminaron en cuentas que hoy siguen vigentes en Florida”. Una de esas publicaciones le valió que Alfredo Astiz, el Tigre Acosta y otros ex-militares condenados le iniciaran un juicio por calumnias. “Lo vivo como una cucarda tener un juicio hecho por esos criminales”, sostuvo.

Cángaro vivió en Tandil hasta hace poco más de un mes atrás, cuando por su participación en el programa Data Clave se instaló en Capital Federal. Vuelve a la ciudad todas las semanas, y de hecho las investigaciones que abordó hasta el momento las llevó a cabo desde este lugar, mediante videollamadas, rastreo por redes sociales, contactos con organismos internacionales de control fiscal y otros métodos.

Sobre lo publicado acerca de la Andis, Cángaro precisó que se trataba de un tema en el que –junto a Mauro Federico-, trabajaban hace aproximadamente nueve meses. Hubo notas previas vinculadas a hechos en la propia Agencia, pero aquello que dieron a conocer el martes 19 en el programa Data Clave tomó otra trascendencia.

“Cuando recibo los audios, al principio me costó ponerlos en contexto porque son muchos. Muchos más de los que publicamos. Escuchar cada uno y entender la secuencia me llevó varias horas. Cuando me  di cuenta de por dónde iba la cosa lo primero que hice fue llamarlo a Mauro Federico y decirle que teníamos una bomba entre manos”, relató la periodista.

Los medios nacionales se hicieron eco de la denuncia cuando el tema fue mencionado por diputados en el marco de la sesión del pasado miércoles 21 de agosto. “El jueves en redes sociales era un escándalo y ya no pudieron ignorarlo más. Fue escalando, la Justicia intervino e hizo allanamientos y yo creo que esto está destinado a crecer cada vez más, porque abrimos una caja de pandora que no tiene fondo”, aseguró Cángaro.

“En los audios, Spagnuolo explica muy bien cómo es toda la metodología de la ruta de la coima, que es bastante simple. Pero además dice que este es uno de los tantos quilombitos de Karina y Lule (Menem). Quilombitos son los kiosquitos que tienen. Él está exponiendo que ellos se están llevando un 3 por ciento de coima”, indicó para luego precisar que el porcentaje supondría un monto de entre 500 y 800 mil dólares mensuales.

“Es muy directo. Lo que no reciben nuestros vecinos, amigos o familiares con discapacidad en remedios es porque lo tiene Karina en sus bolsillos”, planteó. En la misma línea, hizo mención a que lo denunciado es solo sobre remedios, cuando la Agencia maneja también otras prestaciones como prótesis o traslados.

“Además, la Andis es dentro de todo una caja chica. Pensá en Anses, pensá en PAMI. Si esta metodología se aplica en la Andis ¿Por qué no se va a aplicar en PAMI o en ANSES donde las cajas son mucho más cuantiosas”, consideró.

“Lo que no recibe mi amiguito Emanuel Rodríguez en Tandil, que es cuadripléjico y por el que tuvimos que hacer una colecta para comprarle unas escápulas de 200 mil pesos porque no se las proveía el gobierno, bueno, esos 200 mil pesos que Emanuel no recibió es porque se los quedó Karina, es muy simple la cuestión”, concluyó.

El Eco de Tandil accedió a los números a nivel local de la auditoría que el gobierno nacional llevó a cabo para certificar el otorgamiento de las pensiones por invalidez laboral. Cabe recordar, tras recibir una gran cantidad de consultas al respecto, el Municipio brindó asistencia a muchos vecinos y familias beneficiarias para que concurran a la auditoría con la documentación correspondiente. En ese marco, de los 1703 vecinos citados, 1075 asistieron con la documentación correcta, pudieron certificar o acreditar condición, por lo que ya pueden realizar el siguiente trámite –virtual en Anses- y les mantendrían sus pensiones.

Las auditorías a las pensiones no contributivas por invalidez recibieron críticas de diversos sectores no por los controles en sí, sino por las formas en las que el gobierno nacional las impulsó y el modo a partir del cual  se comunicó con las familias beneficiarias. “La carta documento, como ya se dijo en todos lados, no es clara ni accesible, ni tiene en cuenta las particularidades a la población a la que se dirige”, habían señalado desde la Dirección de Adultos Mayores acerca del tema. El propio Concejo Deliberante se manifestó al respecto, sin el apoyo del bloque de Acción Tandilense / La Libertad Avanza.

En Tandil, el operativo en cuestión se realizó en el Club Defensores del Cerro del barrio Las Tunitas. Los beneficiarios –personas con discapacidad y acompañantes- comenzaron a llegar de madrugada a las instalaciones. Hubo 3 puestos de atención para los 1700 citados, y cientos de vecinos esperaron durante horas para acceder al lugar. La primera jornada fue descripta como “un caos”, pero se normalizó el segundo día.

El Municipio continuó brindando asesoramiento aun durante las jornadas del operativo, recibiendo alrededor de 1000 consultas, tanto en la ciudad como en las localidades rurales. Desde la Comuna habían llamado a presentarse a estos espacios de asesoramiento habilitados por la Dirección de Adultos Mayores y Discapacidad aun a aquellos que no habían recibido carta documento. Fue porque las mismas se enviaron a los domicilios legales de los beneficiarios, y cabía la posibilidad de que no sean los domicilios actualizados.

De acuerdo a los datos que accedió El Eco, hubo 1703 vecinos citados a la auditoría, a través de las cartas documentos con turnos asignados. De los asistentes al operativo, 1075 beneficiarios pudieron certificar y acreditar su condición laboral, por lo cual deberán realizar otro trámite –virtual-, a través de Anses, y mantendrían la pensión.

A su vez, 440 personas asistieron a la auditoría y volvieron a ser citadas. Esto pudo deberse a dos posibilidades, que no hayan concurrido con la documentación correspondiente, o que les hayan requerido estudios específicos o certificaciones de especialistas.

Además, hubo un total de 188 ausentes, entre los que pudo haber fallecidos, vecinos que no recibieron la carta documento en su domicilio actual, o incluso personas impedidas de movilizarse que justificaron mediante correo electrónico su ausencia.

Cabe recordar, durante la auditoría se volvieron a cargar los datos de las personas en el sistema de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), y a partir de entonces todos aquellos que recibieron la certificación contaron con 30 días -que todavía corren- para culminar el trámite en Anses

El operativo que se llevó a cabo en el Club Defensores del Cerro estuvo a cargo de un equipo auditor que pertenecía a PAMI, y estaba conformado por 4 personas que se trasladaron desde la delegación de la ciudad de Necochea. Tanto desde la institución deportiva como desde la Oficina Tandil de Anses deslindaron entonces responsabilidades en cuanto a la organización de las jornadas.

El presidente Javier Milei vetó el lunes el aumento a los jubilados, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Este último proyecto buscaba crear una nueva pensión no contributiva, garantizar las actualizaciones de aranceles para prestadores y financiar tratamientos médicos, transporte adaptado y apoyo escolar. Hoy se replican movilizaciones en toda la provincia, en contra de esa decisión presidencial.

Por caso, en Mar del Plata, la organización Prestadores Unidos MDP se reunió frente al Palacio Municipal junto a familias de personas con discapacidad para expresar su repudio a la nueva resolución. “Estamos muy angustiados y desgastados, queremos que prime la cordura en las cámaras de Diputados y de Senadores. Ahora hay que volver a conseguir dos tercios de los votos en ambas cámaras para que no se consolide el veto”, explicó Jésica Machado, referente de Prestadores Unidos MDP, citada por el diario La Capital.

En Necochea, de acuerdo con Ecos Diarios, instituciones y Organizaciones No Gubernamentales se concentraban en la plaza Dardo Rocha, también frente a la Municipalidad.

En el norte bonaerense, bajo el lema “No al veto. Cuando la Ley 27.793 vuelva al Congreso, necesitamos que los legisladores voten con el corazón”, operarios y trabajadores del Taller Protegido Pergamino fueron parte de una nueva concentración en Plaza Merced, que sumó las voces de familias, profesionales y organizaciones vinculadas con la discapacidad que buscan visibilizar una crisis que ya no se puede postergar, consigna La Opinión de Pergamino.

Y en San Nicolás de los Arroyos, la concentración fue convocada para esta tarde en la Plaza Mitre. “Expresamos nuestro más enérgico repudio a este retroceso que vulnera los derechos de miles de personas, sus familias y los trabajadores del sector. Exigimos una respuesta inmediata y concreta del Estado. La discapacidad no espera, los derechos no se vetan. Nos organizamos y salimos a las calles”, manifestaron los organizadores, según El Norte de San Nicolás.

Este lunes comenzó a desarrollarse el operativo dispuesto por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) con el fin de auditar a las personas que reciben una pensión por invalidez y corroborar que todas los beneficios sean otorgados a quienes realmente los necesiten.

Las primeras jornadas desarrolladas en el Club Defensores del Cerro reflejaron una cuota de desorganización que generó un caos entre todos los presentes. Frío en el salón, turnos que no se respetaron y una atención que se retrasó más de lo esperado, provocó malestar en muchos de los adultos que asistieron al lugar.

Carlos Espinoza es uno de los tantos vecinos que no tuvo la mejor experiencia en su visita al club del barrio de Las Tunitas. El hombre de 65 años reconoció el trabajo de los encargados del operativo de la Andis pero descargó su disgusto contra los funcionarios locales. En diálogo con El Eco de Tandil apuntó a Protección Ciudadana y a Discapacidad y Adultos Mayores por todos los hechos que le tocó vivir en la mañana del martes.

A pesar de poseer una discapacidad hace once años y cobrar la pensión correspondiente, Espinoza contó que no le llegó la carta con la citación, por lo que se asesoró con Anses para ir hasta Defensores del Cerro. Al no tener indicado un horario, llegó antes de las 7 de la mañana en el colectivo Rojo y a partir de ahí se desencadenó una serie de situaciones que provocaron su malestar.

“Hoy prácticamente si vos me ves moverme es porque tengo una fuerza que soy indomable, pero yo ya estoy para una silla de ruedas, no tendría que estar caminando. Al ser el primero pasé cosas que no tendría que haber pasado”, comenzó su relato de una experiencia que tuvo su primer contratiempo al no poder encontrar fácilmente el lugar de la citación ya que la institución no tenía marcada la altura.

Al tener una información certera sobre si era por orden de llegada o con turnos, Espinoza fue el primero en arribar al club. Minutos después de las 6 de la mañana, mientras esperaba en la puerta de la entidad deportiva sufrió dos intentos de robo. Ambos en motos y con interacciones subidas de tono entre los protagonista. “Les dije que si se acercaban les partía la cabeza con el (bastón) canadiense. Fueron dos intentos ásperos”, describió.

A partir de esta situación es donde se desencadena gran parte del enojo. Un intento fallido de comunicarse con la policía se sumó a la falta de patrullaje a pesar de estar a metros del destacamento de Las Tunitas. Todo esto causó un gran enojo en el hombre de 65 años que no obstante reconoció que desde la aplicación Centinela ofrecieron una respuesta y mostraron preocupación por la situación.

“No sé qué función cumple la Secretaría de Protección Ciudadana porque no te protege de nada, no está en ningún lado”, comentó y luego aseguró que pasado los 45 minutos del llamado de Centinela un móvil de la policía se hizo presente en el lugar, dio un par de vueltas y luego se quedó apostado a pocos metros del club.

Cerca de las 7 de la mañana, contó, eran tres personas las que esperaban en la puerta de Defensores del Cerro. “Estábamos tomando frío y nadie nos decía nada”, relató y luego cargó contra Lucía González, Directora de Discapacidad y Adultos Mayores, al asegurar que “no se movió porque no le importamos ¿Qué le costaba decir es en tal lugar? Nadie informó que era el Club Defensor del Cerro”.

El club no dispuso de calefacción, acusando que no funcionaba el sistema, y por esa razón también señaló que González “podría haber clausurado. Lo agarra a (Javier) Camgrós y le dice que el lugar no es apto y listo. No le importa la gente que tiene que proteger y defender. Es una vergüenza. Lleva casi 7 años en el cargo y no ha hecho nada por mejorarnos la calidad de vida”.

Por otra parte destacó que el personal de Andis siempre intentó acelerar el proceso, asegurando que su atención duró alrededor de cinco minutos porque tenía todos los papeles en regla y ordenados. “Les agradecí porque los tipos por lo menos respetaron que habíamos llegado primero”, indicó.

A pesar de no tener simpatía con el Gobierno Nacional, e incluso expresarse muy en contra de las medidas de Javier Milei, el hombre de 65 años diferenció el operativo dispuesto por la Agencia Nacional de Discapacidad del acompañamiento municipal. “Lo que tenía que haber puesto el Municipio fue desastroso. Discapacidad y Adultos Mayores no está a la altura. No vi a nadie, nadie nos fue a proteger”, concluyó.

Luego de una primera jornada marcada por el desorden, la espera y la falta de organización, el operativo por la auditoría de pensiones no contributivas por invalidez laboral retomó su curso con una dinámica “más organizada” en las instalaciones del club Defensores del Cerro, según lo indicado por Anses.

El procedimiento, que se extenderá hasta mañana, forma parte de una instancia nacional impulsada por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) para verificar el cumplimiento de los requisitos que establece la ley para acceder al beneficio. Según datos locales, alrededor de dos mil personas en Tandil cobran este beneficio.

El diálogo con La Mañana de El Eco (104.1 Tandil FM, EcoTV y El Eco Streaming) el director de la Regional de Anses Gonzalo Santamarina ratificó que el operativo en el club Defensores del Cerro “se pudo modificar” y “acomodar” en virtud de las necesidades de los asistentes, por lo que resaltó que “está ordenado con números y turnos”.

Explicó que el caos y la desorganización fue producto del inicio de un proceso “desconocido”, al que el Gobierno nacional convocó debido a que “se malversó la herramienta”, justificó rápidamente.

En ese sentido, argumentó que “se terminó usando como un programa social sin distinción y se le dio a mucha gente que no le correspondía tenerla”.

Indicó que en Tandil unas dos mil personas reciben este subsidio, mientras que otras 800 acceden a “otro tipo de pensiones”, y aclaró que en esta instancia no fueron citados los menores de 18 años.

“La auditoría busca básicamente asegurar que la ayuda le llegue a aquel que cumple con los requisitos de la ley”, sentenció el funcionario de la delegación regional del organismo nacional, que insistió que “nos vimos obligados como Estado a ordenar esta situación y convocar a esta auditoría”.

“Muy ordenada la tarea”

Al volver sobre el procedimiento, Santamarina reconoció que el operativo fue “desordenado” y señaló que la responsable de la UDAI de Anses Sofía Zeme acompañó el desarrollo de la jornada junto con parte del equipo de la dependencia “colaborando, intentando ordenar el inicio. Hoy está muy ordenada la tarea y eso es lo importante”.

Asimismo, y en razón del escenario que se generó en la institución deportiva, observó que en la jornada de arranque de la auditoría se presentaron personas que “no tenían turno para ese día y otros que fueron muy temprano. Entonces, estaban todos y había horarios”.

De todos modos, ratificó que el procedimiento quedó “absolutamente ordenado” y desligó a Anses de la responsabilidad en la organización al señalar que “no estuvo a cargo nuestro” y que “el rol de Anses es otro”.

“Es una auditoría de la Andis, no es una auditoría nuestra. Nosotros estamos colaborando simplemente en el paso siguiente”, aclaró sobre la instancia a la que deberán acceder los beneficiarios en el marco del procedimiento iniciado.

“Nosotros vinimos a hacer cumplir la ley. Entonces, la persona que reúne los requisitos para cobrar la pensión no contributiva no va a tener ningún inconveniente”, certificó el funcionario.

-¿Van a llegar a todos los beneficiarios?

-Hasta el jueves vamos a estar atendiendo. Está Sofía Zeme con parte del equipo facilitando la obtención del turno para después seguir el proceso en Anses. Nuestra tranquilidad es que todo esto está orientado a que quien realmente le corresponda el beneficio lo tenga y ojalá esto vaya en algún momento liberando recursos para que también los niveles de los beneficios se puedan mejorar, pero con 1,2 millones de beneficiarios se hacía imposible y es una gran estafa al mundo de la discapacidad. Los que ahora se llenan de la boca criticando algunas cuestiones, esto empieza por una estafa anterior que hace que nosotros hoy estemos administrando pobreza.

“Una auditoría de Andis”

-¿Es una auditoría externa?

-Es una auditoría absolutamente objetiva también. No es una auditoría de Anses, es una auditoría de Andis. Anses entra después que sucede la auditoría, que el médico auditor y los colaboradores reciben la documentación, hacen las preguntas de rigor, dan el certificado a esa persona de su asistencia. Y toda esa documentación se va a cargar a través de Anses, y es ahí donde entra el organismo, después de finalizada la instancia de la auditoría. Deberán sacar un turno en Anses y acudir ese día a presentar toda esa documentación que le indicó el auditor y sus colaboradores. Se carga esa documentación en Anses y termina en Andis para la evaluación final. No se le va a sacar (la pensión) a nadie que le corresponda y el que por alguna razón no pudo concurrir, lo mejor es que concurra, pero si no pudo hay una segunda instancia: en 60 días habrá una nueva auditoría. 

-¿A cuánto asciende el monto?

-Es un monto mensual establecido está cerca del monto de la jubilación. Un poco más de 300 mil pesos. El Estado quiere acompañar y debe acompañar de alguna manera. Creo que hay que mejorar un montón en este aspecto, en todos los niveles.

-¿Tiene el número de cómo creció en 2023 el número de pensiones?

-No, lamentablemente no lo tengo, pero puedo decir que fue exponencial y eso fue lo que prendió todas las alarmas.

-¿Cuándo van a tener los datos?

-El proceso termina el jueves. Igual esto es dinámico porque habrá un segundo llamado a auditoría entre los 45 y los 60 días y a la gente se le va a dar la oportunidad de, cuando junte la documentación, la pueda presentar en Anses.

El corazón del barrio Las Tunitas se vio transformado ayer, a partir de la movilización de cientos de personas con discapacidad y sus acompañantes para cumplir con la auditoría obligatoria para titulares de pensiones no contributivas por invalidez dispuesta por el Gobierno nacional. Se espera que hasta el jueves venidero se acerquen unos 1600 vecinos de Tandil y localidades rurales en procura de no perder el beneficio y la cobertura de la obra social Incluir Salud.

En el salón principal del club Defensores del Cerro, ubicado en Bolivia 465, una fila de cientos de vecinos aguardó durante varias horas para realizar la primera presentación que certifique la condición del pensionado por invalidez. Cumplimentada esa primera carga de datos en el sistema de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), tendrán 30 días para culminar el trámite en Anses. Desde la UDAI Tandil del organismo de la seguridad social remarcaron la importancia de reservar un turno, teniendo en cuenta que solo pueden otorgar 90 por día, por lo que temen que se genere un “cuello de botella” ante la demanda de los auditados.

A pesar de la espera y de la falta de organización del operativo, antes del mediodía el humor que se percibía entre los asistentes era de mansa resignación, combinada con la angustia por el temor a perder la pensión y la obra social.

Algunas personas lamentaban la distancia recorrida para llegar a Las Tunitas. En algunos casos, manifestaron que arribaron a destino tras tomar dos colectivos, otros pidieron colaboración a familiares que los llevaron y los que no tuvieron más remedio, debieron hacerle frente al costo del servicio de remís.

En paralelo, trascendió que el Municipio organizó el traslado en combi desde María Ignacia (Vela) para que los vecinos de la zona rural pudieran acercarse a concretar el trámite obligatorio.

Según trascendió, el equipo auditor pertenece a PAMI, está integrado por cuatro personas y se trasladó desde Necochea, en respuesta a la convocatoria de Andis. La dependencia nacional tenía contacto previo con un colaborador del club Defensores del Cerro, que ayer se encontraba asistiendo en el operativo.

Ante el caos de la primera jornada, comenzaron a atender 45 minutos antes de las 9 –hora prevista para la apertura- debido a que hubo vecinos que desde las 5 de la madrugada estaban esperando en las puertas del club. En tanto, anticipaban para hoy alguna mejora tendiente a organizar la demanda, como entregar números en el acceso que les permitan a los concurrentes con discapacidad esperar sentados en lugar de hacer fila durante horas. Esto atento a que se registraban centenares de personas citadas en el mismo horario.

En diálogo con El Eco de Tandil, la responsable de la UDAI Tandil de Anses, Sofía Zeme, explicó que los miembros del equipo auditor de Pami “son los que en primera instancia reciben la documentación que cada persona trajo al momento de su citación, verifican que esté todo y si está todo okey, completan este primer paso”.

En tanto, además de la documentación, el personal de PAMI actualizaba los datos de contacto de cada beneficiario de una pensión no contributiva por invalidez. “Si a las personas les faltara algo en esta instancia, lo que están haciendo es darles una constancia de que se presentaron, pero les van a decir que los volverán a citar de acá a dos meses. Es decir que va a haber una segunda tanda de convocatoria”, informó.

De ese modo, Sofía Zeme destacó que “eso está bueno porque hay mucha gente preocupada porque no tiene un informe, no tiene la historia clínica actualizada, documentos que necesitan para validar las pensiones y hoy no los tienen, por eso está bueno tener esa segunda oportunidad”.

Tanto desde el club como de la UDAI de Anses deslindaron responsabilidades en cuanto a la organización del operativo que fue masivo, caótico y que no tuvo en cuenta aspectos básicos como la disposición de una ambulancia por prevención, ni elementos de apoyo como alguna silla de ruedas o andadores para facilitar la movilización de personas con discapacidades diversas. 

En tanto, Marcelo Urtiaga, quien ofició de nexo entre la institución de Las Tunitas y Andis, señaló que se otorgaron muchos turnos a la misma hora “porque hay muchas personas con discapacidad, entonces nosotros tenemos el club lunes (por ayer), martes, miércoles y jueves”.

Poco antes del mediodía de ayer, estimaba que se convocarían más de 500 personas para la auditoría hasta cerca de las 15. En tanto, consultado sobre si estaba de acuerdo con la modalidad del operativo, admitió que “sinceramente no, porque es gente que tiene discapacidad” y ratificó que desconocía quién había diseñado el dispositivo de atención.

“Fueron citados todos con carta documento, y nosotros estamos al servicio de hacer lo que nos corresponde, después se verá”, dijo y resaltó “la empatía” para recibir a las personas, aunque evaluó que “a la gente le decís que se sienten por horario de citación y quieren estar parados, otros no. Tratamos de sobrellevar de la mejor manera que se pueda, con la empatía también porque hay gente que tiene distintos tipos de problemas, como gente en silla de ruedas, entonces tratamos de atender a esas personas. Si bien todos tienen prioridad, vuelvo a la empatía”.

“El organismo Anses no tenemos nada que ver con las citaciones y todo lo anterior”, aclaró Sofía Zeme, aunque confirmó que “colabora con la carga de documentación, porque la persona una vez que pasó por acá, se le da la constancia de que vino, que presentó todo y esa documentación la puede mandar o por correo postal, o hacerlo por trámite a distancia por internet o presencialmente en una oficina de Anses, que es un trámite con turno”.

Explicó que los vecinos podrán sacar turno desde hoy, tanto para la oficina de Pinto y Chacabuco como en la de María Ignacia (Vela), donde los trabajadores escanearán la documentación, la subirán al sistema y entregarán una constancia de trámite realizado.

“Recién ahí, en realidad, tiene injerencia Anses. Demás está decir que en todos los días previos hemos recibido un montón de gente con la preocupación de si lo citaron o no”, dijo y apuntó a que la carta documento daba la dirección del club, “no es un hospital o un lugar que se asociaría con algo de salud, entonces hemos estado recibiendo a personas con estas inquietudes”.

Por otra parte, expuso que hace unos días accedieron a un número telefónico para consultar sobre pensionados por invalidez que no habían recibido la citación, por caso, por cambio de domicilio. “Sabemos que el Municipio estaba trabajando de manera parecida”, reconoció y añadió que “nuestra preocupación más grande es que se enteren”, pero advirtió que no podrán acercarse al club si no fueron citados.  

La funcionaria reconoció que los canales de comunicación informados por Andis para evacuar dudas o dar aviso sobre la imposibilidad de presentarse a la cita “están saturados” debido a que el operativo se desarrolla en todo el país.

“Lo que nos preocupaba al principio, como no recibimos base de datos de las personas convocadas, hasta ahora no tenemos manera de saber si recibieron la carta o no porque todo este proceso de convocatoria parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, es ajeno a nuestro organismo, entonces no teníamos ese material como para decirle a la persona si fue citado o no. Lo que sabemos es que los menores no están siendo citados, que tampoco las personas que han sido auditadas en 2024 porque esto no es nuevo”.

La funcionaria consideró que era responsabilidad de los beneficiarios mantener actualizado el domicilio de residencia. En paralelo, admitió que las personas citadas que no se presenten “probablemente haya una segunda instancia, no lo sabemos porque no depende de Anses, pero esa persona que no viene, no se presenta o que no se comunica, corre el riesgo de que la pensión sea suspendida”.

Aclaró que en primera instancia “queda suspendida. Después si alguien se entera que le suspendieron el beneficio se acercará a Anses a hacer el reclamo, vemos el motivo y si fue porque no se presentó en la auditoría, vamos a tener un mecanismo para tratar de convocarlo y de que se vuelva a habilitar si es que le corresponde”.

Sofía Zeme expuso que “las auditorías corresponde hacerlas, de hecho están en la ley, en los decretos reglamentarios, y obviamente, lo que a nosotros nos preocupa es que realmente llegue la oportunidad al que está haciendo uso de un beneficio que necesita. Por eso está bueno que puedan presentar la documentación y el que está todo en orden no va a tener inconveniente, la pensión sigue su curso”.

En tanto, aclaró que “una pensión por invalidez laboral cumple dos requisitos. Por un lado, está la incapacidad y por otro, que esté realmente en una situación de vulnerabilidad socioeconómica. Por eso después hay un cruzamiento de datos para ver si se otorga o no”.

La titular de la UDAI confirmó que hay vigentes en Tandil unas 2300 pensiones no contributivas, “pero dentro de ese universo hay menores que no convocaron, otro tipo de pensiones que tal vez no son por invalidez laboral y que no están convocadas, pero en esta semana son cuatro días y las personas citadas son 1600 y pico en Tandil”.

En cuanto a la presunción de irregularidades en beneficios otorgados, afirmó que “sabemos de casos puntuales. La gente que a veces está muy preocupada es porque sabe que frente a esto es muy probable que se le dé de baja porque no cumple los requisitos, o bien ya no la necesita, o en su momento era un mecanismo de ayuda pero que tal vez no pasaba por todos los controles, entonces se le estaba dando una pensión a una persona que en realidad no le correspondía, o sea que el derecho no debía haber sido para él en primera instancia”.

Consultada por el monto mensual, precisó que la pensión no contributiva representa el 70 por ciento de la jubilación mínima, por lo que ronda los 270 mil pesos, más la cobertura de Incluir Salud.

Por otra parte, Sofía Zeme informó que la segunda presentación para los titulares de pensiones no contributivas por invalidez se deberá realizar en Anses a través de algunos de los tres mecanismos señalados en la carta documento: se puede enviar por correo copia de la documentación a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), hacer el trámite a distancia cargando la documentación en la página web o presencia en la oficina de Anses más cercana.

La funcionaria consideró que muchos optarán por la atención presencial, para lo cual “hay que sacar turno a través de la página de Anses, pasando por la oficina en las TAE -que son las Terminales de Autoservicio- o pidiendo al personal que le saque un turno”.

Aclaró que para obtener un turno no hace falta que asista el titular, ni un curador o alguien autorizado, lo puede hacer un vecino, amigo o allegado, ya que se trata de elegir el día y la hora para asistir a la dependencia.

A la cita en Anses, los pensionados deberán llevar el DNI, la documentación de salud y la constancia de que se presentaron en Bolivia 465, en la primera instancia de la auditoría. “Recién ahí termina el circuito”, dijo y aclaró que tendrán 30 días desde la entrevista en Defensores del Cerro para completarlo.

“Tenemos una capacidad operativa por el sistema que nos dan 90 turnos por día. Es decir que si las personas empiezan a postergarlo y caen todas juntas, se va a complicar”, alertó.

El Municipio de Tandil continúa asesorando a todas las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Si bien las asesorías formales terminaron el viernes 11 de julio, desde la Comuna informaron que la Dirección de Discapacidad y Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat -ubicada en Av. Del Valle 757-, permanecerá abierta para consultas y acompañamiento durante los próximos lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de julio. Serán los días que el Gobierno Nacional dispuso para realizar las auditorías que determinarán quiénes conservarán las pensiones.

“Vamos a estar disponibles en la Secretaría de Desarrollo Humano en el área de Discapacidad para los vecinos que tengan alguna consulta o alguna duda, y poder recepcionarla”, precisó Lucía González, a cargo de la mencionada Dirección.

Cabe recordar, el gobierno nacional anunció que llevará a cabo una  Auditoría de Pensiones No Contributivas por invalidez laboral, cuyo objetivo es “constatar que se mantienen los requisitos y que este beneficio llegue solamente a quienes realmente lo necesitan”, según consta en el portal web de la administración central.

Sin embargo, la iniciativa fue criticada por sectores referentes y organizaciones vinculadas a personas con discapacidad. El Concejo Deliberante local también se manifestó al respecto, y aprobó por mayoría una resolución que cuestionó la modalidad de revisión.

En concreto, las auditorías tendrán lugar en Tandil durante el lunes 14, el martes 15 y el miércoles 16 en la sede del club Defensores del Cerro. Gran parte del universo de 2300 beneficiarios de la ciudad habrían recibido la carta documento con el turno correspondiente. 

Sin embargo, no hubo contactos del gobierno nacional -o de sus representantes en organismos con sede local-, con el Municipio. Ante la cantidad de vecinos que se acercaron a la Secretaría de Desarrollo Humano para consultar qué pasos debían seguir, la Comuna habilitó las asesorías por las que ya pasaron alrededor de 900 personas. 

En diálogo con El Eco de Tandil, Lucía González no se manifestó en contra de las auditorías sino de “las formas en las que se plantea”.  Compartió que el objetivo de las asesorías es el de “acompañar a las personas que recibieron la carta de documento y a las que no, que son beneficiarios de una pensión no contributiva, entendiendo en principio que la carta documento, como ya se dijo en todos lados, no es clara, ni es accesible, ni tiene en cuenta los ajustes razonables, ni las particularidades de la población a la que se dirige. Porque lo primero y lo más importante que se le solicita a las personas es que tienen que acreditar su situación de salud actualizada. Entonces lo que hicimos, en conjunto con el Sistema Integrado de Salud, es generar este dispositivo de asesoramiento para que la gente llegue con la mayor cantidad de herramientas y de documentación posible al día de hoy”.

Tras habilitar instancias de asesoramiento tanto en Tandil como en María Ignacia Vela, Gardey y De la Canal, se atendieron aproximadamente a 900 personas. “El Gobierno Nacional dejó trascender que se va a auditar a todas las personas beneficiarias de una pensión no contributiva por invalidez, por eso lo que estamos haciendo es utilizar la base de datos interna para poder comunicarnos con la gente y preguntarles si recibieron la carta de documento o no, y en todo caso decirles que tienen que estar”, agregó González.

Por tal motivo, desde la Comuna invitaron a acercarse a todas las personas con discapacidad, o familiares, hayan recibido o no la carta documento mencionada.

“No hubo información oficial ni un contacto del Gobierno Nacional con el Municipio. Tomamos conocimiento porque empezaron a acercarse  personas al área de Discapacidad y a los diferentes centros de salud de los barrios con la carta documento en mano, preguntando qué tenían que hacer con eso. Inmediatamente lo que hicimos fue empezar a investigar, tratamos de comunicarnos con la Agencia Nacional de Discapacidad pero está desmantelada, no tienen estructura propiamente, y por los números públicos tampoco pudimos comunicarnos. Entonces empezamos a tener en cuenta experiencias de otros municipios, a ver qué información había ya cargada por la Agencia Nacional y lo que les transmitimos a las personas en realidad es que si no recibieron la carta documento, es posible que no la hayan recibido porque no tienen el domicilio actualizado. Entonces no reciben la carta pero es su obligación, y esto tiene que ver con el atributo de la pensión, en el momento que se asigna, informar a la Andis cuál es su domicilio. Por lo cual ahí hay un gris legal, donde la persona de alguna manera es la responsable de tener que notificar”, explicó la directora.

Entre los casos que recibieron, contó la funcionaria, se encontraron con “cartas que no se repartieron pero por ahí no se recibieron y con gente que tal vez ya está asesorada y ya sabe lo que tiene que hacer y con gente a la que todavía lamentablemente no pudimos llegar. Pero refuerzo esto de que se acerquen, ya que vamos a estar ahí”, concluyó.

El Senado convirtió hoy en ley el proyecto que aumenta los haberes jubilatorios en un 7,2 por ciento y eleva el bono de 70.000 pesos a 110.000, además del proyecto que extiende la moratoria previsional, con lo que aplicó un duro golpe al gobierno del presidente Javier Milei, quien ya había advertido que vetaría esas iniciativas por atentar contra el equilibrio fiscal. Además, dieron el si a la emergencia en discapacidad.

El proyecto que incrementa las jubilaciones y el bono fue sancionado por 52 votos y 4 abstenciones; los votos fueron aportados por peronistas, radicales y partidos provinciales, con lo que se superaron los dos tercios de los sufragios. Del mismo modo, la moratoria resultó aprobada por 39 votos afirmativos, 14 negativos y una abstención.

Una de las tantas particularidades de la sesión fue que se cayó el sistema, lo que podría abrir más frentes de discusión.

Antes de la votación, La Libertad Avanza (LLA), el grueso del PRO y otros representantes de partidos provinciales decidieron ausentarse: los libertarios no reconocen la sesión y sostienen que la judicializarán.

La sesión inició pasadas las 14:15, luego de que la oposición lograra reunir el quórum aportado por los 34 senadores del interbloque peronista, a los que se sumaron el presidente del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, y sus pares de bancada Martín Lousteau, Favio Fama, Pablo Blanco y Maximiliano Abad.

También lo hicieron el jefe de la bancada Las Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola; la cordobesa Alejandra Vigo y la rionegrina Mónica Silva; se sumaron los santacruceños que responden al mandatario Claudio Vidal, Natalia Gadano y José Carambia.

Después de una hora y media de discusión para imponer el temario, primó la iniciativa del peronista José Mayans, que también impuso con mayoría su criterio de considerar válidos los despachos -objetados por los libertarios-, por lo que de esa manera se inició el debate por los proyectos aprobados.

El primero en tomar la palabra fue el senador peronista Mariano Recalde, que defendió el proyecto aprobado por Diputados, aunque reconoció que esa mejora “es mínima” ya que alcanza a “cubrir solo” para pequeños gastos, aunque destacó que ese incremento está solventado con las propuestas de financiamiento que se han incluido en esa iniciativa.

“El proyecto cuenta con fuente de financiamiento propia que permitiría llevar un pequeño alivio a los jubilados y responder fiscalmente a esta necesidad. También se plantea el redireccionamiento de las partidas que el Poder Ejecutivo asignó para la SIDE”, agregó Recalde.

A su turno, la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero expresó su rechazo al proyecto aprobado en la Cámara de Diputados y dijo que se deben estudiar otras propuestas si se quiere ayudar a los jubilados, como la situación del empleo, para tratar el problema del trabajo sin registrar.

Señaló que le “preocupan los jubilados y si de verdad queremos ayudarlos debemos tomar el toro por las astas y resolver entonces el problema de diez millones de trabajadores argentinos que están en la informalidad y no aportan”.

Por su parte, Tagliaferri se lamentó de que el año pasado un grupo de diputados hayan avalado el veto Milei y sostuvo: “La casta para el Gobierno son los jubilados. Por más que digan desde el relato cosas distintas”, aunque votó contra la moratoria previsional.

A su vez, la senadora Silva indicó que “es muy importante que hoy logremos la aprobación de esta ley y apelemos a la sensibilidad del Gobierno para que sea aplicable”.

El proyecto de jubilaciones ratificó el decreto presidencial 274/2024, que establece que las jubilaciones y pensiones se actualizarán de acuerdo al índice inflacionario.

En su paso por la Cámara baja, a propuesta del diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot, se incorporaron artículos para financiar el aumento de las jubilaciones y del bono.

En ese sentido, se propone incorporar un artículo para establecer la derogación de la exención del impuesto del IVA a los directores de empresas, de ganancias a las sociedades de garantías recíprocas, y establece que se deben readecuar las partidas para utilizar los 32.616 millones de pesos que le corresponden a la SIDE.

También propone usar el ahorro de la baja de tasa del FMI y la nacionalización de los recursos que se recaudan por los registros del automotor.

Otro punto del proyecto se refiere a las cajas jubilatorias y en ese sentido dispone que la Anses transferirá antes del 20 de cada mes a las Provincias que no cedieron sus cajas previsionales a la Nación un anticipo mensual equivalente a una doceava parte del último año.

La moratoria previsional establece que las personas en edad jubilatoria -hombres desde 65 años y mujeres desde 60- sin llegar a los 30 años de aportes puedan regularizar sus deudas previsionales y, de esa manera, cobrar la jubilación mínima, con el descuento correspondiente al plan de facilidades de pago en cuotas.

Sin la moratoria, solo podrán acceder a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) a los 65 años y pasar a percibir el 80% del haber mínimo jubilatorio, sin derecho a recibir pensiones por viudez, en tanto accederán a este plan unos 440 mil trabajadores en dos años, ya que solo podrán acceder quienes cumplan determinados requisitos.

El Senado también convirtió en ley la declaración de emergencia en materia de atención pública a las personas con discapacidad. Fue por unanimidad de los 56 legisladores presentes.

La iniciativa fue sancionada luego de un breve debate en el que se destacó la intervención de Luis Juez (Pro-Córdoba), que con la voz quebrada, es padre de una niña que tiene parálisis cerebral, abogó por el voto a favor de actualizar los valores que perciben transportistas, terapeutas y maestras integradoras.

“El estado tiene que hacerse responsable y esto no es un gasto. No importa cuanto afecta, nuestros hijos no son un numero, no son parte de una contabilidad”, sentenció Juez, rebatiendo los argumentos del Poder Ejecutivo en defensa del equilibrio fiscal.

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con un proceso de auditoría sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral generó preocupación en Tandil. Mientras los beneficiarios comenzaron a recibir citaciones formales con plazos para revalidar sus estudios médicos, el Municipio habilitó espacios de asesoramiento y acompañamiento para brindar asistencia a quienes deben cumplir con los requerimientos.

La decisión se fundó en las consultas que llegaron a las dependencias comunales y ante la falta de certezas y coordinación en torno al procedimiento convocado por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) para revisar pensiones por discapacidad.

Ante la situación, las autoridades locales buscaron obtener información oficial sobre el procedimiento, pero aseguraron no haber recibido respuestas concretas. “El panorama es de incertidumbre”, planteó la subsecretaria de Desarrollo Humano y Hábitat del Municipio María Eugenia Civalleri.

En diálogo con el ciclo Último Bondi (104.1 Tandil FM, EcoTV y El Eco Streaming) la funcionaria reconoció que si bien las auditorías son un mecanismo válido de control, cuestionó las formas y la falta de información precisa que afectan a las familias involucradas. También expuso las dificultades para obtener detalles en Anses y alertó sobre el impacto que genera en los beneficiarios.

“Son estos mecanismos intempestivos donde no se articula, no se planifica y uno no encuentra con quién hablar estos temas. Escribimos a Andis y no hay respuesta, en Tandil no tiene agencia, Anses no sabe nada. Entonces es complejo”, resumió.

Estado de situación

En primer lugar, contextualizó que el Municipio se enteró de la decisión de impulsar auditorias en el momento en que los vecinos comenzaron a presentarse en la sede de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat “con la carta documento en mano con la citación para los días 14, 15, 16 y 17 de julio de en el club Defensores del Cerro, en Bolivia 456”.

Este escenario “nos preocupó enseguida” ya que “quisiéramos que estos sean mecanismos que se puedan articular entre los diferentes niveles del Estado para poder garantizar un proceso lo más certero y ordenado posible". Sin embargo "esto no fue así”.

En función de esta situación, junto con la Dirección de Discapacidad a cargo de Lucía González enviaron un mail a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) con una consulta sobre la metodología y “qué cuestiones podíamos también facilitar y acompañar al momento de realizar las auditorías”.

“Hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta”, aseguró, por lo que “empezamos a comunicarnos también con quienes entendemos que deberían estar implicados” en el proceso, en concreto, las autoridades locales de Anses.

En efecto, la funcionaria confirmó que mantuvo una conversación telefónica con el titular de la Regional I Bonaerense del organismo nacional Gonzalo Santamarina y con Sofía Zeme, a cargo de la UDAI. 

“El panorama que yo vislumbro es de bastante incertidumbre”, observó y marcó la existencia de “muy poca certeza en relación al procedimiento”. Este abordaje llevó a la administración comunal a tomar intervención para brindar asesoramiento a los vecinos alcanzados por esta situación dado que “veíamos que eran cientos de vecinos los que se empezaron a acercar a la secretaría” y a los centros de salud de los barrios y en Salud Mental.

Estimó que recibieron a aproximadamente 350 personas en los últimos 20 días con inquietud sobre las auditorias. “Es un número claramente significativo”, afirmó la subsecretaria.

“Las formas, los modos y la incertidumbre”

Asimismo, la subsecretaria insistió en que la auditoría es un “mecanismo válido de contralor” y que “tiene que estar”, por lo que negó cuestionamientos en torno al procedimiento.

Sin embargo, interpuso objeciones en cuanto a “las formas, los modos" y alertó sobre "la incertidumbre con la cual se transitan, no solo para nosotros como Estado y como responsables locales, sino también para los vecinos y para las cientos de familias que recibieron esta información”.

Civalleri dijo que desconocen la cantidad de personas que están alcanzadas con esta medida ante la falta de información oficial. De todos modos, señaló que solicitaron los datos a Anses “porque así sabríamos la magnitud y podríamos pensar algún dispositivo de acompañamiento”, inclusive “pensando en la cuestión de salud”.

En tanto, consideró que resulta importante que los convocados se presenten en el día en que fueron citados y que “posteriormente a esa fecha tendrán 30 días para presentar algún certificado o alguna constancia médica”.

Imprecisiones

En otro pasaje de la entrevista radial, la subsecretaria volvió a referirse al intercambio que mantuvo con el titular de Anses, a quien “le preguntamos si esa era la dirección correcta” a la que tenían que acudir los vecinos en las fechas mencionadas “y las respuestas eran ‘al parecer es esa la dirección’, ‘no estamos en conocimiento’, ‘mandamos a consultar’, ‘lo chequeamos’”.

“Esas son las respuestas que obtenemos de los representantes de Nación en el territorio cada vez que queremos tener algún conocimiento del operativo”, cuestionó Civalleri, que advirtió que “hasta comienzos de esta semana el club no estaba confirmado”.

-¿Desde Anses están derivando al Municipio para hacer la consulta?

-Sí, esto es así. En cabeza de la directora de Discapacidad fue que empezamos a articular con el Sistema Integrado de Salud Pública la posibilidad de hacer estos espacios de asesoramiento y de facilitar la mayor cantidad de herramientas para la gente que se acercara. Hoy (por ayer) al menos cuatro o cinco personas se acercaron con folletos impresos, que eran las placas que nosotros hicimos circular públicamente en estos días respecto del espacio de asesoramiento. Pensemos que la gente está recibiendo la carta de documento, que referencia al organismo Anses como una entidad que debiera estar asesorando al respecto y ni siquiera los trabajadores de la institución están en conocimiento de qué le tienen que decir a la familia o a cualquier persona que se acerque a consultar con esta inquietud.

-¿Qué mirada tiene frente a esta manera de comunicar, pero también de gobernar o de accionar?

-Me voy a permitir dar una apreciación que la vengo compartiendo con el equipo. Creo que hay cierta animosidad en estas maneras de proceder. Uno como funcionario público tiene responsabilidades en los lugares en los que está ejerciendo una función pública. Lo que no acuerdo es la cantidad de familia en este caso que quedan rehenes y presas de esta situación. Lo que veo es un desentendimiento absoluto porque todas las respuestas que tenemos son de esa índole, de ‘lo preguntamos’, ‘lo consultamos’, ‘no lo sabemos’. Por lo cual entiendo que hay cero empatía con esta situación y hay mucha animosidad. Creo que hay mucha animosidad y desprecio para con estos temas y me parece bastante grave también qué es lo que se busca trasladar a la comunidad. Por ahí se busca el titular ‘se sacaron tantas pensiones truchas’, trasladar ese mensaje a la sociedad con uno o dos casos polémicos y queda en el medio un montón de gente. Hoy esa pensión son 300 mil pesos, pero para muchas familias es la principal herramienta de subsistencia, ni más ni menos que eso. Entonces eso es lo que a mí me preocupa, que veo que hay animosidad con querer instalar el tema y diciendo ‘hicimos una limpieza del Estado, sacamos cosas que antes estaban mal’ y en ese afán se llevan puesta a un montón de gente que hoy cuenta con esa pensión como una herramienta de subsistencia.

Cientos de tandilenses que perciben pensiones no contributivas por invalidez recibieron notificaciones en sus domicilios, a través de cartas documento de Andreani, para presentarse a una auditoria de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), organizada junto a Anses. Ese operativo se realizará entre el 14 y el 17 de julio en Bolivia 465, sede del club Defensores del Cerro, en Las Tunitas. La asistencia es obligatoria para no poner en riesgo el beneficio y los citados deberán llevar DNI, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y estudios médicos que acrediten su condición de salud.

La citación es para aquellas personas que reciben una pensión del Estado nacional por invalidez laboral. Es importante que quienes se hayan mudado después de haber tramitado el CUD, se dirijan a Anses a realizar el cambio de domicilio. “En este caso es una obligación del titular de esa pensión notificarse”, explicó Lucía González, directora de Discapacidad y Adultos Mayores del Municipio de Tandil.

“La auditoría es válida, está bien que el Gobierno la pueda llevar adelante. La primera cuestión a subrayar son las formas. En este caso nosotros tomamos conocimiento de que esto estaba ocurriendo en la ciudad porque se acercaron los vecinos al área de Discapacidad con la carta documento, a consultar”, expuso Lucía González.

En ese sentido, lamentó la ausencia de una comunicación previa de Nación con el Municipio para que pudiera organizar el operativo de otra manera, “siendo que conocemos el territorio” y reiteró que la gente empezó a acercarse al área de Discapacidad de la comuna, a los centros comunitarios y a Salud Mental, preocupada por la citación.

La funcionaria informó que ya recibieron a unas 350 personas, quienes preguntaban qué implica acreditar la condición de salud y qué pasa si no pueden asistir el día del turno, teniendo en cuenta que en muchos casos presentan problemas de movilidad.

Surgida la demanda, indicó que desde la comuna ya transitaron más de dos semanas acompañando y asesorando a los notificados para que puedan asistir al turno, “porque es una obligación presentarse el día de la citación, con la documentación pertinente y sabiendo a qué van”.

En tanto, cuestionó que “hay algo que se ha perdido de vista que tiene que ver con la accesibilidad” y puso como ejemplo la situación edilicia, “el lugar donde se cita, que podríamos haberlo hecho descentralizado, de otra manera”.

Y remarcó que “es algo que entendemos que la Agencia Nacional de Discapacidad, en conjunto con Anses, han decidido ser ellos quienes directamente se comunican con los beneficiarios y en este caso, no hacer partícipe al Municipio como intermediario del proceso”.

La directora de Discapacidad informó que, entre otros requisitos, los beneficiarios deberán llevar al turno estudios médicos o historias clínicas actualizadas con fecha de hasta seis meses previos a la cita. “Nos encontramos con personas que tienen una condición irreversible, con lo cual no han tenido que ir al médico por esa situación, que no tienen estudios recientes, con lo cual trabajamos muy articulado con el Sistema Integrado de Salud, con los centros de salud, con Salud Mental, pensando siempre que la mirada nuestra está puesta en que ese vecino pueda llegar con la mayor herramienta posible, y que en todo caso, será la Agencia Nacional después quien define qué pensiones está bien que continúen otorgadas y cuáles no, pero que tengan la posibilidad de presentar la documentación correspondiente”.

En ese sentido, remarcó la preocupación por “los plazos”, teniendo en cuenta que “son tres semanas y después hay un mes en el cual la persona tiene tiempo para mandar, vía mail, o de acercarse a Anses, con la constancia de que concurrió el día correspondiente y la documentación que falta”.

En simultáneo, transmitió que “eso genera temor, incertidumbre, no saber cómo actuar, no saber cómo acreditar algunas cuestiones. Obviamente, que acceder a obtener un turno con un neurólogo de acá a un mes es complejo”.

Lucía González informó que  “hoy una pensión no contributiva son alrededor de 300 mil pesos, y están pensadas para promover derechos, es una herramienta de protección social del Estado” y reparó en que “para una persona, que por ahí es su único ingreso y está en juego, se lo pueden quitar por no presentar una documentación, pensando siempre en los casos en donde esa pensión está bien que la tenga esa persona”.

Frente a esta situación, hoy y mañana, estará en marcha un dispositivo de asesoramiento y contención organizado por el área de Discapacidad del Municipio junto al SISP, en el Espacio de Referencia ubicado en Las Heras 1150, de 9 a 13. En ese ámbito, personal idóneo de ambas áreas recibirá a los pensionados que hayan recibido la carta documento y que aún no hayan consultado ante el Municipio. Además, el lunes próximo replicarán esta acción en María Ignacia (Vela).

Lucía González recomendó a los vecinos que asisten al centro de salud de su barrio que se dirijan allí, donde el médico y la trabajadora social que los conocen, los van a poder asesorar.

Pidió que en todos los casos lleven fotocopia de DNI, número de historia clínica (de lo contrario la buscarán en el sistema), Certificado Único de Discapacidad (CUD) y estudios médicos recientes, en caso de contar con ellos.

Por último, para aquellos que cobran una pensión por invalidez, se mudar y no realizaron cambio de domicilio, recomendó dirigirse a Anses para notificarse o acercarse al Espacio de Referencia de Las Heras 1150, donde los ayudarán a informar a Andis que no les llegó la carta documento. “En este caso es una obligación del titular de esa pensión notificarse”, advirtió.

Desde el Centro de Día Manos Abiertas, la directora Agustina Collado confirmó que Nación notificó, mediante carta documento del correo Andreani, a algunos concurrentes que tienen pensiones por invalidez, por no poder trabajar.   

“No creo que esté mal la auditoría, el controlar. Lo que creo que está mal es que sea de un momento para otro, porque citaron a todas las familias del 14 al 16 de este mes, y muchos necesitan hacerse controles médicos y el Hospital no da abasto tampoco, están dando turnos para fin de año o el año que viene, y hay que presentarse en julio con todos los papeles. Eso es un problema”, describió.

En consonancia con Lucía González, la profesional recomendó que todos los que hayan recibido la carta documento “se presenten sí o sí al turno, con lo que tengan”.

El paralelo, reconoció que “es muy complejo” para algunas familias asistir al turno en Bolivia 465 (Las Tunitas), en una zona a la que llega un solo colectivo y más aún si el pensionado se encuentra en silla de ruedas, cuando depende de que pase la unidad accesible del transporte público.

En ese sentido, valoró el operativo organizado por el Municipio e invitó a las personas que tengan alguna duda a dirigirse al Espacio de Referencia, en Las Heras 1150, para que los ayuden en este proceso.

Reconoció la angustia de las familias ante la posibilidad de perder la pensión, que “no es mucha plata, es poca pero les pertenece. Es una vergüenza y encima les quieren sacar esa vergüenza a personas que tienen problemas de salud”.

En ese sentido, consideró como el aspecto más relevante de la pensión el contar con una obra social que le permite a los beneficiarios acceder a atenciones pero también asistir a un centro de día o a un hogar.

La quinesióloga Collado resaltó que “lo más importante en estas auditorías es asistir, presentarse y mostrar el certificado de discapacidad vigente, los estudios o una constancia de turno médico”.

En tanto, evaluó que “es toda una movida muy grande que yo no estoy en contra de la auditoría, estoy en contra de la forma en que se hizo. Se tiene que auditar porque hay un montón de personas que tienen una pensión que no les corresponde, porque han tenido un esguince de tobillo, es real, sucede, pero hay un montón de personas que se ven afectadas y tienen un certificado vigente, una discapacidad de por vida. En personas con Síndrome de Down no va a cambiar su condición”.

La profesional remarcó que en la citación “no hicieron diferencia”, convocando a todos. En ese sentido, explicó que “hay muchas personas con Síndrome de Down que están trabajando y no cobran pensión, pero el que tiene 40 años y nunca trabajó en su vida, la realidad es que no va a trabajar, es muy difícil, y aún así los auditan”.