De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en abril de 2026 ingresos por 1.469.768 pesos para no ser considerada pobre en el Gran Buenos Aires (GBA). Este valor surge de la valorización de la Canasta Básica Total (CBT), que además de alimentos incluye bienes y servicios no alimentarios.

En paralelo, el mismo grupo familiar requirió 665.053 pesos para no caer en la indigencia, según el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA). Los datos surgen del informe oficial sobre condiciones de vida, que mide mensualmente el costo de ambas canastas como referencia para establecer las líneas de pobreza e indigencia.

En ese marco, la CBT registró en abril un incremento de 2,5 por ciento respecto de marzo, mientras que la CBA aumentó 1,1 por ciento en el mismo período. En términos acumulados, la CBT mostró una suba de 12,3 por ciento en el primer cuatrimestre del año, mientras que la CBA avanzó 12,8 por ciento en igual lapso. Ambas variaciones reflejan el comportamiento de los precios relevados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires.

En la comparación interanual, tanto la CBA como la CBT registraron aumentos de 32,4 por ciento, siempre según los datos del Indec. Este incremento se traduce en un encarecimiento de los ingresos necesarios para cubrir las necesidades básicas de los hogares.

El informe también presenta distintos tipos de hogares para ilustrar la evolución de las canastas. En ese sentido, un hogar de tres integrantes necesitó 1.170.106 pesos para no ser pobre, mientras que uno de cinco miembros requirió 1.545.872 pesos en abril.

La medición se realiza a partir del concepto de "adulto equivalente", que pondera las necesidades energéticas de cada integrante del hogar según edad y sexo. Para el caso de una familia tipo de cuatro personas, el Indec estima un total de 3,09 unidades consumidoras, que determinan el valor final de las canastas.

El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se actualiza nuevamente en mayo, en el marco de un esquema de incrementos escalonados que el gobierno nacional dispuso para los primeros ocho meses de 2026. Si bien este valor suele definirse a partir del consenso entre el Estado, los sindicatos y el sector empresario dentro del Consejo del Salario, la falta de acuerdo a fines de 2025 llevó al ejecutivo a establecer los nuevos montos por decreto.

Este indicador fija el ingreso mínimo que debe percibir un trabajador por su jornada laboral y funciona como una referencia clave para distintos aspectos de la economía. El salario mínimo correspondiente a mayo se estableció en 363.000 pesos mensuales. En tanto, para quienes cobran por jornada, el valor de la hora quedó fijado en 1.815 pesos.

En comparación con abril, cuando el salario mínimo era de 357.800 pesos, el incremento fue de 5.200 pesos, lo que equivale a una suba del 1,5 por ciento. A pesar de esta actualización, el aumento sigue por debajo de la inflación. Cabe señalar que, a diferencia de las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales, el SMVM no cuenta con un mecanismo de ajuste automático por el Índice de Precios al Consumidor.

Además de estar contemplado como un derecho en la Constitución Nacional, el salario mínimo también se encuentra regulado por la Ley de Contrato de Trabajo. En junio, el monto volverá a incrementarse según lo dispuesto en la Resolución 9/2025.

Este valor impacta directamente en el monto de las jubilaciones, programas sociales, becas, subsidios y cuotas alimentarias. Se utiliza tanto para definir los límites de ingresos necesarios para acceder a asignaciones o ayudas estatales de la ANSeS, como para actualizar valores y calcular distintos beneficios en todo el territorio nacional.

Más de la mitad de los niños y adolescentes permanece en la pobreza en la Argentina, según los datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) con cierre en diciembre de 2025.

El informe que procesó la Agencia Noticias Argentinas muestra que el 53,6% de los menores entre 0 y 17 años no cubre sus necesidades mínimas de alimentación y ambiente social.

Este valor muestra un marcado descenso en los últimos dos años, impactado por una mejora en los ingresos de las prestaciones sociales.

Al inicio del Gobierno de Milei la pobreza afectaba al 62,9% de los niños y adolescentes, ese porcentaje se redujo a 59,7% en 2024 y a 53,6% el año pasado.

La serie que presenta la UCA muestra que la mejor situación se observó en 2011 cuando la pobreza de este conjunto se redujo a 35,7%.

Los primeros saltos se dieron en 2018 (51,7%) y desde 2020 el porcentaje de chicos pobres se mantuvo por encima de 60%.

La baja de la inflación y la política de ingresos sociales del gobierno de Milei modificaron la tendencia.

La UCA presentó ayer los resultados del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia correspondientes al periodo 2010-2025.

El trabajo señaló que la cantidad de hogares que tienen niños y adolescentes entre sus miembros decrece de manera sistemática.

En 1991, el 56% de los hogares tenía miembros menores de 18 años mientras que en 2022 ese valor se redujo al 44%, mientras que, para 2025, se proyectó que todas las jurisdicciones del país estarían por debajo del nivel de reemplazo de 2,1 hijos por mujer.

El informe añade que el 42% del conjunto de niños pobres vive en condiciones insuficientes de saneamiento de vivienda, donde se incluye por ejemplo tratamientos de residuos y cloacas.

Otro dato relevante es que el 61,2% no tiene cobertura médica a través de obra social, mutual o prepaga y la situación se agrava cuando se observa que el 82% no realiza actividades culturales extraescolares. A su vez, el 18% presentó síntomas de tristeza o ansiedad, según sus adultos de referencia.

La incidencia es mayor en la adolescencia (21,2%) y, dentro de este grupo, las mujeres adolescentes superan en riesgo a los varones (24,7% frente a 18%).

Las desigualdades sociales son marcadas: el estrato muy bajo (20,7%) registra el doble de probabilidades de experimentar malestar emocional que uno del estrato medio alto (10,6%). Además, la tristeza o ansiedad aumenta en un 46% la probabilidad de no aprender mucho en la escuela.

En lo que respecta a la formación, apenas la mitad tiene una computadora en la casa y solo el 16% tiene acceso a internet.

Por otra parte, solo el 6,3% de los chicos escolarizados recibe algún tipo de ayuda económica para estudiar. (NA).

La pobreza en niños y adolescentes en la Argentina alcanzó el 53,6 por ciento durante 2025, mientras que la indigencia se ubicó en el 10,7 por ciento. Según los datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) elaborada por la Universidad Católica Argentina (UCA), si bien se registró una baja en los últimos dos años, las privaciones y las fuertes desigualdades sociales en las infancias persisten como un problema estructural.

El informe de la casa de estudios señaló que el dato del último año "trae alivio, pero no debemos confundir una mejora coyuntural con la solución de un problema estructural". En una perspectiva de largo plazo, la pobreza infantil muestra una tendencia ascendente: en 2010 afectaba al 45,2 por ciento de los menores, y tras alcanzar picos históricos en 2023, la mejora actual "el nivel sigue siendo muy superior al de 2010 y, por supuesto, al de los mejores años de la década pasada", indicó la institución.

Uno de los puntos más críticos del relevamiento indica que el 28,8 por ciento de los niños y adolescentes experimentó inseguridad alimentaria en 2025. De ese total, un 13,2 por ciento lo padeció en su forma más severa. Ante este escenario, la asistencia alimentaria trepó al 64,8 por ciento, una marca récord impulsada por el acceso a comedores y la implementación de la Tarjeta Alimentar.

Respecto a la cobertura de transferencias monetarias, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzó al 42,5 por ciento de los niños. Inanina Tuñón, investigadora del ODSA, planteó: "Estas políticas no fueron diseñadas para cubrir por completo los ingresos de los hogares, sino para equiparar el salario familiar de un trabajador formal con el de uno informal. Por eso, es clave mejorar las condiciones laborales de los adultos".

La crisis multidimensional también se refleja en el acceso a la salud. El 19,8 por ciento de los menores dejó de asistir al médico o al odontólogo por problemas económicos. "La atención odontológica es la más postergada, lo que evidencia una deuda histórica de las políticas sanitarias con la salud bucal, a pesar de su impacto en la nutrición, la autoestima y la calidad de vida", remarcó el informe.

En cuanto a las condiciones habitacionales, el 18,1 por ciento reside en viviendas precarias y el 42 por ciento se encuentra en hogares sin saneamiento adecuado. Finalmente, la investigadora Inanina Tuñón puso el foco en la caída de la natalidad, señalando que la fecundidad se ubicó en 1,4 hijos por mujer en 2022, un valor inferior al umbral de reemplazo necesario de 2,1.

A través del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, el Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, contabilizó un total de 9.421 personas en esa condición en las 19 provincias que adhirieron a la iniciativa. Según el informe oficial, el universo relevado se compone de un 17% de mujeres y un 83% de varones.

En relación con el rango etario, el 92% de la población tiene más de 18 años, mientras que el 6% se sitúa por debajo de esa edad. El estudio se basó en 7.894 entrevistas realizadas en espacios públicos, como plazas y zonas céntricas, y en dispositivos de alojamiento. Entre los datos destacados, se identificó que el 32% lleva más de dos años en situación de calle y que el 90% posee DNI.

La cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello señaló mediante un comunicado que "el operativo realizado cumple con la Ley N° 27.654, que establece la creación de un diagnóstico federal de las personas en situación de calle como de las que están en riesgo de estarlo, con el objetivo de promover políticas que les garanticen su identidad e integridad física". Asimismo, remarcaron que "contar con esta información es fundamental para planificar, derivar y evaluar políticas públicas de manera eficaz".

Desde el organismo explicaron que "la planificación de la recolección de datos ha sido el resultado de un proceso de trabajo político y técnico que se viene desplegando de manera conjunta, simultánea y coordinada con las provincias y los municipios". Este proceso busca asegurar criterios unificados que se ajusten a las particularidades de cada territorio.

El informe resalta que "se llevó adelante un importante cambio de paradigma: se pasó de la reacción ante la urgencia, al trabajo planificado; de la dispersión a la coordinación; de la intuición a la evidencia y del asistencialismo aislado a la estrategia integral".

Además, concluye que "los datos demuestran la complejidad de esta problemática, evidenciando perfiles con DNI, empleo informal e ingresos parciales, pero también con vínculos familiares rotos, trayectorias prolongadas de exclusión y problemas de salud o consumo problemático".

En cuanto a la situación socioeconómica, el 52% cuenta con la primaria completa pero el secundario incompleto. Por otro lado, el 53% realiza alguna actividad laboral, el 56% percibe transferencias sociales y el 30% cuenta con ingresos previsionales, mientras que un 8% recibe otros ingresos.

Cabe destacar que, desde junio pasado, el Gobierno nacional transfirió la responsabilidad de la atención de estas personas a las jurisdicciones, asumiendo únicamente la función de marcar los lineamientos generales de las políticas a implementar.

Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.434.464 en marzo para no ser considerada pobre, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En tanto, aquellos hogares con ingresos por debajo de los $658.011 quedaron bajo la línea de indigencia.

Los datos surgen de la medición de la Canasta Básica Total (CBT) —que determina el umbral de pobreza— y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define el nivel de indigencia. Ambas registraron subas durante marzo, aunque con una leve desaceleración respecto a febrero.

En el tercer mes del año, la CBA aumentó 2,2%, mientras que la CBT subió 2,6% en el Gran Buenos Aires. En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la “fuerte desaceleración” de la canasta alimentaria, que había crecido 3,2% en febrero.

De acuerdo con el informe oficial, el valor de la CBA para un adulto equivalente se ubicó en $212.948, mientras que la CBT alcanzó los $464.227 para ese mismo segmento. En términos interanuales, la canasta alimentaria acumuló un incremento del 32,8%, mientras que la canasta total avanzó 30,4% en comparación con marzo del año pasado.

En lo que va de 2026, la CBA acumula una suba de 11,6%, mientras que la CBT registra un incremento de 9,6% en el primer trimestre, reflejando el impacto sostenido del costo de vida sobre los ingresos de los hogares.

El informe también detalló los valores según el tamaño de los hogares. Una familia de tres integrantes necesitó $523.853 para cubrir la canasta alimentaria, mientras que un hogar de cuatro personas requirió $658.010 y uno de cinco integrantes, $692.082.

En cuanto a la canasta total, una familia de tres integrantes precisó $1.142.000 para no ser pobre. Para un hogar tipo de cuatro personas, el monto ascendió a $1.434.463, y para uno de cinco integrantes llegó a $1.508.740.

Los datos reflejan que, pese a cierta desaceleración en la variación mensual, los niveles de ingresos necesarios para cubrir las necesidades básicas continúan en valores elevados, lo que mantiene la presión sobre el poder adquisitivo de las familias.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, alertó este sábado sobre el crítico escenario social que atraviesa el país y denunció un marcado incremento en la cantidad de personas que acuden a las instituciones religiosas en busca de sustento básico.

“Se nota el incremento del número de personas que piden la ayuda, la asistencia de Cáritas”, manifestó el arzobispo en declaraciones radiales, donde vinculó la coyuntura actual con la urgencia de reforzar la empatía y los vínculos comunitarios en un contexto que calificó como "un tiempo difícil".

Durante la entrevista, el titular del Episcopado puso el foco en la delicada situación que atraviesan los grandes centros urbanos, marcando un fuerte contraste con el desarrollo de sectores específicos de la economía. Al respecto, Colombo planteó que, si bien existen áreas con indicadores de crecimiento, “en los grandes centros urbanos la situación es muy complicada”.

La UCA alerta de que la baja de la pobreza es una "ficción" que no llega al bolsillo

Esta preocupación se tradujo en un reclamo directo hacia el Estado por la interrupción de pagos destinados a las prestaciones por discapacidad, una situación que mantiene en vilo a diversas instituciones de asistencia.

El arzobispo detalló que la falta de actualización de estos fondos afecta de manera directa el sostenimiento de estructuras críticas para la sociedad. “Hace unos meses ya que no se están pagando los fondos y entonces hay como un decaimiento grande de las obras”, indicó, mencionando específicamente el caso de los cotolengos de Don Orione, que dependen de esos recursos para el pago de profesionales.

Ante este panorama, la Conferencia Episcopal envió una nota al Ministerio de Salud para exigir que se activen los mecanismos estatales necesarios, argumentando que “la empleo de esa frase marca la gravedad del emergente”.

En cuanto al debate público y la relación con el Poder Ejecutivo, Colombo instó a bajar los niveles de confrontación y mejorar las formas de comunicación en la vida política. “Nosotros hablamos de desarmar las palabras y de procurar, cualquiera sea el ciudadano, tratar de comunicarse de modo de no agraviar”, expresó, al tiempo que aclaró que los posicionamientos de la Iglesia no buscan una oposición partidaria sino el bienestar social.

Finalmente, remarcó que el objetivo institucional sigue siendo el cuidado de los más desprotegidos: “Nos importa muchísimo el lugar de la atención de la gente más vulnerable”.

El profesional advirtió que la situación socioeconómica de los hogares no refleja una mejora sustancial, por lo que, según explicó, existen distorsiones en la medición que generan una brecha entre las estadísticas y la capacidad real de consumo.

Salvia señaló que, si bien la pobreza “bajó efectivamente”, esa caída debe interpretarse con cautela. “Hay cierta ficción en los datos o cierta levedad. Es muy difícil decir un sí rotundo”, afirmó, al tiempo que aclaró que no se trata de una intervención política sobre el Instituto Nacional de Estadística y Censos, sino de limitaciones metodológicas, al considerar que “hay un problema de medición y de realismo de esas mediciones”.

El especialista remarcó que la percepción social no coincide con los números porque “la gente no está sintiendo en el bolsillo que tiene más capacidad de consumo que hace un año. Por el contrario, se te bajan los consumos de lácteos, de yerba, cae el consumo general”.

En ese sentido, sostuvo que el gasto en servicios básicos absorbe una mayor proporción del ingreso. “La luz, el agua, el gas, el transporte y la comunicación ocupan una parte importante del gasto, y el componente disponible para otros consumos baja significativamente”, explicó en diálogo radial.

Para el sociólogo, uno de los factores centrales es el uso de canastas de consumo desactualizadas. “Estás considerando valores con parámetros del 2004 y 2005, con estructuras de consumo de ese momento”, señaló. Según detalló, hace dos décadas los hogares destinaban mayor proporción del ingreso a alimentos, mientras que hoy el peso de las tarifas es mucho más alto. “La gente deja de ser pobre porque puede pagar servicios, pero no porque tenga más capacidad de consumo”, sostuvo.

También advirtió que el índice de precios utilizado para actualizar esas canastas mantiene ponderaciones antiguas. “Se actualiza con un índice que también está desactualizado, con ponderadores del 2004 y no con los actuales”, explicó. Esa combinación genera una caída de la pobreza que “parece extraordinaria” pero no refleja la situación real.

Salvia añadió que, además, el organismo estadístico mejoró la medición de ingresos de los hogares, lo que incide en los resultados. “Al medir mejor cuánto ingresa y compararlo contra una canasta desactualizada, te da caídas de la pobreza que parecen extraordinarias”, afirmó.

No obstante, reconoció un componente genuino vinculado a la desaceleración de la inflación en alimentos: “La caída de la indigencia es más realista que la caída de la pobreza”.

El director del observatorio remarcó que, en términos de capacidad de consumo, los hogares se encuentran en niveles similares a los de la pospandemia. “Estamos como en 2021 o 2022, nada más que con un contexto inflacionario distinto”, agregó, e incluso advirtió que los datos más recientes muestran un leve deterioro, por lo que “el cuarto trimestre ya estaría cerca del 30 por ciento de pobreza”.

Según el sociólogo, la clase media baja es la más afectada. “Está achicando sus gastos corrientes y teniendo que pagar más tarifas, lo cual baja el consumo de productos básicos”, explicó. Además, alertó por la reducción de la inversión en capital humano. “La gente no mejora su casa, reduce gastos en salud y educación y se siente más ajustada”, describió.

Salvia también vinculó la persistencia de la pobreza con la falta de empleo de calidad al resaltar que “el empleo privado está estancado, el público cae y hay más empleo informal y precario”.

“No hay una crisis alimentaria, pero tampoco hay una tendencia a mejorar. Estamos cristalizando un 25 o 30 por ciento de pobreza estructural”, concluyó. NA

La pobreza cayó al 28,2% en el segundo semestre del año pasado, lo que significa que más de 8,4 millones de personas vivían en esa condición en los principales centros urbanos del país. Dentro de ese universo, cerca de 1,9 millones se encontraban en la indigencia(6,3%), sin ingresos suficientes siquiera para cubrir la alimentación básica, de acuerdo a los datos difundidos esta tarde por el Indec.

El indicador había sido del 31,6% en su última medición (primer semestre del año pasado), y 38,1% en la segunda mitad de 2024.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los datos en la red social X. “LA POBREZA ES LA MÁS BAJA EN MÁS DE 7 AÑOS”, publicó en letras mayúsculas.

“En el segundo semestre de 2025 la pobreza se ubicó en 28,2%, en tanto la indigencia fue de 6,3%. Con respecto al segundo semestre de 2024, la incidencia de la pobreza y de la indigencia se redujo 9,9% y 1,9%. En relación al primer semestre de 2024, cuando la pobreza y la indigencia ascendieron a 52,9% y 18,1%, la reducción fue de 24,7% y 11,8%, respectivamente. La incidencia de la pobreza fue la más baja desde el primer semestre de 2018”.

Siempre según el texto de Caputo, “la fuerte baja en la pobreza y la indigencia se sustentan en el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo en los programas sociales sin intermediarios desde el inició de la gestión”. Y el ministro cerró su posteo con una mención a su par de Gabinete, Sandra Pettovello, titular de Capital Humano.

A propósito, “LA POBREZA SIGUE BAJANDO. Dato no relato. MAGA!”, escribió el presidente Javier Milei, que replicó el posteo de Capital Humano.

Los datos también reflejan que el 21% de los hogares se ubicó por debajo de la línea de pobreza (2,1 millones de personas). En tanto, el 4,8% quedó en situación de indigencia, lo que equivale a casi medio millón de familias con ingresos insuficientes para acceder a la canasta básica alimentaria.

En comparación con el primer semestre de 2025, la pobreza descendió 3,4 puntos porcentuales en personas y 3,1 puntos en hogares, mientras que la indigencia no presentó variaciones significativas. Esta evolución se vincula principalmente con una recuperación de los ingresos por encima del aumento de las canastas básicas.

En efecto, el ingreso total familiar promedio creció un 18,3% en el período, mientras que la canasta básica alimentaria subió 11,9% y la canasta básica total un 11,3%. Esta diferencia permitió que una porción de los hogares lograra superar el umbral de pobreza.

Pese a la mejora, en promedio los ingresos de los hogares pobres quedaron 35,7% por debajo del valor de la canasta básica total. El impacto es particularmente fuerte entre los más jóvenes. El 41,3% de los niños de hasta 14 años vive en hogares pobres. En cambio, entre los mayores de 65 años, la incidencia se reduce al 9,7%, evidenciando una marcada desigualdad por grupos etarios.

A nivel regional, las diferencias también son notorias. El Noreste registró una pobreza del 32,7%, seguido por Cuyo con 32,3%, mientras que el Gran Buenos Aires se ubicó en 28,3%. En contraste, la Patagonia (25,4%) y la región Pampeana (26,2%) mostraron niveles más bajos, aunque igualmente elevados en términos históricos.

De esta manera, el índice bajó 3,4 puntos porcentuales (p.p.) respecto al primer semestre y se ubicó como la cifra más baja desde 2018, cuando cerró en 27,3 por ciento.

Desde que asumió a la presidencia Javier Milei registró su pico máximo durante el primer semestre del 2024, cuando el índice alcanzó al 52,9 por ciento de las personas.

A partir de ahí, la pobreza se fue reduciendo: 38,1 por ciento en el segundo semestre, 31,6 en el primero del 2025 y 28,2 en este último.

En cuanto a la indigencia, el número final del 2025 cerró en 6,3 por ciento (0,6 p.p. menos) y alcanzó a casi dos millones de personas. La diferencia con la pobreza se basa en la capacidad de cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y Total (CBT).

Sin embargo, el último dato difundido por el INDEC muestra que todavía hay 13 millones de personas que continúan bajo esta condición.

El primero en hacerse eco fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que la baja en la pobreza y la indigencia “se sustentan en el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo en los programas sociales sin intermediarios desde el inició de la gestión”.

El titular del Palacio de Hacienda hizo alusión al trabajo del Ministerio de Capital Humano, quien también se pronunció.

“Gracias a la implementación de políticas económicas que han contribuido a reducir la inflación y estabilizar la economía, sumado a las acciones encaradas desde el Ministerio de Capital Humano, focalizadas hacia los sectores más vulnerables, de manera directa, transparente y sin intermediarios, la pobreza continúa descendiendo en la Argentina”, señaló la cartera que comanda Sandra Pettovello.

Caputo afirmó que “la pobreza es la más baja en más de 7 años” y enumeró los puntos que, bajo su consideración, son para destacar del informe del INDEC.

Agregó que la reducción en la pobreza e indigencia se vio influenciada por “el crecimiento económico, el proceso de desinflación y el refuerzo en los programas sociales sin intermediarios desde el inicio de la gestión”, haciendo alusión a las políticas implementadas por el Ministerio de Capital Humano.

En tanto, el presidente Javier Milei fue más breve al momento de publicar su reacción. “La pobreza sigue bajando. Dato no relato. MAGA”, posteó en sus redes. NA

El costo de la Canasta Básica Total (CBT) para un hogar tipo de cuatro integrantes (compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 y dos hijos de 6 y 8 años) alcanzó en febrero los $ 1.397.672 en el Gran Buenos Aires, según informó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Ese valor marca el umbral de ingresos por debajo del cual una familia con esa composición es considerada pobre.

En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia al contemplar únicamente los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos, se ubicó para ese mismo hogar en $ 644.088 durante el segundo mes del año.

De acuerdo con el informe oficial, la Canasta Básica Alimentaria registró en febrero un aumento de 3,2% respecto del mes anterior. En términos interanuales, el indicador acumuló una suba de 37,6%. Por su parte, la Canasta Básica Total -que además de alimentos incluye bienes y servicios esenciales como transporte, vestimenta, salud y educación- aumentó 3,1% en el mismo período. Este indicador se utiliza para estimar la evolución del costo de vida mínimo que deben afrontar los hogares.

El informe también establece los valores de referencia para un adulto equivalente. En febrero, la CBA se ubicó en $ 208.443 por persona, mientras que la CBT alcanzó los $ 452.321. A partir de esos valores se calculan los montos necesarios para distintos tipos de hogares. En el caso de una familia de tres integrantes -una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61-, la CBT se ubicó en $ 1.112.710, mientras que la Alimentaria alcanzó los $ 512.769.

La valorización de ambas canastas se realiza mensualmente a partir de los precios relevados para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el Gran Buenos Aires y permite establecer las líneas oficiales de pobreza e indigencia utilizadas en las estadísticas socioeconómicas del país.

Las brechas de género en la economía argentina se profundizaron durante el último año, marcadas por un incremento en la desocupación femenina y un desmantelamiento progresivo de las políticas públicas destinadas a reducir la desigualdad.

Así lo revela el informe “8 de marzo en perspectiva económica” elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

De acuerdo con el relevamiento, basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares al tercer trimestre de 2025, la tasa de desempleo para las mujeres ascendió al 7,4%, frente al 5,9% de los varones. Esta situación es particularmente crítica entre las mujeres jóvenes de 14 a 29 años, donde la desocupación prácticamente duplica el nivel general.

La feminización de la pobreza

El informe destaca una marcada “feminización de la pobreza”. Las mujeres representan el 64,2% de las personas con menores ingresos en el país.

En el extremo opuesto, la riqueza permanece mayoritariamente en manos masculinas: el 63% del sector de mayores ingresos son varones. Esta brecha patrimonial se refleja en el sistema tributario, donde las mujeres apenas representan el 32,8% de quienes tributan Bienes Personales y el 30% en el Impuesto a las Ganancias.

Ajuste y desmantelamiento de políticas

Uno de los puntos más críticos señalados por CEPA es el impacto del ajuste fiscal en las políticas de género. Según el análisis del presupuesto para 2026, 7,5 de cada 10 programas destinados a reducir brechas sufrieron recortes o fueron eliminados.

La moratoria previsional sufrió un ajuste real del 41,71%. Con la eliminación de esta herramienta, el informe estima que 9 de cada 10 mujeres no podrán acceder a una jubilación ordinaria.

En tanto, el programa de construcción de jardines de infantes fue directamente eliminado, y no se proyecta la creación de ninguno para 2026.

Además, la línea 144 registró una caída del 23% en el crédito ejecutado entre 2023 y 2025.

Impacto de la reforma laboral

El informe advierte que la reforma laboral aprobada recientemente profundiza estas desigualdades. La introducción del “banco de horas”, que permite compensar horas extras con descanso en lugar de pagarlas, choca con la necesidad de previsibilidad que requieren las tareas de cuidado, las cuales recaen mayoritariamente sobre las mujeres (quienes destinan 3 horas más por día que los varones al trabajo doméstico no remunerado).

Asimismo, la derogación de la Ley de Teletrabajo suprime la única normativa que reconocía explícitamente las tareas de cuidado dentro de la relación laboral.

Para el CEPA, este escenario consolida un modelo donde el retiro del Estado de las políticas de cuidado obliga a las mujeres a absorber estas tareas en sus hogares, limitando aún más sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo formal. (NA).  

De esta forma, la pobreza cayó 9,3 puntos con relación al mismo período del año pasado y 8,4 puntos frente al tercer trimestre de 2023, antes de la asunción de Javier Milei, de acuerdo a la metodología de la UCA.

“Corrigiendo el cálculo por la mejora en la captación de ingresos, la caída real de la pobreza monetaria bajo la gestión actual sería de solo” 2.1 puntos porcentuales, y la pobreza corregida en 2025 se situaría en torno al 35 por ciento (usando valores corregidos por captación del 2T 2025). Aproximadamente tres cuartas partes de la caída en las cifras oficiales de pobreza desde 2023 podrían deberse a este efecto estadístico”, señaló.

Según indicó el trabajo publicado ayer, los datos referidos a la pobreza provienen del análisis de las privaciones monetarias (pobreza e indigencia por ingresos) y de indicadores complementarios como el estrés económico y la inseguridad alimentaria.

Estos datos se basan en estimaciones de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) del ODSA de la UCA y datos empalmados/reconstruidos de la EPH-INDEC, abarcando generalmente el período 2010-2025.

El informe señala que la proporción de hogares y población en condición de privaciones económicas es un problema que se arrastra desde hace poco más de cuatro décadas en el país.

En los últimos 20 años, la pobreza por ingresos ha mantenido un piso estructural de alrededor del 25 por ciento de la población, y la indigencia, alrededor del cinco por ciento.

El régimen político-económico post-convertibilidad (2002-2023) nunca pudo superar el 25-30 por ciento de pobreza crónica en términos de ingresos y recursos de inclusión social.

El tercio inferior de la estructura social se concentra en una población atrapada en la pobreza debido a empleos informales, precarios o de subsistencia, y una dependencia estructural de las transferencias públicas. NA

La tasa de pobreza en la Argentina se ubicó en 36,3% al cierre del tercer trimestre, mientras que la indigencia afecta al 6,8%, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social (ODSA) que elabora la Universidad Católica Argentina (UCA).

De esta forma, la pobreza cayó 9,3 puntos con relación al mismo período del año pasado y 8,4 puntos frente al tercer trimestre de 2023, antes de la asunción de Javier Milei, de acuerdo a la metodología de la UCA.

“Corrigiendo el cálculo por la mejora en la captación de ingresos, la caída real de la pobreza monetaria bajo la gestión actual sería de solo" 2.1 p.p., y la pobreza corregida en 2025 se situaría en torno al 35% (usando valores corregidos por captación del 2T 2025). Aproximadamente tres cuartas partes de la caída en las cifras oficiales de pobreza desde 2023 podrían deberse a este efecto estadístico”, se señaló.

Según indicó el trabajo publicado , los datos referidos a la pobreza provienen del análisis de las privaciones monetarias (pobreza e indigencia por ingresos) y de indicadores complementarios como el estrés económico y la inseguridad alimentaria.

Estos datos se basan en estimaciones de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) del ODSA de la UCA y datos empalmados/reconstruidos de la EPH-INDEC, abarcando generalmente el período 2010-2025.

• Pobreza: Se define a los hogares como pobres si sus ingresos se encuentran por debajo del umbral del ingreso monetario necesario para adquirir una canasta de bienes y servicios (Canasta Básica Total o CBT).

• Indigencia: Se considera indigentes a los hogares cuyos ingresos no les permiten adquirir el valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que cubre un umbral mínimo de necesidades alimenticias.

• El informe señala que la proporción de hogares y población en condición de privaciones económicas es un problema que se arrastra desde hace poco más de cuatro décadas en el país.

• En los últimos 20 años, la pobreza por ingresos ha mantenido un piso estructural de alrededor del 25% de la población, y la indigencia, alrededor del 5%.

• El régimen político-económico post-convertibilidad (2002-2023) nunca pudo superar el 25-30% de pobreza crónica en términos de ingresos y recursos de inclusión social.

• El tercio inferior de la estructura social se concentra en una población atrapada en la pobreza debido a empleos informales, precarios o de subsistencia, y una dependencia estructural de las transferencias públicas.

Las estimaciones de pobreza e indigencia monetaria más recientes de la EDSA-ODSA para el tercer trimestre de 2025 son:

Indicador (Personas)   2023 (EDSA)     2024 (EDSA)             2025 (EDSA)

Pobreza                       44.7%                   45.6%                           36.3%

Indigencia                       9.6%                  11.2%                             6.8%

• La tasa de pobreza oficial del INDEC para el segundo trimestre de 2025 (proyectada) habría sido del 31.8%, lo que implica una baja de 9.5 puntos porcentuales desde el segundo trimestre de 2023.

• Sin embargo, existe un sesgo en la medición monetaria (subregistro de ingresos en la EPH). Corrigiendo el cálculo por la mejora en la captación de ingresos, la caída real de la pobreza monetaria bajo la gestión actual sería de "solo" 2.1 p.p., y la pobreza corregida en 2025 se situaría en torno al 35% (usando valores corregidos por captación del 2T 2025).

Aproximadamente tres cuartas partes de la caída en las cifras oficiales de pobreza desde 2023 podrían deberse a este efecto estadístico.

• Población en hogares con niños en situación de pobreza: 48.8%.

• Población en hogares sin niños en situación de pobreza: 10.8%.

• La población crónicamente pobre (que siempre estuvo en situación de pobreza por ingresos entre 2024 y 2025) representa el 27.6% del total.

• La cronicidad es significativamente mayor en los estratos más bajos: en el nivel Muy Bajo, el 60.9% de la población permaneció crónicamente pobre entre 2024 y 2025.

El informe complementa la medición de pobreza por ingresos con indicadores directos de privación:

• Estrés Económico: Mide la percepción subjetiva de que los ingresos del hogar no son suficientes para cubrir los gastos básicos.

  ◦ En 2025, el 46.8% de la población está afectada por el estrés económico, un valor superior al piso histórico cercano al 35%.

  ◦ Casi 7 de cada 10 hogares de NSE bajo padece estrés económico.

  ◦ La cronicidad del estrés económico se mantiene alta, cercana al 28.3% del total de la población en 2024-2025.

• Inseguridad Alimentaria: Refleja la reducción involuntaria de porciones de alimentos y/o experiencias de hambre por motivos económicos.

  ◦ En 2025, el 18.7% de los hogares se encuentra en situación de inseguridad alimentaria total, y el 7.8% bajo inseguridad alimentaria severa.

  ◦ La inseguridad alimentaria es crítica en el estrato Muy Bajo, con valores superiores al 50% en los picos y 40.2% en 2025 (inseguridad alimentaria total).

• Impacto de Transferencias Sociales: Las simulaciones indican que los programas sociales son necesarios aunque insuficientes.

  ◦ La indigencia se reduciría a la mitad si se eliminaran los programas de transferencias (la tasa de indigencia simulada sin transferencias en 2025 es del 12.8%, frente al 6.8% observado).

  ◦ La pobreza sería alrededor de un 20% más elevada sin estas transferencias (la tasa simulada sin transferencias en 2025 es del 41.8%, frente al 36.3% observado).

• Malestar Psicológico: El deterioro de las condiciones económicas tiene una correlación directa en la salud mental.

En resumen, aunque los datos más recientes de 2025 muestran una reducción de las tasas de pobreza e indigencia por ingresos respecto a los picos de la crisis de 2024, alcanzando niveles similares a 2022/2023, la pobreza crónica estructural persiste, especialmente en los estratos socioeconómicos más bajos.__IP__

“Estas mejoras relativas se deben, en parte, a la estabilización inflacionaria y al refuerzo de transferencias sociales, pero no implican un cambio estructural en las condiciones de vida ni en la alta desigualdad”, concluyó la UCA.

El costo de la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de pobreza, registró en octubre un incremento del 3,1% respecto de septiembre, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta manera, una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños necesitó $ 1.213.799 para no ser considerada pobre. En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia, también subió 3,1%. Con este aumento, un hogar de cuatro integrantes requirió $ 544.304 para cubrir las necesidades alimentarias mínimas. Ambas canastas acumulan en lo que va del año incrementos del 18,5% (CBT) y 21,1% (CBA), con variaciones interanuales de 23,0% y 25,2%, respectivamente.

Según el Indec, el costo de la CBA para un adulto equivalente se ubicó en $ 176.150, mientras que la CBT alcanzó $ 392.815. En el caso de un hogar de cinco integrantes, la línea de pobreza se ubicó en $ 1.276.649, y la de indigencia, en $ 572.488.

Los precios de ambas canastas se actualizan mensualmente según la evolución del Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA).

El costo de la canasta básica total (CBT) subió 1,4% en septiembre, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este incremento, una familia tipo (compuesta por dos adultos y dos menores) del Gran Buenos Aires necesitó $ 1.176.852 para no ser considerada pobre.

En tanto, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca la línea de indigencia, también aumentó 1,4% en el mismo período. De esta manera, una familia requirió $ 527.736 para cubrir únicamente los gastos esenciales de alimentación y no ser considerada indigente. Ambas canastas acumulan en lo que va del año incrementos del 14,9% y 17,5%, respectivamente.

En la comparación interanual, la suba de la CBA fue del 23,1%, mientras que la CBT registró un avance del 22% frente a septiembre de 2024. Estas variaciones se mantuvieron por debajo de la inflación general, que en el mismo mes fue del 2,1%, lo que indica una leve desaceleración en el ritmo de aumento del costo de vida para los sectores de menores ingresos.

Según el Indec, la línea de pobreza para un adulto equivalente se ubicó en $ 380.858, y la de indigencia en $ 170.788. En tanto, los hogares de cinco integrantes necesitaron $ 1.237.789 para no ser pobres y $555.063 para no caer en la indigencia.

La cifra fue la más baja desde 2018, cuando en el segundo semestre se ubicó en 27,3 por cienro.  Un año atrás, en el primer semestre de 2024, fue de 52,9 por ciento.

El porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 24,1 por ciento; en ellos reside el 31,6 de las personas.

Dentro de este conjunto, el 5,6 por ciento de los hogares están por debajo de la línea de indigencia, que incluyen al 6,9 por ciento de las personas.

Con respecto al segundo semestre de 2024, la incidencia de la pobreza registró un descenso tanto en los hogares como en las personas, de 4,5 y 6,5 puntos porcentuales (p.p.), respectivamente.

En el caso de la indigencia, mostró una disminución de 0,8 p.p. en los hogares y de 1,3 p.p. en las personas.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó los datos de cara el próximo semestre. Señaló que el REM anticipa un desanclaje de la inflación en los meses posteriores a la elección legislativa de medio término, por lo que el gran interrogante del segundo semestre de 2025 es si habrá un movimiento importante del tipo de cambio.

“Este salto discreto del tipo de cambio impactaría en los precios, especialmente los de los alimentos, altamente sensibles al tipo de cambio. En ese escenario, los ingresos quedarían rezagados frente al costo de vida, lo que podría generar un nuevo salto en los niveles de pobreza e indigencia”, concluyó.

El presidente Javier Milei celebró desde Nueva York el dato que publicó el Indec sobre la pobreza, que bajó 6,5 puntos porcentuales en el primer semestre de este año en comparación con el segundo semestre de 2024.

“La pobreza sigue bajando. La Libertad Avanza o Argentina Retrocede. Viva la libertad, carajo”, destacó el mandatario desde sus redes sociales, poco antes de la reunión bilateral que tenía pautada en la ciudad estadounidense con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Desde Nueva York también se hizo eco de la noticia el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien sostuvo que “no era emitiendo, no era hostigando al sector privado, no era aislándonos del mundo. El populismo empobrece, siempre. Fin”, escribió en su cuenta de X. NA

La pobreza alcanzó al 31,6% de las personas y al 24,1% de los hogares en los 31 principales aglomerados urbanos del país durante el primer semestre de 2025, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En ese conjunto, 2.456.090 hogares quedaron por debajo de la línea de pobreza, lo que representa a 9.451.018 personas, mientras que dentro de ese total, 565.821 hogares (2.051.984 personas) se encuentran en situación de indigencia, el 6,9% de la población.

“La pobreza sigue bajando. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. Viva la libertad carajo...!!!”, celebró el presidente Javier Milei en la red social X. El mandatario compartió una publicación del Ministerio de Capital Humano, en la que se destaca que la baja interanual de la pobreza fue de 21,3 puntos porcentuales respecto del primer semestre de 2024. “Asimismo, la indigencia también tuvo una fuerte baja interanual, ubicándose en 6,9%, frente al 18,1% del primer semestre de 2024”.

El informe de Indec indica que, respecto del segundo semestre de 2024, la pobreza descendió 6,5 puntos porcentuales en las personas y 4,5 puntos en los hogares. En aquel momento, el Indec había informado de que el 38,1 de las personas eran pobres, el 28,6% de los hogares. La indigencia, por su parte, mostró una reducción de 1,3 puntos porcentuales en personas y 0,8 puntos en hogares. Es que en el segundo semestre del año pasado se había informado de que el 8,2% de la población estaba en la indigencia, 6,4% de los hogares.

En el primer semestre del año pasado, primero de la gestión de Milei, el 52,9% de las personas eran pobres, y el 18,1%, indigentes. Aquellos números fueron una síntesis de “herencia” del gobierno anterior y primeros seis meses de gobierno libertario, con fuerte devaluación de por medio, entre otras medidas. En tanto, en la comparación con el primer semestre de 2023, gobierno de Alberto Fernández, en aquel momento el Indec dio cuenta de 40,1% de personas pobres, 9,3% indigentes.

En la región del Gran Buenos Aires, que concentra más de 16 millones de habitantes, la pobreza alcanzó al 31,5% de las personas y al 24,7% de los hogares. Aquí se observaron diferencias marcadas: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la pobreza se ubicó en 15,1% de las personas, mientras que en los partidos del Conurbano trepó al 35,3%.

La indigencia en el Gran Buenos Aires afectó al 7,8% de las personas y al 6,4% de los hogares. También aquí la brecha entre CABA y los partidos bonaerenses fue notable: mientras en la Ciudad la indigencia alcanzó al 3,5% de las personas, en los municipios del Conurbano la cifra se elevó al 8,8%.

En la provincia de Buenos Aires, además, se registraron datos diferenciados en los aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares. En el Gran La Plata, por ejemplo, el 35,2% de las personas se encontraron bajo la línea de pobreza (8% indigencia), mientras que en Mar del Plata el indicador se ubicó en 27,5% (6,4% indigencia). Otros aglomerados bonaerenses también mostraron niveles elevados. En San Nicolás-Villa Constitución, que incluye localidades del norte provincial, la pobreza alcanzó al 34,5% de las personas (8,7%). Por su parte, en Bahía Blanca-Cerri el indicador fue menor, con un 23,5% de personas bajo la línea de pobreza (7,4% indigencia).

El Indec informó también que el ingreso total familiar promedio de los hogares pobres se ubicó en $ 671.492, mientras que el valor de la canasta básica total promedio fue de $ 1.065.691. Esto refleja una brecha de 37% entre los recursos disponibles y el costo de la canasta necesaria para superar la línea de pobreza.

Una familia tipo, integrada por cuatro personas, necesitó una suma de $1.160.780 para no ser pobre en agosto en el país. Los datos fueron relevados según los valores de la Canasta Básica Total (CBT), que informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) el miércoles por la tarde.

La CBT aumentó un 1,0% mensual mientras que, en comparación con el mismo mes del año pasado, se incrementó notablemente en 23,5%. En lo que respecta al acumulado de todos los meses del corriente año, la Canasta Total acumuló un incremento del 13,3%.

En cuanto a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), la misma subió un 1,0% mensual. En la comparación interanual, aumentó un 23,5%. En lo que va del año, la CBA acumuló un incremento del 15,8%.

Cabe resaltar que, en julio, una familia tipo había necesitado $1.149.353 para no ubicarse por debajo de la línea de la pobreza. De esta forma, se evidencia que existió un incremento de $11.427 en los gastos mensuales.

De acuerdo con la medición llevada a cabo por Indec durante el mes de agosto, un hogar compuesto por tres personas necesitó $924.116 para cubrir la CBT y $414.402 para cubrir la CBA.

Una familia tipo, compuesta por cuatro integrantes, precisó $520.529 para la CBA y $1.160.780 para llegar a la CBT.

Por último, un hogar compuesto por cinco personas demandó un total $547.482 para la CBA y $1.220.885 para la CBT.

Comparado con la inflación de agosto, ambas canastas aumentaron por debajo de la inflación general que fue del 1,9%. Ambas se ubicaron por debajo en la medición interanual, que se posicionó en 33,6%.

Según reveló un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra-CTA), una familia tipo en la Argentina necesitó en julio casi cuatro salarios mínimos para cubrir el costo de la canasta básica y no caer bajo la línea de pobreza.

El monto fue calculado acorde al último dato disponible de la Canasta Básica Total (CBT) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), correspondiente al séptimo mes del año. El mismo arroja un valor de $1.149.353 para un hogar de cuatro integrantes, compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de julio se ubicó en $317.800, por lo que durante dicho mes hicieron falta casi cuatro salarios para hacer frente a la canasta que contempla el consumo mensual de alimentos más bienes y servicios.

Al analizar el escenario reflejado a nivel nacional, desde Cifra sostuvieron que “la comparación entre el salario mínimo y las líneas de pobreza y de indigencia revela una situación incluso peor que la del año 2001”.

Bajo este marco de análisis, la entidad cuestionó la gestión del presidente Javier Milei asegurando que “la brutal devaluación que marcó el inicio de la política económica del gobierno de Milei provocó una pérdida de alrededor de 30% en el poder adquisitivo del Salario Mínimo Vital y Móvil”.

En esa misma línea, el reporte expuso que “la pérdida sufrida durante este gobierno se acumula con retrocesos previos, por lo que el salario mínimo se ubicó en agosto de 2025 en un nivel real que resulta 43,4% más bajo que en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos y 56,7% menor que noviembre de 2015”.

De acuerdo a los cálculos realizados para el estudio, se estimó que “si el salario mínimo no hubiese perdido poder de adquisitivo a lo largo de esta década, superaría actualmente los $740.000”.

En este contexto, Cifra remarcó que “esta fuerte reducción ha debilitado la relación entre el salario mínimo y los salarios efectivamente pagados: representa en la actualidad menos de una quinta parte del salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado”.  

Con el retroceso evidenciado, desde el área investigativa de la CTA advirtieron que “el valor real del salario mínimo es inferior al que rigió durante la mayor parte de la década de 1990 y en la crisis final del régimen de Convertibilidad, marcando un retroceso histórico en su capacidad para reducir la desigualdad”.