El Senado realizará dos nuevas Audiencias Públicas donde rendirán exámenes para ascender en la Justicia, entre los que se encuentran Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, y la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, Ana María Cristina Juan, en otro claro guiño a la familia judicial.

El Senado ya realizó tres audiencias donde expusieron 47 candidatos a jueces, defensores y fiscales, y esta semana lo harán otros 30 ante la Comisión de Acuerdos, que preside Juan Carlos Paggoto.

De todos modos, el oficialismo no pudo lograr aún obtener dictamen a favor de esos pliegos porque los senadores dialoguistas se resisten a firmar esos despachos hasta el Gobierno no mande los candidatos a ocupar juzgados en el interior del país. Esto demora su tratamiento en el recinto de sesiones. 

Por ese motivo, los senadores de la UCR, PRO y bloques provinciales aguardarán que entre el lunes y martes lleguen otros cuarenta pliegos con postulantes del interior del país, que tendrán ingreso parlamentario junto otros 22 en la sesión del próximo jueves 14.

Lo que sucede es que los dictámenes respaldando esos pliegos que se pusieron a la firma no reunieron todavía las 9 firmas necesarias para que se convierta en un despacho habilitado para ser tratado en una sesión ordinaria. Uno de los que debía firmar esos despachos era el presidente del bloque macrista, Martín Goerling Lara, y otro es el radical Maximiliano Abad, según pudo saber la Agencia NA.

“No vamos a firmar los dictámenes hasta que no ingresen los pliegos de los jueces del interior del país”, dijo un senador a fuente parlamentaria a NA.

Familia judicial

Para completar las Audiencias Públicas de esta primera tanda faltan las audiencias del miércoles 13 y jueves 14, donde expondrán otros 30 candidatos a un cargo en el Congreso, entre los que figuran varios postulantes de la llamada “familia judicial”.

La próxima semana rendirán exámenes ante los senadores, Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; Laureano Duran, hijo del excamarista Alberto Duran; y Ana María Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien está a cargo de la investigación por la presunta megaestafa Libra.

El miércoles lo harán el exjuez subrogante del juzgado federal de La Plata, Laureano Duran, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de La Plata.También la misma jornada rendirá examen ante la comisión de Acuerdos Ana María Cristina Juan, como candidata a jueza de primera instancia en el juzgado de Hurlingham, provincia de Buenos Aires.

En la misma jornada expondrán el secretario de juzgado Juan Pedro Guidici, postulado como juez del Juzgado de Primera instancia en lo Comercial de la Capital Federal y el fiscal de Morón, Mario Ferrario como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín.

El jueves 14 será el turno de Rosatti como juez del tribunal federal de Juicio de Santa Fe, quien no había terminado bien en el orden de mérito dado -le fue muy bien en el examen escrito, pero tuvo un menor porcentaje en el análisis de los antecedentes y quedó cuarto en el orden de mérito. 

Una subcomisión del Consejo evaluó los exámenes y ubicó a Rosatti en la terna en tercer lugar, que luego de la entrevista personal pasó al primero. La terna fue aprobada en una reunión plenaria del 29 de mayo de 2024 por unanimidad con la presencia de 19 consejeros, en una audiencia que no contó con la presencia de Horacio Rosatti. (NA).

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto para fortalecer el Poder Judicial, en el que reclamó autarquía financiera y la urgente cobertura de vacantes en distintos niveles del sistema judicial.

El planteo fue encabezado por su presidente, Sergio Torres, junto a los ministros Hilda Kogan y Daniel Soria, además del procurador general Julio Conte Grand, quienes expusieron la necesidad de avanzar en dos ejes centrales: el presupuesto y la designación de cargos pendientes.

Durante la presentación, Torres advirtió que el tribunal funciona con una integración incompleta desde hace años. “Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, sostuvo, al señalar que actualmente cuenta con solo tres miembros sobre los siete previstos por ley.

En ese sentido, remarcó que cubrir las vacantes no es una cuestión menor, sino una condición esencial para el funcionamiento institucional: implica garantizar la toma de decisiones estratégicas y el ejercicio pleno de las competencias del Poder Judicial.

El déficit no se limita a la Corte. Según se indicó, todavía quedan más de 200 cargos vacantes en el sistema judicial bonaerense, pese a que durante 2025 se concretaron más de 400 designaciones.

Otro de los puntos centrales del proyecto es la autarquía financiera. Desde el máximo tribunal sostienen que la dependencia del Poder Ejecutivo para la asignación de recursos condiciona su funcionamiento.

“No hay independencia judicial posible sin autarquía financiera”, afirmó Torres, al argumentar que la posibilidad de administrar su propio presupuesto es clave para garantizar un servicio de justicia eficaz.

Actualmente, cerca del 90% del presupuesto judicial se destina a salarios, lo que limita la capacidad de gestión y planificación del sistema.

Un mensaje político al Ejecutivo y la Legislatura

El proyecto, denominado “Fortalecimiento del Poder Judicial”, fue presentado con el respaldo de distintos sectores del ámbito judicial, como colegios de magistrados, abogados y la Asociación Judicial Bonaerense.

La iniciativa constituye también un mensaje hacia el gobierno provincial de Axel Kicillof y la Legislatura, a quienes se les pidió avanzar en consensos para resolver tanto la cuestión presupuestaria como la cobertura de cargos.

El planteo se da en un contexto de debate sobre la calidad institucional y el funcionamiento del sistema judicial, donde desde la Corte insisten en que la falta de integración y de autonomía económica impacta directamente en la eficiencia del servicio de justicia.

Los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, encabezados por Sergio Torres, presentaron un proyecto de ley que apunta a obtener la autarquía para administrar sus propios fondos. Al mismo tiempo, reclamaron al gobernador Axel Kicillof y a la Legislatura que se avance en la cobertura de las vacantes pendientes.

Sergio Torres, junto a los otros integrantes del máximo tribunal Hilda Kogan y Daniel Soria, y el procurador general Julio Conte Grand, brindó un discurso en el que solicitó al gobernador, pero también a diputados y senadores, arbitrar las herramientas necesarias para solucionar los problemas de presupuesto y de nombramiento de cargos que atraviesa la Justicia.

“Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, señaló Sergio Torres al explicar que desde hace seis años funcionan con tres de los siete integrantes que deberían tener.

El titular del tribunal hizo un repaso histórico y remarcó que transcurrieron 2.292 días desde la primera vacante y casi 800 desde la desintegración por la renuncia del doctor Luis Genoud. Según explicó, la falta de integrantes acarrea inconvenientes en votaciones clave. En este contexto, se busca que antes de la feria judicial de julio se completen los cuatro casilleros restantes mediante un acuerdo político que involucra al oficialismo y a la oposición.

Respecto a la independencia económica, Sergio Torres fue tajante al defender el proyecto denominado Fortalecimiento del Poder Judicial:

“No hay independencia judicial posible sin autarquía financiera. Un poder judicial que depende de otro poder para definir su presupuesto está inevitablemente condicionado”, afirmó.

El magistrado recordó que el 90 por ciento del presupuesto actual se destina a salarios y advirtió que “no hay independencia real sin autonomía financiera ni servicio de justicia eficaz sin capacidad de gestión”. Si bien destacó el esfuerzo del gobierno de Axel Kicillof para realizar 412 designaciones en 2025, pidió que en 2026 se continúe con esta política para cubrir las más de 200 vacantes aún pendientes en diversos niveles.

El acto funcionó como una fuerte señal política hacia los otros poderes del Estado y concluyó con la firma del proyecto por parte de los ministros de la Corte junto al Colegio de Magistrados, el Colegio de Abogados y la Asociación Judicial Bonaerense.

 Sergio Gabriel Torres asumió la titularidad de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en reemplazo de la jueza Hilda Kogan. El cambio respondió al sistema de rotación anual que establecen la Constitución provincial y la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que la presidencia alterna entre los miembros del tribunal por orden de antigüedad y precedencia técnica.

El nuevo esquema de conducción también ubica al doctor Daniel Fernando Soria en la vicepresidencia del cuerpo y a la doctora Hilda Kogan de regreso en su rol de ministra, luego de ejercer la presidencia entre 2025 y 2026. Este mecanismo de rotación vigente apunta a que la conducción del sistema de justicia más extenso del país preserve un equilibrio interno por encima de las personas, garantizando la continuidad institucional con independencia de sus integrantes.

Sergio Gabriel Torres integra la Suprema Corte bonaerense desde el año 2019, cuando la entonces gobernadora María Eugenia Vidal elevó su pliego al Senado provincial y la Cámara alta lo aprobó por unanimidad. El magistrado, que ya había presidido el máximo órgano judicial durante el período 2023-2024, vuelve a quedar al frente de un Poder Judicial que atraviesa una crisis de vacantes sin precedentes: el tribunal funciona con apenas tres de los siete ministros que establece la Constitución provincial.

Los cargos pendientes de designación se originaron por la jubilación del doctor Luis Genoud, las renuncias de Eduardo De Lázzari y Juan Carlos Hitters, y el fallecimiento del doctor Héctor Negri en el 2020. Si bien el gobernador Axel Kicillof anunció a fines de 2025 que abriría el debate para cubrir esos cargos, la discusión todavía no derivó en designaciones concretas.

Ante este panorama, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) elevó un reclamo explícito para que la cobertura de las vacantes atienda la cuestión de género y se avance hacia una integración paritaria de la Corte. Cabe destacar que Sergio Gabriel Torres cuenta con una extensa trayectoria académica en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), además de su previo desempeño como juez en la Justicia federal.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires informó que ya se encuentra abierta la inscripción para el Examen de Idoneidad 2026, un requisito de carácter obligatorio para todas aquellas personas que aspiren a ingresar al agrupamiento administrativo del Poder Judicial.

Para el Departamento Judicial de Azul, jurisdicción que comprende a Tandil, el período de inscripción se extenderá desde el 4 hasta el 8 de mayo de 2026. Por su parte, la instancia evaluativa se llevará a cabo el 29 de mayo de ese mismo año.

El trámite se realiza íntegramente de manera virtual a través de la plataforma oficial y consta de cuatro pasos fundamentales: el registro en el sitio web de la Suprema Corte, la matriculación en el aula virtual correspondiente al domicilio del aspirante, la aceptación de los requisitos mediante declaración jurada y la carga final de los datos personales.

Desde el organismo judicial aclararon que quienes se encuentren eximidos de rendir, según las condiciones detalladas en el portal, deberán igualmente cumplir con la matriculación y la declaración jurada durante el plazo estipulado. Asimismo, se recordó que los exámenes aprobados en 2016, 2020 y 2021 tendrán validez hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que los realizados en 2024 tendrán vigencia hasta el 31 de julio de 2028. En contraste, las evaluaciones de los años 2010 y 2013 ya se encuentran vencidas.

Para obtener información adicional o realizar consultas, los interesados pueden contactarse a través del correo electrónico institucional examendeidoneidad@scba.gov.ar.

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento con prisión preventiva de un hombre imputado por tentativa de trata de personas con fines de explotación sexual, y producción y financiamiento de material de abuso sexual infantil. La decisión se dio en línea con el dictamen del fiscal general Daniel E. Adler.

La investigación estuvo a cargo de la entonces Fiscalía Federal de Tandil —actual Sede Fiscal Descentralizada de esa ciudad, a cargo de Marcos Silvagni—, con intervención del juez federal de Azul, Gabriel Di Giulio. En ella se determinó que, desde diciembre de 2015 y hasta diciembre de 2021, el imputado habría captado a personas en situación de vulnerabilidad —algunas menores de edad, o a sus familiares— para producir, financiar y distribuir material de abuso sexual infantil.

También se le endilga la comisión de, al menos, tres estafas junto a una mujer, cuyo procesamiento sin prisión preventiva fue confirmado por la Cámara marplatense.

El caso

En su dictamen, el fiscal general Adler sostuvo que el imputado empleaba una identidad ficticia y se hacía pasar por mujer para contactar a sus víctimas. Así, creó múltiples perfiles falsos en redes sociales con distintos abonados telefónicos, en los cuales publicó avisos publicitarios de ofertas laborales engañosas en grupos de "busco y ofrezco trabajo".

Una vez que contactaba a las personas —en su mayoría mujeres— el imputado les solicitaba que hicieran fotografías y/o videos con representaciones sexuales explícitas que contaran con la participación de personas menores de 18 años de edad.

Así se lograron acreditar tres denuncias con un mismo patrón: contacto por redes sociales, el engaño de ofrecer trabajo, y el pedido —a cambio de dinero— de imágenes sexualizadas de menores, niñas y niños.

Incluso, en una ocasión, el imputado le ofreció dinero a una mujer para que le entregara a su hijo de 4 años, lo que motivó que la víctima denunciara lo ocurrido en la línea nacional 145, donde se reciben denuncias las 24 horas del día, y pueden realizarse de manera anónima.

Por otro lado, el MPF tuvo por acreditado que, en 2021, el imputado produjo y financió material de abuso sexual infantil, para distribuirlo y comercializarlo. Ello surgió de las imágenes y videos hallados en el celular que le secuestraron durante los allanamientos realizados en diciembre de ese año.

“La producción del material se habría concretado previa comunicación por WhatsApp, entre otras plataformas, disimulando su identidad bajo múltiples perfiles y abonados telefónicos. Se detectó material de niñas menores de 16 años, que se obtuvieron mediante la (misma) mecánica de captación”, sostuvo el fiscal general en su dictamen.

Más de 26 mil archivos

Al analizar la prueba reunida en la causa, los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, señalaron que la intervención del imputado “se encuentra probada a partir, no solo de las denuncias glosadas al caso y las tareas de campo realizadas por la Policía Federal Argentina que permitieron determinar que él era el emisor de las ofertas laborales engañosas que tenían como fin la producción de esas fotos y videos, sino también con el hallazgo del material ilícito y las conversaciones con las niñas en sus dispositivos electrónicos secuestrados en el allanamiento”, que se realizó en su vivienda de la ciudad de bonaerense de Tandil. También se realizó otro procedimiento en un segundo inmueble vinculado al hombre.

En el análisis de uno de los teléfonos del imputado, personal de la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y la Adolescencia de la PFA encontró 26.150 archivos, algunos de los cuales eran  imágenes compatibles con material de abuso y/o explotación sexual infantil.

En esta línea, el fallo de la Cámara marplatense reparó en que “aparecen en la causa también otras fuentes de información que son las denuncias y declaraciones de las víctimas donde dirigió esas propuestas, la información de contacto y la geolocalización aportados por la telefonía y empresas de servicios de email”. Además, se verificó el uso de la aplicación MultiParallel, con la que se puede clonar y ejecutar múltiples cuentas de WhatsApp, Facebook, Instagram o juegos, de manera simultánea en un único teléfono.

Los magistrados concluyeron que el hombre no solo poseía material de abuso sexual infantil —conducta penada en el segundo párrafo del artículo 128 del Código Penal— sino que “buscaba captar mujeres y niñas/os vulnerables (a partir de publicaciones en foros de personas que necesitaban un trabajo), con la utilización de mensajes con perfiles falsos y desde líneas telefónicas que registraba con identidades falsas”. Así, “tras un texto de oferta laboral engañosa, explícitamente solicitaba el envío, a cambio de dinero, de fotos de niñas y niños menores de edad de contenido sexual con mensajes textuales como ‘esto es sin límites de edad’ o ‘cuanto más pibita, más pago’”.

Estafa y tenencia de DNI ajenos

El imputado también se valió de internet para cometer otros delitos: junto a otra mujer, cuyo procesamiento sin prisión preventiva también fue confirmado por la Cámara, ofrecían online la venta de fardos. Así, en tres oportunidades, simularon hacer la operación comercial y obtuvieron el pago, sin entregar la mercadería.

El hombre también está imputado por tener en su poder, de manera ilegítima, documentos de identidad (DNI) auténticos o apócrifos, y haberlos utilizado para distintas operaciones. Esa conducta es sancionada por los apartados c y d del artículo 33 de la Ley N°17.671 de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional.

Si bien, en los procedimientos solo se encontraron fotografías de los documentos –y no sus ejemplares físicos-- para la Cámara Federal “es claro por lo investigado que mediaría la utilización de documentos de terceros (inciso d), con el objeto de crear perfiles falsos en redes (por ejemplo)”. Si bien los camaristas consideraron que podía configurarse el eventual uso del documento anulado o reemplazado (inciso d), señalaron que sería en una instancia más avanzada del proceso donde pueda definirse la calificación legal definitiva.

Finalmente, los camaristas confirmaron el embargo de 50 millones de pesos oportunamente dispuesto. Además, coincidieron con el representante del MPFN en cuanto a la necesidad de impulsar nuevas medidas de prueba para robustecer la investigación, no sólo en los movimientos patrimoniales del acusado, sino también “poder conectar sus conductas con las de los otros posibles destinatarios del material, que pudiere haberse producido o financiado”.

Fuente: Fiscales

Los integrantes de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales de Apelación reclamaron la actualización del delito de contrabando menor y advirtieron por diversas inconsistencias detectadas en el Código Procesal Penal Federal. La postura fue adoptada tras un encuentro que reunió en Mar del Plata a los magistrados de todos los tribunales federales del país durante los días 12 y 13 de marzo.

El evento estuvo presidido por el titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, y contó con la participación de camaristas de las distintas jurisdicciones. Durante las dos jornadas, los magistrados analizaron el funcionamiento del sistema procesal y coincidieron en la necesidad de implementar reformas legislativas urgentes.

En primer término, la Junta instó a actualizar la condición de punibilidad para el delito de contrabando menor prevista en el Código Aduanero. Los jueces solicitaron revisar los montos que determinan la agravante de esta figura, al considerar que los parámetros actuales quedaron desfasados frente al contexto inflacionario que atraviesa la Argentina.

Asimismo, las autoridades judiciales advirtieron sobre una contradicción normativa dentro del código, específicamente una divergencia entre los artículos 347 y 223 in fine, respecto de los efectos que produce la impugnación en materia de medidas de coerción.

“La existencia de disposiciones contrapuestas en el régimen de impugnaciones genera incertidumbre y dificulta la labor de los tribunales federales”

En el comunicado difundido al finalizar el encuentro, los magistrados remarcaron que esa contradicción requiere una pronta armonización para evitar interpretaciones dispares. Por otro lado, señalaron una falta de claridad en el artículo 360 sobre el momento procesal para adherir a un recurso. Según indicaron, “la falta de precisión acerca del plazo para la adhesión a la impugnación afecta la transparencia y la uniformidad en las decisiones judiciales”.

Para mejorar la celeridad y eficacia, los titulares de los tribunales recomendaron ampliar la gestión de trámites y audiencias mediante herramientas tecnológicas y formatos digitales. Cabe recordar que este espacio institucional funciona como un ámbito de coordinación para identificar problemas y fortalecer el sistema de justicia penal en todo el territorio nacional.

En paralelo al diagnóstico realizado por las cámaras, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, anunció que el Gobierno avanzará con un proceso para cubrir unas 200 vacantes de jueces. El funcionario explicó que la medida forma parte de una revisión integral antes del envío de pliegos al Senado.

“Hay que cubrir el 37% de las vacantes que existen en el Poder Judicial”, sostuvo el ministro. Ante este panorama, la administración nacional evaluó enviar primero las listas de conjueces para cubrir de manera temporal los juzgados vacantes y garantizar el funcionamiento de los tribunales. Finalmente, respecto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que mantiene dos vacantes sin cubrir sobre un total de cinco integrantes, Mahiques afirmó que hoy no es una prioridad, ya que los esfuerzos se concentran en los juzgados inferiores.

Cada vez que se habla de ética judicial aparece un reflejo incómodo: para algunos, es un tema “secundario”, casi decorativo, reservado a seminarios o discusiones corporativas. Pero la ética judicial no es un adorno. Es una condición mínima para que la Justicia sea creíble. Y cuando esa condición falta, el costo lo paga la sociedad entera.

Argentina convive hace años con una distorsión peligrosa: la idea de que los jueces pueden quedar al margen de reglas éticas específicas, claras y exigibles, como si la autonomía del Poder Judicial se confundiera con una licencia para moverse en zonas grises. Ese error no solo deteriora la confianza: rompe el vínculo entre la ciudadanía, la abogacía y el sistema judicial. Porque cuando el Poder Judicial pierde legitimidad, lo que se resiente no es una institución abstracta: se resiente la posibilidad real de ejercer derechos.

El problema es concreto. Hoy el país necesita un marco ético judicial con autoridad normativa y exigibilidad efectiva. Cuando ese marco falta, se abren espacios de ambigüedad: criterios cambiantes, respuestas tardías, tolerancias selectivas y una sensación de impunidad que se instala con facilidad. En ese terreno, la ética se vuelve optativa y la exigencia, discrecional. Y nada destruye más rápido la credibilidad que la discrecionalidad.

En el Consejo de la Magistratura se viene trabajando para que la ética judicial deje de ser una consigna y se convierta en un compromiso verificable. Se han presentado dos proyectos, uno que elaboramos con la abogacía organizada y otro desde la representación de la magistratura. Los dos orientados a fijar pautas de conducta para quienes tienen en sus manos decisiones que afectan derechos y libertades.

Luego de un proceso de trabajo que se extendió a lo largo de más de un año y medio, en el que se convocó abiertamente a todos los sectores con interés legítimo en la materia, como los colegios de abogados, la asociación de magistrados, los gremios judiciales, la academia, las Cortes provinciales, el CONICET y expertos de la talla del Dr. Rodolfo Luis Vigo, quien redactó, junto al catedrático español Manuel Atienza, el propio Código Iberoamericano de Ética Judicial, se arribó a la redacción de un proyecto unificado.

El código organiza con claridad los principios que deben regir la conducta judicial: independencia, imparcialidad, dignidad y transparencia, honestidad, responsabilidad institucional, cordialidad, eficiencia y valores republicanos. Pero va más allá de la enunciación de valores: fija reglas de conducta concretas.

En materia de honestidad y decoro, establece que los magistrados y funcionarios no pueden recibir regalos, presentes, donaciones ni beneficios por parte de litigantes o defensores —ni antes, durante, ni después del proceso—, y que esa prohibición se extiende al cónyuge, conviviente y descendientes. Fija además el deber de actuar con prudencia y moderación tanto en la vida pública como en la vida privada con trascendencia pública, y de guardar cautela respecto de situaciones que generen sospechas sobre la independencia o la imparcialidad.

Incorpora reglas sobre ética digital: uso de herramientas tecnológicas con integridad y responsabilidad, protección de datos personales de los justiciables, transparencia en la adopción de tecnologías y prevención de conflictos de interés en entornos digitales.

Pero el proyecto unificado no se agota en el código propio: propone también que el Plenario adhiera formalmente al Código Iberoamericano de Ética Judicial —adoptado en la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana de 2006 y actualizado en 2014— y que adopte los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, conforme a la Resolución 2006/23 del Consejo Económico y Social de la ONU. Es decir, el marco que proponemos no es solo nacional: es la articulación del código propio del Poder Judicial de la Nación con los estándares internacionales que Argentina hace tiempo debería haber incorporado.

Ese camino, sin embargo, todavía requiere tratamiento y definiciones internas para transformarse en una herramienta real.

Basta leer los diarios para darse cuenta de que, cuando las incompatibilidades no están definidas con precisión, la salida suele ser improvisada. Así, lo que debería resolverse con normas generales, previsibles y transparentes se transforma en una sucesión de excepciones y parches, con un daño institucional ya consumado.

Por eso es urgente avanzar hacia un instrumento con estándares verificables, procedimientos definidos y mecanismos de control con efecto real. Un marco serio debe sostener la independencia judicial, pero también reforzar sus obligaciones correlativas: autocontrol institucional, integridad, rendición de cuentas y respeto estricto por los límites del rol jurisdiccional.

La independencia protege al juez frente a presiones externas, pero no lo exime de reglas. Al contrario: le exige límites más estrictos, precisamente porque la decisión judicial puede afectar la libertad, el patrimonio y la vida de las personas.

Defender un marco ético robusto no es atacar a la Justicia. Es protegerla de sus zonas oscuras, impedir que conductas indebidas de unos pocos deterioren la imagen de muchos y asegurar que el servicio de justicia esté a la altura de lo que la Constitución y la sociedad demandan.

Si la Argentina quiere volver a confiar en su Justicia, el primer paso no es grandilocuente. Es básico: sin ética exigible, no hay Justicia confiable.

Este martes se supo el veredicto, luego del juicio de cesura iniciado una semana atrás, contra Mauricio Javier Atencio Krause, el anestesiólogo de General Roca declarado penalmente responsable de homicidio culposo por la muerte de Valentín Mercado Toledo, el niño de cuatro años que falleció tras una cirugía el 11 de julio de 2024.

La resolución, informada  por el juez Emilio Stadler en la sala 5 de Tribunales de la ciudad rionegrina, condenó al anestesiólogo con una pena de tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación para ejercer la medicina por siete años y seis meses.

Además de esta inhabilitación, Krause deberá cumplir reglas de conducta estrictas durante tres años, entre las que se incluyen la presentación mensual ante la Justicia y la prohibición de cometer nuevos delitos.

Los fiscales Gastón Britos Rubiolo y Norma Reyes, del Ministerio Público Fiscal, habían solicitado la misma pena para Krause con la diferencia de que no pueda ejercer su profesión por 10 años. La querella, en representación de los padres del niño, ejercida por Agustín Aguilar y Miguel Ángel Díaz Zeballos, habían coincidido con esa pena.

Por su parte, la defensa del acusado -representado por el letrado Juan Ignacio Scianca-, había solicitado que se le aplique el mínimo de la escala penal prevista para el delito de homicidio culposo y que la inhabilitación profesional, en caso de ser impuesta, se limite específicamente al ámbito de la medicina pediátrica.

Durante el juicio celebrado el 3 de diciembre del año pasado, el tribunal concluyó que el profesional no solo abandonó el quirófano durante la cirugía, sino que también usó su teléfono celular mientras se desarrollaba el procedimiento y la sala de operaciones carecía de un desfibrilador y de controles clínicos adecuados.

Durante la audiencia, se precisó que el paciente era un menor sin problemas de salud previos, y que la clínica disponía del equipamiento necesario para garantizar una cirugía segura. Las acciones y omisiones del anestesista fueron calificadas como decisivas para el desenlace fatal.

Cómo fue el caso de mala praxis

El 11 de julio de 2024, Toledo fue ingresado al Sanatorio Juan XXIII para una cirugía que, según el cirujano pediátrico Fernando Cordero, “sería breve, de una hora u hora y media”. La intervención quirúrgica era para reparar una hernia diafragmática que no le causaba molestias al niño, pero que los médicos preferían tratar cuanto antes.

Pero la operación dio un giro dramático. Valentín presentó muerte cerebral tras un paro cardíaco en quirófano, aunque el equipo inicial solo informó “un poco de bradicardia” y procedió a su traslado a terapia intensiva.

Al solicitar un certificado para su trabajo, Ariana, la madre del menor, descubrió que el documento consignaba “muerte encefálica”, lo que, tras requerir aclaraciones, fue corregido a mano por una empleada administrativa, admitiendo finalmente que no se trataba de un error. Y fue citada a una junta médica recién el 17 de julio, donde le confirmaron el diagnóstico irreversible.

Solo días después logró reconstruir los pormenores del suceso: “El médico me había dicho que fue un poco de bradicardia, pero a la semana me entero de que Valentín había sufrido un paro cardíaco durante la cirugía”.

Así, al atar los cabos sobre la responsabilidad en la sala de operaciones, Ariana identificó que la vida de su hijo dependía del anestesista, cuyo nombre obtuvo tras múltiples evasivas. Con esa información, presentó la denuncia el 18 de julio de 2024 ante la fiscalía, dando inicio al proceso judicial que hoy llegó a su culminación.

Un vecino de la localidad de Coronel Suárez recibirá una indemnización millonaria tras una larga batalla judicial que se inició en 2018 y tuvo un giro inesperado en segunda instancia. Según informaron El Orden de Pringles y La Nueva, la Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca condenó al conductor de una camioneta y a su aseguradora a pagar más de 80 millones de pesos a un ciclista que fue atropellado al intentar esquivar un enjambre de abejas.

En tanto, la dilación de la resolución se debió a que, en un primer momento, el juez había rechazado la demanda del ciclista, argumentando que había realizado una "maniobra imprevista" para esquivar al conjunto de insectos, lo que habría provocado el accidente. Sin embargo, los camaristas desestimaron esa visión y fallaron a favor de la víctima.

El episodio ocurrió el 2 de diciembre de 2018, cerca de las 16, cuando una camioneta Toyota SW4, conducida por Mariano Adrián Mariño, embistió desde atrás a la bicicleta en la que iba un hombre de 43 años, identificado como L.G.L. Como consecuencia del impacto, el ciclista sufrió heridas gravísimas: politraumatismos, fractura de nariz, clavícula y una lesión severa en tibia y peroné que le dejó un acortamiento en la pierna.

El fallo de primera instancia había sido adverso para el hombre que iba en el rodado de porte menor. El Juez Néstor Javier Carlos había considerado que la víctima había causado el siniestro porque circulaba con auriculares y, ante la aparición repentina de una "nube de insectos", realizó un movimiento brusco que sorprendió al conductor. Sin embargo, la Sala I de la Cámara, con los votos de los jueces Marcelo Osvaldo Restivo y Fernando Carlos Kalemkerian, le dio un giro completo a la resolución de la historia.

Los camaristas aplicaron la lógica de que quien maneja una "cosa riesgosa" (la camioneta) es quien debe responder por los daños, salvo que la culpa de la víctima sea total. "Circular por una avenida al mando de una cosa riesgosa y traspasar a un ciclista impactándolo por detrás (...) fue el hecho apto para ocasionar el daño", sentenciaron. De esta manera, desestimaron que la maniobra por las abejas o el uso de auriculares fueran motivo suficiente para eximir de culpa al conductor de la 4x4.

El pagoLa resolución, finalmente, fija un resarcimiento económico por una suma de $80.887.000 (más intereses):

$63 millones por incapacidad laboral y daño patrimonial (los peritos confirmaron una incapacidad permanente del 42%).$15 millones por Daño Moral (el impacto emocional en su vida).$2,5 millones por gastos médicos y traslados.$500.000 por el valor de la bicicleta.La condena alcanza tanto al conductor como a la compañía de seguros La Segunda.

La abogada María Natalia Martinenghi realizó una presentación con el objetivo de visibilizar las demoras en el avance de expedientes en organismos judiciales con sede en Tandil. En diálogo con El Eco de Tandil expresó que algunos juzgados “trabajan muy lento”, incluso en procesos que requieren medidas urgentes. 

“El acceso a la Justicia es lento” y que “no se enfocan en la realidad que uno está planteando”, remarcó.

La profesional, que tiene llegada al Gobierno nacional y participación activa en los medios nacionales, contó que la queja tiene por objetivo advertir sobre una demora en el avance de los procesos en organismos judiciales con sede en la ciudad.

En ese sentido, expuso que “cuando uno solicita una medida cautelar urgente, siempre tienen una excusa y tarda”. A modo de ejemplo, citó el caso de una persona que “está por quedarse en la calle; pedí urgente para que anule ese acto y le hagan una pericia psicológica y el juzgado todavía no tomó una medida” y agregó la situación de un trámite que comenzó “cuando el niño tenía cuatro años, hoy tiene 17 años y todavía la abuela no pudo conseguir la tutela”.

Desde su perspectiva, la abogada consideró que “no se enfocan en la realidad o en lo que uno está planteando”, independientemente que cada presentación debe cumplir con determinadas formalidades.

Sin embargo, insistió en el concepto vinculado a la “situación de vulnerabilidad” que genera ese tipo de medidas que revisten carácter de urgente. “No estamos hablando de una sucesión, a veces estamos hablando de un niño, una niña, a cuestiones delicadas, de vivienda, de personas incapaces”, repasó.

“El acceso a la Justicia es totalmente lento”, aseguró sobre una observación que no alcanza a todos los juzgados. 

Tras la presentación, la abogada señaló que podría llevar el caso hasta la Corte Suprema de Justicia para determinar “si los jueces que están en Tandil serían procedentes para su cargo porque cuando uno presenta una medida de urgencia hay peligro de demora”.

“No lo hago solamente por mí sino también por todos los colegas para que no tengan el mismo problema, para todos nosotros y para que Tandil cambie”, cerró.

El hombre que había sido aprehendido el lunes en la intersección de Pasteur y Quintana fue liberado este martes, después de que la Fiscalía recaratulara el episodio como hurto en grado de tentativa, una figura penal menos gravosa que la inicialmente considerada.

La secretaria de Protección Ciudadana del Municipio, Alejandra Marcieri, manifestó su disconformidad con la decisión judicial. Sostuvo que desde el área se entendía que existían elementos suficientes para mantener la carátula original, lo que permitiría la posibilidad de una pena efectiva. Además, remarcó el contexto de reiterados hechos contra la propiedad atribuidos al mismo individuo y destacó el trabajo coordinado entre las fuerzas policiales y el Centro de Monitoreo para prevenir delitos y actuar con rapidez frente a cada situación.

Según se indicó, el historial judicial del aprehendido registraba 15 causas en lo que iba de 2025 y un total de 50 en los últimos cinco años.

El hecho se produjo cuando personal de la Comisaría Primera, que realizaba tareas encubiertas junto al GTO de la Comisaría Tercera, observó a un individuo intentar sustraerle una riñonera a un vecino de 67 años, quien llevaba 85.970 pesos en efectivo. Tras un breve forcejeo, el sospechoso escapó corriendo, maniobra que quedó registrada por las cámaras del Centro de Monitoreo del Municipio, y fue interceptado a pocos metros del lugar.

El hombre había quedado inicialmente a disposición de la UFI Nº 16 bajo la carátula de robo infraganti delito. Sin embargo, tras analizar las actuaciones, la Fiscalía modificó la calificación legal y ordenó su liberación, en tanto continúan las diligencias correspondientes. La riñonera y el dinero recuperado fueron restituidos a la víctima.

La Suprema Corte de Justicia bonaerense resolvió otorgar una licencia de 90 días al doctor José Martín Zárate, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 del Departamento Judicial Azul, con sede en Tandil, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el ejercicio de su función.

La medida, dispuesta mediante la Resolución Nº 3290/2025, se fundamentó en actuaciones iniciadas a raíz de una investigación interna y una causa penal en curso. Según se desprendió del expediente, la Subsecretaría de Control Disciplinario había recibido documentación vinculada a la I.P.P. Nº 01-01-4019-24/00, en la que se investiga la actuación del magistrado por posibles delitos de prevaricato agravado, cohecho y extorsión.

El caso tiene origen en una denuncia formulada en el marco del expediente civil “Ramírez, Juan Miguel c/ Giove, Roberto Gastón y otro/a s/ acciones posesorias”, en el que el juez Zárate habría mantenido —según el informe preliminar— contactos y conversaciones extrajudiciales con las partes involucradas, además de haber redactado un acuerdo que fue remitido por correo electrónico. Los denunciantes sostienen que el magistrado procuró obtener un beneficio económico y actuó con parcialidad.

Ante los hechos, la instructora del sumario, doctora Silvina Eugenia Carlos, estimó que la conducta atribuida “desprestigia la actuación institucional y daña la jurisdicción”. También participaron de la investigación la doctora Nora Claudia Farina, titular de la Subsecretaría de Control Disciplinario, y el Procurador General Julio Conte-Grand, quien finalmente denunció al juez Zárate ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia por mal desempeño y pidió su destitución.

La Corte Suprema provincial, con la firma de los jueces Hilda Kogan, Daniel Fernando Soria, Sergio Gabriel Torres y Mario Eduardo Kohan, consideró que correspondía actuar preventivamente. En su resolución, el Tribunal recordó que posee facultades de superintendencia sobre los magistrados del Poder Judicial y que la licencia se otorga “para garantizar la normal prestación del servicio de justicia y evitar la reiteración de hechos reprochables”, hasta tanto se expida el Jurado de Enjuiciamiento.

La medida comenzó a regir a partir del 12 de noviembre de 2025, fecha en que la resolución fue registrada oficialmente en el Registro de Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, bajo el número RSC-3290-2025.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner será juzgada desde mañana como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho junto a otros 86 acusados, entre ellos ex ministros de su gobierno, el remisero autor de los "cuadernos" Oscar Centeno y medio centenar de empresarios.

La fiscal general Fabiana León, quien llevará adelante la acusación en el caso Cuadernos desde el jueves próximo, advirtió que se trata de la investigación "de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina".

Cuadernos es "solo comparable a unas pocas a nivel mundial", agregó en un informe que presentó su fiscalía con un detalle del juicio que se iniciará mañana.

Desde las 9.30 y con trasmisión por el canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación los jueces del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero darán inicio al debate que se prevé durará al menos tres años y que durante el primer mes transcurrirá cada jueves con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio en el caso central y los conexos que llegan al debate.

La ex presidenta deberá conectarse desde su lugar de detención domiciliaria en San José 1111 donde cumple la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta impuesta en la “Causa Vialidad” y que la Corte Suprema dejó firme este año.

Además serán juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obra pública José López y el ex funcionario de esa cartera Roberto Baratta y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Se juzgarán 540 hechos de supuesto pagos ilegales por parte de empresarios para acceder a contrato de obra pública: llegan al estrado 65 hombres de negocios y dos choferes, uno de ellos el remisero autor de los escritos en los cuadernos, Centeno, imputado colaborador en el caso procesado como supuesto miembro de asociación ilícita.

Entre los empresarios que llegan a juicio están el primo del ex presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona.

La investigación se centro en la existencia de una asociación ilícita que habría funcionado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional para recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales.

Los delitos que se imputan van desde asociación ilícita a cohecho, dádivas y encubrimiento, según el caso.

El delito de asociación ilícita prevé hasta diez años de prisión y el de cohecho tiene un máximo de seis años.

En el caso Vialidad por el direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz a favor del también condenado empresario Lázaro Báez, el Tribunal Oral Federal 2 que llevó adelante el juicio descartó la figura de asociación ilícita y condenó por defraudación, algo que quedó firme en la Corte Suprema.

Desde marzo de 2026 se sumará un día de audiencias en Cuadernos mientras que las declaraciones indagatorias de los acusados comenzarían entre fin de año y de manera posterior a la feria judicial de enero.

El Tribunal aún tiene que decidir si también serán virtuales o para esta instancia se habilitará la presencialidad.

Sebastián Sardé juró como titular del Juzgado Civil y Comercial N° 3, junto con 3 magistrados que desempeñarán su cargo en otras localidades del Departamento Judicial de Azul: Marcos García Etchegoyen –quien integrará la sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Azul)-; Orlando Simón y María Virginia Paoltroni, quienes fueron puestos en funciones como titulares de los Juzgados de Paz de General Lamadrid y General Alvear, respectivamente.El acto fue presidido por la jueza María Inés Longobardi, encargada de tomar juramento en la ceremonia que se realizó en la sala de la Cámara Penal del Palacio de Justicia de Azul, ante una numerosa convocatoria. 

Sardé es oriundo de Azul y graduado de la Facultad de Derecho de la Unicen, donde es docente. También ocupó el cargo de secretario del Juzgado Civil y Comercial de Azul hasta su reciente designación.A principios de este año fueron aprobados por el Senado bonaerense los pliegos con los nombramientos de los cuatro magistrados que se suman a otras designaciones para el Departamento Judicial de Azul, como la reciente de Martín Viceconte (Tribunal Oral en lo Criminal 1) y en otras dependencias judiciales con asiento en Tandil, como el Tribunal Laboral, Fiscalía Juvenil y Defensoría Penal. Las designaciones –ratificadas posteriormente por decreto que lleva la firma de Axel Kicillof- vienen a cubrir algunos de los cargos que permanecieron vacantes en el Poder Judicial por más de tres años y por los cuales se hicieron numerosas gestiones desde el ámbito local, por parte de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tandil (Amafutan), del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Azul y de algunos representantes políticos.

Finalizando agosto el gobernador Axel Kicillof firmó los decretos para la designación de  jueces, fiscales y defensores oficiales en distintos fueros y departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires.

Como oportunamente se consignó en este medio, Tandil adolece de cargos sensibles en lo que concierne al funcionamiento judicial. En el Tribunal Criminal está desintegrado hace cinco años, tras las jubilaciones de Pablo Galli, Guillermo Arecha y la asunción como juez de Cámara Gustavo Agustín Echevarría. Los actuales debates se logran realizar con jueces subrogantes, en la gran mayoría con el actual juez correccional Carlos Pocorena, quien surfea también una compleja actualidad con un calendario copado por su propio juzgado, el único en dicho fuero más allá de otras tantas promesas de creación de uno nuevo.

Este jueves, en horas de la mañana, el Tribunal Oral en los Criminal volvió a tener un juez titular cuando juró Martín Viceconte. Todavía restan cubrirse dos lugares más en ese tribunal.

Según la crónica del diario El Tiempo de Azul, Viceconte juró "por la Patria" en el marco de la ceremonia desarrollada en la sala que en el tercer piso del edificio central de los tribunales de Azul posee la Cámara Penal. El Juez contó con el acompañamiento de sus familiares. Entre ellos, su esposa, su madre y su hermana, quienes firmaron el libro de actas, del mismo modo que lo hicieron magistrados y funcionarios judiciales y allegados de Viceconte.

El camarista penal Agustín Echevarría tuvo a su cargo tomarle el juramento de rigor al juez penal Martín Viceconte. En la previa a que eso sucediera, Echevarría hizo alusión a la problemática suscitada en el Tribunal Oral en lo Criminal de Tandil -que él integrara hasta años atrás y que ahora lo tiene como único titular al magistrado que juró este jueves- ante la falta de sus miembros.

En ese contexto, destacó la labor del "equipo de trabajo" de ese tribunal, que a pesar de la falta de jueces "le puso el hombro" a la situación en procura de continuar brindando un adecuado "servicio de justicia".

Con 42 años de edad, el azuleño Martín Oscar Viceconte integra desde ahora el Tribunal Oral en lo Criminal de Tandil luego de que hace más de una década venía desempeñando funciones como secretario en el Juzgado de Garantías 2 con sede en el Palacio de Justicia de Azul que está a cargo del magistrado Federico Barberena.

Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires en el año 2006, es Especialista en Derecho Penal, ha cursado y completado varias maestrías y durante una década trabajó en el extinto INADI, llegando a ejercer el cargo de Coordinador del Centro de Denuncias. 

Finalizando agosto el gobernador Axel Kicillof firmó los decretos para la designación de  jueces, fiscales y defensores oficiales en distintos fueros y departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires.

Como oportunamente se consignó en este medio, Tandil adolece de cargos sensibles en lo que concierne al funcionamiento judicial. En el Tribunal Criminal está desintegrado hace cinco años, tras las jubilaciones de Pablo Galli, Guillermo Arecha y la asunción como juez de Cámara Gustavo Agustín Echevarría. Los actuales debates se logran realizar con jueces subrogantes, en la gran mayoría con el actual juez correccional Carlos Pocorena, quien surfea también una compleja actualidad con un calendario copado por su propio juzgado, el único en dicho fuero más allá de otras tantas promesas de creación de uno nuevo.

Este jueves, en horas de la mañana, el Tribunal Oral en los Criminal volvió a tener un juez titular cuando juró Martín Viceconte. Todavía restan cubrirse dos lugares más en ese tribunal.

Según la crónica del diario El Tiempo de Azul, Viceconte juró "por la Patria" en el marco de la ceremonia desarrollada en la sala que en el tercer piso del edificio central de los tribunales de Azul posee la Cámara Penal. El Juez contó con el acompañamiento de sus familiares. Entre ellos, su esposa, su madre y su hermana, quienes firmaron el libro de actas, del mismo modo que lo hicieron magistrados y funcionarios judiciales y allegados de Viceconte.

El camarista penal Agustín Echevarría tuvo a su cargo tomarle el juramento de rigor al juez penal Martín Viceconte. En la previa a que eso sucediera, Echevarría hizo alusión a la problemática suscitada en el Tribunal Oral en lo Criminal de Tandil -que él integrara hasta años atrás y que ahora lo tiene como único titular al magistrado que juró este jueves- ante la falta de sus miembros.

En ese contexto, destacó la labor del "equipo de trabajo" de ese tribunal, que a pesar de la falta de jueces "le puso el hombro" a la situación en procura de continuar brindando un adecuado "servicio de justicia".

Con 42 años de edad, el azuleño Martín Oscar Viceconte integra desde ahora el Tribunal Oral en lo Criminal de Tandil luego de que hace más de una década venía desempeñando funciones como secretario en el Juzgado de Garantías 2 con sede en el Palacio de Justicia de Azul que está a cargo del magistrado Federico Barberena.

Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires en el año 2006, es Especialista en Derecho Penal, ha cursado y completado varias maestrías y durante una década trabajó en el extinto INADI, llegando a ejercer el cargo de Coordinador del Centro de Denuncias. 

La Corte Suprema de Justicia le dio un durísimo golpe judicial a Tabacalera Sarandí y a su dueño, Pablo Otero, conocido como el "Señor del Tabaco". Por unanimidad, el máximo tribunal declaró constitucional el impuesto mínimo al tabaco y, en consecuencia, la empresa deberá pagar una deuda de más de 1.000 millones de dólares que acumuló con el fisco desde 2018. La información fue revelada por los periodistas Lucía Salinas y Nicolás Diana del diario Clarín.

El fallo, que contó con la firma de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y tres conjueces, desestimó todos los argumentos de la empresa, que se había amparado en cautelares judiciales durante años para no pagar el tributo.

El eje central de la decisión de la Corte fue que Tabacalera Sarandí no pudo probar que la ley que estableció el impuesto mínimo fuera "irrazonable" o afectara su derecho a la propiedad. Los jueces sostuvieron que el Poder Judicial no debe evaluar los impactos económicos de los impuestos, ya que eso es una facultad de los otros poderes del Estado.

Además, el fallo remarcó que los impuestos son un "valioso instrumento de regulación" y que es "razonable que el Estado alcance a determinadas actividades con un tributo diferenciado", en este caso, con una finalidad de salud pública para desalentar el consumo de cigarrillos. La Corte calificó la presentación de la empresa como "desprovista de sustento fáctico y jurídico consistente".

El caso se inició en 2018, cuando Tabacalera Sarandí se presentó en la Justicia para no pagar el impuesto mínimo, argumentando que era una pequeña Pyme y que el tributo le impedía competir. Sin embargo, gracias a no pagar ese impuesto, la empresa pasó de tener el 5,6% del mercado en 2016 al 38,4% en 2023. El propio Otero admitió en una entrevista que su compañía facturaba 800 millones de dólares al año.

En su fallo, la Corte también rechazó una última maniobra de Otero, quien la semana pasada intentó ganar tiempo informando que se había acogido a un plan de pagos, sin presentar ninguna documentación que lo acreditara.

Con esta decisión, se pone fin a una larga disputa judicial que le permitió a Otero consolidar su poder en el mercado del tabaco a base de no pagar impuestos. Ahora, deberá afrontar una deuda que, según las estimaciones, supera los 1.000 millones de dólares.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó a través de sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy un pedido formal de aclaratoria ante el Tribunal Oral Federal 2 para que se precise si puede o no salir al balcón de su casa a saludar a la militancia, en el marco de la prisión domiciliaria que comenzó a cumplir tras el fallo de la causa Vialidad. La ahora reclusa comentó en su cuenta de X: “Parece joda, pero no…”.

El planteo, que la misma exmandataria compartió en la publicación en la red social, se enfoca en el punto III.b de la resolución judicial notificada el lunes, donde se le impone a la ex jefa de Estado “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.

Beraldi y Llernovoy destacan que Cristina “ha cumplido con cada una de las obligaciones que le fueron impuestas, conducta que también mantendrá estrictamente en esta etapa de ejecución”.

Por lo tanto, piden que el Tribunal dé “suficiente claridad a esta cuestión, no solo para nuestra parte, sino también para terceros”, debido a que “se ha suscitado un debate de carácter público, tal como lo reflejan los distintos medios de comunicación del país, en torno a si nuestra representada puede o no salir al balcón del domicilio en el que se encuentra actualmente”.

Ante la ambigüedad del enunciado y el debate público que se generó, los letrados solicitaron que el Tribunal indique de manera concreta si ese comportamiento está prohibido total o parcialmente, y en ese caso, cuáles son los alcances de esa restricción. “Para que la regla de conducta antes aludida adquiera la debida precisión, deviene imprescindible que sea integrada con una indicación específica por parte del órgano jurisdiccional competente”, expresaron en el texto presentado.

Además, la defensa hizo reserva del caso federal y anticipó que podría acudir a organismos internacionales, en función de las garantías constitucionales que consideran involucradas en esta etapa del cumplimiento de la condena.