La diputada de Nuevos Aires, Viviana Romano, presentó un proyecto de ley con el objetivo de establecer un régimen de transparencia y trazabilidad en los tiempos procesales dentro de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca que la ciudadanía pueda consultar información estadística sobre la duración de los procesos, la cantidad de causas pendientes y las etapas donde se registran mayores demoras, sin afectar la independencia del Poder Judicial.

El proyecto, impulsado por la legisladora oriunda de Berazategui, propone que los datos sean elaborados a partir de los sistemas de gestión ya existentes, bajo los términos que establezca la Suprema Corte de Justicia. La información incluiría indicadores sobre procesos iniciados y concluidos, tiempos promedio de tramitación y expedientes que superan los plazos legales.

“La provincia de Buenos Aires cuenta con herramientas de gestión judicial que permiten registrar las distintas etapas de los expedientes y calcular plazos. El sistema que utiliza la Justicia bonaerense registra los pasos procesales y permite, entre otras cosas, agendar vencimientos y calcular plazos, por lo tanto, existe una capacidad institucional y tecnológica que permite avanzar en una política pública ambiciosa sin necesidad de crear un nuevo sistema”, dijo en la presentación la diputada.

Romano enfatizó que la medición de tiempos no implica una interferencia en la función jurisdiccional ni busca modificar el régimen de enjuiciamiento de magistrados. Por el contrario, la legisladora sostuvo que esta herramienta permitiría identificar cuellos de botella y orientar políticas de gestión. Al respecto, citó como antecedente el programa de oralidad implementado por la Suprema Corte, donde los informes oficiales registraron una disminución del plazo promedio de tramitación de 1.338 a 609 días corridos.

El acceso efectivo a la Justicia no se agota en la posibilidad formal de iniciar un proceso. Una justicia que llega cuando el conflicto, el daño o la necesidad ya se han agravado también puede significar una afectación concreta de derechos

La propuesta establece que los datos deberán presentarse de manera agregada y bajo estricto anonimato, garantizando la confidencialidad de las partes involucradas. La publicación de estos indicadores, según el proyecto, deberá realizarse como mínimo una vez al año para permitir el seguimiento de las tendencias en la prestación del servicio de justicia.

El ministro de Justicia, Juan Martín Mena, adelantó que el gobernador Axel Kicillof enviará 200 nuevos pliegos de jueces y magistrados al Senado con el objetivo de completar las vacantes existentes en el Poder Judicial bonaerense. El anuncio fue realizado en el marco del XXII Congreso Provincial de Funcionarios y Funcionarias del Poder Judicial bonaerense, que tuvo lugar en la ciudad de Mercedes.

Durante su discurso, el funcionario destacó el proceso de cobertura de cargos que viene llevando adelante la gestión provincial. Sobre los próximos pasos a seguir, el ministro señaló: “Esperamos muy pronto estar concretando casi unas 200 vacantes más que estamos terminando de trabajar”.

Esta iniciativa se suma a las 412 vacantes que fueron cubiertas durante el año pasado. Al respecto, Mena remarcó que dicho resultado no significó el cierre del proceso, sino que el gobierno continúa trabajando para avanzar con nuevas designaciones en el sistema judicial. “No nos quedamos con el logro de las 412 vacantes que pudimos sanear con el gobernador y el Senado de la provincia de Buenos Aires el año pasado, sino que estamos permanentemente trabajando”, sostuvo.

A pesar del anuncio, el ministro no brindó precisiones sobre si se avanzará con la cobertura de las cuatro vacantes en la Corte Suprema, un tema que ha sido solicitado por el propio tribunal. Este retraso genera, además de reclamos por parte de diversos actores del ámbito judicial, una marcada tensión política sobre la cual el gobernador Axel Kicillof no ha mostrado disposición para avanzar por el momento.

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul, Sala I, confirmó parcialmente una sentencia dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 2 de Tandil contra una entidad bancaria, en el marco de una demanda por daños y perjuicios vinculada con un crédito hipotecario otorgado bajo el sistema UVA.

El tribunal consideró acreditado que la entidad había enviado a un cliente tandilense un correo electrónico en el que le informaba que su préstamo se encontraba incluido en una resolución de migración del sistema UVA hacia un sistema de amortización en pesos con ajuste por el coeficiente Ho.Gar. Sin embargo, posteriormente se determinó que ese crédito no estaba alcanzado por dicha migración.

La resolución de la Cámara, registrada el 11 de agosto de 2026, modificó únicamente el rubro correspondiente al daño material, que finalmente fue rechazado. En cambio, mantuvo la condena por $2 millones en concepto de daño moral y $5 millones por daños punitivos, además de las costas en los términos establecidos por el tribunal.

El conflicto se originó a partir de un crédito hipotecario correspondiente al programa Procrear Ahorro Joven. Según surgió de la causa, el préstamo había sido otorgado bajo el sistema UVA y contemplaba un esquema de 360 cuotas mensuales.

En junio de 2021, el cliente recibió un correo electrónico proveniente de una dirección asociada al banco en el que se le comunicaba que su préstamo había sido incluido en una resolución de migración del sistema UVA a un sistema en pesos con ajuste por coeficiente Ho.Gar. El mensaje indicaba además que, desde agosto de ese año, el valor de la cuota se expresaría en pesos y que no se aplicaría la extensión de plazos propia del sistema UVA.

Sin embargo, de acuerdo con el análisis realizado durante el proceso, el préstamo había sido otorgado con fondos propios de la entidad y, aunque contaba con un subsidio del programa Procrear, no estaba alcanzado por la resolución que disponía la migración de determinados créditos. El contrato tampoco contemplaba esa posibilidad.

La Cámara consideró que la propia entidad bancaria había reconocido que el correo había sido enviado por error, dado que el crédito no reunía las características que aparecían descriptas en el mensaje.

El punto central para los jueces fue que, una vez producido el error, el banco debía corregirlo e informar adecuadamente al consumidor.

De hecho, la resolución señaló que, luego de recibir el correo, el cliente había realizado un reclamo ante la entidad para conocer los alcances de la supuesta migración. Sin embargo, no había recibido una respuesta que confirmara o rectificara aquella información.

La Cámara sostuvo que las relaciones entre los consumidores y las entidades bancarias se encontraban alcanzadas por el deber de información previsto por la legislación de defensa del consumidor.

En ese sentido, remarcó que la información debía ser adecuada, veraz, clara y comprensible, especialmente teniendo en cuenta la complejidad de operaciones como los créditos hipotecarios.

Para el tribunal, la entidad no podía limitarse a haber enviado un mensaje erróneo, sino que debía haber subsanado inmediatamente esa información cuando el consumidor realizó el reclamo correspondiente.

La Cámara concluyó así que el banco había incumplido el deber de información y que esa conducta había generado incertidumbre y desconcierto en el consumidor.

Sin embargo, el tribunal hizo lugar parcialmente al recurso presentado por la entidad bancaria respecto del daño material.

La Cámara entendió que, si bien el correo había sido efectivamente erróneo, esa comunicación no resultaba suficiente para demostrar que el consumidor hubiera sufrido un perjuicio económico concreto derivado de haber continuado abonando las cuotas bajo el sistema UVA.

La pericia contable había determinado la evolución del crédito y las cuotas, y concluyó que el banco había aplicado el régimen UVA previsto contractualmente. También se estableció que no correspondía la migración al sistema que había sido mencionado en el correo.

Por ese motivo, la Cámara consideró que no correspondía reconocer el daño material reclamado y modificó la sentencia de primera instancia exclusivamente en ese aspecto.

Distinta fue la conclusión respecto del daño moral.

Los jueces consideraron que la conducta de la entidad había podido generar una afectación anímica y espiritual, particularmente por tratarse de un crédito destinado a la adquisición de una vivienda y porque la información comunicada por el banco modificaba sustancialmente, desde la perspectiva del consumidor, las condiciones bajo las cuales debía afrontar el préstamo.

La Cámara destacó además que, luego de comunicar la supuesta migración, la entidad no había enviado un mensaje aclaratorio ni había respondido adecuadamente al reclamo posterior. Por ello, confirmó la procedencia del daño moral.

La entidad bancaria también había cuestionado la aplicación de una multa por daños punitivos.

En este punto, la Cámara rechazó el planteo y consideró procedente la sanción civil, al entender que la entidad había incumplido objetivamente los deberes establecidos por la legislación de defensa del consumidor, particularmente los vinculados con la información y el trato al usuario.

De esta manera, quedó confirmada la condena de $2 millones por daño moral y $5 millones por daño punitivo, mientras que fue eliminado el componente correspondiente al daño material.

La sentencia de la Cámara dispuso hacer lugar parcialmente al recurso de apelación presentado por el banco, modificar exclusivamente el rechazo del daño material y mantener el resto de la condena establecida en primera instancia.

La Municipalidad de Tandil oficializó la reincorporación de un trabajador al Sistema Integrado de Salud Pública (SISP), en cumplimiento de una sentencia definitiva dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

La medida quedó establecida mediante el Decreto N° 2164/2026, firmado por el intendente Miguel Lunghi y la presidenta del SISP, Cecilia Martens.

En los considerandos del decreto se indicó que la Suprema Corte hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Schwarz en la causa "Schwarz, Maximiliano Esteban Ariel c/ Hospital Municipal Ramón Santamarina s/ Pretensión Anulatoria".

Como consecuencia del fallo, se declaró la nulidad del Decreto Municipal N° 1430, del 15 de mayo de 2014, y se condenó a la Municipalidad de Tandil a reincorporar al trabajador al cargo y las funciones que desempeñaba antes del dictado de esa medida.

La sentencia se encuentra firme y todas las partes fueron notificadas, por lo que el decreto dispuso la reincorporación desde el 13 de julio de 2026 en el agrupamiento Chofer–Estafeta, categoría 7, con un régimen de 48 horas, dentro de la planta permanente del SISP.

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF-7) protagonizó un momento inusual durante el desarrollo del juicio oral y público por la denominada Causa Cuadernos. Al comenzar la audiencia, un testigo informó a los magistrados que se había producido un error en la citación, ya que habían convocado a una persona con el mismo nombre y apellido, pero que no era el declarante requerido.

La situación se desencadenó en los tribunales federales de Comodoro Py. El presidente del tribunal, el juez Enrique Méndez Signori, inició el interrogatorio preguntando al testigo:

Buen día, contador Santos, ¿usted trabajó en la AFIP, hoy ARBA?

Ante la negativa del hombre, el magistrado insistió sobre su actividad en el año 2018, obteniendo nuevamente una respuesta negativa. Fue entonces cuando el testigo aclaró:

Puedo aclarar algo, ustedes se equivocaron de Juan Carlos Santos.

El testigo, quien debió regresar del exterior para asistir a la citación, manifestó su malestar ante el tribunal:

Nadie me explicó nada, me llegó un whatsapp diciendo que me iban a citar. Yo estaba en el exterior con mi hija y me tuve que volver para esto. Pregunté para qué era la citación y me dijeron que no me podían decir.

Tras las aclaraciones pertinentes, el tribunal, integrado además por los jueces Fernando Canero y Germán Castelli, le pidió disculpas al hombre, quien se retiró del edificio a las 8.45. Por su parte, la secretaría del tribunal sostuvo que al contactar al testigo se le informó el motivo del juicio y el listado de personas implicadas.

La Causa Cuadernos investiga la entrega irregular de dinero por parte de empresarios a funcionarios del Gobierno kirchnerista para acceder a contratos de obra pública. Debido a que la siguiente testigo estaba citada para las 9.30, el juicio pasó a un cuarto intermedio tras el incidente.

La ciudad de Tandil fue escenario de un encuentro institucional del Poder Judicial del Departamento Judicial de Azul, una iniciativa orientada a fortalecer los vínculos de cooperación entre la administración de justicia, los gobiernos locales y distintas instituciones de la comunidad, con el propósito de mejorar la coordinación en el abordaje de problemáticas sociales.

La jornada fue convocada por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Azul y organizada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tandil (Amafutan). El encuentro estuvo encabezado por el presidente del Colegio, Pablo Quaranta, y el presidente de Amafutan, Diego Araujo, quien coordinó la actividad junto al secretario de la entidad, Juan Eduardo Viera, y otros integrantes de la asociación.

Antes del inicio de las actividades, representantes de las entidades organizadoras fueron recibidos por el intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi, acompañado por miembros de su gabinete. Durante la reunión intercambiaron experiencias y analizaron los principales desafíos que enfrentan las comunidades, haciendo especial hincapié en la necesidad de fortalecer los canales de comunicación entre el Poder Judicial y los gobiernos municipales.

Posteriormente, en la sede de la Cámara Empresaria de Tandil, se desarrolló una mesa interinstitucional que reunió a más de 30 participantes, entre ellos representantes de la Fiscalía General Departamental, la Defensoría General, magistrados de Azul y Tandil, funcionarios municipales de las áreas de Seguridad, Niñez y Familia, Desarrollo Social y Gobierno, además de referentes políticos y autoridades de los municipios de Las Flores, Rauch y Benito Juárez. También participaron representantes del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul y de la Asociación de Abogados de Tandil.

Durante el encuentro se abordaron temas de interés común como el ciberdelito, el narcomenudeo, la salud mental, las distintas formas de violencia y las cuestiones de género. El intercambio permitió compartir experiencias y estrategias implementadas por cada institución, con el objetivo de avanzar hacia respuestas más integrales y coordinadas.

En la apertura de la jornada, Diego Araujo destacó la importancia de consolidar un Poder Judicial abierto al diálogo con los demás poderes del Estado y con los gobiernos locales. "Cada institución debe ejercer sus competencias con plena autonomía y respeto por las atribuciones de las demás pero requiere generar ámbitos de análisis conjunto que permitan comprender integralmente los desafíos que enfrentan nuestras comunidades. Ese intercambio redunda en un mejor servicio de justicia y también en una gestión pública más eficaz de los problemas que afectan a la ciudadanía", indicó.

Por su parte, en el cierre del encuentro, Pablo Quaranta planteó la necesidad de impulsar el tratamiento del proyecto de ley de autarquía del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. “La autarquía procura dotar al Poder Judicial de mayores capacidades para administrar y planificar sus recursos con criterios de eficiencia, transparencia y previsibilidad, contribuyendo a mejorar la calidad del servicio de justicia que recibe la ciudadanía, sin afectar el debido equilibrio entre los poderes del Estado”, subrayó.

La propuesta recibió el respaldo del diputado provincial Matías Civale y del secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Ernesto Elicabide, quienes coincidieron en la importancia de promover un debate amplio sobre la iniciativa.

Como balance de la jornada, los participantes coincidieron en que la experiencia desarrollada en Tandil representa un paso significativo hacia la consolidación de una agenda de trabajo permanente entre el Poder Judicial, los gobiernos locales y las instituciones de la comunidad. Asimismo, expresaron el compromiso de dar continuidad a estos espacios de diálogo, entendiendo que la cooperación institucional fortalece tanto al servicio de justicia como a la capacidad del Estado para ofrecer respuestas más eficaces a las demandas de la sociedad.

Un proyecto de ley ingresado en el Senado de la provincia de Buenos Aires propuso la creación de un proceso judicial simplificado destinado a resolver conflictos vecinales y reclamos de consumo de escasa complejidad y bajo monto económico.

La iniciativa fue presentada por el senador provincial Marcelo Feliú y planteó la incorporación de un procedimiento especial, gratuito y de carácter predominantemente oral para atender disputas cotidianas que, por su costo o por la duración de los procesos judiciales tradicionales, muchas veces no llegan a ser reclamadas en los tribunales.

Según la propuesta, el nuevo mecanismo alcanzaría conflictos derivados de la convivencia entre vecinos, daños de menor cuantía, incumplimientos contractuales simples y reclamos vinculados con relaciones de consumo, entre otros supuestos que determine la reglamentación.

El proyecto prevé un trámite ágil, con escasas formalidades y una fuerte promoción de acuerdos entre las partes. En caso de no arribarse a una solución consensuada, el juez quedaría habilitado para dictar sentencia en plazos abreviados, con el propósito de garantizar una respuesta rápida a conflictos que habitualmente se prolongan durante meses o incluso años.

En los fundamentos de la iniciativa, Feliú sostuvo que el acceso efectivo a la Justicia continúa siendo una de las principales deudas del sistema judicial para quienes enfrentan litigios de baja cuantía. En ese sentido, remarcó que el tiempo y los costos de un proceso ordinario suelen desalentar a los ciudadanos a ejercer sus derechos.

Asimismo, el legislador argumentó que un procedimiento específico para este tipo de controversias permitiría optimizar los recursos judiciales, reducir la litigiosidad en los juzgados civiles y ofrecer respuestas más eficientes a situaciones que afectan la vida cotidiana de los bonaerenses.

La propuesta deberá ahora iniciar su tratamiento parlamentario en las comisiones del Senado bonaerense antes de quedar en condiciones de ser debatida en el recinto.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dio un paso histórico en el proceso de modernización del Poder Judicial al poner en consulta pública un proyecto de reglamento destinado a regular el desarrollo y uso responsable de herramientas de inteligencia artificial (IA) en los tribunales bonaerenses. Además, dispuso la creación de una Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial que tendrá a su cargo la supervisión y seguimiento de la iniciativa.

La medida busca establecer un marco institucional y jurídico para la incorporación progresiva de sistemas de IA en la administración de justicia, garantizando que su utilización se realice de manera segura, ética y respetuosa de los derechos fundamentales.

El proyecto, que permanecerá abierto a observaciones y sugerencias hasta el próximo 7 de agosto, constituye una experiencia inédita en el ámbito judicial argentino. Bajo la premisa de que “la función jurisdiccional es indelegable e insustituible”, la Corte busca evitar que las herramientas tecnológicas sustituyan el razonamiento humano en la toma de decisiones judiciales.

Según la resolución, magistrados, funcionarios, empleados judiciales, colegios profesionales, universidades y cualquier persona interesada podrán participar de la consulta pública a través de un formulario disponible en el sitio web oficial del máximo tribunal.

La Suprema Corte destacó que la inteligencia artificial ya se utiliza en distintos sistemas judiciales del mundo para tareas vinculadas a la gestión de expedientes, análisis de datos, sistematización de jurisprudencia y atención de usuarios. Sin embargo, advirtió que estas tecnologías también presentan riesgos, como la reproducción de sesgos, errores en los resultados o la generación de información inexacta.

En ese sentido, el futuro reglamento apunta a mejorar la eficiencia de los procesos judiciales y administrativos, facilitar el acceso a la justicia mediante la reducción de barreras tecnológicas, lingüísticas y geográficas, y brindar herramientas de apoyo a la labor jurisdiccional sin reemplazar la intervención humana.

El texto establece de manera expresa que ningún sistema de inteligencia artificial podrá asumir la toma de decisiones judiciales, la valoración de pruebas ni la elaboración de los fundamentos jurídicos que sustentan sentencias o resoluciones.

Asimismo, aclara que el uso de estas herramientas no exime a jueces, funcionarios ni agentes de la responsabilidad sobre el contenido, la validez y la legalidad de los actos en los que intervengan sistemas de IA. Por el contrario, deberán ejercer un control sustantivo y documentado sobre los resultados obtenidos.

Entre las disposiciones más relevantes, la Corte prohibió a sus integrantes utilizar chatbots de acceso gratuito o comercial, como ChatGPT, para procesar información judicial sensible o vinculada a investigaciones en curso.

La decisión se fundamenta en la necesidad de proteger datos personales y evitar que información confidencial pueda ser utilizada para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial fuera del control institucional.

De esta manera, la Suprema Corte bonaerense busca avanzar en la incorporación de nuevas tecnologías al sistema judicial, pero bajo reglas claras que preserven la transparencia, la seguridad de los datos y el rol irremplazable de las personas en la administración de justicia.

El presidente Javier Milei firmó un decreto que flexibiliza los requisitos pensados para hacer más visible y transparente el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema y deja sin efecto la recomendación para que el mandatario contemple la diversidad de género, especialidad y procedencia regional de los postulantes. 

La medida fue instrumentada mediante el Decreto 467/2026, publicado este 15 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial con la firma del ministro de justicia, Juan Bautista Mahiques. La misma busca, según la administración libertaria, simplificar trámites, evitar procesos redundantes y cubrir las vacantes más rápidamente.

La modificación alcanza a los procedimientos establecidos por los decretos 222 y 588 de 2003, que regulaban las designaciones de los máximos cargos judiciales. Según argumentó el Poder Ejecutivo, el objetivo es acelerar los nombramientos, reducir trámites administrativos y adecuar el sistema a los canales digitales de comunicación actuales.

Uno de los cambios centrales es la eliminación de la instancia previa de observaciones ciudadanas que se desarrollaba en el ámbito del Ministerio de Justicia antes de que el Poder Ejecutivo enviara los pliegos al Senado. Hasta ahora, los antecedentes de los postulantes debían publicarse y quedar sujetos a opiniones o impugnaciones antes de formalizar la nominación. Desde el Gobierno nacional sostuvieron que ese mecanismo duplicaba procedimientos ya contemplados en la Cámara alta, donde continúan vigentes las audiencias públicas, la recepción de observaciones de la ciudadanía y el tratamiento de los pliegos por parte de la Comisión de Acuerdos.

Con la nueva normativa, la participación ciudadana seguirá existiendo, aunque quedará concentrada en la etapa legislativa. En ese sentido, remarcaron que “los mecanismos de publicidad, transparencia y control ciudadano no se eliminan”, sino que pasan a desarrollarse exclusivamente en el Senado.

La reforma también introduce cambios en la difusión de los antecedentes de los candidatos. A partir de ahora, la información será publicada en el sitio web oficial del Ministerio de Justicia y en el Boletín Oficial, dejando de lado la obligación de hacerlo en diarios de circulación nacional. Además, los postulantes deberán presentar en un plazo de cinco días sus declaraciones juradas patrimoniales, incluyendo bienes propios, de su cónyuge o conviviente, del patrimonio conyugal y de los hijos menores, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Ética de la Función Pública.

Otro de los puntos modificados involucra a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo continuará verificando la situación impositiva y previsional de los candidatos, pero ahora contará con un plazo máximo de cinco días para emitir los informes correspondientes, los cuales deberán respetar las normas de secreto fiscal. La nueva reglamentación no introduce cambios en el procedimiento constitucional de designación. Se mantienen intactos los requisitos de aprobación por parte del Senado, incluidas las audiencias públicas, las impugnaciones ante la Comisión de Acuerdos y la necesidad de obtener una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes para validar cada nombramiento.

El Juzgado Correccional interviniente resolvió suspender la primera audiencia del juicio que debía comenzar hoy  contra Griselda Altamirano y Jorge Lezica, pero mantuvo la fecha de la segunda audiencia prevista  para el inicio del debate oral en el que se resolverá la responsabilidad penal de la pareja que liderada la agrupación Primero de Octubre. 

La decisión devino tras aceptar sobre la hora la presentación de un abogado particular, Mariano Adrián Pomares,  como nuevo defensor de ambos imputados.

Según surge de la resolución judicial a la que accedió El Eco de Tandil, el magistrado tuvo por presentado y aceptó el cargo del letrado y, en consecuencia, dispuso “dejar sin efecto la primera jornada de audiencia de debate fijada para el  11 del corriente mes y año”, manteniendo la fecha del 18 de junio a las 10 para la apertura formal del juicio, conforme al artículo 339 del Código Procesal Penal.

Asimismo, y con el objetivo de preservar el derecho de defensa de los acusados, se dispuso que los defensores oficiales Sandra Viviana Adorno y Diego Araujo continúen interviniendo en la causa hasta el inicio de la audiencia.

La decisión judicial se produjo semanas después de que se extinguiera la acción penal en algunas de las causas que involucraban a Altamirano y a Lezica, al declararse prescriptos determinados hechos que formaban parte del expediente y que se fueron diluyendo al ritmo de los recursos presentados por los acusados. En paralelo, la Justicia había confirmado la realización del debate oral por los restantes delitos atribuidos a ambos dirigentes sociales.

Más precisamente los delitos endilgados versan por los daños ocasionados en la movilización contra el Municipio por el recordado reclamo por el caso Simón, joven que murió tras ser arrollado por el el auto que conducía el exfuncionario municipal Luciano Jaureguiber, oportunamente condenado en un juicio abreviado.

A la vez, también Altamirano será sometida a otra imputación que responde a otra manifestación realizada en el edificio judicial de Azul, cuando fuera detenido -ya condenado- su hermano por abuso sexual. 

Tal como informó oportunamente El Eco de Tandil, el juicio reúne distintas causas vinculadas a episodios ocurridos años atrás y que habían sufrido numerosas postergaciones. La reciente resolución de prescripción dejó fuera de discusión algunas imputaciones, pero mantuvo vigentes otras acusaciones, por lo que el proceso judicial seguirá adelante.

Con la incorporación del nuevo abogado defensor y la reprogramación de la audiencia inaugural, el debate oral comenzará finalmente el próximo 18 de junio, fecha en la que se prevé el inicio formal del proceso contra los dos referentes sociales.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires oficializó el período de feria judicial de invierno correspondiente al año 2026. A través del Acuerdo 4229, el máximo tribunal determinó que el receso en la Administración de Justicia tendrá lugar entre el 20 y el 31 de julio, coincidiendo con las vacaciones escolares dispuestas por la Dirección General de Cultura y Educación.

Esta medida alcanza a la totalidad de los organismos que integran el Poder Judicial bonaerense. Según explicaron desde la institución, la decisión de fijar las fechas con la debida antelación responde a la necesidad de organizar el funcionamiento de los tribunales durante uno de los períodos de menor actividad judicial del año. 

De esta manera, los órganos jurisdiccionales podrán planificar sus agendas y programar las audiencias previstas para el segundo semestre, además de gestionar las licencias y reemplazos internos.

A pesar de la suspensión de la actividad ordinaria, el servicio de justicia no se verá paralizado. El acuerdo establece que continuarán funcionando guardias y organismos especialmente designados para intervenir en causas que requieran una resolución inmediata. En este sentido, se determinó cuáles serán las Cámaras de Apelación que permanecerán de turno en cada uno de los fueros para garantizar la continuidad del servicio.

Las actuaciones vinculadas con cuestiones de familia, violencia de género, salud, medidas cautelares urgentes y privaciones de libertad seguirán siendo atendidas mediante los mecanismos de habilitación de feria previstos por la legislación procesal vigente. La distribución territorial y las competencias de los organismos de turno se mantendrán conforme a lo establecido por la normativa actual, asegurando así la respuesta ante situaciones de urgencia durante las dos semanas de receso.

El Senado realizará dos nuevas Audiencias Públicas donde rendirán exámenes para ascender en la Justicia, entre los que se encuentran Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, y la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, Ana María Cristina Juan, en otro claro guiño a la familia judicial.

El Senado ya realizó tres audiencias donde expusieron 47 candidatos a jueces, defensores y fiscales, y esta semana lo harán otros 30 ante la Comisión de Acuerdos, que preside Juan Carlos Paggoto.

De todos modos, el oficialismo no pudo lograr aún obtener dictamen a favor de esos pliegos porque los senadores dialoguistas se resisten a firmar esos despachos hasta el Gobierno no mande los candidatos a ocupar juzgados en el interior del país. Esto demora su tratamiento en el recinto de sesiones. 

Por ese motivo, los senadores de la UCR, PRO y bloques provinciales aguardarán que entre el lunes y martes lleguen otros cuarenta pliegos con postulantes del interior del país, que tendrán ingreso parlamentario junto otros 22 en la sesión del próximo jueves 14.

Lo que sucede es que los dictámenes respaldando esos pliegos que se pusieron a la firma no reunieron todavía las 9 firmas necesarias para que se convierta en un despacho habilitado para ser tratado en una sesión ordinaria. Uno de los que debía firmar esos despachos era el presidente del bloque macrista, Martín Goerling Lara, y otro es el radical Maximiliano Abad, según pudo saber la Agencia NA.

“No vamos a firmar los dictámenes hasta que no ingresen los pliegos de los jueces del interior del país”, dijo un senador a fuente parlamentaria a NA.

Familia judicial

Para completar las Audiencias Públicas de esta primera tanda faltan las audiencias del miércoles 13 y jueves 14, donde expondrán otros 30 candidatos a un cargo en el Congreso, entre los que figuran varios postulantes de la llamada “familia judicial”.

La próxima semana rendirán exámenes ante los senadores, Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; Laureano Duran, hijo del excamarista Alberto Duran; y Ana María Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien está a cargo de la investigación por la presunta megaestafa Libra.

El miércoles lo harán el exjuez subrogante del juzgado federal de La Plata, Laureano Duran, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de La Plata.También la misma jornada rendirá examen ante la comisión de Acuerdos Ana María Cristina Juan, como candidata a jueza de primera instancia en el juzgado de Hurlingham, provincia de Buenos Aires.

En la misma jornada expondrán el secretario de juzgado Juan Pedro Guidici, postulado como juez del Juzgado de Primera instancia en lo Comercial de la Capital Federal y el fiscal de Morón, Mario Ferrario como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín.

El jueves 14 será el turno de Rosatti como juez del tribunal federal de Juicio de Santa Fe, quien no había terminado bien en el orden de mérito dado -le fue muy bien en el examen escrito, pero tuvo un menor porcentaje en el análisis de los antecedentes y quedó cuarto en el orden de mérito. 

Una subcomisión del Consejo evaluó los exámenes y ubicó a Rosatti en la terna en tercer lugar, que luego de la entrevista personal pasó al primero. La terna fue aprobada en una reunión plenaria del 29 de mayo de 2024 por unanimidad con la presencia de 19 consejeros, en una audiencia que no contó con la presencia de Horacio Rosatti. (NA).

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto para fortalecer el Poder Judicial, en el que reclamó autarquía financiera y la urgente cobertura de vacantes en distintos niveles del sistema judicial.

El planteo fue encabezado por su presidente, Sergio Torres, junto a los ministros Hilda Kogan y Daniel Soria, además del procurador general Julio Conte Grand, quienes expusieron la necesidad de avanzar en dos ejes centrales: el presupuesto y la designación de cargos pendientes.

Durante la presentación, Torres advirtió que el tribunal funciona con una integración incompleta desde hace años. “Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, sostuvo, al señalar que actualmente cuenta con solo tres miembros sobre los siete previstos por ley.

En ese sentido, remarcó que cubrir las vacantes no es una cuestión menor, sino una condición esencial para el funcionamiento institucional: implica garantizar la toma de decisiones estratégicas y el ejercicio pleno de las competencias del Poder Judicial.

El déficit no se limita a la Corte. Según se indicó, todavía quedan más de 200 cargos vacantes en el sistema judicial bonaerense, pese a que durante 2025 se concretaron más de 400 designaciones.

Otro de los puntos centrales del proyecto es la autarquía financiera. Desde el máximo tribunal sostienen que la dependencia del Poder Ejecutivo para la asignación de recursos condiciona su funcionamiento.

“No hay independencia judicial posible sin autarquía financiera”, afirmó Torres, al argumentar que la posibilidad de administrar su propio presupuesto es clave para garantizar un servicio de justicia eficaz.

Actualmente, cerca del 90% del presupuesto judicial se destina a salarios, lo que limita la capacidad de gestión y planificación del sistema.

Un mensaje político al Ejecutivo y la Legislatura

El proyecto, denominado “Fortalecimiento del Poder Judicial”, fue presentado con el respaldo de distintos sectores del ámbito judicial, como colegios de magistrados, abogados y la Asociación Judicial Bonaerense.

La iniciativa constituye también un mensaje hacia el gobierno provincial de Axel Kicillof y la Legislatura, a quienes se les pidió avanzar en consensos para resolver tanto la cuestión presupuestaria como la cobertura de cargos.

El planteo se da en un contexto de debate sobre la calidad institucional y el funcionamiento del sistema judicial, donde desde la Corte insisten en que la falta de integración y de autonomía económica impacta directamente en la eficiencia del servicio de justicia.

Los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, encabezados por Sergio Torres, presentaron un proyecto de ley que apunta a obtener la autarquía para administrar sus propios fondos. Al mismo tiempo, reclamaron al gobernador Axel Kicillof y a la Legislatura que se avance en la cobertura de las vacantes pendientes.

Sergio Torres, junto a los otros integrantes del máximo tribunal Hilda Kogan y Daniel Soria, y el procurador general Julio Conte Grand, brindó un discurso en el que solicitó al gobernador, pero también a diputados y senadores, arbitrar las herramientas necesarias para solucionar los problemas de presupuesto y de nombramiento de cargos que atraviesa la Justicia.

“Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, señaló Sergio Torres al explicar que desde hace seis años funcionan con tres de los siete integrantes que deberían tener.

El titular del tribunal hizo un repaso histórico y remarcó que transcurrieron 2.292 días desde la primera vacante y casi 800 desde la desintegración por la renuncia del doctor Luis Genoud. Según explicó, la falta de integrantes acarrea inconvenientes en votaciones clave. En este contexto, se busca que antes de la feria judicial de julio se completen los cuatro casilleros restantes mediante un acuerdo político que involucra al oficialismo y a la oposición.

Respecto a la independencia económica, Sergio Torres fue tajante al defender el proyecto denominado Fortalecimiento del Poder Judicial:

“No hay independencia judicial posible sin autarquía financiera. Un poder judicial que depende de otro poder para definir su presupuesto está inevitablemente condicionado”, afirmó.

El magistrado recordó que el 90 por ciento del presupuesto actual se destina a salarios y advirtió que “no hay independencia real sin autonomía financiera ni servicio de justicia eficaz sin capacidad de gestión”. Si bien destacó el esfuerzo del gobierno de Axel Kicillof para realizar 412 designaciones en 2025, pidió que en 2026 se continúe con esta política para cubrir las más de 200 vacantes aún pendientes en diversos niveles.

El acto funcionó como una fuerte señal política hacia los otros poderes del Estado y concluyó con la firma del proyecto por parte de los ministros de la Corte junto al Colegio de Magistrados, el Colegio de Abogados y la Asociación Judicial Bonaerense.

 Sergio Gabriel Torres asumió la titularidad de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en reemplazo de la jueza Hilda Kogan. El cambio respondió al sistema de rotación anual que establecen la Constitución provincial y la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que la presidencia alterna entre los miembros del tribunal por orden de antigüedad y precedencia técnica.

El nuevo esquema de conducción también ubica al doctor Daniel Fernando Soria en la vicepresidencia del cuerpo y a la doctora Hilda Kogan de regreso en su rol de ministra, luego de ejercer la presidencia entre 2025 y 2026. Este mecanismo de rotación vigente apunta a que la conducción del sistema de justicia más extenso del país preserve un equilibrio interno por encima de las personas, garantizando la continuidad institucional con independencia de sus integrantes.

Sergio Gabriel Torres integra la Suprema Corte bonaerense desde el año 2019, cuando la entonces gobernadora María Eugenia Vidal elevó su pliego al Senado provincial y la Cámara alta lo aprobó por unanimidad. El magistrado, que ya había presidido el máximo órgano judicial durante el período 2023-2024, vuelve a quedar al frente de un Poder Judicial que atraviesa una crisis de vacantes sin precedentes: el tribunal funciona con apenas tres de los siete ministros que establece la Constitución provincial.

Los cargos pendientes de designación se originaron por la jubilación del doctor Luis Genoud, las renuncias de Eduardo De Lázzari y Juan Carlos Hitters, y el fallecimiento del doctor Héctor Negri en el 2020. Si bien el gobernador Axel Kicillof anunció a fines de 2025 que abriría el debate para cubrir esos cargos, la discusión todavía no derivó en designaciones concretas.

Ante este panorama, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) elevó un reclamo explícito para que la cobertura de las vacantes atienda la cuestión de género y se avance hacia una integración paritaria de la Corte. Cabe destacar que Sergio Gabriel Torres cuenta con una extensa trayectoria académica en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), además de su previo desempeño como juez en la Justicia federal.

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires informó que ya se encuentra abierta la inscripción para el Examen de Idoneidad 2026, un requisito de carácter obligatorio para todas aquellas personas que aspiren a ingresar al agrupamiento administrativo del Poder Judicial.

Para el Departamento Judicial de Azul, jurisdicción que comprende a Tandil, el período de inscripción se extenderá desde el 4 hasta el 8 de mayo de 2026. Por su parte, la instancia evaluativa se llevará a cabo el 29 de mayo de ese mismo año.

El trámite se realiza íntegramente de manera virtual a través de la plataforma oficial y consta de cuatro pasos fundamentales: el registro en el sitio web de la Suprema Corte, la matriculación en el aula virtual correspondiente al domicilio del aspirante, la aceptación de los requisitos mediante declaración jurada y la carga final de los datos personales.

Desde el organismo judicial aclararon que quienes se encuentren eximidos de rendir, según las condiciones detalladas en el portal, deberán igualmente cumplir con la matriculación y la declaración jurada durante el plazo estipulado. Asimismo, se recordó que los exámenes aprobados en 2016, 2020 y 2021 tendrán validez hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que los realizados en 2024 tendrán vigencia hasta el 31 de julio de 2028. En contraste, las evaluaciones de los años 2010 y 2013 ya se encuentran vencidas.

Para obtener información adicional o realizar consultas, los interesados pueden contactarse a través del correo electrónico institucional examendeidoneidad@scba.gov.ar.

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata confirmó el procesamiento con prisión preventiva de un hombre imputado por tentativa de trata de personas con fines de explotación sexual, y producción y financiamiento de material de abuso sexual infantil. La decisión se dio en línea con el dictamen del fiscal general Daniel E. Adler.

La investigación estuvo a cargo de la entonces Fiscalía Federal de Tandil —actual Sede Fiscal Descentralizada de esa ciudad, a cargo de Marcos Silvagni—, con intervención del juez federal de Azul, Gabriel Di Giulio. En ella se determinó que, desde diciembre de 2015 y hasta diciembre de 2021, el imputado habría captado a personas en situación de vulnerabilidad —algunas menores de edad, o a sus familiares— para producir, financiar y distribuir material de abuso sexual infantil.

También se le endilga la comisión de, al menos, tres estafas junto a una mujer, cuyo procesamiento sin prisión preventiva fue confirmado por la Cámara marplatense.

El caso

En su dictamen, el fiscal general Adler sostuvo que el imputado empleaba una identidad ficticia y se hacía pasar por mujer para contactar a sus víctimas. Así, creó múltiples perfiles falsos en redes sociales con distintos abonados telefónicos, en los cuales publicó avisos publicitarios de ofertas laborales engañosas en grupos de "busco y ofrezco trabajo".

Una vez que contactaba a las personas —en su mayoría mujeres— el imputado les solicitaba que hicieran fotografías y/o videos con representaciones sexuales explícitas que contaran con la participación de personas menores de 18 años de edad.

Así se lograron acreditar tres denuncias con un mismo patrón: contacto por redes sociales, el engaño de ofrecer trabajo, y el pedido —a cambio de dinero— de imágenes sexualizadas de menores, niñas y niños.

Incluso, en una ocasión, el imputado le ofreció dinero a una mujer para que le entregara a su hijo de 4 años, lo que motivó que la víctima denunciara lo ocurrido en la línea nacional 145, donde se reciben denuncias las 24 horas del día, y pueden realizarse de manera anónima.

Por otro lado, el MPF tuvo por acreditado que, en 2021, el imputado produjo y financió material de abuso sexual infantil, para distribuirlo y comercializarlo. Ello surgió de las imágenes y videos hallados en el celular que le secuestraron durante los allanamientos realizados en diciembre de ese año.

“La producción del material se habría concretado previa comunicación por WhatsApp, entre otras plataformas, disimulando su identidad bajo múltiples perfiles y abonados telefónicos. Se detectó material de niñas menores de 16 años, que se obtuvieron mediante la (misma) mecánica de captación”, sostuvo el fiscal general en su dictamen.

Más de 26 mil archivos

Al analizar la prueba reunida en la causa, los jueces Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez, señalaron que la intervención del imputado “se encuentra probada a partir, no solo de las denuncias glosadas al caso y las tareas de campo realizadas por la Policía Federal Argentina que permitieron determinar que él era el emisor de las ofertas laborales engañosas que tenían como fin la producción de esas fotos y videos, sino también con el hallazgo del material ilícito y las conversaciones con las niñas en sus dispositivos electrónicos secuestrados en el allanamiento”, que se realizó en su vivienda de la ciudad de bonaerense de Tandil. También se realizó otro procedimiento en un segundo inmueble vinculado al hombre.

En el análisis de uno de los teléfonos del imputado, personal de la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y la Adolescencia de la PFA encontró 26.150 archivos, algunos de los cuales eran  imágenes compatibles con material de abuso y/o explotación sexual infantil.

En esta línea, el fallo de la Cámara marplatense reparó en que “aparecen en la causa también otras fuentes de información que son las denuncias y declaraciones de las víctimas donde dirigió esas propuestas, la información de contacto y la geolocalización aportados por la telefonía y empresas de servicios de email”. Además, se verificó el uso de la aplicación MultiParallel, con la que se puede clonar y ejecutar múltiples cuentas de WhatsApp, Facebook, Instagram o juegos, de manera simultánea en un único teléfono.

Los magistrados concluyeron que el hombre no solo poseía material de abuso sexual infantil —conducta penada en el segundo párrafo del artículo 128 del Código Penal— sino que “buscaba captar mujeres y niñas/os vulnerables (a partir de publicaciones en foros de personas que necesitaban un trabajo), con la utilización de mensajes con perfiles falsos y desde líneas telefónicas que registraba con identidades falsas”. Así, “tras un texto de oferta laboral engañosa, explícitamente solicitaba el envío, a cambio de dinero, de fotos de niñas y niños menores de edad de contenido sexual con mensajes textuales como ‘esto es sin límites de edad’ o ‘cuanto más pibita, más pago’”.

Estafa y tenencia de DNI ajenos

El imputado también se valió de internet para cometer otros delitos: junto a otra mujer, cuyo procesamiento sin prisión preventiva también fue confirmado por la Cámara, ofrecían online la venta de fardos. Así, en tres oportunidades, simularon hacer la operación comercial y obtuvieron el pago, sin entregar la mercadería.

El hombre también está imputado por tener en su poder, de manera ilegítima, documentos de identidad (DNI) auténticos o apócrifos, y haberlos utilizado para distintas operaciones. Esa conducta es sancionada por los apartados c y d del artículo 33 de la Ley N°17.671 de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional.

Si bien, en los procedimientos solo se encontraron fotografías de los documentos –y no sus ejemplares físicos-- para la Cámara Federal “es claro por lo investigado que mediaría la utilización de documentos de terceros (inciso d), con el objeto de crear perfiles falsos en redes (por ejemplo)”. Si bien los camaristas consideraron que podía configurarse el eventual uso del documento anulado o reemplazado (inciso d), señalaron que sería en una instancia más avanzada del proceso donde pueda definirse la calificación legal definitiva.

Finalmente, los camaristas confirmaron el embargo de 50 millones de pesos oportunamente dispuesto. Además, coincidieron con el representante del MPFN en cuanto a la necesidad de impulsar nuevas medidas de prueba para robustecer la investigación, no sólo en los movimientos patrimoniales del acusado, sino también “poder conectar sus conductas con las de los otros posibles destinatarios del material, que pudiere haberse producido o financiado”.

Fuente: Fiscales

Los integrantes de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales de Apelación reclamaron la actualización del delito de contrabando menor y advirtieron por diversas inconsistencias detectadas en el Código Procesal Penal Federal. La postura fue adoptada tras un encuentro que reunió en Mar del Plata a los magistrados de todos los tribunales federales del país durante los días 12 y 13 de marzo.

El evento estuvo presidido por el titular de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, y contó con la participación de camaristas de las distintas jurisdicciones. Durante las dos jornadas, los magistrados analizaron el funcionamiento del sistema procesal y coincidieron en la necesidad de implementar reformas legislativas urgentes.

En primer término, la Junta instó a actualizar la condición de punibilidad para el delito de contrabando menor prevista en el Código Aduanero. Los jueces solicitaron revisar los montos que determinan la agravante de esta figura, al considerar que los parámetros actuales quedaron desfasados frente al contexto inflacionario que atraviesa la Argentina.

Asimismo, las autoridades judiciales advirtieron sobre una contradicción normativa dentro del código, específicamente una divergencia entre los artículos 347 y 223 in fine, respecto de los efectos que produce la impugnación en materia de medidas de coerción.

“La existencia de disposiciones contrapuestas en el régimen de impugnaciones genera incertidumbre y dificulta la labor de los tribunales federales”

En el comunicado difundido al finalizar el encuentro, los magistrados remarcaron que esa contradicción requiere una pronta armonización para evitar interpretaciones dispares. Por otro lado, señalaron una falta de claridad en el artículo 360 sobre el momento procesal para adherir a un recurso. Según indicaron, “la falta de precisión acerca del plazo para la adhesión a la impugnación afecta la transparencia y la uniformidad en las decisiones judiciales”.

Para mejorar la celeridad y eficacia, los titulares de los tribunales recomendaron ampliar la gestión de trámites y audiencias mediante herramientas tecnológicas y formatos digitales. Cabe recordar que este espacio institucional funciona como un ámbito de coordinación para identificar problemas y fortalecer el sistema de justicia penal en todo el territorio nacional.

En paralelo al diagnóstico realizado por las cámaras, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, anunció que el Gobierno avanzará con un proceso para cubrir unas 200 vacantes de jueces. El funcionario explicó que la medida forma parte de una revisión integral antes del envío de pliegos al Senado.

“Hay que cubrir el 37% de las vacantes que existen en el Poder Judicial”, sostuvo el ministro. Ante este panorama, la administración nacional evaluó enviar primero las listas de conjueces para cubrir de manera temporal los juzgados vacantes y garantizar el funcionamiento de los tribunales. Finalmente, respecto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que mantiene dos vacantes sin cubrir sobre un total de cinco integrantes, Mahiques afirmó que hoy no es una prioridad, ya que los esfuerzos se concentran en los juzgados inferiores.

Cada vez que se habla de ética judicial aparece un reflejo incómodo: para algunos, es un tema “secundario”, casi decorativo, reservado a seminarios o discusiones corporativas. Pero la ética judicial no es un adorno. Es una condición mínima para que la Justicia sea creíble. Y cuando esa condición falta, el costo lo paga la sociedad entera.

Argentina convive hace años con una distorsión peligrosa: la idea de que los jueces pueden quedar al margen de reglas éticas específicas, claras y exigibles, como si la autonomía del Poder Judicial se confundiera con una licencia para moverse en zonas grises. Ese error no solo deteriora la confianza: rompe el vínculo entre la ciudadanía, la abogacía y el sistema judicial. Porque cuando el Poder Judicial pierde legitimidad, lo que se resiente no es una institución abstracta: se resiente la posibilidad real de ejercer derechos.

El problema es concreto. Hoy el país necesita un marco ético judicial con autoridad normativa y exigibilidad efectiva. Cuando ese marco falta, se abren espacios de ambigüedad: criterios cambiantes, respuestas tardías, tolerancias selectivas y una sensación de impunidad que se instala con facilidad. En ese terreno, la ética se vuelve optativa y la exigencia, discrecional. Y nada destruye más rápido la credibilidad que la discrecionalidad.

En el Consejo de la Magistratura se viene trabajando para que la ética judicial deje de ser una consigna y se convierta en un compromiso verificable. Se han presentado dos proyectos, uno que elaboramos con la abogacía organizada y otro desde la representación de la magistratura. Los dos orientados a fijar pautas de conducta para quienes tienen en sus manos decisiones que afectan derechos y libertades.

Luego de un proceso de trabajo que se extendió a lo largo de más de un año y medio, en el que se convocó abiertamente a todos los sectores con interés legítimo en la materia, como los colegios de abogados, la asociación de magistrados, los gremios judiciales, la academia, las Cortes provinciales, el CONICET y expertos de la talla del Dr. Rodolfo Luis Vigo, quien redactó, junto al catedrático español Manuel Atienza, el propio Código Iberoamericano de Ética Judicial, se arribó a la redacción de un proyecto unificado.

El código organiza con claridad los principios que deben regir la conducta judicial: independencia, imparcialidad, dignidad y transparencia, honestidad, responsabilidad institucional, cordialidad, eficiencia y valores republicanos. Pero va más allá de la enunciación de valores: fija reglas de conducta concretas.

En materia de honestidad y decoro, establece que los magistrados y funcionarios no pueden recibir regalos, presentes, donaciones ni beneficios por parte de litigantes o defensores —ni antes, durante, ni después del proceso—, y que esa prohibición se extiende al cónyuge, conviviente y descendientes. Fija además el deber de actuar con prudencia y moderación tanto en la vida pública como en la vida privada con trascendencia pública, y de guardar cautela respecto de situaciones que generen sospechas sobre la independencia o la imparcialidad.

Incorpora reglas sobre ética digital: uso de herramientas tecnológicas con integridad y responsabilidad, protección de datos personales de los justiciables, transparencia en la adopción de tecnologías y prevención de conflictos de interés en entornos digitales.

Pero el proyecto unificado no se agota en el código propio: propone también que el Plenario adhiera formalmente al Código Iberoamericano de Ética Judicial —adoptado en la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana de 2006 y actualizado en 2014— y que adopte los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, conforme a la Resolución 2006/23 del Consejo Económico y Social de la ONU. Es decir, el marco que proponemos no es solo nacional: es la articulación del código propio del Poder Judicial de la Nación con los estándares internacionales que Argentina hace tiempo debería haber incorporado.

Ese camino, sin embargo, todavía requiere tratamiento y definiciones internas para transformarse en una herramienta real.

Basta leer los diarios para darse cuenta de que, cuando las incompatibilidades no están definidas con precisión, la salida suele ser improvisada. Así, lo que debería resolverse con normas generales, previsibles y transparentes se transforma en una sucesión de excepciones y parches, con un daño institucional ya consumado.

Por eso es urgente avanzar hacia un instrumento con estándares verificables, procedimientos definidos y mecanismos de control con efecto real. Un marco serio debe sostener la independencia judicial, pero también reforzar sus obligaciones correlativas: autocontrol institucional, integridad, rendición de cuentas y respeto estricto por los límites del rol jurisdiccional.

La independencia protege al juez frente a presiones externas, pero no lo exime de reglas. Al contrario: le exige límites más estrictos, precisamente porque la decisión judicial puede afectar la libertad, el patrimonio y la vida de las personas.

Defender un marco ético robusto no es atacar a la Justicia. Es protegerla de sus zonas oscuras, impedir que conductas indebidas de unos pocos deterioren la imagen de muchos y asegurar que el servicio de justicia esté a la altura de lo que la Constitución y la sociedad demandan.

Si la Argentina quiere volver a confiar en su Justicia, el primer paso no es grandilocuente. Es básico: sin ética exigible, no hay Justicia confiable.