La situación de la seguridad pública en diversos municipios del interior de la provincia de Buenos Aires ha generado un fuerte reclamo en la Legislatura bonaerense. El diputado de la UCR–Unión Cívica Radical, Valentín Miranda, presentó un proyecto en la última semana manifestando su profunda preocupación por las deficiencias que atraviesan las fuerzas policiales en materia de recursos humanos, equipamiento, insumos y financiamiento.

El eje central del reclamo se enfoca en la práctica de derivar a efectivos formados en municipios del interior hacia el Conurbano bonaerense por un periodo de tres años. Según el legislador, en la mayoría de los casos, estos agentes no regresan a sus ciudades de origen una vez cumplido el plazo, lo que genera un perjuicio directo para las localidades más pequeñas.

“Sin lugar a dudas, esta práctica genera un gran malestar y preocupación en los intendentes del interior. Entre quienes se jubilan y quienes poseen licencia médica, año a año se pierden efectivos que luego no se recuperan, generando un perjuicio directo a pequeñas y medianas localidades del interior”, manifestó Miranda.

Esta problemática ha sido planteada ante la Gobernación por jefes comunales de distintos espacios políticos. Entre ellos, los intendentes de Bolívar, Eduardo Bucca, y de General Alvear, Ramón Capra, iniciaron gestiones para repatriar a policías oriundos de sus distritos. En la misma línea, el intendente radical de Magdalena, Lisandro Hourcade, cuestionó el costo que asumen los municipios en la formación y logística de los efectivos.

“Los jefes comunales del interior destinan recursos en transporte y la logística para la formación de los policías y después terminan trabajando en La Costa o el Conurbano y nunca regresan al pueblo”, declaró el legislador.

El proyecto de Valentín Miranda también advierte que esta situación se agrava por la escasez de recursos derivada de la caída en la recaudación y en las transferencias provinciales, obligando a muchos distritos a destinar fondos propios o crear tasas de seguridad para cubrir gastos operativos. Ante este escenario, el diputado exhortó al Ministerio de Seguridad de la Provincia a implementar un plan integral de manera urgente: “Es necesario garantizar una distribución adecuada y equitativa de recursos humanos, materiales y financieros que permita mejorar las condiciones de seguridad de los vecinos de cada distrito”.

La discusión sobre el modelo de seguridad ha vuelto a instalarse en la agenda política, con varios intendentes impulsando una mayor autonomía y la posibilidad de que las policías locales vuelvan a depender de las administraciones municipales. Este debate, que forma parte de la reforma de la Ley de Seguridad impulsada por el oficialismo, ha ganado terreno tanto en las comisiones parlamentarias como en la interna del gobierno provincial.

La secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, dialogó con El Eco. Brindó detalles del presente de la ordenanza de motos y del proyecto de modificación que enviaron al Concejo Deliberante para realizar allanamientos.  También informó que avanzan las tratativas para crear una Fuerza de Aproximación Barrial en La Movediza, y que inaugurarán en el corto plazo una base de Policía Científica en el Paseo de los Españoles.

Además, adelantó que se encuentran adelantadas las gestiones para contar con una médica legista en Tandil a partir de mediados de agosto. Se trata de una iniciativa que se concretará a través de una inversión municipal que permitió reacondicionar un espacio en la sede de la Policía Departamental. 

La noticia supone no solo un principio de respuesta a la demanda de organizaciones vinculadas al género –por la habilitación para  implementar protocolos específicos con la que la profesional contaría en casos de denuncias de violencia-, sino también por la posibilidad de que, a futuro, se lleven a cabo autopsias en la ciudad.

El debate en torno a la ordenanza de motos volvió a tomar estado público a raíz de discusiones en el Concejo Deliberante. Al respecto, Marcieri precisó que no se lograron concretar allanamientos por la “imposibilidad técnica que se expresa en la propia ordenanza”.

La normativa fue aprobada, con modificaciones, en una sesión especial en diciembre pasado. Si bien “desalentó en un primer momento a las caravanas”, la secretaria señaló que el impedimento para lograr dictaminar allanamientos se dio porque exige “que se den tres elementos en simultáneo: que se detecte la falta, que la falta sea corroborada en un procedimiento, y que a su vez provoque el riesgo en la vida de otros”. Sin embargo, explicó “esos tres elementos nunca se podían juntar”.

Por tal motivo llevaron a cabo una reunión con concejales, jueces de Faltas y funcionarios municipales en el pasado mes de mayo. Con los requerimientos planteados por los jueces –indicó Marcieri-, elaboraron un proyecto de modificación que propone evaluar la posibilidad de sumar a la ordenanza la admisibilidad de publicaciones en redes sociales, incorporar como conducta pasible de sanción los ruidos molestos producidos por dispositivos de cualquier tipo (como parlantes traseros en los autos), modificar el artículo que exige que se den las condiciones mencionadas para realizar allanamientos, y que los allanamientos alcance a quienes pongan en riesgo la vida de terceros más allá “del lugar de comisión o de las personas que afectare”.

“Fue consensuado con los propios jueces de Faltas, que pudieron comentarle a los concejales las imposibilidades jurídicas. Hicimos ese proyecto, lo elevamos y estamos esperando respuesta del Concejo Deliberante. Está en la comisión de Transporte esperando ser tratado”, señaló la secretaria.

“Estamos esperando una segunda reunión que nunca se dio. Ellos iban a volver a analizar este pedido, e insistimos con ello porque sabemos que ahora van a empezar nuevamente los días de calor. Si bien estamos trabajando muchísimos con operativos focalizados, operativos dinámicos, operativos estáticos, con distintas fuerzas de seguridad y hemos traído grupos tácticos operativos de otras ciudades y seguiremos gestionando en la materia, nos preocupa que vuelva a surgir  fuertemente  esta modalidad”, sumó.

Policía en La Movediza y efectivos

-Un reclamo de larga data de parte del Municipio y de los vecinos del barrio es el del destacamento de La Movediza. ¿Hay novedades con ese pedido?

-Alejandra Marcieri: Hay novedades con la posibilidad de la realización de una Fuerza de Aproximación (FBA) barrial en La Movediza. El municipio tiene elaborado el plano de cómo sería esa dependencia y tenemos previsto solicitarle una reunión al ministro Alonso para presentarle el proyecto.

Ese proyecto se ajusta a las características técnicas que nos brindaron desde el Ministerio de Seguridad en cuanto a las obras.

La idea es sentarnos con el ministro y tener alguna garantía de que van a venir los efectivos para poder cubrir ese espacio, que no quede una cáscara vacía, que no sea un espacio más y que se redistribuyan las personas que tenemos en el territorio para cubrirlo.

El compromiso del ministerio y por tratarse de la FBA, que es una rama distinta a la policía de seguridad, sería que vengan efectivos nuevos a poder completar ese espacio. Va a ser una inversión del Municipio mayor a los 300 millones de pesos.

-¿Dónde va a estar ubicado?

- Está planificado para que esté en el predio del Nido. Hoy hay un contenedor, una especie de destacamento donde la gente se puede acercar, es un espacio de control y demás, y va a ser en ese predio. El Municipio ha cedido ese espacio.

-Otro de los reclamos es el del retorno de efectivos tandilenses a la ciudad…

-Nos ha dejado en claro en más de una oportunidad el Ministerio de Seguridad que los policías son policías de la provincia de Buenos Aires y que una vez que egresan como policías pueden ser destinados a cualquier lugar del territorio.

Más allá de eso, tienen 3 años de capacitación que son obligatorios en distintos espacios como pueden ser la FBA,  que los lleva a otros lugares donde adquieren la experiencia necesaria para luego desenvolverse en cualquier tipo de territorio.

Nosotros lo que sí seguimos solicitando es que vengan más efectivos. Yo el otro día en el Foro de Seguridad decía que no importa el nombre, el apellido y el número de legajo de la persona, lo que importa es que haya efectivos policiales para poder subirse a las camionetas y hacer los recorridos que son necesarios.

Estuvieron mandando refuerzos en estos días para lo que es la Patrulla de Prevención Rural y han mandado también efectivos para lo que tiene que ver con el patrullaje.  preventivo a la Jefatura Departamental, y se reforzó la DDI de drogas ilícitas.

Hemos tenido este respuesta de parte de la de la provincia de Buenos Aires cuanto al envío de efectivos y se sigue trabajando sobre el levantamiento de carpetas  para poder reincorporarse de manera operativa la fuerza.

Como parte de las acciones de prevención y respuesta desplegadas en distintos sectores de la ciudad, personal de las dependencias que integran la Jefatura de Policía Departamental Tandil llevó adelante una serie de procedimientos que permitieron la aprehensión de cinco personas y la detención de otra, en el marco de diferentes hechos delictivos y contravencionales registrados durante los últimos días.

Desde la fuerza indicaron que los operativos fueron realizados por efectivos del Comando de Patrullas, Centinela en Territorio y la comisaría 2da, quienes intervinieron en distintos puntos de la ciudad ante denuncias de vecinos, controles preventivos y medidas ordenadas por la Justicia.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en una vivienda ubicada en Almafuerte al 2200, donde efectivos del Comando de Patrullas aprehendieron a Damián Graziano, de 35 años, acusado de intentar cometer un robo. Según se informó, el hombre ingresó al inmueble tras violentar una puerta de acceso y sustrajo un control remoto y el cable de alimentación de un televisor.

La rápida reacción del propietario de la vivienda permitió reducir al sospechoso hasta la llegada de los policías, quienes concretaron la aprehensión y recuperaron los elementos sustraídos. El imputado quedó alojado a disposición de la UFI Nº 12, en el marco de una causa caratulada como "Robo en grado de tentativa".

En otro de los operativos, personal de Centinela en Territorio aprehendió a un joven de 24 años que desobedeció la orden de detenerse durante un control policial realizado en la zona de Alonso y Pratt. El motociclista emprendió la fuga, lo que dio inicio a una persecución que culminó pocos minutos después con su interceptación.

De acuerdo con el parte policial, una vez reducido el conductor adoptó una actitud agresiva e intentó agredir a uno de los efectivos que participaban del procedimiento. Como consecuencia, el rodado fue secuestrado por infracciones a la legislación de tránsito, mientras que el joven fue puesto a disposición de la UFI Nº 12, imputado por el delito de Desobediencia.

Por otra parte, efectivos del Comando de Patrullas acudieron a un llamado al 101 que alertaba sobre disturbios en un domicilio ubicado sobre Salta al 2000. Al arribar al lugar, los policías constataron que dos hombres, de 34 y 21 años, se encontraban ocasionando desorden en la vía pública y, según el informe oficial, presentaban un evidente estado de ebriedad.

Durante la intervención, ambos fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial. Posteriormente quedaron a disposición de la Justicia por el delito de Atentado a la Autoridad y por infracción a los artículos 72 y 74 inciso A del Decreto Ley 8031/73, que sancionan distintas contravenciones relacionadas con el orden público.

Finalmente, personal de la comisaría 2da cumplimentó una orden de detención sobre Ángel Jesús Molina, de 40 años, quien fue localizado en inmediaciones de De los Granaderos al 200.

La medida había sido dispuesta por el Juzgado Correccional Nº 2 de Azul, en el marco de una causa por Desobediencia. Tras su detención, Molina fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia hasta su comparecencia ante el magistrado interviniente.

Los internos que protagonizaron una transmisión en vivo desde el Complejo Penitenciario N°2 San Felipe, en Mendoza, fueron trasladados a una unidad de muy alto perfil. La medida se tomó ante el incumplimiento de las normas vigentes en la provincia desde 2023, que prohíben la tenencia de teléfonos celulares por parte de los reclusos.

El caso tomó estado público luego de que el streamer Valentino Melo difundiera en sus redes sociales un fragmento de la charla mantenida con los detenidos, quienes confirmaron durante el vivo que se encontraban dentro del establecimiento carcelario. Tras la viralización del contenido, las autoridades provinciales iniciaron una investigación interna y ejecutaron una requisa sorpresa en el Módulo 8B, donde se secuestraron cinco teléfonos.

“No vinimos a custodiar una falsa paz carcelaria. Vinimos a intervenir el sistema penitenciario. Eso supone controles, requisas, sanciones y decisiones”.

Así lo manifestó la ministra de Seguridad provincial, Mercedes Rus, a través de sus redes sociales. La funcionaria recordó que, si bien en años anteriores se habilitó judicialmente el ingreso de dispositivos, desde diciembre de 2023 se puso fin a esa etapa mediante la implementación de un sistema único de control y el fortalecimiento de las requisas.

Sobre el destino de los involucrados, la ministra confirmó:

“En este caso, los internos involucrados fueron trasladados a la cárcel de Cacheuta, al MAP (Módulo de Alojamiento de Muy Alto Perfil), donde rige un régimen estricto de control”.

Los reclusos fueron derivados al Complejo Penitenciario Almafuerte I, inaugurado en 2007. Este establecimiento se destaca por su arquitectura de alojamiento individual, diseñada para optimizar el seguimiento y tratamiento de los detenidos. El predio cuenta con un pabellón de máxima seguridad, cuatro de seguridad media, un cierre perimetral de doble cerco y cinco módulos de cuatro alas cada uno.

La resolución de la Cámara de Apelación y Garantías de Azul que confirmó la absolución del excomisario José Luis Ratto no solo puso punto final a la causa por calumnias e injurias iniciada en su contra. También volvió a dirigir la atención hacia la Comisaría Cuarta de Tandil, el lugar donde, según el propio denunciante, funcionaba el esquema de irregularidades que decidió llevar ante la Justicia y las autoridades policiales.

Fue allí donde Ratto se desempeñaba como jefe de turno hasta fines de 2023. También fue allí donde, según sostuvo en distintas presentaciones administrativas y judiciales, comenzó a advertir maniobras vinculadas con la registración de horas de servicio que, de acuerdo con su versión, no eran efectivamente prestadas.

La dependencia policial, ubicada en Independencia 1934 en el barrio Villa Aguirre, quedó desde entonces en el centro de una investigación penal que todavía no tiene una resolución pública sobre el fondo del asunto.

Antes de que el caso adquiriera repercusión pública, el conflicto se desarrolló puertas adentro de la propia seccional.

Según relató Ratto, las diferencias con el entonces titular de la Comisaría Cuarta, Nicolás Kopp, comenzaron a raíz del manejo de las denominadas horas Cores (Compensación por Recargo de Servicio).

Incluso solicitó una carpeta psicológica y remitió una nota al entonces jefe departamental, Roberto Landoni, en la que explicó las razones de esa decisión.

En ese escrito denunció que en la dependencia "se registran en el libro de guardia personal cubriendo servicio de horas Cores que realmente no vienen a prestar servicio", afirmando que existía un mecanismo mediante el cual se liquidaban horas que, según su versión, nunca eran trabajadas.

Aquella denuncia no quedó únicamente en el ámbito administrativo. Poco después fue presentada también ante la Justicia y dio origen a una Investigación Penal Preparatoria que, casi tres años más tarde, no registra avances públicos conocidos respecto de eventuales imputaciones o responsabilidades.

Las acusaciones generaron un fuerte impacto dentro de la Policía Bonaerense.

Ratto sostuvo que, además del comisario Kopp, el entonces segundo jefe departamental, Marcos Andrés Irusta, conocía la situación denunciada y no había impulsado medidas para investigar los hechos.

Tiempo después de presentar esas acusaciones, el policía fue trasladado a la Superintendencia Regional Oeste, con asiento en Moreno.

El entonces comisario interpretó aquella decisión como una represalia por haber denunciado presuntas maniobras de corrupción dentro de la fuerza, especialmente porque el nuevo destino le impedía compatibilizar su actividad policial con el ejercicio de la abogacía y su emprendimiento turístico en la zona serrana.

Mientras la investigación por las presuntas irregularidades avanzaba lentamente, uno de los jefes policiales mencionados decidió querellar a Ratto por calumnias e injurias.

Ese expediente terminó recorriendo todas las instancias judiciales hasta llegar a la Cámara de Apelación de Azul.

La resolución conocida esta semana confirmó la absolución que ya había dispuesto el Juzgado Correccional Nº 1 y entendió que las expresiones del excomisario estuvieron vinculadas con un asunto de evidente interés público.

Los camaristas sostuvieron que el control sobre el manejo de recursos públicos y el desempeño de funcionarios estatales goza de una protección especial dentro de la libertad de expresión y remarcaron que quienes ocupan cargos públicos deben tolerar un mayor nivel de escrutinio por parte de la ciudadanía.

Mientras quedó definitivamente resuelta la causa iniciada contra quien denunció los hechos, continúa sin conocerse cuál fue el resultado de la investigación sobre las supuestas irregularidades ocurridas en la Comisaría Cuarta.

La propia Cámara hizo referencia a esa circunstancia al señalar que la denuncia penal presentada por Ratto continúa en trámite y que, precisamente por esa razón, no podía afirmarse que sus acusaciones fueran falsas.

Los jueces destacaron que la existencia de una investigación penal en curso constituye un elemento suficiente para descartar la configuración del delito de calumnias, ya que todavía no existe una resolución judicial que determine que los hechos denunciados nunca ocurrieron.

Esa observación dejó expuesta una situación: casi tres años después de la denuncia original, el expediente que debía establecer si efectivamente existieron maniobras irregulares en la Comisaría Cuarta permanece sin una definición pública.

Más allá del desenlace judicial favorable para Ratto, el caso volvió a instalar interrogantes sobre lo ocurrido en la seccional durante 2023.

Las acusaciones nunca estuvieron dirigidas contra toda la dependencia, sino sobre el presunto funcionamiento de un sistema de registración de horas adicionales que, según el denunciante, permitía el cobro de servicios que no se prestaban efectivamente.

Ese fue el núcleo de la denuncia que motivó la apertura de la investigación penal y también el origen del conflicto que terminó con el traslado del entonces jefe de turno y con una causa por calumnias e injurias que ahora quedó definitivamente cerrada.

El gobierno de Axel Kicillof anunciará la próxima semana un incremento salarial para la Policía Bonaerense, que replicará el acuerdo paritario cerrado recientemente con los trabajadores estatales y los docentes. La suba será del 7 por ciento, distribuida en dos tramos: un 5 por ciento en julio y un 2 por ciento en agosto.

Dado que la negociación colectiva para las fuerzas de seguridad se encuentra prohibida por ley, la política salarial se dispone mediante un decreto del Poder Ejecutivo. Este nuevo aumento se computará sobre los salarios de junio y se suma al 9,3 por ciento otorgado en el primer acuerdo del año, el cual también fue trasladado a los uniformados por decreto.

En la actualidad, los haberes básicos de la fuerza, sin contar adicionales, se ubican en niveles diversos según el rango. Un superintendente percibe cerca de 2.300.000 pesos, mientras que un comisario general cobra alrededor de 1.900.000 pesos. Por su parte, el básico de un comisario mayor es de 1.700.000 pesos, un comisario inspector recibe 1.500.000 pesos y un oficial ingresante alcanza cerca de 900.000 pesos.

En paralelo a esta medida, el gobierno provincial comunicó que se incrementarán los montos destinados a diversos programas de ayuda social, entre los que se encuentran ENVION, Reunir, Barrios Bonaerenses y el plan Más Vida. Cabe recordar que estos programas habían recibido una suba del 25 por ciento en abril, instancia en la que también se dispuso la duplicación de la asistencia alimentaria canalizada a través de los municipios y se suspendió el programa MESA.

Durante los últimos días, personal de las distintas dependencias policiales llevó adelante una serie de procedimientos que permitieron recuperar motocicletas con pedido de secuestro activo, concretar una detención por orden judicial, secuestrar estupefacientes y poner a disposición de la justicia a varias personas involucradas en distintos hechos delictivos.

Uno de los principales resultados de los operativos fue el recupero de cuatro motocicletas que registraban pedido de secuestro activo.

En un procedimiento realizado en la intersección de Entre Ríos y Duffau, efectivos policiales aprehendieron a un joven de 20 años que circulaba en una Motomel Blitz 110 cc. Al verificar la numeración del rodado, constataron que tenía un pedido de secuestro activo por robo. El conductor fue notificado de la formación de una causa por el delito de encubrimiento.

En tanto, personal de la comisaría 4ta interceptó en Del Medio al 1900 a un joven de 18 años que conducía una Corven Energy 110 cc. Las averiguaciones permitieron establecer que la motocicleta tenía pedido de secuestro activo por un hecho de hurto, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes.

Por otra parte, durante la madrugada del viernes 4 de julio, efectivos del Comando de Patrullas aprehendieron en Ituzaingó y Viamonte a un adolescente de 16 años que había sustraído una motocicleta Gilera Sahel 150 cc utilizando un cortacandados. El vehículo fue recuperado y el menor quedó a disposición de la justicia.

Persecución y recupero de una KTM robada

Otro de los procedimientos se desarrolló en inmediaciones de Colectora y Segundo Sombra, donde efectivos del Comando de Patrullas Tandil y de la UPPL intentaron identificar a dos jóvenes que circulaban en una motocicleta KTM Duke sin patente colocada.

Los ocupantes desobedecieron la orden de detenerse y escaparon por la Ruta Nacional 226, dando inicio a una persecución que finalizó cuando el conductor perdió el control del rodado y cayó sobre la banquina. Ambos continuaron la fuga a pie, aunque fueron alcanzados y aprehendidos por el personal policial.

Posteriormente se comprobó que la motocicleta tenía pedido de secuestro activo por robo y que uno de los involucrados ofreció resistencia durante el procedimiento.

Los aprehendidos fueron identificados como Keegan Elías, de 20 años, y Benjamín López, de 19, quienes quedaron a disposición de la UFI N° 12 imputados por desobediencia, encubrimiento y resistencia a la autoridad.

Detención por orden judicial

En otro operativo, efectivos de la comisaría 1ra cumplimentaron una orden de detención dispuesta por el Juzgado Correccional N° 1 de Necochea.

Como resultado del procedimiento fue detenido Rubén Eduardo Alcaraz, de 48 años, quien era requerido en una causa por hurto en grado de tentativa. El hombre quedó alojado a disposición de la justicia.

Operativo de saturación en La Movediza

Finalmente, durante un operativo de saturación realizado en la noche del jueves en el barrio La Movediza, del que participaron efectivos policiales, personal de Centinela en Territorio y Control Urbano Vehicular, fue aprehendido Thiago Matos, de 18 años.

Según se informó, el joven intentó evadir un control mientras circulaba en motocicleta. Una vez interceptado, los efectivos constataron que llevaba entre sus pertenencias 16,6 gramos de cannabis sativa, por lo que se procedió al secuestro de la sustancia y del motovehículo por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

Matos quedó a disposición de la justicia imputado por desobediencia e infracción a la Ley 23.737.

El Gobierno nacional decidió aplicar un incremento del 563% en la tasa de Seguridad de la Aviación, un tributo destinado a financiar las operaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La medida, formalizada a través de la Resolución 565/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, establece que el valor por pasajero para vuelos de cabotaje ascenderá de 260 pesos a 1.725 pesos.

La normativa detalla que el monto de esta tasa se mantenía sin cambios desde enero de 2023. Según el texto oficial, la actualización responde al incremento significativo de los costos operativos necesarios para garantizar la seguridad de la aviación civil, buscando mantener el equilibrio y la proporcionalidad entre el servicio prestado y el tributo que lo financia.

Esta disposición se suma a las medidas adoptadas el mes pasado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que ya había elevado el cargo en vuelos de cabotaje a 6.500 pesos por pasaje. Asimismo, se ajustaron las tasas para vuelos internacionales y regionales, fijando el valor de estas últimas en 5 dólares y las internacionales en 9 dólares.

Fuentes oficiales explicaron que la recaudación obtenida será fundamental para modernizar el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, realizar mejoras de infraestructura, incorporar tecnología de vanguardia y avanzar en la capacitación del personal del sector.

La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) manifestó su rechazo a la medida. Peter Cerdá, CEO de la entidad, advirtió sobre el impacto negativo en la competitividad del mercado local:

El aumento ubica a la Argentina como el país con los costos más elevados de la región para la industria aérea y atenta contra el crecimiento récord experimentado en el tráfico de pasajeros.

A este escenario de incrementos impositivos se le suma la presión sobre los costos operativos debido al alza en el precio del combustible de aviación, afectado por el contexto internacional y el conflicto en Medio Oriente, que generó un incremento del 82% en el valor del barril de Brent en menos de tres meses.

Durante los últimos días, personal de las distintas dependencias policiales de Tandil desplegó una intensa actividad operativa que incluyó detenciones, aprehensiones, recupero de vehículos robados y el esclarecimiento de hechos delictivos en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los procedimientos se registró el 19 de junio, cuando personal del G.T.O. de la Comisaría Primera halló en inmediaciones de Lima entre Dhers y Thomas un automóvil Ford Ka que registraba un pedido de secuestro activo por robo, solicitado por la Comisaría Playa Serena de Mar del Plata. El vehículo fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia.

Ese mismo día, efectivos de la Comisaría Cuarta dieron cumplimiento a una orden del Juzgado Correccional N° 1 de Tandil y detuvieron a un hombre de 55 años, quien deberá cumplir condena bajo la modalidad de semidetención con prisión domiciliaria en una causa por amenazas y daños.

En la madrugada del 20 de junio, personal de Centinela en Territorio aprehendió a un joven de 19 años en la zona de Chieno y Riato, luego de que intentara evadir un control policial circulando en motocicleta. El sujeto fue imputado por desobediencia y se le labraron infracciones a la Ley Nacional y Provincial de Tránsito por carecer de licencia habilitante y seguro obligatorio.

También el 20 de junio, en Avenida Colón y Machado, la Policía identificó a un hombre de 33 años sobre quien pesaba un paradero activo solicitado por el Juzgado Correccional N° 1 de Tandil, siendo notificado de comparendo judicial.

El 21 de junio, personal del Comando de Patrullas y del G.T.O. de la Comisaría Primera aprehendió a dos hombres de 32 y 22 años tras intentar fugarse durante un procedimiento, abandonando una motocicleta Mondial 110 cc con pedido de secuestro activo por robo. Durante la intervención, uno de los sujetos agredió al personal policial, por lo que fue imputado por atentado y resistencia a la autoridad y encubrimiento, mientras que el restante quedó imputado por encubrimiento.

Ese mismo día, en calle Pierrone al 1500, un hombre de 27 años fue aprehendido luego de una intervención por parte de un civil, tras ser señalado como autor de un hurto ocurrido horas antes. El sujeto tenía en su poder un televisor sustraído y también se recuperaron otros elementos robados. La Justicia lo imputó por hurto.

Durante la madrugada del 22 de junio, personal del Comando de Patrullas acudió a un domicilio de calle Doering al 200 por un conflicto familiar. Allí fue aprehendido un hombre de 25 años que había provocado daños y se mostró agresivo con los efectivos, siendo imputado por atentado y resistencia a la autoridad.

Ese mismo día, en el Depósito Judicial de Cerro Leones, fueron demorados dos adolescentes de 17 años que se encontraban sin autorización en el lugar. Por disposición de la fiscalía de menores, fueron notificados de la formación de causa y entregados a sus responsables legales.

También durante el lunes, el G.T.O. de la Comisaría Cuarta concretó dos detenciones ordenadas por la Justicia: una en Casacuberta al 500, donde fue detenido un hombre de 36 años por orden del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de General Alvear, y otra en Chapaleofú al 700, donde un joven de 22 años fue detenido por disposición del Juzgado de Garantías N° 3 de Tandil en una causa por hurto.

Finalmente, en la noche del 22 de junio, un hombre de 28 años ingresó a un supermercado ubicado en Juan B. Justo al 500 y, mediante la exhibición de una réplica de arma de fuego, intimidó a la cajera para exigir dinero. El hecho fue frustrado y, tras una investigación inmediata, el G.T.O. realizó un allanamiento de urgencia en un domicilio cercano, donde se secuestraron dos réplicas de arma tipo revólver utilizadas en el intento de robo.

Por disposición de la UFI N° 8 de Tandil, el imputado fue notificado de la formación de causa por tentativa de robo calificado. Debido a antecedentes vinculados a su salud mental, se dispuso su internación en el Centro de Salud Mental, donde permanece a disposición de la Justicia.

En total, el balance del fin de semana arrojó tres personas detenidas por órdenes judiciales, cinco aprehendidos por distintos delitos, un automóvil robado recuperado, una motocicleta con pedido de secuestro, elementos sustraídos recuperados y múltiples procedimientos preventivos.

Las actuaciones fueron realizadas por personal de Comisarías Primera, Segunda y Cuarta, el Comando de Patrullas Tandil y Centinela en Territorio, con intervención de fiscalías y juzgados del Departamento Judicial Azul con sede en Tandil.

Una investigación por un robo doblemente agravado por efracción y cometido en poblado y en banda, ocurrido el pasado 17 de junio en una vivienda de calle Darragueira al 1300, permitió a la Policía de Tandil esclarecer el hecho e identificar a los presuntos autores.

Las tareas fueron llevadas adelante por personal de la comisaría Cuarta de Tandil, con intervención de la UFI N° 3 y el Juzgado de Garantías N° 3, lo que derivó en la obtención de órdenes de allanamiento, secuestro y detención para distintos domicilios de la ciudad.

Los procedimientos contaron con el apoyo de distintas fuerzas locales, entre ellas la Sub DDI Tandil, el Destacamento de Infantería, el Escuadrón Caballería y el GAD Tandil, y arrojaron resultados considerados altamente positivos.

En uno de los domicilios, ubicado en calle Thomas al 300, fue detenido un hombre identificado como Maximiliano Pensas, de 42 años. En ese lugar se secuestró una motocicleta Honda Wave con numeración suprimida, una escopeta calibre 12 sin documentación, cartuchos, dinero en efectivo, una pulsera de oro denunciada como sustraída y otros elementos vinculados a la investigación.

Según se informó, el detenido se encontraba cumpliendo arresto domiciliario por otra causa de robo agravado, situación que ahora será evaluada en el marco de la nueva imputación.

En otros allanamientos realizados en domicilios de Fortineros al 200 y Cuba al 1900, los efectivos secuestraron elementos de interés para la causa, mientras que en una vivienda de Picheuta al 200 se incautó una motocicleta Keller presuntamente utilizada para cometer el ilícito, además de otros elementos relevantes.

Como resultado de los procedimientos también se iniciaron actuaciones por tenencia ilegal de arma de guerra y por infracción al artículo 289 inciso 3 del Código Penal, vinculado a la supresión o adulteración de numeración registral.

La investigación continúa en curso bajo la órbita de la UFI N° 3 de Tandil, mientras no se descarta la participación de los imputados en otros hechos delictivos similares ocurridos recientemente en la ciudad.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha este jueves la denominada Operación Muro, un plan estratégico diseñado para blindar los accesos del área metropolitana a lo largo de todo el límite territorial con la provincia de Buenos Aires. El despliegue abarca 24 kilómetros de ingresos y puentes sobre la avenida General Paz y la frontera natural del Riachuelo, incluyendo 27 pasos peatonales, 48 vehiculares y 16 puntos estratégicos.

Al oficializar la medida, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, utilizó sus redes sociales para defender la iniciativa:

No vamos a pedir perdón por cuidar a los porteños. Un muro de control contra la barbarie y el desgobierno de Axel Kicillof. Ley y orden.

Desde la gestión porteña sostuvieron que el operativo busca atacar el delito y consolidar la baja en las tasas de criminalidad. En las tareas participan la división canina K9, personal de Tránsito y de Emergencias y Seguridad Comunal. Durante una recorrida por el Anillo Digital Sur, Jorge Macri reafirmó que la seguridad es una prioridad para su administración.

La medida generó una fuerte respuesta por parte del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, quien cuestionó duramente al jefe de Gobierno porteño.

"Jorgito: hablás de levantar un muro contra la barbarie solo para ocultar tu incompetencia política y tu total incapacidad de gestión. Sos, en definitiva, el menos agraciado de la familia", expresó el funcionario bonaerense en sus redes sociales.

Javier Alonso también acusó a Jorge Macri de intentar descargar su frustración con los bonaerenses, al tiempo que destacó la colaboración de la provincia en la atención de salud y seguridad de los vecinos de la Capital. Por su parte, el gobernador Axel Kicillof no se pronunció sobre la nueva medida.

La Operación Muro complementa las acciones de saturación que realiza diariamente la Policía de la Ciudad y se apoya en la infraestructura del Anillo Digital, un sistema que cuenta con 814 pórticos lectores de patentes en 74 accesos y supervisa más de 3 millones de dominios vehiculares por día.

Nicole Verón, la expolicía de la Ciudad que había sido desplazada de la fuerza por grabar contenido erótico en sus redes sociales, fue detenida en las últimas horas tras protagonizar un choque fatal en la Autopista Riccheri. El siniestro ocurrió este miércoles en el kilómetro 23,6, a la altura de Ezeiza, e involucró a tres vehículos.

Como consecuencia del impacto, un hombre identificado como Hugo Javier López, de 48 años, perdió la vida tras salir despedido de su camioneta Ford Ecosport. Al arribar al lugar, el personal policial constató que Verón viajaba como acompañante en un automóvil BMW junto a otras dos mujeres.

La situación procesal de la mujer se agravó cuando fue observada guardando elementos en un patrullero de la Policía Federal. Tras una requisa, los efectivos hallaron una pistola Bersa calibre 9 milímetros con cargador y municiones oculta en el asiento del móvil. Además, dentro del vehículo en el que se trasladaba la exoficial, se encontraron drogas y elementos de fraccionamiento.

Ante este escenario, se ordenó su detención bajo la carátula de homicidio culposo, tenencia ilegal de arma de guerra y averiguación de ilícito, según confirmaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.

El escándalo que derivó en su exoneración se desató en noviembre del 2025, cuando se viralizaron videos de Verón utilizando el uniforme de la Policía de la Ciudad para generar contenido erótico. En aquel momento, la institución determinó su apartamiento al considerar que dicha conducta afecta notablemente el prestigio de la institución a la cual pertenece y, lejos de atentar contra la libertad de expresión, resulta a contrario sensu para preservar el orden y la tranquilidad pública.

En su descargo, la exoficial había argumentado que realizaba los videos por necesidad económica, alegando que durante una licencia médica su sueldo se redujo a 600.000 pesos, cifra que calificó como insuficiente para cubrir sus gastos.

Un robo ocurrido en una vivienda de calle 9 de Julio al 1500 fue esclarecido en pocas horas por personal policial, que logró recuperar gran parte de los elementos sustraídos y detener al presunto autor del hecho.

Según se informó oficialmente, la investigación comenzó tras un llamado al sistema de emergencias 101 que alertó sobre un ilícito cometido luego de que desconocidos forzaran una persiana para ingresar al inmueble.

A partir de distintas tareas investigativas y del análisis de imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo Tandil, los efectivos lograron establecer la identidad del sospechoso y el domicilio donde se encontrarían ocultos los objetos robados.

Con esa información, se montó un operativo de vigilancia encubierta. En ese marco, los policías observaron al sospechoso salir de la vivienda a bordo de una bicicleta sustraída. Al advertir la presencia de los efectivos, el hombre intentó darse a la fuga, aunque fue interceptado tras una breve persecución en inmediaciones de Marocchi y Américo Reynoso.

Posteriormente, se realizó un allanamiento con anuencia en una vivienda ubicada en calle Maritorena 86, donde se concretó el secuestro de numerosos elementos denunciados como robados. Entre ellos, se recuperaron una computadora MacBook Pro, relojes de distintas marcas, teléfonos celulares, auriculares, mochilas y otros objetos de valor.

La causa quedó en manos de la UFI N° 3 de Tandil, que dispuso la aprehensión de Julio César Arocha, de 32 años, acusado del delito de robo. Además, otro hombre de 39 años fue imputado por encubrimiento, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

La Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) Tandil, en conjunto con la Dirección Departamental  de Investigaciones en Función Judicial Azul (DDI Azul), y con la colaboración de personal de la Jefatura Departamental de Seguridad  llevó adelante una investigación penal encabezada por el fiscal Dr. Marcos Eguzquiza, titular de la UFI N° 16, dieron con la banda acusada de robar en la casa de Juan Martín del Potro

En concreto, fueron detenidos dos masculinos de nacionalidad chilena -Jimenez Freraut, Bastian y Zúñiga Cartes, Ignacio -y un masculino de nacionalidad argentina -D' Amelio, Walter Damián-, mientras que resultaron aprehendidos otros dos masculinos chilenos -Espinoza Gallardo, Alfredo Eduardo y Cartes Escobar, Rodolfo Esteban-.

Las fuerzas policiales y los agentes judiciales lograron desarticular una organización delictiva internacional “de alto perfil”, integrada por ciudadanos de nacionalidad chilena, dedicada al robo contra atletas profesionales, figuras públicas y personas de elevado poder adquisitivo en distintos países, según informaron desde la Sub DDI.

En la investigación y posterior captura tuvieron un rol clave las cámaras del Centro de Monitoreo local, aunque también hubo intervención de líneas telefónicas y registro de cámaras de videovigilancia privadas.

El avance de la investigación permitió coordinar acciones con distintas fuerzas policiales. En una primera instancia, personal de la Policía Federal Argentina (PFA), junto al Grupo Operativo de Tandil, logró la detención de dos de los integrantes de la organización en la terminal de ómnibus de Retiro. Los sujetos  tenían como destino la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, desde donde planeaban cruzar de manera ilegal hacia su país de origen.

Se estableció que ambos detenidos registraban alerta roja de Interpol y contaban con pedidos de captura emitidos por autoridades judiciales de Chile. Además, eran intensamente buscados por la justicia de los Estados Unidos debido a diversos ilícitos cometidos en dicho país, lo que confirma el carácter internacional de la banda criminal.

Posteriormente, y mediante nuevas tareas de inteligencia, se diagramó un operativo cerrojo coordinado con la DDI de Junín. Esta acción permitió interceptar al resto de los integrantes de la banda en esa localidad. Como resultado final de los procedimientos, se concretó la detención de cinco ciudadanos de nacionalidad chilena y un argentino, además del secuestro de vehículos y diversos elementos de interés para la causa que se tramita en la justicia local.

La causa tomó estado público el pasado 15 de mayo, a raíz de un ilícito perpetrado días atrás en una propiedad -en Dabidos al 1440- del reconocido ex tenista tandilense Juan Martín del Potro, donde se registró la sustracción de diversos elementos de valor. Entre las pertenencias denunciadas como faltantes hubo piezas de joyería, relojes, una suma de dinero en moneda extranjera y prendas personales.

Según se precisó en las actuaciones judiciales, el ingreso se produjo tras violentar una ventana del baño ubicada en la planta baja del inmueble, aprovechando un momento en que la propiedad se encontraba sin sus moradores.

“A partir de diversas tareas investigativas desarrolladas por personal policial, consistentes en el análisis de filmaciones de las cámaras de seguridad pertenecientes al Centro de Monitoreo de esta ciudad, seguimiento de antenas telefónicas, tareas de inteligencia criminal y labores de campo, se logró identificar a los presuntos autores del hecho, estableciéndose que los mismos se movilizaban en un vehículo y habían efectuado desplazamientos por distintas localidades de la provincia de Buenos Aires”, explicaron desde la Sub DDI Tandil, en información de prensa.

El rol del Centro de Monitoreo de Tandil fue determinante para el éxito del procedimiento. Gracias a la red de cámaras de seguridad, los investigadores pudieron identificar el automóvil utilizado por los perpetradores y reconstruir con precisión el recorrido realizado tanto antes como después del robo. 

“Asimismo, se logró determinar que los delincuentes realizaban tareas de inteligencia exclusivamente mediante la utilización de redes sociales y distintas plataformas digitales, a través de las cuales obtenían información vinculada a domicilios, movimientos y horarios de las víctimas seleccionadas, permitiéndoles establecer los momentos en que las viviendas permanecían desocupadas para concretar los ilícitos.”

Durante 2025 se iniciaron 1.035.350 Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) en la provincia de Buenos Aires, según el informe estadístico difundido por el Ministerio Público bonaerense. Del total, 1.012.857 correspondieron al Fuero Criminal y Correccional y 22.493 al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que representó apenas el 2,2% del total de causas registradas.

En comparación con 2024, las estadísticas muestran una disminución en ambos fueros: 6,4% menos en el Fuero Criminal y Correccional y una baja del 0,9% en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Dentro del Fuero Criminal y Correccional, los departamentos judiciales con mayor volumen de investigaciones fueron Lomas de Zamora (12,4%), San Martín (11,3%) y Quilmes (9,1%), que en conjunto concentraron casi un tercio de todas las IPP iniciadas en la provincia.

Los veinte departamentos judiciales registraron descensos interanuales, con las caídas más pronunciadas en La Matanza (-12%), Junín (-9,4%), La Plata (-9%), y Bahía Blanca y Necochea (-8,2%).

Los delitos contra la propiedad siguieron siendo los más numerosos, con 379.980 investigaciones, equivalentes al 37,5% del total del Fuero Criminal y Correccional. Respecto de 2024, este tipo de delitos cayó 12,3%.

Entre las bajas más significativas se destacaron:

En 2025 se iniciaron 1.724 IPP por homicidios dolosos, lo que representó un incremento del 1,1% en comparación con 2024.

El aumento se explicó por el crecimiento de los homicidios tentados, que subieron 6,5%. En contraste, los homicidios dolosos consumados descendieron 6%, con 44 casos menos que el año anterior.

También se registró un incremento del 3,3% en los homicidios culposos.

Los delitos contra la libertad sumaron 109.289 investigaciones, equivalentes al 10,8% del total, con una suba del 2,9% respecto del año anterior.

El principal factor de este crecimiento fue el aumento de las amenazas, que se incrementaron 3,3%. Por el contrario, los casos de apremios ilegales y torturas disminuyeron 13,2%.

Los delitos contra la integridad sexual mostraron una reducción global del 1,5%.

Las investigaciones por abuso sexual simple bajaron 6,9% y las de abuso sexual con acceso carnal disminuyeron 5,6%. Sin embargo, la categoría de otros delitos contra la integridad sexual aumentó 16,9%, impulsada principalmente por el crecimiento del grooming y de la producción y comercialización de representaciones sexuales de menores de 18 años.

En el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, los departamentos judiciales con mayor participación fueron Lomas de Zamora (10,7%), La Plata (9,9%) y San Martín (9,8%), que reunieron el 30% del total de causas.

Aunque el total de IPP juveniles descendió 0,9%, algunos delitos registraron importantes incrementos.

Los delitos contra las personas crecieron 7,7%, mientras que los homicidios dolosos aumentaron 20,5%. Dentro de esta categoría, los homicidios consumados subieron 12,9% y los tentados 25,2%.

Por su parte, los delitos contra la libertad aumentaron 12,2%, impulsados por una suba del 16% en las amenazas.

En sentido contrario, los delitos contra la propiedad, que representaron el 28,8% del total, disminuyeron 12,1%, con caídas del 21% en robos y del 19,3% en hurtos.

El Ministerio Público explicó que el relevamiento fue realizado en el marco de las políticas de transparencia institucional y acceso a la información pública. Los datos fueron extraídos del Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP) el 11 de enero de 2026 e incluyen tanto delitos consumados como tentados.

Además, se aclaró que cuando una misma investigación involucra más de un delito, el informe contabiliza únicamente el primero registrado en el sistema.

Al menos 500 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires participan desde la madrugada de este martes en un megaoperativo de saturación antinarco en el barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como Fuerte Apache, en la localidad de Ciudadela. El procedimiento incluye 14 allanamientos en búnkers de drogas, el despliegue de 30 móviles y el apoyo de un helicóptero que sobrevoló la zona desde las primeras horas del día.

Las acciones policiales fueron impulsadas tras un violento enfrentamiento ocurrido la semana pasada, que dejó un saldo de tres personas heridas. Entre los afectados se encuentra un vecino de 68 años que recibió un disparo en una pierna sin tener relación con el conflicto, además de dos jóvenes de 23 y 30 años con antecedentes penales que permanecen bajo investigación en el marco de la causa.

La investigación judicial está a cargo de la fiscal Fabiana Ruiz, titular de la Fiscalía N°2 de San Martín. En el lugar también colaboran efectivos de la Gendarmería Nacional, quienes mantienen su presencia habitual en el complejo habitacional del partido de Tres de Febrero. Según trascendió, el tiroteo original involucró más de 30 disparos y estaría vinculado a disputas territoriales entre bandas narco por el control de los puntos de venta.

“Me levanté por los helicópteros. Fue todo un quilombo. Se cagan a tiros y yo no puedo laburar. El año pasado hubo un megaoperativo, pero la verdad que no sirvió de mucho porque estamos igual. Ya me acostumbré. De chiquito ya me crié con los tiros, así que ya es costumbre, pero da miedo, obviamente”, relató un vecino en diálogo con la señal TN.

Hasta el momento, los resultados finales del operativo se desconocen, ya que las fuerzas de seguridad continúan trabajando en los distintos sectores del barrio. Los investigadores buscan desarticular las estructuras criminales que generaron la escalada de violencia en la zona durante los últimos días y secuestrar material estupefaciente vinculado a las organizaciones denunciadas.

Por segunda semana consecutiva, las autoridades detectaron el aterrizaje de una aeronave cargada con estupefacientes en la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad, el operativo se desarrolló este martes al mediodía en una zona rural de Villa Eloísa, a unos 100 kilómetros de Rosario, donde se incautaron 321 kilos de cocaína.

El procedimiento, llevado adelante por efectivos de la Gendarmería, derivó en una persecución con características cinematográficas. Según las investigaciones, tres hombres aguardaban el cargamento en una pista clandestina acondicionada para el descenso. Al verse sorprendidos por el operativo cerrojo de las fuerzas federales, los sospechosos iniciaron una huida en la que una camioneta Strada embistió a un gendarme.

El agente herido fue asistido inicialmente en un centro de salud de Cañada de Gómez y posteriormente trasladado a Rosario, donde permanece internado con una fractura de cráneo. En tanto, las dos camionetas utilizadas para el escape fueron halladas incendiadas en una zona rural entre las rutas 15 y 178. Se presume que los implicados continuaron la fuga en un automóvil Gol Trend.

Durante el rastrillaje en la zona, fueron detenidos dos hombres de nacionalidad boliviana que se encontraban a pie y carecían de documentación de ingreso al país. Los investigadores suponen que se trataría del piloto y el copiloto de la aeronave. Este hecho se suma al ocurrido el cinco de mayo en Vera, donde se secuestraron 442 kilos de droga y fueron arrestadas ocho personas.

La investigación se encuentra bajo las directivas del fiscal Matías Scilabra de la PROCUNAR y su titular, Diego Iglesias, con la colaboración de Procelac. Las autoridades analizan posibles vínculos de este cargamento con la organización de Brian Bilbao, también conocido como “Barba” o “Patoruzec”, un capo narco detenido en noviembre pasado en Exaltación de la Cruz.

Brian Bilbao figuraba dentro de los diez delincuentes más buscados de la provincia, y por quien el gobierno santafesino ofrecía 40 millones de pesos. Aunque fue capturado tras el aterrizaje de una avioneta en Pergamino, su nombre volvió a surgir en el marco de este nuevo tráfico aéreo de estupefacientes en el sur santafesino.

Un alto jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fue denunciado por violencia de género y quedó desafectado de sus funciones, tras un episodio ocurrido en el sur del conurbano bonaerense.

El hecho tuvo lugar en la localidad de El Pato, partido de Berazategui, donde la denunciante —una subteniente de la misma fuerza— acusó a su pareja, el comisario general Gastón Ghe, quien se desempeñaba como superintendente de Seguridad Vial.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, todo comenzó el 3 de mayo, cuando efectivos policiales acudieron al domicilio tras un llamado por un conflicto de pareja. En esa primera intervención, la fiscalía dispuso actuaciones por “averiguación de ilícito”, sin adoptar medidas inmediatas.

Sin embargo, horas más tarde se produjo una nueva intervención, esta vez con participación de la Prefectura Naval Argentina. La mujer denunció que el jefe policial se presentó en su casa en estado de ebriedad, con una importante suma de dinero, y que la situación derivó en un forcejeo, amenazas de muerte e incluso manifestaciones de intención de suicidio por parte del acusado.

A partir de estos hechos, la Fiscalía especializada en violencia de género de Berazategui inició una causa por “lesiones y amenazas en concurso real”, y el expediente fue derivado a la comisaría de la Mujer y la Familia correspondiente.

En paralelo, se dispuso la desafectación inmediata del comisario y la apertura de actuaciones administrativas en el ámbito de Asuntos Internos de la fuerza. La medida también generó una serie de cambios en la estructura de la Policía Bonaerense, con nuevos nombramientos en áreas clave.

La investigación continúa en manos de la Justicia, mientras el caso vuelve a poner el foco sobre situaciones de violencia de género dentro de las fuerzas de seguridad.