En el marco de un viaje oficial atravesado por las fricciones políticas con el Gobierno español, el presidente Javier Milei partirá este martes a las 23 (hora argentina) rumbo a España para participar de una nueva edición de la Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará en Madrid entre el 4 y el 5 de noviembre.

Uno de los datos políticos más salientes del itinerario es que no está prevista una audiencia con el rey Felipe VI, jefe de Estado español. El pedido del Gobierno argentino no habría prosperado en medio de la mala relación que Milei mantiene con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El vínculo diplomático entre ambos países atraviesa un momento de tensión luego de las recientes declaraciones de Sánchez, quien volvió a cuestionar al mandatario argentino por permitir, según planteó, la injerencia de potencias extranjeras en el diseño de sus políticas.

De acuerdo con el cronograma informado por la Casa Rosada, la comitiva presidencial realizará el miércoles 4 a las 8.30 una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria. Allí, Milei será recibido por el cónsul argentino Luis María Sobrón. Media hora después, el vuelo continuará hacia Madrid, donde se prevé que arribe a las 13.

Durante su primera jornada en la capital española, el Presidente mantendrá a las 18.30 (hora argentina) un encuentro político con Santiago Abascal, titular del partido Vox, con quien sostiene un vínculo cercano.

Milei estuvo en España entre el 19 y el 21 de octubre, pero no logró reunirse con Abascal. La visita se produce a pocas semanas de las elecciones españolas para renovar el Poder Ejecutivo, previstas para el 29 de noviembre.

Las actividades multilaterales se concentrarán el jueves 5 de noviembre. Desde las 5, Milei participará de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno, en la Galería de las Colecciones Reales.

Concluida la sesión, el vuelo oficial ARG-01 emprenderá el regreso a la Argentina a las 17. La comitiva realizará una nueva escala técnica en Canarias y tiene previsto arribar al país el viernes 6 a las 7.30.

La fuerte tormenta del viernes no censuró “las expectativas” delictivas de al menos un par de sujetos que bajo el amparo de la oscuridad de la noche, entre intensas precipitaciones y amenazantes truenos protagonizó un singular raid delictivo en la barriada de Villa Italia, donde al menos tres firmas importantes fueron blanco de atracos, bajo la modalidad de boqueteros.

Según este Diario pudo confirmar, los al menos tres hechos delictivos ocurrieron en la noche del viernes, primeras horas de sábado. Cuando la tormenta se hacía sentir con mayor intensidad, un sujeto y se sospecha algún cómplice encargado de hacer el rol de “campana” y “mula” de lo sustraído, acometieron robos en la zona detrás de la Avenida Del Valle, barrio Villa Italia.

Uno de los comercios atacados fue la sucursal de Golopolis de Del Valle y Nigro.

De acuerdo al registro de las cámaras, el hecho ocurrió a la madrugada y fue descubierto ayer por la mañana, entre las 7.30 y las 8, cuando los empleados llegaron a iniciar la jornada laboral.

Según pudo saber este Diario, un solitario delincuente ingresó por el techo, donde realizó dos boquetes. El primero quedó sobre el salón de ventas, pero la altura resultó demasiado grande para descender, por lo que abrió un segundo acceso que los depositó directamente en la oficina del local.

El intruso, luego de recorrer el salón comercial, se llevó dinero en efectivo, estimado hasta el momento en alrededor de 30 mil pesos.

Los damnificados realizaron la denuncia correspondiente en la comisaría Tercera y personal policial trabajó en el lugar en busca de elementos de interés para la causa. Desde la dependencia policial se les indicó a los denunciantes que el hecho podría estar relacionado con otros dos episodios ocurridos en las mismas horas y en la misma zona, ya que con el caer de los minutos recibirían la confirmación del mismo modus operandi con botines varios.

En efecto, el supermercado de calle Duffau Las Dos Marías ya había alertado de haber sido blanco de un accionar similar por aquellas horas. Alrededor de las 3.30, la policía recibió el llamado de alerta de vecinos que advirtieron ruidos sospechosos en medio de la noche y los truenos, señalando incluso la presencia de personas. Hasta que uno de las comunicaciones alertó sobre la presencia de un sujeto por los techos del local.

La presencia policial no se hizo esperar más que un par de minutos desde el llamado de socorro citado, pero el intruso ya había emprendido la fuga por los fondos del comercio, no sin antes dejar los rastros de su accionar. También un boquete por los altos del a construcción, con llamativa “muy buena precisión” a la hora de elegir dónde realizar el hueco por donde ingresaría y egresaría su humanidad, con el botín en mano. En efecto, en este caso no sería mercadería, si no dinero (no precisado en cuanto a cantidad) de la oficina administrativa del mercado.

Con prisa y sin pausa, otro local del rubro de firmas chinas habría sido también blanco del mismo accionar, con también sustracciones que no fueron precisadas.

Con el paso de las horas los efectivos policiales trabajaban en la recopilación de testimonios y, en especial, la reconstrucción de las escenas a través de las imágenes de las cámaras del Centro de Monitoreo municipal como así también del aporte de los dispositivos particulares de los comercios violentados como también de propiedades linderas de un raid delictivo cuyos autores están tratando  de ser identificados por los investigadores.

Tras los hechos de violencia registrados durante la noche del jueves en el pasaje Newbery, desde el Foro de Seguridad tomaron contacto con autoridades policiales, a los fines de dar a conocer los antecedentes de reclamos en la zona y abordar la situación en el lugar. En diálogo con El Eco consideraron además que las situaciones vinculadas a la nocturnidad deben trabajarse en el marco de proyectar soluciones integrales que contemplen el crecimiento de la ciudad.

La presidenta del organismo, Daniela Gatti, se comunicó con la Jefatura Departamental de Tandil –a cargo de Marcos Navarro-, para poner a los responsables de la fuerza al tanto de la situación en el barrio: vecinos del pasaje había concurrido al Foro en noviembre de 2024 para denunciar problemáticas vinculadas con la nocturnidad.

“La verdad que es un hecho lamentable y esperemos que no vuelvan a pasar. Obviamente que ahora se trabajará en la zona”, señaló Daniela Gatti.

La presidenta del Foro dio cuenta de los antecedentes de trabajo en el pasaje. “Estuve en comunicaciones con el jefe Navarro, y le comenté del antecedente que teníamos, que habíamos estado ya en el barrio trabajando hace más de un año con esta misma problemática. Evidentemente la gente que vive ahí lo sigue padeciendo”, contó.

Cabe recordar, fue el jueves por la noche cuando se registró una situación de violencia en el pasaje Newbery al 900, a metros de un local bailable. Una vecina fue agredida luego de recriminar a un grupo de chicas que orinaban en su propiedad.

El conflicto escaló, el marido de la mujer efectuó disparos con un arma de fuego y el hecho terminó con dos jóvenes heridos de bala. El Municipio inició una denuncia a la Fiscalía y el boliche fue clausurado por quince días. El vecino que disparó fue aprehendido pero luego liberado ya que la Justicia consideró que actuó en “legítima defensa”.

Gatti recordó que fue en noviembre de 2024 una de las últimas veces que vecinos del pasaje Newbery habían formado parte de las reuniones del Foro. Entonces, indicó, habían concurrido para plantear situaciones vinculadas a la nocturnidad –por la cercanía de locales bailables-, así como también a ruidos molestos.

“Por no poder descansar, por la suciedad, por conductas inapropiadas”, precisó Gatti, quien sostuvo además que lo registrado el jueves no fue producto de un hecho delictivo, sino de acciones vinculadas a la nocturnidad. “Cuando en la diaria no estás pudiendo descansar, que salís de tu casa y hay suciedad por todos lados, botellas rotas, residuos de toda clase, la verdad que debe ser bastante complejo”, marcó la referente del Foro.

Tras la visita de vecinos al Foro de Seguridad en noviembre de 2024, se concretaron operativos programados a partir del trabajo conjunto con el jefe Departamental de entonces.

“Se hacían operativos a la noche, incluso hasta con una vallados móviles. Se trabajaba también con la gente de la Secretaría de Protección Ciudadana y Tránsito, colaborando con personal de Control Urbano Vehicular. Eran operativos específicos para desalentar conductas, y que funcionan para los vecinos como un accionar paliativo”, recordó.

Gatti indicó que tras aquellos hechos los vecinos del pasaje Newbery no volvieron a participar del Foro de Seguridad. Sin embargo, marcó que las problemáticas vinculadas a la nocturnidad persisten y que el reciente cierre de un tradicional local bailable de avenida Del Valle  provocó un mayor movimiento en la zona céntrica. “Esto afecta directamente al descanso de los vecinos”, planteó.

Más allá del hecho concreto vinculado al pasaje Newbery, Gatti hizo referencia a la necesidad de abordar la nocturnidad de manera integral, considerando además el particular crecimiento de Tandil.

“Tenemos muchas cosas que cuestionarnos como vecinos de lo que son las normas de convivencia, y tratar de trabajar esos temas, apuntalando lo que es la prevención. Pensar a futuro, con proyectos de urbanización, porque no estamos teniendo algo integral en una ciudad que está creciendo como la nuestra. Uno pensaría que lo que es nocturnidad y esparcimiento tendría que estar alejado de la zona del centro, pero es un tema para trabajar”, consideró.

Contemplando que hace casi dos años hubo reclamos por el mismo tema, la referente del Foro hizo mención a la necesidad de contar con medidas de gobierno que aborden la problemática.

“Que esto pueda de algún modo modificarse o pensar en trasladar estos espacios para que quien quiera tener esparcimiento, lo disfrute y el que quiera descansar en su casa, pueda hacerlo”, concluyó.

Dos hombres de 38 y 44 años fueron detenidos acusados de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, luego de dos allanamientos realizados en el marco de investigaciones iniciadas a partir de reportes emitidos por una organización internacional dedicada a la protección de niños, niñas y adolescentes.

Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales, en conjunto con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 20 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, encabezada por el fiscal Esteban Berriel.

La primera investigación comenzó luego de un reporte emitido en mayo por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), relacionado con la presunta distribución de material en el que aparecían menores de edad víctimas de abuso sexual.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron determinar un domicilio en el que podían encontrarse elementos vinculados con la causa y la Justicia autorizó un allanamiento.

Durante el procedimiento fue detenido un hombre de 38 años y se incautó una importante cantidad de dispositivos electrónicos que contenían material relacionado con la investigación.

Entre los elementos secuestrados había cinco teléfonos celulares, cinco pendrives, cuatro discos rígidos, una tablet, una notebook y tres tarjetas de memoria.

La segunda investigación también se originó a partir de un reporte del NCMEC emitido durante este año. En este caso, las averiguaciones estuvieron dirigidas a determinar la presunta tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil por parte de un hombre de 44 años.

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Fiscalía ordenó otro allanamiento y el sospechoso fue detenido luego de que los investigadores encontraran dispositivos que contenían abundante material.

En ese operativo se secuestraron 41 discos rígidos, cuatro teléfonos celulares, 15 pendrives, cuatro memorias micro SD y 246 soportes ópticos.

Los dispositivos incautados quedaron a disposición de la Justicia para continuar con las pericias correspondientes y avanzar en las investigaciones.

El diputado bonaerense Manuel Passaglia, integrante del espacio Hechos, presentó en la Legislatura provincial un proyecto de Ley de Buen Trato Animal que busca reforzar las herramientas para prevenir y sancionar situaciones de abandono, negligencia y maltrato contra animales de compañía.

La iniciativa propone modificar el Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires para incorporar un capítulo específico destinado a este tipo de situaciones. Entre las sanciones previstas aparecen multas y, en los casos considerados más graves, penas de arresto de hasta 60 días.

El proyecto alcanza distintas conductas vinculadas con el cuidado de los animales, entre ellas la falta de atención necesaria, mantenerlos en condiciones inadecuadas, dejarlos encerrados en vehículos sin ventilación, someterlos a prácticas que les provoquen dolor, sufrimiento o estrés y abandonarlos deliberadamente.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la posibilidad de actuar antes de que se produzca un daño irreversible. Cuando exista un riesgo manifiesto para la salud, la integridad física o la vida de un animal, las autoridades podrían disponer su retiro preventivo y trasladarlo a un lugar seguro mientras se determina su situación definitiva.

“No alcanza con indignarse frente al maltrato. Hay que poder hacer algo antes de que sea tarde. Si elegís tener un animal, lo tenés que cuidar. Y si no lo hacés, vas a tener consecuencias”, expresó Passaglia al presentar la iniciativa.

Además de las multas y los arrestos, el texto contempla la prohibición de tutela y contacto con animales de compañía para determinados infractores. También propone crear, dentro del Registro de Contraventores provincial, un Registro de Infractores a la Ley de Maltrato Animal.

Passaglia sostuvo que uno de los problemas actuales es que las respuestas ante las denuncias muchas veces llegan cuando el daño ya se produjo. En ese sentido, explicó que la propuesta apunta a incorporar mecanismos que permitan una intervención temprana.

“Si un animal está en peligro, se lo puede retirar y llevar a un lugar seguro. Y después vienen las sanciones para el responsable: multas, arresto en los casos más graves y prohibición de volver a tener contacto con animales”, señaló.

El legislador tomó como antecedente la experiencia desarrollada en San Nicolás, donde aseguró que se realizaron más de 50 mil castraciones gratuitas y se implementó un sistema que combina denuncias, inspecciones, rescates, seguimiento y sanciones. El número de castraciones forma parte de lo informado por el propio Passaglia al presentar el proyecto.

En paralelo con la presentación legislativa, Passaglia impulsó una petición en Change.org bajo la consigna “Que protegerlos también sea ley”, con la intención de reunir adhesiones de bonaerenses y reclamar el tratamiento de la propuesta. La petición fue creada a fines de agosto y continúa abierta a firmas.

El diputado también difundió la iniciativa en sus redes sociales acompañado por Loki, el perro adoptado por su familia, y vinculó su experiencia personal con el impulso del proyecto.

“Cuando me dicen que nosotros rescatamos a Loki, sí, tienen razón, y él también nos rescató a nosotros. Por eso estamos presentando la Ley de Buen Trato Animal: porque si ellos están para nosotros, nosotros también tenemos que estar para ellos”, expresó.

El proyecto todavía debe atravesar el tratamiento parlamentario en la Legislatura bonaerense antes de convertirse en ley.

En horas de la tarde de ayer, personal policial se constituyó en una vivienda ubicada en Moreno al 500, debido a que desde hacía varios días no se tenían registros de su morador, al decir de los propios vecinos de la cuadra.

Una vez en el lugar, los efectivos de distintas dependencias ingresaron al inmueble, donde las tareas de inspección se vieron dificultadas por la gran cantidad de elementos acumulados en su interior de la morada.

Según el reporte oficial, al lograr acceder al sector correspondiente a la habitación, el personal policial halló sin vida a un hombre mayor de edad, entre diversos objetos y sobre una cama.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, llevando adelante las pericias de rigor tendientes a establecer las circunstancias del fallecimiento.

Al cierre de esta edición, los investigadores confirmaron que la víctima fue identificada como Pedro Alberto Pérez, de 69 años de edad, sobre quien procuraban establecer lazos filiales y/o allegados que permitan contextualizar las circunstancias personales del occiso. 

Si bien las primeras versiones señalaron que más allá de las particularidades de la propiedad y los objetos acumulados no se había advertido a priori signos de violencia física en la víctima, inclinándose la hipótesis primigenia de una muerte natural. Empero, desde la policía prefirieron guardar prudencia en pos de aguardar el resultado de la autopsia en la que los médicos forenses podrían confirmar o descartar la especie.

Por el caso interviene la UFI 12, a cargo del fiscal Damián Borean, quien inició actuaciones caratuladas “Averiguación de causales de muerte”.

El exintendente de San Miguel y exministro de Gobierno bonaerense, Joaquín de la Torre, impulsó una iniciativa para crear una Policía Militar destinada al conurbano, como parte de un plan integral para federalizar los 24 municipios de esa región. El proyecto busca trasladar las principales competencias de estos distritos a la órbita nacional, eliminando la intervención del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Según el dirigente, la nueva fuerza dependería directamente del Gobierno nacional, sin subordinación al gobernador ni a los intendentes. Su labor se centraría en investigaciones complejas, inteligencia criminal, narcotráfico y operativos tácticos. Al respecto, el exfuncionario señaló:

“Es una fuerza federal permanente, de régimen y formación militar”.

El planteo detalla que la formación se realizaría en Campo de Mayo, con la participación de la Gendarmería Nacional y el Ejército Argentino. Asimismo, se contempla que parte de los integrantes provenga de la actual Policía Bonaerense. De la Torre aclaró que esta institución conviviría con las policías municipales, las cuales mantendrían sus funciones de patrullaje preventivo.

El exintendente cuestionó el actual funcionamiento de la seguridad provincial, argumentando que la Policía Bonaerense duplicó su personal desde 2010 sin que el delito disminuyera. En este sentido, planteó:

“¿Qué sabe el gobernador sobre lo que pasa en la Comisaría Tercera de un municipio del conurbano?”.

La propuesta forma parte de una reestructuración mayor que busca modificar el esquema de administración de los 24 distritos ubicados entre la ruta 6 y la Ciudad de Buenos Aires, donde residen entre 13 y 14 millones de personas. El plan contempla la reasignación de fondos, la eliminación de Ingresos Brutos en dichos distritos y la centralización de servicios esenciales bajo administración nacional.

La Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante un allanamiento en una vivienda de Quilmes, luego de detectar que un adolescente manifestaba intenciones de perpetrar un atentado en su institución educativa. La investigación se inició el 19 de agosto, tras una alerta remitida por el Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

El caso salió a la luz debido a una serie de conversaciones que el menor mantuvo con ChatGPT, donde detallaba un plan para asesinar a sus compañeros. Según explicó Alejandro de Mena, auxiliar letrado de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº1 de Quilmes, el organismo estadounidense detectó las palabras clave y rastreó la dirección IP del dispositivo.

“ChatGPT es internacional, se genera a modo internacional, y al estar investigando ahí las alertas, dan intervención al país por el número IP. A raíz de eso se puede establecer de dónde vino y se llegó hasta la zona de Quilmes”.

La Unidad de Investigación Antiterrorista, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales, realizó tareas de campo y técnicas de inteligencia para identificar al usuario. El ataque habría sido planeado inicialmente para 2027, aunque el joven contemplaba la posibilidad de adelantarlo, mostrando además interés en adquirir elementos tácticos.

La jueza Miriam Susana Alcolcel, a cargo del Juzgado de Garantías del Joven N°1 del Departamento Judicial Quilmes, junto a la Secretaría Única liderada por Mariana Digiani, ordenó el procedimiento. Durante el operativo, se secuestraron dos teléfonos celulares, guantes tácticos, un pasamontañas con diseño de calavera, vestimenta camuflada y gafas de protección.

De Mena confirmó que el menor fue imputado por el delito de intimidación pública. Hasta el momento, ni el adolescente ni sus padres han prestado declaración en la causa, mientras que los elementos incautados permanecen a disposición de la justicia.

La Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo un operativo en una vivienda de Quilmes, tras recibir una alerta internacional sobre un adolescente que manifestaba su intención de perpetrar un tiroteo en un establecimiento educativo y asesinar a sus compañeros. La investigación se originó el 19 de agosto, a partir de un reporte enviado por el Agregado Jurídico del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

El informe detallaba que un usuario de correo electrónico mantuvo una conversación con ChatGPT en la que expresaba sus planes de realizar un ataque, inicialmente proyectado para 2027, aunque con la posibilidad de adelantarlo. El menor también habría manifestado interés en adquirir vestimenta y elementos de características tácticas.

Ante la gravedad de los hechos, la Unidad de Investigación Antiterrorista, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, inició tareas de inteligencia digital y técnicas de fuentes abiertas (OSINT). Esto permitió individualizar al adolescente y localizar su domicilio en el partido de Quilmes.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, a cargo del fiscal Walter Bruno. Por su parte, el Juzgado de Garantías del Joven N°1 del Departamento Judicial Quilmes, encabezado por la jueza Miriam Susana Alcolcel y con la Secretaría Única a cargo de Mariana Digiani, ordenó el allanamiento.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares, dos pares de guantes tácticos, un gorro tipo piluso con camuflaje militar, un pasamontañas con diseño de calavera, otro camuflado y gafas de protección táctica. Los elementos quedaron a disposición de la justicia bajo la carátula de intimidación pública, mientras que el menor y sus padres fueron citados a declarar.

Una pareja y su hija de apenas 3 años fueron rescatadas por la Policía Federal Argentina (PFA) después de permanecer cuatro días secuestradas en una vivienda de Brandsen. La principal hipótesis de los investigadores apunta a un conflicto originado por una deuda millonaria con un presunto prestamista.

Las víctimas son una joven de 19 años, su pareja de 20 y la hija de ambos, quienes habían sido capturados y permanecían desaparecidos desde el viernes 4 de septiembre.

La investigación se inició luego de que la madre de la joven denunciara ante las autoridades que su hija, su yerno y su nieta habían sido llevados por la fuerza y que desconocía dónde se encontraban.

A partir de la presentación, tomó intervención el Departamento Antisecuestros Sur de la PFA, junto con la Fiscalía Federal N° 6, a cargo de Guillermo Marijuán. Los investigadores comenzaron a reconstruir los últimos movimientos de las víctimas y lograron seguir una serie de pistas hasta localizar una vivienda en Brandsen.

Finalmente, los efectivos desplegaron un operativo en el lugar y consiguieron rescatar a los tres integrantes de la familia con vida, luego de cuatro días de cautiverio.

De acuerdo con la investigación, el origen del episodio estaría relacionado con una deuda que el padre de la joven habría contraído meses atrás con un prestamista. Con el paso del tiempo y la acumulación de intereses, el monto habría aumentado hasta convertirse en una suma que el hombre no podía afrontar.

A partir de allí habrían comenzado las amenazas y distintos mecanismos violentos para exigir el pago. Incluso, según consta en la investigación, el acreedor ya se habría quedado con diferentes bienes del deudor, entre ellos un terreno y electrodomésticos.

En ese contexto, el principal sospechoso habría interceptado a la joven, su pareja y la niña y los habría obligado a subir a un vehículo, para luego trasladarlos hasta el lugar donde permanecieron privados de su libertad.

Según trascendió, el padre de la joven habría terminado en situación de calle y posteriormente se trasladó a la Ciudad de Buenos Aires para intentar alejarse de las amenazas. Sin embargo, las intimidaciones habrían continuado hasta derivar en el secuestro de sus familiares.

Los investigadores analizan ahora la posibilidad de que detrás del hecho exista una organización integrada por varias personas, con diferentes funciones para intimidar y ejercer violencia sobre deudores con el objetivo de conseguir los pagos.

Tras el rescate, la Policía Federal continúa buscando al principal sospechoso, que permanece prófugo, mientras avanza la investigación para determinar si hubo más personas involucradas en el secuestro.

El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibieron este lunes en la Casa Rosada a Hela, una perra integrante del plantel de Detectores de Narcóticos de la Policía Federal Argentina (PFA) que culminó sus años de servicio en la fuerza.

La Pastor Belga Malinois llegó a la sede de Gobierno acompañada por su guía, la sargento Susana Viamonte, quien también pasa a retiro luego de una extensa trayectoria dentro de la fuerza.

La historia de ambas tiene una particularidad: Viamonte había alcanzado en 2024 los años de servicio necesarios para jubilarse, pero decidió postergar su retiro para finalizar su carrera al mismo tiempo que Hela, su compañera de trabajo durante casi una década.

Tras el retiro, el vínculo continuará fuera de la actividad policial, ya que la sargento llevará a Hela a vivir a su casa.

Hela ingresó a la Policía Federal con apenas 60 días de vida y fue asignada a Viamonte para comenzar su proceso de formación. Desde entonces conformaron un binomio que participó durante nueve años en diferentes investigaciones vinculadas al narcotráfico en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El entrenamiento de la perra estuvo basado en el juego y en la asociación de “pseudo-olores” con recompensas, como juguetes o toallitas enroscadas. Fue preparada para realizar una marcación pasiva: al detectar estupefacientes, se sentaba de manera silenciosa frente al lugar señalado, una técnica que permite evitar alteraciones en la escena.

A lo largo de su trayectoria intervino en distintas causas judiciales de relevancia. Una de ellas fue un allanamiento relacionado con la organización de Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, en el partido bonaerense de San Martín.

Durante aquel procedimiento, Hela insistió frente a una rejilla y siguió una corriente de aire hasta un falso zócalo ubicado en una pared. Detrás de esa estructura fue encontrado el principal escondite de droga, que hasta ese momento no había sido advertido a simple vista por los investigadores.

También formó parte de los operativos de rastreo e incautación desarrollados después de los envenenamientos masivos por cocaína adulterada con fentanilo.

En agosto de 2026, Hela cumplió sus nueve años de servicio y recibió una distinción honorífica por su trayectoria. El reconocimiento tuvo este lunes uno de sus momentos destacados con la visita a la Casa Rosada y el encuentro con Javier y Karina Milei, antes de iniciar una nueva etapa junto a quien fue su guía y compañera durante toda su carrera.

Un hombre de 48 años fue detenido acusado de hacerse pasar por un efectivo de la Policía Bonaerense mientras circulaba en un auto con balizas de uso habitual por las fuerzas de seguridad, en el barrio porteño de Villa Crespo.

Fuentes policiales informaron que uniformados de la División Investigaciones Comunales 6 de la Policía de la Ciudad observaron salir de un lavadero a un Renault Duster con luces azules encendidas.

En este contexto, consultaron el dominio del vehículo en el sistema y constataron que no estaba acreditado como un patrullero oficial, por lo que iniciaron un seguimiento e interceptaron al rodado en Nicasio Oroño y Aranguren, donde identificaron al conductor, quien afirmó ser personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero no supo explicar su rol.

Los agentes procedieron a requisar el auto, encontraron la empuñadura de un arma y notaron que en el tablero había un cartel que decía “Policía”, a la vez que descubrieron tres réplicas de armas de fuego, que eran de aire comprimido, prendas policiales, entre ellas una remera negra con la inscripción “Fuerzas Especiales GAD-Instructor”, un chaleco de protección balística y dos cuchillos.

Además, incautaron tres tubos de aire comprimido, una placa metálica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 47 cartuchos de escopeta calibre 12×70, un cartucho de escopeta calibre 16, un cargador metálico de Bersa calibre milímetros sin municiones, dos tonfas, una barreta metálica, un casco táctico, un botiquín, un pasamontañas y un posnet.

El implicado había sido procesado en 2019 por amenazas con armas, mientras que en diciembre de 2021 recibió una condena de un año y medio de prisión en suspenso por el mismo delito, sumado a prohibición de acercamiento a la víctima.

El involucrado quedó a disposición de la Unidad Flagrancia Oeste por usurpación de títulos y honores, tenencia de armas de guerra y averiguación de ilícito. NA

Durante la última reunión mensual del Foro de Seguridad de Tandil, encabezada por Daniela Gatti y Julio Pagola, se pusieron de manifiesto las inquietudes de los residentes de diversos barrios. La presidenta del organismo señaló que, si bien no se registran situaciones de extrema gravedad, persiste una problemática constante vinculada a robos domiciliarios, narcomenudeo y la presencia de personas en la vía pública que generan intranquilidad en la comunidad.

Gatti detalló que sectores como Villa Italia, Villa Gaucho, La Movediza, Tunitas y Cerro Leones han vuelto a reportar inconvenientes. Entre los reclamos más frecuentes se destaca la falta de controles nocturnos sobre la venta de alcohol y el conflicto con los denominados "trapitos", una cuestión que aún aguarda reglamentación por parte del Concejo Deliberante.

Uno de los puntos centrales del debate fue la percepción comunitaria sobre la reincidencia delictiva. Según explicó la titular del Foro, los habitantes identifican con claridad a quienes cometen ilícitos, señalando que se trata de los mismos individuos que recuperan la libertad y vuelven a delinquir, desplazándose a veces hacia zonas aledañas a su residencia habitual.

Al ser consultada sobre la cantidad de involucrados en estos hechos, estimó que existe una decena de personas conocidas por su accionar constante. Sin embargo, advirtió sobre un fenómeno nuevo: la aparición de grupos de adolescentes vinculados al consumo de drogas y a una modalidad de vandalismo promovida en redes sociales, donde compiten por realizar hurtos o actos de desorden público.

El jefe departamental de policía, Marcos Navarro, presente en los encuentros, reconoció ante la asamblea que los recursos disponibles son insuficientes. La dirigente subrayó que la operatividad se ve seriamente afectada por la necesidad de destinar patrulleros y efectivos a custodias judiciales, una tarea que debería cubrir una fuerza específica que Tandil aún no posee.

Respecto a la gestión provincial, calificó las respuestas como poco efectivas. Si bien se mantiene el diálogo con representantes del Ministerio de Seguridad, como Adrián Pereira, para avanzar en la implementación de la Fuerza Barrial de Aproximación en La Movediza, la concreción de los recursos prometidos sigue siendo una deuda pendiente del gobierno bonaerense.

Otro tema crítico abordado fue la ausencia de un médico legista en la departamental local, carencia que la ciudad arrastra desde hace años. Daniela Gatti explicó que esta situación no solo impacta en la investigación penal, sino que obliga a desplazar unidades hacia otras localidades para traslados judiciales, restando capacidad operativa a la prevención en las calles.

La titular concluyó que, ante la falta de soluciones estructurales, los vecinos se ven obligados a mantener una demanda constante para asegurar patrullajes. "Si uno no está continuamente reclamando, cuando algo se pierde, vuelve el delito, los problemas y las maniobras peligrosas", sentenció.

La situación de la seguridad pública en diversos municipios del interior de la provincia de Buenos Aires ha generado un fuerte reclamo en la Legislatura bonaerense. El diputado de la UCR–Unión Cívica Radical, Valentín Miranda, presentó un proyecto en la última semana manifestando su profunda preocupación por las deficiencias que atraviesan las fuerzas policiales en materia de recursos humanos, equipamiento, insumos y financiamiento.

El eje central del reclamo se enfoca en la práctica de derivar a efectivos formados en municipios del interior hacia el Conurbano bonaerense por un periodo de tres años. Según el legislador, en la mayoría de los casos, estos agentes no regresan a sus ciudades de origen una vez cumplido el plazo, lo que genera un perjuicio directo para las localidades más pequeñas.

“Sin lugar a dudas, esta práctica genera un gran malestar y preocupación en los intendentes del interior. Entre quienes se jubilan y quienes poseen licencia médica, año a año se pierden efectivos que luego no se recuperan, generando un perjuicio directo a pequeñas y medianas localidades del interior”, manifestó Miranda.

Esta problemática ha sido planteada ante la Gobernación por jefes comunales de distintos espacios políticos. Entre ellos, los intendentes de Bolívar, Eduardo Bucca, y de General Alvear, Ramón Capra, iniciaron gestiones para repatriar a policías oriundos de sus distritos. En la misma línea, el intendente radical de Magdalena, Lisandro Hourcade, cuestionó el costo que asumen los municipios en la formación y logística de los efectivos.

“Los jefes comunales del interior destinan recursos en transporte y la logística para la formación de los policías y después terminan trabajando en La Costa o el Conurbano y nunca regresan al pueblo”, declaró el legislador.

El proyecto de Valentín Miranda también advierte que esta situación se agrava por la escasez de recursos derivada de la caída en la recaudación y en las transferencias provinciales, obligando a muchos distritos a destinar fondos propios o crear tasas de seguridad para cubrir gastos operativos. Ante este escenario, el diputado exhortó al Ministerio de Seguridad de la Provincia a implementar un plan integral de manera urgente: “Es necesario garantizar una distribución adecuada y equitativa de recursos humanos, materiales y financieros que permita mejorar las condiciones de seguridad de los vecinos de cada distrito”.

La discusión sobre el modelo de seguridad ha vuelto a instalarse en la agenda política, con varios intendentes impulsando una mayor autonomía y la posibilidad de que las policías locales vuelvan a depender de las administraciones municipales. Este debate, que forma parte de la reforma de la Ley de Seguridad impulsada por el oficialismo, ha ganado terreno tanto en las comisiones parlamentarias como en la interna del gobierno provincial.

La secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, dialogó con El Eco. Brindó detalles del presente de la ordenanza de motos y del proyecto de modificación que enviaron al Concejo Deliberante para realizar allanamientos.  También informó que avanzan las tratativas para crear una Fuerza de Aproximación Barrial en La Movediza, y que inaugurarán en el corto plazo una base de Policía Científica en el Paseo de los Españoles.

Además, adelantó que se encuentran adelantadas las gestiones para contar con una médica legista en Tandil a partir de mediados de agosto. Se trata de una iniciativa que se concretará a través de una inversión municipal que permitió reacondicionar un espacio en la sede de la Policía Departamental. 

La noticia supone no solo un principio de respuesta a la demanda de organizaciones vinculadas al género –por la habilitación para  implementar protocolos específicos con la que la profesional contaría en casos de denuncias de violencia-, sino también por la posibilidad de que, a futuro, se lleven a cabo autopsias en la ciudad.

El debate en torno a la ordenanza de motos volvió a tomar estado público a raíz de discusiones en el Concejo Deliberante. Al respecto, Marcieri precisó que no se lograron concretar allanamientos por la “imposibilidad técnica que se expresa en la propia ordenanza”.

La normativa fue aprobada, con modificaciones, en una sesión especial en diciembre pasado. Si bien “desalentó en un primer momento a las caravanas”, la secretaria señaló que el impedimento para lograr dictaminar allanamientos se dio porque exige “que se den tres elementos en simultáneo: que se detecte la falta, que la falta sea corroborada en un procedimiento, y que a su vez provoque el riesgo en la vida de otros”. Sin embargo, explicó “esos tres elementos nunca se podían juntar”.

Por tal motivo llevaron a cabo una reunión con concejales, jueces de Faltas y funcionarios municipales en el pasado mes de mayo. Con los requerimientos planteados por los jueces –indicó Marcieri-, elaboraron un proyecto de modificación que propone evaluar la posibilidad de sumar a la ordenanza la admisibilidad de publicaciones en redes sociales, incorporar como conducta pasible de sanción los ruidos molestos producidos por dispositivos de cualquier tipo (como parlantes traseros en los autos), modificar el artículo que exige que se den las condiciones mencionadas para realizar allanamientos, y que los allanamientos alcance a quienes pongan en riesgo la vida de terceros más allá “del lugar de comisión o de las personas que afectare”.

“Fue consensuado con los propios jueces de Faltas, que pudieron comentarle a los concejales las imposibilidades jurídicas. Hicimos ese proyecto, lo elevamos y estamos esperando respuesta del Concejo Deliberante. Está en la comisión de Transporte esperando ser tratado”, señaló la secretaria.

“Estamos esperando una segunda reunión que nunca se dio. Ellos iban a volver a analizar este pedido, e insistimos con ello porque sabemos que ahora van a empezar nuevamente los días de calor. Si bien estamos trabajando muchísimos con operativos focalizados, operativos dinámicos, operativos estáticos, con distintas fuerzas de seguridad y hemos traído grupos tácticos operativos de otras ciudades y seguiremos gestionando en la materia, nos preocupa que vuelva a surgir  fuertemente  esta modalidad”, sumó.

Policía en La Movediza y efectivos

-Un reclamo de larga data de parte del Municipio y de los vecinos del barrio es el del destacamento de La Movediza. ¿Hay novedades con ese pedido?

-Alejandra Marcieri: Hay novedades con la posibilidad de la realización de una Fuerza de Aproximación (FBA) barrial en La Movediza. El municipio tiene elaborado el plano de cómo sería esa dependencia y tenemos previsto solicitarle una reunión al ministro Alonso para presentarle el proyecto.

Ese proyecto se ajusta a las características técnicas que nos brindaron desde el Ministerio de Seguridad en cuanto a las obras.

La idea es sentarnos con el ministro y tener alguna garantía de que van a venir los efectivos para poder cubrir ese espacio, que no quede una cáscara vacía, que no sea un espacio más y que se redistribuyan las personas que tenemos en el territorio para cubrirlo.

El compromiso del ministerio y por tratarse de la FBA, que es una rama distinta a la policía de seguridad, sería que vengan efectivos nuevos a poder completar ese espacio. Va a ser una inversión del Municipio mayor a los 300 millones de pesos.

-¿Dónde va a estar ubicado?

- Está planificado para que esté en el predio del Nido. Hoy hay un contenedor, una especie de destacamento donde la gente se puede acercar, es un espacio de control y demás, y va a ser en ese predio. El Municipio ha cedido ese espacio.

-Otro de los reclamos es el del retorno de efectivos tandilenses a la ciudad…

-Nos ha dejado en claro en más de una oportunidad el Ministerio de Seguridad que los policías son policías de la provincia de Buenos Aires y que una vez que egresan como policías pueden ser destinados a cualquier lugar del territorio.

Más allá de eso, tienen 3 años de capacitación que son obligatorios en distintos espacios como pueden ser la FBA,  que los lleva a otros lugares donde adquieren la experiencia necesaria para luego desenvolverse en cualquier tipo de territorio.

Nosotros lo que sí seguimos solicitando es que vengan más efectivos. Yo el otro día en el Foro de Seguridad decía que no importa el nombre, el apellido y el número de legajo de la persona, lo que importa es que haya efectivos policiales para poder subirse a las camionetas y hacer los recorridos que son necesarios.

Estuvieron mandando refuerzos en estos días para lo que es la Patrulla de Prevención Rural y han mandado también efectivos para lo que tiene que ver con el patrullaje.  preventivo a la Jefatura Departamental, y se reforzó la DDI de drogas ilícitas.

Hemos tenido este respuesta de parte de la de la provincia de Buenos Aires cuanto al envío de efectivos y se sigue trabajando sobre el levantamiento de carpetas  para poder reincorporarse de manera operativa la fuerza.

Como parte de las acciones de prevención y respuesta desplegadas en distintos sectores de la ciudad, personal de las dependencias que integran la Jefatura de Policía Departamental Tandil llevó adelante una serie de procedimientos que permitieron la aprehensión de cinco personas y la detención de otra, en el marco de diferentes hechos delictivos y contravencionales registrados durante los últimos días.

Desde la fuerza indicaron que los operativos fueron realizados por efectivos del Comando de Patrullas, Centinela en Territorio y la comisaría 2da, quienes intervinieron en distintos puntos de la ciudad ante denuncias de vecinos, controles preventivos y medidas ordenadas por la Justicia.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en una vivienda ubicada en Almafuerte al 2200, donde efectivos del Comando de Patrullas aprehendieron a Damián Graziano, de 35 años, acusado de intentar cometer un robo. Según se informó, el hombre ingresó al inmueble tras violentar una puerta de acceso y sustrajo un control remoto y el cable de alimentación de un televisor.

La rápida reacción del propietario de la vivienda permitió reducir al sospechoso hasta la llegada de los policías, quienes concretaron la aprehensión y recuperaron los elementos sustraídos. El imputado quedó alojado a disposición de la UFI Nº 12, en el marco de una causa caratulada como "Robo en grado de tentativa".

En otro de los operativos, personal de Centinela en Territorio aprehendió a un joven de 24 años que desobedeció la orden de detenerse durante un control policial realizado en la zona de Alonso y Pratt. El motociclista emprendió la fuga, lo que dio inicio a una persecución que culminó pocos minutos después con su interceptación.

De acuerdo con el parte policial, una vez reducido el conductor adoptó una actitud agresiva e intentó agredir a uno de los efectivos que participaban del procedimiento. Como consecuencia, el rodado fue secuestrado por infracciones a la legislación de tránsito, mientras que el joven fue puesto a disposición de la UFI Nº 12, imputado por el delito de Desobediencia.

Por otra parte, efectivos del Comando de Patrullas acudieron a un llamado al 101 que alertaba sobre disturbios en un domicilio ubicado sobre Salta al 2000. Al arribar al lugar, los policías constataron que dos hombres, de 34 y 21 años, se encontraban ocasionando desorden en la vía pública y, según el informe oficial, presentaban un evidente estado de ebriedad.

Durante la intervención, ambos fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial. Posteriormente quedaron a disposición de la Justicia por el delito de Atentado a la Autoridad y por infracción a los artículos 72 y 74 inciso A del Decreto Ley 8031/73, que sancionan distintas contravenciones relacionadas con el orden público.

Finalmente, personal de la comisaría 2da cumplimentó una orden de detención sobre Ángel Jesús Molina, de 40 años, quien fue localizado en inmediaciones de De los Granaderos al 200.

La medida había sido dispuesta por el Juzgado Correccional Nº 2 de Azul, en el marco de una causa por Desobediencia. Tras su detención, Molina fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia hasta su comparecencia ante el magistrado interviniente.

Los internos que protagonizaron una transmisión en vivo desde el Complejo Penitenciario N°2 San Felipe, en Mendoza, fueron trasladados a una unidad de muy alto perfil. La medida se tomó ante el incumplimiento de las normas vigentes en la provincia desde 2023, que prohíben la tenencia de teléfonos celulares por parte de los reclusos.

El caso tomó estado público luego de que el streamer Valentino Melo difundiera en sus redes sociales un fragmento de la charla mantenida con los detenidos, quienes confirmaron durante el vivo que se encontraban dentro del establecimiento carcelario. Tras la viralización del contenido, las autoridades provinciales iniciaron una investigación interna y ejecutaron una requisa sorpresa en el Módulo 8B, donde se secuestraron cinco teléfonos.

“No vinimos a custodiar una falsa paz carcelaria. Vinimos a intervenir el sistema penitenciario. Eso supone controles, requisas, sanciones y decisiones”.

Así lo manifestó la ministra de Seguridad provincial, Mercedes Rus, a través de sus redes sociales. La funcionaria recordó que, si bien en años anteriores se habilitó judicialmente el ingreso de dispositivos, desde diciembre de 2023 se puso fin a esa etapa mediante la implementación de un sistema único de control y el fortalecimiento de las requisas.

Sobre el destino de los involucrados, la ministra confirmó:

“En este caso, los internos involucrados fueron trasladados a la cárcel de Cacheuta, al MAP (Módulo de Alojamiento de Muy Alto Perfil), donde rige un régimen estricto de control”.

Los reclusos fueron derivados al Complejo Penitenciario Almafuerte I, inaugurado en 2007. Este establecimiento se destaca por su arquitectura de alojamiento individual, diseñada para optimizar el seguimiento y tratamiento de los detenidos. El predio cuenta con un pabellón de máxima seguridad, cuatro de seguridad media, un cierre perimetral de doble cerco y cinco módulos de cuatro alas cada uno.

La resolución de la Cámara de Apelación y Garantías de Azul que confirmó la absolución del excomisario José Luis Ratto no solo puso punto final a la causa por calumnias e injurias iniciada en su contra. También volvió a dirigir la atención hacia la Comisaría Cuarta de Tandil, el lugar donde, según el propio denunciante, funcionaba el esquema de irregularidades que decidió llevar ante la Justicia y las autoridades policiales.

Fue allí donde Ratto se desempeñaba como jefe de turno hasta fines de 2023. También fue allí donde, según sostuvo en distintas presentaciones administrativas y judiciales, comenzó a advertir maniobras vinculadas con la registración de horas de servicio que, de acuerdo con su versión, no eran efectivamente prestadas.

La dependencia policial, ubicada en Independencia 1934 en el barrio Villa Aguirre, quedó desde entonces en el centro de una investigación penal que todavía no tiene una resolución pública sobre el fondo del asunto.

Antes de que el caso adquiriera repercusión pública, el conflicto se desarrolló puertas adentro de la propia seccional.

Según relató Ratto, las diferencias con el entonces titular de la Comisaría Cuarta, Nicolás Kopp, comenzaron a raíz del manejo de las denominadas horas Cores (Compensación por Recargo de Servicio).

Incluso solicitó una carpeta psicológica y remitió una nota al entonces jefe departamental, Roberto Landoni, en la que explicó las razones de esa decisión.

En ese escrito denunció que en la dependencia "se registran en el libro de guardia personal cubriendo servicio de horas Cores que realmente no vienen a prestar servicio", afirmando que existía un mecanismo mediante el cual se liquidaban horas que, según su versión, nunca eran trabajadas.

Aquella denuncia no quedó únicamente en el ámbito administrativo. Poco después fue presentada también ante la Justicia y dio origen a una Investigación Penal Preparatoria que, casi tres años más tarde, no registra avances públicos conocidos respecto de eventuales imputaciones o responsabilidades.

Las acusaciones generaron un fuerte impacto dentro de la Policía Bonaerense.

Ratto sostuvo que, además del comisario Kopp, el entonces segundo jefe departamental, Marcos Andrés Irusta, conocía la situación denunciada y no había impulsado medidas para investigar los hechos.

Tiempo después de presentar esas acusaciones, el policía fue trasladado a la Superintendencia Regional Oeste, con asiento en Moreno.

El entonces comisario interpretó aquella decisión como una represalia por haber denunciado presuntas maniobras de corrupción dentro de la fuerza, especialmente porque el nuevo destino le impedía compatibilizar su actividad policial con el ejercicio de la abogacía y su emprendimiento turístico en la zona serrana.

Mientras la investigación por las presuntas irregularidades avanzaba lentamente, uno de los jefes policiales mencionados decidió querellar a Ratto por calumnias e injurias.

Ese expediente terminó recorriendo todas las instancias judiciales hasta llegar a la Cámara de Apelación de Azul.

La resolución conocida esta semana confirmó la absolución que ya había dispuesto el Juzgado Correccional Nº 1 y entendió que las expresiones del excomisario estuvieron vinculadas con un asunto de evidente interés público.

Los camaristas sostuvieron que el control sobre el manejo de recursos públicos y el desempeño de funcionarios estatales goza de una protección especial dentro de la libertad de expresión y remarcaron que quienes ocupan cargos públicos deben tolerar un mayor nivel de escrutinio por parte de la ciudadanía.

Mientras quedó definitivamente resuelta la causa iniciada contra quien denunció los hechos, continúa sin conocerse cuál fue el resultado de la investigación sobre las supuestas irregularidades ocurridas en la Comisaría Cuarta.

La propia Cámara hizo referencia a esa circunstancia al señalar que la denuncia penal presentada por Ratto continúa en trámite y que, precisamente por esa razón, no podía afirmarse que sus acusaciones fueran falsas.

Los jueces destacaron que la existencia de una investigación penal en curso constituye un elemento suficiente para descartar la configuración del delito de calumnias, ya que todavía no existe una resolución judicial que determine que los hechos denunciados nunca ocurrieron.

Esa observación dejó expuesta una situación: casi tres años después de la denuncia original, el expediente que debía establecer si efectivamente existieron maniobras irregulares en la Comisaría Cuarta permanece sin una definición pública.

Más allá del desenlace judicial favorable para Ratto, el caso volvió a instalar interrogantes sobre lo ocurrido en la seccional durante 2023.

Las acusaciones nunca estuvieron dirigidas contra toda la dependencia, sino sobre el presunto funcionamiento de un sistema de registración de horas adicionales que, según el denunciante, permitía el cobro de servicios que no se prestaban efectivamente.

Ese fue el núcleo de la denuncia que motivó la apertura de la investigación penal y también el origen del conflicto que terminó con el traslado del entonces jefe de turno y con una causa por calumnias e injurias que ahora quedó definitivamente cerrada.