El senador bonaerense Sergio Vargas, integrante del bloque libertario dialoguista, presentó en las últimas horas un proyecto de ley para crear un dispositivo de salud mental específico para el personal de las fuerzas de seguridad. La iniciativa surge ante el aumento exponencial de casos de suicidio que sacude a la provincia de Buenos Aires. 

Según fundamentó el legislador, "esta ausencia de políticas específicas no solo impacta en la vida personal de los agentes, sino que también repercute directamente en la calidad del servicio de seguridad que el Estado brinda a la ciudadanía".

En el último tiempo, se han vuelto habituales los episodios donde integrantes de las fuerzas deciden quitarse la vida. El trasfondo de estos casos suele estar marcado por hogares con dificultades económicas, salarios insuficientes y una sobrecarga de horas de servicio extra para cubrir gastos básicos.

 Al respecto, Sergio Vargas describió: "Durante años, quienes integran estas instituciones desempeñaron sus funciones en contextos de alta exigencia emocional, exposición a situaciones traumáticas y presión operativa constante, enfrentando lo que técnicamente se denomina riesgo psicosocial crítico".

El senador por la Sexta sección electoral advirtió que la provincia está perdiendo agentes no solo por el accionar del crimen organizado, sino por el desgaste postraumático y la carencia de una red institucional efectiva. "Se están perdiendo agentes no solo a manos del crimen organizado, sino a causa del desgaste postraumático y la falta de una red de contención institucional efectiva", señaló, agregando que "estos padecimientos permanecen muchas veces invisibilizados o silenciados por temor a sanciones".

El proyecto propone la creación del Programa Integral de Salud Mental para el personal de las fuerzas de seguridad y penitenciaria, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad bonaerense y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El dispositivo será obligatorio para los efectivos en actividad y podrá extenderse a retirados y familiares directos.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es resolver la pérdida de ingresos que sufren los agentes al manifestar problemas psicológicos. Actualmente, cuando se retira el armamento de forma preventiva, el uniformado deja de percibir las horas de Policía Adicional o las compensaciones por recargo de servicio. Sobre este nudo crítico, el senador explicó: "El resultado de esta ecuación es trágico pero previsible: el uniformado oculta su depresión y su estrés para no sufrir un recorte drástico en su salario, conviviendo con su arma reglamentaria hasta que es demasiado tarde".

Para revertir esta situación, el legislador consideró que "consagrar normativamente la intangibilidad de la remuneración regular no es un privilegio, es una medida de salvataje directo para que el efectivo pierda el miedo a pedir ayuda". 

Asimismo, sostuvo que "Al reconocer la necesidad de generar condiciones laborales saludables, promover el autocuidado y asegurar procesos de reinserción progresiva para aquellos agentes que atraviesen situaciones de padecimiento mental, se evita toda forma de discriminación o sanción encubierta".

Finalmente, el programa establece que las autoridades deberán elevar un informe anual con datos estadísticos sobre el estado de los agentes. En sus palabras de cierre, Sergio Vargas enfatizó: "Resulta necesario desarticular una cultura institucional que históricamente desalentó la expresión del malestar psíquico, promoviendo en cambio condiciones que favorezcan el cuidado, el acompañamiento y la detección temprana, cuidar a quienes tienen la responsabilidad de cuidarnos es una obligación ética y política del Estado".

En el Senado bonaerense, el bloque de La Libertad Avanza volvió a poner en el centro del debate la utilización de dispositivos electrónicos de control. La senadora María Florencia Arietto presentó recientemente una iniciativa que busca autorizar el uso de armas no letales, como las pistolas Taser, para los efectivos de las fuerzas de seguridad que dependen del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

La propuesta retoma un planteo que el espacio libertario sostiene desde 2022, pero que no había logrado prosperar en instancias anteriores al perder estado parlamentario. Con la actual composición de la Cámara alta, el texto ingresó formalmente por la Mesa de Entradas con el objetivo de dotar a los agentes de herramientas alternativas al arma de fuego.

De acuerdo al articulado, el personal policial podrá emplear estos dispositivos únicamente cuando sea estrictamente necesario para el cumplimiento de sus deberes. Asimismo, se establece como requisito obligatorio que los uniformados completen cursos de instrucción y capacitación específica antes de portar este equipamiento.

En los fundamentos del proyecto, la legisladora argumentó que el uso de estas herramientas permitirá a los efectivos actuar con mayor libertad, bajo la premisa de que se reduce el riesgo de herir de gravedad a un sospechoso. Según Arietto, esto también disminuiría las posibilidades de que un agente sea enjuiciado por accionar en cumplimiento de su deber.

La senadora también hizo referencia a estudios internacionales que avalan la efectividad de estos dispositivos en escenarios de alta peligrosidad. En ese sentido, recordó la implementación del programa Estaciones Seguras en 2024, impulsado por la entonces ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, para la Policía Federal.

Técnicamente, estas armas funcionan mediante una descarga eléctrica que inmoviliza al agresor. Al ser accionadas, disparan dos dardos que pueden alcanzar una distancia de hasta diez metros, transmitiendo una descarga de 400 volts durante cinco segundos para lograr la neutralización inmediata del objetivo.

El inicio del ciclo escolar en la provincia de Buenos Aires contará con controles policiales, durante un operativo especial de prevención que se llevará a cabo en el marco del “Último Primer Día”, temporada de festejos que muchas veces se ve teñida por excesos.

Según el comunicado oficial al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, el operativo de la Policía de la provincia de Buenos Aires se inició en la medianoche de ayer y continuará hasta el inicio de clases, según cada distrito.

El escrito indicó que la medida fue dispuesta a través de una orden de servicio de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales y prevé reforzar la presencia policial entre las 12 de la noche y el inicio de la mañana, en toda la provincia, con intervención de las Superintendencias de Seguridad Regionales, así como las distintas dependencias policiales.

Fuentes oficiales señalaron a este medio que “se convocó a trabajar en educación y salud para poder abordarlo de manera descentralizada en cada municipio. Se hicieron reuniones de trabajo y ahora se busca trabajar desde la comunidad educativa para interpelar a las familias sobre la responsabilidad de sus hijos en estos días”.

El despliegue abarcó dichos horarios porque consideraron que los adolescentes suelen reunirse durante la noche previa al inicio de clases en plazas, parques u otros espacios públicos cercanos a las instituciones, con la intención de permanecer despiertos hasta el ingreso.

Por tanto, las celebraciones pueden derivar en cortes de calle, ruidos molestos, uso de bengalas, vandalismo o episodios de intoxicación por consumo de alcohol, tanto en espacios privados como en la vía pública

El operativo contempla volcar la mayor cantidad de personal y medios disponibles a tareas preventivas, con recorridas de jefes de dependencias, comandos de patrullas y policías locales en móviles identificables durante toda la franja horaria establecida.

Además, el personal afectado deberá cumplir funciones correctamente uniformado y con chalecos antibalas y reflectivos, de manera tal que cualquier intervención penal que se registre deberá ser informada al Centro de Operaciones Policiales.

Asimismo, se recomendó a la comunidad que, en caso de encontrarse con un caso de consumo abusivo de alcohol, llamen al número de emergencias locales si presentan signos de intoxicación. Además, indicaron procurar el contacto con un adulto responsable y hablar con las autoridades escolares. También se requirió “no dejar solos” a los jóvenes.

En momentos extremos se solicitó que se coloque a la persona intoxicada “de costado para que no haya riesgo de aspirar fluidos”, “ofrecerles agua y abrigarlos” y “brindarles información sobre las consecuencias físicas y sociales que tiene el alcohol”. (NA).

El Gobierno bonaerense anunció un acuerdo salarial para la policía bonaerense, que comprende un aumento del 11%, más plus compensatorio por uniforme y el valor del servicio de Policía Adicional (POLAD).

El aumento contempla un 5% en marzo y 2,5% en abril, que se suman a las subas de 2% en enero y 1,5% en febrero. Asimismo, el POLAD, a partir de febrero, logra un incremento adicional del 22,7%, acumulando al mes de abril una mejora del 36,4%.

“En un contexto económico complejo y con menos recursos por las políticas del Gobierno nacional, seguimos defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad”, indicó el ministro Javier Alonso.

En la mañana de este jueves, y por disposición del Ministerio de Seguridad de la Provincia, se concretó el relevo del Jefe de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Tandil.

En ese marco, el comisario mayor Roberto Carlos Landoni, recientemente ascendido con fecha 1 de enero, fue reemplazado en el cargo por el comisario inspector Marcos Ceferino Navarro, quien asumió formalmente la conducción de la fuerza a nivel departamental.

Del acto oficial participaron el comisario general Carlos Jorge Giménez, Superintendente de Seguridad Región Interior Centro; la secretaria de Protección Ciudadana del Municipio de Tandil, Alejandra Marcieri; y el director de Defensa Civil, Comisario Mayor (R.A.) Jorge Jiménez. También estuvieron presentes los titulares de las distintas dependencias que integran la Estación Departamental de Seguridad Tandil.

Durante la ceremonia se realizó un reconocimiento a la labor desarrollada por el comisario mayor Roberto Carlos Landoni, destacando sus más de dos años de gestión al frente de la dependencia. En ese sentido, se valoró especialmente su compromiso, profesionalismo y dedicación en el ejercicio de la función policial.

Cabe señalar que, tras dejar la jefatura departamental, Landoni pasará a cumplir funciones en la Superintendencia de Seguridad Región Interior Centro.

Con la llegada de 40 efectivos de la Policía Bonaerense de distintas áreas, este viernes comenzó oficialmente en Tandil el Operativo Sol. El mismo se realizará en el marco de un refuerzo de seguridad dispuesto para la temporada de verano y solicitado oportunamente por el Municipio.

El refuerzo fue gestionado previamente por el intendente Miguel Ángel Lunghi, a través de la Secretaría de Protección Ciudadana, ante el Ministerio de Seguridad Provincial. El operativo tiene como objetivo fortalecer la prevención, el control y la respuesta ante emergencias en distintos puntos del partido en la temporada de verano.

La secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, fue la encargada de anunciar el inicio del operativo y destacó la colaboración permanente del Municipio con las fuerzas provinciales. En esa misma línea, subrayó la integración de los distintos dispositivos de seguridad que funcionan en la ciudad.

Marcieri remarcó el trabajo conjunto con herramientas como Centinela en Territorio y la aplicación Centinela, que permiten optimizar la prevención, la comunicación con la comunidad y una rápida respuesta ante eventuales hechos o denuncias.

Del total de efectivos incorporados, diez se sumaron a la Policía de Prevención con el propósito de reforzar tareas de patrullaje y control en zonas urbanas y turísticas. Además, se incorporaron ocho efectivos del área de Bomberos junto a dos instructores, teniendo en cuenta la época estival, las condiciones climáticas y el aumento del riesgo de incendios por las altas temperaturas en zonas serranas.

El operativo también contempla la incorporación de diez efectivos a la DDI, destinados a tareas de investigación, y diez efectivos al Comando de Prevención Rural, para reforzar la seguridad en zonas rurales del partido.

El despliegue del Operativo Sol se extenderá durante enero y febrero, período en el que la ciudad registra un importante incremento en la afluencia turística.

Desde el Municipio se destacó la articulación con el Ministerio de Seguridad provincial y el fortalecimiento de un esquema integral de prevención que combina recursos humanos, tecnología y participación ciudadana.

El subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Escudero, visitó la ciudad y mantuvo reuniones con el intendente Lunghi y fue parte del Foro de Seguridad. Durante su estadía, el funcionario recibió de primera mano la preocupación por la situación de la seguridad que atraviesa la comunidad tandilense.

Escudero mantuvo una agenda cargada en su paso por la ciudad que duró algunas horas. El presente tandilense atraviesa diversos inconvenientes en materia de orden público, con la problemática de las motos que altera la rutina vecinal e incluso ya se ha cobrado dos vidas en lo que va del 2025. La visita de un representante del Ministerio de Seguridad generó muchas demandas.

El funcionario provincial participó el martes de un encuentro con el intendente Lunghi y la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri. Allí recibió en boca de los responsables de la seguridad local el pedido de mayor presencia y control policial en todo el territorio.

Tras el encuentro, el jefe comunal ratificó el compromiso del gobierno local: “Sabemos que la seguridad no depende directamente del Municipio, pero es una problemática que afecta a los tandilenses y que debemos abordar en conjunto. Por eso seguimos reclamando y gestionando ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia para que Tandil tenga la cobertura policial que necesita. Seguiremos trabajando y gestionando con todas las instancias necesarias para bajar el delito y garantizar la tranquilidad de nuestros vecinos”, declaró.

Escudero fue parte de la reunión mensual del Foro de Seguridad el pasado miércoles, la cual contó con el regreso de Daniela Gatti a la presidencia tras la licencia por su participación política en las elecciones legislativas. El orden del día presentaba trece temas y se extendió por casi tres horas  para, aprovechando la presencia del funcionario, desarrollar todas las problemáticas vecinales.

La presidenta del Foro comentó en diálogo con El Eco de Tandil que no esperaban la visita del funcionario, pero que no alteró lo programado para la reunión y que resultó positiva, ya que se llevó varios temas presentados por las comisiones vecinales para trabajar. “Vino predispuesto a escuchar y en el desarrollo de la reunión se fueron suscitando todos los temas y se planteaba el pedido de respuesta directamente al Ministerio”, contó Gatti.

Entre los problemas que se expusieron a Escudero, se destacaron la negativa de los vecinos a realizar las denuncias, ya sea miedo a represalias o el mal funcionamiento del sistema 101, también la necesidad urgente de controlar el tema de los motociclistas que alteran el orden público, la falta de efectivos y el poco patrullaje que observan en las calles.

Para cada una de las demandas, Escudero prometió trabajar en el tema. Si bien llegó con el concepto de que, según las estadísticas oficiales, el delito en Tandil había decrecido, se mostró predispuesto y prometió trabajar en varias de las presentaciones. No aseguró su presencia en la próxima reunión, pero dejó en claro que probablemente haya un enviado del Ministerio de Seguridad para comentar los avances en las distintas cuestiones.

Referido específicamente a la atención policial que, entienden los vecinos, desalienta la denuncia de los hechos, Escudero comentó que se está trabajando para profesionalizar e instruir a las fuerzas. Además, respecto al 101, se comprometió a entablar una reunión con la Superintendencia de Comunicaciones, ya que los vecinos le plantearon que muchas veces no responden y en otras los operadores no conocen las calles de la ciudad.

Uno de los temas en boga es el descontrol generado a partir del accionar de los grupos de motociclistas. No solo se produce la alteración del orden público, sino que también generan inconvenientes en el tránsito vehicular donde este año, producto de accidentes, dos jóvenes fallecieron.

En la reunión se le consultó al funcionario sobre la ordenanza en debate que otorgaría facultades a los jueces de Falta para ordenar allanamientos a los conductores de los motovehículos. “Él dijo que todo lo que pueda sumar para poder actuar, intervenir y desalentar este tipo de prácticas, obviamente que hay que acompañar”, contó Gatti.

Ante el planteo de que el gran problema que tiene Tandil es el poco o nulo acompañamiento de la Justicia, Escudero puso en consideración la posibilidad de solicitar una audiencia al procurador del Ministerio Público Fiscal, Julio Conte-Grand, como para que conozca la opinión vecinal sobre el accionar de los fiscales.

“Escuchó de primera mano de los vecinos de los diferentes barrios todo lo que estamos viviendo y la preocupación siempre recae en una idea que va en aumento del vecino de poder tomar justicia por mano propia, armarse. Es un tema que quedó muy en evidencia y lo dejó preocupado porque nadie quiere llegar a eso”, reflexionó Gatti.

Aprovechando la presencia del funcionario provincial, se planteó la inconformidad respecto al funcionamiento del Comando de Patrullas, los recursos disponibles y la falta de personal en la Patrulla Rural.

La queja de la ausencia del patrullaje en las calles llegó a los oídos de Escudero, quien respondió apuntando al llamativo número de carpetas que tiene Tandil, indicando que supera el promedio de la Provincia de Buenos Aires. La idea es realizar una auditoría para analizar cada caso. Los vecinos volvieron a reprochar que con la aplicación del Comando de Patrullas, no cumplieron con la cantidad de recursos que iban a poner a disposición.

Además, contó que el Multiagencia está en etapa de implementación, pero que a corto plazo el Municipio iba a tener acceso a visualizar la ubicación de los patrulleros para poder dar una mejor respuesta al reclamo vecinal de la falta de patrullaje.

Respecto a la Patrulla Rural, con un caso de abigeato reciente que expuso un contexto de desprotección por parte de los vecinos rurales por la escasez de efectivos, Escudero se llevó los nombres de policías que están recibidos en la especialidad rural y que hoy están asignados a otras fuerzas con el objetivo de trasladarlos al Comando. 

También explicaron que todavía no estaba funcionando “Tranquera Segura” porque faltaban cargar datos de geolocalización de las tranqueras. Vale recordar que la implementación de dicho programa se había anticipado en la reunión que el Foro de Seguridad Rural mantuvo en diciembre del año pasado.

Durante la mañana del miércoles, Lunghi encabezó una reunión con los responsables de la seguridad local, a quienes solicitó intensificar las acciones de patrullaje y el trabajo preventivo en la vía pública. De la misma participaron comisarios, subcomisarios, oficiales y la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri.

El intendente hizo especial hincapié en la necesidad de reforzar el control de la seguridad en espacios públicos, particularmente frente a la conducción temeraria de motos por grupos que desafían la autoridad y ponen en riesgo la tranquilidad de los vecinos.

Del encuentro participaron el comisario general Carlos Jorge Giménez, superintendente de Seguridad de la Región Interior Centro; el comisario inspector Roberto Carlos Landoni, jefe de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Tandil; el comisario Nicolás Luciano Kopp, jefe de la Comisaría Tercera; y la comisario Pamela Inés Molina, jefa del Comando de Patrullas.

También estuvieron presentes la subcomisario María Laura Atela, segunda jefa de la Comisaría Primera; el subcomisario Mauricio Alfredo Genco, jefe de la Comisaría Segunda; el oficial principal Martín Alejandro Bianculli, segundo jefe de la Comisaría Cuarta; y el subcomisario Javier Alejandro Martínez, jefe de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL).

Cual caja de resonancia de lo que se respira en la calle, en las barriadas, el Foro de Seguridad volvió a protagonizar una reunión mensual muy caliente, con ribetes escandalosos ante la escalada de reclamos y, en especial, en el tono utilizado a la hora de apuntar contra el accionar policial que derivó en la intempestiva retirada del jefe de la Departamental de la fuerza bonaerense, Roberto Landoni, a poco de promediar el cónclave.

Tal reza el reglamento de la rutina del Foro, se realizó la reunión mensual en la que las autoridades municipales, policiales y concejales escuchan las demandas de las distintas comisiones vecinales convocadas para la ocasión. Y en sintonía con el humor social que incluso podría tomarse como parangón de lo que deparó el resultado electoral del pasado domingo (a modo de explicación, tal vez, del magro resultado obtenido por el oficialismo comunal) se replicaron quejas y fuertes planteos por la falta de respuestas que atañen a la prevención delictiva.

Si bien desde el Municipio acusaron recibo, los críticas principalmente apuntaron a la policía y acorralaron al jefe policial, quien si bien ensayó respuestas y compromiso de soluciones, se vio incomodado hasta ofendido por el creciente tono irascible que fue subiendo la demanda de vecinos que se dijeron hastiados de lo que viven a diario en sus barriadas.

A tal punto llegó la imputación vecinal que el uniformado se levantó de la mesa y se retiró sin más, despedida que fue acompañada por un intenso aplauso de los vecinos demandantes.

Según se confió a este Diario, claramente los frentistas presentes expusieron su angustia como furia por las escasas, si no nulas respuestas escuchadas.

Si bien hubo incluso un reconocimiento al funcionamiento de la aplicación Centinela (se incorporaron unos 7.100 vecinos a la aplicación) lo cual al decir de lo expuesto en la reunión estaría dando rápida respuesta a la demanda, no así cuando se llama al 101 de la Policía, de allí la dirección a donde apuntaron los reclamos más severos.

Desde Villa Gaucho, Villa del Parque, pasando por El Hornero a Cerro Leones, los planteos fueron recurrentes.  Resultaron víctimas de la inseguridad, se sienten desprotegidos y advierten con desazón pero enojo, que no se percibe presencia policial en la calle. También se admite sobre los nuevos patrullajes de Centinela territorio, pero consideran que también los móviles de la bonaerense debería estar más presentes en éstas áreas, barrios, en conflicto.

También se la indagó a la secretaria de Protección Ciudadana sobre las gestiones necesarias para que, de ser necesario, se cuente con más policías y móviles para atender la demanda, lo cual la funcionaria trazó las explicaciones del caso, incluso apelando al trabajo conjunto coordinado con otras fuerzas policiales, tales como el GAD, Infantería y Caballería, haciendo tareas preventivas cuando no son su función natural.

Una vez agotada la instancia de imputaciones contra el accionar policial y, en menor medida municipal, los dardos apuntaron también al rol de los judiciales, que como demanda recurrente se insistió en la presencia de los fiscales, que nunca acuden a las citas del Foro.

En dicho contexto, se apeló a la figura recurrente de “la puerta giratoria”, acerca de personas aprehendidas una y otra vez por equis ilícito y que a las pocas horas regresa a la calle y protagoniza la reiterancia.

No faltó aquellos vecinos víctimas de robos en sus propiedades que confiaron en que una vez sufrido el hurto en sus domicilios, las cámaras del Centro de Monitoreo como privadas logran reconocer a los posibles autores y por razones que su razonamiento no logra comprender se demoran las órdenes de allanamiento que permitan un rápido esclarecimiento no solo de los responsables de los hechos, también del recupero de lo arrebatado.

Y si algo restaba para no apagar el fuego de la caldeada noche de los foristas, los vecinos también fueron testigos de las tensiones entre autoridades del Ejecutivo y concejales, acerca de las demoras para tratar la ordenanza que pretende dotar de una herramienta más para combatir el descontrol callejero con la actividad clandestina de las motos y sus respectivos ruidos molestos.

Allí Alejandra Marcieri y los ediles de la oposición se cruzaron nuevamente por las responsabilidades que les caben en la materia. Mientas que la funcionaria insistió con pedirles celeridad del tratamiento del proyecto, los concejales respondían, no sin vehemencia también, que la iniciativa fue presentada hace tres meses y que nadie los iba a apurar en un asunto muy sensible, siendo que el nodo de la propuesta ya cuenta con sensibles reparos de letrados consultados, en especial sobre las facultades que se les quiere dotar a los jueces de Faltas para ordenar secuestros y allanamientos.

Si algo restaba a los vecinos sumar a su indignación y frustración, era presenciar el debate subido de tono entre los sectores políticos sobre el entuerto, un reflejo más de los tensos, caldeados días que se respiran, se vive, con pronóstico de ir en aumento a la hora de la irascibilidad comunitaria.

Esta vez la intensa y conflictiva reunión no versó sobre la incómoda presencia de quien preside el Foro, Daniela Gatti,  ya que estaba de licencia por haber sido candidata por una de las fuerzas políticas que se presentó como oferta electoral. El rol lo ocupó de manera interina el vicepresidente Julio Pagola, quien debió timonear una de las noches  más complicadas de la entidad que busca canalizar las demandas vecinales, cada vez más intensas, incluso con tonos que sobrepasan la capacidad de respuestas, al punto de que la máxima autoridades policial se retiró por las ofensas.

Más de uno de los que formó parte del polémico encuentro no dejó de mencionar a este Diario que muchas caras reconocidas del espacio de Libertad Avanza fueron los que llevaron la voz altisonante de los reclamos de las distintas comisiones.

Sin deslegitimar las demandas, un costado político que no se quiso dejar pasar por parte de otros vecinos y autoridades que formaron parte de la discusión.   

Este miércoles, el Gobierno de Axel Kicillof firmó un decreto para establecer los viáticos que van a cobrar los cerca de 30.000 efectivos de la Policía Bonaerense que se verán afectados al operativo de las elecciones legislativas del domingo 7 de septiembre en toda la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo al Decreto 2197/25, el Ministerio de Seguridad de la Provincia va a abonar una suma de $75.000 en concepto de viático electoral a todo el personal policial que preste servicios efectivos en el Comando Electoral durante el sábado y el domingo.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, no existen distinciones de jerarquía ni de escalafón, por lo que se espera que todos los agentes reciban la misma cifra económica.

Según informaron oficialmente las autoridades, el Comando Electoral Provincial encabezado por Javier Alonso va a tener un total de 34.778 efectivos. De esa cifra, 28.778 pertenecen a la Policía Bonaerense y alrededor de 6.000 son parte de fuerzas federales.

El Comando Electoral tiene el único objetivo de garantizar la seguridad de todos los comicios. Esto significa que los agentes afectados deben prestar tareas “vinculadas a la preservación de la seguridad integral del acto eleccionario, incluyendo la vigilancia de locales de votación, el resguardo del orden público, la custodia de urnas y documentación electoral, y el acompañamiento de los operativos de despliegue y repliegue logístico”.

Cabe recordar que días atrás, la administración de Axel Kicillof estableció un monto de $40.000 en concepto de viático para los electores que cumplan funciones de autoridad en las mesas receptoras de votos.

A esa cifra se le suma un premio de otros $40.000 para las autoridades de mesa que hayan participado de las actividades de capacitación dictadas por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires. De esta forma, quien sean parte del comicio podrían obtener hasta $80.000 por colaborar con el proceso.

Finalmente, quienes sean designados por la Junta Electoral como delegados en los locales de votación percibirán un viático de $120.000, siempre que cumplan efectivamente con sus responsabilidades durante los comicios.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció con carácter excepcional y por el ciclo lectivo del año 2025, que podrán ingresar a la carrera de Policía Bonaerense quienes cumplan 29 años de edad como máximo hasta el 31 de diciembre de este año.

Así lo estableció el Ministerio de Seguridad mediante la Resolución 1655 publicada este lunes en el Boletín Oficial, donde se amplió el límite que habitualmente es de hasta 25 años.

En concreto, la medida enmarcada en la Ley N° 13.982 que regula el régimen estatutario del personal policial bonaerense, modifica transitoriamente el requisito de edad establecido en el artículo 5°, que fija un rango de entre 18 y 25 años para el ingreso.

La legislación, sin embargo, permite la excepción en casos de necesidad de reclutamiento, como parte de la planificación estratégica para fortalecer la seguridad pública en la provincia. Y es lo que adujo el Gobierno en esta oportunidad.

"En el marco del proceso de planificación estratégica en materia de seguridad pública, y ante el compromiso de mantener niveles adecuados de cobertura territorial y operatividad policial, se verifica la necesidad de ampliar transitoriamente el universo de personas habilitadas para iniciar la carrera policial, mediante el incremento excepcional del límite máximo de edad para el ingreso", destaca la resolución firmada por Javier Alonso.

Esta decisión permitirá que un mayor número de aspirantes puedan postularse para formar parte de la fuerza de seguridad provincial durante el ciclo 2025, siempre que cumplan con los demás requisitos establecidos, como aptitudes psicofísicas, haber terminado el nivel secundario, poseer domicilio real en suelo bonaerense y la aprobación de los procesos de selección y formación.

La decisión de extender la edad para ingresar a la Policía Bonaerense llega en medio de fuertes cruces entre las autoridades de seguridad provinciales y las nacionales.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires estableció, con carácter excepcional y por el ciclo lectivo del año 2025, que podrán ingresar a la carrera de Policía Bonaerense quienes cumplan 29 años de edad como máximo hasta el 31 de diciembre de este año.

La nueva medida fue establecida por el Ministerio de Seguridad bonaerense mediante la Resolución 1655, publicada este lunes en el Boletín Oficial, en donde se amplió el límite que habitualmente es de hasta 25 años.

En concreto, la medida está enmarcada en la Ley N° 13.982 que regula el régimen estatutario del personal policial bonaerense. La misma modifica transitoriamente el requisito de edad establecido en el artículo 5°, que fija un rango de entre 18 y 25 años para el ingreso.

La legislación, sin embargo, permite la excepción en casos de necesidad de reclutamiento, como parte de la planificación estratégica para fortalecer la seguridad pública en la Provincia. Este apartado es lo que adujo el Gobierno de la Provincia en esta oportunidad.

"En el marco del proceso de planificación estratégica en materia de seguridad pública, y ante el compromiso de mantener niveles adecuados de cobertura territorial y operatividad policial, se verifica la necesidad de ampliar transitoriamente el universo de personas habilitadas para iniciar la carrera policial, mediante el incremento excepcional del límite máximo de edad para el ingreso", destaca la resolución firmada por Javier Alonso.

La decisión permitirá que un mayor número de aspirantes tengan la posibilidad de postularse para formar parte de la fuerza de seguridad provincial durante el ciclo 2025, siempre que cumplan con los demás requisitos establecidos. Entre ellos se encuentran tener aptitudes psicofísicas, haber terminado el nivel secundario, poseer domicilio real en suelo bonaerense y la aprobación de los procesos de selección y formación.

La decisión de extender la edad para ingresar a la Policía Bonaerense llega en medio de fuertes cruces existentes entre las autoridades de seguridad, tanto provinciales como nacionales.

El Municipio de Tandil oficializó el llamado a Licitación Privada N° 22-02-25 para la adquisición de una camioneta 0 km que será destinada a tareas de patrullaje de la Policía Bonaerense, en el marco del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad Municipal. 

La medida fue dispuesta a través del Decreto N° 2062/2025 firmado por el intendente Miguel Lunghi y refrendado por el secretario de Economía y Administración, Martín Echeverría.

Según detalló el texto oficial, el presupuesto estimado para la compra del vehículo asciende a $62.800.000. La apertura de sobres con las ofertas se realizará el 5 de agosto en la sede de la Dirección de Compras y Suministros.

El llamado a licitación es parte del trabajo conjunto entre el Municipio y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en el marco de programas que buscan mejorar la infraestructura y equipamiento policial a nivel local, utilizando recursos asignados específicamente para ese fin.

El tandilense Agustín Mestralet es docente y militante del Partido Obrero. Se crió en la ciudad, estudio Magisterio en Normal, y hace 10 años que reside en Olavarría. Durante la mañana del viernes fue liberado tras permanecer 12 horas detenido, luego de ser aprehendido cuando participaba de una marcha en pedido de justicia por Gonzalo Ezequiel Tamame, un joven que murió en una comisaría de la vecina localidad. Si bien a la familia del fallecido se le comunicó que éste se había suicidado, a raíz de una serie de videos y registros de vecinos esa hipótesis se puso en duda, y la fecha hay policías imputados en una causa en la que se investigan las circunstancias de la muerte.

En diálogo con El Eco de Tandil, Mestralet relató lo sucedido,  contó detalles de su detención en Azul -estuvo 12 horas junto a otros 3 presos, durmiendo en un colchón en el piso-, agradeció el acompañamiento de todos los tandilenses que se preocuparon por su situación y remarcó la necesidad de que se conozca la verdad de los hechos en torno a la muerte de Tamame. 

“La lucha por justicia por Gonzalo tiene que profundizarse. Que la familia sea la que lleve la voz cantante y plantee qué quiere hacer, qué espera. Y de nuestro lado ponernos completamente a disposición de eso. Lo de nuestra causa entiendo que no va a prosperar, porque ya está bastante claro, por las pruebas, que no nos van a inculpar”, manifestó.

Además de ser docente de jóvenes y adultos, Mestralet es militante del Partido Obrero. Actualmente es primer candidato a concejal por el Frente de Izquierda y de Trabajadores en Olavarría. Fue al momento de finalizar el acto de presentación de dicha lista cuando junto a otros de sus compañeros caminaron unas 8 cuadras para acoplarse a la marcha que ya se estaba desarrollando durante la tarde del jueves.

La familia de Tamame había convocado a la movilización, pidiendo justicia por el joven, ya que existía la sospecha de que la propia Policía haya estado implicada en la muerte. “A Gonzalo lo habían detenido en la calle, en una denuncia supuestamente de violencia de género. No pasaron ni cuatro horas y ya estaba muerto, con el relato de la Policía diciendo que se había ahorcado. Después aparecieron videos muy valientes de un montón de gente que filmó tanto la detención como de audios en los que se escucha cómo lo están torturando, golpeando e incluso se estaba quedando sin aire en la comisaría. Acá en Olavarría la comisaría 1era está al lado del Comando de Patrullas. Se supone que todo tiene cámaras, salvo el patio del Comando, que es donde lo tenían a él y donde se escucharon los gritos”, contó Mestralet.

Marcha, detención y liberación

El docente y militante del Partido Obrero continuó su relato señalando que las sospechas por las circunstancias de la muerte de Tamame se profundizaron a partir de que se difundieron los mencionados videos. Entonces, la familia del fallecido convocó a una movilización para exigir justicia.

Unas 200 personas se manifestaron en el centro de la localidad vecina. Aunque la intención era llegar a la puerta de la comisaría, no pudieron hacerlo por el operativo de vallado montado. Los familiares de Tamame fueron recibidos por el Intendente, y la movilización continuó . Mestralet contó que la convocatoria no tuvo coordinación, y que hubo “mucha dispersión” y se dieron una serie de altercados con automovilistas.

“Fuimos teniendo que calmar los ánimos, plantear que no había que hacer nada que distrajera la atención del pedido de justicia, que acompañáramos a la familia, que siempre estuviéramos atrás de ellos y que no se desvirtuara la cosa”, sostuvo su rol y el de sus compañeros en la marcha.

Sin embargo, poco después, frente al vallado, la tensión escaló. Hubo balas de goma, piedrazos y “periodistas locales que también sufrieron, que tuvieron que ir a esconderse atrás de un árbol”. Con los manifestantes ya en retirada, y a dos cuadras del lugar del altercado principal, comenzó lo que Mestralet describió como “una cacería policial”. Un grupo de efectivos avanzó contra uno de sus compañeros -que se encontraba en bicicleta-, el docente se interpuso “sin ejercer violencia" y fue entonces cuando escuchó la orden de que también se lo lleven a él.

El tandilense fue trasladado a Azul, mientras que otros detenidos fueron derivados a diferentes comisarías olavarrienses. “Había tres detenidos más que la verdad fueron muy solidarios, y que no tienen agua ni calefacción, y yo terminé durmiendo en un colchón hecho pedazos. De los detenidos en la marcha, no estamos imputados ninguno de los tres. Cuando al mediodía nos llevaron a Fiscalía nos dijeron que no encontraban suficientes pruebas. Y el relato policial que me lo facilitó la defensora oficial es totalmente inconsistente, mezcla horarios, mezcla momentos”, sostuvo.

De cara al futuro, y con la perspectiva de que no será inculpado porque transmitió que existen videos en los que se lo registró calmando las aguas durante la movilización, Mestralet consideró que “lo fundamental es que la lucha por justicia por Gonzalo tiene que profundizarse. Que la familia sea la voz cantante, y de nuestro lado nos ponemos completamente a disposición de eso”.

El Gobierno de Axel Kicillof desplazó a 24 oficiales de la Policía Bonaerense acusados de realizar una conspiración contra la fuerza junto al excomisario Maximiliano Bondarenko.

Así lo confirmó el ministro de Seguridad, Javier Alonso, quien dijo que la investigación interna partió de una denuncia anónima que “daba cuenta de una confabulación de 24 policías” que “utilizaban las oficinas y los instrumentos del Estado para brindar apoyo al candidato Bondarenko”, exintegrante de la fuerza y actual concejal de Florencio Varela. Sin embargo, aclaró que la decisión “nada tiene que ver con que esta persona sea candidato de La Libertad Avanza” para las elecciones del 7 de septiembre.

Según el ministro, este grupo de policías buscó conspirar contra la fuerza, y dijo que hay evidencia que demuestra que buscaban intervenir la Bonaerense a través de un “golpe al comando institucional” para quedarse con puestos claves. Están involucrados en la maniobra oficiales que tenían cargos directivos en la línea de manejo de la fuerza e integrantes de la cúpula de la Policía Ecológica. A Asuntos Internos le había llegado chats de grupos de WhatsApp, nombres, audios y diversos planes de acción para la Policía Bonaerense.

En declaraciones a Radio 10, Alonso detalló que el grupo, en el que figuraría también Bondarenko en su calidad de policía retirado, habría utilizado oficinas y recursos estatales para apoyar la candidatura y, “fundamentalmente, para diseñar una serie de medidas urgentes que dispondrán cierto nivel de intervención de la Policía y parte de esas medidas sugerían a ellos como nuevos responsables de la institución en lo que sería un golpe al comando institucional”.

El funcionario informó que se realizaron auditorías preventivas en las dos dependencias policiales principales, y tras revisar equipos informáticos se halló “documentación que dieron cuenta de que era cierto”. Como resultado, se ordenó la desafectación de los responsables y se inició la investigación correspondiente.

Alonso indicó que el accionar de los oficiales constituye “una falta grave al reglamento orgánico de la Policía”, y subrayó que los imputados proyectaban “una serie de medidas tendientes a avanzar con una reforma institucional y medidas urgentes de tipo intervencionista que, entre otras cosas, incluía el pase a retiro obligatorio de un montón de jefes para que ellos quedaran al frente de las áreas claves”.

Con una trayectoria política que incluye su paso por diversos espacios como el de Facundo Manes y el de Emilio Monzó, Bondarenko está a la cabeza de lista de la Tercera sección electoral por La Libertad Avanza.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires desplazó a 24 altos mandos de la Policía Bonaerense tras acusarlos por militar para el comisario Maximiliano Bondarenko, cabeza de lista para la Tercera sección electoral por La Libertad Avanza (LLA), el partido del presidente Javier Milei.

El dato fue confirmado por el ministro de Seguridad de la Provincia, Javier Alonso, quien manifestó que la investigación interna partió de una denuncia anónima que “daba cuenta de una confabulación de 24 policías” que “utilizaban las oficinas y los instrumentos del Estado para brindar apoyo al candidato Bondarenko”, exintegrante de la fuerza y actual concejal de Florencio Varela.

Con una trayectoria política que incluye su paso por diversos espacios como el de Facundo Manes y el de Emilio Monzó, Maximiliano Bondarenko ahora será la cara visible de los libertarios en la sección que históricamente representa el bastión del peronismo y que tiene 5.101.177 electores habilitados para votar.

Según reconocieron fuentes de Seguridad, se encuentran involucrados en la maniobra oficiales que tenían cargos directivos en la línea de manejo de la fuerza e integrantes de la cúpula de la Policía Ecológica. A Asuntos Internos le habrían llegado chats de grupos de WhatsApp, nombres, audios y diversos planes de acción para la Policía Bonaerense.

En declaraciones ante medios radiales, Javier Alonso detalló que el grupo, en el que figuraría también Bondarenko en su calidad de policía retirado, habría utilizado oficinas y recursos estatales para apoyar la candidatura. El dinero se habría destinado “fundamentalmente, para diseñar una serie de medidas urgentes que dispondrán cierto nivel de intervención de la Policía y parte de esas medidas sugerían a ellos como nuevos responsables de la institución en lo que sería un golpe al comando institucional”.

El funcionario informó que se realizaron auditorías preventivas en las dos dependencias policiales principales y, tras revisar equipos informáticos, se halló “documentación que dieron cuenta de que era cierto”. Como resultado, se ordenó la desafectación inmediata de los responsables y se inició la investigación correspondiente.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires indicó que el accionar de los oficiales constituye “una falta grave al reglamento orgánico de la Policía” y subrayó que los imputados proyectaban “una serie de medidas tendientes a avanzar con una reforma institucional y medidas urgentes de tipo intervencionista que, entre otras cosas, incluía el pase a retiro obligatorio de un montón de jefes para que ellos quedaran al frente de las áreas claves”.

El Ministro también remarcó que la decisión de desplazar a los jefes policiales “nada tiene que ver con que esta persona sea candidato de La Libertad Avanza” para las elecciones del próximo 7 de septiembre.

La Municipalidad de Tandil oficializó el llamado a Licitación Pública N° 15-01-25 para la adquisición de tres automóviles 0 km que serán utilizados como patrulleros por la Policía Bonaerense, en el marco del Fondo de Fortalecimiento de Seguridad Municipal, una suma de dinero que acordó el gobierno de la Provincia de Buenos Aires con muchos municipios del territorio. La medida quedó formalizada a través del Decreto N° 1708/2025, firmado por el intendente Miguel Lunghi y el secretario de Economía y Administración, Martín Echeverría.

La compra cuenta con un presupuesto oficial de 180.448.443 pesos y busca reforzar la flota de vehículos policiales destinada a tareas de patrullaje preventivo en la ciudad.

Según se detalla en el pliego, los vehículos deberán ser automóviles tipo sedán mediano, 4 puertas, color blanco y con tracción 4x2, similares al modelo Logan Life 1.6, con motor naftero y una serie de equipamientos específicos para su uso como patrulleros.

Entre los elementos exigidos figuran:

* Protector de cárter, luces de emergencia y barral sónico-luminoso.* Mampara separadora y asiento trasero fijo, con trabas manuales en puertas traseras.* Blindaje balístico tipo RB2, rejas de protección en vidrios, faros y luneta.* Elementos de seguridad como balizas, dos matafuegos triclase, botiquín, control electrónico de estabilidad, airbags y frenos ABS.* Incluir además 10 servicios de mantenimiento preventivo programado, con materiales y mano de obra incluidos.

La apertura de sobres se realizará el 15 de julio a las 10 horas en la Dirección de Compras y Suministros. Las empresas interesadas deberán incluir en sus propuestas todos los costos asociados, como formularios, fletes, grabado de autopartes y patentamiento.

Vale recordar que durante la semana que pasó, el Municipio adjudicó la compra de camionetas para la Policía a una empresa que tuvo problemas en Santa Fe.

Según se explicó desde El Eco, el Municipio de Tandil adjudicó la compra de camionetas 0 km destinadas a la policía bonaerense a la firma Sucesores de Cuppari Francisco S.A., por un total de 236 millones de pesos. La contratación se realizó en el marco del Fondo de Fortalecimiento de Seguridad Municipal , mediante la licitación pública Nº 12-01-25. La empresa fue seleccionada por haber presentado la oferta más baja entre tres oferentes, con un descuento del 24 % respecto al presupuesto oficial.

Sin embargo, la adjudicataria no es una desconocida en los registros públicos: en 2023 fue protagonista de una polémica en la provincia de Santa Fe, tras no cumplir con la entrega de chalecos antibalas para las fuerzas policiales de esa jurisdicción, lo que derivó en la rescisión del contrato por parte del entonces gobernador Omar Perotti y la ejecución de una garantía millonaria.

FC Group —nombre comercial de Sucesores de Cuppari— mantuvo un conocido conflicto con el gobierno santafesino en 2023.

En marzo de 2023, el gobierno de Santa Fe decidió rescindir un contrato con FC Group por el incumplimiento en la entrega de 5.500 chalecos antibalas. La empresa alegó que no podía cumplir con los plazos y condiciones pactadas debido al “salto inflacionario” que afectó los costos de producción.

El Ejecutivo provincial, no obstante, consideró que hubo un incumplimiento grave, ejecutó una garantía de $19 millones y dejó sin efecto la adjudicación. El conflicto escaló judicialmente, ya que FC Group acusó a la provincia de rescindir de forma "inconstitucional" y presentó recursos legales.

El personal de la Policía Bonaerense percibirá un aumento salarial escalonado del 10%, compuesto por un incremento de 6 % en mayo y de 4% en julio. Ambos incrementos se aplicarán sobre los haberes de marzo, alcanzando una mejora acumulada de 19,9%.

Cabe destacar que el aumento anunciado por la Provincia es igual al acordado para todo el personal de la administración pública bonaerense. Además se hace extensivo a la compensación por Uniforme para todo el personal y al monto del servicio de Policía Adicional (Polad) para los agentes que realizan la tarea en sus francos de servicio.

Desde la administración de Axel Kicillof aseguraron que “se sigue evidenciando el compromiso del Gobierno bonaerense con el personal de las fuerzas de seguridad, peleando por el poder adquisitivo de sus salarios, al igual que la histórica inversión en equipamiento de las fuerzas que se viene realizando”. Y agregaron: “Aún en un contexto de dificultad financiera provocado por las políticas del Gobierno nacional y el recorte de recursos a la provincia, el Estado provincial realiza todo el esfuerzo necesario en sostener el salario de sus trabajadores”.

Según se informó, el aumento correspondiente al mes de mayo se percibirá el segundo día hábil del mes de julio 2025, mientras que la suba pautada para el mes de julio será efectivizada el segundo día hábil de setiembre. Se indicó que la diferencia en los recibos de haberes se verá reflejada en el sueldo básico del mes en que se percibe y en los conceptos 15.16 (Adicional Aumento) y 27.00 (Aumento Primer Mes a Caja). Cabe destacar que el concepto 15.16 será abonado por única vez con los haberes de mención”, se precisó.

Esta es la nueva escala salarial de la Policía Bonaerense, con los aumentos anunciados este viernes: