En el marco de las políticas impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales, efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) recuperaron en la Ciudad de Buenos Aires más de 200 documentos históricos vinculados a destacadas figuras e instituciones de la historia argentina.

Entre el material recuperado se destacan cartas y documentos del general José de San Martín, de Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid, entre otros próceres nacionales. Por sus características, tipografía, sellos y datación, las piezas evidenciaban encontrarse presuntamente alcanzadas por las disposiciones de la Ley N.º 15.930, que regula la protección documental bajo la órbita del Archivo General de la Nación.

La investigación se inició a partir de las tareas de prevención que habitualmente desarrolla el Departamento Protección del Patrimonio Cultural de la PFA, mediante el monitoreo y la verificación de sitios de subastas y plataformas de compra y venta online.

Como resultado de esas tareas, los investigadores detectaron que, a través de un sitio web de acceso público, se ofrecía a la venta un lote compuesto por más de 200 documentos históricos, entre ellos recortes periodísticos, libros, fotografías y diversa documentación vinculada a instituciones y organismos del Estado Nacional y Provincial argentino.

Las piezas eran ofrecidas por un valor inicial de 100 mil dólares en una casa de subastas ubicada sobre la calle Rodríguez Peña al 1700 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno de los documentos incautados lleva la firma de puño y letra de Juan Manuel de Rosas.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 4, a cargo de Ariel Lijo, con intervención de la Secretaría N.º 7 a cargo de Diego Fernando Arce, ordenó una presentación con allanamiento en subsidio en el lugar señalado y el posterior traslado de la documentación a una dependencia policial en calidad de depósito judicial, quedando a exclusiva disposición de la judicatura actuante para la realización de las pericias correspondientes. 

Todo el material incautado quedó a disposición del magistrado interventor.

La Policía Federal Argentina llevó adelante el pasado miércoles dos allanamientos en una vivienda ubicada sobre calle Argerich al 800, en el marco de una investigación por presunta promoción y facilitación de la prostitución de personas mayores de edad en Tandil.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Tandil, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, tras una serie de tareas investigativas que incluyeron análisis de información, seguimientos y vigilancias realizadas durante las últimas semanas.

La causa es instruida por el Juzgado de Garantías N°1, a cargo del juez José Alberto Moragas, y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°22 del Departamento Judicial de Azul, encabezada por el fiscal Norberto Adrián Peiretti.

Como resultado de los allanamientos, los agentes secuestraron un rifle y un teléfono celular que serán sometidos a peritajes para determinar su vinculación con la investigación. Además, dos hombres y una mujer fueron identificados y notificados de la formación de la causa, aunque por el momento no se dispusieron medidas restrictivas de la libertad.

Desde la fuerza federal señalaron que este tipo de procedimientos forman parte de las acciones destinadas a combatir los delitos vinculados a la explotación sexual y la facilitación de la prostitución, trabajando de manera coordinada con la justicia para esclarecer los hechos denunciados.

El operativo se desarrolló durante la tarde del miércoles y estuvo a cargo de personal de la División Unidad Operativa Federal Tandil, que continúa reuniendo elementos de prueba para el avance de la causa.

En el marco de un operativo monitoreado por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestraron 2.200 álbumes de figuritas oficiales de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. La mercadería carecía de toda documentación respaldatoria que acreditara su legal tenencia e ingreso al país.

Según informaron las fuerzas de seguridad, la alta demanda de figuritas en vísperas del torneo favoreció la aparición de canales informales de abastecimiento. De este modo, se detectó el ingreso irregular de álbumes de origen brasileño sin la correspondiente documentación aduanera.

El hecho se originó a fines de mayo, cuando personal del Departamento Delitos Fiscales realizaba controles de mercadería en tránsito sobre la Avenida Suárez al 2700, en la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, los efectivos interceptaron dos vehículos que transportaban numerosos bultos. Al inspeccionar la carga, hallaron los álbumes identificados con la inscripción “Panini”.

El Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N°8 dispuso que la mercadería fuera verificada por la Agencia Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El conteo final arrojó un total de 2.200 álbumes, cuyo valor de mercado ronda los 100 millones de pesos.

Como resultado de la investigación, la justicia libró un allanamiento en un depósito ubicado en la localidad bonaerense de Lanús y una orden de presentación en un comercio de encomiendas en la Ciudad de Buenos Aires. En el depósito de Lanús, destinado al acopio y distribución de diversos rubros, se incautaron 1.500 prendas de vestir, 170 cajas de TV Box, 80 vasos térmicos, 30 aires acondicionados, 40 proyectores, 90 auriculares, 7 notebooks, 110 cargadores, 10 reproductores de dvd, 60 equipos de gamepad, 20 aspiradores y 20 pistolas de hidrogel.

El valor de estos elementos asciende a 98 millones de pesos. Un hombre fue notificado de la causa y tanto los detenidos como la totalidad de los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción al Código Aduanero.

El pasado jueves 18 de diciembre, la Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo un allanamiento en Tandil en el marco de una investigación por amenazas dirigidas contra la senadora nacional Patricia Bullrich.

El procedimiento se realizó durante la mañana en un domicilio particular ubicado sobre la calle General Roca al 1500. El mismo estuvo a cargo de personal de la División Unidad Operativa Federal Tandil, tras una serie de tareas investigativas iniciadas en el mes de octubre.

La causa es tramitada por el Juzgado Federal N.º 1 de Azul, a cargo del juez Gabriel Hernán Di Giuglio, con intervención de la Secretaría N.º 4, conducida por el doctor Rodolfo Pablo López, y de la Fiscalía Federal Descentralizada de Tandil, a cargo del fiscal Marcos Silvagni. 

Como resultado de la investigación, se logró identificar el domicilio y al presunto autor de las amenazas.

Con la correspondiente orden judicial, los efectivos federales ingresaron al inmueble y procedieron al secuestro de dos teléfonos celulares, además de notificar al hombre investigado sobre la formación de la causa en su contra.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Policía Federal Argentina, reafirmaron el compromiso de la fuerza en la provincia de Buenos Aires y, en particular, en la jurisdicción de Tandil, para combatir los delitos y garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos en su carácter de auxiliar de la Justicia.

La División Unidad Operativa Federal Tandil llevó adelante un allanamiento que tuvo como resultado la detención de un masculino mayor de edad que poseía un pedido de captura vigente por Infracción a la Ley de Drogas.

En el mes de mayo del 2024, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional y de la Superintendencia de Agencias Federales, los efectivos federales realizaron un allanamiento por drogas en un domicilio de Tandil con resultados positivos.

A raíz de aquel allanamiento, la investigación continuó con una intensa búsqueda del principal investigado y arduas tareas de investigación. Tiempo después, se logró dar con el paradero del mismo y el domicilio en el que se escondía.

El Juzgado de Garantías Nº 1 del Dr. Monagas, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 22 del Dr. Norberto Peiretti, libró el allanamiento y la detención del mismo. De esta manera, se materializaron las diligencias la brigada de la Unidad, procediendo a la detención del investigado. El masculino quedó detenido y alojado a disposición de la Justicia.

El allanamiento se realizó en un domicilio de la ciudad, ubicado en la calle Almafuerte al 1900.

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El operativo de “despeje total” de los puestos de venta ambulante y camiones y acoplados estacionados sobre la banquina de la Ruta 226 se realizó el pasado jueves 3 a partir del pedido de la Fiscalía Federal con sede en la ciudad, tras la denuncia radicada por la defensora del Pueblo Paula Lafourcade.

El fiscal Marcos Silvagni –a cargo de la causa-, brindó una entrevista a El Eco de Tandil en la que precisó detalles de la investigación iniciada y la continuidad del caso. Señaló que la Fiscalía Federal interviene “ante la comisión de un delito, pero la prevención la realiza el Ejecutivo”, y planteó que la presencia de puestos sobre la banquina “sería una infracción a la Ley de Tránsito, no es un delito porque no está interrumpiendo la libre circulación”. A la espera de las actuaciones policiales, adelantó que las tareas de investigación tendrán continuidad.

Cabe recordar, tal como había anunciado, la defensora del pueblo de Tandil Paula Lafourcade formalizó una denuncia ante la Justicia Federal por la ocupación de las banquinas, luego de no recibir respuestas de parte de Vialidad Nacional. En el mismo sentido se habían pronunciado a favor del “despeje” tanto las autoridades municipales como las de la Cámara Empresaria.

Finalmente, el jueves 3 de julio se llevó a cabo un operativo donde efectivos de Gendarmería, la Policía Federal y DDI –con apoyo de áreas municipales-, en el cual estos solicitaron a los vendedores abandonar la banquina de la Ruta. Además registraron camiones y acoplados e infraccionaron a aquellos cuyos propietarios no se hicieron presentes para retirarlos.

- El jueves 3 hubo un operativo sobre la Ruta 226, a partir del cual desalojaron a vendedores ambulantes e infraccionaron camiones y acoplados. La Justicia Federal tomó el caso. ¿En qué está esa causa?

- Es una denuncia que formuló la defensora del pueblo de la ciudad de Tandil, Paula Lafourcade, con motivo de la ocupación indebida del espacio público.

Si bien la denuncia se formalizó por el delito de usurpación, nosotros desde la Fiscalía consideramos que quizás el delito que eventualmente podría cometerse es el de la interrupción en la vía de comunicación, que es el tipo penal que en principio protege la libre circulación de la Ruta Nacional y de ahí la competencia de la Justicia Federal. Como cualquier otra denuncia, se inició, se le dio trámite y convocamos a la Gendarmería Nacional.

La Gendarmería Nacional, por ley, es la encargada de custodiar todo lo que tiene que ver con las rutas nacionales. Si bien la Justicia Federal tiene varias policías para investigar, la Gendarmería es la específica en este caso porque se estaría dando en el tramo de la Ruta 226, que es una ruta nacional.

El propósito fue convocar a la Gendarmería para haga una constatación de los hechos que se denunciaron, y eventualmente con eso ver si ocurría alguna interrupción o alguna ocupación del espacio público que haga la competencia de la Justicia Federal. Esta intervención de la Justicia viene dada no sólo por la ruta sino también por la banquina, pero no más allá de la banquina. Esto es importante señalarlo.

En este caso la Fiscalía interviene frente a la comisión del delito, más no realiza tareas de prevención, las tareas de prevención las realiza todo el Ejecutivo a través de la Policía, o cualquiera de las fuerzas, pero no la Fiscalía.

La Fiscalía toma medidas para evaluar eventualmente y reunir pruebas vinculadas a la existencia o a la comisión de un delito, pero no realiza tareas de prevención. Lo que quiero señalar con esto es que el día jueves el procedimiento tuvo que ver con constatar si el espacio público vinculado a la ruta, no sólo a la ruta sino a la banquina, que es lo que dice la Ley Nacional de Tránsito, estaba siendo ocupado o eso interrumpía la libre circulación.

-¿Con qué se encontraron durante el operativo de ayer?

-Nos encontramos con la realidad social con la que vivimos en Tandil, gente comercializando productos perecederos, papas o cebollas a la vera de la ruta. Ahí seguían ocupando el espacio de la banquina, que pone en riesgo no sólo la seguridad de quien transita por la ruta, sino la del propio comerciante.

Las tareas de investigación van a continuar con el propósito de, una vez que la policía nos informe cuál es el panorama entre las dos rotondas, la de la74 y la 30, ver bien si ahí hubo una ocupación o una interrupción a las vías de comunicación.

-¿Hay personas particulares con causa allá?

-No. Esta investigación se inició el lunes, el día de ayer se dispuso el procedimiento y en función de lo que la policía nos informe a propósito de ese procedimiento y lo que se va a hacer en estos días, la Fiscalía va a evaluar eventualmente si hay alguna comisión de un delito. En principio hasta ahora no.

Todavía no nos llegaron las actuaciones policiales, pero ayer al menos, de las comunicaciones que tuvimos con la policía, no percibimos ni vimos la comisión de un delito al menos ayer.

-¿Más allá de que haya gente vendiendo al costado de la ruta?

-Claro, lo que ocurre es que eso sería una infracción a la Ley de Tránsito, no es un delito porque no está interrumpiendo la libre circulación. Sí que está poniendo en riesgo al que circula y la persona se está poniendo en riesgo a sí misma, pero no es un delito.

No es un delito autónomo distinto de la infracción a la Ley de Tránsito, que prohíbe que cualquier persona se detenga en la banquina a excepción que se trate de una emergencia. La banquina está precisamente pensada para la emergencia y no para detenerse ni tampoco para comercializar mercadería.

- En el caso de que se constate que sea solo una infracción a la Ley de Tránsito, ¿la Fiscalía también actúa en ese sentido?

-No, porque eso es una infracción que tiene la vía administrativa. La Fiscalía solo va a continuar la investigación en la medida en que encuentre la comisión de un delito, que vendría dada por la interrupción de la vía de comunicación.

Como ocurre cuando se da en protestas sociales que ocupan la ruta y hay una interrupción de la vía de comunicación. El artículo 197 del Código Penal es el tutela esta situación, y en ese caso, por tratarse de una ruta nacional, ahí sí, frente a la comisión de un delito, interviene la Fiscalía en la faz penal.

Todo lo otro continúa desde lo administrativo, continúa la multa que eventualmente le pueda formular el área de Habilitaciones. Ahí interviene la faz provincial o local, no la Justicia Federal.

-¿La Justicia Federal interviene también en el caso de los camiones y acoplados estacionados sobre la banquina?

-Se hace una infracción, sí. Eso sí nos ocurrió ayer, hubo acoplados que fueron dejados ahí a la vera de la ruta, no necesariamente en la banquina, pero sí en el bulevar lindante a la colectora. 

Y en ese caso se convoca a la Policía Vial, a Gendarmería y a la Municipalidad a través del área de Inspección y se elaboran las multas correspondientes. Pero siempre vinculado a la Ley Nacional de Tránsito, no al delito penal que es el que le da intervención a la Justicia Federal.

-De parte del Municipio habían transmitido que si bien se hicieron operativos similares en ocasiones anteriores, los vendedores volvieron…

-Claro, es un poco lo que está ocurriendo, tengo entendido que ocurrió en Pilar y en Rosario. Creo que a propósito de las cerealeras, que es una problemática grande que tienen allá, porque tienen largas filas de camiones en la banquina, al costado de la ruta.

Entiendo que es una cuestión social, quizás, y no tanto criminal como para abordar desde la investigación penal. La Fiscalía, como dije al principio, interviene frente a la comisión de un delito. Obviamente lo que hace es cesar o evitar que se vuelva a cometer, pero no es la Fiscalía la que tiene la función de prevenir que esto no vuelva a ocurrir.

-¿Fue inmediata la respuesta de la Gendarmería al pedido de la Fiscalía?

-Sí, desde ya. La Gendarmería, y participó en el procedimiento de Policía Federal y también personal de la DDI y de la Municipalidad a través de las distintas áreas. Participó tanto Bromatología, como Inspección y Tránsito. En colaboración, para que sea todo ordenado.

La idea, entiendo yo, de la participación del área del Ejecutivo tiene que ver con esto, con desalentar que esto vuelva a ocurrir.

-¿Cómo continúa este proceso?

-Vamos a constatar qué es lo que eventualmente puede haber en la comisión de un delito y a partir de ahí veremos cómo prosigue la investigación. La denuncia nos da cuenta de la ocupación y distintas situaciones que se están dando al borde o al lateral de toda la trama de la ruta, con lo que tenemos que individualizar cuál es la ocupación y en qué medida. Son un montón los pasos que hay que hacer previo a la instrucción.

En un operativo conjunto entre Gendarmería, Policía Federal y Bonaerense, comenzaron a retirar de la Ruta Nacional 226 a los puestos de venta ambulante ubicados sobre la banquina, así como también a camiones y acoplados estacionados.

“Despeje total”, informaron a El Eco de Tandil en el marco del procedimiento. “El operativo busca la desocupación de todos los espacios de la ruta por seguridad vial y después se trabajará en prevención”, agregaron.

El despeje se realizó durante la mañana del jueves 3 de julio, con un significativo despliegue de agentes de las mencionadas fuerzas. Los vendedores debieron en el momento retirar su mercadería, mientras que en los casos de detectar camiones o acoplados estacionados, los efectivos infraccionaron y buscaban identificar a los propietarios para luego intimarlos.

“Me dijeron que vaya al Municipio a ver si nos dejan vender adentro de la ciudad, porque en lo que es la ruta y en la rotonda ya no se puede vender más”, contó uno de los vendedores desalojados del lugar. “Hace casi 10 años que estoy”, sumó el comerciante que contó además que es tandilense y que hasta el momento no había tenido problema por su trabajo. Según a lo que compartió el vecino, los efectivos no le informaron del inicio de causa por el tema.

De acuerdo a información a la que pudo acceder El Eco de Tandil, el operativo buscó la desocupación del total de la traza urbana de la ruta, y se espera que se activen además tareas de prevención al respecto.

Cabe recordar, el tema formó parte de la agenda pública durante los últimos días. Fue a raíz de una denuncia con pedido de intervención presentada por la Cámara Empresaria de Tandil a la Defensoría del Pueblo, otra denuncia de este organismo ante la Justicia Federal –tras no obtener respuesta de parte de Vialidad Nacional-, y el anuncio del Municipio de buscar avanzar en el mismo sentido.

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó este martes el nuevo Estatuto de la Policía Federal Argentina mediante el Decreto 383/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida implica un cambio sustancial en la estructura, funciones y objetivos de la fuerza, enmarcada dentro de un plan integral de modernización y profesionalización.

Según se detalla en la normativa, la Policía Federal se enfocará exclusivamente en la investigación de delitos federales y complejos, como el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos y los delitos cibernéticos, dejando atrás su tradicional participación en tareas de seguridad urbana, especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La reforma incluye una modernización profunda de la estructura orgánica, la incorporación de tecnologías forenses y sistemas de información avanzados, y un nuevo programa de formación académica para agentes, con perfiles más técnicos y profesionales. Además, se establecerán protocolos de última generación en materia de investigación criminal, con el objetivo de acercar la labor de la Policía Federal a estándares internacionales como los del FBI.

“La meta es lograr una fuerza ágil, inteligente y profesional”, aseguró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien tiene a su cargo la implementación del nuevo esquema.

El decreto también crea el Programa Presupuestario de Modernización de la Policía Federal Argentina, que dependerá del Ministerio de Seguridad y será parcialmente financiado mediante una reducción progresiva en el ingreso de nuevos suboficiales.

Asimismo, la cartera de Bullrich fue facultada para tomar decisiones excepcionales: podrá exceptuar del retiro obligatorio a oficiales superiores, reconvocar personal retirado y reorganizar los escalafones internos con flexibilidad, a fin de adecuarse a la nueva estructura operativa.

La aprobación del nuevo Estatuto deroga el Decreto-Ley N.º 333/58, que regulaba a la Policía Federal desde hace más de seis décadas, y modifica artículos de leyes complementarias para alinear el marco normativo con esta nueva etapa institucional.

Con esta reforma, el Gobierno busca redefinir el papel de la Policía Federal en el escenario actual de seguridad, concentrándola en tareas de alta complejidad investigativa, con herramientas modernas y un perfil cada vez más especializado.

El Gobierno Nacional oficializó, este martes, una profunda reforma en la estructura y funciones de la Policía Federal Argentina (PFA). A partir de ahora su eje pasará a ser la prevención e investigación de delitos federales y complejos, como el crimen organizado, el narcotráfico y el ciberdelito, y dejará de intervenir en cuestiones de seguridad local en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La medida quedó establecida en el Decreto 383/2025, que fue publicado en el Boletín Oficial. Manteniendo al FBI de Estados Unidos como espejo, la misión de la fuerza de seguridad “se reorientará la misión de la institución hacia una policía de investigación enfocada en cierto tipo de delitos” con el objetivo de colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales.

Además, entre los principales puntos que propone la normativa están “derogar las funciones y atribuciones relacionadas con la seguridad local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y actualizar la estructura orgánica de la fuerza “con el fin de que sea más eficiente, reducida y pueda responder mejor a su principal misión”.

La norma deroga el Decreto-Ley N° 333/58, vigente desde hace más de seis décadas, y modifica artículos de leyes complementarias para alinear el marco normativo con los nuevos objetivos de la institución.

Por otro lado, se creará un Programa Presupuestario de “Modernización de la Policía Federal Argentina”, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. El mismo estará destinado a realizar inversiones en bienes y soluciones tecnológicas, y será financiado con el ahorro derivado de la reducción de la cantidad de ingresantes.

En esa línea, el Gobierno Nacional consideró necesario modernizar el sistema de ingreso y formación del personal de la Policía Federal. Por este motivo, el Ministerio que conduce Patricia Bullrich deberá crear un programa de ingreso y formación de universitarios ya graduados. Esto consiste en una práctica que, según se manifiesta en el texto oficial, “es común en policías de investigación de otros países, y en algunos casos es un requisito excluyente, como por ejemplo en el ‘Federal Bureau of Investigation’ FBI) de los Estados Unidos”.

El Presidente de la Nación, Javier Milei, aprobó por decreto el nuevo estatuto de la Policía Federal y el proceso de reforma y modernización de la fuerza, estableciendo así “objetivos estratégicos”.

Entre estas finalidades están “actualizar las facultades y estructura organizativa de la Fuerza para cumplir con su nueva visión y misión; fortalecer el sistema de recursos humanos con el fin de contar con personal competente, motivado y altamente capacitado; modernizar protocolos, procesos y mecanismos de articulación, en particular los referentes a investigación; y adquirir y utilizar en forma efectiva las Tecnologías de la Información y Comunicación y Tecnología Forense".

La normativa instruyó al Ministerio de Seguridad “a establecer un cronograma respecto de la cantidad máxima de suboficiales a incorporar anualmente”, cuyo número “no podrá superar el de los ya incorporados en el año 2025 y deberá ser reducido progresivamente”.

También lo instó a “aprobar los mecanismos que permitan el pase del personal del Escalafón de Suboficiales al Escalafón de Oficiales, en tanto su conocimiento, estudios o experiencia así lo ameriten”.

El presidente Javier Milei encabezará esta tarde, a las 15 horas, el anuncio oficial junto a Patricia Bullrich en la sede del Cuerpo de Policía Montada de la Policía Federal. El lema principal será “Hacia una PFA moderna y orientada a la investigación”.

Efectivos de la División Unidad Operativa Federal (D.U.O.F.) Tandil de la Policía Federal Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, realizaron el pasado jueves por la tarde un allanamiento en un campo de Benito Juárez, donde rescataron a un hombre que era víctima de trata de personas por explotación laboral.

La causa había iniciado en marzo de 2022 bajo la intervención de la Fiscalía Federal de Tandil, a cargo de Marcos Silvagni. Desde entonces, los efectivos federales locales realizaron distintas tareas de investigación en el establecimiento rural, ubicado en el partido juarense, donde se sospechaba que un hombre mayor de edad estaba siendo sometido a condiciones de trabajo forzado.

Luego de que el Juzgado  Federal N°1 de Azul, a cargo del doctor Di Giulio, y la Secretaría N°4, del doctor López, libraran la correspondiente orden de allanamiento, el procedimiento se llevó a cabo con la participación de personal del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y profesionales médicos del Hospital Eva Perón de Benito Juárez.

Al arribar, los uniformados tomaron contacto con la víctima, quien se encontraba en un ambiente insalubre, extremadamente precario y con condiciones laborales deficientes. 

Tras una primera revisión médica en el lugar, los profesionales de la salud determinaron que debían trasladarlo al nosocomio local para que le realizaran los estudios de rigor y recibió contención psicológica.

De esta manera, la Policía Federal  logró rescatar al individuo de las condiciones habitacionales deplorables que afectaban su integridad física.

Este lunes, cerca de las 15:30, efectivos de la Policía Local acudieron a un sendero ubicado en la zona serrana cercana a la intersección de las calles Chaco y Necochea, tras un llamado al sistema de emergencias 101, que alertó sobre la presencia de una persona fallecida en el lugar.

Una vez comprobada la existencia del cadáver, se inició el debido protocolo, dando aviso a la Policía Científica, que arribó a los pocos minutos. Según lo informado por fuentes policiales, se trata de una persona de sexo masculino, que se encontraba junto a una bicicleta tipo Mountain Bike, a los pies de un acantilado de aproximadamente 20 metros de altura.

Si bien aún se desconocen las causas del fallecimiento, dadas las circunstancias en que fue encontrado el cuerpo, sumado a marcas de caída a lo largo de la pared del acantilado, se presume que el hombre, identificado como Juan Ignacio Larraburu, de 35 años, habría sufrido una caída accidental.

Alrededor de las 18:15, personal del Cuartel de Bomberos se hizo presente en el sitio. Por el momento, se encuentran trabajando la Policía Científica y la U.F.I. N° 03 de Tandil, a los fines de esclarecer lo sucedido.

El extenso derrotero procesal en torno a los imputados por la maniobra defraudatoria de venta de lotes parece haber arribado a su etapa de definiciones, más precisamente al aguardo de la fecha de juicio en los tribunales de la Justicia Federal, con asiento en Mar del Plata.

La denuncia realizada por un vecino en el 2017 que derivó en una imputación y procesamiento en el 2022 contra tres personas, entre ellos un abogado tandilense y una escribana de Azul, ya no tendría margen para nuevos planteos de las respectivas defensas, quienes habían insistido con nulidades e incluso la incompetencia del fuero que llevó adelante las dilatadas actuaciones. 

En efecto, en una reciente resolución, el Tribunal Oral 1 rechazó todos los planteos y así se ratificó la injerencia del fuero citado, a la espera de fijar ficha de debate. 

Las acusaciones pesan sobre el abogado Sebastián Eduardo Romay, la escribana María Dolores Palacio y a Juan José Stip, a quienes se le sindican formar parte de una organización que identificaba inmuebles cuyos titulares fallecieron y falsificaban un poder de aquella persona fallecida a favor de otro ciudadano, quien lo ofrecía a la venta señalándole al potencial comprador que tenía el poder suficiente como para escriturar el inmueble una vez que el pago. En base a esos poderes falsos, intentaron en algunos casos materializar esas escrituras hasta que se logró detectar que el titular de aquel inmueble no podía haberle otorgado dicho poder por la antigüedad en la data del deceso de aquella persona. Léase, poderes recientes de personas que ya habían fallecido hace 30 o 40 años. 

Tal supo inferir el juez Bava en la instrucción y consiguiente resolución, la causa se inició el 31 de enero de 2017, cuando el notario Julio Sebastián Ugalde se presentó a efectuar la denuncia en la Fiscalía Federal con sede en Tandil, al advertir ciertas irregularidades en una transacción de compraventa de un inmueble. Ya para el  12 y 19 de abril de 2021 se dictó el auto de procesamiento sin prisión preventiva, por considerarlos prima facie, a Sebastián Eduardo Romay, María Dolores Palacio, y a Juan José Stip, autores penalmente responsables del hecho endilgado.

A más precisiones, la imputación reza que con habitualidad y de manera organizada y/o asociada, cada uno en nombre propio, incorporaron datos espurios en la confección de dos escrituras públicas con el propósito de engañar al pretenso comprador y así poder perfeccionar la venta de un inmueble registrado bajo la nomenclatura catastral: Matrícula: 45326, Circunscripción I, Sección E, Fracción 108A, Parcela 7 en Tandil, cuya propiedad corresponde a la señora Hemilce Delpech de Rodrigué, con el fin de obtener un beneficio económico. 

Asimismo, se detalló que utilizaron maniobras para aparentar con fecha 2 de diciembre de 2016, que contaban con poder suficiente para ofrecer el inmueble para su adquisición y confeccionar la operación inmobiliaria, haciendo caer en una falsa creencia al vecino en cuanto a que la compraventa cumplía con todos los recaudos formales, legales y necesarios para llevarla a cabo. 

Al decir de la acusación, de este modo Stip pretendió transmitir los derechos de propiedad sobre un inmueble que no era suyo y para ello, contó con la participación del abogado Sebastián Eduardo Romay y de la escribana María Dolores Palacio, que instrumentaron la firma de un poder especial en su favor que habilitó la trasmisión fraudulenta de los derechos sobre el inmueble, en el marco de las maniobras engañosas para que el comprador resulte quien pueda disponer del bien y eventualmente llevar a cabo la escrituración de la propiedad. 

La incorporación de los datos espurios permitió a Stip, generar el engaño suficiente para que el tandilense se desprenda del monto de dinero y del automotor sin que la contraprestación llegue a concretarse. 

Por su parte el damnificado, para concretar dicha operación, entregó una camioneta Volkswagen Amarok modelo 2013 y abonó la suma de veinte mil dólares, en parte de pago de un inmueble que nunca recibió, desprendimiento económico que constituye el perjuicio patrimonial de la maniobra”, conducta que encuadra en el delito Estafa mediante el uso de un instrumento público estampado con datos espurios, previsto y penado por el artículo 172 en función del 292, y 293 del C.P.

Fuentes policiales y judiciales confirmaron ayer la detención de un hombre que intentó evadirse de un choque que protagonizó con un efectivo de la Policía Federal, en avenida Marconi y Roca. Tras la persecución y la aprehensión, los investigadores descubrieron que el sospechoso tenía colocada una tobillera electrónica para monitorear que cumpliera la prisión domiciliaria y recolectaron gran cantidad de elementos en su poder, los cuales probarían que se dedicaba a comercializar estupefacientes. 

El parte oficial informó que personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Tandil de la Policía Federal Argentina detuvo a un hombre que se dedicaba a la comercialización de estupefacientes, el cual gozaba de arresto domiciliario.

El hecho ocurrió ayer, cuando personal de la DUAF Tandil de la fuerza Federal, en el cruce de la avenida Marconi y Roca, logró apresar a una persona de sexo masculino, quien se dedicaba a la comercialización de cocaína.

Fuentes de la investigación señalaron que la detención se produjo después de que el entonces sospechoso, que circulaba en moto, intentó evadirse de un choque. Esa situación puso en alerta al otro conductor involucrado, que coincidentemente es un efectivo policial de la Federal, quien procedió a perseguir y apresar a esta persona que llevaba una tobillera electrónica de monitoreo de arresto domiciliario.

Al cierre de esta edición, desde la Fiscalía 22 evitaron brindar la identidad del detenido, al tiempo que tampoco precisaron las causas por las cuales se encontraba detenido pero en su domicilio, gozando de una morigeración de su situación procesal. 

Por otro lado, el comunicado reseñó que al revisar las pertenencias del detenido, encontraron entre sus pertenencias un arma de fuego cargada, gran cantidad de cocaína y de pasta base,  una balanza de precisión, alhajas y otros elementos, lo que llevaron a los pesquisas a inferir que la venta de drogas no sería su única actividad. 

En  tanto, reseñaron que el imputado “realizaba el traslado de la droga en una moto con pedido de secuestro y que según se logró determinar posteriormente, la misma había sido sustraída días atrás en la zona del barrio Las Tunitas”. 

En paralelo, señalaron que hasta el momento pudieron corroborar que “esta persona poseía frondosos antecedentes por hechos contra la propiedad”.

Tras recabar las pruebas, la policía le dio intervención inmediata a la Fiscalía 22 Especializada en Drogas de Tandil, a cargo del doctor Lucas Moyano, quien rápidamente procedió a disponer la aprehensión del masculino, el secuestro de la droga y armas y las medidas necesarias para la continuidad de la investigación. 

“De esta manera, tanto desde la Policía Federal, como de parte de la Ministerio Público Fiscal, en la persona del doctor Moyano, se continua profundizando la lucha contra la comercialización de drogas que afectan a nuestra sociedad y que traen aparejados diferentes delitos conexos”, concluyeron en el parte oficial.

La Delegación de la Unidad Operativa Federal de Tandil de la Policía Federal Argentina llevará a cabo este fin de semana el denominado "Operativo de Saturación" en los principales accesos a la ciudad, como así también en la terminal de la misma. Esta iniciativa, consiste en controles vehiculares y de personas.

El operativo tiene como misión fundamental la prevención de delitos federales y seguridad general, con especial atención en aquellos delitos de transporte de sustancias estupefacientes, delitos de contrabando, y requerimientos restrictivos de libertad con la aplicación de medios logísticos y tecnológicos al momento de la identificación de personas y transportes pesados y de viajes de larga distancia.

En dichos controles se realizarán procedimientos, tanto en las rutas nacionales y provinciales que cruzan la ciudad como así también en el interior de la misma.

Este procedimiento, en calidad de Fuerza Federal, representa el compromiso constante de la Policía Federal Argentina para mantener la seguridad y el orden en la ciudad de Tandil. Se espera que estas medidas ayuden a prevenir delitos y aseguren un ambiente seguro para los ciudadanos.

Cabe destacar que este Operativo de Saturación será replicado en todo el país.

Este operativo que lleva adelante el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Procurador General Julio Conte-Grand, es la tercera misión organizada de acciones para combatir la pornografía y abuso sexual infantil.

El procedimiento estuvo coordinado por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, a cargo de Eleonora Weingast, que se encuentra en la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, a cargo del Francisco Pont Verges.

Los 124 objetivos detectados y allanados pertenecen a los departamentos judiciales: Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, descentralizada de Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, descentralizadas de Esteban Echeverría y Ezeiza, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-Gral. Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen, Zárate-Campana, y un objetivo en Mendoza.

A partir de los resultados obtenidos en la operación, pudo establecerse que del total de 106 sospechosos, 92 son varones y 14 son mujeres; con edades comprendidas entre los 17 y 71 años; 8 trabajan en contacto directo con infancias o adolescencias; y 24 convivientes con menores de edad. A su vez, se produjo la detención de 14 personas y se secuestraron 533 dispositivos de almacenamiento, 224 celulares, 3 armas de fuego y 29 elementos no digitales (juguetes sexuales, revistas, cds con contenido pornográfico, y balas).

Además del delito de descarga y distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen entre los investigados: la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comúnmente como Grooming), contemplados en los Art. 128 y 131 del Código Penal Argentino.

Cuatro fiscalías especializadas  funcionaron como nodos en la investigación y detección de los responsables: la Ayudantía Fiscal en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming del Departamento Judicial de Junín, a cargo del Dr. Fernando Graffigna; la Ayudantía Fiscal Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo de Lorena Natalia Pecorelli y Daniela Sánchez; la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 8 Descentralizada de Berazategui especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming del Departamento Judicial de Quilmes, a cargo del Dr. Daniel Ichazo; y a la Oficina de Análisis y Seguimiento de la Información Criminal, a cargo del Secretario José María Cifuentes, dependiente de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 3 del Departamento Judicial de Pergamino, a cargo de Nelson Mastorchio.

Los allanamientos efectuados en provincia de Buenos Aires, contaron con la participación de efectivos y expertos pertenecientes de distintas fuerzas, destacándose principalmente la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del Comisario Mayor Ariel Rodríguez, y la División de delitos cibernéticos contra la niñez y adolescencia de la Policía Federal Argentina, a cargo del comisario Patricio Castro, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales. Intervinieron también: la División Delitos Informáticos de Azul, Junin, Pehuajó y Pergamino; la División Delitos Informáticos de la Jefatura de Estación de Berazategui; el Departamento de Casos Especiales, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial; la División de Trata de Personas y Operaciones Complejas AMBA Norte; y la División de Investigaciones en Cibercrimen Luján y Cibercrimen Sede Norte. De la Policía Federal Argentina intervinieron: la Dirección de Investigaciones contra la Trata de Personas y Delitos Contra la Integridad Sexual; la Policía Federal Delegaciones Necochea y Morón; las Divisiones Unidad Operativa Federal (DUOF) de Junin, Tres de Febrero, Mar del Plata, Pinamar, Pergamino, y San Martín; y la Dirección de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Participaron en el seguimiento de la operación, la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional HSI (Homeland Security Investigations), y la ONG AerialRecovery.

Con respecto al procedimiento en Tandil, estuvo a cargo de la Sub DDI, quien realizó un importante operativo en el Barrio La Movediza, focalizado en la calle Paseo de los Niños al 2000, como parte de una investigación sobre casos de grooming. 

A partir del accionar policial, se incautaron múltiples dispositivos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, una tablet, una CPU y algunos pendrives.

La labor investigativa estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 22 de Azul, bajo la dirección de Lucas Moyano, y contó con la colaboración del Juzgado de Garantías 3 de Azul, liderado por el doctor Juan José Suárez.

También se realizaron allanamientos en dos domicilios de Olavarría, donde se secuestraron notebooks, tablets, teléfonos celulares, una consola de juegos, una cámara filmadora digital, dos CPU, tres tarjetas de memoria, y un CD.

En dos operativos realizados en las ciudades de Rafaela (Santa Fe) y Tandil, la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a tres personas, desarticuló varios lugares en los que se vendía droga y secuestró dosis de cocaína y marihuana, elementos de fraccionamiento, balanzas de precisión, armas, celulares y dinero en efectivo.

De acuerdo al reporte difundido por la fuerza dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, durante el segundo operativo realizado por agentes de la División Unidad Operativa Federal Tandil fue detenida una mujer acusada por comercialización de estupefacientes al menudeo.

Luego de diversas tareas de campo desplegadas por los efectivos federales durante varios días, los efectivos establecieron que la involucrada se encuentra sospechada de utilizar un comercio de expendio de bebidas alcohólicas ubicado en el barrio Villa Italia como fachada para el comercio de las sustancias prohibidas.

Con los datos obtenidos durante la investigación el titular de la Unidad Funcional de Instrucción 22, a cargo del doctor Lucas Moyano, solicitó una orden de allanamiento que fue otorgada por el Juzgado de Garantías 1 del Departamento Judicial de Azul, a cargo de José Alberto Moragas.

Como resultado de la requisa, donde participó el can detector de drogas “Nerón” junto a su guía, arrastraron a una mujer de 32 años e incautaron 75 gramos de cocaína, 350 mil pesos y dos teléfonos celulares.

En Rafaela

De acuerdo al mismo informe, agentes de la División Unidad Operativa Federal Rafaela detuvieron a dos personas acusadas por comercio de drogas al menudeo en esa ciudad santafesina.

Las pesquisas efectuadas por los uniformados, determinaron que varios inmuebles eran utilizados para el acopio y venta de drogas.

Cabe destacar que, durante las diversas pesquisas, los efectivos federales establecieron que los investigados buscaban una expansión territorial, tanto en distintos barrios de esa ciudad como así también en localidades aledañas de la provincia.

Con la totalidad de los datos recabados, el Juzgado Federal de Rafaela, a cargo de Carlos Alberto Vera Barros, secretaría de Silvio Cristian Visens, ordenó cinco allanamientos en Rafaela y uno en Cañada Rosquín.

Durante los procedimientos, realizados con la colaboración de personal de las Divisiones Unidades Operativas de Paraná, Santa Fe, Venado Tuerto, Rosario y de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario, fueron detenidos un hombre y una mujer, ambos argentinos y mayores de edad. Asimismo, se secuestraron 385 gramos de cocaína, varias dosis de marihuana, elementos de fraccionamiento, dos balanzas de precisión, una carabina, una pistola calibre .22, varias municiones de diferentes calibres, tres teléfonos celulares y 1.261.000 pesos.