Un estremecedor crimen conmocionó a la localidad bonaerense de La Reja, en el partido de Moreno, donde un hombre de 41 años fue encontrado asesinado con más de 20 puñaladas y una bolsa de nylon colocada sobre la cabeza. Por el hecho fueron detenidas su esposa, de 42 años, y una de sus hijas, de 23, quienes quedaron imputadas por homicidio agravado por el vínculo.

El episodio ocurrió en una precaria vivienda ubicada sobre la calle San Nicolás al 3300, en el barrio Cascallares. La víctima fue identificada como Alberto Federico Araoz Arocena, quien mantenía una relación de pareja desde hacía más de dos décadas con una de las acusadas.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, encontraron el cuerpo del hombre tendido sobre una cama, rodeado por un charco de sangre. En el interior de la casilla también estaban las dos mujeres, quienes, según trascendió, se encontraban en estado de shock.

Las detenidas fueron identificadas como Edith Elizabeth Castellano y Florencia Anabella Araoz, esta última una de las cinco hijas del matrimonio.

Las denuncias de violencia familiar

Con el avance de la investigación comenzaron a conocerse testimonios de vecinos que describieron un contexto de presunta violencia familiar dentro de la vivienda.

Según relataron habitantes del barrio, el hombre tenía comportamientos violentos y eran frecuentes los gritos y las discusiones que provenían del domicilio.

"Era muy violento", aseguró uno de los testimonios recogidos en la zona. Otros vecinos señalaron que la esposa del fallecido "estaba permanentemente golpeada" y que solía utilizar ropa que cubría gran parte de su cuerpo, presuntamente para ocultar lesiones.

De acuerdo con la información publicada por el portal Primer Plano Online, ambas mujeres presentaban hematomas en distintas partes del cuerpo, con diferentes tiempos de evolución, una circunstancia que será analizada en el marco de la investigación judicial.

Al momento de ser detenidas, las acusadas manifestaron que atravesaban una situación de violencia extrema y aseguraron que la esposa de la víctima era sometida a torturas por parte del hombre.

Sin embargo, esas expresiones fueron realizadas fuera de una declaración judicial formal y deberán ser corroboradas mediante las pruebas que se incorporen al expediente.

Las dos mujeres se negaron a declarar

La causa quedó en manos de la fiscal Carina Saucedo, titular de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, quien dispuso la imputación de ambas mujeres por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

Al ser convocadas a prestar declaración indagatoria, las dos acusadas hicieron uso de su derecho a guardar silencio y se negaron a declarar ante la representante del Ministerio Público Fiscal.

La Justicia busca ahora reconstruir la secuencia de los acontecimientos que terminaron con la muerte de Araoz Arocena y determinar cuál fue la participación de cada una de las detenidas.

Uno de los aspectos centrales de la investigación será establecer si existían antecedentes de violencia familiar y en qué circunstancias se produjo el ataque.

Por el momento, las dos mujeres permanecen detenidas, mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer el crimen y determinar si el contexto de violencia denunciado tiene relación directa con lo ocurrido.

A siete meses del hallazgo sin vida de Antonella Alvarez, una joven de 28 años y madre de una niña de 9, la investigación por su muerte tuvo un nuevo avance judicial. El Juzgado de Garantías de Necochea dictó la prisión preventiva para su pareja, Ricardo Omar Brandi, y el padre de este, Omar Brandi, ambos acusados por el femicidio.

La medida, según relata Ecos Diarios, fue dispuesta por el Juzgado de Garantías tras el requerimiento formulado por el fiscal Guillermo Sabatini, quien encabeza la investigación iniciada luego del hallazgo del cuerpo de la joven en una vivienda de la calle 41 al 3500, en Necochea. De acuerdo con la imputación, padre e hijo están acusados del delito de “homicidio agravado por el vínculo, cometido por un hombre contra una mujer, mediando violencia de género”, figura correspondiente al femicidio.

El caso comenzó el 2 de marzo pasado, cuando alrededor de las 22 se produjo el hallazgo del cuerpo de Antonella Alvarez en el domicilio. En un primer momento, la causa fue iniciada bajo la carátula de “averiguación causal de muerte”, mientras la fiscalía incorporaba distintas evidencias y avanzaba con las medidas destinadas a determinar lo ocurrido. Con el paso de los meses, la investigación experimentó un giro sustancial y la imputación contra la pareja de la víctima y su padre se agravó.

En el caso de Omar Brandi, de 83 años, la justicia había dispuesto desde el pasado 17 de septiembre el beneficio del arresto domiciliario, debido a sus condiciones de salud y limitaciones físicas, con el objetivo de garantizar que pueda continuar con su tratamiento médico. El hombre permanece en su domicilio bajo monitoreo mediante una pulsera electrónica y debe cumplir una serie de medidas de conducta establecidas por la jueza de Garantías Aída Lhez. En caso de incumplir esas condiciones, el beneficio podría ser revocado y el acusado volvería a quedar alojado en una dependencia de detención de Necochea o de la región.

Dentro de la investigación, Omar Brandi está señalado como “partícipe necesario” del hecho que terminó con la muerte de Antonella Alvarez. 

En tanto, Ricardo Omar Brandi, pareja de la víctima, permanece detenido en una celda de la DDI Necochea. Tras la confirmación de la prisión preventiva, se prevé que en los próximos días pueda ser trasladado a un pabellón de la Unidad Penal N° 15 de Batán, donde continuará privado de su libertad mientras avanza el proceso judicial.

Dos líderes de una banda dedicada a cometer entraderas fueron aprehendidos en sus celdas luego de que investigadores de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro interceptaran comunicaciones en las que planeaban asesinar a la fiscal que había ordenado sus detenciones. El descubrimiento se produjo de manera fortuita cuando la propia víctima, al analizar un teléfono secuestrado en una causa anterior, encontró las amenazas en su contra.

Los detenidos son Martín Darío Rettori, de 42 años, y Ariel Ernesto Libertini, de 47, quienes fueron arrestados en operativos simultáneos dentro de los penales donde cumplían prisión preventiva. La funcionaria apuntada es la agente fiscal de la UFI Boulogne, María Paula Hertrig, quien había liderado los allanamientos que condujeron a sus capturas por los delitos de robo agravado y asociación ilícita.

La investigación permitió reconstruir que los internos diseñaban un plan criminal que incluía información sensible sobre la vida privada de la fiscal. Según se informó, los sujetos contaban con datos sobre su vehículo, su domicilio, contactos personales y fotografías de su entorno familiar. En las comunicaciones interceptadas, se registraron amenazas explícitas:

O le mando a la casa una corona de muerto o ehhh cuando sale, tiene una CRV o un 208, cuando sale con uno de esos dos la hago cagar a balazos.

Ante el hallazgo, María Paula Hertrig se excusó de la causa el 25 de agosto de 2025 y solicitó que el hecho se investigara como instigación a cometer homicidio calificado por el uso de arma de fuego. El caso quedó bajo la órbita del fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, quien ordenó la intervención de las líneas telefónicas.

La causa también reveló el uso de tecnología para obtener información. El análisis forense de un dispositivo reveló que, el 27 de marzo de 2025, se realizaron búsquedas en ChatGPT solicitando expresamente una foto de la fiscal. Tras reunir las pruebas, el titular del Juzgado de Garantías 1 de San Isidro, Ricardo Costa, libró nuevas órdenes de allanamiento. En la Unidad Carcelaria N° 21 de Campana se secuestraron teléfonos y se procedió a la aprehensión de Ariel Ernesto Libertini, mientras que medidas similares se ejecutaron en la UC N° 31 de Florencio Varela respecto a Martín Darío Rettori.

El triple femicidio de las primas Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) constituye uno de los capítulos más sádicos que se recuerdan. Las jóvenes, que vivían en el Complejo Habitacional La Tablada, fueron halladas enterradas y descuartizadas en una vivienda ubicada a 33 kilómetros de su hogar, en el partido de Florencio Varela.

La noche del 19 de septiembre de 2025, las tres chicas salieron desde el monoblock 20 con destino a una supuesta fiesta en el Bajo Flores. El último registro de ellas con vida fue captado por las cámaras de seguridad de una estación de servicio YPF, donde a las 21,30 subieron a una camioneta Chevrolet Tracker blanca con la patente adulterada.

Tras la denuncia de los familiares, el fiscal Gastón Duplaá, de la UFI Nº2 de La Matanza, inició la búsqueda. El hallazgo de los cuerpos ocurrió en la madrugada del miércoles siguiente, tras un allanamiento en una propiedad de la calle Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone. Allí, los efectivos de la DDI de La Matanza sorprendieron a dos personas limpiando la escena del crimen con lavandina.

La brutalidad del hecho incluyó la transmisión en vivo de la denominada "faena" a través de Instagram, con el objetivo de amedrentar a quienes traicionaran al entorno narco. En respuesta, el 27 de septiembre de 2025, el colectivo Ni una Menos convocó a una marcha en Plaza de Mayo bajo la consigna "Ninguna víctima es descartable".

A un año de los hechos, la justicia ha logrado identificar a 16 implicados. Recientemente, se hallaron cuatro miembros de la organización que habrían colaborado en la logística y el encubrimiento: Mansur (52), Chieto (36), Olivera (70) y Quispe Gallardo (19). Asimismo, fue detenido un hombre de iniciales DG en el barrio porteño Illia, señalado por su participación directa en el asesinato.

El resto de los acusados incluye a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", quien fue extraditado desde Perú, además de Víctor Sotacuro Lázaro (41), Milagros Florencia Ibáñez (20), Maximiliano Andrés Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Matías Agustín Ozorio (28), Mónica Débora Mujica (37), Celeste Magalí González Guerrero (28), Ariel Jeremías Alexis Giménez (28) y Bernabé Jesús Mallón (42).

Para conmemorar a las víctimas, el barrio realizará un corte simbólico en la rotonda de La Tablada a las 16, seguido de una peregrinación con velas y una suelta de globos a las 21.30, hora exacta en la que fueron vistas por última vez.

El representante legal de Candela Arizaga solicitó a la Justicia el levantamiento de la prohibición de acercamiento y contacto que pesa sobre Facundo Moyano, en el marco de la causa en la que el exdiputado es investigado por lesiones y privación ilegítima de la libertad.

El pedido fue presentado por el abogado Roberto Herrera ante la Fiscalía de Género Norte de la Ciudad de Buenos Aires, luego del episodio ocurrido en inmediaciones del departamento de Moyano, ubicado en el barrio porteño de Belgrano.

Según planteó el letrado, actualmente no existe "elemento objetivo alguno" que permita acreditar una situación de riesgo que justifique la continuidad de las medidas restrictivas.

En el escrito se destacó que Arizaga manifestó durante sus declaraciones testimoniales que no fue víctima de violencia física ni psicológica por parte de Moyano, que no estuvo privada de su libertad y que mantiene su voluntad de retomar el vínculo afectivo con el exdiputado.

A partir de esas declaraciones y de los testimonios incorporados al expediente, la presentación sostuvo que "no surge cuál sería actualmente el riesgo concreto, cierto y verificable" que impediría que ambos vuelvan a comunicarse o encontrarse.

El abogado remarcó además que las medidas de restricción tienen carácter preventivo y consideró que su continuidad debería estar vinculada a la existencia de un riesgo actual que se pretenda neutralizar.

En ese sentido, Herrera pidió revisar la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de las restricciones y cuestionó que una prohibición de contacto pueda mantenerse de manera indefinida únicamente porque la investigación judicial continúa abierta.

La presentación también hizo referencia a las declaraciones incorporadas a la causa de efectivos policiales, personal de la Brigada de Género, una oficial que acompañó a Arizaga en el Hospital Pirovano, una médica, una amiga y familiares de la joven. Según sostuvo el abogado, esos testimonios resultan compatibles con la versión brindada por Arizaga.

El nuevo planteo se produjo después de que la Justicia rechazara un pedido anterior para permitir que Arizaga y Moyano retomaran el contacto. La joven había solicitado el levantamiento de las restricciones luego de ampliar su declaración ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31.

Mientras tanto, la investigación contra Moyano continúa abierta, aunque la representación legal de Arizaga insiste en que las circunstancias actuales no justificarían mantener vigente la prohibición de acercamiento y comunicación.

Un intento de robo de su moto sufrió el canillita Juan Curcio mientras transitaba por calle Figueroa, a la altura de la exmetalúrgica, durante la madrugada del martes. 

El hecho ocurrió cerca de las 5:30, mientras la víctima cumplía con su habitual jornada laboral, y al ser sorprendido por dos hombres a bordo de un utilitario decidió defenderse con un fierro que llevaba en el lugar donde transportaba los diarios. 

El trabajador relató lo sucedido en Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, donde detalló cómo logró evitar que le sustrajeran su vehículo de trabajo mediante una reacción defensiva.

Según el testimonio de Curcio, mientras circulaba por la calle Figueroa, poco antes de llegar a la zona de la exmetalúrgica, una camioneta tipo Partner se le cruzó en el camino. De inmediato, uno de los dos ocupantes descendió del rodado y, bajo amenazas, le exigió la entrega de su moto. Ante la sorpresa y la violencia de la situación, el canillita no dudó en utilizar un elemento de defensa que transportaba en su mochila.

"Yo ni sabía lo que me estaba pasando. Cuando me quieren robar la moto, agarro justo un fierro que llevo siempre en la mochila del diario", explicó el trabajador durante la entrevista. 

Al intentar ser abordado por los delincuentes, Curcio reaccionó golpeando al agresor en la zona de la cabeza y el hombro. Tras el primer impacto, el segundo individuo bajó de la camioneta, pero también recibió un golpe por parte del repartidor, quien logró disuadir a ambos sujetos.

Lejos de amedrentarse, el canillita continuó con su defensa mientras los asaltantes intentaban huir del lugar. "Cuando se iban, agarré con el mismo fierro y le pegué al vidrio de la camioneta del costado y se lo rompí", relató Curcio sobre el desenlace del enfrentamiento. 

A pesar de la tensión vivida, el trabajador aseguró que no sufrió heridas de gravedad y que, tras el altercado, los delincuentes se dieron a la fuga rápidamente.

Consultado sobre si realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales, el canillita manifestó su escepticismo basado en experiencias previas. 

Según recordó, en un hecho anterior donde le sustrajeron otra motocicleta, “el proceso de investigación no arrojó los resultados esperados a pesar de haber aportado información sobre el paradero del rodado”. Por este motivo, en esta oportunidad decidió no radicar la denuncia formal.

Pese a peligrosidad del episodio, el canillita sostuvo que no siente miedo tras lo ocurrido y que continuará con su rutina laboral habitual. 

El caso sirve como un llamado de atención sobre la inseguridad que afecta a los trabajadores que circulan en horarios de la madrugada, un segmento horario donde la presencia de patrullaje es fundamental para garantizar la tranquilidad de quienes comienzan su jornada antes del amanecer.

A más de un año del fatal accidente, el tiktoker Agustín López Gagliasso, de 22 años, fue condenado a 16 años de prisión por el Tribunal de Rosario. El joven fue hallado culpable de los delitos de homicidio simple con dolo eventual y lesiones leves, tras haber atropellado y causado la muerte de Tania Gandolfi, de 41 años, y de su hija Agustina García, de 17.

El siniestro ocurrió el 21 de enero de 2025 en la intersección de la avenida Arturo Illia y Presidente Roca. Según la reconstrucción de la fiscal Valeria Piazza, de la Unidad Fiscal especializada en Siniestros Viales y Delitos Culposos, el acusado circulaba en su Peugeot 206 a una velocidad de 120,7 kilómetros por hora tras iniciar una persecución contra un motociclista. Al realizar maniobras en zigzag, perdió el control, subió a la vereda e impactó contra las víctimas que se encontraban junto a un semáforo.

Durante el juicio, que comenzó el 7 de septiembre, se presentó el testimonio de una joven que viajaba en el vehículo del condenado:

Estaba cegado. Yo tenía miedo, pensé que me moría. Me agarré fuerte. No sentí el impacto. Salí sola del auto, me vi llena de sangre. Me dolía todo. Al principio no podía caminar, tenía vidrios pegados en la cara. Pedí ayuda. Agustín siempre estuvo enfocado en seguir a la moto. Estaba en la suya, no le importó nada, ni si yo me moría o si chocaba con otros autos. Un inconsciente.

El tribunal, integrado por los jueces de primera instancia Silvana Lamas Gonzalez, Valeria Pedrana y Paula Álvarez, también impuso una inhabilitación para conducir por 10 años. La fiscalía sostuvo que el acusado actuó con dolo eventual al circular al doble de la velocidad permitida, señalando que el condenado representó el resultado como una posibilidad seria, sin desistir de su accionar.

Además de las víctimas fatales, otras tres personas sufrieron lesiones leves en el hecho. Agustín López Gagliasso deberá cumplir la pena impuesta en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero.

La reciente intervención del FBI en un caso que involucra a un estudiante de Quilmes ha puesto en el centro del debate la seguridad en el entorno digital y el uso responsable de las nuevas tecnologías. 

El joven planeaba matar a compañeros de su escuela  en ese partido bonaerense, lo plasmó en el ChatGPT y las autoridades del FBI lo detectó.  

El hecho, que fue analizado en Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, dejó en evidencia cómo los algoritmos de inteligencia artificial actúan como una primera barrera de contención ante posibles tragedias.

El fiscal especializado en ciberdelitos, Lucas Moyano, explicó durante la entrevista cómo se activaron las alarmas que permitieron frustrar el plan. Según detalló el funcionario, “los desarrolladores de inteligencia artificial, específicamente OpenAI en el caso de ChatGPT, cuentan con clasificadores automáticos que funcionan como filtros para detectar contenido violento, extremista o intenciones de ataques masivos”.

Cuando el sistema identifica una conversación que marca una "bandera roja", se inicia un protocolo de seguridad que incluye una supervisión humana. 

"Un equipo especializado de la empresa determina si hay un riesgo inminente y creíble. A partir de ahí, se remite una notificación al FBI con los datos de la cuenta, dirección IP y correo electrónico", señaló Moyano. 

Posteriormente, mediante la cooperación internacional, la información llega a las fuerzas de seguridad locales, en este caso la Policía Federal Argentina, permitiendo la intervención de la justicia y el allanamiento del domicilio del menor.

El fiscal destacó que “este procedimiento es un ejemplo claro de cómo la colaboración público-privada y la cooperación entre distintos países son fundamentales para la prevención”. 

Al ser consultado sobre la privacidad de las conversaciones con la inteligencia artificial, Moyano fue tajante: "los términos de uso nos dicen que la empresa puede revisar el contenido generado para ver si cumplen las leyes aplicadas. Las políticas de la empresa prohíben de forma taxativa la utilización de la plataforma para planificar y realizar actividades ilícitas".

Este caso subraya que el entorno virtual no es un espacio ajeno a la ley. El fiscal enfatizó que, “al igual que en otros delitos como el abuso sexual infantil, la rapidez en la respuesta depende de la inminencia del riesgo. La tecnología, lejos de ser un espacio de anonimato absoluto, deja rastros que permiten a las autoridades actuar con celeridad cuando la integridad física de terceros está en juego”.

Tras el allanamiento y el secuestro de dispositivos, el proceso judicial continúa para determinar las responsabilidades del menor. 

Moyano hizo hincapié en que, más allá de la posible sanción penal, es vital realizar un abordaje integral. "Hay que detectar qué es lo que pasó, qué llevó a este tipo de acciones y disponer medidas, sobre todo educativas o curativas", afirmó el fiscal, subrayando la necesidad de acompañamiento psicológico o psiquiátrico cuando sea necesario.

El funcionario también reflexionó sobre la necesidad de que el sistema judicial esté a la altura de los tiempos actuales. "La evidencia digital atraviesa todos los delitos. Por eso, la capacitación es imprescindible. La inteligencia artificial nos viene a poner nuevos desafíos", agregó.

Finalmente, Lucas Moyano dejó un mensaje claro para la comunidad sobre la responsabilidad en el uso de las redes y la tecnología. "Hay que dejar de percibir a lo virtual como algo que no existe. La violencia digital tiene consecuencias reales", advirtió. 

Según el fiscal, la solución no pasa por invadir la privacidad de los menores, sino por fomentar una ciudadanía digital responsable desde temprana edad.

El acompañamiento de los adultos y la educación sobre los riesgos de la red son pilares fundamentales para evitar que situaciones de este tipo escalen. 

"Debemos hacer saber que estas consecuencias que pasan en la vida digital hacen sufrir a la gente en la vida real y tienen sus sanciones, ya sean administrativas o civiles. Siempre hay que pensar antes de actuar", concluyó el fiscal.

El excomisario Walter Adrián Maciel (45) declaró el 13 de junio de 2024 en el marco del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años cuyo paradero mantiene en vilo a la sociedad. Durante su exposición, el exjefe de la comisaría de 9 de Julio negó haber tenido cualquier tipo de participación en la sustracción u ocultamiento del menor.

Maciel sostuvo ante el tribunal su convicción de que el niño fue víctima de un atropellamiento, seguido de un posterior levantamiento y ocultamiento del cuerpo. Según su versión, los responsables de este hecho serían el exmarino Carlos Guido Pérez y su esposa, María Victoria Caillava, a bordo de una camioneta Ford Ranger blanca.

Le pido disculpas a María Noguera porque no cumplí mi promesa de devolverle a su hijo.

El excomisario aseguró que, hasta el momento de su detención, realizó lo posible por encontrar al menor, basándose inicialmente en la hipótesis de que se había perdido en el campo tras el testimonio de los presentes. Al respecto, Maciel afirmó:

Yo no favorecí a nadie. Con los pocos elementos de prueba que había en un primer momento, mi investigación decía que buscábamos a un niño perdido en el campo, porque nos dijeron que Loan volvió solo del naranjal.

En su declaración, el exfuncionario destacó su rol en la promoción de peritajes clave, como la intervención de un especialista en odorología que detectó rastros del niño en los vehículos de Pérez y Caillava, además de la realización de pruebas de luminol. Asimismo, el 19 de junio de 2024, dispuso el secuestro de la camioneta Ranger y de un Ford Fiesta rojo.

Sobre el rol de Laudelina Peña, el excomisario señaló que tuvo una función clave para sostener la hipótesis del extravío en el monte.

Laudelina, si usted se siente amenazada e intimidada por quien fuera, ahora lo puede manifestar. Le habla un preso igual que usted, que quiere la verdad, por los padres y por la sociedad

, expresó Maciel dirigiéndose a la tía del menor. Finalmente, el tribunal decidió postergar para la próxima semana un careo solicitado por la defensa de Laudelina debido a compromisos previos de los magistrados.

Personal de la Sub DDI Benito Juárez, en un trabajo conjunto con la Sub DDI Tandil, aprehendió a tres personas tras un operativo en la vía pública. La intervención se gestó a raíz de diversas tareas investigativas que los efectivos venían desarrollando en el marco de una orden de servicio dispuesta por la superioridad, con el objetivo de prevenir delitos bajo modalidades específicas en la región.

El episodio comenzó cuando los uniformados observaron la presencia de un automóvil Renault Sandero de color oscuro que circulaba de manera sospechosa por diferentes puntos de la ciudad.

Ante la presunción de un posible ilícito, se inició un seguimiento discreto del rodado, el cual culminó cuando el vehículo estacionó en las inmediaciones del hospital municipal de Benito Juárez.

La interceptación se produjo una vez que los efectivos observaron movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes. En ese lugar, de acuerdo al reporte policial, un hombre local se subió a la unidad, lo que motivó la inmediata intervención de los uniformados para identificar a los ocupantes.

Al momento de la requisa, los agentes establecieron que los ocupantes eran una pareja oriunda de Tandil y un hombre domiciliado en Benito Juárez. Durante la inspección del habitáculo, se produjo el secuestro de un arma de fuego calibre 22 y un envoltorio que contenía 15.2 gramos de clorhidrato de cocaína. Ante la evidencia, los uniformados arrestaron a los implicados por Infracción a la Ley 23.737 y portación ilegal de arma.

Los sospechosos fueron identificados como Federico Luis Madrid y Sonia Maricel Villarta Vargas, residente de la zona de La Pastora en la planta urbana de Tandil.

Allanamientos en Tandil y Vela

Como consecuencia de las detenciones y en la continuidad de las tareas de inteligencia criminal, la Justicia ordenó la realización de dos allanamientos simultáneos para profundizar la investigación.

Uno de los operativos se llevó a cabo en Tandil, específicamente en una vivienda situada en la calle La Pastora al 1500, donde se buscaron elementos que pudieran vincular a los aprehendidos con otras causas de comercialización de estupefacientes.

El segundo procedimiento tuvo lugar en la localidad de María Ignacia (Vela). Allí, los efectivos policiales registraron un domicilio que arrojó resultados negativos.

En cuanto a la situación procesal de los imputados, se informó que los dos hombres y la mujer fueron notificados de la formación de la causa por Tenencia y Portación de Arma de Fuego y la infracción a la normativa de drogas vigente.

Luego de las actuaciones, los aprehendidos fueron trasladados a dependencias policiales de la ciudad de Azul a la espera de ser indagados por las autoridades correspondientes.

En el transcurso de la mañana de este sábado, la Justicia transformó la aprehensión en detención formal tras evaluar los elementos incriminatorios hallados tanto en el vehículo como en el domicilio de la calle La Pastora.

La causa se encuentra bajo la órbita de la UFI 22, a cargo del fiscal Adrián Peiretti, quien coordina las próximas diligencias para determinar el origen del arma secuestrada y el destino final de la sustancia incautada. Fuentes policiales destacaron la importancia de la articulación entre las diferentes dependencias de la zona para combatir el traslado de estupefacientes en las rutas que conectan a Tandil con los distritos vecinos.

El próximo 31 de agosto se cumplirá un año del trágico episodio que le arrebató la vida a Milagros Quenaipe, una joven de 18 años cuya historia conmovió a toda la comunidad. 

En una entrevista brindada a Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, sus padres, Andrea y César, abrieron su corazón para hablar sobre cómo transitan este duelo y la ausencia constante de su hija.

Al recordar aquel fatídico momento, César relató con entereza cómo Milagros, en un acto de bondad, se detuvo en la esquina de Rodríguez y Uriburu para socorrer a una joven que se encontraba descompuesta. 

Fue en ese instante cuando Wilson Sánchez, quien ya había protagonizado disturbios previos, apareció en escena y, sin mediar palabra, le propinó una puñalada mortal. "Mili quedó ahí paradita unos segundos y cayó", recordó su padre, visiblemente afectado, mientras destacaba que su hija no conocía al agresor.

Para Andrea y César, la ausencia de Milagros es un vacío que se siente en cada instante del día. "La extrañamos todos los días", expresaron, subrayando que el dolor no disminuye, sino que se transforma en una forma de vida. 

A pesar de las ofertas de asistencia psicológica brindadas por el Municipio y el área de Desarrollo Humano y Hábitat, los padres explicaron que cada proceso de duelo es personal y que, en su caso, el apoyo familiar y el recuerdo de la vitalidad de su hija son sus pilares fundamentales.

En cuanto al proceso judicial, los padres confirmaron que la investigación ya fue cerrada y elevada a tribunales, quedando a la espera de una fecha para el juicio oral. 

César Quenaipe fue contundente al referirse a las expectativas sobre el fallo: "esperamos que se haga realmente justicia y que pague con la pena máxima. Si es perpetua, mejor. Él le sacó la ilusión de la vida a mi hija".

El padre de Milagros también cuestionó la falta de prevención en los espacios de esparcimiento nocturno. Según su análisis, si las fuerzas de seguridad hubieran actuado con mayor firmeza ante los comportamientos violentos de Sánchez dentro del boliche, la historia podría haber sido distinta. 

"El hubiese no existe, pero capaz que las cosas hubieran cambiado", reflexionó, lamentando que una vida tan joven fuera truncada por la violencia desmedida.

Para honrar la memoria de Milagros y mantener vivo su legado de ayuda al prójimo, la familia ha organizado un acto conmemorativo. 

El lunes 31 de agosto, a las 18, se llevará a cabo el descubrimiento de una baldosa en su honor en la esquina de Rodríguez y Uriburu, el lugar donde Milagros mostró, por última vez, su esencia solidaria.

La invitación es abierta para quienes deseen acompañar a la familia en este momento de reflexión. 

"Mili va a tener su lugarcito en las calles de Tandil", señalaron sus padres, quienes esperan que el acto sirva para recordar a la joven no solo por la tragedia, sino por la sonrisa y la bondad que siempre la caracterizaron. 

Ante la pregunta sobre qué le dirían a su hija hoy, la respuesta fue unánime y cargada de emoción: "Que la extraño, que la quiero mucho y que me hace mucha falta", expresó Andrea.

Personal de la Comisaría Cuarta aprehendió a un hombre de 30 años luego de que desobedeciera una orden policial y emprendiera la fuga a bordo de un Renault Clio.

Según consta en el parte policial, tras un intenso seguimiento, el vehículo fue interceptado en inmediaciones de la calle De los Reyes al 400. En ese lugar, el conductor habría mantenido una actitud agresiva y se habría resistido al accionar de los efectivos, por lo que finalmente fue reducido y aprehendido.

Durante la posterior requisa del automóvil, los efectivos hallaron marihuana y cocaína. Ambas sustancias fueron sometidas a los correspondientes test, que confirmaron un total de 3,67 gramos de marihuana y 3,12 gramos de cocaína. Además, fueron secuestrados otros elementos considerados de interés para la investigación, entre ellos un teléfono celular y dinero en efectivo.

Al verificar los datos del aprehendido, se constató también que registraba un pedido de paradero activo requerido por la Justicia del Departamento Judicial La Plata.

El hombre quedó alojado en una dependencia policial y a disposición de las fiscalías intervinientes, en el marco de actuaciones por los delitos de Resistencia a la Autoridad e Infracción a la Ley 23.737. Por otra parte, el vehículo fue secuestrado por infracciones a la normativa de tránsito y trasladado al Corralón Municipal.

Dos jóvenes de 16 años fueron aprehendidos por personal policial luego de que intentaran ingresar a un comercio ubicado en la zona de Laprida y Magallanes, en la ciudad de Tandil.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos del Comando de Patrullas Tandil, conjuntamente con personal de Centinela en Territorio, quienes interceptaron a los dos menores en las inmediaciones del lugar.

De acuerdo con la información difundida en el parte policial, momentos antes de la intervención ambos jóvenes habrían provocado daños en la puerta de rejas y en una de las aberturas del Autoservicio “La Esquina”, en circunstancias en las que intentaban ingresar al establecimiento.

La rápida intervención del personal policial permitió interceptar a los dos adolescentes y evitar que la situación avanzara. Tras el procedimiento, fueron puestos a disposición de la UFI N.º 18, donde se iniciaron actuaciones bajo la carátula de “Robo en grado de tentativa agravado por efracción”.

Una vez cumplidas las diligencias correspondientes y de acuerdo con las disposiciones establecidas por el régimen penal juvenil, ambos menores quedaron a disposición del Servicio Local.

Un joven de 25 años fue aprehendido por personal del Comando de Patrullas Tandil cuando se trasladaba en una motocicleta Gilera Smash sin dominio colocado, en inmediaciones de las calles De Pietri y Vivot. 

Según la información difundida en el parte policial, al verificar las numeraciones de motor y chasis mediante el sistema informático policial, los efectivos constataron que el rodado registraba un pedido de secuestro activo desde el año 2020, solicitado oportunamente por la Comisaría Cuarta de Tandil.

Asimismo, durante la identificación del joven se estableció que sobre él pesaba un comparendo compulsivo dispuesto por el Juzgado Correccional, en el marco de una causa por Desobediencia.

El aprehendido fue puesto a disposición de la Justicia y notificado de la formación de una causa por Encubrimiento. En tanto, la motocicleta fue secuestrada y trasladada a una dependencia policial para la continuidad de las actuaciones correspondientes.

El femicidio de Johana Mailén Antonich, de 24 años, conmocionó a la ciudad de Mar del Plata luego de que la joven fuera hallada asesinada tras haber asistido a una presunta entrevista laboral pactada a través de redes sociales. El informe preliminar de la autopsia confirmó que murió como consecuencia de una puñalada en la zona cervical, que le provocó una hemorragia fatal y un posterior paro cardíaco.

El cuerpo fue encontrado durante la madrugada del domingo en la zona de Punta Canteras, a pocos metros de la playa Waikiki. En el lugar fueron detenidos los dos principales sospechosos, Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27.

Los primeros resultados de la autopsia no detectaron lesiones compatibles con un abuso sexual, aunque el fiscal a cargo de la investigación no descartó que haya existido una agresión sexual sin acceso carnal, como tocamientos o un intento de violación al que la víctima podría haberse resistido. El informe definitivo permitirá establecer con mayor precisión la cantidad de heridas sufridas durante el ataque.

La investigación determinó que Johana, madre de dos niñas de 6 años y de un año, había aceptado una propuesta laboral publicada en redes sociales. Un remisero de confianza la trasladó hasta el lugar y permaneció esperándola, pero al no verla regresar supuso que había comenzado a trabajar y se retiró.

Con el paso de las horas y sin noticias de la joven, su familia inició una búsqueda por cuenta propia. A partir de la conversación mantenida en la red social donde se había concretado la oferta y de testimonios recogidos por los investigadores, lograron establecer el sitio al que había concurrido.

Poco después de la medianoche, familiares de la víctima y efectivos de la comisaría 5ta llegaron al balneario Punta Cantera. Allí observaron a dos hombres que encendían fuego dentro de un tambor. Al intentar identificarlos, ambos escaparon, aunque fueron detenidos minutos más tarde cuando intentaban ocultarse debajo del parador Waikiki. Según trascendió, uno de ellos tenía manchas de sangre en la ropa y ambos presentaban rasguños en el rostro.

Durante la inspección del lugar, los policías encontraron una motocicleta que pertenecería a uno de los sospechosos y, a pocos metros, el cuerpo sin vida de Johana.

Días antes del crimen, el 20 de julio, otra joven marplatense, Luz Ledesma, había difundido en redes sociales una advertencia sobre una propuesta laboral que consideró sospechosa. Según relató, quienes la contactaron le solicitaron fotografías personales, evitaron identificar el supuesto comercio donde trabajaría y la citaron frente a una plaza.

Ledesma aseguró además que descubrió que las imágenes utilizadas por la presunta empleadora habían sido generadas mediante inteligencia artificial, por lo que decidió no concurrir al encuentro.

Hasta el momento, la Justicia no informó que exista una conexión comprobada entre ambos casos. Sin embargo, el episodio volvió a poner el foco sobre las maniobras utilizadas para captar mujeres mediante falsas ofertas de empleo difundidas a través de redes sociales.

Vecinos de la zona de El Centinela denunciaron una “ola de robos” en el barrio. Durante el fin de semana pasado, contaron, una familia sufrió un hecho en el cual “les destrozaron todo”. Desde el lugar plantearon que los lotes que la normativa vigente impide subdividir generan complicaciones, y que suelen ser utilizados para esconder objetos sustraídos.

“Son como campos en el medio de la ciudad, donde se esconden todos los chorros. Entre los pajonales, en el monte, en el arroyo. Roban, entran, salen, y nadie los puede encontrar. Los patrulleros no pueden entrar porque no hay calles abiertas. Es desde La Pulpería hasta El Centinela”, advirtieron, en diálogo con El Eco, vecinos que prefirieron mantener en reserva su identidad. “Es una zona liberada”, agregaron.

El suceso que motivó que los vecinos vuelvan a hacer pública su situación fue un robo registrado durante el último fin de semana. De acuerdo a lo que se supo, la familia no se encontraba en el interior de la propiedad al momento del hecho, pero cuando retomaron se encontraron con un panorama desolador: desconocidos habían ingresado a la vivienda –que contaba con medidas de seguridad-, y no solo sustrajeron objetos del lugar, sino que también causaron importantes destrozos. “Los desvalijaron”, manifestaron.

Según transmitieron, los ingresantes produjeron daños en el cielorraso, en vidrios, y hasta roturas en las butacas de un vehículo, que habría sido violentado a los fines de saber si contaba con dinero en su interior.

De acuerdo a lo que contaron desde el lugar, tras una serie de hechos de gravedad, en diciembre pasado disminuyeron los robos. Sin embargo, en los últimos días volvieron a registrar casos. “Empiezan y no paran, son todos los días o día por medio”, lamentaron.

Los vecinos pusieron el foco de su denuncia en el hecho de que la normativa vigente no permita subdividir lotes en el barrio. “Hay predios muy grandes los cuales no dejan subdividir. Hay vecinos que tienen parcelas de 5 o 10 hectáreas que son campos en plena ciudad. Y ahí es donde los malvivientes se dedican a ir y a esconder las cosas robadas”, señalaron.

Con “predios tan grandes”, agregaron, los lotes no cuentan con apertura de calles. “Que no se pueda subdividir hace que no haya apertura de calles, y que no puedan entrar los patrulleros, pero los ladrones sí, porque cortan los alambres y se meten”, sostuvo un vecino que contó que pocos meses atrás sufrió la rotura completa de la tranquera de ingreso a su vivienda. 

“Tengo una tranquera que da de la calle a la ruta. Me la arrancaron. Cuando vine, estaba tirado a un costado. La habían cortado para entrar y salir más rápido de robar”, indicó.

Los vecinos plantearon también que “hay muchos con la inquietud de vender su propiedad e irse a vivir otro lado. Porque se desvaloriza todo. Y los turistas que quieren venir acá, pero en el lugar más turístico de Tandil hay robos. Y no podés vivir tranquilo”.

Pese a que hubo casos de resonancia, desde el barrio señalaron que no tuvieron respuestas de parte de las autoridades. “Estamos cansados de quejarnos en Protección Ciudadana. Nos dijeron que nos iban a poner luces, a poner cámaras, pero no hacen nada. Son todas promesas y no hacen nada. Que el presupuesto, o que esto, lo otro, o lo que quieran. Pero mientras tanto roban a mansalva y ellos siguen juntando plata de impuestos y no hacen nada”, sumaron.

Fue en enero pasado cuando los vecinos se comunicaron con El Eco para denunciar una seguidilla de robos en el barrio. Si bien, indicaron, los hechos disminuyeron entonces, en el último tiempo volvieron a registrarlos. Preocupación vecinal, grupos de alerta, y vigilancia constante son algunas de las situaciones que deben atravesar de manera cotidiana los frentistas de la zona.

En el marco de los operativos de prevención y de las tareas investigativas desarrolladas en distintos puntos de la ciudad, personal de las dependencias que integran la Jefatura Departamental de Seguridad Tandil llevó adelante una serie de procedimientos que permitieron recuperar motocicletas robadas, concretar una detención por orden judicial y aprehender a un motociclista que circulaba con un rodado con pedido de secuestro activo.

Durante los últimos días, los efectivos policiales recuperaron varias motocicletas relacionadas con diferentes hechos delictivos.

Dos de los rodados presentaban pedido de secuestro activo. Se trató de una Zanella RX de 150 centímetros cúbicos, recuperada por personal de la Comisaría Cuarta, y una Honda Tornado XR 250, localizada durante un operativo realizado en inmediaciones de Ijurco y Circunvalación.

Por otra parte, efectivos de la Comisaría Primera recuperaron una Zanella RTZ 500 que había sido robada minutos antes. Según se informó, sus ocupantes abandonaron el vehículo durante una persecución y lograron escapar. En el mismo procedimiento también fue hallada una motocicleta Keller 110 que había sido sustraída instantes antes y fue encontrada abandonada en la vía pública. Ambos rodados fueron restituidos posteriormente a sus propietarios.

En otro operativo, personal de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) recuperó una Honda Wave que había sido robada en la zona céntrica de Tandil. Tras una persecución, los sospechosos descartaron la motocicleta y huyeron a pie. La investigación continuaba para lograr su identificación.

En un procedimiento realizado en el barrio La Movediza, personal del Comando de Patrullas inició una persecución luego de que un motociclista desobedeciera la orden de detenerse.

Tras un breve seguimiento, los efectivos lograron interceptarlo y aprehenderlo. Las averiguaciones posteriores permitieron establecer que la motocicleta presentaba pedido de secuestro activo tanto sobre el motor como sobre el chasis, en el marco de dos investigaciones por robo de motovehículos.

El conductor quedó a disposición de la Justicia imputado por los delitos de desobediencia y encubrimiento.

En el marco de tareas investigativas, personal de la Comisaría Primera concretó además la detención de un hombre de 41 años, sobre quien pesaba una orden de detención vigente dictada por el Juzgado de Garantías Nº 1 de Tandil.

La medida judicial se encontraba vinculada a una causa por hurto y, tras su aprehensión, el hombre quedó a disposición de la Justicia.

Un joven permanece internado en grave estado y con pronóstico reservado como consecuencia de las lesiones que sufrió tras una agresión ocurrida hace unos días en la vía pública. En el marco de la investigación del hecho, la policía realizó allanamientos en dos viviendas e identificó a dos jóvenes de 19 años como presuntos autores del ataque.

El hecho ocurrió en Rodríguez al 1100 el miércoles por la noche, día en que se celebró el partido de semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. En ese lugar, por causas que son materia de investigación, la víctima recibió una feroz golpiza que le provocó heridas de gravedad, por lo que debió ser trasladada al Hospital Municipal “Ramón Santamarina”.

El paciente se encuentra alojado en el servicio de terapia intensiva del centro asistencial público en grave estado y con pronóstico reservado.

A partir de la denuncia, personal de la comisaría Segunda inició una investigación que incluyó la recolección de testimonios y el relevamiento de imágenes de cámaras de seguridad, tanto privadas como de la red pública de monitoreo. El análisis del material permitió identificar a los presuntos autores del episodio.

Con los elementos probatorios reunidos, la fiscalía interviniente solicitó órdenes de allanamiento para los domicilios de los sospechosos, las cuales fueron convalidadas por el Juzgado de Garantías en turno.

Durante los procedimientos, que se realizaron en dos viviendas donde residen dos jóvenes de 19 años, los efectivos policiales secuestraron material de interés para la causa, como prendas de vestir y un teléfono celular, que serán sometidos a los peritajes correspondientes en los próximos días.

La investigación continúa bajo la órbita de la UFI 3 del Departamento Judicial Azul, con sede en Tandil, mientras se aguardan nuevas diligencias para avanzar en el esclarecimiento definitivo del caso.

El reporte policial indicó que la fiscalía interviniente, con el material probatorio reunido, dispondrá peritajes y otras diligencias, pero que aún no se adoptaron medidas para con los señalados como posibles autores de la golpiza.

Reacción de la familia

En las últimas horas, la familia de la víctima manifestó su preocupación por la situación procesal de los agresores. A través de un posteo en redes sociales, la hermana del joven internado dio detalles sobre su delicado estado de salud y criticó la falta de medidas de detención por parte de las autoridades judiciales.

“Mi hermano sigue internado en terapia intensiva, en estado crítico y con coma inducido, luchando por su vida después de la brutal golpiza que recibió el miércoles por la noche”, relató la mujer.

En su descargo, subrayó la contradicción entre la gravedad del cuadro clínico y la libertad de los atacantes: “Mientras nuestra familia atraviesa una angustia indescriptible, quienes están identificados en la causa con imágenes, testimonios y otros elementos incorporados a la investigación continúan en libertad”, afirmó.

En el mismo posteo, cuestionó los tiempos de la Justicia y exigió una respuesta inmediata. “Nos preguntamos qué más tiene que pasar para que la Justicia actúe con la urgencia que una situación como esta merece”, expresó, a la vez que hizo un llamado al titular de la fiscalía que entiende en el caso para que se aceleren los pasos procesales.

“Le pedimos al fiscal de la UFI 3, Dr. (Luis Humberto) Piotti, que impulse todas las medidas necesarias y actúe con la celeridad que exige un hecho de esta gravedad”, manifestó en su mensaje que fue compartido por casi 500 personas.

Finalmente, recalcó que el único objetivo es que los responsables rindan cuentas ante la ley: “No buscamos privilegios. Pedimos justicia. Porque mientras mi hermano pelea por su vida, nuestra familia no puede entender por qué todavía no hay respuestas acordes a la gravedad de lo ocurrido”.