La Libertad Avanza (LLA) postergó la firma del dictamen de mayoría del Presupuesto 2027 ante la falta de acuerdo con los bloques aliados, debido a que se mantuvieron discrepancias sobre puntos centrales de esa iniciativa clave del Gobierno nacional.

La bancada oficialista mantuvo reuniones con representantes de la UCR, el PRO y Argentina Federal, pero no consiguió cerrar un consenso para firmar el despacho en la comisión de Presupuesto.

La definición podría demorarse hasta el 11 o el 17 de noviembre, mientras que el debate en el recinto está previsto para el 18 o el 25 de ese mes.

Si el tratamiento se posterga hasta el 25 de noviembre, el Gobierno deberá convocar sesiones extraordinarias para avanzar con la denominada ley de leyes.

Los bloques dialoguistas presentaron una serie de pedidos que buscan aliviar la carga sobre consumidores y garantizar continuidad en obras. Entre las principales demandas se encuentran la reducción del impuesto a los combustibles, la baja del IVA para los huevos y sus derivados del 21 al 10,5 por ciento, un mecanismo que garantice los plazos y las tarifas de las obras públicas en rutas nacionales y también reclaman mantener la actualización de las asignaciones sociales.

El PRO sumó al reclamo la cuestión de los fondos de coparticipación correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires, asunto que el oficialismo considera podrá resolverse mediante negociaciones entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

En materia de discapacidad, el oficialismo y sus aliados acordaron eliminar cuatro artículos del proyecto presupuestario vinculados con el área. Además, analizarán si corresponde reforzar las partidas para cumplir con la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados y pendiente de tratamiento en el Senado.

Otro punto sin resolver es el financiamiento de las universidades nacionales. El proyecto contempla 7,3 billones de pesos para el sector, mientras que los rectores reclaman elevar los recursos a 11 billones.

La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita reunir al menos 129 legisladores presentes para alcanzar el quórum y habilitar el tratamiento del proyecto.

Para construir una mayoría, el oficialismo busca sumar el respaldo de la UCR, el PRO, Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires, que aportarían en conjunto 22 votos; los 9 integrantes de Argentina Federal; 2 de Producción y Trabajo; y alrededor de 10 representantes de Provincias Unidas.

Con esos apoyos, el Gobierno podría alcanzar una base de aproximadamente 138 votos entre legisladores propios y aliados, aunque el resultado dependerá de las negociaciones y de la posición definitiva de cada bloque. NA

La Libertad Avanza mantendrá durante los próximos días intensas negociaciones con los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados para alcanzar acuerdos que permitan firmar este miércoles el dictamen del Presupuesto 2027, con el objetivo de llevar el proyecto al recinto el próximo 18 de noviembre.

El oficialismo busca acelerar las conversaciones debido a que durante la primera quincena de noviembre habrá una actividad reducida en la Cámara baja.

Por eso, entre lunes y el martes intentará cerrar los consensos sobre los principales puntos que podrían modificarse del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

“Estamos avanzando bien con las negociaciones con los aliados sobre el Presupuesto y no hay motivos para demorar la firma del dictamen”, señaló a la Agencia Noticias Argentinas un vocero oficialista.

Desde uno de los sectores dialoguistas, en tanto, señalaron que se trabaja con la intención de firmar el despacho el miércoles, aunque advirtieron que están “medio justos de tiempo” y remarcaron que los temas centrales de la discusión son discapacidad y asignaciones sociales.

El esquema de trabajo diseñado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, contempla una última reunión informativa el martes a las 11:00, aunque todavía no fue definido qué funcionario concurrirá a exponer ante los diputados. La discusión del dictamen está prevista para el miércoles a las 14:00.

Las negociaciones

Las conversaciones son encabezadas en Diputados por el presidente de la Cámara, Martín Menem; el titular del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni; y Benegas Lynch.

En paralelo, desde el Gobierno participa el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien mantiene conversaciones con los gobernadores de los sectores dialoguistas.

La principal condición planteada por el oficialismo es que cualquier modificación al proyecto preserve las metas fiscales del Gobierno, especialmente el equilibrio fiscal y el superávit primario.

En ese marco, uno de los puntos bajo análisis es la denominada jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro, que contempla unos $14,9 billones y registra un incremento interanual del 163%.

Los bloques dialoguistas y opositores pretenden que una parte de esos recursos pueda ser destinada a reforzar las partidas para las universidades nacionales y las prestaciones por discapacidad.

Desde el Gobierno, sin embargo, sostienen que esos fondos tienen como finalidad atender compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales, además de emergencias y fondos especiales.

Los reclamos de los bloques dialoguistas

Los bloques de la UCR, el PRO y distintos espacios provinciales reclaman la derogación de los artículos 36 al 41 del proyecto de Presupuesto, que modifican aspectos centrales de la legislación vinculada con discapacidad, y plantean una recomposición de las partidas destinadas al sector.

Otro de los puntos sensibles es la decisión del Gobierno de eliminar la actualización automática de las Asignaciones Universal por Hijo, por Embarazo, ayudas sociales y asignaciones familiares, que actualmente se ajustan de acuerdo con la evolución de la inflación.

Los bloques opositores y dialoguistas pretenden mantener el mecanismo de actualización vigente.

Las universidades nacionales constituyen otro foco de tensión. El proyecto fija para el sector una partida de $7,3 billones, mientras que los rectores reclaman aproximadamente $11 billones.

A esto se suma el reclamo de las 13 provincias que tienen cajas jubilatorias propias, que buscan que el Presupuesto contemple las deudas que Nación mantiene con esos sistemas previsionales.

Los gobernadores también plantearon la necesidad de contar con recursos para la reparación de rutas y la reactivación de obras públicas paralizadas desde 2023.

El reclamo fue llevado a la mesa de negociación durante la reunión que mantuvieron el pasado 16 de octubre con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El poroteo para conseguir el quórum

La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita alcanzar al menos 129 presentes para reunir el quórum necesario para iniciar una sesión en la Cámara baja.

Por ese motivo, el oficialismo deberá asegurarse el acompañamiento de sus aliados y profundizar las negociaciones con los gobernadores.

Los bloques más cercanos al Gobierno -PRO, UCR, MID, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y Producción y Trabajo- reúnen 24 legisladores.

A partir de allí, la estrategia oficial apunta a sumar a los 9 diputados de Argentina Federal, que responden a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Misiones, Hugo Passalacqua.

También busca sumar a los 3 legisladores de Elijo Catamarca, vinculados al gobernador Raúl Jalil, y a los 3 diputados de Independencia, que responden al mandatario tucumano Osvaldo Jaldo.

Como ocurrió en otras votaciones, el Gobierno también espera conseguir el respaldo de alrededor de una decena de diputados de Provincias Unidas, espacio en el que confluyen legisladores de Córdoba, Santa Fe, Jujuy y Chubut, alineados con los gobernadores Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir, entre otros.

De esta manera, las próximas horas serán determinantes para que el oficialismo logre cerrar un acuerdo que le permita firmar el dictamen el miércoles y llegar al recinto con una mayoría suficiente para avanzar con el Presupuesto 2027. (NA).

Torrendel defendió junto al subsecretario de Política Universitarias, Alejandro “El Galleguito” Álvarez, la política educativa y para las Universidades, en la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Bertie Benegas Lynch.

La exposición de los funcionarios se realizó en medio de la tensión que hay con las autoridades de las universidades nacionales, que reclaman la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario y que se destinen 11 billones a esas casas de estudio, mientras el Gobierno propone destinar 7,3 billones de pesos.

A lo largo de la reunión no faltaron los insultos y casi los diputados de UxP Carlos Castagneto y de la LLA Andrés Leone, casi se van a las piñas, aunque fueron separados a tiempo por los libertarios y peronistas.

“Te voy a cag… a trompadas” disparó Castagneto, mientras Leone se defendía y le decía que nunca lo insultó, y Benegas Lynch buscaba poner orden en la reunión.

El incidente se produjo cuando estaba terminando de hablar el diputado socialista Esteban Paulón.

Otra contrapunto sucedió cuando el macrista Alejandro Finocchiario, quien defendía la política universitaria, afirmó: “acá hay un diputado que me llamó mentiroso y para mí mentiroso es un insulto muy grave. Y el diputado que me llamó mentiroso en ese momento se hace el sonso. Y yo le voy a decir una cosa… En el barrio en el que yo me crié, a los sonsos como usted, diputado, se les da un chirlo”.

El aludido fue Paulón, quien gritó “diga que fui yo” y en ese contexto Finocchiario agregó: “Diputado, estoy hablando de un chirlo. A ver, usted se merece un chirlo porque es un sonso”.

El clima de la comisión comenzó a tensionarse luego de la exposición de Álvarez, quien criticó con dureza a los legisladores y destacó que la justicia aceptó la apelación planteada por el Gobierno con lo cual “está a derecho”.

“Yo quiero destacar algo, que el gobierno siempre ha estado derecho y los funcionarios estamos siempre a tiro de denuncia, ¿no? Y hay muchos dirigentes opositores que tienen la denuncia fácil. Todavía no ha habido ninguna denuncia sobre nuestro incumplimiento respecto a esta ley. Yo los estoy esperando, que no tengo ninguna notificación, señor Paulon, de la vigencia de esta ley”, disparó

En esa línea, Álvarez subió el desafío a los opositores y dijo que “los voy a escuchar todas las horas que quieran, a insultarme y agraviarme en este lugar. No tenemos ningún problema, porque prefiero eso antes que lleven a los estudiantes a tirar piedras y tomar edificios”.

“El peor ejemplo es ver a un diputado de nuestra república tomar un edificio o llamar a la plaza de insurrección”, aseveró.

El secretario de Educacion dijo que los recursos que se destinan a las Universidades el 3,88 de los recursos generales en el 2027, “mientras que en el 2025 fue del 3,52 por ciento”.

El secretario de Educación señaló que “dentro del presupuesto, las universidades no perdieron lugar, sino que “lo ganaron” y el costo fiscal consolidado por cada profesional graduado se estima aproximadamente en 80 millones de pesos”.

“La autonomía no está en discusión; lo que exigimos es gestión responsable y transparente”, agregó. NA

La bancada radical reclama para votar el Presupuesto 2027 que se refuercen las partidas destinadas a atender las personas con discapacidad y se mantenga la actualización automática de la Asignación Universal de Protección Social, el cual el oficialismo quiere sancionar el 18 de noviembre en la Cámara de Diputados

La UCR tiene seis legisladores que son claves para que La Libertad Avanza (LLA) pueda sancionar el Presupuesto 2027, dado que se trata de un aliado que siempre acompaña los proyectos del oficialismo y con el cual busca reeditar alianzas electorales en varias provincias administradas por el radicalismo.

A diferencia del Senado, la bancada del radicalismo de diputados -que preside Pamela Verasay- responde a los mandatarios de la UCR de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Chaco, Leandro Zdero; de Corrientes, Juan Pablo Valdes; y del PRO de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Los radicales respaldan el dictamen de mayoría sobre discapacidad que se votará el miércoles, el cual mantiene el nomenclador nacional y establece un mecanismo permanente para actualizar las prestaciones por discapacidad, así como las pensiones no contributivas por invalidez.

En ese sentido, reclaman que se eliminen los artículos del Presupuesto que modifican la actual ley de discapacidad y se incluyan los artículos de ese despacho, así como las partidas correspondientes para cumplir con la norma.

Esta posición también es respaldada por el resto de los bloques que forman parte de Fuerzas del Cambio, el MID, el PRO y Por Santa Cruz.

Otro punto clave que pide la UCR es que se mantenga la actualización por inflación de la Asignación Universal para Protección Social, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y la ayuda escolar.

El Poder Ejecutivo eliminó el ajuste automático por inflación (la fórmula de movilidad) de estas asignaciones.

El Gobierno destina unos 9,18 billones de pesos al pago de esos beneficios sociales, que alcanzan a más de 4 millones de personas.

Los radicales aguardarán la exposición del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, para definir qué postura adoptarán, ya que el Gobierno estableció recursos por un total de 7,3 billones de pesos y las universidades piden 11 billones de pesos.

El diputado del MID, Eduardo Falcone, indicó a la Agencia Noticias Argentinas que se deben incluir los puntos del dictamen de mayoría sobre la ley de discapacidad y reforzar las partidas previstas en el Presupuesto Nacional.

Además, solicitó formalmente el incremento de las Becas Manuel Belgrano, las cuales están destinadas de forma exclusiva a impulsar carreras estratégicas para el desarrollo económico y tecnológico del país.

También pidió que se destinen de “manera urgente partidas presupuestarias y la reasignación de fondos remanentes de un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)” para reactivar la construcción de la autovía en el tramo Mercedes – Suipacha (y su posterior continuidad hacia Bragado).

En la misma línea, solicitó para la Ruta 3 la reactivación y finalización del tramo de 27 kilómetros entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs.

El Gobierno incluyó cuatro artículos que eliminaban puntos centrales de la Ley 27.793, que declaró la emergencia en discapacidad hasta fin de año, y ahora el oficialismo analiza anular estos puntos del Presupuesto 2027, los cuales son rechazados por todo el arco opositor.

La inclusión de estos artículos generó una fuerte polémica entre el oficialismo y los bloques opositores, incluidos los aliados de la Casa Rosada.

Por ese motivo, La Libertad Avanza promueve ahora un proyecto junto a otros bloques para mantener varios puntos de la ley en vigencia.

La bancada de LLA quiere debatir esa iniciativa el miércoles, mientras que la oposición busca sancionar una prórroga de la emergencia de discapacidad por un año más. (NA).

El presupuesto mensual se agota cada vez más rápido para la mayoría de los hogares argentinos, ya que dos de cada tres personas se quedan sin dinero a más tardar el día 20 del mes, con un pico del 72% entre los menores de 40 años y del 83,3% en la clase baja.

Los datos corresponden al Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora, que expone que casi cuatro de cada diez hogares no logran superar la primera quincena con sus recursos. En contraste, solo el 34% alcanza a cubrir todo el mes y apenas un 9,8% cuenta con capacidad de ahorro.

Ante este panorama, el 56,2% de la población recurrió al endeudamiento en el último semestre, con mayor incidencia en los menores de 40 años, y un 81,8% sostiene que su salario no le gana a la inflación.

En este contexto, la toma de deuda dejó de responder a decisiones de inversión o consumo diferido para convertirse en un mecanismo de subsistencia.

Entre quienes se endeudaron, un 55,1% lo hizo para financiar gastos básicos de alimentación y salud, un 21,3% utilizó el crédito para pagar tarifas y servicios públicos, mientras que únicamente un 11,8% destinó los fondos a la adquisición de bienes durables.

La finalidad del crédito varía según el nivel socioeconómico:

Clase baja: el 59,6% agota sus ingresos antes del día 15 y el 83,3% antes del día 20. La capacidad de ahorro se sitúa en un 0,9% y el 68,1% tomó deuda, utilizando en un 65,5% de los casos el dinero para cubrir necesidades primarias.

Clase alta: sólo el 20% se queda sin fondos antes del cierre mensual y el 61,9% logra ahorrar. Aunque el 36,5% recurrió al crédito, un 63,4% lo orientó a la compra de bienes durables.

Clase media: el 51,4% agota sus recursos antes de fin de mes y el 47,1% se endeudó. Si bien el 45,6% destinó la deuda a gastos primarios, registra la proporción más alta de endeudamiento para abonar tarifas y servicios públicos, alcanzando el 29% (frente al 18,2% en la clase baja y el 4,7% en la alta). (NA).

Este martes, mientras se desarrollaba la conferencia de prensa en la Unicen para anunciar la Quinta Marcha Federal Universitaria, el Congreso de la Nación comenzaba a tratar el Presupuesto 2027. Allí se desarrollará otro escenario donde las sesenta universidades públicas del país, representadas en el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) darán batalla en el reclamo por financiamiento.

En ese sentido, el rector de la Unicen, Marcelo Aba, expuso que el inicio del debate del presupuesto en las comisiones “le da un valor aún mayor a esta marcha, porque si no logramos que se incluya en el Presupuesto 2027 lo que representa la ley, finalmente la ley madre pasará a ser, como corresponde, el presupuesto”.

Indicó que si no se logran garantizar los recursos para implementar la ley, “tendremos una ley vigente que no va a tener correlato con un presupuesto que no la contempla”.

La Ley de Financiamiento fue aprobada dos veces por el Congreso, vetada otras dos, judicializada y avalada por una medida cautelar que planteó la inconstitucionalidad del segundo veto presidencial.

En tanto, Aba sostuvo que el inicio de la discusión de la Ley Madre, se erige como “un elemento más de por qué esta marcha es fundamental” y puso el foco en “el momento que estamos atravesando como sociedad y como universidad”.

El rector de la Unicen destacó que ayer “comenzó la discusión en el único espacio donde se puede llegar a concretar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Si no logramos que el Congreso revierta la falta de fondos para el sistema universitario en el presupuesto nacional, va a ser muy difícil que logremos luego la aplicación de la ley”.

Por ese motivo, expuso “una razón más y de mucho peso para pedir que nos acompañen en esta quinta marcha, justamente en el día en que la estamos convocando, en que se inicia el tratamiento del presupuesto nacional”.

Sobre las gestiones en el Congreso, Marcelo Aba confirmó que se están dando reuniones con integrantes de la Comisión de Educación y anticipó un pedido formal que ya cursó el bloque de Diputados de Unión por la Patria.

Indicó que ya elevaron un pedido formal a Jefatura de Gabinete para que Carlos Guberman, secretario de Hacienda de la Nación, asista a la Comisión de Educación “con las instrucciones de cómo quedaría el presupuesto con la aplicación de la ley, sobre todo a partir de este fallo”.

Si bien Aba reconoció que la cautelar sorteó la primera instancia, dijo que “es un fallo judicial que establece la inconstitucionalidad del decreto. Por lo tanto, ya no solamente está la cuestión legal parlamentaria, sino la propia Justicia diciendo que tendría que cumplirse”.

Volviendo a las negociaciones, señaló que “lógicamente” cada rector “por la cuestión regional o por algún tipo de afinidad, está trabajando con sus propios congresistas, en principio diputados, para tratar de sostener esa mayoría que nos dio en su momento la validez de la ley”.

Al evaluar los números, el rector de la Unicen ratificó que el CIN solicitó 11 billones para el funcionamiento del sistema universitario en 2027. “Es un número que surge de aplicar el IPC al presupuesto 2023. No tiene incremento en términos reales, es simplemente la aplicación sistemática de la inflación que ha habido, lo llevaría alrededor de 11 billones”, detalló.

Como contrapartida, señaló que “el Gobierno está ofreciendo 7,3”, aunque subrayó “una salvedad de la que poco hablamos. Además de faltar casi 4 billones de pesos, hay casi un billón que se lo reserva. O sea, de los 7 hay un billón que se lo reserva a la Subsecretaría para políticas propias”.

Reconoció que “históricamente ha habido fondos que se reservan, son los que se conocen como debajo de la línea y son cifras menores frente al presupuesto. En este caso estamos hablando de un billón de pesos que se reserva a la Subsecretaría (de Políticas Universitarias) para políticas de promoción que nadie las conoce, nadie sabe lo que es”.

Aba insistió con que “en realidad distribuido hay 6 billones, estamos prácticamente en la mitad. Ese billón que ha quedado debajo de la línea es de manejo discrecional de la propia subsecretaría. Nadie sabe muy bien para qué. O sea, que en realidad es más grave la situación todavía”.

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por la administración de Javier Milei prevé un crédito de 7.349.082.049.312 pesos para el conjunto de las universidades nacionales durante 2027. De ese total, 6.326.177.949.919 pesos corresponden a gastos de personal, funcionamiento y transferencias corrientes, mientras que otros 1.022.904.099.393 pesos figuran en partidas “debajo de la línea”.

El monto del proyecto está lejos de los 11 billones que reclama el CIN, que representa a los rectores de las 60 universidades públicas del país. La diferencia ronda el 33 por ciento y se concentra en el componente salarial, que representa cerca del 90 por ciento de los recursos del sistema.

El rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), Marcelo Aba, analizó el conflicto que atraviesa al sistema universitario y las medidas de fuerza convocadas por CONADU y CONADU Histórica para los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Durante una entrevista con La Mañana, programa que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1, sostuvo que el reclamo excede la cuestión salarial y alcanza al funcionamiento de las casas de altos estudios.

Las organizaciones gremiales reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición de los salarios docentes y nodocentes. CONADU resolvió un paro de 48 o 72 horas a partir del 30 de septiembre, mientras que CONADU Histórica confirmó una medida de 72 horas.

Aba señaló que, además de la pérdida del poder adquisitivo, existe preocupación por la falta de actualización de los recursos destinados al funcionamiento cotidiano de las universidades. “No ha habido recomposiciones de funcionamiento. Se planteó una recomposición del 20 por ciento para gastos corrientes, como luz y gas, que no se cumplió pese a estar comprometido”, explicó. En ese sentido, cuestionó las previsiones para el próximo ejercicio y sostuvo que el financiamiento proyectado no contempla las necesidades de las instituciones.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó ante el Congreso una propuesta de presupuesto universitario de 11 billones de pesos para 2027, mientras que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo contempla un monto menor. Según el CIN, la propuesta busca garantizar la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario.

El rector de la Unicen advirtió que las restricciones presupuestarias también repercuten sobre actividades que exceden la enseñanza, como la investigación, la ciencia, la tecnología y la extensión. “Cualquier acción en extensión, en vinculación con la comunidad, en la docencia misma o en investigación, si se corta, luego no se recupera”, enfatizó.

Aba explicó que la pérdida de investigadores, becarios y otros profesionales puede generar consecuencias a largo plazo para las universidades. “Uno pierde el capital humano, pierde los recursos humanos y la vinculación con la sociedad. Los becarios o los investigadores se van a trabajar a la actividad privada y todo eso que se pierde después son años de recuperación”, sostuvo.

El planteo se da en un contexto en el que las universidades públicas reclaman previsibilidad presupuestaria para el próximo año. El CIN sostuvo que los recursos solicitados contemplan salarios, becas, gastos de funcionamiento, ciencia, tecnología e infraestructura.

A pesar de las dificultades planteadas, Aba destacó proyectos que continúan desarrollándose dentro de la Unicen y que buscan responder a nuevas demandas productivas y tecnológicas. Como ejemplo, mencionó un simulador de soldadura desarrollado por la Facultad de Ciencias Exactas, que ya se encuentra operativo en Vaca Muerta para la capacitación de técnicos en oficios especializados.

Marcelo Aba también se refirió a los desafíos que plantea la incorporación de la inteligencia artificial en la formación profesional. “La universidad está preocupada y ocupada en cómo formar profesionales que se adapten a la nueva realidad”, señaló.

En ese marco, explicó que la institución trabaja en protocolos y lineamientos para el uso de estas herramientas, con especial atención a la necesidad de incorporar una mirada crítica sobre sus alcances y riesgos.

Por último, Aba se refirió a la movilización prevista para el 2 de octubre y convocó a la comunidad a participar de la jornada en defensa de la universidad pública.

La medida se inscribe en el conflicto por la aplicación de la Ley 27.795. El pasado 25 de septiembre, la propia Unicen informó que el rector había analizado una resolución judicial que intimó al Estado Nacional a cumplir con una medida cautelar vinculada con el financiamiento universitario y la recomposición salarial..

El bloque de senadores bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) volvió a apuntar contra la administración de Axel Kicillof y aseguró que el gasto destinado a la planta política provincial aumentó un 44% en términos reales entre 2024 y 2025, es decir, descontado el efecto de la inflación.

La cifra forma parte de un informe elaborado por los legisladores libertarios para acompañar la presentación de un proyecto de ley que busca establecer un “régimen de transparencia activa” en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa es impulsada por el senador Diego Valenzuela y propone que distintos datos de la gestión pública sean publicados y permanezcan actualizados en una plataforma de acceso abierto.

El proyecto fue ingresado formalmente en el Senado bonaerense bajo el expediente E 361/2026-2027 y actualmente se encuentra en estudio en la Comisión de Modernización del Estado, Participación Ciudadana e Innovación Tecnológica.

Entre la información que debería estar disponible se incluyen el nivel de ejecución presupuestaria, el estado de las cuentas públicas, los resultados de las empresas estatales, los subsidios otorgados, la cantidad de personal y la asistencia financiera a los municipios.

El objetivo, según plantearon sus impulsores, es modificar el actual esquema para que esos datos no deban obtenerse únicamente mediante pedidos específicos de acceso a la información, sino que sean publicados de manera permanente y actualizada.

De acuerdo con el proyecto, entre los “sujetos obligados” estarían el Poder Ejecutivo, las dos cámaras de la Legislatura, organismos constitucionales como el Tribunal de Cuentas, la Contaduría General, la Fiscalía de Estado y la Tesorería, además de empresas y sociedades estatales, concesionarias de servicios públicos y entidades que reciban subsidios provinciales.

En paralelo con la iniciativa, el bloque libertario difundió un informe en el que sostuvo que el denominado “gasto político”, correspondiente a la dirección superior ejecutiva dentro del gasto de administración, creció un 44% en términos reales entre 2024 y 2025.

Según el análisis presentado por LLA, ese rubro alcanzó los $369,2 mil millones, mientras que los gastos de la Legislatura registraron durante el mismo período un incremento real del 16%.

El documento también cuestionó la evolución de la asistencia social y señaló dificultades financieras en diferentes organismos y empresas públicas. Entre ellos mencionó al Instituto de Previsión Social (IPS), Astillero Río Santiago, Aguas Bonaerenses (ABSA) y Buenos Aires Gas (Bagsa).

“Lo importante es que estén los datos, porque si no, la discusión de las políticas públicas es muy difícil”, sostuvo Valenzuela durante la presentación.

Por su parte, el senador Matías de Urraza cuestionó los tiempos en los que la oposición recibe determinada información oficial. “Ayer nos dieron los datos del primer semestre, justo cuando estamos por comenzar a discutir el presupuesto del año que viene”, afirmó.

Desde el bloque libertario adelantaron además que trabajan en otros proyectos vinculados con la transparencia y el control de las cuentas públicas. Entre ellos aparece una propuesta para modificar el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, organismo encargado de auditar el manejo financiero de la Provincia y los municipios.

De la presentación participaron también el presidente del bloque de LLA en el Senado, Carlos Curestis, y los legisladores Gonzalo Cabezas y Analía Balaudo.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó las proyecciones incluidas en el Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional y aseguró que los números previstos para el próximo año “son un dibujo”. Al mismo tiempo, confirmó que la Provincia avanza en la elaboración de su propia ley de leyes y buscará enviarla próximamente a la Legislatura.

Durante su habitual conferencia de prensa de los lunes, el funcionario apuntó particularmente contra las estimaciones realizadas por la administración de Javier Milei, que proyectan para 2027 un crecimiento de la actividad económica del 4 por ciento y una inflación anual del 18 por ciento.

“Todos estos años las proyecciones fueron un dibujo, no le pegaron a nada y, de hecho, le pasaron bastante lejos al aumento de la actividad económica y a las tasas de inflación”, sostuvo Bianco al referirse a los números contemplados en el proyecto nacional.

El ministro también se refirió a versiones periodísticas sobre supuestas diferencias entre el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la elaboración de las proyecciones macroeconómicas.

“Estaba viendo notas el fin de semana que hubo hasta tironeos muy fuertes entre el ministro de Economía que había hecho unas proyecciones y el Presidente les pidió cambiarlas como si fuera algo de voluntad, no algo que se construye científicamente”, expresó.

En ese sentido, Bianco agregó: “No le gustaron los números que le presentó Toto Caputo al Presidente y le pidió cambiarlos”.

Más allá de sus críticas al proyecto nacional, el funcionario explicó que las estimaciones elaboradas por Nación resultan necesarias para que la administración bonaerense pueda terminar de confeccionar su propio Presupuesto.

La Provincia tenía previsto presentar el proyecto antes de finalizar agosto, pero solicitó una prórroga debido a que todavía no se habían conocido las variables macroeconómicas contempladas por el Gobierno nacional para el próximo ejercicio.

Con esos datos ya disponibles, el Ejecutivo encabezado por Axel Kicillof trabaja ahora en la etapa final de elaboración del proyecto que deberá ser enviado a la Legislatura bonaerense.

Por el momento, Bianco evitó establecer una fecha concreta para la presentación, aunque anticipó que será “más temprano que tarde”.

“No tengo el día exacto, pero estamos trabajando para poder presentar el Presupuesto lo antes posible, hacer lo que corresponde y avanzar en su tratamiento en la Legislatura”, concluyó el ministro.

La senadora nacional Patricia Bullrich desmintió al jefe de Gabinete, Diego Santilli, respecto a que las modificaciones en materia de discapacidad incluidas en el Presupuesto hubieran sido tratadas en la Mesa Política del Gobierno. La legisladora sostuvo que "no vale decir una cosa que no es" y calificó de mentira la versión que indicaba que ella se había retirado antes de la reunión donde se abordó el tema.

En declaraciones a La Nación+, Patricia Bullrich aseguró que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tampoco conocía las modificaciones y que ambos se anoticiaron al leer el proyecto. "Eso de que después lo hablaron no es así. Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos", expresó la exministra de Seguridad.

La legisladora aclaró que no busca un enfrentamiento con el jefe de Gabinete, aunque advirtió que el Gobierno no debería insistir con el tema de la discapacidad. Al respecto, calificó la situación como un "error no forzado" y planteó que el oficialismo se encamina a "tropezar por tercera vez con la misma piedra".

Sobre la gestión económica, Patricia Bullrich reafirmó que el superávit fiscal y las metas de inflación "no se negocian", ya que un Presupuesto con déficit generaría incertidumbre. Asimismo, manifestó su intención de conversar personalmente con el presidente Javier Milei para encontrar modificaciones que permitan alcanzar un acuerdo en el Congreso.

Finalmente, la senadora se refirió a la posible suspensión de las elecciones PASO, indicando que la decisión dependerá de los acuerdos políticos que logre construir el oficialismo con otras fuerzas, incluyendo al PRO, sectores del radicalismo, gobernadores y partidos provinciales.

Mientras ultima los detalles del Presupuesto bonaerense que enviará a la Legislatura, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó este lunes los números que presentó la administración nacional para 2027 y aseguró que "son un dibujo".

En su habitual conferencia de prensa, el funcionario cuestionó las proyecciones incluidas en el Presupuesto 2027 presentado por la gestión del presidente Javier Milei, particularmente las referidas al crecimiento de la actividad económica del 4 por ciento y a la inflación del 18%. "Todos estos años las proyecciones fueron un dibujo, no le pegaron a nada y, de hecho, le pasaron bastante lejos al aumento de la actividad económica y a las tasas de inflación", aseguró.

El ministro se hizo eco de las versiones sobre las diferencias en torno a las proyecciones elaboradas por el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, y señaló que, a su entender, los números presupuestarios deberían surgir de criterios técnicos. "Estaba viendo notas el fin de semana que hubo hasta tironeos muy fuertes entre el ministro de Economía que había hecho unas proyecciones y el Presidente les pidió cambiarlas como si fuera algo de voluntad, no algo que se construye científicamente", contó el funcionario.

En esa misma línea, el ministro añadió: "No le gustaron los números que le presentó Toto Caputo al Presidente y le pidió cambiarlos".

Más allá de sus cuestionamientos, Carlos Bianco explicó que la Provincia necesita tomar las proyecciones macroeconómicas nacionales como referencia para elaborar su propio proyecto. La iniciativa iba a ser presentada antes de fin de agosto, pero se aplicó una prórroga debido a que recién la semana pasada se conocieron los datos nacionales.

En ese sentido, dijo que todavía no hay una fecha precisa para presentar la ley de leyes bonaerense, pero estimó que será "más temprano que tarde".

"No tengo el día exacto, pero estamos trabajando para poder presentar el Presupuesto lo antes posible, hacer lo que corresponde y avanzar en su tratamiento en la Legislatura", concluyó el ministro.

La abogada Gabriela Marti, reconocida por su labor en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, expresó su preocupación ante el proyecto de presupuesto nacional que contempla recortes en esta área sensible. Durante su participación en Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, la letrada subrayó que el Estado no puede desentenderse de sus obligaciones, dado que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad posee rango constitucional en nuestro país.

Marti enfatizó que, más allá de las decisiones políticas de ajuste, existe una barrera legal: el cumplimiento de las normas. “El Estado argentino aprobó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y esto hace que el Estado tenga la obligación de poner en funcionamiento y aplicar políticas en materia de discapacidad”, afirmó.

La especialista explicó que el sistema atraviesa una situación crítica debido a la falta de cumplimiento de la ley de emergencia, cuya vigencia finaliza el 31 de diciembre. Según detalló, si el Congreso no prorroga esta normativa, el pago de las prestaciones adeudadas podría volverse inviable. A esto se suma el desfasaje del nomenclador frente a la inflación y las restricciones para acceder a pensiones no contributivas.

Al ser consultada sobre las consecuencias directas de estas medidas, Gabriela Marti fue contundente: “Si vos reducís el fondo, pasa lo que está pasando ahora. Es decir, las obras sociales cada vez dan menos coberturas y aparte es aleatorio”. La profesional señaló que, ante un mismo diagnóstico, la respuesta de las prestadoras puede variar, dejando a muchas personas sin acceso a terapias fundamentales, acompañantes terapéuticos, medicación o una escolaridad adecuada.

Para la abogada, el conflicto trasciende lo administrativo y se traduce en un drama cotidiano para quienes necesitan estas prestaciones. “En algunos casos va la vida, porque a veces hay personas que tienen un certificado de discapacidad y la obra social no te brinda los medicamentos”, advirtió.

La falta de cobertura obliga a las familias a reorganizar su vida y afrontar un desgaste emocional y económico constante.

Marti detalló que, ante la negativa de las obras sociales, solo una pequeña parte de los afectados recurre a la Justicia. “De 100 personas que tienen un certificado, a algunas les digo que no al 100% de lo que me piden, a otras les digo que no al 50%. De esas 100 personas, ocho o nueve irán a consultar a un abogado a ver qué herramientas tienen como para salir de esa situación y de esas 8, 10, tres o cuatro interponen un recurso de amparo”, graficó.

Si bien la Justicia suele responder favorablemente mediante los amparos, Gabriela remarcó que los tiempos judiciales no siempre coinciden con las necesidades urgentes de los pacientes. También cuestionó la falta de información por parte de las obras sociales y prepagas, que, según indicó, no siempre notifican a sus afiliados sobre los derechos vinculados al certificado de discapacidad.

Ante este escenario, muchas familias deben buscar asesoramiento legal externo para acceder a prestaciones que consideran indispensables.

Finalmente, Gabriela Marti sostuvo que, si bien la problemática ha ganado visibilidad en la agenda pública respecto de años anteriores, todavía falta una política de Estado sólida y sostenida. “Esto no es una cuestión de un gobierno de turno, esto viene de larga data. Hay que trabajar y se habla, y hoy lo podemos hablar, pero la realidad es que es desgastante porque me parece que ya hay que empezar a trabajar de verdad”, concluyó.

El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno ante el Congreso nacional plantea un escenario de ajuste para el sector educativo, al tiempo que prioriza el despliegue de infraestructura militar y logística en el sur del país. Según el documento, la función Educación y Cultura contará con 11,20 billones de pesos, lo que implica una caída real cercana al 2,2 por ciento frente a una inflación estimada del 30 por ciento.

La situación genera especial preocupación en el ámbito universitario. El proyecto asigna 7,35 billones de pesos para las universidades nacionales, una cifra que se ubica 3,65 billones de pesos por debajo de lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para garantizar el funcionamiento del sistema. Ante este escenario, los gremios han convocado a la quinta Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, mientras que la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció un cronograma de paros escalonados.

“No podemos normalizar que un gobierno decida caprichosamente qué ley cumple y cuál no”, afirmó el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci.

Por su parte, el presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, advirtió sobre las consecuencias de esta medida:

“Si el Congreso aprueba el Presupuesto en las condiciones planteadas por el Ejecutivo, todas las funciones y programas que brindan las universidades se van a ver afectados”.

En contrapartida, el ministro de Defensa, Carlos Presti, detalló que el Ejecutivo destinará 350 millones de dólares entre 2026 y 2027 para obras en la Base Naval Integrada de Ushuaia y la Base Antártica Conjunta Petrel. El plan incluye la construcción de un muelle de 585 metros y capacidad logística para operaciones conjuntas de las fuerzas armadas. Asimismo, el Gobierno solicitó autorización para tomar deuda por hasta 3.500 millones de dólares destinados a la compra de tres submarinos y dos fragatas multimisión.

El secretario de Finanzas y encargado de explicar el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, Federico Furiase, evitó este viernes pronunciarse sobre la polémica que desataron los cambios en la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los recortes en discapacidad.

“Si me dejas prefiero excusarme y no meterme en lo que está politizado”, respondió el funcionario al ser consultado sobre el tema durante una entrevista en Radio Rivadavia. 

A diferencia de otros años, el Gobierno nacional decidió que la presentación del proyecto de presupuesto se realice con perfil bajo. El presidente Javier Milei no asistió al Congreso ni realizó una cadena nacional, tal como ocurrió en las iniciativas para 2025 y 2026. Asimismo, el ministro de Economía, Luis Caputo, no irá al Parlamento para brindar explicaciones. La comunicación quedó en manos de Federico Furiase, quien evitó detallar cómo se impuso esa redacción en el proyecto.

En otro orden, el secretario remarcó que el presupuesto “ha dejado de ser un dibujo y reflejó el espíritu del programa que es el ancla fiscal con 1,3% de resultado primario y 0,2% financiero”. 

Sobre la mirada de los inversores, sostuvo: “Siempre el mercado mira el presupuesto porque es un aspecto de la gobernabilidad y tener el respaldo político es un plus. Pero los mercados saben que el ancla fiscal va más allá de cualquier acuerdo político. El compromiso con el ancla fiscal es inquebrantable y eso el mercado lo da por descontado”.

En esa misma línea, agregó que para el equipo económico “no va a haber volatilidad en 2027 porque el presidente va a llegar mucho mejor en lo que refiere a su posicionamiento político y fortaleza económica”. El funcionario indicó que “las encuestas van a estar muy bien, pero de todas formas nos preparamos para un escenario de volatilidad”.

Respecto al financiamiento, el secretario aseguró: “Tenemos el programa financiero cerrado para este año y el año que viene sin depender de los mercados internacionales”. Añadió que se realizó un “trabajo para que el 50% de los vencimientos en moneda local venzan post octubre 2027”. Finalmente, precisó que se cuenta con “el swap con China y con Estados Unidos y además una balanza comercial superavitaria”.

“Tener una economía estable en este contexto tan adverso habla de la fortaleza del programa macroeconómico”, resaltó, al tiempo que afirmó: “Si nos hubiese agarrado este shock con déficit fiscal y energético estaríamos patas para arriba. Que la gente no se esté enterando de eso es espectacular”. Por último, negó que exista una crisis en la microeconomía al señalar: “No coincido con esto del metro cuadrado y que la macro no llega a la micro porque los números no dicen eso”.

El Gobierno de Javier Milei volvió a incluir en el proyecto de Presupuesto 2027 una modificación que apunta a eliminar el mecanismo de actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones familiares que paga la Anses.

La iniciativa quedó plasmada en el artículo 17 del proyecto enviado al Congreso, que propone derogar los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160. El primero de ellos establece actualmente la movilidad de las asignaciones familiares y dispone que el ajuste alcance tanto a los montos de las prestaciones como a los límites y rangos de ingresos del grupo familiar utilizados para determinar quiénes pueden acceder al beneficio.

Actualmente, los montos se actualizan mensualmente siguiendo el mecanismo de movilidad vigente, vinculado a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La normativa establece además que la aplicación del índice no puede provocar una disminución en el valor de las asignaciones.

La eliminación de ese esquema no implicaría necesariamente el congelamiento de las prestaciones, pero sí quitaría la actualización automática establecida por ley. De aprobarse el artículo tal como fue enviado, el Poder Ejecutivo tendría mayor margen para determinar los incrementos, ya que el proyecto no incorpora una fórmula automática que reemplace a la vigente.

No es la primera vez que la administración de Milei intenta avanzar en esa dirección. Una modificación similar había sido incluida en la discusión presupuestaria anterior, aunque finalmente no prosperó en el Congreso.

La medida alcanza un universo amplio de prestaciones. Además de la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE), el régimen comprende las asignaciones por hijo, hijo con discapacidad, prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar, entre otras.

Para 2027, las planillas presupuestarias contemplan $14,35 billones para el conjunto de las asignaciones familiares, frente a los $11,68 billones estimados para 2026. Esto representa un incremento nominal del 22,9 por ciento, aunque el monto global no permite determinar de antemano cuánto aumentaría cada prestación durante el próximo año.

En septiembre, la AUH tiene un valor bruto de $154.031 por hijo menor de 18 años. De ese monto, la Anses paga mensualmente el 80 por ciento, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20 por ciento restante queda retenido hasta el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

La discusión quedará ahora en manos del Congreso, que deberá tratar el Presupuesto 2027 y definir, entre otros puntos, si mantiene o elimina el mecanismo legal que garantiza la movilidad automática de las asignaciones.

El Gobierno proyecta para 2027 un crecimiento de la economía del cuatro por ciento, una inflación del 18 y un tipo de cambio que alcanzará los 1.847 pesos en diciembre.

Estos datos serán los principales lineamientos del proyecto de Presupuesto que será enviado este martes a la Cámara de Diputados.

La iniciativa comenzará a debatirse en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja el próximo 7 de octubre, con las exposiciones de los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Federico Matías Furiase, según informaron fuentes parlamentarias a Noticias Argentinas.

De acuerdo con el borrador del proyecto, el Gobierno estima que el consumo privado crecerá 3,4 por ciento, mientras que el consumo público avanzará 0,6.

La inversión aparece como uno de los principales motores de la actividad, con una expansión proyectada del 9,2 por ciento, luego de una caída estimada de 2,1 puntos durante 2026.

En materia comercial, el Ejecutivo contempla exportaciones superiores a los 130 mil millones de dólares y un saldo favorable de la balanza comercial de bienes y servicios superior a los 15 mil millones de dólares.

Las nuevas proyecciones se conocen luego de que las estimaciones oficiales para 2026 quedaran por debajo de los registros observados hasta el momento.

Para este año, el Gobierno había previsto una inflación cercana al 10,1 por ciento, mientras que, según los datos citados en el proyecto, el acumulado hasta septiembre alcanza el 21,3.

También había estimado un crecimiento económico del 5,4 por ciento para 2026, aunque la proyección actual lo ubica en torno al 2,3.

El Gobierno nacional dio a conocer los principales lineamientos del Presupuesto 2027, que será enviado a la Cámara de Diputados para iniciar su tratamiento en el Congreso. Entre las variables centrales aparecen una inflación del 18% punta a punta, un crecimiento económico del 4% y un dólar mayorista de $1.847,60 para fines del próximo año.

Las previsiones fueron analizadas este martes durante una reunión de la mesa política del Gobierno, que se extendió durante más de tres horas. Allí, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó los principales indicadores utilizados para elaborar el proyecto.

En materia de precios, el Presupuesto contempla para 2027 una inflación acumulada del 18% entre diciembre y diciembre, mientras que el promedio anual se ubicaría en torno al 21,1%. A su vez, proyecta que los salarios tendrán una mejora promedio del 25,4%.

Otro de los puntos centrales es el nivel de actividad. El Ejecutivo estima que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá un 4% durante 2027, después de una expansión prevista del 3% para 2026. Esta última cifra representa una corrección respecto del 5% que había sido contemplado originalmente en el Presupuesto 2026.

El proyecto también vuelve a poner el foco en el equilibrio de las cuentas públicas. Para 2026, el Gobierno proyecta cerrar con un superávit primario equivalente al 1,3% del PBI, mientras que para 2027 prevé sostener esa misma pauta.

Desde el Ejecutivo destacaron además que el próximo ejercicio marcaría, según sus cálculos, cuatro años consecutivos de superávit financiero. Caputo sostuvo que sería la primera vez que se alcanza esa secuencia en el país sin encontrarse en una situación de default.

En relación con el dólar, el escenario oficial contempla que el tipo de cambio mayorista termine 2026 en $1.600 y llegue a $1.847,60 a fines de 2027, mientras que el promedio durante el próximo año se ubicaría en aproximadamente $1.728.

Desde el Gobierno aclararon que el valor incluido en el Presupuesto no constituye una predicción sobre la cotización futura, sino que surge de aplicar la inflación estimada para el próximo año sobre el tipo de cambio utilizado como referencia.

El escenario oficial también contempla un fuerte movimiento del comercio exterior. El Ejecutivo proyecta exportaciones de bienes y servicios superiores a los US$130.000 millones, junto con un saldo comercial favorable de más de US$15.000 millones.

Con estas variables como punto de partida, el Presupuesto 2027 comenzará ahora su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados, donde deberán discutirse tanto las estimaciones macroeconómicas como la distribución de ingresos y gastos prevista por el Gobierno para el próximo año.

El Gobierno nacional girará hoy a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027, cumpliendo con el plazo previsto para la presentación de la iniciativa. El texto oficial expondrá las proyecciones sobre las principales variables macroeconómicas en un contexto de año electoral, con especial atención en la inflación, el nivel de actividad, los ingresos del Estado, el saldo fiscal y la cotización del dólar.

Una de las mayores expectativas recae en la posible incorporación del mecanismo de shutdown, una iniciativa anunciada por el presidente Javier Milei en cadena nacional. Este sistema propone un freno automático a la prestación de servicios del sector público ante déficits fiscales consecutivos. Según explicó el mandatario, el objetivo es establecer consecuencias automáticas si el resultado fiscal permanece en déficit durante varios meses, otorgando al Congreso un plazo limitado para alcanzar el equilibrio.

“Este proyecto va a hacer que el que las hace finalmente las paga”.

El presidente detalló que, bajo este esquema, se paralizarían actividades no esenciales, se congelarían gastos nuevos y se suspenderían los salarios de las autoridades políticas, incluyendo al presidente, vicepresidente, legisladores y ministros. No obstante, el proyecto exceptuaría áreas críticas como jubilaciones, salud, seguridad y defensa nacional.

En cuanto a las proyecciones económicas, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estima una inflación del 20,5% para 2027, lo que marcaría una desaceleración respecto al 30% previsto para 2026. Consultoras privadas como C&T Asesores Económicos e Invecq mantienen perspectivas diversas, aunque todas coinciden en una tendencia a la baja del índice inflacionario.

Respecto a la actividad económica, el REM proyecta un crecimiento del 2,9% del PBI, superando el 2,1% estimado para el año en curso. El ministro de Economía, Luis Caputo, ha señalado que el 2027 no presentará la dinámica cambiaria típica de un año electoral, apoyándose en el fortalecimiento de las reservas y acuerdos internacionales. El tratamiento formal de los números comenzará tras la reunión de mesa política prevista para este martes.

El debate del Presupuesto se desarrollará mientras la campaña electoral ya comenzó a desplegarse tanto a nivel nacional como en las provincias, una situación que podría complicar las negociaciones del oficialismo con los gobernadores y los bloques dialoguistas, que comenzarán a priorizar sus propios intereses electorales.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno deberá girar este martes a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de gastos y recursos para 2027, tal como establece la Ley de Administración Financiera.

La iniciativa tendrá como ejes centrales el mantenimiento del equilibrio fiscal, la consolidación de la estabilidad macroeconómica y la continuidad del proceso de reducción de la inflación.

El presidente Javier Milei adelantará precisiones sobre el proyecto el próximo lunes a diputados y senadores en un encuentro que se realizará en la Casa Rosada.

En esa reunión también se brindarán detalles de la iniciativa destinada a endurecer las penas contra las empresas que operen en las Islas Malvinas sin autorización del Gobierno argentino.

Tras el envío del tercer presupuesto de su gestión -el oficialismo recién logró aprobar uno el año pasado, durante las sesiones extraordinarias- el Gobierno deberá iniciar una nueva ronda de negociaciones con los gobernadores y los bloques aliados para conseguir la sanción de la denominada “ley de leyes”.

La estrategia política comenzará a definirse en la Mesa Política que se reúne los martes, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Allí se establecerán los lineamientos que seguirá el oficialismo para negociar con los distintos bloques de la Cámara baja.

Las tratativas se desarrollarán en paralelo al debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Bertie Benegas Lynch, mientras que también tendrá un papel central el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Poroteo

El principal desafío para el Gobierno estará en reunir los 129 votos en la Cámara de Diputados para tener quórum, y aprobar el proyecto y, especialmente, para sostener los artículos centrales durante la votación en particular.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo cuenta con el respaldo de distintos bloques aliados con los que, además, busca construir una alianza electoral, entre ellos el PRO, la UCR, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y Producción y Trabajo.

Sin embargo, esos respaldos no alcanzarían por sí solos para garantizar la aprobación del Presupuesto, por lo que el oficialismo necesitará sumar al menos una decena de votos adicionales en determinados tramos de la votación.

El problema para la Casa Rosada es que varios de los actuales aliados parlamentarios an comenzado a tomar distancia a medida que se acerquen las elecciones y los gobernadores empiecen a concentrarse en sus propias campañas.

Ese es el caso de los espacios de Argentina Federal, vinculados a los mandatarios de Misiones, Hugo Passalacqua; Salta, Gustavo Sáenz; y el espacio Independencia, que tiene como principal referencia al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.

Esos sectores ya comenzaron a marcar diferencias con el oficialismo en debates sensibles, como los proyectos vinculados al endeudamiento y a la emergencia en discapacidad.

Esa tensión podría profundizarse cuando llegue el momento de discutir la distribución de recursos prevista en el Presupuesto 2027 y su impacto sobre las cuentas provinciales.

El escenario será todavía más complejo porque el Gobierno no parece dispuesto a flexibilizar los principales lineamientos que sostienen su programa económico, especialmente el equilibrio fiscal.

Detalles

El Gobierno Nacional realizó en julio un adelanto del Presupuesto 2027 ante la Cámara de Diputados, en el que anticipó un escenario de reducción de la inflación, recuperación del salario real y continuidad de la estabilidad macroeconómica durante el año electoral.

En un documento de 17 páginas, el ministro de Economía, Luis Caputo, cumplió con la obligación de presentar un adelanto de las principales variables del proyecto, que deberá ser enviado al Congreso el 15 de septiembre, según establece la Ley de Administración Financiera.

El documento sostiene que las proyecciones macroeconómicas para el período 2027-2029 contemplan “la continuidad del proceso de normalización y crecimiento de la economía argentina”, en un contexto caracterizado por la consolidación de la estabilidad macroeconómica, la reducción de la inflación y la recuperación de los principales agregados de la demanda.

El Ejecutivo prevé “una desaceleración significativa de la inflación”, que contribuiría a fortalecer la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible de los hogares, además de mejorar las condiciones para las decisiones de consumo e inversión.

Respecto del crecimiento, el Gobierno estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) durante 2027 estará impulsado principalmente por una mejora de la inversión, que permitiría generar mejores condiciones para el desarrollo de proyectos productivos, junto con una recuperación del consumo privado y una contribución positiva del sector externo.

En materia laboral, el Ejecutivo proyectó que el mercado de trabajo continuará mostrando una evolución favorable, con una reducción de la tasa de desempleo y una generación de puestos de trabajo acompañando el crecimiento de la actividad económica.

También estimó que la pobreza y la indigencia continuarán descendiendo durante el período proyectado.

En cuanto a los recursos tributarios, el Gobierno calculó que entre 2027 y 2029 habrá “un leve incremento real anual de los recursos durante el trienio”, principalmente explicado por la evolución de la actividad económica y el crecimiento de las exportaciones.

Sin embargo, el documento también ratifica uno de los principales lineamientos económicos de la gestión: continuar reduciendo la presión sobre el sector privado. (Agencia NA).

El presidente Javier Milei encabezará hoy en la Casa Rosada una nueva reunión de Gabinete, en el inicio de una semana que estará marcada por el seguimiento de las medidas sobre la cuestión Malvinas, la definición del Presupuesto 2027 y la estrategia legislativa del oficialismo.

El encuentro se consolida como parte de la dinámica de reuniones semanales impuesta por el Presidente para evaluar la gestión por áreas y fijar prioridades políticas. Se tratará de la tercera convocatoria consecutiva en tres semanas, tras los encuentros del 24 de agosto y el martes pasado.

Durante la reunión, los ministros repasarán los avances en torno al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, luego de los anuncios realizados por Milei en cadena nacional el jueves. Dichas medidas incluyeron el endurecimiento de sanciones para empresas que exploten hidrocarburos sin autorización argentina y el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que prevé la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

En el Gobierno evaluaron favorablemente el impacto inicial de los anuncios, tras el repliegue de grandes compañías internacionales de servicios petroleros en el proyecto Sea Lion que se desarrolla en las aguas que rodean al archipiélago.

Otro de los puntos centrales de la agenda será el Presupuesto 2027, cuyo proyecto debe ser enviado al Congreso antes del 15 de septiembre. La propuesta mantendrá como premisa innegociable el equilibrio fiscal, lo que anticipa complejas negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas en relación con la obra pública y los recursos provinciales.

En el armado de la estrategia parlamentaria tendrán un rol clave el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el diálogo con las provincias, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Además del proyecto presupuestario, la Casa Rosada busca impulsar en el Congreso iniciativas como la reforma electoral. (NA).