La Secretaría General de la Presidencia, bajo la conducción de Karina Milei, registró un incremento significativo en el presupuesto destinado a los denominados gastos flexibles de la Casa Rosada. En el transcurso de un año, este fondo se multiplicó por 2,4, pasando de 471 millones de pesos a una cifra superior a los 1.135 millones de pesos.

El esquema administrativo opera mediante un sistema de tarjetas corporativas estatales asignadas a distintos funcionarios. A pesar de la magnitud de los montos, el Gobierno decidió no hacer públicos los detalles de los consumos ni las rendiciones de cuentas correspondientes. El aumento presupuestario quedó formalizado a través de la Resolución 35/2026, firmada a fines de enero y publicada en el Boletín Oficial a principios de febrero.

Según se informó, la normativa estableció un límite de gastos individuales de 50 millones de pesos por operación, con excepciones únicamente para el pago de servicios básicos, débitos por embargos y costos vinculados a viajes presidenciales. Ante un pedido de acceso a la información pública, la dependencia oficial confirmó que, con datos actualizados al 10 de junio, existen 140 tarjetas recargables vigentes, tres tarjetas de crédito corporativas y 62 usuarios habilitados en la plataforma Corporativa Nación.

La respuesta oficial resultó incompleta, ya que el Ejecutivo omitió entregar los resúmenes mensuales, el listado de proveedores, las facturas y los expedientes de rendición solicitados. Si bien se proporcionó la nómina de funcionarios vinculados a los plásticos, no se aportó documentación que permita verificar el uso de los fondos públicos.

Entre los nombres que integran el sistema figuran Karina Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel —quien posee dos plásticos del Fondo Rotatorio—, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el director de Realización Audiovisual, Santiago Oría.

La falta de desglose genera interrogantes, dado que el convenio con el Banco Nación permite visualizar en línea las transferencias y movimientos. Asimismo, el manual interno exige registrar cada operación en un expediente electrónico con facturas a nombre de la dependencia. Actualmente, la Dirección de Sumarios mantiene abierta una investigación interna por un posible uso irregular de estas tarjetas corporativas.

La fuerte disputa interna que atraviesa al peronismo bonaerense volvió a impactar de lleno en la actividad legislativa. Por segundo día consecutivo, la comisión de Presupuesto de la Legislatura provincial no logró avanzar en el tratamiento de las modificaciones al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, una herramienta considerada fundamental por los intendentes ante la caída de la coparticipación y las crecientes dificultades para afrontar gastos corrientes.

La iniciativa busca modificar el esquema actual para que el 100% de los recursos del fondo pueda ser utilizado con libre disponibilidad por los municipios, en lugar del 70% vigente. Además, plantea que la distribución se realice utilizando el mismo coeficiente que se aplica para la coparticipación provincial.

El proyecto con mayores posibilidades de avanzar fue presentado por el bloque UCR + Cambio Federal, aunque el principal obstáculo no está vinculado al reparto de los fondos sino al funcionamiento de una comisión bicameral prevista en la ley original.

La controversia gira en torno a una propuesta para ampliar las atribuciones de esa comisión legislativa, que tendría la facultad de autorizar las transferencias de recursos a los municipios y realizar un seguimiento más exhaustivo de la ejecución presupuestaria provincial, incluyendo informes sobre la evolución de indicadores económicos y el estado de la deuda pública.

En ese punto afloraron nuevamente las diferencias dentro del oficialismo. El sector alineado con el gobernador Axel Kicillof rechaza que la bicameral tenga poder para habilitar el envío de fondos, mientras que La Cámpora, el massismo y la oposición respaldan esa posibilidad.

Desde el entorno del gobernador sostienen que la medida busca generar un mecanismo de condicionamiento político hacia los intendentes. En cambio, quienes impulsan la reforma argumentan que el Ejecutivo provincial intenta evitar un control más estricto sobre variables sensibles de su gestión económica.

La falta de consenso impidió que el proyecto obtuviera dictamen, por lo que, en principio, no podría ser tratado en la próxima sesión legislativa prevista para la semana entrante, siempre y cuando esa sesión finalmente se concrete.

Mientras tanto, la parálisis legislativa genera inquietud en numerosos municipios bonaerenses. Las comunas enfrentan un escenario financiero cada vez más complejo debido a la reducción de los ingresos por coparticipación, el aumento de los costos operativos y una mayor demanda de servicios esenciales, especialmente en materia de asistencia social y atención sanitaria.

El Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal fue creado como parte de los acuerdos alcanzados para aprobar el endeudamiento provincial solicitado por Kicillof. Se financia con el 8% de las colocaciones de deuda que realiza la Provincia y cuenta con una garantía de $250.000 millones, que se distribuyen en distintas cuotas entre los municipios.

La falta de avances en la Legislatura mantiene en suspenso una herramienta que los intendentes consideran clave para afrontar los compromisos de los próximos meses, entre ellos el pago del medio aguinaldo y la continuidad de servicios básicos en sus distritos.

El radicalismo bonaerense reactivó el reclamo para que los municipios puedan definir por cuenta propia el destino del 100% de los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), creado el año pasado para asistir a las comunas frente a las dificultades financieras que atraviesan.

La iniciativa fue nuevamente puesta sobre la mesa por el diputado provincial Matías Civale, dirigente cercano al intendente de Tandil, Miguel Lunghi, quien planteó la necesidad de otorgar mayor autonomía a los gobiernos locales para administrar esos recursos.

“Vamos a trabajar para que los fondos que reciben los intendentes sean de libre disponibilidad. Los municipios son los que están más cerca de los vecinos y hoy atraviesan una situación muy difícil”, sostuvo el legislador.

Actualmente, los municipios pueden decidir el destino del 70% del fondo, mientras que el 30% restante se ejecuta a través de programas provinciales dependientes de las áreas de Infraestructura, Transporte e Instituto Cultural. El planteo de los intendentes apunta a que la totalidad de los recursos pueda ser administrada directamente por cada comuna.

El reclamo es compartido por sectores de la oposición, entre ellos el PRO, y también por jefes comunales del peronismo. Todos coinciden en señalar el impacto de la caída de la coparticipación y de la recaudación propia, sumado al aumento de las demandas sociales y de servicios que deben afrontar los municipios.

El FEFIM fue creado a fines de 2025 como parte de las negociaciones legislativas que habilitaron al gobernador Axel Kicillof a tomar endeudamiento. La norma estableció un piso anual de 250.000 millones de pesos para distribuir entre los municipios bonaerenses. Según se informó, hasta el momento ya fueron transferidos 13.500 millones de pesos.

El planteo cobra especial relevancia a medida que se acerca el pago del medio aguinaldo a los trabajadores municipales, uno de los compromisos financieros más importantes para las administraciones locales. En ese contexto, desde la Provincia vienen advirtiendo sobre las dificultades para otorgar asistencia extraordinaria más allá de los mecanismos ya existentes.

Civale sostuvo además que “el trabajo legislativo de las próximas semanas deberá estar orientado a construir consensos que permitan fortalecer la gestión local, acompañar al interior bonaerense y mejorar la capacidad de respuesta del Estado en todo el territorio provincial”.

En paralelo, días atrás el diputado Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal, presentó un proyecto de ley para modificar el mecanismo de distribución y ejecución de los fondos. La propuesta también contempla la participación de una comisión bicameral de la Legislatura en el seguimiento de la entrega de los recursos.

Desde Tandil, el debate es seguido de cerca por la administración local, que al igual que otros municipios bonaerenses busca contar con mayores herramientas para afrontar un escenario económico cada vez más complejo.

En un giro de último momento, el oficialismo decidió dar marcha atrás y quitó del temario de la sesión del Senado el proyecto de ley que consagra el pago de 171 millones de dólares a dos fondos tenedores de bonos de la deuda que cayeron en cesación de pagos por la crisis de 2001. La postergación fue solicitada en el inicio de la sesión por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, quien anunció que se hacía en virtud del envío de una adenda al acuerdo con los fondos que reclamaban la deuda.

El Ministerio de Economía, que dirige Luis Caputo, informó de los cambios en el acuerdo apenas unos minutos antes de la hora a la que estaba convocada la sesión. Se trata de un agregado al convenio firmado con los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund. Por esa razón, se decidió devolver el proyecto para una nueva discusión en comisiones. Desde el bloque oficialista calificaron la situación como desprolija ante el envío de modificaciones a último momento por parte del Poder Ejecutivo. El tiempo apremia para la iniciativa, ya que debería pasar por las dos cámaras del Congreso antes del 31 de mayo.

En la sesión de esta tarde, también se avanzó con el tratamiento de pliegos judiciales de relevancia. Uno de los puntos destacados es el dictamen obtenido para el pliego del hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, lo que permite que su designación como juez siga adelante en el proceso parlamentario.

Asimismo, está previsto darle un nuevo acuerdo por cinco años más a Carlos Mahiques, vocal de la Cámara de Casación Penal y padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Cerca de cumplir 75 años, edad que en la Constitución Nacional se establece para el retiro de los jueces, el magistrado contaría con los votos para continuar en su cargo hasta noviembre de 2031. La prórroga de su magistratura genera tensión, ya que el camarista es cuestionado por el kirchnerismo, que lo vincula a la denominada guerra judicial contra la expresidenta Cristina Kirchner.

El único proyecto con posibilidades de convertirse en ley durante la jornada es la aprobación del programa de regularización de la tenencia de armas de fuego, que además prorroga el programa de entrega voluntaria hasta el último día de 2027. El texto ya cuenta con la aprobación previa de la Cámara de Diputados.

Finalmente, la sesión cobra importancia porque permitirá tomar estado parlamentario a un paquete de 64 pliegos judiciales enviados por el Gobierno. Se trata de una segunda tanda de nombramientos que contempla juzgados del interior, lo que facilitaría al oficialismo conseguir los apoyos necesarios para avanzar con candidatos en los fueros federal y nacional, impulsados con la venia de la secretaria general Karina Milei.

El gasto en alimentos suele ser uno de los rubros más importantes dentro de la economía doméstica. En muchos hogares representa una parte significativa del presupuesto mensual y, en contextos de inflación y variaciones frecuentes de precios, mantenerlo bajo control se vuelve cada vez más desafiante.

Especialistas en consumo y educación financiera, como Daniel Adler y Adrián Ganino, señalan que una parte del gasto extra no siempre está vinculada únicamente al valor de los productos, sino también a hábitos de compra poco planificados. Decisiones impulsivas, promociones mal interpretadas o la falta de una organización previa pueden hacer que el ticket final del supermercado sea mucho más alto de lo previsto.

Adler, consultor argentino en educación financiera, dedicado a la difusión de herramientas para la organización del dinero en la vida cotidiana, sostiene que la planificación es clave para evitar desbordes en el gasto. “Muchas veces el problema no es cuánto ganamos, sino cómo administramos las pequeñas decisiones de consumo que tomamos todos los días”, explicó. En la misma línea, Ganino, abogado especialista en derecho del consumidor y exdirector nacional de Defensa del Consumidor, advierte que la falta de información y de hábitos de compra organizados puede llevar a decisiones poco convenientes. “El consumidor suele enfrentarse a estímulos permanentes para comprar más, por eso la información y la planificación son herramientas fundamentales para defender el propio bolsillo”, señaló.

A partir de estas recomendaciones y de las orientaciones que difunden organismos nacionales vinculados a la protección del consumidor, existen algunos hábitos simples que pueden ayudar a ordenar las compras y evitar gastar de más en el supermercado.

1- Ir al supermercado con una lista definida

Planificar las compras antes de salir de casa es una de las recomendaciones más repetidas. Elaborar una lista con los productos realmente necesarios ayuda a evitar decisiones impulsivas frente a las góndolas. Desde la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía de la Nación sostienen que la planificación previa es una herramienta clave para organizar el gasto y priorizar aquello que el hogar necesita, evitando incorporar productos que no estaban previstos.

2- Comparar precios por kilo o litro

Los envases más grandes o las promociones no siempre significan un ahorro real. Por eso, los técnicos del Instituto Nacional de Estadística y Censos recomiendan prestar atención al precio por unidad de medida, como kilo o litro, que aparece en las etiquetas de las góndolas. Este indicador permite comparar productos de distinto tamaño o marca de manera más objetiva y elegir cuál resulta verdaderamente más conveniente para el bolsillo.

3- Evitar hacer compras con hambre

El contexto en el que se realiza la compra también influye en las decisiones de consumo. Diversos estudios citados por la asociación Consumidores Libres muestran que cuando las personas hacen las compras con hambre tienden a incorporar más productos de los que tenían previsto, especialmente alimentos listos para consumir o snacks. Realizar las compras después de haber comido ayuda a mantener el foco en la lista planificada y a reducir la compra impulsiva.

4- Revisar promociones con atención

Las ofertas, descuentos o promociones pueden resultar atractivas, pero no siempre implican un ahorro real, ya que muchas estrategias comerciales están diseñadas para incentivar el consumo más que para reducir el gasto. Por eso recomiendan analizar si el producto estaba previsto en la lista de compras y si la promoción exige comprar más unidades de las necesarias, algo que puede terminar aumentando el gasto final.

5- Definir un presupuesto semanal para alimentos

Establecer un monto orientativo para las compras del supermercado es una práctica habitual en la organización de las finanzas domésticas. Desde Defensa del Consumidor sugieren fijar un presupuesto semanal o quincenal para ordenar el gasto y evitar que el ticket final supere lo previsto. Este hábito ayuda además a tener una visión más clara del peso que los alimentos tienen dentro de la economía familiar y facilita ajustar las compras cuando es necesario.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad, Miguel Ángel Lunghi (h), brindó detalles en el desayuno de Tandil Despierta y definiciones sobre el rumbo de la administración comunal. Con el Presupuesto 2026 recientemente aprobado por el cuerpo legislativo, el funcionario calificó la herramienta como fundamental para garantizar la operatividad de la ciudad, aunque no ocultó su preocupación por las variables macroeconómicas que impactan directamente en el territorio.

Para el titular de la cartera política, la sanción del Plan financiero representó un alivio y un paso necesario para el inicio del nuevo año. La votación, que contó con el acompañamiento de 12 de los 20 integrantes del Concejo Deliberante, fue interpretada por Lunghi (h) como un ejercicio de responsabilidad institucional. Según explicó, la construcción de acuerdos con un sector del bloque de Unión por la Patria resultó determinante para alcanzar el quórum y los votos necesarios.

"Es la ley de leyes. No tener una estimación es dificultoso y complejo", manifestó el funcionario durante la entrevista. En ese sentido, valoró que un sector de la oposición entendiera la necesidad de otorgar previsibilidad para gobernar, diferenciándose de otros espacios que optaron por no acompañar el proyecto oficialista. Para la gestión liderada por Miguel Ángel Lunghi, contar con esta herramienta técnica permite planificar el flujo de fondos en un contexto donde la incertidumbre económica nacional obliga a una vigilancia constante de los recursos locales.

La aprobación no estuvo exenta de debates intensos, especialmente en lo referido a la actualización de las tasas municipales. Sin embargo, el secretario de Gobierno insistió en que los números plasmados en el documento reflejan la realidad de los costos que debe afrontar el municipio para sostener una estructura de servicios que es demandada por una ciudad en constante crecimiento demográfico y geográfico.

Uno de los puntos más sensibles del análisis presupuestario fue la relación entre los haberes de los empleados públicos y la presión tributaria sobre el contribuyente. Lunghi (h) defendió la política salarial implementada durante el presente año, señalando que los sueldos de la familia municipal cerrarán el ciclo con un incremento que se ubicó 14 puntos por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta decisión, según sus palabras, buscó recomponer el poder de compra de los trabajadores, a quienes definió como el capital más importante de la gestión.

No obstante, esta mejora en los ingresos de la planta de personal contrasta con una realidad preocupante en la recaudación. El funcionario reconoció que se registró una caída en la cobrabilidad de las tasas municipales, una tendencia que suele profundizarse en periodos de recesión o inestabilidad económica. "En crisis, la prioridad del vecino es la luz, el gas e internet; las tasas municipales quedan para el final", graficó con realismo sobre el comportamiento de los contribuyentes tandilenses frente a la escasez de recursos.

A pesar de la merma en los ingresos propios, el secretario de Gobierno fue enfático al sostener que el Estado municipal no puede detener su marcha. Remarcó que servicios esenciales como la recolección de residuos o la atención en el sistema de salud pública no se interrumpen por falta de pago. En Tandil, el hospital atiende a todos los ciudadanos por igual, independientemente de su situación tributaria, lo que representa un esfuerzo financiero mayúsculo para la Municipalidad de Tandil que debe ser cubierto con una administración austera de los excedentes.

En busca de una mayor eficiencia en el gasto público, el Ejecutivo local diseñó un nuevo organigrama que entrará en vigencia en el corto plazo. La modificación más sustancial es la eliminación de la Jefatura de Gabinete, un cargo que hasta hace poco centralizaba la coordinación de las distintas áreas. A partir de esta reforma, las funciones de dicha oficina serán absorbidas íntegramente por la Secretaría de Gobierno, lo que le otorga a Lunghi (h) una mayor responsabilidad en el control político y administrativo de la gestión.

El rediseño institucional también contempló el desdoblamiento de la actual Secretaría de Obras Públicas. Según se informó, el área se dividirá en dos carteras independientes con el objetivo de agilizar la ejecución de infraestructura y mejorar el mantenimiento urbano. Esta decisión responde a la necesidad de especializar las cuadrillas y los equipos técnicos en un momento donde la obra pública nacional se encuentra paralizada, obligando al municipio a priorizar sus propios recursos para intervenciones menores pero urgentes.

Asimismo, se produjeron rotaciones de dependencias clave para optimizar la operatividad. El área de Inspección General pasará a formar parte de la Secretaría de Protección Ciudadana, buscando una mayor coordinación en los operativos de control en la vía pública. Por otro lado, la Dirección de Innovación se trasladará bajo la órbita de Desarrollo Productivo, intentando vincular la tecnología con el sector privado y el polo productivo de la ciudad. Estos cambios, según el funcionario, apuntan a eliminar la burocracia y agilizar las respuestas a los vecinos.

Al proyectar lo que será el 2026, el diagnóstico de Miguel Ángel Lunghi (h) fue de cautela extrema. El funcionario vaticinó un primer semestre más complejo que el actual, condicionado por la inflación y la caída de la actividad económica general. Bajo su mirada, el presupuesto aprobado no es una herramienta para la expansión desmedida o el lanzamiento de grandes proyectos de infraestructura, sino un plan de cumplimiento de servicios básicos.

"Gestionar no es siempre dar buenas noticias", sentenció Miguel Ángel Lunghi (h) el secretario de Gobierno, dejando en claro que el foco estará puesto en garantizar el pago de salarios en tiempo y forma, además de sostener el funcionamiento del sistema sanitario y la higiene urbana. La premisa para los meses venideros será la optimización de los recursos existentes, evitando gastos superfluos y concentrando el capital en aquellas áreas que tienen un impacto directo en la calidad de vida cotidiana del ciudadano.

Finalmente, al ser consultado sobre el escenario político de cara a 2027 y su posible rol protagónico dada la relevancia de su apellido en la historia reciente de Tandil, el funcionario prefirió mantener un perfil técnico. Aseguró que hablar de candidaturas en este contexto resultaría prematuro y que su labor actual se limita a estudiar los expedientes y gestionar la crisis. Según manifestó, será el partido y el tiempo quienes definan los nombres para la sucesión, mientras que hoy la prioridad absoluta es atravesar el complejo panorama que se vislumbra en el horizonte local.

El Ejecutivo incorporó al proyecto de Presupuesto las modificaciones planteadas por la oposición sobre la actualización de la tasa retributiva, y si los bloques acuerdan dictamen en la Comisión de Economía, la ordenanza madre se encamina a aprobarse por mayoría. Por su parte desde Alternativa Tandil y Acción Tandilense-La Libertad Avanza coincidieron en manifestar disidencias con respecto a los ajustes sobre el resto de las tasas.

“La modificación de la Ordenanza Fiscal Impositiva va a estar el lunes 29 a primera hora. Voy a convocar a la Comisión de Economía a fin de lograr el dictamen. Obviamente para el Ejecutivo, así como en Nación y Provincia, es mejor y más saludable tener un presupuesto aprobado. Así que haremos lo posible por lograrlo. Si no es el lunes 29, será el 30 o en enero. Pero la intención del oficialismo es generar un dictamen”, expresó María Haydeé Condino, concejal de la UCR y presidenta de la Comisión de Economía y Presupuesto.

Tal como informó El Eco, el eje del debate del Presupuesto se centró en el esquema de actualización de las tasas, y en particular la Retributiva de Servicios, la cual alcanza a la mayor cantidad de contribuyentes. Desde la oposición marcaron que el incremento debe regirse por la evolución del IPC, sin las sumas fijas que establecía el proyecto original.

“Entiendo que la tasa retributiva, que ha tenido la modificación que todos han pedido, que es que se contemple exclusiva y únicamente IPC, ese artículo de la ordenanza debería salir por unanimidad”, indicó Condino al respecto.

Desde Fuerza Patria habían solicitado además que el Presupuesto no contemple una diferenciación tributaria para grandes generadores de residuos, no por diferencias con la propuesta sino con su implementación. Sin embargo al cierre de esta edición, el oficialismo no tenía la definición sobre el tema.

En diálogo con El Eco, el concejal y referente de Hechos – Alternativa Tandil, Marcos Nicolini, manifestó la postura del bloque con respecto al Presupuesto. “Lo que planteamos es que para las tasas prediales, que son la Retributiva de Servicios, la Tasa Vial y la de Servicios Sanitarios, estamos de acuerdo con el incremento por IPC, bimestral”, sostuvo. 

Sin sumar aumentos por fuera del IPC, marcó la necesidad de reconocerle dicha suba mensual para que el ítem no se retrase. “Si es solo por Índice de Precios al Consumidor, la retributiva estamos dispuestos a acompañarla”, aseguró. Agregó que más allá de la Tasa Retributiva, desde el bloque solicitaron que el conjunto de las tasas prediales no sean afectadas por sumas fijas externas al IPC.

Con respecto a la Tasa de Salud, hizo mención a “los aumentos que hubo en insumos hospitalarios, remedios y prótesis”, por lo que marcó que “lo que le planteamos al Ejecutivo es que estamos de acuerdo en un incremento del 20 por ciento, no en uno del 20 más el 20 en el segundo y cuarto bimestre”. Sostuvo que desde el oficialismo “no fueron claros” en contemplar dicho punto y que “no estarían dispuestos a modificarla”.

Un punto determinante para el avance del Presupuesto, consideró Nicolini, será la redacción de las ordenanzas. “Si está todo junto, no se permite hacer esta diferenciación, y estás votando todas las tasas prediales juntas”, indicó.

En términos generales, desde Alternativa Tandil plantearon al oficialismo que “las tasas llegaron actualizadas porque en los últimos dos presupuestos que votaron los dos mismos bloques, hubo fuerte incremento de tasas. La tasa de salud creció el año pasado un 120 por ciento. Es cierto que los insumos han crecido, y por eso aceptamos el 20 por ciento. Pero después, el resto de las tasas llegaron actualizadas”, como definió Nicolini.

“Va en contra del paradigma del Estado Nacional”

Consultado por la posición de Acción Tandilense – La Libertad Avanza, Gonzalo Santamarina manifestó que “la única tasa que podemos llegar a votar es la retributiva, porque en principio están planteando que sería solo por IPC, pero servicios sanitarios, tasa de salud, y alguna más inclusive en las que hay algunos cambios de alícuotas, no los vamos a acompañar, de ninguna manera”.

En concreto, Santamarina señaló que desde el bloque contaban con la expectativa de “estar debatiendo un presupuesto razonable, acorde con el contexto de baja de impuestos que está sucediendo en el nivel nacional” y que “cuide el bolsillo de los tandilenses”.

Sin embargo, marcó que “nos pasamos el año escuchando lo mal que estaba la gente, y cuando tienen la oportunidad de tener un gesto, de cuidarles el bolsillo a los tandilenses, le dan un nuevo zarpazo que en la tasa de salud cuadriplica la inflación esperada y en la servicios sanitarios más que la triplica”.

Sumó además que “evidentemente, no pueden salirse de la inercia y vuelven a replicar la lógica de los presupuestos 2024 y 2025, que tuvieron un aumento acumulado escandaloso del orden del 500 por ciento, muy por encima de la inflación. Al lunghismo y al kirchnerismo no les tembló el pulso a la hora de votarlos. Y ahora de nuevo”.

 “Se terminó la estafa de la política a los argentinos de bien”, sentenció el mandatario en declaraciones radiales, y destacó que el nuevo presupuesto garantiza el déficit cero como norma inquebrantable.

Tras ocho horas de debate, el proyecto obtuvo 46 votos a favor y 25 en contra. El respaldo fue contundente incluso en los artículos más sensibles, como el referido a las partidas educativas, otorgándole al mercado una señal de gobernabilidad y previsibilidad fiscal.

Milei afirmó que la norma “restaura un principio constitucional básico”. Según el Presidente, el sistema anterior trataba a los contribuyentes como “culpables hasta que demostraran lo contrario”, una dinámica que esta ley busca revertir para facilitar, entre otras cosas, la circulación de los “dólares del colchón”.

“La política había llegado a un nivel de perversión donde había vulnerado una cuestión constitucional básica en el derecho, que era la presunción de inocencia y por eso adopta un ribete verdaderamente histórico que los argentinos hayamos recobrado el principio de inocencia”, enfatizó.

La nueva ley penal tributaria busca simplificar trámites, reducir la carga administrativa en el Impuesto a las Ganancias y redefinir el vínculo entre el Estado y el sector privado.

El oficialismo logró articular una mayoría que superó los pronósticos iniciales, sumando voluntades de sectores dialoguistas y dejando a la oposición dura en una posición de clara minoría (25 votos).

Con este avance, el equipo económico liderado por Luis Caputo y el asesor Santiago Caputo logra blindar el plan de gastos e ingresos para el próximo año, enviando un mensaje de fortaleza política tanto al frente interno como a los organismos internacionales de crédito. NA

La aprobación del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal generó una serie de reacciones en todo el arco político argentino. El oficialismo celebró la sanción de las iniciativas, al tiempo que desde la oposición advirtieron por el impacto en áreas estratégicas.

El primero en celebrar la victoria legislativa fue el propio presidente Javier Milei, que posteó en X su tradicional frase “VIVA LA LIBERTAD CARAJO” junto a una foto del tablero electrónico del Congreso.

En tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó el resultado del debate parlamentario. “Felicitaciones a todos y cada uno de los que trabajaron codo a codo para lograr que Argentina tenga un presupuesto equilibrado para el 2026. Fueron muchas semanas de incansable trabajo en equipo. Gracias a todos”, expresó. Y además celebró “la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, que viene a reparar la estafa que el Estado le hizo a los argentinos durante 40 años, devolviéndoles la libertad de utilizar sus ahorros, y blindándolos para que ningún político del futuro se los pueda quitar”.

Y la senadora Patricia Bullrich destacó, sobre la Ley de Inocencia Fiscal: “Basta de persecución a los argentinos de bien. El control va donde tiene que ir: a los que evaden”.

En tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, resaltó que “por primera vez, la Argentina aprobó un Presupuesto con equilibrio fiscal y aumentos de partidas por encima de la inflación en áreas prioritarias. Un paso fundamental para seguir avanzando en las transformaciones que lidera el Presidente @JMilei”.

Mientras que el diputado Sebastián Pareja, principal representante de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, afirmó que “todos los demás caminos ya se intentaron y fracasaron”.

Mientras tanto, desde la oposición, el gobernador bonaerense Axel Kicillof reposteó un mensaje de la Dirección General de Escuelas de la Provincia, donde se insiste en que “el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 pone en riesgo la educación y el sistema de CyT. La iniciativa presupuestaria propone un profundo recorte en el área educativa y científica- tecnológica, en contradicción con la obligación legal del Estado de garantizar su funcionamiento”. El texto fue publicado antes de la sanción del Presupuesto.

Mientras que la Juventud Radical porteña lamentó que “el Senado eliminó los pisos mínimos de inversión en educación y ciencia en el Presupuesto 2026. No fue un error: fue una decisión. Recortaron educación y ciencia. Eligieron desigualdad”.

La Federación Universitaria Argentina, por su parte, afirmó en sus posteos que en el próximo año Argentina será “un país en riesgo”, y aseguró que “el Congreso de la Nación Aprobó un presupuesto que representa un ajuste del 34% a lo que la Universidad Pública Argentina necesita para funcionar en el 2026”.

El senador justicialista Marcelo Lewandowski disparó por su parte: “Este presupuesto lleva al empobrecimiento de gran parte de la sociedad; desfinancia a la educación, a la ciencia y tecnología; refuerza la desindustrialización y atenta contra el federalismo”.

Es la primera vez que el gobierno del presidente Javier Milei contará con la denominada “ley de leyes” en dos años de gestión.

La votación en general fue aprobada por 46 afirmativos, 25 negativos y una abstención. Además de los senadores del oficialismo, acompañaron la iniciativa los bloques de la Unión Cívica Radical, PRO, un puñado de peronistas referenciados en el bloque Convicción Federal y senadores con terminales en gobernadores o que juegan libres en la Cámara alta.

Por su parte, el bloque Justicialista, que lidera José Mayans, alineado con la expresidenta Cristina Kirchner, se opuso en su totalidad al texto que había conseguido la media sanción la semana pasada en la Cámara de Diputados, lugar donde le fue retaceado el Capítulo 11 que contenía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

El Capítulo 2 del Presupuesto, que suscitaba grandes dudas dentro del espectro de los aliados, fue aprobado con votos 42 afirmativos, 28 negativos y solo dos abstenciones. El texto en particular contenía dos artículos de la discordia: el 12 y el 30.

El artículo 12 fija que las universidades nacionales tendrán recursos en el orden de 4,8 billones de pesos, pero también requisitos para que las casas de estudio puedan acceder a los recursos.

El 30 dispone la derogación del punto de la ley de Educación donde se establece que deberá destinarse un seis por ciento del PBI a ese rubro, del financiamiento de la ley de Ciencia y Técnica que establece un aumento progresivo hasta llegar al uno por ciento del PBI en el 2032, y del 0,2 de los gastos corrientes del presupuesto educativo para los colegios técnicos.

La jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, aseguró que el proyecto de Presupuesto 2026 “expresa el rumbo económico que eligió la sociedad argentina eligiendo al presidente (Javier) Milei”.

Al exponer como última oradora en la sesión especial de la Cámara alta, sostuvo que “este presupuesto no es solo una herramienta económica es un punto de partida para refundar una historia emocional de la Argentina”.

“Un país que durante muchos años se acostumbró a sufrir, a resignarse, a vivir totalmente atrapado en ciclos tóxicos que se repetían una y otra vez y nos hicieron creer que la Argentina no tenía salida, que no tenía remedio, que el fracaso era el destino. Se instaló la idea de que el esfuerzo no valía la pena. Populismo, corrupción, valijas llamadas obra pública, que trabajar, que producir, que ahorrar, que todo eso era absolutamente inútil”, siguió. NA

El funcionario advirtió que si no se logra “corregir” esa cuestión del proyecto habrá que “empezar a ajustar de otras partidas”.

“Pero Presupuesto tenemos que tener”, remarcó el funcionario, que insistió en que “nuestro país se merece tener un presupuesto después de tres años”.

“Nos merecemos tener una hoja de ruta, una manera de expresar una visión, un camino, un presupuesto cuyo 85 por ciento está en jubilaciones, gasto social, salud, educación y discapacidad”, subrayó.

“Los argentinos deberíamos bregar por tener presupuesto y creo que la mayoría de los gobernadores y senadores están en la misma dirección”, confió.

En diálogo radial, Santilli destacó que “en los últimos tres rubros” las partidas conllevan “aumentos por encima de la inflación sustancialmente”.

En ese sentido, consideró que las leyes las leyes de emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario configuran un “exceso de norma”.

“Cuando vos mirás el marco regulatorio que generan las pensiones por discapacidad, si lo tomás al extremo son 1.600.000 nuevas pensiones por discapacidad. Estas son las cosas que hay que corregir”, puntualizó.

Sobre qué hacer respecto a esas dos leyes que hasta ahora el Gobierno no pudo frenar, Santilli admitió que “la discusión (en el oficialismo) está entre derogación y corrección”.

“Ahí tenés un debate. Pero para nosotros si eso no camina, lo que tenés que hacer es empezar a ajustar de otras partidas”, apuntó y amplió: “Si eso no prospera (hay que) trabajar para tener un camino de diálogo y de corrección en esa materia”, completó.

Consultado sobre el retraso de la votación en el recinto del Senado del proyecto de reforma laboral, que tuvo dictamen de mayoría, Santilli defendió la decisión de la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, de alargar los plazos de tratamiento.

El ministro de Interior explicó que habían problemas de calendario por las fiestas y que además habían entrado muchos pedidos de audiencias y reuniones que había que atender antes de convocar a una sesión especial en el Senado.

“La decisión que tomó Patricia fue en esa dirección y me pareció correcta”, aseguró. NA

Según se supo, no fue de la partida el presidente Javier Milei, aunque sí fue el caso de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, así como del ministro de Economía, Luis Caputo.

Si bien el mandatario estuvo en el Palacio de Gobierno dado que recibió al Coro Polifónico Nacional Evangélico que interpretó villancicos navideños en el Salón Héroes de Malvinas, delega en su entorno más estrecho las negociaciones legislativas.

El temario del nuevo intercambio lo compuse la táctica para avanzar con la sanción del Presupuesto para el año próximo tras los desentendimientos generados a raíz de la sesión en la Cámara de Diputados del pasado miércoles.

Así, se dieron cita junto a Adorni el ministro del Interior, Diego Santilli; la senadora de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador del interior Eduardo “Lule” Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio “Nacho” Devitt.

Tras la fallida sesión en la que el Poder Ejecutivo intentó hacer pasar sin éxito el capítulo XI, incluido sobre la hora en el Presupuesto 2026, en Balcarce 50 reinó la confusión.

“La dinámica se volvió a desordenar. No es algo que nos sirva”, confesó una voz con despacho en Balcarce 50 al respecto. De esta forma, luego de que circulara la posibilidad de vetar el presupuesto que el propio Ejecutivo presentó, varios funcionarios aclararon que la letra tal cual fue diseñada, y que cuenta con media sanción en Diputados, es conveniente para la Casa Rosada.

Incluso, el propio Milei hizo eco de la situación. “Hemos podido sancionar el Presupuesto. Hoy tenemos media sanción. A mí, eso me parece muy importante. Y hay algo que todavía es más importante: ese Presupuesto está construido sobre la base de déficit cero”, destacó el mandatario en televisión.

Tras perder la votación por la inclusión del capítulo XI, que implicaba la derogación de las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, en la administración libertaria se encendieron las alarmas por el accionar de los gobernadores aliados que le dieron la espalda a la voluntad del libertario. La decisión de sumar el articulado a último momento fue del propio mandatario y del ministro de Economía, Luis Caputo.

Tras presentar la sesión como una derrota por lo menos en términos discursivos, luego de haber ganado las elecciones de medio término y de haber conquistado la primera minoría legislativa, en La Libertad Avanza apostaron a barajar y dar de nuevo.

Con el tiempo en contra, apuestan a afinar la estrategia para cerrar el año con la aprobación presupuestaria con intenciones de ir por la reforma laboral en las sesiones extraordinarias que tendrán lugar en febrero. NA

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, motorizó la citación tras la emisión de los despachos en base al acuerdo alcanzado en la reunión de Labor Parlamentaria del 16 de diciembre.

De acuerdo al cronograma de citación, primero se debatirá el Presupuesto 2026 y posteriormente el proyecto sobre Inocencia Fiscal, que permite a los ahorristas poder incorporar al mercado los dólares comprados en el sistema informal.

El oficialismo decidió impulsar el dictamen de comisión sobre el presupuesto con los cambios introducidos por la Cámara de Diputados, donde se rechazó el capítulo XI que contemplaba en su artículo 75 la derogación de las leyes de discapacidad y Universidades.

Si bien el Gobierno había planteado el viernes pasado que quería volver a incluir ese capítulo, el rechazo de los radicales y provinciales fueron determinantes para que LLA propicie un despacho sin realizar ninguna reforma respecto del texto votado en diputados, según reconocieron fuentes parlamentarias.

Incluso hubo un último intento por seducir a los senadores aliados y lograr así introducir el Capítulo XI al Presupuesto 2026, pero también fracasó, con lo cual el Gobierno podrá tener la ley pero sin la inclusión de la derogación de las leyes de Discapacidad, Universidades, la restricción de la ley de Zona Fría y las deudas entre Cammesa y las distribuidoras eléctricas, además de la coparticipación federal para la ciudad de Buenos Aires.

La última negociación que fracasó se realizó ayer en una reunión virtual que encabezó la jefa de la bancada de LLA, Patricia Bullrich, según pudo consignar la Agencia Noticias Argentinas con fuentes parlamentarias.

Por ese motivo, el presidente Javier Milei destacó que “logramos que se vote por capítulos y logramos media sanción, que me parece muy importante. Ese Presupuesto está construido sobre la base del déficit cero”, afirmó.

Dijo que, al no aprobarse la derogación de las leyes sobre discapacidad y Universidades, “lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas: lo vamos a corregir por la vía de la reasignación de gastos en el resto del presupuesto o de la reformulación de los recursos en las propias áreas”, en un reportaje con la señal La Nación+.

La decisión de mantener el texto votado en diputados le permitirá contar con el radicalismo que puede aportar una decena de votos, el PRO, los dos misioneros del Frente de la Concordia y las senadoras de Tucumán, de Salta y Neuquén.

De esta manera, el oficialismo tendrá 21 votos propios, 10 de la UCR, dos del PRO y cinco provinciales a los cuales puede sumarse el correntino Carlos “Camau” Espínola, de Provincias Unidas, señalaron voceros parlamentarios.

En tanto, el peronismo buscará plasmar reformas para anular el artículo 30, que establece la derogación de los artículos que establecen una inversión del seis por ciento del PBI para el sistema educativo, de un punto del PBI para el sistema Nacional de Ciencia y del 0,2 de los gastos del Sector Público para los colegios técnicos.

Si bien votará en contra del Presupuesto, el interbloque peronista buscará incluir algunas reformas que fueron solicitados por sectores educativos para eliminar la anulación del financiamiento educativo, confiaron fuentes legislativas. NA

Cuando parecía que el Gobierno, subido a una ola de triunfalismo, se llevaba todo por delante en la discusión del Presupuesto, un frente de tormenta se apoderó de la ruta de navegación y le hizo perder un capítulo clave que incluía la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario.

Al margen de que el Poder Ejecutivo no está ejecutando estas normas vigentes con dudosos pretextos, lo cierto es que con el proyecto de Presupuesto buscaba solucionar un tema que le venía generando fuertes dolores de cabeza y nubarrones en el frente judicial.

Para la Casa Rosada, los incrementos del gasto público previstos en estas dos leyes representan una espada de Damocles sobre la sagrada regla libertaria del déficit cero.

Al analizar detenidamente las estimaciones de partidas necesarias durante el 2026 para financiar estas dos leyes la conclusión es que ese gasto no supone volúmenes de recursos de una magnitud imposible de afrontar, como sostiene el Gobierno.

Especialmente porque el propio Presupuesto 2026 convalida pérdidas muchísimo más considerables de recursos en términos de recaudación por la baja del impuesto a las Ganancias para empresas grandes, por la reducción sustancial de la alícuota de Bienes Personales, por la caída de impuestos internos a la electrónica y venta de automóviles, por la baja de retenciones a determinados granos de exportación, por la reducción de las contribuciones patronales (contemplado en la reforma laboral), por la eliminación del Impuesto PAIS y del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles, además de todo tipo de perdones fiscales mediante blanqueos y otras políticas similares.

Pero más allá de todos los recursos que el Gobierno decidió resignar en términos fiscales, comprometiendo las metas de equilibrio fiscal que dice defender, hay que determinar cuál es el impacto fiscal de las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario, que a lo largo de este año fueron votadas con holgada mayoría y posteriormente vueltas a insistir por ambas Cámaras de Congreso cuando el presidente Javier Milei las vetó.

Ley de emergencia en Discapacidad

Entre otras condiciones con impacto económico inmediato, el proyecto votado por la oposición antes del recambio legislativo propone una modificación de las condiciones para acceder al beneficio, un mecanismo de actualización de las pensiones, y el incremento de aranceles a prestadores.

La Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación (OPC) realizó un rigoroso informe con simulación de escenarios probables que toman en cuenta la proyección de inflación que el propio Gobierno estableció en el proyecto de Presupuesto para el 2026 (10.1%), y un conjunto de variables como la cantidad estimada de altas de pensiones.

De acuerdo a las conclusiones a las que arribó el organismo, “podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios”.

“Esto implicaría un refuerzo fiscal de entre $1.889.371 pesos a 3.627.495 millones de pesos”, señala en el informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Según aseguraron, “este gasto es equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI” e incluye la compensación de emergencia a prestadores por 278.323 millones de pesos, y la asignación para talleres de producción por 7.160 millones de pesos.

Ley de Financiamiento Universitario

El informe confeccionado por la Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación realizó estimaciones de impacto fiscal de este proyecto para este año que concluye, por lo que en términos nominales el estudio queda desactualizado pero en términos reales el resultado fiscal no variaría demasiado si se lo extrapola al ejercicio 2026.

Según precisó el organismo, el impacto presupuestario de la ley para el 2025 habría sido, si el Gobierno la habría aplicado de 1.959.974 millones de pesos, “equivalentes a 0,23% del PBI”.

El cálculo no toma en cuenta factores demasiado variables y difíciles de mensurar como el incremento de beneficiarios de becas.

“Entre los puntos sí cuantificables, la propuesta parlamentaria prevé una recomposición presupuestaria para gastos de funcionamiento y actualizaciones periódicas en base al Índice de Precios al Consumidor, la recomposición de salarios docentes y no docentes y la actualización automática de becas estudiantiles”, explicó la OPC. (NA).

En las últimas horas, el gobierno definió la estrategia para la pelea más importante de este fin de año político: no introducirá cambios en el proyecto de Presupuesto 2026 que aprobó la cámara de Diputados pese a que eso significa renunciar a la derogación de la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, por que objetivo es aprobar la ley este viernes.

Hasta ahora, se barajaba la posibilidad de reintroducir el Capítulo 11 del proyecto, que contenía la derogación de las leyes para las universidades y la discapacidad, o de trabajar su aplicación mediante el retoque de otros artículos, pero en las últimas horas la Casa Rosada optó por avanzar con el proyecto tal como está.

Una primera razón se vincula con la dificultad de conseguir los votos para sostener la anulación de esas iniciativas: desde la UCR y el PRO advirtieron que no apoyarían, y también había serias dudas con los legisladores que responden a los gobernadores dialoguistas. El otro motivo tiene que ver con el calendario: aún suponiendo que La Libertad Avanza pudiese modificar el proyecto en Senadores, eso obligaba a volver a tratarlo en Diputados lo que estiraba los tiempos de la discusión probablemente más allá de fin de año.

Tanto Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, no quieren dilatar el debate porque el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos piden que Argentina funcione con un presupuesto aprobado, algo que hasta ahora no ocurrió con esta gestión. El proyecto contiene, en ese sentido, una autorización para la toma de deuda pública que es relevante de cara al vencimiento de US$ 4.200 millones que debe afrontar gobierno el 9 de enero.

Por otra parte, sectores opositores vinculados a los gobernadores indican que antes de votar la reforma laboral pospuesta para febrero, quieren asegurar los recursos para sus provincias este año, lo que implica tener el presupuesto aprobado y sin vetos del Presidente.

La estrategia obligará a Caputo a aplicar medidas adicionales para sostener el superávit fiscal, ya que el gobierno aduce que la aplicación de las dos normas lo compromete. “Nosotros tenemos una regla de oro, que es el superávit fiscal, nos tendremos que acomodar para no caer en déficit, eso se va a arreglar pero no va a ser mediante este presupuesto, sino mediante otros instrumentos”, dijo Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, el viernes.

La decisión de no incorporar el capítulo XI se debe a que el oficialismo no tiene el respaldo de otras bancadas políticas.

De esta manera, el Senado debatirá el próximo 26 de diciembre el Presupuesto 2026 sin incluir ninguna modificación respecto del texto votado en diputados, según señalaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas.

La Cámara de Diputados rechazó el jueves por 123 a 117 ese capítulo que, además, tenía artículos sobre ley de Zonas Frías, la eliminación de la actualización de las Asignaciones Familiares, las deudas en materia de energía y la coparticipación para la ciudad de Buenos Aires.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, de LLA, anunció que estaba circulando el dictamen de Presupuesto 2026 mientras aún no había terminado la reunión informativa donde exponía el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Posteriormente, Atauche informó que ya tenían once que fueron aportadas por cinco libertarios, tres de la UCR, uno del PRO, uno de Independencia y uno de Provincias Unidas.

En forma previa, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales emitió dictamen favorable sobre el proyecto de Reforma de Procedimiento Tributaria denominada “Inocencia Fiscal”, y que también se debatirá el 26 de diciembre.

Los senadores dialoguistas que firmaron el dictamen condicionaron su voto favorable a que el oficialismo no incluya nuevamente el capítulo XI, informaron fuentes parlamentarias a Noticias Argentinas.

Atauche destacó la importancia de que para la Argentina “este presupuesto es esencial para el funcionamiento de la república, para el sostenimiento del programa económico y para este avance y crecimiento que tiene Argentina”.

“Tenemos un dictamen de mayoría, con once firmas. Considero que este es un avance muy importante para afianzar el rumbo económico del país. Esperemos que el presupuesto se sancione pronto por el bien de todos”, destacó.

En el primer tramo de la reunión de Presupuesto, Guberman afirmó que “este año estamos planteando un proyecto de presupuesto que, en 2026, se mantenga en línea con lo que estamos haciendo estos últimos dos años, es decir, con un superávit financiero de alrededor de un 0,3 por ciento del PBI”.”

Al justificar que no había márgenes para cambiar el presupuesto, Guberman destacó que el 82 por ciento está destinado a gastos sociales al señalar que “el 45 por ciento destinado a previsión social, 16 a asistencia social, 11 a salarios de todo el sector público, y 9 es la cuenta de intereses de la deuda”.

“En el 18 por ciento restante quedan subsidios, el gasto universitario, esas dos cosas solas son prácticamente el 10. Por eso, el 92 por ciento del presupuesto prácticamente no tiene mucho margen para discusión”, agregó.

Al detallar estos porcentajes, Guberman enfatizó que lo hacía “para que veamos la dificultad de tomar decisiones o ajustar determinadas cuestiones dentro del presupuesto” ante el escaso margen.

También se refirió a la intención de gobernadores de tomar deuda para acceder a los mercados, pero señaló que “nosotros no estamos en contra de eso, pero hay una ley de Responsabilidad Fiscal que si las provincias se mantienen en esa trayectoria no van a poder endeudarse. No es una decisión del Estado nacional bloquear cualquier iniciativa de acceso al mercado, sino que hay una ley”.

Dijo que todas las medidas tributarias que se adoptaron no afectaron a las provincias y, en ese sentido, señaló que “fuimos siempre muy cuidadosos de no afectar el ingreso por impuestos de recaudación nacional que vaya a las provincias”. Apuntamos fundamentalmente a la eliminación del Impuesto País que era más de un punto del PBI de recaudación anual”.

También defendió la política para terminar la intermediación de los planes sociales y la baja de la pobreza con la que asumieron el Gobierno.

“La pobreza sigue siendo altísima para lo que debería ser, pero estamos en el nivel de pobreza más bajo desde 2018, bajó de 42% a 32% si tomamos el momento de inicio de la gestión”, apuntó.

Guberman también justificó, ante una pregunta del senador peronista Jorge Capitanich, la suspensión de la ley de financiamiento educativo y de la ciencia y tecnología, al afirmar que lo único que planteamos es blanquear la realidad, porque desde que existen la mayoría de estas leyes, nunca se cumplieron los presupuestos mínimos que fijan estas leyes”.

“Lo que queremos decir es que, en lugar de hacernos los desentendidos y no cumplir, preferimos suspender para que todos quedemos legalmente cubiertos, ustedes por aprobar el Presupuesto que eventualmente no cumple con esa ley y los funcionarios porque nos parece razonable hacer el planteo”, manifestó.

Por otra parte, Capitanich planteó la necesidad de “trabajar el tratamiento de gastos tributarios o medidas que generen condiciones para optimizar la recaudación tributaria de manera equitativa”. NA

Así lo confirmó el ministro de Interior, Diego Santilli, durante un intercambio con la prensa acreditada en la Casa Rosada.

“Nosotros vamos a apostar a trabajar en el Senado a ver si podemos introducir algunas modificaciones que permitan ordenar esta variable”, reveló el funcionario.

Y añadió: “Hay algunos temas que nos faltaron que están en el capítulo 11 que los vamos a trabajar en el Senado a ver si podemos reestructurar y trabajar en conjunto”.

Manifestó que confía en que se pueda “hacer un trabajo para mejorar la muy buena media sanción” lograda en la Cámara de Diputados “para hacerla mucho mejor”.

Fuentes del Poder Ejecutivo habían anticipado previamente a la Agencia Noticias Argentinas la decisión de “mandar modificaciones al Senado para asegurar el equilibrio fiscal en el Presupuesto”.

De esta forma, el Gobierno buscará acomodar los números luego de que Diputados le rechazara la derogación de la ley de Emergencia en Discapacidad y de la ley de financiamiento de universidades, contempladas en el artículo 75 de la norma.

Para la Casa Rosada, tal como quedó redactado el Presupuesto no ve viable cumplir con las metas de déficit cero en 2026, por lo que probará con cambios en el Senado y, de no conseguirlos, quedaría abierta la puerta a un veto posterior.

La discusión en la Cámara alta comienza hoy y el objetivo del bloque de La Libertad Avanza (LLA) es conseguir el dictamen de comisión de manera tal de dejar el texto listo para llevarlo al recinto la próxima semana.

En caso de poder introducir cambios en la ley ya aprobada en Diputados, el proyecto debería volver a ese cuerpo para aceptar las modificaciones o bien insistir con la redacción original.

Fuentes del oficialismo en el Senado señalaron que no estaba confirmado el número de avales necesario para hacer modificaciones.

En la madrugada de ayer el Gobierno logró aprobar en general el proyecto de Presupuesto 2026, pero quedó por el camino su intención de eliminar las leyes de discapacidad y universidades, dos temas que le habían traído disgustos este año.

Se trata de la tercera derrota consecutiva del oficialismo para cada uno de estos dos temas, ya que a la sanción original en ambas cámaras del Congreso siguió la insistencia opositora para restituir la vigencia de las normas luego de que el presidente Javier Milei las vetara.

El capítulo 11 del Presupuesto, que fue volteado por la oposición en la votación en particular, incluía también la restricción del régimen de zona fría para usuarios de gas y la eliminación de la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares, como pretendía el Gobierno.

Además, ese capítulo incorporaba el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, y también la transferencia de recursos el supremo tribunal al Consejo de la Magistratura por 21.347 millones de pesos.

El oficialismo había introducido estas dos últimas modificaciones en el capítulo 11 como anzuelo para lograr que otras fuerzas políticas acompañaran todo el paquete de medidas, inclusive las más impopulares como la derogación de las leyes de Discapacidad y universidades, o la quita de beneficios por zona fría. NA

Sobre el fin de un año agitado para las universidades nacionales –marcado por el debate en torno a la Ley de Financiamiento, otra marcha federal y reclamos constantes de docentes y no docentes-, el rector de la Unicen, Marcelo Aba, dialogó con El Eco y trazó un balance anual de la casa de estudios.

Entre otros aspectos hizo mención a que el proyecto para la Ley de Presupuesto 2026 contiene un artículo que deroga la aprobada Ley de Financiamiento, adelantó que la Universidad del Centro comenzará a incorporar un nuevo sistema de créditos educativos que cambiará la modalidad para contemplar  las horas de cursadas por carrera, y brindó detalles sobre las obras que proyectan inaugurar y continuar el año próximo.

Más allá de sostener el pedido por la actualización presupuestaria –señaló que el propio gobierno reconoce una pérdida de alrededor de un 40 por ciento-, y de existir proyectos de investigación que Nación dio de baja a mitad de su ejecución, el rector destacó que la Unicen no tiene deudas, que cumple sus obligaciones a nivel salarial, y que existe “toda una comunidad que pese a las dificultades, sigue trabajando y logra los resultados que estamos teniendo”.

La Universidad del Centro concentra entre Tandil y sus sub-sedes una matrícula estimada en 20 mil estudiantes. El número comenzó a incrementarse a un porcentaje mayor al habitual luego de la pandemia, y a la fecha se mantiene. En el marco de una compleja situación económica que excede a las universidades públicas, el rector marcó cómo la matrícula bajó en cuanto a estudiantes del interior que se mudaban a la ciudad para cursar una carrera, pero se compensó con más inscripciones en los centros abiertos en diferentes localidades.

-Termina un año agitado para las universidades públicas en general, ¿Qué balance hace desde la Unicen?

-Es difícil establecer un único balance porque la universidad ha seguido trabajando, ha seguido cumpliendo su función de docencia. Mantenemos nuestra matrícula, las carreras están funcionando, hemos logrado  tener un número muy alto de graduados a lo largo del año. En investigación se siguen premiando logros de la universidad, se sigue trabajando en extensión, y hay un esfuerzo muy grande de toda la comunidad a pesar de una situación donde los salarios son muy bajos, donde la financiación en ciencia y técnica se cayó, donde no se han ejecutado proyectos, y lo poco que se ejecutó eran remanentes del 2024. Para los proyectos que se conocen como PICT, acaban de cortar los que correspondían al año 2022, en mitad de su ejecución, y a los del 2023 que estaban evaluados y asignados, los dieron de baja.

Pero hoy la universidad no tiene deudas, está cumpliendo con todas sus obligaciones, está pagando los salarios perfectamente en fecha, malos, devaluados, pero los estamos pudiendo cumplir. No hemos tocado ni siquiera a los contratos, o sea, sin ser un año para festejar, nuestra misión la hemos podido llevar adelante. Y esto ha requerido toda una estructuración interna.

Sobre todo porque estamos absolutamente convencidos que cualquier actividad de las que desarrolla la universidad, si se detiene, después son 8 o 10 años para volver a ponerla en funcionamiento. Ahí creo que el balance termina siendo positivo. Y hay mucho para agradecer a toda una comunidad que pese a las dificultades, sigue trabajando y logra los resultados que estamos teniendo.

-Pero la situación presupuestaria de las universidades nacionales no es la mejor…

-En paralelo, esto ocurre en una situación del sistema universitario y el sistema científico argentino que es muy contradictoria con ese esfuerzo. Porque estamos perdiendo presupuesto, y venimos a la baja.

En Extensión no hemos recibido fondos y lo que es presupuesto universitario no aparece ningún tipo de actualización que nos permita recuperar lo perdido, alrededor de un 40 por ciento estimado por el propio gobierno. Entonces, hay como un contrasentido, la universidad sigue viva, su comunidad está dispuesta a seguir luchando por la universidad, pero al mismo tiempo van ocurriendo cosas.

-La Ley de Financiamiento Universitario se aprobó pero no se implementó…

-Se logró sacar esa Ley con más de dos tercios de las cámaras. Muy pocas leyes salen con esa mayoría agravada. Se sancionó, pero en el mismo decreto se establece que no la va a cumplir porque no se deja en claro de dónde saldrían los fondos, lo cual nos llevó a hacer una presentación judicial. Porque es una ley de la Nación.

-Y en el proyecto de Presupuesto se prevé derogarla, ¿Es así?

- En la presentación de del proyecto de presupuesto que salió con despacho de la Comisión de Presupuesto hay un artículo, que es el artículo 75 que directamente deroga la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Pediatría.

Es una cuestión muy extraña, porque estamos planteando cómo va a ser el presupuesto del año que viene y en el mismo estamos derogando leyes que deberían estar siendo tenidas en cuenta en la confección de ese presupuesto. Y mientras tanto presentamos una cautelar, un amparo, porque el decreto reglamentario se convierte en un decreto que prácticamente termina aboliendo una ley y ahora se pretende consolidar eso.

-Sin embargo existe un discurso en la opinión pública que marca que finalmente las universidades públicas no cerraron y que siguen funcionando…

-Sí, es cierto. Más allá de que no son comparables, uno podría hacer el paralelismo con una familia. Si quien es fuente de ingresos le reducen sus ingresos, probablemente van a empezar a disminuir su ritmo de gasto. Y nosotros estamos en una etapa que implica eso, disminuir nuestro ritmo de gasto.

No desaparecemos, pero cada vez vamos perdiendo más presencia en la sociedad, potencia en la generación de reconocimientos. Y recursos, porque algunos se van y nos es difícil incorporar nuevos porque los salarios están muy caídos. Es cierto, no hemos desaparecido, pero nuestro mayor esfuerzo está en tratar de sostener la calidad, en tratar de sostener lo que la universidad es, que hizo que millones de personas salieran a la calle a defenderla. Y es cierto, no hemos desaparecido, pero cada vez se nos hace más difícil ser la universidad que el país precisa.

Pero el origen de eso no está dentro de la universidad, sino en el ahogo, que significa no recomponer el presupuesto. Y nuestra enorme preocupación es cómo tratar de seguir teniendo la misma calidad porque si no, de alguna forma va a ser la crónica de una muerte anunciada.

-Hay una degradación del valor mismo de la educación universitaria, con ofertas de formación rápida y promesas de salida laboral ¿Forma parte de un desafío cultural para la universidad?

-Hay una parte de so. Nosotros si bien ofrecemos las formaciones básicas, la universidad se ha adaptado. Por ejemplo en Informática. Pero hoy en día, con el avance de la inteligencia artificial y las nuevas modalidades, empieza a aparecer que otra vez son requeridos aquellos que tienen  una formación universitaria.

Tratamos de adaptarnos con la generación de ofertas cortas, cubrir esas necesidades de formación que requieren una salida laboral rápida, pero la universidad también tiene ese rol de formar a quienes son los profesionales, a quienes tienen que generar conocimiento, a quienes tienen que gestionar. Cuando uno mira un Municipio, o las empresas, los funcionarios o los gestores han pasado por la universidad. Tenemos que tratar de hacer un balance.

-Algo había mencionado antes de comenzar a grabar, acerca de cambios al respecto.

-Vamos a dar por aprobado un cambio que se está dando en todo el sistema universitario, que es sobre la forma de mirar el tiempo que el estudiante le dedica a los estudios.

En general, todo nuestro sistema nacional estaba orientado a las horas que el alumno pasa en el aula o actividades académicas. Está claro que eso no cubre todo el tiempo que el estudiante le dedica, porque puede que tenga que ir a la biblioteca, hacer búsquedas, redactar informes. Todo ese tiempo no está contabilizado, y con este nuevo modelo se define con créditos educativos. Es el modelo que ha seguido el mundo.

Apunta a plantear cuánto es el tiempo real que un estudiante tiene que dedicarle a su carrera.

-¿Esto va a ser para todas las carreras?

-Comienza a regir el año que viene para las nuevas y para el 2027 va a haber que ir adaptándose. En un par de años, todas las carreras deberían estar reconvertidas a este nuevo modelo que debería ser más realista.

-Más allá de cuestiones específicas del Presupuesto ¿Qué obras se prevén o proyectan para el 2026? Hay algunas que ya están en marcha…

-Está paralizada la obra pública y eso es una cuestión que afecta al país. Hemos logrado y vamos a inaugurar el año que viene dos aulas con galería en la Facultad de Ciencias de la Salud en Olavarría. Las iniciamos con recursos propios, tratando de ir adelantando fondos y viendo si podíamos ir recuperando. Es solo una etapa de una obra muy grande.

Tenemos ya prácticamente terminado un gimnasio también en Olavarría, que era la única sede sin ese espacio, y era una necesidad muy fuerte porque hay una población muy grande.

Y en lo inmediato hemos tenido negociaciones con Provincia por el frente del Rectorado. Pero Provincia también tiene sus dificultades. Esas serían las tres obras que tenemos con mayor fluidez. Pero después hay muchas obras pequeñas, que no son tan pequeñas. Cambio de techos, de aberturas, pisos, que hoy en día cualquiera de esas suma millones.

Y hay una obra que no es nuestra, que viene a través del Conicet, y hay posibilidades de que se reactive. Una obra que está en el Campus, de un laboratorio de investigación.

La semana pasada, en cumplimiento con el plazo estipulado, el Municipio formalizó la elevación del proyecto Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2026 al Concejo Deliberante, cuyo monto consolidad asciende a 152.650 millones de pesos, incluida la administración central (148.734 millones de pesos), y el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP), que totaliza 58.488 millones de pesos. 

En diálogo con El Eco Multimedios, el secretario de Economía del Municipio, Raúl Moyano, compartió detalles de los principales lineamientos del plan económico para el tercer año del sexto mandato del intendente Miguel Lunghi y anticipó que salud, infraestructura y seguridad se mantienen como ejes, mientras la administración implementa medidas de austeridad.

En primer lugar, el funcionario precisó que la propuesta se enmarca en un contexto macroeconómico con “mayor estabilidad” a partir de la “disminución” de las tasas de inflación, aunque observó que este escenario se contrapone con una caída en los recursos de coparticipación que recibe el distrito por parte de Provincia.

Esta merma, explicó Moyano, es producto de una “menor recaudación” en impuestos directamente ligados al consumo y a la actividad económica, como el IVA, Impuesto a las Ganancias e Ingresos Brutos, generando una presión adicional sobre las finanzas locales.

“En un municipio con una fuerte presencia en la ciudad y que mantiene un abanico de servicios, obliga a realizar un esfuerzo considerable”, apuntó.

Prestación de servicios

Frente a este panorama, el Municipio diseñó una estructura de gastos que mantiene el foco en la prestación de servicios.

Entonces, la salud continúa siendo la prioridad para el Gobierno, ya que representa “cuatro de cada diez pesos” del presupuesto. Esta inversión se destina a sostener los efectores que posee la ciudad, incluyendo el Hospital Municipal “Ramón Santamarina”, el Hospital de Niños “Dr. Debilio Blanco Villegas”, el centro de Salud Mental y demás dependencias sanitarias, para la cobertura desde recursos humanos hasta insumos y medicamentos cuyos precios presentaron incrementos “por encima” del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

A su vez, apuntó que está previsto destinar un ocho por ciento del total a inversiones en infraestructura, tanto en la zona urbana como rural a través de la Cooperativa Vial y agregó que “también se hacen obras de gas y extensión de la red eléctrica”.

Según el secretario, este porcentaje “no es menor teniendo en cuenta que Nación prácticamente suspendió la obra pública”, mientras que con Provincia “viene bastante frenada”, y citó como ejemplo la paralización de las tareas en el desarrollo urbanístico de Sans Souci. “El Estado en todos sus niveles está sufriendo la falta de recursos”, alertó Moyano.

En contraposición, defendió que el Municipio tiene la “obligación” de prestar los servicios, desde la recolección de residuos en sus diversas modalidades (contenedores, domiciliaria, relleno sanitario y Puntos Limpios) hasta el mantenimiento de las “grandes extensiones” de espacios verdes públicos.

Asimismo, mencionó “todas las actividades” que desarrolla la Secretaría de Protección Ciudadana y destacó los patrullajes del sistema Centinela y la red de cámaras del Centro de Monitoreo, herramientas conectadas en línea y centralizadas en el nuevo edificio de la dependencia con “tecnología moderna”,  que demostraron su eficacia para la “detección de situaciones” delictivas en la ciudad, resaltó.

Recursos municipales, recursos provinciales

Otro de los puntos que hacen al desarrollo presupuestario tiene relación directa con los recursos que la ciudad recibe de la administración bonaerense en concepto de coparticipación.

En ese sentido, alertó sobre la disminución de los fondos y su impacto en la composición de la recaudación local, circunstancia que llevó a revertir una tendencia histórica. “Esto obliga que cada vez tenga que ser mayor el aporte de los contribuyentes tandilenses”, insistió para justificar el incremento de las tasas.

En detalle, el presupuesto prevé que casi un 58 por ciento de los recursos serán aportados directamente por los contribuyentes tandilenses a través de las tasas municipales, mientras que un 42 por ciento provendrá de la Provincia. “Se revirtió la tendencia de los últimos años”, afirmó el secretario de Economía, que recordó que ejercicios en los que Provincia “llegó a aportar hasta un 54 por ciento”.

Actualización de las tasas

El proyecto también incluye una “actualización gradual” de las tasas municipales para acompañar “el incremento de los costos de los servicios” y “sostener la capacidad operativa” del Estado local.

En concreto, la propuesta prevé ajustes bimestrales según la evolución del IPC, con incrementos puntuales del 15 por ciento en el segundo y cuarto bimestre para las tasas prediales y asociadas, y del 20 por ciento en esos mismos períodos para la Tasa de Salud.

En paralelo, se mantienen los incentivos al sector productivo -sin cambios en las alícuotas de la Tasa Unificada a las Actividades Económicas- y se incorporan nuevas facilidades de pago y exenciones para acompañar a las familias con menores ingresos y a aquellas que cuenten con algún integrante con discapacidad.

Tasas y contraprestación

En tanto, Moyano aclaró que el Municipio “no cobra impuestos”, sino tasas, diferenciando el tributo por una prestación de un servicio específico. “Cuando uno recibe una boleta de Servicios Sanitarios permite comparar el valor con la provisión de agua potable y cloacas”, mientras que la Tasa Retributiva de Servicios contempla “la recolección de residuos, el mantenimiento de espacios verdes, el alumbrado, el Fondo de Inversión Vial para la pavimentación y repavimentación de calles”, un plan que sigue en marcha en zonas céntricas y en Las Tunitas, junto con la sobretasa de Seguridad.

También “se mantienen subsidios para bibliotecas y clubes”, y se invertirán fondos en infraestructura educativa, como la obra de la Escuela Técnica 3, que se completará el año próximo.

En definitiva, el secretario planteó que se trata de “toda una serie de recursos invertidos en servicios y obras para mantener la calidad de vida de los tandilenses”.

“Mayor austeridad”

Frente a este escenario, defendió que el Presupuesto 2026 se enmarca en un contexto de “mayor austeridad” para la administración municipal. “Se redujeron cargos, eliminaron determinadas estructuras dentro de la organización del Municipio y suprimido tareas superpuestas con el objetivo de generar mayor eficiencia y demostrar que el propio Estado local también asume la necesidad de ajustarse” a la realidad económica, argumentó.

En definitiva, Moyano consideró que las proyecciones para el cálculo de recursos y gastos como en la ordenanza impositiva y fiscal son “razonables” y apuntan a “mantener e incluso mejorar la calidad de los servicios esenciales” de los tandilenses.

Finalmente, Moyano se refirió al proceso de elaboración del presupuesto. En ese sentido, dijo que si bien la tarea siempre es compleja, este año presentó una particularidad que aportó cierta certidumbre en relación a la aprobación del presupuesto provincial para 2026 en noviembre pasado.

Esta situación contrasta con los años 2024 y 2025, donde Nación y Provincia contaron con presupuestos aprobados, circunstancia que generó un escenario de incertidumbre.

 Pasada la medianoche se produjo la votación en general de la Ley de Leyes, norma que fue aprobada con 132 votos a favor y 97 en contra, en tanto que hubo 19 abstenciones.

Posteriormente se dio paso al tratamiento en particular de cada capítulo.

Otro tema a analizar era la Ley de Inocencia Fiscal, pero cuya aprobación corría peligro ante la insuficiencia de apoyos, por las dudas que genera el texto en términos jurídicos y constitucionales.

Recién a las 14,27, 27 minutos más tarde del horario convocado, se pudo superar el número de 129 diputados nacionales necesarios para habilitar la sesión, que se espera que sea maratónica.

Al auxilio del oficialismo salió Nicolás Massot (Encuentro Federal – Unidos), quien al observar en el tablero que La Libertad Avanza no alcanzaba el umbral ni con la ayuda de sus aliados, se vistió de salvador e hizo señas a sus compañeros de Provincias Unidas (que había amagado con no dar quórum) para que se sentaran en sus escaños.

“Nos sentamos para que discutamos a fondo -a pesar de las trapisondas- cómo es la política económica”, justificaría un rato después Massot, que no quiso que el interbloque Unidos quedara como artífice de un boicot al tratamiento del Presupuesto.

Los diputados de Unión por la Patria, que vistieron sus bancas con carteles que rezaban “Cristina Libre”, y los del Frente de Izquierda recién se sentaron cuando el oficialismo había conseguido el número para dar inicio a la función.

El comienzo de la sesión estuvo teñido por acaloradas discusiones acerca del método de votación del proyecto: la controversia se saldó mediante una votación cuyo resultado favoreció al oficialismo, que propuso votar capítulo por capítulo.

Los bloques de la oposición como Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y el interbloque Unidos reclamaron votar artículo por artículo de manera nominal, pero no pudieron imponer ese criterio.

La diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade (interbloque Unidos) repudió la presencia de su par de La Libertad Avanza Lorena Villaverde en el recinto, tras recordar que no se le permitió asumir una banca en el Senado por “inhabilidad moral y ética”.

Como miembro informante del dictamen de mayoría del oficialismo y sus aliados, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, sostuvo que “es un principio moral no gastar más de lo que se tiene”, afirmó el legislador,

A su vez, el economista libertario dijo que “la estructura estatal es elefantiásica, y pidió “alivianar cuentas” y “bajar el gasto”.

Por su parte, la diputada de Unión por la Patria Julia Strada, como miembro informante del dictamen de minoría, reprochó que el proyecto de Presupuesto oficialista elimina la automaticidad de las actualizaciones de las Asignaciones Familiares y de la AUH.

También criticó el ajuste en la obra pública del 76,5 por ciento, y lo contrapuso con el aumento de las partidas de la SIDE, en el orden del 19 por ciento.

Massot, por su parte, pidió una postura equidistante de “quienes sobreestiman insustentablemente la igualdad y quienes entronizan la libertad”.

“Estamos en un momento de exaltación de la libertad que responde a una sobreestimación insustentable de la igualdad”, analizó el bonaerense, que instó a “encontrar la igualdad dentro de la libertad”.

El diputado opositor cuestionó la derogación de la ley de Financiamiento Universitario que plantea el Gobierno a través de la ley de Presupuesto.

Para Massot, el Gobierno plantea “un conflicto de suma cero al discutir una de las políticas de Estado más exitosas de la política argentina como la educación universitaria gratuita y universal”.

El diputado nacional de la UCR Lisandro Nieri respaldó el proyecto del Gobierno y valoró “la receptividad que hubo en los últimos días” para “aceptar algunas propuestas superadoras”.

“Por suerte se puso de moda una batalla cultural que se instaló, que es la del equilibrio presupuestario y por sobre todo una baja del gasto, en una Argentina que había tenido un crecimiento del gasto a niveles intolerables, con la consecuente presión sobre el sector privado”, sostuvo el mendocino.