En la celebración por el 117mo aniversario del Hospital Ramón Santamarina, el Intendente Miguel Lunghi anunció que el Municipio invertirá 540 millones de pesos para continuar la construcción de los Consultorios Externos de Paz y Pellegrini. Se trata de una obra fue suspendida por el actual gobierno nacional cuando llevaba un 50 por ciento de avance. La empresa a cargo de la licitación debe aceptar la propuesta comunal, que proyecta además desarrollar a futuro pisos superiores con nuevos consultorios en el lugar. 

“Algunos nos tratan de ineficientes. Que nos traten como quieran, estamos en democracia. Pero también el Hospital a sus 117 años está recibiendo regalos”, expresó Lunghi. Luego agregó detalles de la iniciativa y destacó la importancia de los consultorios en la descompresión del Hospital Municipal.  “El Municipio, con plata de los tandilenses, con 540 millones de pesos, va a continuar la obra de los Consultorios Externos. Para nosotros es muy importante, porque le va a sacar movimiento al Hospital y lo va a trasladar a Paz y Pellegrini. Esto es bueno para un hospital que trabaja más descongestionado, con menos ruido, con menos movimiento”, aseguró.

El Intendente hizo mención al abandono de la obra tras la asunción del actual gobierno nacional en diciembre de 2023.  “Fue suspendida la obra. A mi modo de ver, totalmente fuera de lugar por el gobierno nacional que la paralizó cuando estaba el convenio firmado y estábamos alrededor del 50 por ciento de construcción en una licitación totalmente transparente sin ningún tipo de problema. No puede ser que se deje de lado algo que sea para la salud o algo que sea para la educación por el solo hecho de mirar la parte financiera”, sumó.

Tras el acto de celebración por los 117 años del Hospital Municipal, el Intendente dialogó con El Eco y confirmó que el monto a invertir será de 540 millones de pesos. La iniciativa ya figuraba como un ítem dentro de la ordenanza de Presupuesto 2026, y de acuerdo a lo que transmitió Lunghi, los montos son de libre disponibilidad. El Municipio ofrecerá a la empresa que tenía a cargo la licitación continuar el trabajo por el valor mencionado. En el caso de que la firma no acepte, podría abrirse una nueva licitación.

Se trata de la segunda etapa de una obra que hasta diciembre pasado llevaba un 50 por ciento de avance, y que la Comuna proyecta finalizar. Además, prevé dejar las bases para posibles continuidades a futuro, en particular otros consultorios en pisos superiores.

La de los Consultorios Externos no fue la única obra anunciada por Lunghi durante la mañana del sábado 25 en el Hospital. “En pocas semanas estaremos inaugurando una Sala de Partos nueva. Después se va a hacer la transformación y la remodelación de la Sala de Maternidad, de la que están comprados los materiales y la mano de obra licitada. Y también modernizar la Sala de Cirugía y la Sala de Clínica”, concluyó.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reglamentó este lunes el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), una herramienta clave destinada a regularizar atrasos de Tesorería y financiar proyectos de infraestructura, sociales y ambientales en los 135 municipios bonaerenses.

A través del decreto 358/26, publicado en el Boletín Oficial, se establecieron las pautas para la integración, distribución y ejecución de estos recursos. El fondo se conformará con el ocho por ciento de los recursos obtenidos por el endeudamiento autorizado y contará con una garantía mínima de 250.000 millones de pesos provenientes de Rentas Generales, que se transferirán en cinco tramos entre abril de 2026 y junio de 2027.

En cuanto a la distribución, el 70 por ciento se asignará mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30 por ciento restante se destinará a programas provinciales ejecutados por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el Ministerio de Transporte y el Instituto Cultural.

La normativa también dio origen a tres líneas de acción específicas para inyectar capital en los distritos: el Programa de Transporte y Acceso Territorial, el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal y el Programa Cultura y Territorio.

Para acceder a estos recursos no reintegrables, los intendentes deberán presentar una nota de adhesión formal. El Gobierno bonaerense fijó como fecha límite el próximo diez de abril, es decir, el viernes de la corriente semana. Según indica la reglamentación, "una vez suscripto el convenio mencionado podrá efectivizarse la transferencia de la primera cuota"

De cumplirse los plazos administrativos, el primer desembolso debería concretarse el 30 de abril. El avance de esta medida se da en un contexto de incertidumbre financiera, luego de que el propio Kicillof manifestara su preocupación ante los jefes comunales por el recorte de fondos que aplica el Estado nacional.

Preocupados por la reciente eliminación en el Presupuesto 2026 del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, directivos y docentes de escuelas secundarias técnicas de todo el país deberán comenzar el próximo ciclo lectivo con menos recursos para funcionar.

“Es un panorama oscuro; es algo que nos sucedió ya a fines de los ´90. Yo lo viví siendo alumno y ahora me toca vivir algo similar siendo docente", resumió Diego Tripiana, profesor de la Escuela Técnica N° 1 de Tandil.

Entrevistado por El Eco Multimedios, Tripiana explicó que, el eliminado recientemente por la sanción de la Ley de Presupuesto 2026, es un subsidio que el Estado nacional otorgaba de acuerdo a la cantidad de alumnos de cada establecimiento educativo.

"Cada escuela tiene una matrícula y, de acuerdo a esa matrícula, es que reciben los porcentajes de ese subsidio", expresó.

El mencionado Fondo había sido creado por la Ley 26.058 sancionada en 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, con el objetivo de promover la educación técnica luego de varias décadas de desfinanciamiento al sector.

Según la norma, el Estado nacional debía generar ese Fondo con al menos el 0,2% del total de los ingresos previstos en el presupuesto anual.

Ahora, además de la angustia, en las escuelas técnicas reina también la incertidumbre. Desde las entidades ya se preparan para volver a clases con esta problemática a cuestas.

“Al haber sido votado sobre fin de año, no tenemos un panorama claro sobre cómo vamos a afrontarlo, así que eso está en veremos. Es algo  que tenemos que ver cómo vamos a solucionar", manifestó Tripiana.

Y dijo que "va a ser, básicamente, el tema en el que vamos a tener que trabajar desde febrero”.

La quita de este subsidio afecta a todas las entidades de Educación Técnico Profesional (ETP) del país.

Puntualmente, el docente de Tandil explicó que esta medida “incluye a todas las escuelas técnicas del país, estamos hablando de alrededor de 4.000 instituciones de formación técnico profesional: incluye a escuelas secundarias técnicas, a la parte de formación profesional -cursos para adultos de electricidad o mecánica, por ejemplo- y a la parte de los institutos terciarios".

Aumento de la matrícula escolar

Por otra parte, Tripiana hizo hincapié en el incremento de la matrícula en las escuelas de educación técnica, algo evidente durante los últimos 15 años, en los que se creció, además, la presencia de mujeres en este tipo de establecimientos.

“Entre 2011 y 2020 aumentó en un 20% la matrícula dentro de las escuelas técnicas; se superó en porcentaje a la escuela Normal”, especificó el docente.

Y dijo que también “ha crecido la presencia de las chicas dentro de toda esa matrícula; en realidad la presencia de mujeres creció en todas las escuelas técnicas".

Para terminar, el profesor comentó que las inscripciones para el próximo ciclo lectivo estuvieron abiertas a finales de diciembre y que volverán a abrirse en febrero próximo.

Consultado sobre las formaciones que ofrecen las escuelas técnicas de la ciudad, Tripiana, dijo que "en Técnica 1 tenemos la Tecnicatura en Electromecánica y en Técnica 2 hay varias carreras; entre ellas, Electromecánica, Maestro Mayor de Obra, Informática y Química”.

Tras la maratónica sesión del Concejo Deliberante, la última del año, el secretario de Gobierno, Miguel Lunghi (h), analizó los alcances de la aprobación del Presupuesto de Recursos y Cálculo de Gastos para la administración central y el Sistema Integrado de Salud Pública para el ejercicio 2026.

En diálogo con el ciclo “Tandil Despierta” (EcoTV y 104.1 Tandil FM), el funcionario calificó a esta herramienta como “fundamental” para el desarrollo del plan de Gobierno y la definió como el “marco político” que regirá el camino para el tercer año del sexto mandato del intendente Miguel Lunghi.

La aprobación se concretó el lunes por la tarde, alrededor de las 16.30, tras un proceso de búsqueda de acuerdos que permitió obtener los votos necesarios que habilitó su debate en el recinto de sesiones. “Se pudieron construir los consensos que hicieron que se apruebe”, destacó.

Como se informó en estas páginas, el Presupuesto fue respaldado por 12 legisladores de los 20 que integran el cuerpo. Los cinco integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical sumaron siete adhesiones de la bancada de Fuerza Patria para sancionar la ordenanza madre junto con las ordenanzas fiscal e impositiva, mientras los seis ediles de Acción Tandilense – La Libertad Avanza y los dos de Hechos - Alternativa Tandil lo hicieron por la negativa.

El secretario también puso en análisis la nueva conformación al mencionar que el oficialismo cuenta con cinco legisladores propios y que, pese a ese lugar de minoría, logró construir consensos a través del diálogo.

Según adelantó, el expediente “bajó” al Ejecutivo para su promulgación para que el nuevo esquema comience a regir a partir del próximo ejercicio. Para el funcionario, este paso administrativo garantiza la previsibilidad y las herramientas básicas para gobernar durante un año que, según su visión personal, demandará un esfuerzo por parte de la administración pública.

Consensos políticos y el rol del peronismo

El proceso de aprobación del Presupuesto puso de manifiesto la dinámica política actual del Concejo Deliberante, donde el oficialismo perdió la mayoría automática tras los resultados electorales de septiembre pasado.

En ese escenario, Lunghi (h) explicó que el trabajo en las comisiones legislativas permite que los expedientes lleguen al recinto con dictámenes que tienen un acuerdo previo, lo que suele garantizar su votación favorable durante la sesión.

Sin embargo, citó lo ocurrido en el encuentro legislativo del lunes a partir del tratamiento del pedido de aumento del cuadro tarifario del transporte público de pasajeros, donde las firmas en comisión no se tradujeron en votos en el recinto, en clara referencia a la movida política que lideró el bloque de Acción Tandilense – La Libertad Avanza.

De todos modos, e independientemente de esta situación, valoró que, “por suerte”, el Gobierno cuenta con la herramienta del presupuesto, el “camino político” de la gestión, a partir de la construcción de los consensos necesarios que le permitió sumar adhesiones del bloque de Fuerza Patria.

En virtud de lo sucedido, mencionó que es el tercer presupuesto consecutivo que el peronismo acompaña con su voto, entendiendo que deben “dar previsibilidad y la herramienta fundamental para gobernar”.

Por el contrario, apuntó contra los bloques que se opusieron al acompañamiento de las proyecciones económicas de la comuna o expresaron negativa a generar aumentos o a realizarlos mediante la aplicación del IPC. “El Sistema Integrado de Salud Pública absorbió una demanda creciente de vecinos que perdieron su cobertura de obra social”, expuso a modo de fundamento.

En cuanto a la discusión sobre las tasas municipales, un tema que ocupó un lugar central en el debate legislativo, Lunghi (h) desestimó versiones de algunos concejales que hablaban de incrementos del 800 por ciento y las calificó como afirmaciones “para tapa de diario”.

En este punto, el funcionario defendió la política salarial llevada adelante por la gestión y afirmó que durante el año, los salarios de los trabajadores municipales se ubicaron “14 puntos por encima del IPC”, a partir de las recomposiciones otorgadas.

Pese a esto, reconoció que la situación económica general afecta el poder adquisitivo de todos los ciudadanos y que la “cobrabilidad” de las tasas sufrió una caída en virtud del mecanismo que aplican las familias para priorizar el pago de servicios esenciales como luz, gas o internet.

“En una situación de crisis económica, donde los recursos no alcanzan, la prioridad es el pago de la luz, del gas, internet y por último las tasas municipales. El Estado sigue funcionando y lamentablemente el vecino, cuando tiene inconvenientes y tiene que tomar una restricción siempre se dice que lo primero que deja de abonar son las tasas", evaluó el funcionario.

Optimización de recursos y reducción del gasto

En otro pasaje de la entrevista, el secretario de Gobierno apuntó a las acciones impulsadas por la administración comunal ante la caída en la recaudación y la disminución de los ingresos por coparticipación.

En ese sentido, dijo que el Municipio puso en marcha un “plan de restricción”, o de “optimización”, del gasto a partir del cual logró una reducción de “entre el 35 y el 40 por ciento” en el pago de horas suplementarias (horas extras) durante el último trimestre, dijo a modo de ejemplo.

El secretario de Gobierno subrayó que buscan “seguir cumpliendo con los empleados municipales”, que son “la cara visible” de la gestión y el activo “más importante” para garantizar el funcionamiento de la ciudad.

“Si no hay empleados municipales al día, no hay servicios que se puedan brindar”, sentenció y apuntó que la merma en el consumo interno impactó directamente en la coparticipación provincial que recibe Tandil, lo que llevó a revertir la tendencia histórica en cuanto al equilibrio en el origen de los recursos, quedando por encima los recursos municipales que se generan a partir de las cobrabilidad de las tasas.

Un nuevo organigrama

Tras el resultado electoral, uno de los cambios que la administración comunal pondrá en marcha en 2026 será la modificación del organigrama. En concreto, y como se informó, la Jefatura de Gabinete dejará de existir como tal y sus dependencias pasarán a estar bajo la órbita de la Secretaría General de Gobierno.

Este enfoque implica una reestructuración de funciones para ganar efectividad en la respuesta a las demandas ciudadanas.

El área de Inspección General y Habilitaciones se trasladará a la Secretaría de Protección Ciudadana, y la actual Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas se dividirá en dos secretarías, con el objetivo de especializar las tareas y agilizar la tramitación de expedientes.

Estas “pequeñas modificaciones” buscan una mayor efectividad en la resolución de los temas que los vecinos reclaman a la Municipalidad.

Perspectivas para 2026

Sobre el final de la entrevista con el ciclo televisivo, Lunghi (h) anticipó un 2026 de “extremada complejidad”, quizás “más complejo que el que estamos terminando”.

La estrategia será cumplir con el pago de los haberes de los trabajadores municipales, con el sostenimiento de los servicios públicos y con el Sistema Integrado de Salud Pública brindando asistencia a los vecinos. “Es un presupuesto de cumplimiento”, definió y aclaró que no contempla “grandes expansiones de servicios ni nuevas iniciativas”.

“Va a ser un año difícil”, insistió y garantizó que eso no implica que “no estemos dispuestos a afrontarlo y atravesarlo. Gestionar es eso, no es siempre tener buenas noticias para transmitir”.

Sobre las especulaciones respecto a una posible candidatura en 2027, el secretario de Gobierno prefirió mantener la cautela. “Acabamos de pasar un proceso electoral en el cual no nos fue tan favorable”, dijo, por lo que ratificó que “estamos gestionando, gobernando todos los días, intentando resolverle los inconvenientes que tienen”.

Y remató que “el 2026 lo veo de extremada complejidad, por lo menos el primer semestre del año”.

"Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas", aseguró el presidente Javier Milei, al ser consultado sobre los vencimientos del 2026.

Milei dijo que a la instrumentación de la financiación y de los pagos se encuentra abocado el ministro de Economía, Luis Caputo, quien días antes sostuvo que la voluntad de su cartera era reducir la recurrencia a Wall Street.

El mandatario formuló declaraciones radiales luego de que el Senado convirtió en ley el Presupuesto 2026 y la “Inocencia fiscal”, considerados claves por el Ejecutivo para avanzar en la estabilidad fiscal. Además, este viernes el Banco Central hizo una fuerte compra a divisas, destinadas a fortalecer las reservas.

En 2026 vencen unos US$ 12.600 millones de deuda, de los cuales US$ 4.200 operan en enero.Sobre el pago de la deuda, Milei dijo que “eso lo va a resolver el ministro Caputo, quien entiende como nadie el valor de pagar”.Este viernes las reservas subieron en casi US$ 600 millones y cerraron la semana con un nuevo récord de acumulación durante la gestión Milei, de 43.610 millones de dólares.

Milei dijo que “pasaron las elecciones legislativas nacionales, se desplomó el 'riesgo kuka' y se empezó a recuperar la demanda de dinero. Algún mérito debemos tener por cumplir las metas... Otra de las cosas imposible que fuimos revirtiendo: somos el gobierno que más reservas compró en la historia, 30 mil millones de dólares”.

En tanto, Caputo dijo que “el objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street, ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, escribió Caputo en su cuenta oficial de X, respondiendo a un usuario que había preguntado si iría a haber una emisión de deuda en Nueva York en enero de 2026.

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro criticó la asignación de recursos nacionales para infraestructura vial y ratificó el rechazo de su bloque a recortes en educación y discapacidad, en el marco de una jornada donde presentó 190 nuevos móviles para la policía rosarina.

El mandatario santafesino advirtió que el monto destinado por la Nación para todo el país es menor a la inversión provincial en rutas y señaló que el deterioro de la red nacional será inevitable bajo estas condiciones.

Durante un acto en la Estación Policial Sudoeste, Pullaro detalló la postura de sus legisladores frente al proyecto oficial: “Nuestro bloque se opuso al artículo 30, que tenía que ver fundamentalmente con el desfinanciamiento de la ley de discapacidad y el de la educación pública".

En el marco de la discusión por el Presupuesto 2026, el titular del Ejecutivo provincial enfatizó la necesidad de que el texto contemple las acreencias que el Estado central mantiene con las jurisdicciones del interior.

Al respecto, sostuvo: “Queríamos que se contemple la deuda que tienen Nación con muchas provincias, entre ellas Santa Fe, la cual es sumamente importante, referida a la deuda de la caja de jubilación y del pacto fiscal”.

En materia de obra pública, el gobernador comparó las cajas de ambas administraciones y lamentó las proyecciones para el año entrante: “Nosotros hubiésemos querido que haya mayor presupuesto para infraestructura vial. El gobierno tiene para todo el país menos presupuesto, alrededor de 360 mil millones, que lo que nosotros tenemos para reparar rutas en Santa Fe. Esto va a hacer que las rutas de Nación se sigan deteriorando”.

En paralelo a las definiciones políticas, el gobernador encabezó la entrega de 190 camionetas Chevrolet Montana destinadas a la Unidad Regional II, adquiridas mediante licitación pública bajo la Ley de Emergencia en Seguridad.

Durante la ceremonia, Pullaro se dirigió a las fuerzas de seguridad para destacar la baja en los índices de criminalidad: “Queremos tener la provincia más segura de la República Argentina”, afirmó ante los agentes, para luego concluir que “hace dos años, nadie en esta ciudad, en la provincia o en la República Argentina, creía que era posible lo que lograron: contener el delito y bajar la violencia”.

La aprobación del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal generó una serie de reacciones en todo el arco político argentino. El oficialismo celebró la sanción de las iniciativas, al tiempo que desde la oposición advirtieron por el impacto en áreas estratégicas.

El primero en celebrar la victoria legislativa fue el propio presidente Javier Milei, que posteó en X su tradicional frase “VIVA LA LIBERTAD CARAJO” junto a una foto del tablero electrónico del Congreso.

En tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó el resultado del debate parlamentario. “Felicitaciones a todos y cada uno de los que trabajaron codo a codo para lograr que Argentina tenga un presupuesto equilibrado para el 2026. Fueron muchas semanas de incansable trabajo en equipo. Gracias a todos”, expresó. Y además celebró “la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, que viene a reparar la estafa que el Estado le hizo a los argentinos durante 40 años, devolviéndoles la libertad de utilizar sus ahorros, y blindándolos para que ningún político del futuro se los pueda quitar”.

Y la senadora Patricia Bullrich destacó, sobre la Ley de Inocencia Fiscal: “Basta de persecución a los argentinos de bien. El control va donde tiene que ir: a los que evaden”.

En tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, resaltó que “por primera vez, la Argentina aprobó un Presupuesto con equilibrio fiscal y aumentos de partidas por encima de la inflación en áreas prioritarias. Un paso fundamental para seguir avanzando en las transformaciones que lidera el Presidente @JMilei”.

Mientras que el diputado Sebastián Pareja, principal representante de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, afirmó que “todos los demás caminos ya se intentaron y fracasaron”.

Mientras tanto, desde la oposición, el gobernador bonaerense Axel Kicillof reposteó un mensaje de la Dirección General de Escuelas de la Provincia, donde se insiste en que “el proyecto de Presupuesto Nacional 2026 pone en riesgo la educación y el sistema de CyT. La iniciativa presupuestaria propone un profundo recorte en el área educativa y científica- tecnológica, en contradicción con la obligación legal del Estado de garantizar su funcionamiento”. El texto fue publicado antes de la sanción del Presupuesto.

Mientras que la Juventud Radical porteña lamentó que “el Senado eliminó los pisos mínimos de inversión en educación y ciencia en el Presupuesto 2026. No fue un error: fue una decisión. Recortaron educación y ciencia. Eligieron desigualdad”.

La Federación Universitaria Argentina, por su parte, afirmó en sus posteos que en el próximo año Argentina será “un país en riesgo”, y aseguró que “el Congreso de la Nación Aprobó un presupuesto que representa un ajuste del 34% a lo que la Universidad Pública Argentina necesita para funcionar en el 2026”.

El senador justicialista Marcelo Lewandowski disparó por su parte: “Este presupuesto lleva al empobrecimiento de gran parte de la sociedad; desfinancia a la educación, a la ciencia y tecnología; refuerza la desindustrialización y atenta contra el federalismo”.

La discusión por el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2026 entró en su etapa de definiciones en el Concejo Deliberante. Luego de la presentación formal realizada por el secretario de Economía del Municipio, Raúl Moyano, los diferentes sectores políticos iniciaron un proceso de análisis técnico de los lineamientos económicos para el tercer año del sexto mandato del intendente Miguel Lunghi.

En esta instancia, el eje del debate no se centró únicamente en la distribución de las partidas, sino fundamentalmente en el impacto que el esquema de actualización de tasas tendrá sobre los contribuyentes.

Desde el bloque de Fuerza Patria, el concejal Severiano Mon actualizó el estado de situación del debate y las negociaciones con el oficialismo en el marco de la reunión semanal de la Comisión de Economía que preside María Haydeé Condino (UCR).

En diálogo con El Eco de Tandil, el concejal adelantó que no acompañarán la propuesta “tal y como estaba” redactada por el Departamento Ejecutivo. Por el contrario, consideró que “hay que hacer algunos cambios”  direccionados en los aumentos que contemplan la ordenanza fiscal e impositiva, especialmente para la Tasa Retributiva de Servicios.

Según precisó, la mirada está puesta en encontrar moderación frente a la presión tributaria que afronta los vecinos en los tres niveles del Estado. “Entendemos la necesidad del Municipio de sostenerse en términos de recursos, pero también que debía buscarse un punto de moderación porque eso no puede recaer exclusivamente en los ciudadanos en un contexto de crisis”, fundamentó.

“Esperaremos a que el Ejecutivo haga los cálculos y el lunes estaremos disponibles si se cumple con nuestra propuesta”, señaló Mon, que depositó en el oficialismo la siguiente jugada.

En tanto, defendió que “nuestra posición es sensata y equilibrada” y “no buscamos desfinanciar al Municipio, sino morigerar los aumentos de tasas con sentido común teniendo en cuenta la situación económica”.

Con miras a la sesión ordinaria convocada para el lunes, las negociaciones marcan el ritmo de los días, en medio de una dinámica que busca cerrar los detalles técnicos para que las proyecciones incluidas en la ordenanza madre puedan ingresar al recinto para su tratamiento.

Actualización de las tasas

Las discusiones se centraron en desglosar los aumentos previstos, los cuales originalmente contemplan la continuidad del ajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) junto con la aplicación de sumas fijas adicionales en dos bimestres del año.

El proyecto elevado por el Departamento Ejecutivo incluye una actualización gradual de las tasas municipales para acompañar el incremento de los costos de los servicios que “supera claramente las variaciones en el Índice de Precios al Consumidor que publica Indec y sostener la capacidad operativa del Estado local”, señaló el mensaje de elevación.

Entonces, la propuesta original prevé ajustes bimestrales según la evolución del IPC, con incrementos puntuales del 15 por ciento en el segundo y cuarto bimestre para las tasas prediales y asociadas, y del 20 por ciento en esos mismos períodos para la Tasa para la Salud, con una “distribución secuenciada a lo largo del año para atenuar el impacto en el bolsillo de las contribuyentes locales”.

En paralelo, se mantienen los incentivos al sector productivo -sin cambios en las alícuotas de Actividades Económicas- y se incorporan nuevas facilidades de pago y exenciones para acompañar a las familias con menores ingresos y a aquellas que cuenten con algún integrante con discapacidad.

El punto de debate se centró principalmente en la Tasa Retributiva de Servicios, que es la que “pagan absolutamente todos los tandilenses”.

Para este ítem, la oposición planteó que el incremento debe regirse únicamente por la evolución del IPC durante “todo el año”, eliminando cualquier componente de suma fija.

Por otro lado, la propuesta de la oposición se mostró a favor del esquema propuesto para la Tasa de Salud al reconocer la “problemática” por la que atraviesa el sistema de salud pública, que “en los últimos dos años” registró un incremento en la demanda producto de personas que perdieron su cobertura privada o prepaga.

Ante esta situación, el bloque de Fuerza Patria reconoció que el Estado comunal “necesita dotarse de recursos” a recaudar a través del tributo que presenta un esquema de actualización por IPC en cuatro bimestres y sumas fijas del 20 por ciento en los dos restantes, con el fin de dotar al sistema sanitario de los recursos necesarios para su funcionamiento.

Un criterio similar se aplicó para los servicios sanitarios, donde el aumento de la energía eléctrica afectó el costo de operación de las plantas depuradoras y los pozos de bombeo, junto con la carga salarial de los empleados de Obras Sanitarias.

Los grandes generadores de residuos, en debate

Otro de los puntos que generó discusiones -y cuyas negociaciones continúan abiertas- gira en torno a la incorporación de un nuevo capítulo en la ordenanza impositiva destinado a los grandes generadores de residuos.

La intención del Departamento Ejecutivo era establecer una diferenciación tributaria para aquellas empresas que requieren un tratamiento diferencial de sus desechos. Si bien Mon coincidió con el espíritu de la iniciativa, que busca separar lo que paga un vecino común de lo que tributa una gran firma, cuestionó la forma en que se pretendía implementar.

“No lo vamos a acompañar así como está”, afirmó y demandó un trabajo más profundo en el Concejo Deliberante para “corregir algunas cuestiones de nomenclatura y de nuevas radicaciones de empresas en el partido de Tandil”, como ciertos centros de distribución y cadenas de comida rápida.

Entonces, y tal cual expuso ayer ante los concejales que integran la Comisión de Economía, “no estamos de acuerdo en instrumentar esto de manera apurada”, por lo que solicitó formalmente que este capítulo sea retirado de la ordenanza fiscal para ser abordado de forma independiente a partir de marzo.

Según indicó el edil a este Diario, el pedido de postergar este debate habría tenido una recepción favorable en la comisión, aunque la confirmación definitiva dependerá de los ajustes que realice el equipo económico del intendente Miguel Lunghi.

“Si logramos que el Ejecutivo tome nota de estos cambios y avance, obviamente el día lunes estaríamos firmando los dictámenes y tratando el presupuesto”, adelantó el concejal de Fuerza Patria.

Mon defendió que el posicionamiento reconoce “la necesidad que el Intendente pueda contar con la herramienta presupuestaria para las acciones de Gobierno” y aclaró que “no nos oponemos”, a la vez que deslizó que “si el oficialismo envió las modificaciones propuestas al Ejecutivo es porque estarán haciendo los cálculos para poder aceptar nuestra propuesta y que haya presupuesto”.

El impacto financiero

La aplicación de los cambios impulsados por la bancada tendría un correlato directo en las arcas municipales. Según los cálculos realizados por el equipo técnico, la decisión de limitar la Tasa Retributiva de Servicios al IPC anual representaría una disminución de “aproximadamente 1.800 millones de pesos” en la recaudación prevista originalmente por el oficialismo.

El concejal defendió que su ausencia no debería poner en riesgo la estabilidad fiscal de la comuna.

A pesar del recorte en los ingresos proyectados, Mon aseguró que la propuesta sigue siendo “equilibrada” y que no busca desfinanciar al Estado municipal.

“Nuestra posición es sensata; no podríamos votar un presupuesto deficitario porque nos lo impide la Ley Orgánica de las Municipalidades”, explicó.

Contexto nacional y obra pública

Por otro lado, Mon describió la proyección para el próximo ejercicio como un presupuesto de mantenimiento y sostenimiento dado que no contempla grandes partidas destinadas a infraestructura urbana.

El concejal vinculó esta situación con el “ajuste” implementado por el gobierno de Javier Milei, señalando que el retiro del Estado nacional tuvo un impacto en las cuentas de los municipios bonaerenses.

“Este no es un presupuesto para resolver los grandes problemas de la ciudad”, reconoció Mon, y agregó que Tandil sufre las consecuencias de una “demanda creciente de servicios” y las “deficiencia” que presentan algunos de ellos.

Asimismo, mencionó el “gran esfuerzo” que realiza la Provincia, que también “está muy limitada” para afrontar “grandes proyectos de infraestructura”.

La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires se pronunció en contra de la Ley de Presupuesto 2026, ya que implica "el desmantelamiento de la Ley de Educación Nacional (LEN)" y resulta "un grave ajuste en el financiamiento educativo y científico-tecnológico que compromete la obligación del Estado de garantizar el financiamiento del Sistema Educativo Nacional y de mantener los niveles mínimos de inversión".

En esa línea, la DGCyE bonaerense solicitó a los senadores nacionales "el rechazo del artículo 30 del proyecto de presupuesto, dado que su aprobación significaría la desaparición de la obligación legal de asignar un mínimo garantizado para la educación y el sistema de Ciencia y Tecnología". Y agregó: "Con la vigencia de dicho artículo, el financiamiento quedaría sujeto a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo Nacional, integrándose al gasto general sin prioridad alguna y variando año tras año sin mediar protección legal. La educación en su totalidad, incluyendo la educación técnico- profesional, y la política científica pasarían a ser contingentes y precarizadas. Con ello se consolida un proceso de desfinanciamiento que pone en riesgo el pleno ejercicio del derecho social a la educación".

A través de un comunicado, la cartera que dirige Flavia Terigi, indicó que "la iniciativa del gobierno nacional elimina o deja sin efecto los pisos de inversión garantizados por leyes específicas, afectando de manera directa al sistema de Educación Técnico Profesional (ETP) y a su capacidad de formación para el desarrollo productivo".

En este sentido, apuntó que "el mencionado proyecto deroga el artículo 9° de la Ley de Educación Nacional N°26.206, lo que implica lisa y llanamente el renunciamiento al compromiso del Estado Nacional de garantizar los recursos para que todos y todas en Argentina accedan a una educación de calidad, gratuita y equitativa en el territorio nacional". El escrito subrayó que la ley aprueba "la derogación del artículo 52 de la Ley N°26.058, lo que conlleva la desaparición del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FNETP), herramienta fundamental para el equipamiento y la mejora de nuestras escuelas técnicas y agrarias".

El comunicado de la DGCyE bonaerense indicó además que el proyecto del Gobierno nacional "busca eliminar los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley Nº27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que fijan metas concretas de inversión, medida que anula la meta de alcanzar un mínimo del 1% del PBI para el sector, desarticula la distribución estratégica de recursos entre organismos como el CONICET y las Universidades Nacionales, y deroga la garantía de que los fondos asignados no puedan ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior".

Con este pronunciamiento, la Provincia de Buenos Aires aseguró "sostener con firmeza que la inversión educativa y científica tecnológica no es un gasto, sino la base soberana de nuestro desarrollo y la garantía de futuro para nuestro pueblo". Y concluyó: "La Dirección General de Cultura y Educación reafirma su compromiso con la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, y continuará trabajando junto a las comunidades educativas y las jurisdicciones provinciales para exigir un presupuesto que garantice los derechos, fortalezca las instituciones educativas y asegure condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje para todas y todos".

Rumbo a la última sesión del año, que se celebrará el lunes 29 de diciembre, la agenda del Concejo Deliberante se centra principalmente en el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2026.

Sin definiciones en torno a la suerte que tendrán las proyecciones económicas para el tercer año del sexto mandato del intendente Miguel Lunghi, la dinámica de estos días transcurre entre reuniones y negociaciones entre los bloques en la búsqueda de consensos para que la herramienta llegue al recinto para su eventual aprobación.

En ese marco, y mientras mantiene pleno análisis de los lineamientos contemplaos en la ordenanza madre, el concejal de Hechos - Alternativa Tandil, Marcos Nicolini, adelantó algunas observaciones frente al proyecto de presupuesto elevado el 10 de diciembre por el Gobierno y evitó formalizar un posicionamiento en virtud de la continuidad del estudio. “Me parece que hay que hacer un esfuerzo en la administración de los recursos”, reclamó.

Asimismo, amplió detalles de la iniciativa presentada junto a su compañero de bloque, Matías Meli, que busca declarar a Tandil como una Zona Calma, libre de estruendos, con el objetivo de proteger a personas con hipersensibilidad auditiva y animales.

El Presupuesto 2026 y la presión tributaria

En diálogo con el ciclo Último Bondi (104.1 Tandil FM, EcoTV y El Eco Streaming), Nicolini realizó un análisis de la evolución de las finanzas municipales, marcó una desproporción entre el crecimiento del gasto y la inflación proyectada y explicó la actualización de las tasas por la caída de la coparticipación estimada. 

“Veo lo mismo que veía en los presupuestos anteriores”, alertó en referencia al aporte externo que realizaba al bloque durante el estudio de las proyecciones económicas del Gobierno comunal.

En detalle, el concejal recordó que el presupuesto aprobado para el ejercicio 2024 fue de 45 mil millones de pesos, mientras que para 2025 la cifra escaló a 102 mil millones de pesos, “eso implicó un aumento de la tasa de servicios sanitarios del 120 por ciento”, dijo a modo de ejemplo.

Para el ejercicio 2026, el Departamento Ejecutivo proyectó recursos por alrededor de 152 mil millones de pesos, lo que representa un incremento cercano “al 49 por ciento”.

“La inflación se estima entre el 27 y el 29 por ciento, pero el presupuesto aumenta casi un 50 por ciento”, advirtió Nicolini como primera cuestión.

El edil puntualizó que la propuesta oficial contempla incrementos del 20 por ciento en el segundo bimestre para la tasa de salud, seguidos por ajustes basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el segundo trimestre y un nuevo aumento fijo del 20 por ciento en el cuarto bimestre.

Según su visión, este esquema “supera ampliamente la inflación” que ya viene incorporada en el “presupuesto ejecutado porque lo fueron agregando a medida que avanzaba el año de modo bimestral”.

El referente de Alternativa Tandil consideró que “no hay un esfuerzo por parte de la administración local para acompañar al contribuyente” en un contexto económico complejo. “Creemos que se puede hablar de un reconocimiento de la inflación, pero aumentos de esta magnitud no nos parecen correctos”, afirmó.

Respecto a la composición de los ingresos, Nicolini observó un cambio en la matriz histórica de Tandil. Mientras que tradicionalmente los recursos de origen municipal y los provinciales se repartían de forma equitativa, en el nuevo presupuesto los recursos propios representan el 58 por ciento, mientras que los provinciales el 42 por ciento.

El concejal atribuyó este fenómeno a la previsión de una baja en la coparticipación bonaerense, aunque puso sus reparos al señalar que el incremento en el Impuesto Inmobiliario rural y urbano podría tener su impacto en los fondos calculados por el equipo económico local.

De todos modos, opinó que esa sería la razón por la cual el Gobierno propone el esquema de actualización de los tributos en el presupuesto 2026. “Están previendo que habrá menores ingresos provinciales”, observó e insistió que “lo pongo entre paréntesis por el fuerte incremento que tienen los coeficientes por los que se calcula el Impuesto Inmobiliario provincial”.

Estructura municipal y gasto político

Otro de los puntos que se presume generará debate legislativo gira en torno a la propuesta de modificación del organigrama comunal. Nicolini, que transitó por la gestión pública ocupando cargos en el Ejecutivo, criticó que la eliminación de la Jefatura de Gabinete no se traduce en un ahorro para las arcas públicas ya que, si bien desaparece esa figura, se compensa con la división de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas en dos áreas diferenciadas: Planeamiento y Servicios.

“A nivel costos no se reduce nada; sigue habiendo 10 secretarías, igual que antes”, sentenció el concejal., que advirtió que “hay muchas cuestiones que, cuando uno va empezando a ver en profundidad el presupuesto, se pueden ver”.

-¿Cree que hay una mala organización, que creció demasiado la estructura municipal? ¿Pasa por ahí el aumento del presupuesto que es desmedido?

-Hay varias cuestiones. La estructura creció, en algunas cuestiones justificadamente, como el Hospital de Niños por ejemplo, que incrementó mucho el personal en el Sistema Integrado de Salud Pública. Pero también creció la estructura política de Gobierno con muchos cargos que en 2003 no existían. Tandil creció, pero me parece que hay que volver a estructuras con racionalidad para administrar la ciudad. Si un director antes podía hacerse cargo de su área, no es necesario que tenga dos o tres coordinadores. Esas cuestiones hay que reverlas y empezar a eliminarlas y quien se tiene que hacer cargo de las gestión es el director, el secretario o el subsecretario del área y el secretario, pero hasta ahí y no seguir incrementando la planta política con cargos que se denominan coordinaciones que bien podrían ser cubiertos con personal municipal por concurso.

-¿Cree que no habría demasiados cambios en términos presupuestarios?

-No, presupuestariamente no porque se elimina la Jefatura de Gabinete, que es una secretaría igual que el resto de las secretarías a nivel presupuestario. Se elimina esa figura de jefe de Gabinete, pero se genera una nueva en Obras Públicas porque se divide en dos, con lo cual sigue habiendo 10 secretarías igual que antes. No hay un ahorro presupuestario. Es más una cuestión de gestión y de reorganización de la gestión política. Son maneras de ver cómo se lleva la gestión. El jefe de Gabinete era el que tenía la representación institucional y el secretario de Gobierno la gestión interna del gobierno. Si puede hacerlo una sola persona, bienvenido sea, pero están dividiendo en dos otra secretaría, con lo cual no es para decir que es por un ahorro y para achicar la estructura municipal. No es para nada eso.

-Fue este Gobierno el que instaló la figura de la Jefatura de Gabinete…

-Cuando se creó la Jefatura de Gabinete, que fue Carlos Fernández el primer jefe de Gabinete de la gestión, era para que tuviera el rol institucional de representar al Intendente con las instituciones de la ciudad, hacia afuera, y el secretario de Gobierno, que era yo en ese momento, tenía la gestión a cargo. Es decir, el contacto con las áreas municipales. Eso duró mucho tiempo. Evidentemente ahora han tomado la decisión de volver al esquema de Secretaría General, que era el que había cuando asumió este Gobierno.

-Desde el oficialismo dejan entrever cierto acercamiento o gestos de su parte, más allá de las diferencias, con la participación en determinados eventos, ¿qué lectura hace al respecto?

-Cuando asumo una función como la que estoy asumiendo como concejal me invitaron a una presentación de la Secretaría de Seguridad y me parece que hay que estar. Eso no quiere decir que coincida en todo con el Gobierno, pero si antes al bloque nuestro no le llegaban las invitaciones y ahora le llegan, bienvenido sea y nosotros vamos a concurrir. Son cuestiones importantes para la gestión del Municipio, como la inauguración del Centro Oncológico. Desde el bloque, no coincidimos con el incremento que está planteando en las tasas municipales el Ejecutivo y ya se lo hemos adelantado en el Concejo Deliberante, que sí tenemos predisposición a acompañar lo que es la inflación bimestralmente, pero no más que eso. Es una cantidad de dinero importante que quedaría en los bolsillos de los contribuyentes de Tandil para que decidan ellos en qué gastarlo y no el Municipio.

La Libertad Avanza sumó un nuevo respaldo del peronismo para aprobar el viernes próximo en el Senado el Presupuesto 2026, ya que cuatro senadores de Convicción Federal acompañarán la votación en general y la mayoría de los artículos de la ley que establece los gastos y recursos para el próximo año.

De esta manera, el Gobierno se encamina a tener por primera vez un Presupuesto aprobado desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre del 2023, ya que hasta ahora había administrado al país con la prórroga de la ley aprobada en el 2022.

La única duda que tenía el oficialismo residía en los ajustados números que tiene para aprobar el artículo 30, que buscar derogae el financiamiento de la ley de Educación Docente, de la ley de Ciencia y de porcentaje que se destina a las escuelas técnicas.

A diferencia de la votación en general, que podría alcanzar 48 votos ya que cuatro peronistas anticiparon que votarán a favor, en el caso del articulo 30 el oficialismo solo cuenta con el respaldo del PRO, la mayoría del radicalismo y bloques provinciales.

En esa votación será clave la cantidad de legisladores opositores que se encuentren en el recinto en el momento de proceder a votar ese punto del Presupuesto, que es el único que hoy preocupa al oficialismo.

Ese artículo, que establece la derogación de los artículos que fijan una inversión del 6% del PBI para el sistema educativo, del 1% del PBI para el sistema Nacional de Ciencia y del 0,2% de los gastos del Sector Público para los colegios técnicos.

La Libertad Avanza necesita votar el proyecto de Presupuesto y cada uno de los artículos para poder convertir en ley el proyecto votado por la Cámara de Diputados.

La Libertad Avanza tiene 21 legisladores (entre propios y Luis Juez) y cuenta con el respaldo de una decena de radicales, tres del PRO, dos del Frente de la Concordia de Misiones, uno de Independencia (Tucumán), uno por los salteños, uno de La Neuquinidad, otro de Chubut y cinco de Provincias Unidas.

Uno de los datos que sorprendió este martes fue la decisión de uno de los bloques del interbloque peronista, Convicción Federal, de aportar su voto al Presupuesto propiciado por Milei a pedido de gobernadores del PJ.

Convicción Federal tiene cinco legisladores, de los cuales cuatro ya tienen decidido votar en general el proyecto, mientras que un representante de La Rioja Fernando Rejal aun no decidió ya que el gobernador de esa provincia, Ricardo Quintela, rechaza la iniciativa.

Sin embargo, aclararon que no acompañarían el artículo 30 que propone la derogación en materia de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Educación Técnico Profesional; y del Fondo Nacional de la Defensa.

De esta manera, se producirá el primero de los quiebre relevantes en el Senado entre los gobernadores del Partido Justicialista y el ala que responde todavía a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien recala en la Cámara alta a través de la bancada que preside José Mayans.

Los senadores que votarían en general a favor son Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán), informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

Andrada, como Mendoza, responden a sus gobernadores: Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, respectivamente

En tanto, la incógnita que aún persiste es como votará el Frente Cívico de Santiago del Estero que integran el ex gobernador de esa provincia Gerardo Zamora y Elia del Carmen Moreno.

En la Cámara de Diputados, de los siete legisladores que responden a Zamora, cinco votaron en contra mientras dos se ausentaron.

De todos modos, hasta el viernes y en la misma sesión continuarán las negociaciones para que el oficialismo tenga garantizados todos los votos para la discusión de cada uno de los artículos.

La media sanción al Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados resultó una victoria pírrica para el Gobierno. El resultado dejó un escenario de alta incertidumbre política: el Ejecutivo considera que el texto aprobado “no sirve” porque vulnera el principio de déficit cero que constituye uno de los ejes centrales de su programa económico.

La Libertad Avanza consiguió aprobar el proyecto en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y el resto abstenciones, en lo que significó el debut exitoso del oficialismo en la media sanción de un presupuesto nacional. No obstante, en la votación en particular se cayó el Capítulo XI -el corazón del proyecto. que incluía la derogación de leyes que el Gobierno considera incompatibles con el superávit fiscal, como la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario.

“Vulnera el déficit cero que justamente queríamos construir con este Presupuesto”, afirmó una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo en la madrugada posterior a la sesión. En la Casa Rosada sostienen que, sin ese capítulo, el Presidente quedaría forzado a administrar un presupuesto con obligaciones de gasto que ponen en riesgo el superávit primario, algo que el oficialismo considera inaceptable desde el punto de vista económico y político.

Para el Gobierno, el debate excede lo técnico o reglamentario y se inscribe en una disputa de fondo: déficit versus superávit, pasado versus un nuevo esquema de responsabilidad fiscal. Las dos leyes que el Congreso decidió mantener vigentes, recuerdan en Balcarce 50, fueron aprobadas por amplias mayorías, vetadas por Milei y luego restituidas por insistencia parlamentaria. “Solo Discapacidad son cinco puntos del PBI”, repiten en despachos oficiales.

La derrota del artículo 75, que concentraba esas derogaciones, obligó al oficialismo a recalcular su estrategia legislativa. Una opción que se analizaba era demorar el envío del proyecto al Senado y priorizar el tratamiento de la Modernización Laboral. Otra alternativa era modificar la redacción y volver a incluir el Capítulo XI, lo que implicaría que el texto regrese a Diputados, aunque el Gobierno reconoce que no tiene los votos para insistir. En las últimas horas, la posibilidad de vetar el Presupuesto completo comenzó a ganar terreno.

Mientras tanto, el Ejecutivo continúa sin aplicar los fondos previstos en las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario, amparándose en que no cuentan con partidas asignadas. “Si se aprueba la ley, ya no hay excusas”, advierten desde la oposición. En el oficialismo, en cambio, coinciden en que es preferible sostener un manejo discrecional del gasto en 2026. “Guberman va a tener que seguir armando el Excel”, ironizaban cerca del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

La administración Milei ya hizo historia al prorrogar dos veces consecutivas un presupuesto nacional: durante 2024 y 2025 rigió el texto elaborado para 2023. Esa herramienta le permitió avanzar con el ajuste fiscal sin el corset de una nueva Ley de Leyes. Este año, sin embargo, el Gobierno sí buscaba previsibilidad, presionado por los gobernadores y por el Fondo Monetario Internacional.

La caída del Capítulo XI se resolvió por 117 votos a favor, 123 en contra y dos abstenciones, tras una estrategia fallida del oficialismo de forzar una votación por capítulos para blindar el artículo 75. Varios gobernadores de la oposición dialoguista habían anticipado su rechazo, entre ellos Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz, pese a haber recibido importantes sumas en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Más sorpresivo fue el cambio de postura de Rolando Figueroa, Gustavo Valdés y Leandro Zdero, este último aliado electoral de La Libertad Avanza.

También generó ruido interno la abstención del diputado entrerriano Darío Schneider y las dificultades de la UCR para retener a su propio bloque, lo que desató críticas a su conducción. En paralelo, quedó sin efecto un paquete de modificaciones incorporadas en el Capítulo XI, entre ellas la restricción al régimen de zona fría, cambios en la actualización de asignaciones sociales y el cumplimiento de fallos de la Corte Suprema por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.

La oposición celebró la caída del capítulo más polémico y denunció una maniobra de “extorsión”. “Quienes votaran a favor del artículo 75 estarían violando la ley de administración financiera”, acusó Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, habló de una “perversidad” para condicionar al Congreso y a la Justicia. Desde el oficialismo, Silvana Giudici rechazó las acusaciones y pidió “dejar de hacer terrorismo”.

En el cierre de una jornada cargada, la Cámara de Diputados también aprobó la designación de tres integrantes de la Auditoría General de la Nación, con una amplia mayoría. Pero el dato político central quedó claro: el Presupuesto 2026 avanzó, aunque con un texto que el propio Gobierno pone en duda.

Tras una sesión que se extendió por casi diez horas y concluyó pasada la medianoche, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

La iniciativa obtuvo 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, y quedó en condiciones de ser girada al Senado, aunque la votación en particular continuaba durante la madrugada y se anticipaban rechazos parciales a algunos artículos sensibles.

Apoyos

La Libertad Avanza consiguió el respaldo de sus principales aliados parlamentarios: el PRO, la UCR, Innovación Federal, el MID y bloques provinciales que responden a distintos gobernadores. En contraposición, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra del proyecto, mientras que Provincias Unidas optó por la abstención, aunque tuvo un rol clave al inicio de la jornada para alcanzar el quórum.

El debate estuvo atravesado por una fuerte controversia en torno al artículo 75, que deroga las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. Ese punto se convirtió en el eje de los cuestionamientos opositores, que acusaron al oficialismo de “blindar” el artículo al incluirlo dentro del capítulo 11, junto con otras disposiciones sensibles para distintas fuerzas políticas.

A pedido del PRO, el Gobierno incorporó en ese mismo capítulo el cumplimiento de los actos procesales ordenados por la Corte Suprema en el reclamo por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, así como la transferencia de 21.347 millones de pesos del máximo tribunal al Consejo de la Magistratura. Para la oposición, se trató de una maniobra para condicionar apoyos y evitar deserciones en la votación en particular.

Denuncias

“Es una extorsión”, lanzó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, mientras que el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó la estrategia como una “perversidad” y denunció un intento de presión sobre el Poder Judicial. “Meten todo en el capítulo 11 para que nadie se pueda despegar del artículo 75”, sostuvo el santafesino, quien fue aún más duro al advertir que se buscaba condicionar a los jueces para que “ni se les ocurra cuestionar la votación”.

Desde el oficialismo, la diputada libertaria Silvana Giudici rechazó las acusaciones y respondió con dureza: “Dejen de hacer terrorismo, no hay ninguna trampa”. En la misma línea, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, defendió el proyecto y destacó como principal virtud el “equilibrio fiscal”, al que definió como la “piedra angular” del programa económico de Milei. “Hace 120 años que la Argentina no tiene superávit fiscal. Este presupuesto es el camino hacia el país que siempre soñamos”, afirmó.

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, arrancó este mediodía con el tratamiento de la Ley de Presupuesto y rápidamente el oficialismo logró la firma del dictamen de mayoría con el objetivo de lograr la media sanción de la iniciativa en la sesión especial convocada para mañana.

La veintena de integrantes de La Libertad Avanza y sus socios del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo juntaron 28 firmas (seis en disidencia parcial) para avalar el dictamen de mayoría, mientras que los 18 representantes de Unión por la Patria suscribieron un despacho propio de minoría, y hubo un tercer dictamen con tres rúbricas del interbloque Unidos.

La novedad de última hora es que el Gobierno corrigió su propio proyecto para derogar las leyes de presupuesto universitario y de financiamiento pediátrico, dos normas que fueron votadas e insistidas con más de dos tercios de los votos por ambas cámaras del Congreso luego de que el presidente Javier Milei las vetara.

El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, se mostró “contento” por el hecho de que el jefe de Estado enviara al Congreso nacional “un presupuesto con equilibrio fiscal, ”algo que debió haber pasado siempre en la historia argentina y no sucedió".

“Nos da la posibilidad de saber en qué va a gastar el Estado y cómo lo va a gastar”, subrayó el cordobés, quien aseguró que este presupuesto echa por tierra con el “impuesto inflacionario” al que gobiernos anteriores tenía acostumbrada a la población.

“Este cambio estructural que nos da el equilibrio fiscal es que se gasta lo que ingresa. No vamos a estar gastando lo que no ingresa. Eso le da previsibilidad a todos los argentinos”, indicó.

“Le vamos a estar mostrando al mundo que somos un país serio, que tenemos un presupuesto, que sabemos cómo gastarlo y que lo gastamos equilibradamente en beneficio de todos los argentinos”, siguió.

Para Bornoroni, “este presupuesto ordena la vida de todos los argentinos, de los empresarios, de las pymes y de los trabajadores”.

“Vamos a tener una vida ordenada si nosotros tenemos un presupuesto ordenado. Es una manda que en este Congreso históricamente debimos haber tenido”, cuestionó.

“El presidente con ese equilibrio fiscal nos da la pauta de cómo deberíamos ir caminando hacia una Argentina grande”, destacó el diputado libertario.

Según dijo, con esta Ley de Presupuesto para el 2026 “en definitiva el Estado empieza a gastar lo que tiene y deja vivir a los argentinos no poniéndole cada día un poquito más de impuesto con este impuesto inflacionario”.

“Vamos a tener la posibilidad desde el Congreso de controlar los gastos del Estado porque va a haber claridad en qué va a estar gastando el Estado, cómo lo va a gastar y hacia donde va a direccionar el gasto siempre con equilibrio fiscal”, continuó.

“Estamos dejando atrás la decadencia que históricamente le metió la mano en los bolsillos a la gente”

Por su parte, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, confirmó que su espacio político presentaría un dictamen propio para la Ley de Presupuesto 2026, como también para la ley de Inocencia Fiscal y para la Ley de Compromiso para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

El santafesino informó que la propuesta del peronismo incorpora el financiamiento a las universidades nacionales tal cual se había votado en el Congreso, en la ley vetada por Milei y posteriormente insistida con más de dos tercios por la oposición.

También contempla los fondos vinculadas a las leyes vetadas e insistidas de emergencia en Discapacidad y en Pediatría (Hospital Garrahan)

“Queremos posicionarnos claramente en contra del artículo 30 que plantea entre otras cosas la derogación del artículo 9 de la ley de financiamiento educativo”, señaló Martínez sobre el compromiso de destinar el 6% del PBI a la educación.

En cuanto a las universidades, además de lo establecido en la Ley de Emergencia, el jefe del principal bloque opositor reveló que el proyecto de UP incluye fondos para las universidades por 7.3 billones de pesos para el ejercicio 2026, en lugar de los 4.8 billones de pesos que anunció el Gobierno de Milei.

El diputado kirchnerista remarcó que el proyecto de su fuerza política promueve un “sistema de becas acorde a lo que necesita la Argentina”, incluyendo una actualización de las becas Progresar.

También resaltó que la iniciativa garantiza el respeto a la paritaria docente y no docente en todos los niveles, y la garantía de fondos para la ley de educación ambiental y para las escuelas técnicas (rechazo a la eliminación del artículo 52 de la norma específica).

En tanto, la propuesta del peronismo garantiza el crecimiento gradual de la inversión en Ciencia y Tecnología que votó el Congreso en 2021, como también el Fondo Nacional para la Defensa aprobado por el Congreso entre el 2019 y el 2020.

En otro orden, Martínez puntualizó que el proyecto establece la continuidad del régimen diferencial de zona fría para consumo de gas, y la extensión del régimen de promoción de energías renovables.

“Proponemos que tengamos automaticidad en el incremento de las asignaciones familiares cuando el gobierno quiere eliminarlo”, ponderó.

Asimismo indicó que la iniciativa de UP recupera el incremento de los haberes jubilatorios que el Gobierno “quitó en el traspaso de una fórmula (previsional) a otra”, y además “actualiza el monto de 70 mil pesos del bono” que la gestión del Frente de Todos había establecido en esa cifra entre octubre y noviembre del 2023.

A su vez, reclamó “recuperar el Fondo Nacional de Incentivo Docente que es clave para las provincias”.

También consideró fundamental que las provincias argentinas recuperen un porcentaje del impuesto a los combustibles líquidos y una distribución mucho más ordenada de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

“Hay que terminar con esta discrecionalidad y este escándalo. Los ATN fueron creados con una concepción . Hay que terminar con esa idea y que los ATN lleguen a todas las provincias y no solamente a las que garanticen algunos votos”, recriminó el santafesino.

Otro aspecto que contempla el proyecto de Unión por la Patria es la reposición del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la Provincia de Buenos Aires, un tema que para La Libertad Avanza solo busca beneficiar a la gestión de Axel Kicillof.

El presidente de la bancada peronista destacó que el proyecto opositor garantiza los recursos necesarios para el INVAP y para toda la industria aeroespacial y satelital argentina.

Lo mismo respecto de los fondos para la ejecución de la Ley de Bosques Nativos, la ley de Manejo de Fuego, y la Ley de Alto Rendimiento Deportivo (financiamiento del ENARD).

“Nosotros nunca nos vamos a rendir. Vamos a expresar estas ideas con la convicción y la fortaleza necesaria. Nosotros necesitamos brindarle a los argentinos una alternativa clara que deje evidencia” que no hay un solo camino, como pretende el Gobierno nacional.

A su turno, el diputado Itai Hagman argumentó las razones del rechazo de Unión por la Patria a la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, aduciendo que “el mayor ajuste de la historia” del cual se vanagloria Milei no sirvió para estabilizar ni para reparar los desequilibrios de la economía.

“Esta ley solo logra perpetuar esta lógica de ajuste permanente que hemos vivido en estos dos años”, consideró el economista y referente del Frente Patria Grande (agrupación liderada por Juan Grabois).

Para Hagman, “es una ley fiscal ridícula”, que además “no se aplica en ningún país del mundo”.

“Es absolutamente rígida. Es totalmente procíclica. Obliga al Estado a ajustar en momentos de crisis económica”, cuestionó.

También recordó que en el proyecto de Presupuesto para el 2025, que el Gobierno terminó retirando, se preveía un crecimiento económico que no fue tal ya que durante este año el Estado ejecutó un ajuste equivalente al 1.1% del PBI.

Pese a que en la iniciativa presupuestaria del Gobierno proyecta el fin del ajuste, Hagman pronosticó que el Gobierno volverá a ajustar producto de la pérdida de capacidad recaudatoria.

“Esta ley no le da ningún poder al Congreso, le da niveles discrecionalidad al Gobierno absolutamente extremos y solo beneficia a los que vienen a timbear a la Argentina”, fustigó..

Para Hagman, “el único gasto que esta garantizando es el pago a los acreedores” ya que no están garantizados los pagos a jubilaciones y universidades, entre otros sectores castigados por la política del Gobierno.

El diputado opositor ratificó el rechazo al proyecto del oficialismo pero aclaró que el peronismo presentó un esquema alternativo de regla fiscal.

“Es una regla que se emparenta con la experiencia internacional, con lo que hacen la gran mayoría de los países del mundo.  La  regla fiscal que proponemos funciona  como  un  fondo  anticíclico  que  obliga  al  Estado  a ahorrar en momentos de bonanza y a amortiguar los momentos de crisis”, explicó.

Además, Hagman acotó que el proyecto opositor incluye una regla para la sostenibilidad de la deuda externa, al plantear que “las crisis recurrentes” de Argentina no son por razones únicamente fiscales sino por desequilibrios de deuda.

La propuesta establece un límite al endeudamiento en moneda extranjera del Estado y del Banco Central y plazos mínimos para la entrada y salida de capitales.

Además incluye un plazo de permanencia para capitales especulativos, buscando reducir la volatilidad del mercado cambiario y estabilizar la economía

La iniciativa redactada por Hagman incluye mecanismos de control por parte del Congreso y una cláusula de escape para eventos extraordinarios, asegurando la flexibilidad necesaria en situaciones críticas.

“La lógica del ajuste permanente no garantiza la estabilidad macroeconómica tal como estamos viendo y además genera un costo productivo y social que para nosotros es absolutamente inaceptable”, concluyó el diputado de Unión por la Patria.