La Justicia de Corrientes avanzó este viernes en la investigación por la desaparición de Nancy Godoy, con la realización de las audiencias de imputación contra los cinco detenidos en la causa. Durante la jornada, se formalizaron las acusaciones y se dispuso la prisión preventiva sin plazo para todos los involucrados, mientras continúa la búsqueda de la docente.

Las audiencias se desarrollaron en la Fiscalía de Esquina, donde la primera en comparecer fue Rosa Leguizamón, imputada por el delito de homicidio simple.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por la agencia Noticias Argentinas, posteriormente fue el turno de Ireneo Zarza, Sandoval y Nahuel Rojas, quienes fueron acusados como coautores del delito de femicidio.

Por su parte, Ezequiel Bordón, quien había sido el primer detenido en el marco de la investigación, fue imputado por falso testimonio.

En paralelo al avance de las actuaciones judiciales, Nancy Godoy continúa desaparecida, por lo que las autoridades mantienen las tareas de búsqueda para intentar esclarecer lo ocurrido.

El abogado de la familia de la docente, Gustavo Briend, se pronunció luego de la primera audiencia y manifestó su desacuerdo con la calificación legal aplicada a Leguizamón.

"Interpretamos que fue un femicidio, pero la Fiscalía la acusó de homicidio simple", sostuvo el letrado ante los medios de comunicación.

Si bien reconoció que se trata de una acusación provisional, consideró que existen elementos para encuadrar el hecho dentro de la figura de femicidio.

"Entendemos que hay un móvil, aunque en principio no se habla de un crimen premeditado", agregó.

La investigación continuará con los cinco acusados bajo prisión preventiva, mientras la Justicia busca determinar las circunstancias de la desaparición y las posibles responsabilidades de cada uno de los involucrados.

Fuentes del caso informaron que la jueza Paula Petazzi procesó al acusado luego de que el peritaje de balística haya confirmado que la vaina secuestrada en el lugar del crimen corresponde a la pistola Taurus Milenium incautada al imputado cuando fue detenido.

“Era experto en disparo, por eso se entiende que hubo voluntad de tirar al centro vital del cuerpo”, explicaron los voceros de la investigación ante la consulta de NA.

En este sentido, se supo que Valey se encuentra registrado como usuario de esa arma, pero no tenía portación, pero no tenía portación, por lo que no podía transportarla.

El crimen de Andueza ocurrió en una plaza ubicada sobre las calles Moldes y Aguilar, donde personal policial fue desplazado tras un llamado al 911 por la presencia de un hombre herido de arma de fuego en el abdomen y un sujeto que se había dado a la fuga.

Andueza fue trasladado al hospital Pirovano donde el domingo al mediodía confirmaron que falleció producto de la grave lesión que le provocó el disparo.

Con el avance de la pesquisa se logró determinar que la víctima y el atacante se conocían y que el crimen se habría cometido por una pelea reiterada debido a que “uno defendía el boxeo y el otro las artes marciales”, mencionaron a este medio.

Con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y las primeras testimoniales recabadas, personal de la División Homicidios acudió hasta el barrio de Belgrano donde lograron su detención.

La captura de Ariel se logró horas después cuando intentaba darse a la fuga. NA

El exfiscal Mariano Ríos Artacho, acusado de liderar una asociación ilícita que desvió más de 400 millones de pesos de fondos de cuentas judiciales en Santa Fe, quedó preso con prisión preventiva por 90 días, misma medida que fue tomada para otros cuatro implicados.

Este miércoles la jueza María Trinidad Chiabrera tomó la decisión luego de la audiencia donde se imputó al ex integrante del Ministerio Público de Acusación provincial como jefe de una asociación ilícita que habría operado desde 2017 hasta 2024 con fondos depositados en cuentas judiciales.

En la acusación se mencionó que el dinero provenía de fianzas, cauciones, reparaciones a víctimas y fondos secuestrados en distintas investigaciones.

Diversos medios detallaron además que en la audiencia se informó que se pudieron analizar, hasta el momento, 48 de un total de 148 cuentas judiciales, lo que permitió acreditar al menos 12 hechos.

En dicha jornada el exfiscal reconoció el dinero robado, pero negó que haya existido una asociación ilícita al sostener que es ludópata y que fue él mismo quien involucró al resto de los acusados.

Ríos Artacho, quien renunció al MPA en junio de 2024, se encuentra detenido desde principios de septiembre de este año luego de 15 allanamientos simultáneos en las ciudades de Rosario, Córdoba, Villa María, Oliva y Río Segundo. NA

La Justicia de Bolivia dictó este sábado una segunda prisión preventiva contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, esta vez en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el juez Douglas Borda resolvió que Cerimedo cumpla seis meses de prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. La decisión se conoció luego de una audiencia virtual realizada durante la jornada.

Cerimedo participó de la audiencia desde el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, donde se encuentra detenido por otra causa judicial. Ante el magistrado, aseguró que no tiene intenciones de abandonar Bolivia ni de eludir las investigaciones abiertas en su contra.

“Yo quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida”, manifestó durante su intervención virtual, según reconstruyó el diario boliviano El Deber. Además, sostuvo: “Yo estoy en un penal, estoy encerrado, señor juez, por algo que no ocurrió”.

La nueva medida cautelar se produjo luego de que el viernes Cerimedo declarara ante la Justicia boliviana en el expediente por supuesto enriquecimiento ilícito. En esa instancia, el consultor aseguró que sus ingresos provienen de actividades lícitas vinculadas a empresas de comunicación y marketing digital.

Durante la declaración informativa, optó por no responder las más de 200 preguntas que le formularon los investigadores, aunque sí brindó precisiones acerca de su situación económica y volvió a referirse a su vínculo con el presidente boliviano, Rodrigo Paz.

Consultado acerca de sus ingresos durante 2025, Cerimedo respondió: “Cerca de un millón de dólares con actividades fuera de Bolivia”. Al ser interrogado sobre 2026, señaló que sus ganancias fueron similares, tomando como referencia los ingresos generados por sus empresas en el exterior.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, el argentino había señalado también que percibía alrededor de medio millón de dólares mensuales desde 2025 como resultado de sus distintas actividades empresariales vinculadas a la comunicación digital.

Con la resolución de este sábado, Cerimedo acumula dos prisiones preventivas dispuestas por la Justicia boliviana. La otra corresponde a la causa en la que está imputado por la presunta tentativa de femicidio contra su pareja, Nadia Beller.

Esa medida había sido ordenada luego de una extensa audiencia cautelar celebrada en Santa Cruz de la Sierra. Allí, el juez Wilson Espada rechazó los planteos presentados por la defensa y permitió incorporar a la investigación información extraída del teléfono celular del acusado.

El exrugbier Patricio Albacete, quien integró el plantel de Los Pumas en 67 partidos, fue procesado por la Justicia en el marco de una causa por violencia de género, privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas. La resolución judicial, que se dictó sin prisión preventiva, surge a raíz de la denuncia presentada por su exesposa, la modelo Pamela Pombo.

La investigación judicial logró acreditar al menos cinco hechos de violencia física y un episodio de hostigamiento. En el fallo, el magistrado consideró que los hechos denunciados no pueden analizarse de manera aislada, sino que forman parte de distintos episodios de agresión dentro de una dinámica de violencia sostenida en el tiempo, caracterizada por la intimidación y el control.

Como parte de la determinación, la Justicia dictó un embargo por 30 millones de pesos contra el exsegunda línea, quien participó en tres mundiales de rugby. La denuncia original, presentada a fines de abril, incluyó además una acusación por tentativa de homicidio agravado, tras un episodio de asfixia relatado por la denunciante.

Pamela Pombo difundió a través de sus redes sociales grabaciones que registran momentos de tensión y agresiones físicas sufridas en el ámbito doméstico. Cabe recordar que la pareja contrajo matrimonio en diciembre de 2024 en la localidad de Pilar, lugar donde residieron hasta que se produjo la separación.

El Tribunal de Revisión de Mercedes, provincia de Corrientes, dictó la prisión preventiva para el polémico abogado José Codazzi en la causa por la desaparición de “N”, tras el rechazo del juez de Garantías de Esquina, Jorge Gustavo Vallejos, al pedido de la fiscalía.

Conforme a la información del sitio oficial del Poder Judicial de Corrientes, la resolución fue tomada por los magistrados Carlos Antonio Martínez, Enrique Eduardo Deniri y Jorge Alberto Esper durante una audiencia celebrada esta mañana de manera virtual.

El Tribunal de Revisión determinó por unanimidad dar lugar a la impugnación formulada por el fiscal Mosquera y dictaminar el arresto preventivo del letrado, mientras que desestimó la solicitud para suspender su matrícula.

Vallejos, además, había decidido que el abogado cumpla prisión domiciliaria junto con la colocación de una tobillera electrónica.

La detención de Codazzi ocurrió el lunes por la noche, a 24 horas del inicio de la búsqueda, luego de que en su declaración confirme que trasladó al padre y a su hijo desde Esquina hasta el municipio de San Isidro, en Goya.

Lo curioso de su participación es que también estuvo sospechado en el caso Loan Peña, el niño que se encuentra desaparecido desde junio de 2024 en 9 de Julio, Corrientes.

En este caso, fue señalado por ser el abogado de Laudelina Peña (tía de Loan) y llevarla junto con el diputado Diego Pellegrini de noche hasta una fiscalía en la ciudad de Corrientes para que declare en el fuero provincial y señale que la desaparición del pequeño sucedió tras un accidente de auto. NA

La defensa de Lucas Pertossi, uno de los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, presentó un pedido formal ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores para que se disponga el reemplazo de la prisión preventiva por medidas menos restrictivas. El planteo, realizado por abogados de la Defensoría de Casación bonaerense, solicita que se analicen alternativas como la detención domiciliaria o el monitoreo electrónico.

El escrito dirigido al juez Christian Ariel Rabaia sostiene que la medida cautelar sobre el joven ya superó el “plazo razonable” y que la situación actual vulnera garantías constitucionales. Los defensores remarcaron que la prisión preventiva

“no puede ser entendida como una forma de adelanto de pena, sino únicamente como un instrumento provisional destinado a neutralizar riesgos procesales concretos vinculados al peligro de fuga o al entorpecimiento de la investigación”.

Lucas Pertossi permanece detenido desde el 18 de enero de 2020, acumulando más de seis años de prisión sin una condena firme. Cabe recordar que el joven fue sentenciado a 15 años de cárcel en febrero de 2023. Según la defensa, este tiempo excedió los estándares de razonabilidad, citando normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y fallos de la Suprema Corte bonaerense para insistir en la revisión periódica de la medida.

Respecto a los riesgos procesales, los abogados aseguraron que ya no existe peligro de entorpecimiento porque la investigación se encuentra “completamente concluida” y el debate oral “ya fue celebrado”. Además, destacaron que el condenado no posee sanciones disciplinarias en el sistema penitenciario y se encuentra cursando estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

Finalmente, el pedido también fundamentó el requerimiento en el contexto de sobrepoblación y hacinamiento carcelario en la provincia de Buenos Aires. La solicitud contempla medidas alternativas como presentaciones periódicas ante la autoridad judicial, la prohibición de salida del país o la fijación de cauciones, opciones previstas en el Código Procesal Penal bonaerense para asegurar la sujeción del imputado al proceso sin mantenerlo en prisión.

 Conforme al escrito que fuentes del caso enviaron a los medios, los miembros del Juzgado de Garantías 4 del Departamento Judicial de Morón consideraron que “existen en el proceso indicios vehementes y elementos convicción suficientes” para acreditar que César Alejandro Cervantes actuó en carácter de autor del delito de homicidio y lesiones graves reiteradas, en concurso ideal entre sí y a título de dolo eventual.

El hecho ocurrió el 15 de diciembre cuando Di Paolo se encontraba junto a Micaela Quipildor, Milagros Xiomara Barrionuevo y Mateo Henri, quienes luchaban contra el fuego que se desarrollaba en la Ruta 201 y avenida Márquez.

Según el documento, Cervantes conducía su auto Volkswagen Vento, dominio IGH-581, de manera temeraria y a una velocidad que excedía la máxima permitida de 60 kilómetros por hora: “Realizaba movimientos en zig zag intentando sobrepasar por ambos lados y finalmente por el lado derecho a un vehículo que circulaba delante suyo embistió con el referido Vento a cuatro agentes del cuerpo de la dotación de Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero”.

Sin embargo, la defensa apeló la medida y se espera que el tribunal se pronuncie al respecto.

Micaela Quipildor, bombera y pareja de Di Paolo, sufrió politraumatismos varios con amputación de una pierna.

Mateo Henri, también del cuartel, padeció politraumatismos varios con fractura de ambos fémures, sin compromiso vascular, al tiempo que Xiomara Barrionuevo, bombera, sufrió fue víctima de fractura de fémur. NA

La trágica madrugada del 20 de julio de 2025 continúa su derrotero procesal en torno a la eventual responsabilidad penal del joven acusado de provocar el siniestro de dejó como saldo la muerte del estudiante Iván González.

Como oportunamente se detalló, en el kilómetro 169 de la Ruta Nacional 226, a la altura de La Blanqueada, un violento choque frontal entre una Ford Ranger y una Volkswagen Saveiro se cobró la vida de Iván González (21) que viajaba acompañado por Jeremías Aguilar Belsito, quien resultó herido. Un tercer vehículo también se vio involucrado en el siniestro.

El conductor de la camioneta, Ignacio Clemente (33), fue señalado desde el inicio de la investigación como responsable del hecho. Las pericias posteriores ordenadas por el Ministerio Público confirmaron que manejaba con alcohol en sangre y a exceso de velocidad, circunstancias que agravaron la imputación, circunstancia igualmente discutida por la defensa del acusado.

Tal se consignó, el 15 de diciembre de 2025, Clemente se presentó de manera espontánea en la comisaría Primera. Allí quedó detenido por orden del juez Alberto Moragas, acusado de “homicidio culposo y lesiones culposas agravadas”. Al día siguiente, la defensa oficial solicitó la eximición de prisión, pero el pedido fue rechazado.  A la par, el particular damnificado celebró la detención pero disintió en la carátula optada por el fiscal, señalando que según su mirada en representación de la familia de la víctima, el delito debía –debe- contemplar la figura del dolo eventual, lo que implicaría una eventual pena más gravosa.

En medio de las posturas encontradas y la tensión comunitaria que generó el caso, este Diario pudo confirmar que días pasados el fiscal Luis Piotti pidió la prisión preventiva para el imputado, solicitud que fue convalidada por el Juzgado de Garantías.

A la par, el mismo Juzgado tomó nota del pedido de la defensa para dictar la morigeración de dicha prisión (ergo, arresto domiciliario) y no hubo objeciones del Ministerio Público, por lo que el juez avaló la medida. Empero, el abogado de la familia de González rechazó dicha decisión, lo cual mereció que todo el expediente, con sus entuertos a cuestas queden en manos de la Cámara de Apelaciones, quien en plena feria judicial podría resolver el asunto.

A saber, por un lado, los camaristas tienen la apelación del defensor oficial Diego Araujo respecto a la prisión preventiva. A la par, la apelación del letrado Gastón Argeri por la morigeración concedida por el juzgado en primera instancia.

Cabe consignar que hasta no se resuelva ambas situaciones, Clemente continúa detenido en la Unidad Penitenciaria de Barker.

•             Fecha: madrugada del 20 de julio de 2025.

•             Lugar: kilómetro 169 de la Ruta Nacional 226, Tandil.

•             Vehículos involucrados:

•             Una Ford Ranger conducida por Ignacio Clemente (33).

•             Un Volkswagen Saveiro conducido por Iván González (21).

•             Un tercer vehículo también participó en el siniestro.

•             Consecuencia: Iván González falleció en el acto; su acompañante resultó herido.

•             Tras meses de investigación, la fiscalía reunió pruebas suficientes para imputar a Clemente.

•             Se le atribuyen los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, agravados por:

•             Conducción bajo efectos del alcohol.

•             Exceso de velocidad.

•             La familia y allegados de González se mantuvieron movilizados reclamando justicia durante el proceso.

•             El 15 de diciembre de 2025, Clemente se presentó espontáneamente en la comisaría Primera.

•             Quedó detenido e imputado formalmente.

•             Días pasados se le dictó la prisión preventiva y a la par de la concedió la morigeración. Asunto que deberá resolver la Cámara.

La Justicia de Azul ordenó la prisión preventiva de dos tandilenses acusados de haber cometido un robo en un establecimiento rural del partido de Azul. La decisión se basó en la gravedad del delito imputado, la calificación legal asignada al hecho y la pena en expectativa prevista para este tipo de ilícitos.

Los acusados fueron identificados como José Martín González, de 42 años, y Ramiro Urso, de 23, quienes quedaron imputados como autores de un robo agravado por haberse cometido en despoblado. La resolución fue dictada por el titular del Juzgado de Garantías Nº 3 de Azul, Juan José Suárez, y mantiene a ambos acusados privados de la libertad mientras avanza la investigación.

Según informó El Tiempo, los dos tandilenses habían sido detenidos el pasado 18 de diciembre en la ciudad, en procedimientos realizados por personal del Comando de Prevención Rural (CPR) con asiento en Azul. La causa es instruida por la UFI Nº 11, especializada en delitos rurales, a cargo del fiscal Adrián Peiretti.

El hecho investigado ocurrió el domingo 1 de junio de 2025 en el establecimiento rural “La Soñada”, ubicado en el Cuartel VII del partido de Azul, a la altura del kilómetro 343 de la Ruta Nacional Nº 3. De acuerdo con la información trascendida, González y Urso habían sido contratados meses antes para realizar tareas de poda en el campo y conocían que los fines de semana el lugar permanecía sin ocupantes.

Ese domingo por la tarde, los acusados habrían llegado al predio y forzado el candado de la tranquera de acceso. Una vez dentro, se apoderaron de paneles y pantallas solares, una bomba de agua solar, cuatro baterías de gel, un regulador de voltaje, tres picanas y un alargue. Además, tras romper los vidrios de dos ventanas de la vivienda del encargado del campo, sustrajeron varios cubiertos.

El robo fue descubierto al día siguiente, lunes 2 de junio de 2025, cuando se radicó la denuncia en la sede del CPR Azul perteneciente a la Policía bonaerense. A partir de ese momento, los investigadores lograron identificar rápidamente a los tandilenses que continúan privados de su libertad como probables autores del robo.

En el marco de la investigación se estableció que uno de los imputados se movilizaba en un automóvil Volkswagen Gol rojo, vehículo que utilizaban para trasladarse al campo. Testigos declararon haber visto ese rodado en las inmediaciones del establecimiento el día del robo, que posteriormente se determinó que pertenecía a González.

El 25 de junio de 2025 se realizaron los primeros allanamientos en los domicilios de ambos acusados en Tandil, donde se secuestraron teléfonos celulares. Del análisis de uno de esos dispositivos, perteneciente a González, surgieron mensajes intercambiados con Urso en los que se hacía referencia al robo y a la posibilidad de reducir los paneles solares sustraídos.

Esa información volvió a cobrar relevancia tras las detenciones de ambos en diciembre, cuando también se allanó un comercio en la ciudad de Ayacucho. Según lo investigado, el propietario de ese local habría sido quien compró los paneles robados en “La Soñada”.

Tras ser detenidos, González y Urso permanecieron inicialmente alojados en la sede del CPR Azul. Desde esa seccional policial, días más tarde, fueron trasladados a la Unidad Penal Nº 38 del Servicio Penitenciario Bonaerense, ubicada en Sierra Chica, donde continúan detenidos mientras se desarrolla el proceso judicial.

La Justicia prolongó hasta abril de 2026 la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, imputado por presunta trata de personas en San Carlos de Bariloche, mientras continúa la investigación.

La decisión a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se tomó en las últimas horas, luego de que el viernes se realizaran dos audiencias que incluían el vencimiento del plazo de la prisión preventiva de Rudnev y su estado de salud.

Durante la jornada se dictaminó que la misma se prorrogue hasta el 3 de abril del año que viene, con el argumento de que la causa es compleja y todavía continúa la pesquisa para determinar responsabilidades.

La fiscalía sostiene que tiene tiempo hasta marzo de 2026 para presentar la acusación final.

La defensa, sin embargo, afirma que no hay avances y que la situación se ha vuelto irregular y perjudicial para el imputado. 

En ese marco, el abogado defensor Carlos Broitman afirmó que el viernes se celebraron “dos audiencias clave”: una por la prórroga de la prisión preventiva y otra por el pedido demorigeración por motivos de salud. 

Según explicó el letrado, solicitaron que Rudnev fuera trasladado a la Ciudad de Buenos Aires para realizar estudios médicos que “ya están ordenados por el Hospital Santa Teresita del Hospital de Rawson” y que no se han cumplido. 

“El juez Zapata denegó los estudios médicos y ordenó una ampliación de la prisión preventiva hasta el 3 de abril de 2026”, cuestionó. 

Para Broitman, la decisión implica desatender informes clínicos urgentes. Además, apuntó que la fiscalía “vuelve a escudarse en la complejidad del caso” sin presentar pruebas nuevas.

El defensor insistió en que “el estado de salud de Rudnev se deteriora día a día”, al tiempo que agregó que las autoridades judiciales restan importancia a signos clínicos graves porque “como lo ven caminar, piensan que está bárbaro”. 

Broitman detalló que desde agosto está pendiente una endoscopía alta y baja, fundamental para descartar pólipos que podrían volverse malignos.

También denunció falta de estudios para evaluar “nódulos pulmonares, capacidad respiratoria y episodios de agotamiento extremo”.

“Están ante una persona con apariencia de cuidado, pero la están dejando deteriorar”, advirtió.

Para la defensa, la negativa del juez constituye un riesgo para la vida del imputado.Los informes médicos firmados por los especialistas Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte, ambos del Hospital de Clínicas, refuerzan las preocupaciones en el entorno de Rudnev.

En su carta del 18 de noviembre señalaron que el detenido presenta “dificultades respiratorias progresivas, episodios nocturnos de asfixia, dolor torácico, ansiedad, pérdida de sensibilidad en miembros superiores y síntomas digestivos severos”.

Los médicos también advirtieron que vive en un pabellón cerrado, “sin ventilación y compartido con más de veinte personas fumadoras”, situación que agrava su cuadro pulmonar.

El documento concluye: “La derivación resulta indispensable para establecer una estrategia terapéutica acorde a la complejidad y evolución de su cuadro”.

Sarotto y Duarte, además, señalaron un problema adicional: la barrera idiomática.

Según consignaron, Rudnev recibe medicación “de manera esporádica y sin ninguna explicación”, debiendo comunicarse por gestos con el personal penitenciario.

La ausencia de intérpretes impide un seguimiento clínico adecuado y expone al paciente a errores de administración de medicamentos.

En el mismo informe reclamaron la necesidad de completar estudios que el penal de Rawson no está en condiciones de realizar, como espirometría, DLCO, pruebas cardiológicas y evaluaciones neurológicas.

“La falta de diagnóstico completo podría comprometer su pronóstico”, advirtieron.

A pesar de esta recomendación formal, el juez rechazó el traslado.

A la discusión sanitaria se suma ahora otro giro relevante: la presunta víctima del caso, Elena Makarova, presentó una querella penal contra los fiscales y afirmó que nunca fue víctima de Rudnev ni de ningún ciudadano ruso.

La joven -que había sido señalada como el centro del expediente- acusó a los funcionarios de “convertirla en víctima mediante prácticas abusivas e ilegales”.

En su escrito sostuvo que el Ministerio Público “instaló un relato de trata que nunca existió” y que ignoró lo que dijo en Cámara Gesell. 

“Fueron ellos quienes me convirtieron en víctima, no mis compatriotas”, escribió.La querella también denuncia violencia obstétrica, privación de libertad y decisiones médicas sin consentimiento.

Makarova asegura que viajó a Argentina para protegerse de una expareja violenta y que elpersonal del Hospital de Bariloche la sometió a procedimientos invasivos sin autorización.

Apuntó contra la enfermera Jessie Cortés Alvarado y el médico Emiliano Bringas por prácticas “invasivas y deshumanizadas”, que -según afirmó- la fiscalía avaló sin investigar.La joven sostiene que le quitaron su teléfono y documentos, la separaron de sus acompañantes y la trasladaron a un refugio donde quedó incomunicada.

“Pedí que me devolvieran mis documentos y que me dejaran volver a mi país. No me escucharon”, dijo.

Su presentación incluyó pedidos de prueba y una recusación formal contra los fiscales del caso.

Broitman subrayó que la declaración de Makarova es determinante porque desarma la hipótesis central de la causa. (NA).

La Justicia de San Isidro le dictó este miércoles la prisión preventiva a Morena Rial como acusada de integrar una banda que se dedicaba a robar casas en zona norte y oeste del Gran Buenos Aires en enero de este año.

La hija de Jorge Rial está detenida en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena, adonde fue trasladada tras haber violado los pedidos de la Justicia que le permitieron tener el beneficio de la excarcelación.

Andrea Rodríguez Mentasty, jueza de Garantías N° 3 de San Isidro, aceptó el pedido del fiscal general adjunto del mismo Departamento Judicial, Patricio Ferrari, para dictar la prisión preventiva.

Morena Rial está acusada del delito de “robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción”, de tres hechos cometidos el 18 y 19 de enero de este año, en Villa Adelina, Martínez e Ituzaingó. Se determina que un robo es por “efracción” cuando para cometerlo se rompe un objeto, puerta, techo ventana.

De acuerdo al fiscal Ferrari en todos los casos , Morena actuó junto con tres cómplices más. En dos de los robos, ocurridos el 19 de enero, ella llevó a su hijo de diez meses, como se vio en las cámaras de seguridad, “para que sus conductas criminales sean inadvertidas”, fundamentó Ferrari en su pedido de prisión preventiva.