El exrugbier Patricio Albacete, quien integró el plantel de Los Pumas en 67 partidos, fue procesado por la Justicia en el marco de una causa por violencia de género, privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas. La resolución judicial, que se dictó sin prisión preventiva, surge a raíz de la denuncia presentada por su exesposa, la modelo Pamela Pombo.

La investigación judicial logró acreditar al menos cinco hechos de violencia física y un episodio de hostigamiento. En el fallo, el magistrado consideró que los hechos denunciados no pueden analizarse de manera aislada, sino que forman parte de distintos episodios de agresión dentro de una dinámica de violencia sostenida en el tiempo, caracterizada por la intimidación y el control.

Como parte de la determinación, la Justicia dictó un embargo por 30 millones de pesos contra el exsegunda línea, quien participó en tres mundiales de rugby. La denuncia original, presentada a fines de abril, incluyó además una acusación por tentativa de homicidio agravado, tras un episodio de asfixia relatado por la denunciante.

Pamela Pombo difundió a través de sus redes sociales grabaciones que registran momentos de tensión y agresiones físicas sufridas en el ámbito doméstico. Cabe recordar que la pareja contrajo matrimonio en diciembre de 2024 en la localidad de Pilar, lugar donde residieron hasta que se produjo la separación.

El Tribunal de Revisión de Mercedes, provincia de Corrientes, dictó la prisión preventiva para el polémico abogado José Codazzi en la causa por la desaparición de “N”, tras el rechazo del juez de Garantías de Esquina, Jorge Gustavo Vallejos, al pedido de la fiscalía.

Conforme a la información del sitio oficial del Poder Judicial de Corrientes, la resolución fue tomada por los magistrados Carlos Antonio Martínez, Enrique Eduardo Deniri y Jorge Alberto Esper durante una audiencia celebrada esta mañana de manera virtual.

El Tribunal de Revisión determinó por unanimidad dar lugar a la impugnación formulada por el fiscal Mosquera y dictaminar el arresto preventivo del letrado, mientras que desestimó la solicitud para suspender su matrícula.

Vallejos, además, había decidido que el abogado cumpla prisión domiciliaria junto con la colocación de una tobillera electrónica.

La detención de Codazzi ocurrió el lunes por la noche, a 24 horas del inicio de la búsqueda, luego de que en su declaración confirme que trasladó al padre y a su hijo desde Esquina hasta el municipio de San Isidro, en Goya.

Lo curioso de su participación es que también estuvo sospechado en el caso Loan Peña, el niño que se encuentra desaparecido desde junio de 2024 en 9 de Julio, Corrientes.

En este caso, fue señalado por ser el abogado de Laudelina Peña (tía de Loan) y llevarla junto con el diputado Diego Pellegrini de noche hasta una fiscalía en la ciudad de Corrientes para que declare en el fuero provincial y señale que la desaparición del pequeño sucedió tras un accidente de auto. NA

La defensa de Lucas Pertossi, uno de los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, presentó un pedido formal ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores para que se disponga el reemplazo de la prisión preventiva por medidas menos restrictivas. El planteo, realizado por abogados de la Defensoría de Casación bonaerense, solicita que se analicen alternativas como la detención domiciliaria o el monitoreo electrónico.

El escrito dirigido al juez Christian Ariel Rabaia sostiene que la medida cautelar sobre el joven ya superó el “plazo razonable” y que la situación actual vulnera garantías constitucionales. Los defensores remarcaron que la prisión preventiva

“no puede ser entendida como una forma de adelanto de pena, sino únicamente como un instrumento provisional destinado a neutralizar riesgos procesales concretos vinculados al peligro de fuga o al entorpecimiento de la investigación”.

Lucas Pertossi permanece detenido desde el 18 de enero de 2020, acumulando más de seis años de prisión sin una condena firme. Cabe recordar que el joven fue sentenciado a 15 años de cárcel en febrero de 2023. Según la defensa, este tiempo excedió los estándares de razonabilidad, citando normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y fallos de la Suprema Corte bonaerense para insistir en la revisión periódica de la medida.

Respecto a los riesgos procesales, los abogados aseguraron que ya no existe peligro de entorpecimiento porque la investigación se encuentra “completamente concluida” y el debate oral “ya fue celebrado”. Además, destacaron que el condenado no posee sanciones disciplinarias en el sistema penitenciario y se encuentra cursando estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

Finalmente, el pedido también fundamentó el requerimiento en el contexto de sobrepoblación y hacinamiento carcelario en la provincia de Buenos Aires. La solicitud contempla medidas alternativas como presentaciones periódicas ante la autoridad judicial, la prohibición de salida del país o la fijación de cauciones, opciones previstas en el Código Procesal Penal bonaerense para asegurar la sujeción del imputado al proceso sin mantenerlo en prisión.

 Conforme al escrito que fuentes del caso enviaron a los medios, los miembros del Juzgado de Garantías 4 del Departamento Judicial de Morón consideraron que “existen en el proceso indicios vehementes y elementos convicción suficientes” para acreditar que César Alejandro Cervantes actuó en carácter de autor del delito de homicidio y lesiones graves reiteradas, en concurso ideal entre sí y a título de dolo eventual.

El hecho ocurrió el 15 de diciembre cuando Di Paolo se encontraba junto a Micaela Quipildor, Milagros Xiomara Barrionuevo y Mateo Henri, quienes luchaban contra el fuego que se desarrollaba en la Ruta 201 y avenida Márquez.

Según el documento, Cervantes conducía su auto Volkswagen Vento, dominio IGH-581, de manera temeraria y a una velocidad que excedía la máxima permitida de 60 kilómetros por hora: “Realizaba movimientos en zig zag intentando sobrepasar por ambos lados y finalmente por el lado derecho a un vehículo que circulaba delante suyo embistió con el referido Vento a cuatro agentes del cuerpo de la dotación de Bomberos Voluntarios de Tres de Febrero”.

Sin embargo, la defensa apeló la medida y se espera que el tribunal se pronuncie al respecto.

Micaela Quipildor, bombera y pareja de Di Paolo, sufrió politraumatismos varios con amputación de una pierna.

Mateo Henri, también del cuartel, padeció politraumatismos varios con fractura de ambos fémures, sin compromiso vascular, al tiempo que Xiomara Barrionuevo, bombera, sufrió fue víctima de fractura de fémur. NA

La trágica madrugada del 20 de julio de 2025 continúa su derrotero procesal en torno a la eventual responsabilidad penal del joven acusado de provocar el siniestro de dejó como saldo la muerte del estudiante Iván González.

Como oportunamente se detalló, en el kilómetro 169 de la Ruta Nacional 226, a la altura de La Blanqueada, un violento choque frontal entre una Ford Ranger y una Volkswagen Saveiro se cobró la vida de Iván González (21) que viajaba acompañado por Jeremías Aguilar Belsito, quien resultó herido. Un tercer vehículo también se vio involucrado en el siniestro.

El conductor de la camioneta, Ignacio Clemente (33), fue señalado desde el inicio de la investigación como responsable del hecho. Las pericias posteriores ordenadas por el Ministerio Público confirmaron que manejaba con alcohol en sangre y a exceso de velocidad, circunstancias que agravaron la imputación, circunstancia igualmente discutida por la defensa del acusado.

Tal se consignó, el 15 de diciembre de 2025, Clemente se presentó de manera espontánea en la comisaría Primera. Allí quedó detenido por orden del juez Alberto Moragas, acusado de “homicidio culposo y lesiones culposas agravadas”. Al día siguiente, la defensa oficial solicitó la eximición de prisión, pero el pedido fue rechazado.  A la par, el particular damnificado celebró la detención pero disintió en la carátula optada por el fiscal, señalando que según su mirada en representación de la familia de la víctima, el delito debía –debe- contemplar la figura del dolo eventual, lo que implicaría una eventual pena más gravosa.

En medio de las posturas encontradas y la tensión comunitaria que generó el caso, este Diario pudo confirmar que días pasados el fiscal Luis Piotti pidió la prisión preventiva para el imputado, solicitud que fue convalidada por el Juzgado de Garantías.

A la par, el mismo Juzgado tomó nota del pedido de la defensa para dictar la morigeración de dicha prisión (ergo, arresto domiciliario) y no hubo objeciones del Ministerio Público, por lo que el juez avaló la medida. Empero, el abogado de la familia de González rechazó dicha decisión, lo cual mereció que todo el expediente, con sus entuertos a cuestas queden en manos de la Cámara de Apelaciones, quien en plena feria judicial podría resolver el asunto.

A saber, por un lado, los camaristas tienen la apelación del defensor oficial Diego Araujo respecto a la prisión preventiva. A la par, la apelación del letrado Gastón Argeri por la morigeración concedida por el juzgado en primera instancia.

Cabe consignar que hasta no se resuelva ambas situaciones, Clemente continúa detenido en la Unidad Penitenciaria de Barker.

•             Fecha: madrugada del 20 de julio de 2025.

•             Lugar: kilómetro 169 de la Ruta Nacional 226, Tandil.

•             Vehículos involucrados:

•             Una Ford Ranger conducida por Ignacio Clemente (33).

•             Un Volkswagen Saveiro conducido por Iván González (21).

•             Un tercer vehículo también participó en el siniestro.

•             Consecuencia: Iván González falleció en el acto; su acompañante resultó herido.

•             Tras meses de investigación, la fiscalía reunió pruebas suficientes para imputar a Clemente.

•             Se le atribuyen los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, agravados por:

•             Conducción bajo efectos del alcohol.

•             Exceso de velocidad.

•             La familia y allegados de González se mantuvieron movilizados reclamando justicia durante el proceso.

•             El 15 de diciembre de 2025, Clemente se presentó espontáneamente en la comisaría Primera.

•             Quedó detenido e imputado formalmente.

•             Días pasados se le dictó la prisión preventiva y a la par de la concedió la morigeración. Asunto que deberá resolver la Cámara.

La Justicia de Azul ordenó la prisión preventiva de dos tandilenses acusados de haber cometido un robo en un establecimiento rural del partido de Azul. La decisión se basó en la gravedad del delito imputado, la calificación legal asignada al hecho y la pena en expectativa prevista para este tipo de ilícitos.

Los acusados fueron identificados como José Martín González, de 42 años, y Ramiro Urso, de 23, quienes quedaron imputados como autores de un robo agravado por haberse cometido en despoblado. La resolución fue dictada por el titular del Juzgado de Garantías Nº 3 de Azul, Juan José Suárez, y mantiene a ambos acusados privados de la libertad mientras avanza la investigación.

Según informó El Tiempo, los dos tandilenses habían sido detenidos el pasado 18 de diciembre en la ciudad, en procedimientos realizados por personal del Comando de Prevención Rural (CPR) con asiento en Azul. La causa es instruida por la UFI Nº 11, especializada en delitos rurales, a cargo del fiscal Adrián Peiretti.

El hecho investigado ocurrió el domingo 1 de junio de 2025 en el establecimiento rural “La Soñada”, ubicado en el Cuartel VII del partido de Azul, a la altura del kilómetro 343 de la Ruta Nacional Nº 3. De acuerdo con la información trascendida, González y Urso habían sido contratados meses antes para realizar tareas de poda en el campo y conocían que los fines de semana el lugar permanecía sin ocupantes.

Ese domingo por la tarde, los acusados habrían llegado al predio y forzado el candado de la tranquera de acceso. Una vez dentro, se apoderaron de paneles y pantallas solares, una bomba de agua solar, cuatro baterías de gel, un regulador de voltaje, tres picanas y un alargue. Además, tras romper los vidrios de dos ventanas de la vivienda del encargado del campo, sustrajeron varios cubiertos.

El robo fue descubierto al día siguiente, lunes 2 de junio de 2025, cuando se radicó la denuncia en la sede del CPR Azul perteneciente a la Policía bonaerense. A partir de ese momento, los investigadores lograron identificar rápidamente a los tandilenses que continúan privados de su libertad como probables autores del robo.

En el marco de la investigación se estableció que uno de los imputados se movilizaba en un automóvil Volkswagen Gol rojo, vehículo que utilizaban para trasladarse al campo. Testigos declararon haber visto ese rodado en las inmediaciones del establecimiento el día del robo, que posteriormente se determinó que pertenecía a González.

El 25 de junio de 2025 se realizaron los primeros allanamientos en los domicilios de ambos acusados en Tandil, donde se secuestraron teléfonos celulares. Del análisis de uno de esos dispositivos, perteneciente a González, surgieron mensajes intercambiados con Urso en los que se hacía referencia al robo y a la posibilidad de reducir los paneles solares sustraídos.

Esa información volvió a cobrar relevancia tras las detenciones de ambos en diciembre, cuando también se allanó un comercio en la ciudad de Ayacucho. Según lo investigado, el propietario de ese local habría sido quien compró los paneles robados en “La Soñada”.

Tras ser detenidos, González y Urso permanecieron inicialmente alojados en la sede del CPR Azul. Desde esa seccional policial, días más tarde, fueron trasladados a la Unidad Penal Nº 38 del Servicio Penitenciario Bonaerense, ubicada en Sierra Chica, donde continúan detenidos mientras se desarrolla el proceso judicial.

La Justicia prolongó hasta abril de 2026 la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, imputado por presunta trata de personas en San Carlos de Bariloche, mientras continúa la investigación.

La decisión a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se tomó en las últimas horas, luego de que el viernes se realizaran dos audiencias que incluían el vencimiento del plazo de la prisión preventiva de Rudnev y su estado de salud.

Durante la jornada se dictaminó que la misma se prorrogue hasta el 3 de abril del año que viene, con el argumento de que la causa es compleja y todavía continúa la pesquisa para determinar responsabilidades.

La fiscalía sostiene que tiene tiempo hasta marzo de 2026 para presentar la acusación final.

La defensa, sin embargo, afirma que no hay avances y que la situación se ha vuelto irregular y perjudicial para el imputado. 

En ese marco, el abogado defensor Carlos Broitman afirmó que el viernes se celebraron “dos audiencias clave”: una por la prórroga de la prisión preventiva y otra por el pedido demorigeración por motivos de salud. 

Según explicó el letrado, solicitaron que Rudnev fuera trasladado a la Ciudad de Buenos Aires para realizar estudios médicos que “ya están ordenados por el Hospital Santa Teresita del Hospital de Rawson” y que no se han cumplido. 

“El juez Zapata denegó los estudios médicos y ordenó una ampliación de la prisión preventiva hasta el 3 de abril de 2026”, cuestionó. 

Para Broitman, la decisión implica desatender informes clínicos urgentes. Además, apuntó que la fiscalía “vuelve a escudarse en la complejidad del caso” sin presentar pruebas nuevas.

El defensor insistió en que “el estado de salud de Rudnev se deteriora día a día”, al tiempo que agregó que las autoridades judiciales restan importancia a signos clínicos graves porque “como lo ven caminar, piensan que está bárbaro”. 

Broitman detalló que desde agosto está pendiente una endoscopía alta y baja, fundamental para descartar pólipos que podrían volverse malignos.

También denunció falta de estudios para evaluar “nódulos pulmonares, capacidad respiratoria y episodios de agotamiento extremo”.

“Están ante una persona con apariencia de cuidado, pero la están dejando deteriorar”, advirtió.

Para la defensa, la negativa del juez constituye un riesgo para la vida del imputado.Los informes médicos firmados por los especialistas Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte, ambos del Hospital de Clínicas, refuerzan las preocupaciones en el entorno de Rudnev.

En su carta del 18 de noviembre señalaron que el detenido presenta “dificultades respiratorias progresivas, episodios nocturnos de asfixia, dolor torácico, ansiedad, pérdida de sensibilidad en miembros superiores y síntomas digestivos severos”.

Los médicos también advirtieron que vive en un pabellón cerrado, “sin ventilación y compartido con más de veinte personas fumadoras”, situación que agrava su cuadro pulmonar.

El documento concluye: “La derivación resulta indispensable para establecer una estrategia terapéutica acorde a la complejidad y evolución de su cuadro”.

Sarotto y Duarte, además, señalaron un problema adicional: la barrera idiomática.

Según consignaron, Rudnev recibe medicación “de manera esporádica y sin ninguna explicación”, debiendo comunicarse por gestos con el personal penitenciario.

La ausencia de intérpretes impide un seguimiento clínico adecuado y expone al paciente a errores de administración de medicamentos.

En el mismo informe reclamaron la necesidad de completar estudios que el penal de Rawson no está en condiciones de realizar, como espirometría, DLCO, pruebas cardiológicas y evaluaciones neurológicas.

“La falta de diagnóstico completo podría comprometer su pronóstico”, advirtieron.

A pesar de esta recomendación formal, el juez rechazó el traslado.

A la discusión sanitaria se suma ahora otro giro relevante: la presunta víctima del caso, Elena Makarova, presentó una querella penal contra los fiscales y afirmó que nunca fue víctima de Rudnev ni de ningún ciudadano ruso.

La joven -que había sido señalada como el centro del expediente- acusó a los funcionarios de “convertirla en víctima mediante prácticas abusivas e ilegales”.

En su escrito sostuvo que el Ministerio Público “instaló un relato de trata que nunca existió” y que ignoró lo que dijo en Cámara Gesell. 

“Fueron ellos quienes me convirtieron en víctima, no mis compatriotas”, escribió.La querella también denuncia violencia obstétrica, privación de libertad y decisiones médicas sin consentimiento.

Makarova asegura que viajó a Argentina para protegerse de una expareja violenta y que elpersonal del Hospital de Bariloche la sometió a procedimientos invasivos sin autorización.

Apuntó contra la enfermera Jessie Cortés Alvarado y el médico Emiliano Bringas por prácticas “invasivas y deshumanizadas”, que -según afirmó- la fiscalía avaló sin investigar.La joven sostiene que le quitaron su teléfono y documentos, la separaron de sus acompañantes y la trasladaron a un refugio donde quedó incomunicada.

“Pedí que me devolvieran mis documentos y que me dejaran volver a mi país. No me escucharon”, dijo.

Su presentación incluyó pedidos de prueba y una recusación formal contra los fiscales del caso.

Broitman subrayó que la declaración de Makarova es determinante porque desarma la hipótesis central de la causa. (NA).

La Justicia de San Isidro le dictó este miércoles la prisión preventiva a Morena Rial como acusada de integrar una banda que se dedicaba a robar casas en zona norte y oeste del Gran Buenos Aires en enero de este año.

La hija de Jorge Rial está detenida en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena, adonde fue trasladada tras haber violado los pedidos de la Justicia que le permitieron tener el beneficio de la excarcelación.

Andrea Rodríguez Mentasty, jueza de Garantías N° 3 de San Isidro, aceptó el pedido del fiscal general adjunto del mismo Departamento Judicial, Patricio Ferrari, para dictar la prisión preventiva.

Morena Rial está acusada del delito de “robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción”, de tres hechos cometidos el 18 y 19 de enero de este año, en Villa Adelina, Martínez e Ituzaingó. Se determina que un robo es por “efracción” cuando para cometerlo se rompe un objeto, puerta, techo ventana.

De acuerdo al fiscal Ferrari en todos los casos , Morena actuó junto con tres cómplices más. En dos de los robos, ocurridos el 19 de enero, ella llevó a su hijo de diez meses, como se vio en las cámaras de seguridad, “para que sus conductas criminales sean inadvertidas”, fundamentó Ferrari en su pedido de prisión preventiva.

El mes pasado, un hombre fue detenido en Tandil como el probable autor de diferentes situaciones de captaciones de personas que están enmarcadas en un intento de "trata" con fines de "explotación sexual" de niños, niñas y adolescentes menores de edad. El pasado lunes, según informó el medio El Tiempo de Azul, un juez procesó con prisión preventiva al detenido que está siendo investigado.

La causa que lo involucra en esos hechos está radicada ante el Juzgado Federal N°1, que tiene su asiento en Azul. El magistrado Gabriel Di Giulio fue quien ordenó el dictado de la medida cautelar para el imputado.

En las actuaciones penales que se llevan adelante el acusado fue identificado como Mariano Andrés Beringuer, de 41 años, que se desempeña como carpintero.

El pasado 25 de agosto, un procedimiento policial realizado en un domicilio de Tandil derivó en su detención. Días atrás, luego de dictar su procesamiento con prisión preventiva, el Juez Federal que entiende en esta causa ordenó también que se consiga un cupo para que sea trasladado -desde la División Unidad Operativa Federal de la PFA en Tandil donde permanece- a una cárcel perteneciente al Servicio Penitenciario Federal.

La prisión preventiva dictada tiene, en principio, un plazo de duración de seis meses. Pero en lo resuelto el magistrado Di Giulio aclaró que la vigencia de esa medida cautelar "podrá prorrogarse si las circunstancias lo justifican y mediare impulso de la parte acusadora".

Considerando las características de los ilícitos que le atribuyen, a Beringuer le fue prohibido también que utilice teléfonos celulares y "equipos de tecnología para el acceso a Internet y redes sociales" mientras permanece privado de su libertad. La  medida cautelar fue dispuesta por el plazo de seis meses y, de ser necesario, podría extenderse.

Lo decidido por el magistrado a cargo del Juzgado Federal 1 de Azul incluyó que al imputado le fuera trabado un embargo sobre sus bienes "hasta cubrir la suma de 50.000.000 de pesos".

Cuando Mariano Andrés Beringuer fue detenido, un reporte dado a conocer desde el área de Prensa de la Policía Federal Argentina lo sindicaba como un hombre que tenía en su poder y comercializaba "imágenes de pornografía infantil".

Luego de que aquella medida cautelar fuera concretada por efectivos de la PFA, oficialmente se consignó también que Beringuer "utilizaba perfiles falsos" en redes sociales "con el objetivo de contactar menores de edad, a quienes les ofrecía dinero a cambio de fotos íntimas".

Desde años atrás, concretamente a partir de julio de 2016, el hombre venía siendo investigado por la Justicia Federal de Azul. Más denuncias en su contra habían sido formuladas durante los años 2017 y 2018, por lo que en diciembre de 2021 el domicilio donde en aquel entonces residía en Tandil fue allanado.

Esa diligencia finalizó con los hallazgos y posteriores secuestros de "notebooks, teléfonos celulares, pendrives y otros dispositivos electrónicos", según lo consignado en el reporte de la PFA. Al ser analizados, pudo detectarse que tenían "una gran cantidad de material de abuso sexual infantil" y "rastros de operaciones económicas vinculadas a la venta y circulación de ese contenido ilícito".

Aquella situación derivó en que se realizara un nuevo allanamiento en el inmueble del imputado en Tandil, donde resultó detenido. Durante esa segunda diligencia los agentes de la PFA secuestraron dos computadoras portátiles, tres móviles, un chip de telefonía celular y dos pendrives.

A través de lo resuelto para Beringuer, el Juez Federal concluyó que existen "suficientes elementos de convicción para considerarlo prima facie autor de tentativa de trata de personas con fines de explotación sexual continuada, mediando situación de vulnerabilidad y valiéndose de la concesión de beneficios para obtener el consentimiento de una persona con autoridad sobre la víctima, agravada por el número de víctimas y por tratarse de menores de 18 años de edad". Además, el tandilense fue procesado también por producción y financiamiento de material de abuso sexual infantil continuado.

"Mariano Andrés Beringuer, desde aproximadamente el mes de diciembre de 2015, llevó adelante una metodología delictiva para la captación de personas vulnerables con el objetivo de la producción, financiamiento y distribución de material de pornografía infantil y/o Material de Abuso Sexual Infantil (MASI)", se menciona en lo resuelto para el dictado de su procesamiento con prisión preventiva.

Además, se indica que se dedicó a captar menores de edad para explotarlos y que para lograr su cometido utilizó "múltiples perfiles en diferentes plataformas", al igual que diferentes "abonados telefónicos".

Como denominador común, entre las víctimas figuran personas que "presentan vulnerabilidades", tales como "escasos recursos o necesidades económicas". Una vez que eran contactadas, el investigado les pedía -"ofreciendo beneficios económicos para obtener el consentimiento de las personas con autoridad sobre aquéllas"- "material de pornografía infantil o de abuso sexual infantil" para su posterior comercialización.

En las últimas horas, el Juzgado de Garantías 2, por pedido de la fiscalía, dictó la prisión preventiva para un hombre que quedó implicado en el robo perpetrado en una distribuidora de Colectora Macaya casi Pedersen.

En efecto, al decir de la resolución judicial, el 3 de julio entre las 1 y 2, dos hombres, uno de ellos identificado como David Ubaldo Romero,  después de escalar un muro perimetral de 1.70 metros de altura existente en calle Ugalde entre Rivas y Pedersen, ingresaron por los fondos hasta la parte posterior de la Distribuidora Islas, sita en Colectora Macaya 37.

En dichas circunstancias, después escalar una casilla de mampostería de 1.90 metros y destruir una ventana de paños fijos sita a tres metros de altura de la base del piso, accedieron al interior del comercio y se apoderaron de carne vacuna, de pollo, botellas fernet, golosinas y mercaderías varias. Munidos del botín, huyeron del lugar.

Anoticiados del comercio violentado, los propietarios de la firma se entrevistaron con vecinos que habían alertado a la policía sobre la presencia de extraños en la zona, más precisamente a una pareja que salía de la distribuidora con bolsas cargadas.

Con el aporte de las cámaras de vigilancia privadas más las del Centro de Monitoreo se logró reconstruir el periplo de los sospechosos, tomando nota que al menos uno de ellos, desde su casa de apenas unas cuadras,  se había tomado un remis para la ida, desde calle Ugalde al 100 hasta calle Palacios.

Una vez reconstruido e identificado el vehículo utilizado para el transporte de parte de los que se había llevado del comercio, se logró dar con el chofer, quien reconoció haber transportado a un hombre que, una vez arribado a destino, le dijo que no tenía efectivo para pagarle, por lo que quería abonarle con algo de carne y un fernet.

En ese mismo andarivel investigativo, el operador de la remisería ratificaría aquella versión. Detallando que efectivamente había recibido una llamada solicitando un auto a las 4.18 para que se haga presente en calle Ugalde a 123, y el solicitante le expresó textualmente: "sabes si va a tardar mucho"... Posteriormente,  el chofer que había enviado desde la agencia, se comunicó vía radial con el operador y le comunicó: "no me pagaron, me dejó una tira de asado y un fernet".

Sorprendido por la situación, el operador tomó nota de la singular escena y al tener una amistad con el propietario de la distribuidora advirtió la cercanía del domicilio donde habían solicitado el remis y el comercio, por lo que llamó a su amigo y, efectivamente, Islas le confió que habían ingresado al local a robar. 

Asimismo, se añadió como testimonio de prueba los dichos del propio remisero, quien brindó también precisiones sobre el recorrido y el diálogo mantenido con el hasta ahí sospechoso.

A más  detalles, el chofer dijo que no quería recibir la mercancía ofrecida como parte de pago, pero el pasajero le respondió: "agradece que te doy esto porque las consecuencias pueden ser peores". A lo que el trabajador del volante se resignó al no pago en efectivo, recordando también que la mochila que llevaba el sospechoso hacía ruido como de botellas golpeándose y parecía que llevaba mucha mercadería y carne, la cual apenas podía levantar por el peso que poseía y transportaba...".

A la hora de fundamentar el pedido de prisión preventiva frente a un hecho calificado como “Robo agravado por ser cometido mediante escalamiento”, entre otras razones se alegó que el imputado Romero habita en la casa de calle Ugalde 123, lugar donde fue detenido, léase a no más de dos cuadras del lugar del hecho -Colectora Macaya 37 -. “Lo que demuestra a las claras una mayor impunidad por parte David Ubaldo Romero ya que pese a la vecindad existente entre su domicilio y la Distribuidora Islas, no fue obstáculo para ingresar al mismo y apoderarse de mercadería allí existente”.

El resonante suceso de inseguridad del mes pasado del que resultara víctima una mujer de nacionalidad oriental en su domicilio en El Cerrito tuvo una definición procesal para el sindicado como el autor del robo y abuso. Quedó confirmada la prisión preventiva por lo que aguardará preso hasta que se sustancie el juicio, tiempo en que se resolverá su situación procesal penal.

Como se informó, la policía logró detener en su domicilio a un hombre acusado de cometer un violento ataque contra una mujer en su vivienda luego de lograr la reconstrucción del trayecto que realizó a pie desde un lugar a otro gracias al aporte de las cámaras de  seguridad públicas, más el reconocimiento que la propia damnificada realizó del sospechoso, a la postre identificado como Leonardo Alberto Lili (34).

Una vez recopilado el material probatorio incriminante para con el nombrado, el fiscal Damián Borean pidió la prisión preventiva, lo cual fue avalada por el Juzgado de Garantías.

Sobre el detalle de los hechos, se confió de lo que se desprende de la instrucción judicial que entre finales del mes de junio al 3 de julio del corriente año, el acusado trabajaba como pintor y albañil en la casa de calle Martín Fierro 138, donde reside una pareja, sobre quienes se apoderó de dinero en efectivo.

Asimismo, el 4 de julio, entre las 0 y 1.45 aproximadamente, el señalado accedió al interior de la vivienda donde se hallaba su moradora. Una vez adentro se dirigió a la habitación de la víctima. Allí, agredió físicamente a la nombrada, tomándola fuertemente del cuello con una de sus manos, mientras que con la otra le tocó las partes íntimas. En dicho ataque también utilizó un arma blanca o cuchilla con la que le causó una herida a la mujer en el mentón.

En dicha agresión física la víctima se desvaneció, tras lo cual el violento se apoderó de la bombacha de color rosa que tenía colocada, varios cuchillos y elementos de cocina, todos nuevos, de origen chino. Una vez muñido del botín, se retiró del lugar con el paradero luego identificado por las cámaras y el seguimiento policial.

A la hora de las pruebas en su contra, se detalló sobre el hallazgo en su casa de calle Necochea 71 del dinero que había sustraído, el cual fue reconocido por la damnificada en cuanto a la discriminación de los billetes y la forma en que este dinero se encontraba acondicionada.

A la vez, el resto de los obreros que trabajaban en las refacciones en la casa reconocieron al imputado como integrante de la cuadrilla que trabajaba y tenía llave para ingresar a la propiedad.

También, el indicio incriminante dado por la circunstancia de haber sido aprehendido momentos inmediatamente posteriores de cometido el ilícito, luego de ser interceptado por personal policial que se encontraba realizando vigilancia encubierta sobre su domicilio, cuando éste salía de su domicilio pretendiendo descartarse de ropa interior tipo boxer y una remera de hilo calado de mujer color negra que llevaba en una bolsa tipo residuo; sumado a llevar también consigo en el interior del bolsillo izquierdo de su chaleco otra bolsa de nylon transparente conteniendo una bombacha femenina color rosa con manchas hemáticas, la cual fuera reconocida sin dudas como de su propiedad por la víctima.

Con dichos elementos, entonces, se resolvió convertir en prisión preventiva la detención de Luli (39), por considerarlo autor penalmente responsable en la comisión de los delitos de “Hurto” y “Robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de arma -punzocortante y por haber causado con la violencia ejercida sobre la víctima lesiones graves en concurso ideal con abuso sexual simple”.