El debate en torno a la convivencia entre la actividad nocturna y los vecinos de las zonas donde funcionan los locales de esparcimiento volvió a ocupar un lugar en la agenda pública a partir de una violenta secuencia registrada durante la madrugada del último jueves en el Pasaje Newbery, que terminó con dos jóvenes heridos de bala y un vecino aprehendido.

En ese contexto, el Municipio retomó la mesa de diálogo que había impulsado con los responsables de los establecimientos nocturnos el año pasado. La dinámica propuesta busca trabajar en el desarrollo de medidas preventivas en la materia a través de una carta de intención.

Ayer por la mañana, según comunicaron desde el Ejecutivo, el socio propietario de Hunters y Brothers, Federico Romera, se acercó a la Secretaría de Protección Ciudadana para firmar la carta de intención que contempla una serie de medidas que permitan “mejorar la prevención y reforzar los controles vinculados a la nocturnidad”.

La firma constituye la primera adhesión formal al acuerdo, que busca establecer criterios comunes entre el Municipio y los responsables de los locales frente a distintas situaciones que se producen durante el desarrollo de la actividad y en sus inmediaciones.

Entre las medidas contempladas se encuentra la implementación de un registro único de derecho de admisión y permanencia, destinado a identificar a personas que hayan protagonizado hechos de violencia o conflictos dentro o fuera de los establecimientos y restringir su ingreso a los locales que adhieran a la propuesta.

El enfoque propuesto también plantea trabajar en mecanismos para favorecer una salida ordenada de los asistentes al finalizar la actividad, reforzar los controles de ingreso y de edad, fortalecer el monitoreo mediante cámaras y gestionar operativos policiales especiales durante los horarios de egreso.

A esto se suma la promoción del uso de Centinela, tanto en su modalidad vecinal como comercial, como otra de las herramientas contempladas dentro del esquema de prevención.

La iniciativa tiene como antecedente un encuentro realizado en septiembre de 2025, cuando la Secretaría de Protección Ciudadana y las áreas municipales de fiscalización convocaron a los responsables de los locales bailables habilitados para avanzar en una agenda conjunta frente a situaciones conflictivas y hechos de violencia vinculados con la actividad nocturna.

En aquella oportunidad se plantearon distintas herramientas, entre ellas el registro de derecho de admisión y permanencia, mecanismos para ordenar la desconcentración de los asistentes, medidas vinculadas con el tránsito y el estacionamiento, el fortalecimiento de la videovigilancia y mayores controles en los ingresos.

A partir de esa reunión se acordó avanzar en una carta de intención entre el Municipio y el sector privado, aunque durante el último año no se había concretado su formalización.

La firma realizada ayer por la mañana retoma aquel compromiso y abre una nueva instancia para ampliar la participación de los establecimientos.

Nuevas adhesiones

Además de suscribir el documento, el Municipio informó que el socio propietario de los locales mencionados “se comprometió a compartirlo con otros empresarios y responsables de establecimientos nocturnos de la ciudad” e “iniciar las gestiones para que puedan sumarse a la iniciativa”, con la intención de ampliar progresivamente la adhesión y construir criterios comunes de prevención.

En paralelo, adelantaron que la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, tiene previsto volver a tomar contacto con los titulares de locales que participaron de la mesa de diálogo, con el objetivo de retomar las conversaciones y avanzar en la incorporación de nuevos establecimientos al acuerdo.

Desde la dependencia destacaron este primer avance y reiteraron la voluntad del Municipio de “sostener el diálogo y el trabajo conjunto” con el sector, entendiendo que “una nocturnidad más segura requiere del compromiso y la responsabilidad de todos los actores involucrados”.

El violento episodio ocurrido durante la madrugada del pasado viernes en el pasaje Newbery al 900, donde una vecina fue agredida tras recriminar a un grupo de personas que realizaban sus necesidades fisiológicas en la vía pública, fue analizado por la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri.

En diálogo con La Mañana, programa que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1, la funcionaria brindó detalles sobre el seguimiento del caso a través del sistema de videovigilancia.

Según explicó, el área de monitoreo registró el momento en que un grupo compuesto por tres mujeres y dos varones ingresó al pasaje. Tras observar la agresión física hacia la vecina y la intervención de un hombre que salió en su defensa, el personal municipal dio aviso inmediato a las fuerzas de seguridad.

La secretaria de Protección Ciudadana destacó que el tiempo de respuesta fue de 3 minutos y 20 segundos, aunque lamentó la magnitud de la violencia ejercida, que incluyó disparos al aire por parte de uno de los involucrados.

Marcieri subrayó que, tras realizar el seguimiento con las cámaras y aplicar zoom para facilitar la identificación, se pudo constatar que los agresores no eran adolescentes, sino personas adultas. “La verdad que es triste porque las que empezaron la agresión fueron mujeres”, señaló.

Además, indicó que el material fílmico fue puesto a disposición de la Policía para avanzar con la investigación judicial correspondiente.

En relación con la clausura del local bailable Glow, Alejandra Marcieri aclaró que la medida no está vinculada directamente con el incidente del pasaje Newbery, sino con el incumplimiento del artículo 31 de la normativa de nocturnidad.

La funcionaria detalló que se observó a una persona en estado de ebriedad siendo retirada del establecimiento sin que los responsables dieran aviso al sistema de salud. También se registró una pelea en la vereda del comercio sin intervención del personal de seguridad privada. “Si vos vas a tener personas encargadas de la seguridad para dentro de la puerta del local, y estás viendo que en la vereda hay una agresión física extremadamente grave y te quedás mirando, no atinás a separar mientras llamás a las fuerzas de seguridad, entendemos que se incumplió la normativa vigente”, explicó.

Asimismo, indicó que se instó a una instancia penal para identificar a los responsables de los disturbios registrados en la vía pública.

Ante los pedidos de un abordaje integral sobre la nocturnidad, Marcieri defendió las acciones que lleva adelante la Secretaría de Protección Ciudadana, entre ellas la rotación de controles de tránsito, la colocación de cámaras de videovigilancia y las gestiones para que los locales gastronómicos retiren el mobiliario exterior al finalizar su actividad.

“Es muy fácil ser plateísta y decir que se necesita una mirada integral sin saber todo lo que hicimos”, afirmó.

Por otro lado, la funcionaria confirmó el desalojo de una toma de tierras en la Ruta 30, un procedimiento que calificó como positivo luego de años de gestiones. También informó que durante el fin de semana se logró desalentar otro intento de ocupación gracias a la rápida alerta de los vecinos a través de la Aplicación Centinela.

“El protocolo funciona y se pueden desactivar rápidamente si no se espera”, concluyó.

Finalmente, Marcieri reafirmó el compromiso de continuar trabajando en conjunto con la Justicia y las fuerzas de seguridad para fortalecer la prevención y mantener el orden público.

Tras los hechos de violencia registrados durante la noche del jueves en el pasaje Newbery, desde el Foro de Seguridad tomaron contacto con autoridades policiales, a los fines de dar a conocer los antecedentes de reclamos en la zona y abordar la situación en el lugar. En diálogo con El Eco consideraron además que las situaciones vinculadas a la nocturnidad deben trabajarse en el marco de proyectar soluciones integrales que contemplen el crecimiento de la ciudad.

La presidenta del organismo, Daniela Gatti, se comunicó con la Jefatura Departamental de Tandil –a cargo de Marcos Navarro-, para poner a los responsables de la fuerza al tanto de la situación en el barrio: vecinos del pasaje había concurrido al Foro en noviembre de 2024 para denunciar problemáticas vinculadas con la nocturnidad.

“La verdad que es un hecho lamentable y esperemos que no vuelvan a pasar. Obviamente que ahora se trabajará en la zona”, señaló Daniela Gatti.

La presidenta del Foro dio cuenta de los antecedentes de trabajo en el pasaje. “Estuve en comunicaciones con el jefe Navarro, y le comenté del antecedente que teníamos, que habíamos estado ya en el barrio trabajando hace más de un año con esta misma problemática. Evidentemente la gente que vive ahí lo sigue padeciendo”, contó.

Cabe recordar, fue el jueves por la noche cuando se registró una situación de violencia en el pasaje Newbery al 900, a metros de un local bailable. Una vecina fue agredida luego de recriminar a un grupo de chicas que orinaban en su propiedad.

El conflicto escaló, el marido de la mujer efectuó disparos con un arma de fuego y el hecho terminó con dos jóvenes heridos de bala. El Municipio inició una denuncia a la Fiscalía y el boliche fue clausurado por quince días. El vecino que disparó fue aprehendido pero luego liberado ya que la Justicia consideró que actuó en “legítima defensa”.

Gatti recordó que fue en noviembre de 2024 una de las últimas veces que vecinos del pasaje Newbery habían formado parte de las reuniones del Foro. Entonces, indicó, habían concurrido para plantear situaciones vinculadas a la nocturnidad –por la cercanía de locales bailables-, así como también a ruidos molestos.

“Por no poder descansar, por la suciedad, por conductas inapropiadas”, precisó Gatti, quien sostuvo además que lo registrado el jueves no fue producto de un hecho delictivo, sino de acciones vinculadas a la nocturnidad. “Cuando en la diaria no estás pudiendo descansar, que salís de tu casa y hay suciedad por todos lados, botellas rotas, residuos de toda clase, la verdad que debe ser bastante complejo”, marcó la referente del Foro.

Tras la visita de vecinos al Foro de Seguridad en noviembre de 2024, se concretaron operativos programados a partir del trabajo conjunto con el jefe Departamental de entonces.

“Se hacían operativos a la noche, incluso hasta con una vallados móviles. Se trabajaba también con la gente de la Secretaría de Protección Ciudadana y Tránsito, colaborando con personal de Control Urbano Vehicular. Eran operativos específicos para desalentar conductas, y que funcionan para los vecinos como un accionar paliativo”, recordó.

Gatti indicó que tras aquellos hechos los vecinos del pasaje Newbery no volvieron a participar del Foro de Seguridad. Sin embargo, marcó que las problemáticas vinculadas a la nocturnidad persisten y que el reciente cierre de un tradicional local bailable de avenida Del Valle  provocó un mayor movimiento en la zona céntrica. “Esto afecta directamente al descanso de los vecinos”, planteó.

Más allá del hecho concreto vinculado al pasaje Newbery, Gatti hizo referencia a la necesidad de abordar la nocturnidad de manera integral, considerando además el particular crecimiento de Tandil.

“Tenemos muchas cosas que cuestionarnos como vecinos de lo que son las normas de convivencia, y tratar de trabajar esos temas, apuntalando lo que es la prevención. Pensar a futuro, con proyectos de urbanización, porque no estamos teniendo algo integral en una ciudad que está creciendo como la nuestra. Uno pensaría que lo que es nocturnidad y esparcimiento tendría que estar alejado de la zona del centro, pero es un tema para trabajar”, consideró.

Contemplando que hace casi dos años hubo reclamos por el mismo tema, la referente del Foro hizo mención a la necesidad de contar con medidas de gobierno que aborden la problemática.

“Que esto pueda de algún modo modificarse o pensar en trasladar estos espacios para que quien quiera tener esparcimiento, lo disfrute y el que quiera descansar en su casa, pueda hacerlo”, concluyó.

La presentación del informe trimestral de la Secretaría de Protección Ciudadana ante la Derechos Humanos, Género, Garantías y Seguridad del Concejo Deliberante expuso algunas diferencias en torno al diagnóstico sobre la situación delictiva en Tandil.

En diálogo con El Eco de Tandil, la presidenta del espacio legislativo, Noelia Domenighini, explicó que durante el encuentro, que se extendió aproximadamente una hora y media, se repasaron las acciones desarrolladas durante el segundo trimestre y distintos proyectos vinculados con la prevención, entre ellos la ampliación del programa Centinela, la futura implementación de una Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) en La Movediza y la incorporación de una médica legista.

Sin embargo, uno de los puntos que generó diferencias estuvo relacionado con la interpretación de los indicadores de seguridad. La concejal de Fuerza Patria sostuvo que, a partir de los datos incluidos en el informe y de otros elementos que llegan a la comisión, observó un incremento de las denuncias y de las intervenciones vinculadas con hechos delictivos.

“Una diferencia que notaba a partir de los números sobre denuncias, siniestros viales, intervenciones de la fiscalía, es un aumento en el delito en cuanto al informe anterior”, planteó.

Diagnósticos de la inseguridad

Según relató, durante la reunión planteó ante Marcieri que advertía un aumento de la inseguridad respecto del período anterior. 

“Como presidenta de la comisión disiento un poco con lo planteado porque entiendo que ha habido un aumento de la inseguridad en la ciudad. Esto producto de otras problemáticas que quizás se vinculan al índice de inseguridad, pero la inseguridad aumenta y lo vemos todos los días en hechos que son denunciados por los vecinos, que se manifiestan ante el Foro de Seguridad, que uno ve por las redes”, repasó.

La concejal señaló que el informe contiene estadísticas que muestran variaciones respecto del trimestre anterior y, entre los indicadores mencionó el incremento de las denuncias recibidas por Centinela y de los requerimientos de información realizados por las fiscalías.

“Hay un amento en relación a los tres meses anteriores”, enfatizó y aclaró que es “más allá del esfuerzo que se pueda estar realizando” desde el Municipio y la Provincia en materia de seguridad.

Al mismo tiempo, planteó que no todos los hechos que llegan por esas vías se traducen en denuncias formales, una diferencia que dificulta contar con una dimensión precisa del fenómeno y vuelve necesario insistir en la importancia de denunciar.

“No me parece que sean unas simples palabras. Me parece que la secretaria de Protección Ciudadana entienda que es una percepción subjetiva y que no están aumentando los hechos delictivos, es como para hacer un llamado de atención”, sentenció.

El cambio en las problemáticas vinculadas al delito

En su análisis, la concejal también hizo referencia a un cambio en las situaciones vinculadas con la inseguridad y aclaró que su planteo no implica equiparar la situación de Tandil con la de otras zonas del territorio bonaerense, pero sostuvo que la ciudad debe atender los hechos que efectivamente ocurren.

“No estamos en el conurbano bonaerense, pero entendemos que tenemos que ocuparnos de los delitos que acontecen y de generar la responsabilidad de la denuncia en los vecinos”, enfatizó.

Entonces, calificó como “muy importante” que los ciudadanos puedan realizar las denuncias de los hechos “porque a veces no se condicen las estadísticas con los hechos que uno toma conocimiento a través de una red social o de lo que toma conocimiento como funcionario, o por estar en un grupo barrial o por ir al Foro de Seguridad, porque no hay denuncias formales”.

“Cuando vos vas a generar una política pública, si no tenés estadística, la política pública no existe”, justificó la concejal de Fuerza Patria.

Centinela: valoración de la presencia en las calles

Independientemente del planteo en torno al diagnóstico general, Domenighini valoró algunos de los programas que lleva adelante la Secretaría.

En particular, consideró que la presencia del programa Centinela en las calles constituye un aspecto positivo y destacó que en los últimos años se incrementó la difusión y el conocimiento del sistema entre los vecinos.

Durante la reunión, Marcieri informó además sobre la ampliación del programa y la incorporación de nuevos vehículos para reforzar la cobertura urbana y rural.

La concejal también mencionó la incorporación de un carro para el traslado de ganado, en articulación con Bromatología, destinado a intervenir ante situaciones de animales sueltos.

Domenighini resaltó el trabajo “un poco más intenso” de la actual gestión de la dependencia comunal, después de las objeciones planteadas en anteriores oportunidades, a la vez que señaló que el programa Centinela es “positivo para la ciudad”.

La FBA como alternativa a la comisaría Quinta

Otro de los proyectos analizados fue la instalación de una Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) en La Movediza. En ese sentido, puso el foco en el aporte de la administración bonaerense en cuanto a personal especializado, infraestructura y equipamiento. “Es importante el proyecto que se viene desarrollando”, afirmó.

La concejal recordó que desde el Concejo Deliberante se había acompañado anteriormente el pedido para la creación de una comisaría Quinta, que finalmente no prosperó a partir de la negativa de la administración bonaerense de avanzar con la construcción de una nueva dependencia policial por cuestiones presupuestarias, aunque sí se planteó avanzar con una FBA.

En ese sentido, valoró que la iniciativa permitiría incorporar a la ciudad personal especializado y capacitado por la Provincia, con presencia territorial y una función preventiva.

“La idea es que sean efectivos que puedan transitar por el barrio para que puedan tener presencia a los efectos de la prevención del delito en un territorio que es complejo en la ciudad de Tandil”, detalló.

La incorporación de una médica legista

La incorporación de la médica legista fue otro de los puntos destacados por la concejal de la exposición que la secretaria de Protección Ciudadana realizó días atrás.

Señaló que se trata de una demanda que se venía planteando desde hace años en la Mesa Intersectorial de Violencia, particularmente por la necesidad de contar con profesionales especializados para intervenir en situaciones de violencia de género y contra niños y niñas, además de otros procedimientos médico-forenses.

Uno de los primeros resultados fue la realización de una autopsia en Tandil, evitando el traslado a Azul. La concejal destacó que la medida tiene relevancia tanto para el trabajo judicial como para las familias de las víctimas.

También indicó que se trabaja en la incorporación de otros profesionales para ampliar la cobertura de las guardias pasivas.

La articulación con Provincia

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Seguridad destacó el trabajo que, según su evaluación, viene desarrollando el Gobierno bonaerense en el territorio.

“También creo que se puede llevar adelante una política pública en seguridad por el gran trabajo que viene llevando adelante la Provincia, que entendemos que es su competencia”, consideró.

La secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, repasó las gestiones para incorporar a una médica legista, que dependerá de la Policía Científica. 

La funcionaria recordó que hace años Tandil contaba con un profesional de esas características, que se jubiló hace más de seis años y fue, según indicó, el último en cubrir ese rol en la ciudad.

La recuperación de esa figura fue reclamada en distintas oportunidades, incluso desde la Mesa Intersectorial de Prevención y Abordaje de la Violencia Intrafamiliar y de Género, particularmente por la importancia de contar con personal especializado ante situaciones de presunto abuso.

En esos casos, explicó Marcieri, la toma de muestras debe realizarse siguiendo protocolos específicos. Si bien los médicos locales pueden aplicar esas pautas, la presencia de un profesional especializado permite reducir el riesgo de errores. 

“No es lo mismo que un médico especializado en la toma de muestra, que estamos hablando que pertenece a la Policía Científica”, señaló.

La incorporación también permitirá realizar en Tandil algunas autopsias que actualmente son derivadas a Azul. La médica ya recorrió la morgue y, según indicó Marcieri, consideró que se encuentra en condiciones adecuadas para desarrollar esas tareas.

La presencia de una médica legista también apunta a resolver situaciones vinculadas con personas detenidas y a evitar que efectivos policiales deban abandonar sus tareas habituales para realizar traslados o permanecer durante horas en una guardia hospitalaria.

El espacio donde trabajaría la profesional ya fue acondicionado y será en la comisaría Primera, en un sector que Marcieri identificó como el departamento médico.

Paralelamente, junto con el jefe de Policía Científica con asiento en Azul, se encuentran revisando currículums y entrevistando a profesionales para avanzar hacia la conformación de un cuerpo forense especializado en Tandil. “Me parece sumamente importante”, definió.

Reforzar la prevención del delito, acompañar el trabajo de las fuerzas de seguridad y optimizar los recursos disponibles aparecen como los lineamientos que atraviesan las distintas iniciativas que lleva adelante la Secretaría de Protección Ciudadana. Así lo planteó su titular, Alejandra Marcieri.

En diálogo con El Eco de Tandil, repasó los avances del área y detalló proyectos vinculados con la ampliación del sistema Centinela, la creación de una Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) y la incorporación de una médica legista a Tandil (ver aparte), temas que llevó a la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante.

La funcionaria explicó que, si bien el encuentro había sido convocado originalmente para abordar el informe trimestral de gestión de la dependencia comunal, aprovechó para actualizar ante los concejales las distintas iniciativas que se desarrollaron durante los meses transcurridos desde la elaboración del documento.

Entre esos avances ubicó la ampliación de Centinela, la incorporación de dos vehículos para el esquema de trabajo en la comunidad rural, el proyecto edilicio para la FBA y las gestiones para contar nuevamente con un profesional médico forense en la ciudad.

“Siempre tratando de trabajar sobre la prevención del delito, acompañar a las fuerzas de seguridad brindando recursos logísticos y humanos”, resumió Marcieri y agregó que tanto la incorporación del médico legista como la ampliación de Centinela y la FBA apuntan también a “optimizar los recursos existentes”.

En primer lugar, Marcieri explicó que la ampliación de Centinela forma parte de la planificación original del programa, que comenzó con una cantidad reducida de móviles y fue incorporando progresivamente nuevos recursos y modalidades de trabajo.

“Nosotros fuimos poniéndolo en marcha gradualmente, primero dos, después cuatro, después hicimos el modelo híbrido donde también de Centinela participa lo que es Inspección General y Habilitaciones”, detalló.

La nueva etapa busca avanzar hacia la implementación de un vehículo por cuadrícula y sumar, además, un móvil que funcione como respaldo para las situaciones en las que alguna de las unidades deba salir temporalmente de circulación por mantenimiento, limpieza o reparaciones.

“Queremos tener uno por cuadrícula y además, porque a veces se rompen, queremos tener uno de backup”, justificó y señaló que “no queremos perder capacidad operativa sacando vehículos de la calle. Queremos mantenerla y, si es posible, ampliarla”.

La secretaria vinculó la decisión de ampliar el programa con la respuesta que tuvo Centinela entre los vecinos. “Tenemos muy buena aceptación por parte de la población”, afirmó e indicó que esa evaluación fue otro de los elementos considerados para avanzar con la nueva etapa.

Los nuevos vehículos, adquiridos y equipados con recursos de la Secretaría de Protección Ciudadana, llegarían a la ciudad el viernes para posteriormente ser ploteados.

La ampliación también alcanzará al programa Centinela Comunidad Rural, aunque en este caso todavía resta definir la metodología de trabajo junto con el Comando de Prevención Rural.

En efecto, Marcieri planteó que el próximo paso será solicitar una reunión con el superintendente regional de Policía Rural para establecer las funciones que tendrá el sistema en ese ámbito, cuál será el aporte municipal y cómo se organizará el trabajo.

“Tenemos que sentarnos con él y acordar cuáles van a ser las funciones de Centinela, cuál va a ser nuestro aporte, qué metodología de trabajo vamos a tener en la zona rural porque es bastante distinto en relación con la zona urbana”, anticipó.

El segundo eje presentado ante los concejales fue el proyecto para instalar en Tandil una base de la Fuerza Barrial de Aproximación.

Durante el encuentro, la secretaria mostró el plano y los avances de la iniciativa y explicó que la documentación ya había sido presentada ante el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, mientras que el Intendente también mantuvo contacto con el funcionario provincial para recordarle el compromiso asumido.

La funcionaria remarcó que el proyecto edilicio no se definió únicamente desde el Municipio, sino que se adecuó a las condiciones establecidas por la Provincia para este tipo de instalaciones.

“Tenía que cumplir con la infraestructura edilicia que la provincia de Buenos Aires establece para un centro de operaciones de Fuerza de Aproximación Barrial”, aseguró.

El edificio se proyecta en el predio donde actualmente funciona el Espacio Nido, en La Movediza, en el predio donde se instaló una base policial, que sería retirada para construir allí la infraestructura destinada a la FBA.

El Municipio trabaja además en un render para realizar la presentación formal del proyecto en la ciudad. Marcieri reconoció que la intención es concretarla antes que termine este mes o durante los primeros días de octubre, para luego avanzar con el proceso de licitación.

El equipamiento interior y la asignación del personal dependerán de la administración bonaerense.

A más precisiones, recordó que el proyecto de la FBA tiene relación con el reclamo que durante los últimos años impulsaron vecinos de La Movediza para contar con una nueva dependencia policial en esa zona de la ciudad.

En ese sentido, la secretaria de Protección Ciudadana recordó que el pedido de la comisaría Quinta comenzó antes de su gestión al frente de la dependencia municipal y que incluso se había puesto un terreno a disposición para su construcción. Sin embargo, la Provincia finalmente rechazó la iniciativa, entre otros motivos, por cuestiones presupuestarias, repasó.

Frente a ese escenario, el Municipio avanzó en la decisión de garantizar la infraestructura y solicitar al Gobierno bonaerense la instalación de una Fuerza Barrial de Aproximación.

Se espera la llegada de lluvias fuertes en el marco del fenómeno climático que se conoce como Súper Niño, y el Municipio dio a conocer el Plan de Gestión Integral del Riesgo: elaboraron un diagnóstico de las zonas que podrían ser más afectadas en la ciudad, incorporaron funciones a la aplicación Centinela para dar alerta e informar de acciones a seguir, trabajan en conjunto con fuerzas de seguridad e instituciones, establecieron una serie de refugios ante posibles evacuaciones, limpian arroyos y desagües y solicitaron a Provincia el dragado de parte del Langueyú.

“Todo lo que está dentro de nuestras posibilidades se está haciendo. Estamos trabajando, esta es una reunión para seguir trabajando juntos, no para asustarnos, sino para ayudarnos entre todos. Tandil va a estar a la altura de las circunstancias”, expresó Miguel Lunghi.

El Intendente abrió la presentación del Plan se llevó a cabo en el auditorio de OSDE, en una jornada de la que participaron autoridades comunales y educativas de todos los niveles, fuerzas de seguridad, clubes, referentes políticos y comunitarios, entre muchos otros.

Por su parte el meteorólogo Gustavo Czop dio detalles del fenómeno, aunque bajó las alarmas sobre el tema:“Fenómenos severos ya los hubo. En el caso de Bahía Blanca, sin tener El Niño presente cayeron 400 mm de golpe. Fenómenos puede llegar y va a haber seguro, quizás con mayor frecuencia, pero no es que se viene la tormenta perfecta y que se va a inundar todo el país. Sí, va a haber zonas mucho más anegadas que lo que estamos viendo, y que ya está ocurriendo”.

La principal presentadora del Plan de Emergencia fue la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, coordinadora de las acciones que se llevan adelante y quien estará a cargo del Comité que se conformará en el caso de una situación extrema o alerta roja.

Marcieri dio cuenta de que el Plan forma parte de una planificación mayor, solicitada por Provincia desde el año 2020 y que el Municipio ya elaboró. Por lo tanto, para prepararse para el Súper Niño comenzaron formulando un diagnóstico de la situación actual.

Por tal motivo dio paso al secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, quien desplegó un mapa de la ciudad en el que marcó las zonas que podrían estar más afectadas, a partir del análisis de los anegamientos recientes: Charitos, Smata, sectores de Cerro Leones y La Movediza, Arco Iris, el sector de la vía cerca de Villa Italia, barrio Las Ranas, la avenida Colón, avenida Balbín, la zona de Los Manantiales, el área norte de la Ruta 226 en cercanía al arroyo Seco, las inmediaciones del predio de La Rural, el Hipódromo, Graduados, y La Unión concentran focos de posibles anegamientos por encontrarse cerca de arroyos o en zonas bajas.

Con dicho diagnóstico y a través de la Dirección de Vialidad, el Municipio se encuentra “intensificando los trabajos de limpieza de desagües pluviales”, como precisó Lafosse. Pero en paralelo, también elevaron reclamos a Hidráulica de Provincia para que intervenga en los cauces bajo su órbita.

Uno de los pedidos a las autoridades provinciales fue la de la limpieza de los últimos 700 metros de los arroyos Blanco y Del Fuerte, y el dragado del Langueyú.

Marcieri continuó la presentación explicando que los niveles de alerta determinan las acciones a seguir: “con el amarillo nos informamos, con el naranja nos preparamos, con el rojo actuamos”, señaló.

La secretaria puso énfasis en marcar que una de las acciones principales en pos de la prevención de posibles fenómenos climáticos peligrosos fue la de preparar la aplicación Centinela. La herramienta digital del Municipio dará alertas que se actualizarán de manera constante, pero también indicará a los usuarios cómo proceder en cada caso: “Uno va a saber lo que tiene que hacer, y de acuerdo a la georeferencia cuál es el lugar más cercano si tiene que hacer una evacuación”, precisó.

En el caso de que se genere una alerta roja, se constituirá un Comité de Emergencia bajo el comando de la Secretaría de Protección Ciudadana, y la sede de calle Belgrano será el centro del operativo.

“Ante una alerta roja seríamos nosotros los primeros en responder. El segundo nivel sería Defensa Civil de Provincia y los terceros las fuerzas de seguridad del Estado Nacional”, indicó la funcionaria. 

El Comité estará integrado por el Municipio las instituciones que ya se encuentran involucradas en el Plan de Emergencia: Policía, Bomberos, Defensa Civil, Ejército y Fuerza Aérea. Además, contará con la colaboración clave de entidades como la Usina Popular y Municipal, Cruz Roja, Boy Scouts, Mesa Solidaria, el Instituto Mixto de Turismo y clubes de barrio.

Ante la posibilidad de que haya que evacuar vecinos, Tandil estableció una serie de instituciones que funcionarán como refugio, algunos para el alojamiento por varios días, otros para asistencias transitorias.

Serán el Campus Universitario (con 240 plazas), el club Los 50 (con 60 dormis), la Casa de la Cultura y el Bicentenario, la Universidad Barrial (refugio transitorio) la Iglesia de Restauración Familiar (exLimache), el Club Ferro, la Iglesia Peniel, el club Unión y Progreso, el Club Uncas, la Cruz Roja Argentina, el Espacio Nido de La Movediza, la Casa Común del barrio Charitos y el Camping Pinar de las Sierras.

Con el despliegue de maquinaria pesada y personal operativo, la Municipalidad procedió a la demolición total de una construcción abandonada ubicada en la calle Bolivia al 600, en el corazón del barrio Las Tunitas. La medida, largamente esperada por la comunidad de la zona, puso fin a un foco de conflicto que no solo ponía en riesgo la seguridad pública, sino que también afectaba la convivencia diaria debido a las actividades ilícitas que se desarrollaban en su interior. Los trabajos comenzaron a las 8 y contaron con el despliegue de diversas áreas operativas.

La Directora de Prevención Social y Comunitaria de la Secretaría de Protección Ciudadana, Carolina Arce, brindó detalles del trabajo realizado en el terreno y remarcó que la situación se había vuelto insostenible para los residentes del sector. "Desde el año pasado veníamos recibiendo varios reclamos de los vecinos. Por lo informado y el conocimiento que tenemos del barrio, este lugar funcionaba como un lugar de descarte de objetos robados y también como un espacio para el consumo de estupefacientes", explicó la funcionaria mientras supervisaba el avance de las máquinas.

La intervención estatal no fue inmediata, sino que requirió de un complejo proceso de localización de los responsables legales del inmueble. Según precisó Arce, el municipio realizó exhaustivas averiguaciones hasta que logró dar con los propietarios de la vivienda. En una primera instancia, las autoridades habían acordado con los dueños el cerramiento preventivo del predio para evitar el ingreso de personas ajenas, pero un evento fortuito cambió drásticamente los planes y aceleró los tiempos de la gestión.

Poco después de pactar el cerramiento, la vivienda sufrió un incendio que comprometió seriamente su estructura. Las llamas dañaron las paredes y techos a tal punto que las condiciones edilicias ya no resultaban aptas para realizar un vallado seguro. Ante este nuevo escenario de peligro de derrumbe, la causa se tramitó con celeridad en el Juzgado de Faltas. Finalmente, se logró obtener el consentimiento formal de los propietarios para proceder con la demolición total de la estructura, una solución que las autoridades consideran clave para atenuar la conflictividad barrial.

Uno de los puntos que mayor preocupación generaba en el barrio era la ubicación estratégica del inmueble. La cercanía de la casa con un jardín de infantes local aumentaba la zozobra de los padres y docentes de la institución. Al respecto, Arce reconoció que la proximidad con el establecimiento educativo era un factor determinante: "Más allá del jardín, todo lo que sucedía dentro de la vivienda era bastante agotador para los vecinos. Por suerte, gracias a la voluntad de los propietarios, logramos dar con ellos y accedieron a que se demuela este lugar", manifestó.

El operativo se caracterizó por su agilidad y coordinación logística. El personal municipal no solo se encargó de derribar las paredes que aún quedaban en pie, sino que también realizó el acarreo de los escombros de forma simultánea. De esta manera, se buscó minimizar las molestias para el tránsito y evitar que el terreno quedara con restos de materiales que pudieran representar un nuevo riesgo para los transeúntes.

Para llevar adelante una tarea de esta magnitud, la Secretaría de Protección Ciudadana no trabajó de forma aislada. La funcionaria destacó la intervención conjunta con la Dirección de Espacios Verdes Públicos y el área de Servicios, cuyos agentes colaboraron activamente en la demolición y el retiro de materiales. "La idea es que se termine en el día. La verdad que avanzó bastante rápido y ya estamos casi finalizando con la limpieza general", detalló Arce durante el mediodía.

Además de las áreas municipales, los informes previos elaborados por la Jefatura Departamental de Policía y los Bomberos de la Provincia de Buenos Aires fueron fundamentales para sustentar la causa judicial. Estos documentos técnicos confirmaron las reiteradas intervenciones policiales registradas en el inmueble y el estado de abandono total en el que se encontraba la propiedad desde hacía meses. Con estas pruebas, el Juzgado de Faltas pudo dar el marco legal necesario para que el Estado municipal actuara sobre una propiedad privada en pos del bien común.

Con el terreno completamente liberado de escombros y malezas, el próximo paso será el acondicionamiento final y el cerramiento perimetral del lote. Esta medida busca impedir nuevos ingresos ilegales y garantizar que el espacio no vuelva a convertirse en un sitio de acopio de elementos sustraídos. Según informaron las autoridades, esta etapa es crucial para llevar tranquilidad definitiva a los vecinos de Las Tunitas, quienes durante mucho tiempo convivieron con la incertidumbre y el temor.

Finalmente, se informó que la Municipalidad asumió los costos operativos de la maquinaria y el personal destinado a la tarea, pero dichos gastos serán incorporados a los tributos correspondientes al inmueble. De esta forma, el Ejecutivo local garantiza la resolución de una problemática social y de seguridad de larga data, asegurando que la carga financiera recaiga sobre los responsables de la propiedad que motivó el conflicto.

El gobierno municipal de Azul respondió a la nota enviada por el intendente Miguel Lunghi, en relación al caso de la familia trasladada a Tandil. En su respuesta, la comuna vecina reiteró que el traslado se efectuó a pedido de los adultos del grupo familiar, y que “se evaluó que contaban con las condiciones necesarias para alojarse en la ciudad”. A su vez, rechazó hacerse cargo de los gastos ocasionados, y propuso la creación de una mesa conjunta para abordar la situación.

“Proponemos la conformación de una mesa de trabajo conjunta entre ambos Departamentos Ejecutivos —con la participación de las áreas sociales de ambos municipios— cuyo primer paso sea, precisamente, escuchar de manera directa y personal a los integrantes adultos de la familia sobre su situación y su voluntad actual, en un marco de pleno respeto a su autonomía", expuso Azul en la respuesta a Lunghi.

Cabe recordar, el propio Intendente comunal envió una nota a su par de Azul -Nelson Sombra-, para que regularice la situación de la familia trasladada a Tandil la semana pasada. El grupo familiar viajó desde la localidad vecina en un móvil oficial del Municipio azuleño, que dejó a los integrantes en la Estación de Ferrocarril. 

Tras registrar la presencia de personas en el lugar, la Secretaría de Protección Ciudadana dio aviso a la Policía, y activó junto a Desarrollo Humano el protocolo para personas en situación de calle. La familia fue alojada en pensiones locales, y cuatro de los menores ya retomaron su escolarización en la ciudad.

El caso motivó denuncias, una por averiguación de ilícito, presentada de oficio por la Policía con sede en Tandil. Otra, del concejal azuleño Agustín Puyou contra el funcionario Omar Seonae, responsable del área que trasladó a la familia.

La nota de Azul

Luego de que el caso tomara notoriedad,  funcionarios de Azul hicieron declaraciones públicas para transmitir que la familia manifestó su consentimiento para el traslado. Pero desde Tandil plantearon diferencias con dicho argumento, en particular por cómo desde la localidad vecina procedieron con el seguimiento del acompañamiento familiar. “Los dejaron a la deriva", señalaron autoridades comunales. El propio Lunghi envió una nota a su par azuleño, y la respuesta llegó el sábado 22 de agosto. 

“Me dirijo a Usted en respuesta a su nota con fecha 20 de agosto, mediante la cual formula acusaciones de extrema gravedad contra este Municipio y sus funcionarios, sobre la base de afirmaciones dogmáticas, calificaciones apresuradas y conclusiones que, al presente, carecen del debido sustento fáctico y jurídico”, comienza el texto enviado desde Azul. 

Acto seguido, recuerda que la familia en cuestión es oriunda de Bolívar, que reside en un asentamiento denominado Los Piletones -afectado por contaminación-, y que desde hace cuatro años reciben asistencia de parte del Municipio vecino. “La familia es una de las beneficiarias de los módulos habitacionales que se proyectan construir en el predio del Tiro Federal”, explica la respuesta.

Por tal motivo, marcaron desde Azul, “claramente el pedido de su traslado no se originó ni tuvo fundamento en necesidades habitacionales ni de carencia de asistencia. La solicitud de ser trasladados a la ciudad de Tandil realizada por uno de los adultos, se motivaba en contar con oportunidades laborales y alojamiento para su grupo familiar”.  

Al respecto, remarca que el Municipio azuleño evaluó que la familia “contaban con las condiciones necesarias para alojarse en Tandil”,  razón por la cual dispuso "el traslado en un vehículo oficial del grupo familiar compuesto por diez integrantes (cuatro adultos y seis menores). En dicho sentido, no se comprende la referencia a once personas que Ud. hace en su nota".

“Tergiversación injuriosa”

Azul negó también que no se hayan respetado los derechos de los menores del grupo, y que en el Servicio Local de la localidad no existían antecedentes de intervención del organismo. “La responsabilidad parental era ejercida de forma plena por los progenitores del grupo”, señala.

Por otra parte considera “improcedente toda construcción discursiva orientada a presentar a este Municipio como autor de una supuesta maniobra de ´expulsión´ o ´abandono´ territorial, cuando la realidad de las actuaciones demuestra la existencia de asistencia previa y seguimiento institucional". 

Además, planteó que el traslado no fue una derivación compulsiva sino que se trató de un requerimiento del propio grupo: “pretender convertir ese episodio, sin más, en una suerte de ´deportación municipal´ constituye una tergiversación injuriosa e inadmisible de los hechos. Asimismo, revela un nivel de liviandad institucional impropio de una comunicación entre jefes comunales”.

Al respecto, considera también improcedente la exigencia de un “retorno seguro” y de la “asunción definitiva” de parte de la asistencia del Municipio de Azul, ya que “ninguna autoridad municipal posee facultades para disponer compulsivamente el traslado de personas adultas ni de grupos familiares de una ciudad a otra por la sola voluntad de un intendente. Esto expone la inconsistencia de una pretensión que desconoce principios elementales de legalidad, autonomía personal, libertad ambulatoria y dignidad humana”.

Gastos y mesa de trabajo

“Corresponde rechazar su pretensión de trasladar a este Municipio los gastos que, según refiere, habría decidido afrontar la Municipalidad de Tandil. No existe fundamento legal para transformar una decisión adoptada por su administración, en el marco de su propia evaluación de situación, en una acreencia automáticamente exigible a la Municipalidad de Azul”, remarca el texto, que agrega que las personas tienen el derecho a elegir su lugar de residencia “aunque ello no sea de su agrado”.

En la misma línea señala que “la vulneración de estos derechos es una práctica que ha sido desterrada desde hace muchos años en nuestro país y la mera alusión a disponer de las personas como si se tratara de objetos, remite a períodos muy oscuros de nuestra historia reciente”.

Disponer de un "retorno", expresaron desde Azul, “sin verificar antes, en forma directa y personal, cuál es la voluntad actual y real de cada uno de los adultos de esa familia respecto de dónde desean residir, incurriría exactamente en el vicio que su nota le atribuye a esta administración: una decisión sobre la vida de personas vulnerables adoptada sin ellas, y no con ellas”.

Tras reafirmar el compromiso con el bienestar de la familia, Azul propuso “la conformación de una mesa de trabajo conjunta entre ambos Departamentos Ejecutivos —con la participación de las áreas sociales de ambos municipios— cuyo primer paso sea, precisamente, escuchar de manera directa y personal a los integrantes adultos de la familia sobre su situación y su voluntad actual, en un marco de pleno respeto a su autonomía”. Como cierre de la carta, planteó la espera de una respuesta de parte de Tandil.

El conflicto entre los municipios de Tandil y Azul por el traslado de una familia en situación de extrema vulnerabilidad sumó este jueves un nuevo capítulo. El intendente Miguel Lunghi envió una intimación administrativa a su par azuleño, Nelson Sombra, para exigir explicaciones formales por el operativo realizado el pasado 13 de agosto y reclamar que la comuna vecina vuelva a asumir la responsabilidad por la asistencia del grupo familiar.

La presentación, a la que tuvo acceso El Eco, enviada bajo el título “Intimación administrativa. Exigencia de informes técnicos y resarcimiento por traslado irregular de personas en situación de vulnerabilidad”, expresa el “más enérgico rechazo y formal protesta” del Gobierno local por lo sucedido. Según trascendió en los últimos días, y consta en el documento, once personas pertenecientes a un mismo grupo familiar fueron trasladadas en un vehículo oficial de Azul y dejadas en una estación de trenes en desuso de Tandil.

El episodio ocurrió durante la noche del pasado jueves 13 de agosto y fue detectado a través de las cámaras del Centro de Monitoreo. Tras observar la presencia de un grupo numeroso de personas en inmediaciones de la Estación de Ferrocarril, agentes de Protección Ciudadana intervinieron y activaron el protocolo previsto para situaciones de vulnerabilidad. Desde entonces, el Municipio de Tandil tomó a su cargo la asistencia de la familia.

En los días posteriores, además, se conoció que el grupo familiar había aumentado a 13 integrantes, entre ellos cinco menores. Los adultos y niños permanecen alojados en pensiones de la ciudad con acompañamiento municipal, mientras que cuatro de los menores ya fueron escolarizados en establecimientos educativos tandilenses.

En la nota enviada a Sombra, Lunghi cuestionó especialmente que el traslado se haya realizado sin comunicación previa entre ambos municipios, sin un informe de derivación y sin articulación entre las áreas encargadas de la asistencia social.

El escrito sostiene que no existió ningún aviso a la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de Tandil que permitiera conocer con anticipación la situación del grupo, sus antecedentes y las razones por las cuales se había decidido trasladarlo desde Azul.

Para el Ejecutivo tandilense, esa falta de coordinación significó trasladar de hecho a otra jurisdicción una problemática social que debía continuar siendo atendida por el municipio de origen. “Este proceder evade de forma ilegítima las obligaciones de asistencia social primaria radicadas en el domicilio de los afectados”, plantea la presentación.

La cuestión adquirió una relevancia todavía mayor por la presencia de niños y adolescentes. En ese sentido, Lunghi hizo referencia en la intimación a la Ley Provincial 13.298, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, y a la Ley Nacional 26.061, y sostuvo que el procedimiento habría vulnerado principios vinculados con el interés superior del niño y la protección integral.

Desde Tandil ya habían advertido que la situación requería una intervención especial debido a la presencia de menores y a una medida judicial vinculada con el grupo familiar. Según se informó, además, existía una disposición de custodia dinámica en el marco de una causa judicial.

El planteo de Lunghi se produce luego de que funcionarios del Municipio de Azul brindaran públicamente su propia versión sobre lo ocurrido.

El secretario de Desarrollo de la Comunidad de Azul, Omar Seoane, sostuvo que la familia había solicitado voluntariamente el traslado porque tenía intención de radicarse en Tandil y negó que hubiera existido abandono de persona. Según explicó, desde la comuna se les había ofrecido una alternativa vinculada con la custodia, pero el grupo habría rechazado esa posibilidad.

La explicación azuleña, sin embargo, no coincide con la mirada expresada por las autoridades tandilenses. Desde el Municipio local señalaron que, más allá de cuál haya sido la voluntad de la familia respecto de trasladarse a Tandil, no existió una comunicación institucional previa que permitiera garantizar las condiciones de llegada, alojamiento y asistencia.

La secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Juliana Teerink, y la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Macieri, habían cuestionado que una familia con menores fuera trasladada hasta una estación ferroviaria que no se encuentra operativa sin que previamente se hubiera articulado con el Municipio de destino.

El caso también derivó en actuaciones judiciales. En Azul, el concejal Agustín Puyou presentó una denuncia contra un funcionario del área de Desarrollo de la Comunidad y posteriormente anticipó que ampliaría la presentación para alcanzar a otros responsables del procedimiento.

Ahora, a través de la intimación formal, Lunghi busca que la administración de Sombra brinde información precisa sobre lo ocurrido.

El jefe comunal tandilense estableció un plazo de 48 horas hábiles desde la recepción de la nota para que Azul entregue un informe técnico detallado con los antecedentes de las intervenciones realizadas con la familia.

Entre otros elementos, solicitó información sobre las actuaciones del Servicio Local relacionadas con los menores de edad, eventuales intervenciones por violencia de género y todos los antecedentes vinculados con salud, educación, trabajo y vivienda. El informe deberá estar firmado por los profesionales que intervinieron y por el secretario del área, además de explicar cuáles fueron los fundamentos jurídicos y sociales que motivaron el traslado.

También reclamó que se identifique de manera fehaciente a los funcionarios y agentes municipales que ordenaron y ejecutaron el operativo mediante el cual la familia fue trasladada hasta Tandil.

El tercer punto central del reclamo apunta directamente al futuro de la familia: Lunghi pidió que Azul arbitre los mecanismos necesarios para coordinar un retorno seguro y asumir definitivamente la asistencia en su jurisdicción de origen.

El intendente también incorporó al reclamo una cuestión económica. Desde el momento en que la familia fue encontrada en la Estación de Ferrocarril, distintas áreas municipales debieron poner en marcha recursos para atender la emergencia.

La presentación detalla que Tandil debió disponer de recursos humanos, logísticos y financieros para garantizar alojamiento provisional, asistencia alimentaria y atención sanitaria de urgencia.

En ese marco, Lunghi dejó expresamente planteada la reserva del derecho del Municipio a reclamar a Azul la totalidad de los gastos que ya fueron realizados y aquellos que continúen generándose mientras se mantenga la asistencia de la familia.

El pedido de resarcimiento ya había sido anticipado por funcionarios tandilenses en los primeros días del caso, cuando remarcaron que el Municipio debió hacerse cargo de una situación que, según su postura, se originó a partir de una decisión adoptada por otra administración sin ningún tipo de coordinación.

Mientras se desarrolla el conflicto institucional, Tandil continúa atendiendo las necesidades inmediatas del grupo familiar.

Uno de los avances registrados durante los últimos días fue la escolarización de cuatro de los menores, que ya retomaron sus actividades educativas en establecimientos de la ciudad. El resto de los integrantes permanece alojado en pensiones locales con acompañamiento económico del Municipio.

En paralelo, las áreas municipales continúan trabajando sobre cuestiones vinculadas con alimentación, abrigo, salud y otras necesidades básicas. Desde Tandil señalaron que el objetivo inmediato es garantizar el resguardo de los menores y evitar que la situación de vulnerabilidad se profundice mientras se define el futuro del grupo.

El documento enviado a Sombra también contiene una advertencia concreta sobre los pasos que podría adoptar el Ejecutivo tandilense si no obtiene una respuesta satisfactoria.

Lunghi dejó establecido que, ante el silencio, una negativa o una respuesta considerada evasiva, Tandil podría avanzar con acciones civiles para reclamar los gastos de asistencia, realizar presentaciones ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y evaluar la radicación de denuncias penales por parte del Departamento Ejecutivo.

De esta manera, el episodio dejó de ser solamente una controversia vinculada con la asistencia de una familia y pasó a convertirse también en un conflicto institucional entre los dos municipios. Tandil busca ahora que Azul explique formalmente qué ocurrió, quién tomó la decisión de trasladar al grupo, bajo qué criterios se realizó el operativo y cómo se garantizará la continuidad de la asistencia.

Mientras tanto, la prioridad expresada por el Municipio de Tandil continúa puesta en la protección de la familia, especialmente de los menores, y en garantizar sus necesidades básicas. Pero, al mismo tiempo, el Ejecutivo local dejó en claro que pretende que la administración azuleña asuma las responsabilidades que considera correspondientes y que se haga cargo de los costos generados por la intervención de emergencia.

El gobierno local brinda asistencia a una familia de once integrantes que quedaron “a la buena de Dios” cuando un móvil con identificación del Municipio de Azul los trasladó desde la localidad vecina hacia la Estación de Ferrocarril. La policía con base en la ciudad inició una causa por averiguación de ilícito contra la propia Comuna azuleña, mientras que el grupo familiar permanece alojado en dos pensiones mientras se aborda su situación. Desde Tandil solicitarán a Azul que se hagan cargo de los gastos ocasionados.

En diálogo con El Eco, la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Macieri, y la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, brindaron detalles de la situación. Al respecto, contaron que registraron por las cámaras la presencia de la familia y activaron el protocolo correspondiente. A su vez indicaron que el caso cuenta con una particularidad no menor: la Justicia de Azul dispuso una custodia dinámica para el grupo familiar, en el marco de una causa por lesiones leves y amenazas contra ellos.

“Los dejaron a la deriva y eso tiene que quedar más que claro”, expresaron las funcionarias. A su vez plantearon que “el funcionario que intervino y que decidió que esta familia se subiera, al menos tendría que haber tenido la deferencia de comunicarse con el Municipio de Tandil, diciendo que había una familia que quería trasladarse. Y comunicar si, como ellos dicen, tendrían un lugar para estar y un trabajo. Esa es la labor profesional que tiene que hacer una persona que interviene en estas circunstancias. Nos parece poco serio subirlos a una combi y bajarlos en un lugar que todo el mundo sabe que ahí no es la terminal ni que pueda haber gente que los pueda detectar”.

La familia provino de Azul, aunque algunos de sus integrantes cuentan con domicilio legal en otra localidad bonaerense. El caso trascendió durante la mañana del viernes 14, cuando en grupos de Facebook empezaron a circular imágenes de la propia familia solicitando ayuda por su situación de vulnerabilidad.

Tras recibir llamados por la presencia de un grupo de personas en la Estación, agentes de Protección Ciudadana constataron el hecho desde las cámaras del Centro de Monitoreo. Entre otros aspectos, registraron que el móvil del traslado contaba con inscripción del Municipio de Azul.

Posteriormente activaron el protocolo para personas de situación de calle, lo que promovió la intervención de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.

A su vez, las propias funcionarias señalaron que la policía “inició una causa sobre averiguación de ilícito en contra del Municipio de Azul en virtud de los relatos de las personas que allí se encontraban”.

La familia en cuestión está integrada por once personas de entre 49 y 5 años. De acuerdo a la información relevada al momento desde Desarrollo Humano, los menores se encontraban escolarizados, e incluso sus tutores recibieron llamados de los establecimientos educativos por las ausencias. El mayor responsable del grupo, agregaron, contaba con empleo e incluso dejó en Azul herramientas de trabajo.

“Es una familia numerosa, que vivían juntos en Azul”, transmitió Teerink. La funcionaria se comunicó con su par azuleño, aunque existen diferencias entre las versiones oficiales y las transmitidas por la familia.

“La condición en la que está esta familia y cómo llegaron amerita tener en principio una atención en términos de asistencia para garantizarles el resguardo. Sobre todo porque hay menores, por la cuestión alimentaria, por la cuestión de abrigo y la cuestión de salud que ya estamos gestionando con el hospital local”, sostuvo Teerink. La funcionaria explicó además que tras declarar durante la jornada del jueves, los integrantes solicitaron ampliar lo expuesto. 

“Ellos definen la situación como algo arbitrario donde no les notificaron el traslado compulsivo hasta la ciudad de Tandil, donde quedaron a la buena de Dios en la Estación”, precisó.

“Por supuesto que Tandil no los va a dejar a la deriva. Les pedimos determinadas condiciones para que queden al menos temporalmente en la ciudad. El alojamiento va a ser también temporario. No es una situación de calle, es una situación transitoria que requiere una intervención desde el protocolo”, amplió Teerink.

Ambas funcionarias remarcaron que por el caso “no hubo una comunicación institucional entre ambos municipios”. Al respecto, Marcieri sostuvo que de parte de Azul “no hubo una comunicación con este Municipio para hacer algún tipo de articulación, para acompañar a la familia, que estaba según sus relatos desde el sábado en situación de calle, y con una medida judicial donde necesitaban una custodia dinámica". 

Al respecto explicó que "no a cualquiera se le da una custodia dinámica. Tiene que haber habido una situación de peligro para con ese grupo familiar que al menos desatendió el estado municipal de Azul”.

Tras tomar conocimiento del caso, la secretaria local de Protección Ciudadana se comunicó con el secretario de Gobierno azuleño. De acuerdo a lo expuesto por Marcieri, el funcionario de la localidad vecina dijo saber de la situación “y que las personas habían solicitado ser traídas a Tandil, aduciendo que tenían trabajo y un lugar a donde quedarse”.

Sin embargo, según el acta que el funcionario de Azul leyó a Marcieri, en la misma no se certificaron las precisiones del alojamiento previsto. Sobre el tema, la secretaria sostuvo que el representante de la localidad vecina indicó incluso que una profesional del campo social acompañó a la familia al momento del traslado.

“Cada uno de ellos dice que fueron citados diciéndoles que les iban a dar una solución habitacional, que la solución estaba en trasladarlos a la ciudad de Tandil y que allí los iban a estar esperando. Por eso cuando se bajaron esperaron un buen tiempo para ver si alguien se acercaba a brindarle esto que le habían prometido desde la ciudad de Azul”, contó Marcieri.

Desde la Comuna cursarán una nota al intendente de la localidad vecina para “exigirle una respuesta concreta para estos ciudadanos y para que se hagan cargo de los gastos”.

La secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, dialogó con El Eco. Brindó detalles del presente de la ordenanza de motos y del proyecto de modificación que enviaron al Concejo Deliberante para realizar allanamientos.  También informó que avanzan las tratativas para crear una Fuerza de Aproximación Barrial en La Movediza, y que inaugurarán en el corto plazo una base de Policía Científica en el Paseo de los Españoles.

Además, adelantó que se encuentran adelantadas las gestiones para contar con una médica legista en Tandil a partir de mediados de agosto. Se trata de una iniciativa que se concretará a través de una inversión municipal que permitió reacondicionar un espacio en la sede de la Policía Departamental. 

La noticia supone no solo un principio de respuesta a la demanda de organizaciones vinculadas al género –por la habilitación para  implementar protocolos específicos con la que la profesional contaría en casos de denuncias de violencia-, sino también por la posibilidad de que, a futuro, se lleven a cabo autopsias en la ciudad.

El debate en torno a la ordenanza de motos volvió a tomar estado público a raíz de discusiones en el Concejo Deliberante. Al respecto, Marcieri precisó que no se lograron concretar allanamientos por la “imposibilidad técnica que se expresa en la propia ordenanza”.

La normativa fue aprobada, con modificaciones, en una sesión especial en diciembre pasado. Si bien “desalentó en un primer momento a las caravanas”, la secretaria señaló que el impedimento para lograr dictaminar allanamientos se dio porque exige “que se den tres elementos en simultáneo: que se detecte la falta, que la falta sea corroborada en un procedimiento, y que a su vez provoque el riesgo en la vida de otros”. Sin embargo, explicó “esos tres elementos nunca se podían juntar”.

Por tal motivo llevaron a cabo una reunión con concejales, jueces de Faltas y funcionarios municipales en el pasado mes de mayo. Con los requerimientos planteados por los jueces –indicó Marcieri-, elaboraron un proyecto de modificación que propone evaluar la posibilidad de sumar a la ordenanza la admisibilidad de publicaciones en redes sociales, incorporar como conducta pasible de sanción los ruidos molestos producidos por dispositivos de cualquier tipo (como parlantes traseros en los autos), modificar el artículo que exige que se den las condiciones mencionadas para realizar allanamientos, y que los allanamientos alcance a quienes pongan en riesgo la vida de terceros más allá “del lugar de comisión o de las personas que afectare”.

“Fue consensuado con los propios jueces de Faltas, que pudieron comentarle a los concejales las imposibilidades jurídicas. Hicimos ese proyecto, lo elevamos y estamos esperando respuesta del Concejo Deliberante. Está en la comisión de Transporte esperando ser tratado”, señaló la secretaria.

“Estamos esperando una segunda reunión que nunca se dio. Ellos iban a volver a analizar este pedido, e insistimos con ello porque sabemos que ahora van a empezar nuevamente los días de calor. Si bien estamos trabajando muchísimos con operativos focalizados, operativos dinámicos, operativos estáticos, con distintas fuerzas de seguridad y hemos traído grupos tácticos operativos de otras ciudades y seguiremos gestionando en la materia, nos preocupa que vuelva a surgir  fuertemente  esta modalidad”, sumó.

Policía en La Movediza y efectivos

-Un reclamo de larga data de parte del Municipio y de los vecinos del barrio es el del destacamento de La Movediza. ¿Hay novedades con ese pedido?

-Alejandra Marcieri: Hay novedades con la posibilidad de la realización de una Fuerza de Aproximación (FBA) barrial en La Movediza. El municipio tiene elaborado el plano de cómo sería esa dependencia y tenemos previsto solicitarle una reunión al ministro Alonso para presentarle el proyecto.

Ese proyecto se ajusta a las características técnicas que nos brindaron desde el Ministerio de Seguridad en cuanto a las obras.

La idea es sentarnos con el ministro y tener alguna garantía de que van a venir los efectivos para poder cubrir ese espacio, que no quede una cáscara vacía, que no sea un espacio más y que se redistribuyan las personas que tenemos en el territorio para cubrirlo.

El compromiso del ministerio y por tratarse de la FBA, que es una rama distinta a la policía de seguridad, sería que vengan efectivos nuevos a poder completar ese espacio. Va a ser una inversión del Municipio mayor a los 300 millones de pesos.

-¿Dónde va a estar ubicado?

- Está planificado para que esté en el predio del Nido. Hoy hay un contenedor, una especie de destacamento donde la gente se puede acercar, es un espacio de control y demás, y va a ser en ese predio. El Municipio ha cedido ese espacio.

-Otro de los reclamos es el del retorno de efectivos tandilenses a la ciudad…

-Nos ha dejado en claro en más de una oportunidad el Ministerio de Seguridad que los policías son policías de la provincia de Buenos Aires y que una vez que egresan como policías pueden ser destinados a cualquier lugar del territorio.

Más allá de eso, tienen 3 años de capacitación que son obligatorios en distintos espacios como pueden ser la FBA,  que los lleva a otros lugares donde adquieren la experiencia necesaria para luego desenvolverse en cualquier tipo de territorio.

Nosotros lo que sí seguimos solicitando es que vengan más efectivos. Yo el otro día en el Foro de Seguridad decía que no importa el nombre, el apellido y el número de legajo de la persona, lo que importa es que haya efectivos policiales para poder subirse a las camionetas y hacer los recorridos que son necesarios.

Estuvieron mandando refuerzos en estos días para lo que es la Patrulla de Prevención Rural y han mandado también efectivos para lo que tiene que ver con el patrullaje.  preventivo a la Jefatura Departamental, y se reforzó la DDI de drogas ilícitas.

Hemos tenido este respuesta de parte de la de la provincia de Buenos Aires cuanto al envío de efectivos y se sigue trabajando sobre el levantamiento de carpetas  para poder reincorporarse de manera operativa la fuerza.

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un pedido de informes para que el Departamento Ejecutivo detalle las políticas públicas destinadas a prevenir el delito juvenil y promover la inclusión social de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa surgió luego de las declaraciones de la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, quien afirmó que aproximadamente el 70% de los robos de motocicletas registrados en Tandil son cometidos por menores de edad. A partir de esa afirmación, los concejales solicitaron conocer si existen estadísticas oficiales que respalden esos datos y cuáles son las acciones que desarrolla el Municipio para enfrentar esta problemática.

El proyecto requiere información sobre los programas municipales orientados a la prevención del delito juvenil, las políticas de inclusión social, educativa, deportiva y cultural dirigidas a adolescentes en situación de riesgo, las estrategias de intervención temprana y acompañamiento familiar, y el trabajo articulado con organismos provinciales, el sistema educativo y organizaciones de la sociedad civil.

Además, solicita que el Ejecutivo informe si cuenta con datos técnicos que sustenten las cifras difundidas públicamente y cuáles son los indicadores utilizados para evaluar la efectividad de las políticas implementadas.

El concejal Federico Martínez sostuvo que "las declaraciones de la secretaria de Protección Ciudadana describen una situación muy preocupante que merece ser abordada con responsabilidad y con información precisa. Si efectivamente siete de cada diez robos de motos son cometidos por menores, el Estado tiene la obligación de explicar qué está haciendo para prevenir que esos chicos lleguen a esa situación".

En ese sentido, el edil aclaró que el objetivo del pedido de informes no es generar una discusión coyuntural, sino aportar elementos para fortalecer las políticas públicas. "No alcanza con conocer el dato. Necesitamos saber cuáles son las herramientas que hoy tiene el Municipio para intervenir antes de que los adolescentes ingresen en circuitos delictivos, cómo se articulan esas acciones con otras instituciones y qué resultados están dando", afirmó.

Martínez también señaló que la seguridad y la inclusión social deben abordarse de manera integral, al considerar que detrás de muchos casos de adolescentes involucrados en delitos existen trayectorias atravesadas por la exclusión, el consumo problemático, el abandono escolar o la falta de oportunidades.

"Cuando hablamos de adolescentes involucrados en hechos delictivos también estamos hablando de trayectorias atravesadas por la exclusión, el consumo problemático, el abandono escolar o la falta de oportunidades. La prevención requiere políticas sostenidas, presencia territorial y un trabajo coordinado entre todas las áreas del Estado", expresó.

Por último, el concejal destacó que el acceso a la información pública es una herramienta clave para evaluar las políticas implementadas y sostuvo que el bloque busca conocer el diagnóstico que maneja el Municipio y las medidas previstas para reducir la participación de menores en hechos delictivos y ampliar las oportunidades de inclusión.

La Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio de Tandil puso en marcha una etapa clave del programa Tranqueras Seguras, una iniciativa diseñada para optimizar la asistencia ante emergencias en el vasto territorio rural del partido. Tras un trabajo previo de georreferenciación realizado por la Dirección de Estadística, que permitió mapear más de 2.600 tranqueras a lo largo de 15 kilómetros de caminos rurales, las autoridades comenzaron el contacto directo con los productores para la entrega de los kits identificatorios.

Juan Ibáñez, referente del área, detalló que el proceso consiste en asignar un número único a cada establecimiento, funcionando como una dirección postal para el campo. Este sistema se integra directamente con la aplicación Centinela, la herramienta de alerta temprana que ya se utiliza en el casco urbano para gestionar pedidos de auxilio ante situaciones de seguridad, incendios o emergencias de salud.

“Este mapa permite despachar la emergencia trazando una ruta precisa desde los centros de despacho hacia el establecimiento, facilitando la respuesta y haciéndola más ágil”, explicó Ibáñez. Al momento de registrarse en la aplicación, el usuario rural simplemente deberá consignar el número de tranquera asignado, lo que permitirá a los operadores del centro de monitoreo identificar la ubicación exacta del solicitante de manera inmediata.

El funcionario destacó la importancia de este avance tecnológico para el sector agropecuario. “Es una iniciativa de gobierno que busca acercar las herramientas tecnológicas también al área rural. Ahora que es posible, podemos integrar estas gestiones con la experiencia que ya tenemos en la ciudad”, señaló.

El ciclo de encuentros comenzó en el Club Defensores de la Canal, donde más de 50 vecinos participaron de la presentación y recibieron sus chapas identificatorias. Durante la jornada, los asistentes pudieron consultar el mapa digital y verificar la numeración correspondiente a sus predios, en un clima de intercambio positivo con las autoridades municipales.

La agenda de reuniones continuará este jueves, a las 18, en el Club del Hornero. Según indicó Juan Ibáñez, el objetivo es recorrer la mayor cantidad de parajes y localidades rurales posibles para asegurar que cada productor cuente con su kit. En paralelo a estas reuniones, el equipo de Protección Ciudadana llevará adelante un operativo de entrega y colocación de las identificaciones en cada tranquera.

Consultado sobre la recepción de los vecinos, el funcionario subrayó el interés mostrado por los productores, especialmente ante la necesidad de reforzar la prevención en zonas alejadas. “La recepción fue muy positiva, con mucha voluntad de interiorizarse en el programa. Se generó un muy buen intercambio entre nosotros y los vecinos, quienes pudieron ver cómo se asignan las identificaciones y cómo funciona el sistema de despacho”, concluyó.

El subsecretario de Protección Ciudadana, Juan Ibáñez, brindó detalles sobre el procedimiento realizado en el Tiro Federal. El funcionario explicó que la inspección del Renar, gestionada por el Municipio de Tandil, permitió deslindar las competencias nacionales de las locales, un punto fundamental para abordar los reclamos de los vecinos que habitan en las inmediaciones del predio.

Según detalló Ibáñez, el Renar verificó las condiciones de seguridad, la documentación de los instructores y el estado de las armas, sin encontrar anomalías en lo que respecta a su órbita de control. "El Renar ha verificado las condiciones que le son propias, dejando lo que correspondería a la municipalidad, como puede ser la mitigación de los ruidos y otras condiciones respecto a la normativa de habilitaciones", señaló el subsecretario.

El funcionario destacó que el Municipio ya había tomado medidas previas, como la fijación de horarios de funcionamiento específicos para evitar molestias en horarios de descanso. "Una de las primeras acciones que tomó el municipio fue la de establecer un horario de funcionamiento para el polígono, tanto a la mañana como a la tarde. Ese horario debe ser cumplido bajo pena de infracción, según lo que dispone el Código de Faltas Municipal", afirmó.

Respecto a los pasos a seguir, Ibáñez adelantó que la próxima semana se citará a las autoridades del Tiro Federal para avanzar en la adecuación a las ordenanzas locales. Esto incluirá la realización de mediciones de ruido y la exigencia de medidas de mitigación, tomando como referencia las recomendaciones del propio manual de entidades de tiro.

"La respuesta institucional del gobierno tiene que ser la de buscar mejorar la convivencia entre los vecinos, lo residencial y la práctica de la actividad", sostuvo Juan Ibáñez.

El subsecretario también aclaró que la inspección permitió identificar actividades, como una escuela de tiro de aire comprimido, que no caen bajo la órbita del Renar, por lo que el Municipio tendrá plena competencia para regularlas. "Esta inspección nos permite dirimir qué actividades podrían encuadrar dentro de lo que es la órbita municipal y en ese sentido se avanzará", concluyó.

Finalmente, Ibáñez aseguró que el Gobierno local se encuentra analizando las notas presentadas por los vecinos y que los resultados de la inspección nacional serán integrados en la respuesta formal que se les brindará, reafirmando el compromiso de la gestión por garantizar una convivencia armónica en la zona.

Por pedido del intendente Miguel Lunghi, este martes el Registro Nacional de Armas (Renar) llevó adelante una inspección integral en las instalaciones del Tiro Federal Brigadier General Martín Rodríguez de Tandil, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad e infraestructura previstas por la normativa vigente.La solicitud había sido presentada por el Municipio en abril de este año para que el organismo nacional verificara el cumplimiento de las condiciones de seguridad e infraestructura exigidas para el funcionamiento de la entidad de tiro, en el marco de las facultades de fiscalización que le otorga la Ley Nacional de Armas y Explosivos.Durante la inspección realizada, los funcionarios recorrieron los distintos sectores destinados a la práctica de tiro, verificaron las instalaciones, la documentación habilitante de la institución, las medidas de seguridad existentes y el resguardo del material controlado.Según consta en el acta labrada al finalizar la recorrida, el organismo verificó que el Tiro Federal cuenta con alarma sonora y lumínica, cartelería de advertencia y seguridad, parapalas y espaldones en condiciones, instalaciones reglamentarias, reglamento interno de funcionamiento y un sistema adecuado para el resguardo del material controlado. Asimismo, dejó constancia de que el establecimiento cumple con las condiciones previstas en el Manual de Entidades de Tiro y demás normas vigentes.Como única observación, los inspectores indicaron que la institución deberá reemplazar los extintores ubicados en el polígono por encontrarse vencidos y mantener ese equipamiento en correctas condiciones.A partir de las conclusiones de la inspección y teniendo en cuenta que el propio Manual de Entidades de Tiro contempla la adopción de medidas de mitigación acústica en polígonos ubicados en zonas urbanas, el Municipio continuará trabajando, dentro de sus competencias, en la evaluación de posibles medidas que contribuyan a reducir los ruidos molestos y favorezcan una mejor convivencia entre la institución y los vecinos del sector.

Tras dicha inspección, el subsecretario de Protección Ciudadana, Juan Ibañez, habló con el programa Ultimo Bondi de la radio de El Eco, subrayando que si bien las medidas de seguridad para la práctica de tiro son las adecuadas, la comuna pondrá el foco en las condiciones edilicias y la regularización de otras actividades.

Ibáñez participó de la recorrida junto a dos inspectores del organismo nacional para supervisar el cumplimiento de las normativas vigentes. Durante la jornada, se relevaron las instalaciones del Tiro Federal, una institución que cuenta con décadas de permanencia en el sector pero que, debido al crecimiento urbano de la ciudad, ha quedado integrada en una zona residencial, generando conflictos de convivencia con los habitantes de las barriadas linderas.

Desde la comuna se resaltó que la intención de esta gestión es encontrar un equilibrio entre una actividad lícita y el derecho al descanso de los ciudadanos. La presencia municipal en la inspección respondió al rol de solicitante que asumió el Ejecutivo local en el mes de mayo, buscando que el ente fiscalizador aporte claridad sobre las medidas técnicas necesarias para disminuir el impacto acústico de las detonaciones en el entorno.

E funcionario aclaró que el alcance de la competencia del organismo nacional se limita a la fiscalización de los materiales controlados y la seguridad del polígono, dejando en manos del municipio otras aristas del conflicto. El manual de entidades de tiro del Renar establece una serie de recomendaciones para la insonorización, especialmente en aquellos establecimientos que han quedado emplazados cerca de los ejidos urbanos. Es allí donde la Municipalidad planea intervenir con mayor rigor técnico en el corto plazo.

La inspección permitió delimitar las responsabilidades de cada jurisdicción. Mientras la Nación garantiza la seguridad en el manejo de las armas, la comuna se abocará a controlar el estado edilicio y el impacto que la actividad genera en la vía pública. "Esto nos permite ahora, como Municipio, comenzar a realizar actuaciones respecto a otras actividades que se detectaron en el predio", señaló Ibáñez, haciendo referencia a estructuras que se encuentran en proceso de obra y que deben ajustarse a la normativa local.

La problemática de los ruidos molestos es el eje central de las quejas vecinales que, en su punto de mayor ebullición, incluyeron una irrupción violenta de particulares en el predio durante una jornada de práctica. Para el Gobierno local, la solución técnica pasa por exigir un plan de adecuación acústica. Ibáñez adelantó que se analizarán las propuestas de cerramiento y techado en sectores clave, como el que da hacia la calle Sandino, para minimizar la propagación del sonido.

En la actualidad, el Tiro Federal debe regirse por una restricción horaria dispuesta por la Municipalidad, bajo el marco de la ordenanza que regula el Código de Faltas. Este esquema contempla horarios específicos de funcionamiento matutino y vespertino, con la prohibición total de actividades los días domingos y feriados. El subsecretario recordó que "ante un incumplimiento del horario fijado, la entidad es pasible de infracción", y aseguró que este control se mantiene plenamente vigente.

Respecto a la posibilidad de un traslado de la institución a una zona alejada de la urbe, una idea que ha circulado entre los responsables del Tiro Federal y los propios vecinos, el funcionario fue cauto. Si bien reconoció que existe una intención manifiesta de mudanza por parte de la comisión directiva del club, calificó la posibilidad como un "planteo abstracto" en la actualidad. Esto se debe a que el inmueble es propiedad de la Nación y cualquier gestión de enajenación o traslado requiere plazos e inversiones que exceden la inmediatez del conflicto actual.

La Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio difundió una serie de recomendaciones para prevenir robos cometidos mediante el uso de inhibidores de alarmas, una modalidad delictiva que consiste en bloquear la señal del cierre centralizado para que el vehículo quede sin llave, aunque su propietario crea que quedó correctamente asegurado.

La difusión de estas medidas se produjo luego del operativo policial realizado durante la mañana de este miércoles en inmediaciones de Piedrabuena y Espora, en el que, con apoyo del Centro de Monitoreo del Municipio, las fuerzas policiales detuvieron a una banda proveniente de Córdoba que estaría presuntamente vinculada a este tipo de hechos.

Desde la Secretaría recordaron que una de las principales medidas de prevención es no dejar objetos de valor dentro del vehículo, especialmente computadoras, mochilas, portafolios, carteras con dinero u otros elementos que puedan resultar atractivos para los delincuentes.

Asimismo, recomendaron que, al estacionar, se active la alarma o el cierre centralizado y se espere unos cinco segundos antes de alejarse del automóvil. Luego, es importante comprobar manualmente que las puertas hayan quedado efectivamente bloqueadas, intentando abrir alguna de ellas.

En caso de que la puerta se abra, advirtieron que es posible que un inhibidor de señal esté actuando en las inmediaciones. Ante esa situación, aconsejaron no retirarse del lugar, volver a intentar el cierre hasta verificar que el vehículo haya quedado correctamente asegurado y dar aviso de inmediato al 101 o mediante la aplicación Centinela.

Finalmente, desde la Secretaría de Protección Ciudadana remarcaron que este sencillo hábito de verificación demanda apenas unos segundos y puede evitar importantes perjuicios, al tiempo que insistieron en la importancia de mantener una actitud preventiva frente a este tipo de maniobras delictivas.

El Municipio de Tandil continúa avanzando con la implementación del Programa Tranqueras Seguras y Centinela en Territorio Rural. En ese marco, la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, encabezó una reunión de trabajo con representantes de instituciones vinculadas al ámbito rural para coordinar las acciones que permitirán iniciar el contacto directo con los vecinos en los distintos establecimientos del partido.

En el encuentro participaron Manuel Otero y Hernán Armendáriz (Funtala), Alcides Fortunato (Sociedad Rural), Pablo Ceriani (Cooperativa Vial), Víctor Calderón y Germán Ludueña (Comando de Patrulla Rural), el subsecretario de Protección Ciudadana, Juan Ibáñez; el delegado municipal de Vela, Pablo Retondo; la delegada municipal de Gardey, Gabriela Tellería, y el coordinador de la zona rural, Carlos Balbín. Además, en esta etapa de implementación también se convocó a Federación Agraria Argentina y a Cretal, y se continuará ampliando el trabajo conjunto con cooperativas y otras instituciones vinculadas al sector rural.

Durante la reunión se presentó el funcionamiento del programa y los alcances de esta nueva herramienta, destinada a fortalecer el Sistema Integral de Protección Ciudadana en el ámbito rural mediante la integración del Programa Tranqueras Seguras, la aplicación Centinela y la nueva línea de Centinela en Territorio Rural. El objetivo es optimizar la localización de los establecimientos rurales y fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de seguridad, emergencias médicas, incendios o eventos que requieran la intervención de Bomberos o Defensa Civil.

"La intención es llegar antes de que una emergencia se convierta en un problema mayor. Por eso este programa combina tecnología, presencia territorial y el trabajo conjunto con las instituciones rurales para que cada vecino sepa que cuenta con un sistema preparado para brindar una respuesta más rápida y eficiente cuando la necesite", destacó Marcieri.

En ese sentido, remarcó que "sabemos que vivir y producir en la zona rural implica desafíos diferentes a los de la ciudad. Las distancias pueden hacer que cada minuto sea importante cuando ocurre una emergencia. Por eso impulsamos este programa: para acompañar a los vecinos con más herramientas, mejorar la localización de los establecimientos y optimizar la respuesta de todos los servicios que integran nuestro Sistema Integral de Protección Ciudadana".

Además, se coordinaron las acciones para la difusión del programa y el inicio del trabajo en territorio, una tarea que se desarrollará en articulación con las instituciones que forman parte de esta primera etapa y con otras entidades vinculadas al sector rural que se irán incorporando durante la implementación.

Como parte de esta etapa, en las próximas semanas comenzarán los recorridos por los distintos establecimientos rurales del partido, iniciando por la zona de El Hornero. Los equipos estarán integrados por móviles de Centinela en Territorio Rural, Defensa Civil y el Comando de Patrulla Rural, que recorrerán cada sector para mantener un contacto directo con los vecinos, presentar el programa y explicar su funcionamiento.

Durante cada visita se informará el número de identificación (ID) asignado a la tranquera de cada establecimiento, incorporado al sistema de georreferenciación, y se entregará el kit del programa, que incluye el cartel de señalización para su colocación en el ingreso al campo. Si bien la ubicación ya se encuentra registrada dentro del sistema, la señalización constituye una herramienta adicional que facilita la identificación visual del acceso y contribuye a optimizar los tiempos de intervención ante una emergencia.

Asimismo, los equipos brindarán asesoramiento sobre la aplicación Centinela. Aquellos vecinos que aún no la tengan instalada podrán incorporarla a sus dispositivos, mientras que quienes ya la utilicen recibirán asistencia para actualizarla y acceder a las nuevas funcionalidades vinculadas al programa.

Finalmente, Alejandra Marcieri agradeció la predisposición y el compromiso de las instituciones participantes para trabajar de manera conjunta y colaborar con la implementación de esta nueva herramienta.

Vecinos del lote con obras clandestinas de calle Israel amenazaron de manera verbal a funcionarios municipales que fueron a inspeccionar el lugar. Así lo confirmaron desde la Comuna a El Eco, agregando también que analizan realizar la denuncia por el caso. 

El hecho se produjo durante el lunes 29 de junio, cuando la propia secretaria de Protección Ciudadana - Alejandra Marcieri-, junto con el director de Obras Privadas, un móvil de Centinela en Territorio y hasta efectivos policiales concurrieron hasta el loteo de la calle Israel, ubicado en Zona Protegida.

La manzana en cuestión volvió a tomar estado público durante los últimos días, ya que el concejal Rogelio Iparraguirre -bloque Fuerza Patria-, elevó un pedido de informes para conocer los detalles de la urbanización. El caso había sido denunciado por al Asamblea por la Preservación de las Sierras en noviembre de 2024.

Al frente de Protección Ciudadana, Marcieri tiene a su cargo Inspección General, por lo que encabezó el operativo que se acercó hasta el lugar con el objetivo de tomar registro de “la ocupación de la calle a la que le pusieron portón”, informaron desde el Municipio.

También para constatar el estado de las construcciones. Se detectaron seis viviendas y una cabaña, en su mayor parte en construcción. Sin embargo, se produjo una situación de tensión a partir de agresiones verbales de parte de los vecinos. 

“Las agresiones fueron verbales con amenazas”, transmitieron desde el gobierno local, por lo que los funcionarios implicados evalúan realizar la denuncia correspondiente. Si bien el episodio “no pasó a mayores”, se supo también que los vecinos tuvieron formas violentas incluso con los agentes policiales.

“Son obras clandestinas”

Fue el concejal Rogelio Iparraguirre quien volvió a poner en agenda pública el loteo irregular en una Zona Protegida, por arriba de la cota permitida para desarrollos inmobiliarios múltiples. Lo hizo al presentar un pedido de informes al Ejecutivo municipal durante la última sesión del Concejo Deliberante.

El mismo caso había sido denunciado por la Asamblea por la Preservación de las Sierras. La entidad ciudadana publicó, en noviembre de 2024, una imagen de un portón ubicado sobre calle Israel, poniendo en cuestión la ocupación de la arteria pública.

A partir de la solicitud de informes, el secretario de Planeamiento y Obras Públicas de la Comuna dialogó con El Eco de Tandil y confirmó dos de las sospechas que pesaban sobre el lugar: que parte había sido comercializado como condominio -pese a que esa figura está prohibida para Zona Protegida-, y que las construcciones en marcha eran obras clandestinas. En concreto, las viviendas no contaban con la presentación reglamentaria de planos ante los organismos municipales correspondientes.

El funcionario sostuvo además que habían inspeccionado el loteo -dijo, incluso antes de la denuncia de la Asamblea-, y que tras detectar la irregularidad radicaron una denuncia en el Juzgado de Faltas 2, a cargo del juez Oliveto. En el mismo sentido, hicieron una presentación a Hidráulica de Provincia, ya que por el lote pasa un arroyo semipermanente. 

Otro dato que se supo en los últimos días fue que la construcción de las viviendas estuvo a cargo del mismo desarrollador que tiempo atrás se vio envuelto en un escándalo: en un loteo de La Elena, un trabajador que se desempeñaba en el movimiento de suelo agredió brutalmente a un vecino que se acercó a preguntar por las tareas en el lugar.

Ese caso motivó un debate en torno a la proliferación de ventas -estafas-, mediante la figura de condominio en Tandil. Cabe recordar, en particular en Zona Protegida, la del condominio no es una modalidad permitida para la subdivisión de lotes. Vecinos que han adquirido terrenos de esa manera resultaron estafados: no deberían poder luego escriturar más de una vivienda en el conjunto del lote.

Ante tales situaciones, el concejal Rogelio Iparraguirre también presentó un proyecto de ordenanza, que actualmente el Ejecutivo municipal evalúa. La iniciativa propone crear una cédula para lotes, que le permitirá a cada posible comprador conocer a ciencia cierta qué se puede y qué no se puede construir en cada caso.