Se espera la llegada de lluvias fuertes en el marco del fenómeno climático que se conoce como Súper Niño, y el Municipio dio a conocer el Plan de Gestión Integral del Riesgo: elaboraron un diagnóstico de las zonas que podrían ser más afectadas en la ciudad, incorporaron funciones a la aplicación Centinela para dar alerta e informar de acciones a seguir, trabajan en conjunto con fuerzas de seguridad e instituciones, establecieron una serie de refugios ante posibles evacuaciones, limpian arroyos y desagües y solicitaron a Provincia el dragado de parte del Langueyú.

“Todo lo que está dentro de nuestras posibilidades se está haciendo. Estamos trabajando, esta es una reunión para seguir trabajando juntos, no para asustarnos, sino para ayudarnos entre todos. Tandil va a estar a la altura de las circunstancias”, expresó Miguel Lunghi.

El Intendente abrió la presentación del Plan se llevó a cabo en el auditorio de OSDE, en una jornada de la que participaron autoridades comunales y educativas de todos los niveles, fuerzas de seguridad, clubes, referentes políticos y comunitarios, entre muchos otros.

Por su parte el meteorólogo Gustavo Czop dio detalles del fenómeno, aunque bajó las alarmas sobre el tema:“Fenómenos severos ya los hubo. En el caso de Bahía Blanca, sin tener El Niño presente cayeron 400 mm de golpe. Fenómenos puede llegar y va a haber seguro, quizás con mayor frecuencia, pero no es que se viene la tormenta perfecta y que se va a inundar todo el país. Sí, va a haber zonas mucho más anegadas que lo que estamos viendo, y que ya está ocurriendo”.

La principal presentadora del Plan de Emergencia fue la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, coordinadora de las acciones que se llevan adelante y quien estará a cargo del Comité que se conformará en el caso de una situación extrema o alerta roja.

Marcieri dio cuenta de que el Plan forma parte de una planificación mayor, solicitada por Provincia desde el año 2020 y que el Municipio ya elaboró. Por lo tanto, para prepararse para el Súper Niño comenzaron formulando un diagnóstico de la situación actual.

Por tal motivo dio paso al secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, quien desplegó un mapa de la ciudad en el que marcó las zonas que podrían estar más afectadas, a partir del análisis de los anegamientos recientes: Charitos, Smata, sectores de Cerro Leones y La Movediza, Arco Iris, el sector de la vía cerca de Villa Italia, barrio Las Ranas, la avenida Colón, avenida Balbín, la zona de Los Manantiales, el área norte de la Ruta 226 en cercanía al arroyo Seco, las inmediaciones del predio de La Rural, el Hipódromo, Graduados, y La Unión concentran focos de posibles anegamientos por encontrarse cerca de arroyos o en zonas bajas.

Con dicho diagnóstico y a través de la Dirección de Vialidad, el Municipio se encuentra “intensificando los trabajos de limpieza de desagües pluviales”, como precisó Lafosse. Pero en paralelo, también elevaron reclamos a Hidráulica de Provincia para que intervenga en los cauces bajo su órbita.

Uno de los pedidos a las autoridades provinciales fue la de la limpieza de los últimos 700 metros de los arroyos Blanco y Del Fuerte, y el dragado del Langueyú.

Marcieri continuó la presentación explicando que los niveles de alerta determinan las acciones a seguir: “con el amarillo nos informamos, con el naranja nos preparamos, con el rojo actuamos”, señaló.

La secretaria puso énfasis en marcar que una de las acciones principales en pos de la prevención de posibles fenómenos climáticos peligrosos fue la de preparar la aplicación Centinela. La herramienta digital del Municipio dará alertas que se actualizarán de manera constante, pero también indicará a los usuarios cómo proceder en cada caso: “Uno va a saber lo que tiene que hacer, y de acuerdo a la georeferencia cuál es el lugar más cercano si tiene que hacer una evacuación”, precisó.

En el caso de que se genere una alerta roja, se constituirá un Comité de Emergencia bajo el comando de la Secretaría de Protección Ciudadana, y la sede de calle Belgrano será el centro del operativo.

“Ante una alerta roja seríamos nosotros los primeros en responder. El segundo nivel sería Defensa Civil de Provincia y los terceros las fuerzas de seguridad del Estado Nacional”, indicó la funcionaria. 

El Comité estará integrado por el Municipio las instituciones que ya se encuentran involucradas en el Plan de Emergencia: Policía, Bomberos, Defensa Civil, Ejército y Fuerza Aérea. Además, contará con la colaboración clave de entidades como la Usina Popular y Municipal, Cruz Roja, Boy Scouts, Mesa Solidaria, el Instituto Mixto de Turismo y clubes de barrio.

Ante la posibilidad de que haya que evacuar vecinos, Tandil estableció una serie de instituciones que funcionarán como refugio, algunos para el alojamiento por varios días, otros para asistencias transitorias.

Serán el Campus Universitario (con 240 plazas), el club Los 50 (con 60 dormis), la Casa de la Cultura y el Bicentenario, la Universidad Barrial (refugio transitorio) la Iglesia de Restauración Familiar (exLimache), el Club Ferro, la Iglesia Peniel, el club Unión y Progreso, el Club Uncas, la Cruz Roja Argentina, el Espacio Nido de La Movediza, la Casa Común del barrio Charitos y el Camping Pinar de las Sierras.

Con el despliegue de maquinaria pesada y personal operativo, la Municipalidad procedió a la demolición total de una construcción abandonada ubicada en la calle Bolivia al 600, en el corazón del barrio Las Tunitas. La medida, largamente esperada por la comunidad de la zona, puso fin a un foco de conflicto que no solo ponía en riesgo la seguridad pública, sino que también afectaba la convivencia diaria debido a las actividades ilícitas que se desarrollaban en su interior. Los trabajos comenzaron a las 8 y contaron con el despliegue de diversas áreas operativas.

La Directora de Prevención Social y Comunitaria de la Secretaría de Protección Ciudadana, Carolina Arce, brindó detalles del trabajo realizado en el terreno y remarcó que la situación se había vuelto insostenible para los residentes del sector. "Desde el año pasado veníamos recibiendo varios reclamos de los vecinos. Por lo informado y el conocimiento que tenemos del barrio, este lugar funcionaba como un lugar de descarte de objetos robados y también como un espacio para el consumo de estupefacientes", explicó la funcionaria mientras supervisaba el avance de las máquinas.

La intervención estatal no fue inmediata, sino que requirió de un complejo proceso de localización de los responsables legales del inmueble. Según precisó Arce, el municipio realizó exhaustivas averiguaciones hasta que logró dar con los propietarios de la vivienda. En una primera instancia, las autoridades habían acordado con los dueños el cerramiento preventivo del predio para evitar el ingreso de personas ajenas, pero un evento fortuito cambió drásticamente los planes y aceleró los tiempos de la gestión.

Poco después de pactar el cerramiento, la vivienda sufrió un incendio que comprometió seriamente su estructura. Las llamas dañaron las paredes y techos a tal punto que las condiciones edilicias ya no resultaban aptas para realizar un vallado seguro. Ante este nuevo escenario de peligro de derrumbe, la causa se tramitó con celeridad en el Juzgado de Faltas. Finalmente, se logró obtener el consentimiento formal de los propietarios para proceder con la demolición total de la estructura, una solución que las autoridades consideran clave para atenuar la conflictividad barrial.

Uno de los puntos que mayor preocupación generaba en el barrio era la ubicación estratégica del inmueble. La cercanía de la casa con un jardín de infantes local aumentaba la zozobra de los padres y docentes de la institución. Al respecto, Arce reconoció que la proximidad con el establecimiento educativo era un factor determinante: "Más allá del jardín, todo lo que sucedía dentro de la vivienda era bastante agotador para los vecinos. Por suerte, gracias a la voluntad de los propietarios, logramos dar con ellos y accedieron a que se demuela este lugar", manifestó.

El operativo se caracterizó por su agilidad y coordinación logística. El personal municipal no solo se encargó de derribar las paredes que aún quedaban en pie, sino que también realizó el acarreo de los escombros de forma simultánea. De esta manera, se buscó minimizar las molestias para el tránsito y evitar que el terreno quedara con restos de materiales que pudieran representar un nuevo riesgo para los transeúntes.

Para llevar adelante una tarea de esta magnitud, la Secretaría de Protección Ciudadana no trabajó de forma aislada. La funcionaria destacó la intervención conjunta con la Dirección de Espacios Verdes Públicos y el área de Servicios, cuyos agentes colaboraron activamente en la demolición y el retiro de materiales. "La idea es que se termine en el día. La verdad que avanzó bastante rápido y ya estamos casi finalizando con la limpieza general", detalló Arce durante el mediodía.

Además de las áreas municipales, los informes previos elaborados por la Jefatura Departamental de Policía y los Bomberos de la Provincia de Buenos Aires fueron fundamentales para sustentar la causa judicial. Estos documentos técnicos confirmaron las reiteradas intervenciones policiales registradas en el inmueble y el estado de abandono total en el que se encontraba la propiedad desde hacía meses. Con estas pruebas, el Juzgado de Faltas pudo dar el marco legal necesario para que el Estado municipal actuara sobre una propiedad privada en pos del bien común.

Con el terreno completamente liberado de escombros y malezas, el próximo paso será el acondicionamiento final y el cerramiento perimetral del lote. Esta medida busca impedir nuevos ingresos ilegales y garantizar que el espacio no vuelva a convertirse en un sitio de acopio de elementos sustraídos. Según informaron las autoridades, esta etapa es crucial para llevar tranquilidad definitiva a los vecinos de Las Tunitas, quienes durante mucho tiempo convivieron con la incertidumbre y el temor.

Finalmente, se informó que la Municipalidad asumió los costos operativos de la maquinaria y el personal destinado a la tarea, pero dichos gastos serán incorporados a los tributos correspondientes al inmueble. De esta forma, el Ejecutivo local garantiza la resolución de una problemática social y de seguridad de larga data, asegurando que la carga financiera recaiga sobre los responsables de la propiedad que motivó el conflicto.

El gobierno municipal de Azul respondió a la nota enviada por el intendente Miguel Lunghi, en relación al caso de la familia trasladada a Tandil. En su respuesta, la comuna vecina reiteró que el traslado se efectuó a pedido de los adultos del grupo familiar, y que “se evaluó que contaban con las condiciones necesarias para alojarse en la ciudad”. A su vez, rechazó hacerse cargo de los gastos ocasionados, y propuso la creación de una mesa conjunta para abordar la situación.

“Proponemos la conformación de una mesa de trabajo conjunta entre ambos Departamentos Ejecutivos —con la participación de las áreas sociales de ambos municipios— cuyo primer paso sea, precisamente, escuchar de manera directa y personal a los integrantes adultos de la familia sobre su situación y su voluntad actual, en un marco de pleno respeto a su autonomía", expuso Azul en la respuesta a Lunghi.

Cabe recordar, el propio Intendente comunal envió una nota a su par de Azul -Nelson Sombra-, para que regularice la situación de la familia trasladada a Tandil la semana pasada. El grupo familiar viajó desde la localidad vecina en un móvil oficial del Municipio azuleño, que dejó a los integrantes en la Estación de Ferrocarril. 

Tras registrar la presencia de personas en el lugar, la Secretaría de Protección Ciudadana dio aviso a la Policía, y activó junto a Desarrollo Humano el protocolo para personas en situación de calle. La familia fue alojada en pensiones locales, y cuatro de los menores ya retomaron su escolarización en la ciudad.

El caso motivó denuncias, una por averiguación de ilícito, presentada de oficio por la Policía con sede en Tandil. Otra, del concejal azuleño Agustín Puyou contra el funcionario Omar Seonae, responsable del área que trasladó a la familia.

La nota de Azul

Luego de que el caso tomara notoriedad,  funcionarios de Azul hicieron declaraciones públicas para transmitir que la familia manifestó su consentimiento para el traslado. Pero desde Tandil plantearon diferencias con dicho argumento, en particular por cómo desde la localidad vecina procedieron con el seguimiento del acompañamiento familiar. “Los dejaron a la deriva", señalaron autoridades comunales. El propio Lunghi envió una nota a su par azuleño, y la respuesta llegó el sábado 22 de agosto. 

“Me dirijo a Usted en respuesta a su nota con fecha 20 de agosto, mediante la cual formula acusaciones de extrema gravedad contra este Municipio y sus funcionarios, sobre la base de afirmaciones dogmáticas, calificaciones apresuradas y conclusiones que, al presente, carecen del debido sustento fáctico y jurídico”, comienza el texto enviado desde Azul. 

Acto seguido, recuerda que la familia en cuestión es oriunda de Bolívar, que reside en un asentamiento denominado Los Piletones -afectado por contaminación-, y que desde hace cuatro años reciben asistencia de parte del Municipio vecino. “La familia es una de las beneficiarias de los módulos habitacionales que se proyectan construir en el predio del Tiro Federal”, explica la respuesta.

Por tal motivo, marcaron desde Azul, “claramente el pedido de su traslado no se originó ni tuvo fundamento en necesidades habitacionales ni de carencia de asistencia. La solicitud de ser trasladados a la ciudad de Tandil realizada por uno de los adultos, se motivaba en contar con oportunidades laborales y alojamiento para su grupo familiar”.  

Al respecto, remarca que el Municipio azuleño evaluó que la familia “contaban con las condiciones necesarias para alojarse en Tandil”,  razón por la cual dispuso "el traslado en un vehículo oficial del grupo familiar compuesto por diez integrantes (cuatro adultos y seis menores). En dicho sentido, no se comprende la referencia a once personas que Ud. hace en su nota".

“Tergiversación injuriosa”

Azul negó también que no se hayan respetado los derechos de los menores del grupo, y que en el Servicio Local de la localidad no existían antecedentes de intervención del organismo. “La responsabilidad parental era ejercida de forma plena por los progenitores del grupo”, señala.

Por otra parte considera “improcedente toda construcción discursiva orientada a presentar a este Municipio como autor de una supuesta maniobra de ´expulsión´ o ´abandono´ territorial, cuando la realidad de las actuaciones demuestra la existencia de asistencia previa y seguimiento institucional". 

Además, planteó que el traslado no fue una derivación compulsiva sino que se trató de un requerimiento del propio grupo: “pretender convertir ese episodio, sin más, en una suerte de ´deportación municipal´ constituye una tergiversación injuriosa e inadmisible de los hechos. Asimismo, revela un nivel de liviandad institucional impropio de una comunicación entre jefes comunales”.

Al respecto, considera también improcedente la exigencia de un “retorno seguro” y de la “asunción definitiva” de parte de la asistencia del Municipio de Azul, ya que “ninguna autoridad municipal posee facultades para disponer compulsivamente el traslado de personas adultas ni de grupos familiares de una ciudad a otra por la sola voluntad de un intendente. Esto expone la inconsistencia de una pretensión que desconoce principios elementales de legalidad, autonomía personal, libertad ambulatoria y dignidad humana”.

Gastos y mesa de trabajo

“Corresponde rechazar su pretensión de trasladar a este Municipio los gastos que, según refiere, habría decidido afrontar la Municipalidad de Tandil. No existe fundamento legal para transformar una decisión adoptada por su administración, en el marco de su propia evaluación de situación, en una acreencia automáticamente exigible a la Municipalidad de Azul”, remarca el texto, que agrega que las personas tienen el derecho a elegir su lugar de residencia “aunque ello no sea de su agrado”.

En la misma línea señala que “la vulneración de estos derechos es una práctica que ha sido desterrada desde hace muchos años en nuestro país y la mera alusión a disponer de las personas como si se tratara de objetos, remite a períodos muy oscuros de nuestra historia reciente”.

Disponer de un "retorno", expresaron desde Azul, “sin verificar antes, en forma directa y personal, cuál es la voluntad actual y real de cada uno de los adultos de esa familia respecto de dónde desean residir, incurriría exactamente en el vicio que su nota le atribuye a esta administración: una decisión sobre la vida de personas vulnerables adoptada sin ellas, y no con ellas”.

Tras reafirmar el compromiso con el bienestar de la familia, Azul propuso “la conformación de una mesa de trabajo conjunta entre ambos Departamentos Ejecutivos —con la participación de las áreas sociales de ambos municipios— cuyo primer paso sea, precisamente, escuchar de manera directa y personal a los integrantes adultos de la familia sobre su situación y su voluntad actual, en un marco de pleno respeto a su autonomía”. Como cierre de la carta, planteó la espera de una respuesta de parte de Tandil.

El conflicto entre los municipios de Tandil y Azul por el traslado de una familia en situación de extrema vulnerabilidad sumó este jueves un nuevo capítulo. El intendente Miguel Lunghi envió una intimación administrativa a su par azuleño, Nelson Sombra, para exigir explicaciones formales por el operativo realizado el pasado 13 de agosto y reclamar que la comuna vecina vuelva a asumir la responsabilidad por la asistencia del grupo familiar.

La presentación, a la que tuvo acceso El Eco, enviada bajo el título “Intimación administrativa. Exigencia de informes técnicos y resarcimiento por traslado irregular de personas en situación de vulnerabilidad”, expresa el “más enérgico rechazo y formal protesta” del Gobierno local por lo sucedido. Según trascendió en los últimos días, y consta en el documento, once personas pertenecientes a un mismo grupo familiar fueron trasladadas en un vehículo oficial de Azul y dejadas en una estación de trenes en desuso de Tandil.

El episodio ocurrió durante la noche del pasado jueves 13 de agosto y fue detectado a través de las cámaras del Centro de Monitoreo. Tras observar la presencia de un grupo numeroso de personas en inmediaciones de la Estación de Ferrocarril, agentes de Protección Ciudadana intervinieron y activaron el protocolo previsto para situaciones de vulnerabilidad. Desde entonces, el Municipio de Tandil tomó a su cargo la asistencia de la familia.

En los días posteriores, además, se conoció que el grupo familiar había aumentado a 13 integrantes, entre ellos cinco menores. Los adultos y niños permanecen alojados en pensiones de la ciudad con acompañamiento municipal, mientras que cuatro de los menores ya fueron escolarizados en establecimientos educativos tandilenses.

En la nota enviada a Sombra, Lunghi cuestionó especialmente que el traslado se haya realizado sin comunicación previa entre ambos municipios, sin un informe de derivación y sin articulación entre las áreas encargadas de la asistencia social.

El escrito sostiene que no existió ningún aviso a la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de Tandil que permitiera conocer con anticipación la situación del grupo, sus antecedentes y las razones por las cuales se había decidido trasladarlo desde Azul.

Para el Ejecutivo tandilense, esa falta de coordinación significó trasladar de hecho a otra jurisdicción una problemática social que debía continuar siendo atendida por el municipio de origen. “Este proceder evade de forma ilegítima las obligaciones de asistencia social primaria radicadas en el domicilio de los afectados”, plantea la presentación.

La cuestión adquirió una relevancia todavía mayor por la presencia de niños y adolescentes. En ese sentido, Lunghi hizo referencia en la intimación a la Ley Provincial 13.298, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, y a la Ley Nacional 26.061, y sostuvo que el procedimiento habría vulnerado principios vinculados con el interés superior del niño y la protección integral.

Desde Tandil ya habían advertido que la situación requería una intervención especial debido a la presencia de menores y a una medida judicial vinculada con el grupo familiar. Según se informó, además, existía una disposición de custodia dinámica en el marco de una causa judicial.

El planteo de Lunghi se produce luego de que funcionarios del Municipio de Azul brindaran públicamente su propia versión sobre lo ocurrido.

El secretario de Desarrollo de la Comunidad de Azul, Omar Seoane, sostuvo que la familia había solicitado voluntariamente el traslado porque tenía intención de radicarse en Tandil y negó que hubiera existido abandono de persona. Según explicó, desde la comuna se les había ofrecido una alternativa vinculada con la custodia, pero el grupo habría rechazado esa posibilidad.

La explicación azuleña, sin embargo, no coincide con la mirada expresada por las autoridades tandilenses. Desde el Municipio local señalaron que, más allá de cuál haya sido la voluntad de la familia respecto de trasladarse a Tandil, no existió una comunicación institucional previa que permitiera garantizar las condiciones de llegada, alojamiento y asistencia.

La secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Juliana Teerink, y la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Macieri, habían cuestionado que una familia con menores fuera trasladada hasta una estación ferroviaria que no se encuentra operativa sin que previamente se hubiera articulado con el Municipio de destino.

El caso también derivó en actuaciones judiciales. En Azul, el concejal Agustín Puyou presentó una denuncia contra un funcionario del área de Desarrollo de la Comunidad y posteriormente anticipó que ampliaría la presentación para alcanzar a otros responsables del procedimiento.

Ahora, a través de la intimación formal, Lunghi busca que la administración de Sombra brinde información precisa sobre lo ocurrido.

El jefe comunal tandilense estableció un plazo de 48 horas hábiles desde la recepción de la nota para que Azul entregue un informe técnico detallado con los antecedentes de las intervenciones realizadas con la familia.

Entre otros elementos, solicitó información sobre las actuaciones del Servicio Local relacionadas con los menores de edad, eventuales intervenciones por violencia de género y todos los antecedentes vinculados con salud, educación, trabajo y vivienda. El informe deberá estar firmado por los profesionales que intervinieron y por el secretario del área, además de explicar cuáles fueron los fundamentos jurídicos y sociales que motivaron el traslado.

También reclamó que se identifique de manera fehaciente a los funcionarios y agentes municipales que ordenaron y ejecutaron el operativo mediante el cual la familia fue trasladada hasta Tandil.

El tercer punto central del reclamo apunta directamente al futuro de la familia: Lunghi pidió que Azul arbitre los mecanismos necesarios para coordinar un retorno seguro y asumir definitivamente la asistencia en su jurisdicción de origen.

El intendente también incorporó al reclamo una cuestión económica. Desde el momento en que la familia fue encontrada en la Estación de Ferrocarril, distintas áreas municipales debieron poner en marcha recursos para atender la emergencia.

La presentación detalla que Tandil debió disponer de recursos humanos, logísticos y financieros para garantizar alojamiento provisional, asistencia alimentaria y atención sanitaria de urgencia.

En ese marco, Lunghi dejó expresamente planteada la reserva del derecho del Municipio a reclamar a Azul la totalidad de los gastos que ya fueron realizados y aquellos que continúen generándose mientras se mantenga la asistencia de la familia.

El pedido de resarcimiento ya había sido anticipado por funcionarios tandilenses en los primeros días del caso, cuando remarcaron que el Municipio debió hacerse cargo de una situación que, según su postura, se originó a partir de una decisión adoptada por otra administración sin ningún tipo de coordinación.

Mientras se desarrolla el conflicto institucional, Tandil continúa atendiendo las necesidades inmediatas del grupo familiar.

Uno de los avances registrados durante los últimos días fue la escolarización de cuatro de los menores, que ya retomaron sus actividades educativas en establecimientos de la ciudad. El resto de los integrantes permanece alojado en pensiones locales con acompañamiento económico del Municipio.

En paralelo, las áreas municipales continúan trabajando sobre cuestiones vinculadas con alimentación, abrigo, salud y otras necesidades básicas. Desde Tandil señalaron que el objetivo inmediato es garantizar el resguardo de los menores y evitar que la situación de vulnerabilidad se profundice mientras se define el futuro del grupo.

El documento enviado a Sombra también contiene una advertencia concreta sobre los pasos que podría adoptar el Ejecutivo tandilense si no obtiene una respuesta satisfactoria.

Lunghi dejó establecido que, ante el silencio, una negativa o una respuesta considerada evasiva, Tandil podría avanzar con acciones civiles para reclamar los gastos de asistencia, realizar presentaciones ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y evaluar la radicación de denuncias penales por parte del Departamento Ejecutivo.

De esta manera, el episodio dejó de ser solamente una controversia vinculada con la asistencia de una familia y pasó a convertirse también en un conflicto institucional entre los dos municipios. Tandil busca ahora que Azul explique formalmente qué ocurrió, quién tomó la decisión de trasladar al grupo, bajo qué criterios se realizó el operativo y cómo se garantizará la continuidad de la asistencia.

Mientras tanto, la prioridad expresada por el Municipio de Tandil continúa puesta en la protección de la familia, especialmente de los menores, y en garantizar sus necesidades básicas. Pero, al mismo tiempo, el Ejecutivo local dejó en claro que pretende que la administración azuleña asuma las responsabilidades que considera correspondientes y que se haga cargo de los costos generados por la intervención de emergencia.

El gobierno local brinda asistencia a una familia de once integrantes que quedaron “a la buena de Dios” cuando un móvil con identificación del Municipio de Azul los trasladó desde la localidad vecina hacia la Estación de Ferrocarril. La policía con base en la ciudad inició una causa por averiguación de ilícito contra la propia Comuna azuleña, mientras que el grupo familiar permanece alojado en dos pensiones mientras se aborda su situación. Desde Tandil solicitarán a Azul que se hagan cargo de los gastos ocasionados.

En diálogo con El Eco, la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Macieri, y la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, brindaron detalles de la situación. Al respecto, contaron que registraron por las cámaras la presencia de la familia y activaron el protocolo correspondiente. A su vez indicaron que el caso cuenta con una particularidad no menor: la Justicia de Azul dispuso una custodia dinámica para el grupo familiar, en el marco de una causa por lesiones leves y amenazas contra ellos.

“Los dejaron a la deriva y eso tiene que quedar más que claro”, expresaron las funcionarias. A su vez plantearon que “el funcionario que intervino y que decidió que esta familia se subiera, al menos tendría que haber tenido la deferencia de comunicarse con el Municipio de Tandil, diciendo que había una familia que quería trasladarse. Y comunicar si, como ellos dicen, tendrían un lugar para estar y un trabajo. Esa es la labor profesional que tiene que hacer una persona que interviene en estas circunstancias. Nos parece poco serio subirlos a una combi y bajarlos en un lugar que todo el mundo sabe que ahí no es la terminal ni que pueda haber gente que los pueda detectar”.

La familia provino de Azul, aunque algunos de sus integrantes cuentan con domicilio legal en otra localidad bonaerense. El caso trascendió durante la mañana del viernes 14, cuando en grupos de Facebook empezaron a circular imágenes de la propia familia solicitando ayuda por su situación de vulnerabilidad.

Tras recibir llamados por la presencia de un grupo de personas en la Estación, agentes de Protección Ciudadana constataron el hecho desde las cámaras del Centro de Monitoreo. Entre otros aspectos, registraron que el móvil del traslado contaba con inscripción del Municipio de Azul.

Posteriormente activaron el protocolo para personas de situación de calle, lo que promovió la intervención de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.

A su vez, las propias funcionarias señalaron que la policía “inició una causa sobre averiguación de ilícito en contra del Municipio de Azul en virtud de los relatos de las personas que allí se encontraban”.

La familia en cuestión está integrada por once personas de entre 49 y 5 años. De acuerdo a la información relevada al momento desde Desarrollo Humano, los menores se encontraban escolarizados, e incluso sus tutores recibieron llamados de los establecimientos educativos por las ausencias. El mayor responsable del grupo, agregaron, contaba con empleo e incluso dejó en Azul herramientas de trabajo.

“Es una familia numerosa, que vivían juntos en Azul”, transmitió Teerink. La funcionaria se comunicó con su par azuleño, aunque existen diferencias entre las versiones oficiales y las transmitidas por la familia.

“La condición en la que está esta familia y cómo llegaron amerita tener en principio una atención en términos de asistencia para garantizarles el resguardo. Sobre todo porque hay menores, por la cuestión alimentaria, por la cuestión de abrigo y la cuestión de salud que ya estamos gestionando con el hospital local”, sostuvo Teerink. La funcionaria explicó además que tras declarar durante la jornada del jueves, los integrantes solicitaron ampliar lo expuesto. 

“Ellos definen la situación como algo arbitrario donde no les notificaron el traslado compulsivo hasta la ciudad de Tandil, donde quedaron a la buena de Dios en la Estación”, precisó.

“Por supuesto que Tandil no los va a dejar a la deriva. Les pedimos determinadas condiciones para que queden al menos temporalmente en la ciudad. El alojamiento va a ser también temporario. No es una situación de calle, es una situación transitoria que requiere una intervención desde el protocolo”, amplió Teerink.

Ambas funcionarias remarcaron que por el caso “no hubo una comunicación institucional entre ambos municipios”. Al respecto, Marcieri sostuvo que de parte de Azul “no hubo una comunicación con este Municipio para hacer algún tipo de articulación, para acompañar a la familia, que estaba según sus relatos desde el sábado en situación de calle, y con una medida judicial donde necesitaban una custodia dinámica". 

Al respecto explicó que "no a cualquiera se le da una custodia dinámica. Tiene que haber habido una situación de peligro para con ese grupo familiar que al menos desatendió el estado municipal de Azul”.

Tras tomar conocimiento del caso, la secretaria local de Protección Ciudadana se comunicó con el secretario de Gobierno azuleño. De acuerdo a lo expuesto por Marcieri, el funcionario de la localidad vecina dijo saber de la situación “y que las personas habían solicitado ser traídas a Tandil, aduciendo que tenían trabajo y un lugar a donde quedarse”.

Sin embargo, según el acta que el funcionario de Azul leyó a Marcieri, en la misma no se certificaron las precisiones del alojamiento previsto. Sobre el tema, la secretaria sostuvo que el representante de la localidad vecina indicó incluso que una profesional del campo social acompañó a la familia al momento del traslado.

“Cada uno de ellos dice que fueron citados diciéndoles que les iban a dar una solución habitacional, que la solución estaba en trasladarlos a la ciudad de Tandil y que allí los iban a estar esperando. Por eso cuando se bajaron esperaron un buen tiempo para ver si alguien se acercaba a brindarle esto que le habían prometido desde la ciudad de Azul”, contó Marcieri.

Desde la Comuna cursarán una nota al intendente de la localidad vecina para “exigirle una respuesta concreta para estos ciudadanos y para que se hagan cargo de los gastos”.

La secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, dialogó con El Eco. Brindó detalles del presente de la ordenanza de motos y del proyecto de modificación que enviaron al Concejo Deliberante para realizar allanamientos.  También informó que avanzan las tratativas para crear una Fuerza de Aproximación Barrial en La Movediza, y que inaugurarán en el corto plazo una base de Policía Científica en el Paseo de los Españoles.

Además, adelantó que se encuentran adelantadas las gestiones para contar con una médica legista en Tandil a partir de mediados de agosto. Se trata de una iniciativa que se concretará a través de una inversión municipal que permitió reacondicionar un espacio en la sede de la Policía Departamental. 

La noticia supone no solo un principio de respuesta a la demanda de organizaciones vinculadas al género –por la habilitación para  implementar protocolos específicos con la que la profesional contaría en casos de denuncias de violencia-, sino también por la posibilidad de que, a futuro, se lleven a cabo autopsias en la ciudad.

El debate en torno a la ordenanza de motos volvió a tomar estado público a raíz de discusiones en el Concejo Deliberante. Al respecto, Marcieri precisó que no se lograron concretar allanamientos por la “imposibilidad técnica que se expresa en la propia ordenanza”.

La normativa fue aprobada, con modificaciones, en una sesión especial en diciembre pasado. Si bien “desalentó en un primer momento a las caravanas”, la secretaria señaló que el impedimento para lograr dictaminar allanamientos se dio porque exige “que se den tres elementos en simultáneo: que se detecte la falta, que la falta sea corroborada en un procedimiento, y que a su vez provoque el riesgo en la vida de otros”. Sin embargo, explicó “esos tres elementos nunca se podían juntar”.

Por tal motivo llevaron a cabo una reunión con concejales, jueces de Faltas y funcionarios municipales en el pasado mes de mayo. Con los requerimientos planteados por los jueces –indicó Marcieri-, elaboraron un proyecto de modificación que propone evaluar la posibilidad de sumar a la ordenanza la admisibilidad de publicaciones en redes sociales, incorporar como conducta pasible de sanción los ruidos molestos producidos por dispositivos de cualquier tipo (como parlantes traseros en los autos), modificar el artículo que exige que se den las condiciones mencionadas para realizar allanamientos, y que los allanamientos alcance a quienes pongan en riesgo la vida de terceros más allá “del lugar de comisión o de las personas que afectare”.

“Fue consensuado con los propios jueces de Faltas, que pudieron comentarle a los concejales las imposibilidades jurídicas. Hicimos ese proyecto, lo elevamos y estamos esperando respuesta del Concejo Deliberante. Está en la comisión de Transporte esperando ser tratado”, señaló la secretaria.

“Estamos esperando una segunda reunión que nunca se dio. Ellos iban a volver a analizar este pedido, e insistimos con ello porque sabemos que ahora van a empezar nuevamente los días de calor. Si bien estamos trabajando muchísimos con operativos focalizados, operativos dinámicos, operativos estáticos, con distintas fuerzas de seguridad y hemos traído grupos tácticos operativos de otras ciudades y seguiremos gestionando en la materia, nos preocupa que vuelva a surgir  fuertemente  esta modalidad”, sumó.

Policía en La Movediza y efectivos

-Un reclamo de larga data de parte del Municipio y de los vecinos del barrio es el del destacamento de La Movediza. ¿Hay novedades con ese pedido?

-Alejandra Marcieri: Hay novedades con la posibilidad de la realización de una Fuerza de Aproximación (FBA) barrial en La Movediza. El municipio tiene elaborado el plano de cómo sería esa dependencia y tenemos previsto solicitarle una reunión al ministro Alonso para presentarle el proyecto.

Ese proyecto se ajusta a las características técnicas que nos brindaron desde el Ministerio de Seguridad en cuanto a las obras.

La idea es sentarnos con el ministro y tener alguna garantía de que van a venir los efectivos para poder cubrir ese espacio, que no quede una cáscara vacía, que no sea un espacio más y que se redistribuyan las personas que tenemos en el territorio para cubrirlo.

El compromiso del ministerio y por tratarse de la FBA, que es una rama distinta a la policía de seguridad, sería que vengan efectivos nuevos a poder completar ese espacio. Va a ser una inversión del Municipio mayor a los 300 millones de pesos.

-¿Dónde va a estar ubicado?

- Está planificado para que esté en el predio del Nido. Hoy hay un contenedor, una especie de destacamento donde la gente se puede acercar, es un espacio de control y demás, y va a ser en ese predio. El Municipio ha cedido ese espacio.

-Otro de los reclamos es el del retorno de efectivos tandilenses a la ciudad…

-Nos ha dejado en claro en más de una oportunidad el Ministerio de Seguridad que los policías son policías de la provincia de Buenos Aires y que una vez que egresan como policías pueden ser destinados a cualquier lugar del territorio.

Más allá de eso, tienen 3 años de capacitación que son obligatorios en distintos espacios como pueden ser la FBA,  que los lleva a otros lugares donde adquieren la experiencia necesaria para luego desenvolverse en cualquier tipo de territorio.

Nosotros lo que sí seguimos solicitando es que vengan más efectivos. Yo el otro día en el Foro de Seguridad decía que no importa el nombre, el apellido y el número de legajo de la persona, lo que importa es que haya efectivos policiales para poder subirse a las camionetas y hacer los recorridos que son necesarios.

Estuvieron mandando refuerzos en estos días para lo que es la Patrulla de Prevención Rural y han mandado también efectivos para lo que tiene que ver con el patrullaje.  preventivo a la Jefatura Departamental, y se reforzó la DDI de drogas ilícitas.

Hemos tenido este respuesta de parte de la de la provincia de Buenos Aires cuanto al envío de efectivos y se sigue trabajando sobre el levantamiento de carpetas  para poder reincorporarse de manera operativa la fuerza.

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un pedido de informes para que el Departamento Ejecutivo detalle las políticas públicas destinadas a prevenir el delito juvenil y promover la inclusión social de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa surgió luego de las declaraciones de la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, quien afirmó que aproximadamente el 70% de los robos de motocicletas registrados en Tandil son cometidos por menores de edad. A partir de esa afirmación, los concejales solicitaron conocer si existen estadísticas oficiales que respalden esos datos y cuáles son las acciones que desarrolla el Municipio para enfrentar esta problemática.

El proyecto requiere información sobre los programas municipales orientados a la prevención del delito juvenil, las políticas de inclusión social, educativa, deportiva y cultural dirigidas a adolescentes en situación de riesgo, las estrategias de intervención temprana y acompañamiento familiar, y el trabajo articulado con organismos provinciales, el sistema educativo y organizaciones de la sociedad civil.

Además, solicita que el Ejecutivo informe si cuenta con datos técnicos que sustenten las cifras difundidas públicamente y cuáles son los indicadores utilizados para evaluar la efectividad de las políticas implementadas.

El concejal Federico Martínez sostuvo que "las declaraciones de la secretaria de Protección Ciudadana describen una situación muy preocupante que merece ser abordada con responsabilidad y con información precisa. Si efectivamente siete de cada diez robos de motos son cometidos por menores, el Estado tiene la obligación de explicar qué está haciendo para prevenir que esos chicos lleguen a esa situación".

En ese sentido, el edil aclaró que el objetivo del pedido de informes no es generar una discusión coyuntural, sino aportar elementos para fortalecer las políticas públicas. "No alcanza con conocer el dato. Necesitamos saber cuáles son las herramientas que hoy tiene el Municipio para intervenir antes de que los adolescentes ingresen en circuitos delictivos, cómo se articulan esas acciones con otras instituciones y qué resultados están dando", afirmó.

Martínez también señaló que la seguridad y la inclusión social deben abordarse de manera integral, al considerar que detrás de muchos casos de adolescentes involucrados en delitos existen trayectorias atravesadas por la exclusión, el consumo problemático, el abandono escolar o la falta de oportunidades.

"Cuando hablamos de adolescentes involucrados en hechos delictivos también estamos hablando de trayectorias atravesadas por la exclusión, el consumo problemático, el abandono escolar o la falta de oportunidades. La prevención requiere políticas sostenidas, presencia territorial y un trabajo coordinado entre todas las áreas del Estado", expresó.

Por último, el concejal destacó que el acceso a la información pública es una herramienta clave para evaluar las políticas implementadas y sostuvo que el bloque busca conocer el diagnóstico que maneja el Municipio y las medidas previstas para reducir la participación de menores en hechos delictivos y ampliar las oportunidades de inclusión.

La Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio de Tandil puso en marcha una etapa clave del programa Tranqueras Seguras, una iniciativa diseñada para optimizar la asistencia ante emergencias en el vasto territorio rural del partido. Tras un trabajo previo de georreferenciación realizado por la Dirección de Estadística, que permitió mapear más de 2.600 tranqueras a lo largo de 15 kilómetros de caminos rurales, las autoridades comenzaron el contacto directo con los productores para la entrega de los kits identificatorios.

Juan Ibáñez, referente del área, detalló que el proceso consiste en asignar un número único a cada establecimiento, funcionando como una dirección postal para el campo. Este sistema se integra directamente con la aplicación Centinela, la herramienta de alerta temprana que ya se utiliza en el casco urbano para gestionar pedidos de auxilio ante situaciones de seguridad, incendios o emergencias de salud.

“Este mapa permite despachar la emergencia trazando una ruta precisa desde los centros de despacho hacia el establecimiento, facilitando la respuesta y haciéndola más ágil”, explicó Ibáñez. Al momento de registrarse en la aplicación, el usuario rural simplemente deberá consignar el número de tranquera asignado, lo que permitirá a los operadores del centro de monitoreo identificar la ubicación exacta del solicitante de manera inmediata.

El funcionario destacó la importancia de este avance tecnológico para el sector agropecuario. “Es una iniciativa de gobierno que busca acercar las herramientas tecnológicas también al área rural. Ahora que es posible, podemos integrar estas gestiones con la experiencia que ya tenemos en la ciudad”, señaló.

El ciclo de encuentros comenzó en el Club Defensores de la Canal, donde más de 50 vecinos participaron de la presentación y recibieron sus chapas identificatorias. Durante la jornada, los asistentes pudieron consultar el mapa digital y verificar la numeración correspondiente a sus predios, en un clima de intercambio positivo con las autoridades municipales.

La agenda de reuniones continuará este jueves, a las 18, en el Club del Hornero. Según indicó Juan Ibáñez, el objetivo es recorrer la mayor cantidad de parajes y localidades rurales posibles para asegurar que cada productor cuente con su kit. En paralelo a estas reuniones, el equipo de Protección Ciudadana llevará adelante un operativo de entrega y colocación de las identificaciones en cada tranquera.

Consultado sobre la recepción de los vecinos, el funcionario subrayó el interés mostrado por los productores, especialmente ante la necesidad de reforzar la prevención en zonas alejadas. “La recepción fue muy positiva, con mucha voluntad de interiorizarse en el programa. Se generó un muy buen intercambio entre nosotros y los vecinos, quienes pudieron ver cómo se asignan las identificaciones y cómo funciona el sistema de despacho”, concluyó.

El subsecretario de Protección Ciudadana, Juan Ibáñez, brindó detalles sobre el procedimiento realizado en el Tiro Federal. El funcionario explicó que la inspección del Renar, gestionada por el Municipio de Tandil, permitió deslindar las competencias nacionales de las locales, un punto fundamental para abordar los reclamos de los vecinos que habitan en las inmediaciones del predio.

Según detalló Ibáñez, el Renar verificó las condiciones de seguridad, la documentación de los instructores y el estado de las armas, sin encontrar anomalías en lo que respecta a su órbita de control. "El Renar ha verificado las condiciones que le son propias, dejando lo que correspondería a la municipalidad, como puede ser la mitigación de los ruidos y otras condiciones respecto a la normativa de habilitaciones", señaló el subsecretario.

El funcionario destacó que el Municipio ya había tomado medidas previas, como la fijación de horarios de funcionamiento específicos para evitar molestias en horarios de descanso. "Una de las primeras acciones que tomó el municipio fue la de establecer un horario de funcionamiento para el polígono, tanto a la mañana como a la tarde. Ese horario debe ser cumplido bajo pena de infracción, según lo que dispone el Código de Faltas Municipal", afirmó.

Respecto a los pasos a seguir, Ibáñez adelantó que la próxima semana se citará a las autoridades del Tiro Federal para avanzar en la adecuación a las ordenanzas locales. Esto incluirá la realización de mediciones de ruido y la exigencia de medidas de mitigación, tomando como referencia las recomendaciones del propio manual de entidades de tiro.

"La respuesta institucional del gobierno tiene que ser la de buscar mejorar la convivencia entre los vecinos, lo residencial y la práctica de la actividad", sostuvo Juan Ibáñez.

El subsecretario también aclaró que la inspección permitió identificar actividades, como una escuela de tiro de aire comprimido, que no caen bajo la órbita del Renar, por lo que el Municipio tendrá plena competencia para regularlas. "Esta inspección nos permite dirimir qué actividades podrían encuadrar dentro de lo que es la órbita municipal y en ese sentido se avanzará", concluyó.

Finalmente, Ibáñez aseguró que el Gobierno local se encuentra analizando las notas presentadas por los vecinos y que los resultados de la inspección nacional serán integrados en la respuesta formal que se les brindará, reafirmando el compromiso de la gestión por garantizar una convivencia armónica en la zona.

Por pedido del intendente Miguel Lunghi, este martes el Registro Nacional de Armas (Renar) llevó adelante una inspección integral en las instalaciones del Tiro Federal Brigadier General Martín Rodríguez de Tandil, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad e infraestructura previstas por la normativa vigente.La solicitud había sido presentada por el Municipio en abril de este año para que el organismo nacional verificara el cumplimiento de las condiciones de seguridad e infraestructura exigidas para el funcionamiento de la entidad de tiro, en el marco de las facultades de fiscalización que le otorga la Ley Nacional de Armas y Explosivos.Durante la inspección realizada, los funcionarios recorrieron los distintos sectores destinados a la práctica de tiro, verificaron las instalaciones, la documentación habilitante de la institución, las medidas de seguridad existentes y el resguardo del material controlado.Según consta en el acta labrada al finalizar la recorrida, el organismo verificó que el Tiro Federal cuenta con alarma sonora y lumínica, cartelería de advertencia y seguridad, parapalas y espaldones en condiciones, instalaciones reglamentarias, reglamento interno de funcionamiento y un sistema adecuado para el resguardo del material controlado. Asimismo, dejó constancia de que el establecimiento cumple con las condiciones previstas en el Manual de Entidades de Tiro y demás normas vigentes.Como única observación, los inspectores indicaron que la institución deberá reemplazar los extintores ubicados en el polígono por encontrarse vencidos y mantener ese equipamiento en correctas condiciones.A partir de las conclusiones de la inspección y teniendo en cuenta que el propio Manual de Entidades de Tiro contempla la adopción de medidas de mitigación acústica en polígonos ubicados en zonas urbanas, el Municipio continuará trabajando, dentro de sus competencias, en la evaluación de posibles medidas que contribuyan a reducir los ruidos molestos y favorezcan una mejor convivencia entre la institución y los vecinos del sector.

Tras dicha inspección, el subsecretario de Protección Ciudadana, Juan Ibañez, habló con el programa Ultimo Bondi de la radio de El Eco, subrayando que si bien las medidas de seguridad para la práctica de tiro son las adecuadas, la comuna pondrá el foco en las condiciones edilicias y la regularización de otras actividades.

Ibáñez participó de la recorrida junto a dos inspectores del organismo nacional para supervisar el cumplimiento de las normativas vigentes. Durante la jornada, se relevaron las instalaciones del Tiro Federal, una institución que cuenta con décadas de permanencia en el sector pero que, debido al crecimiento urbano de la ciudad, ha quedado integrada en una zona residencial, generando conflictos de convivencia con los habitantes de las barriadas linderas.

Desde la comuna se resaltó que la intención de esta gestión es encontrar un equilibrio entre una actividad lícita y el derecho al descanso de los ciudadanos. La presencia municipal en la inspección respondió al rol de solicitante que asumió el Ejecutivo local en el mes de mayo, buscando que el ente fiscalizador aporte claridad sobre las medidas técnicas necesarias para disminuir el impacto acústico de las detonaciones en el entorno.

E funcionario aclaró que el alcance de la competencia del organismo nacional se limita a la fiscalización de los materiales controlados y la seguridad del polígono, dejando en manos del municipio otras aristas del conflicto. El manual de entidades de tiro del Renar establece una serie de recomendaciones para la insonorización, especialmente en aquellos establecimientos que han quedado emplazados cerca de los ejidos urbanos. Es allí donde la Municipalidad planea intervenir con mayor rigor técnico en el corto plazo.

La inspección permitió delimitar las responsabilidades de cada jurisdicción. Mientras la Nación garantiza la seguridad en el manejo de las armas, la comuna se abocará a controlar el estado edilicio y el impacto que la actividad genera en la vía pública. "Esto nos permite ahora, como Municipio, comenzar a realizar actuaciones respecto a otras actividades que se detectaron en el predio", señaló Ibáñez, haciendo referencia a estructuras que se encuentran en proceso de obra y que deben ajustarse a la normativa local.

La problemática de los ruidos molestos es el eje central de las quejas vecinales que, en su punto de mayor ebullición, incluyeron una irrupción violenta de particulares en el predio durante una jornada de práctica. Para el Gobierno local, la solución técnica pasa por exigir un plan de adecuación acústica. Ibáñez adelantó que se analizarán las propuestas de cerramiento y techado en sectores clave, como el que da hacia la calle Sandino, para minimizar la propagación del sonido.

En la actualidad, el Tiro Federal debe regirse por una restricción horaria dispuesta por la Municipalidad, bajo el marco de la ordenanza que regula el Código de Faltas. Este esquema contempla horarios específicos de funcionamiento matutino y vespertino, con la prohibición total de actividades los días domingos y feriados. El subsecretario recordó que "ante un incumplimiento del horario fijado, la entidad es pasible de infracción", y aseguró que este control se mantiene plenamente vigente.

Respecto a la posibilidad de un traslado de la institución a una zona alejada de la urbe, una idea que ha circulado entre los responsables del Tiro Federal y los propios vecinos, el funcionario fue cauto. Si bien reconoció que existe una intención manifiesta de mudanza por parte de la comisión directiva del club, calificó la posibilidad como un "planteo abstracto" en la actualidad. Esto se debe a que el inmueble es propiedad de la Nación y cualquier gestión de enajenación o traslado requiere plazos e inversiones que exceden la inmediatez del conflicto actual.

La Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio difundió una serie de recomendaciones para prevenir robos cometidos mediante el uso de inhibidores de alarmas, una modalidad delictiva que consiste en bloquear la señal del cierre centralizado para que el vehículo quede sin llave, aunque su propietario crea que quedó correctamente asegurado.

La difusión de estas medidas se produjo luego del operativo policial realizado durante la mañana de este miércoles en inmediaciones de Piedrabuena y Espora, en el que, con apoyo del Centro de Monitoreo del Municipio, las fuerzas policiales detuvieron a una banda proveniente de Córdoba que estaría presuntamente vinculada a este tipo de hechos.

Desde la Secretaría recordaron que una de las principales medidas de prevención es no dejar objetos de valor dentro del vehículo, especialmente computadoras, mochilas, portafolios, carteras con dinero u otros elementos que puedan resultar atractivos para los delincuentes.

Asimismo, recomendaron que, al estacionar, se active la alarma o el cierre centralizado y se espere unos cinco segundos antes de alejarse del automóvil. Luego, es importante comprobar manualmente que las puertas hayan quedado efectivamente bloqueadas, intentando abrir alguna de ellas.

En caso de que la puerta se abra, advirtieron que es posible que un inhibidor de señal esté actuando en las inmediaciones. Ante esa situación, aconsejaron no retirarse del lugar, volver a intentar el cierre hasta verificar que el vehículo haya quedado correctamente asegurado y dar aviso de inmediato al 101 o mediante la aplicación Centinela.

Finalmente, desde la Secretaría de Protección Ciudadana remarcaron que este sencillo hábito de verificación demanda apenas unos segundos y puede evitar importantes perjuicios, al tiempo que insistieron en la importancia de mantener una actitud preventiva frente a este tipo de maniobras delictivas.

El Municipio de Tandil continúa avanzando con la implementación del Programa Tranqueras Seguras y Centinela en Territorio Rural. En ese marco, la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, encabezó una reunión de trabajo con representantes de instituciones vinculadas al ámbito rural para coordinar las acciones que permitirán iniciar el contacto directo con los vecinos en los distintos establecimientos del partido.

En el encuentro participaron Manuel Otero y Hernán Armendáriz (Funtala), Alcides Fortunato (Sociedad Rural), Pablo Ceriani (Cooperativa Vial), Víctor Calderón y Germán Ludueña (Comando de Patrulla Rural), el subsecretario de Protección Ciudadana, Juan Ibáñez; el delegado municipal de Vela, Pablo Retondo; la delegada municipal de Gardey, Gabriela Tellería, y el coordinador de la zona rural, Carlos Balbín. Además, en esta etapa de implementación también se convocó a Federación Agraria Argentina y a Cretal, y se continuará ampliando el trabajo conjunto con cooperativas y otras instituciones vinculadas al sector rural.

Durante la reunión se presentó el funcionamiento del programa y los alcances de esta nueva herramienta, destinada a fortalecer el Sistema Integral de Protección Ciudadana en el ámbito rural mediante la integración del Programa Tranqueras Seguras, la aplicación Centinela y la nueva línea de Centinela en Territorio Rural. El objetivo es optimizar la localización de los establecimientos rurales y fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de seguridad, emergencias médicas, incendios o eventos que requieran la intervención de Bomberos o Defensa Civil.

"La intención es llegar antes de que una emergencia se convierta en un problema mayor. Por eso este programa combina tecnología, presencia territorial y el trabajo conjunto con las instituciones rurales para que cada vecino sepa que cuenta con un sistema preparado para brindar una respuesta más rápida y eficiente cuando la necesite", destacó Marcieri.

En ese sentido, remarcó que "sabemos que vivir y producir en la zona rural implica desafíos diferentes a los de la ciudad. Las distancias pueden hacer que cada minuto sea importante cuando ocurre una emergencia. Por eso impulsamos este programa: para acompañar a los vecinos con más herramientas, mejorar la localización de los establecimientos y optimizar la respuesta de todos los servicios que integran nuestro Sistema Integral de Protección Ciudadana".

Además, se coordinaron las acciones para la difusión del programa y el inicio del trabajo en territorio, una tarea que se desarrollará en articulación con las instituciones que forman parte de esta primera etapa y con otras entidades vinculadas al sector rural que se irán incorporando durante la implementación.

Como parte de esta etapa, en las próximas semanas comenzarán los recorridos por los distintos establecimientos rurales del partido, iniciando por la zona de El Hornero. Los equipos estarán integrados por móviles de Centinela en Territorio Rural, Defensa Civil y el Comando de Patrulla Rural, que recorrerán cada sector para mantener un contacto directo con los vecinos, presentar el programa y explicar su funcionamiento.

Durante cada visita se informará el número de identificación (ID) asignado a la tranquera de cada establecimiento, incorporado al sistema de georreferenciación, y se entregará el kit del programa, que incluye el cartel de señalización para su colocación en el ingreso al campo. Si bien la ubicación ya se encuentra registrada dentro del sistema, la señalización constituye una herramienta adicional que facilita la identificación visual del acceso y contribuye a optimizar los tiempos de intervención ante una emergencia.

Asimismo, los equipos brindarán asesoramiento sobre la aplicación Centinela. Aquellos vecinos que aún no la tengan instalada podrán incorporarla a sus dispositivos, mientras que quienes ya la utilicen recibirán asistencia para actualizarla y acceder a las nuevas funcionalidades vinculadas al programa.

Finalmente, Alejandra Marcieri agradeció la predisposición y el compromiso de las instituciones participantes para trabajar de manera conjunta y colaborar con la implementación de esta nueva herramienta.

Vecinos del lote con obras clandestinas de calle Israel amenazaron de manera verbal a funcionarios municipales que fueron a inspeccionar el lugar. Así lo confirmaron desde la Comuna a El Eco, agregando también que analizan realizar la denuncia por el caso. 

El hecho se produjo durante el lunes 29 de junio, cuando la propia secretaria de Protección Ciudadana - Alejandra Marcieri-, junto con el director de Obras Privadas, un móvil de Centinela en Territorio y hasta efectivos policiales concurrieron hasta el loteo de la calle Israel, ubicado en Zona Protegida.

La manzana en cuestión volvió a tomar estado público durante los últimos días, ya que el concejal Rogelio Iparraguirre -bloque Fuerza Patria-, elevó un pedido de informes para conocer los detalles de la urbanización. El caso había sido denunciado por al Asamblea por la Preservación de las Sierras en noviembre de 2024.

Al frente de Protección Ciudadana, Marcieri tiene a su cargo Inspección General, por lo que encabezó el operativo que se acercó hasta el lugar con el objetivo de tomar registro de “la ocupación de la calle a la que le pusieron portón”, informaron desde el Municipio.

También para constatar el estado de las construcciones. Se detectaron seis viviendas y una cabaña, en su mayor parte en construcción. Sin embargo, se produjo una situación de tensión a partir de agresiones verbales de parte de los vecinos. 

“Las agresiones fueron verbales con amenazas”, transmitieron desde el gobierno local, por lo que los funcionarios implicados evalúan realizar la denuncia correspondiente. Si bien el episodio “no pasó a mayores”, se supo también que los vecinos tuvieron formas violentas incluso con los agentes policiales.

“Son obras clandestinas”

Fue el concejal Rogelio Iparraguirre quien volvió a poner en agenda pública el loteo irregular en una Zona Protegida, por arriba de la cota permitida para desarrollos inmobiliarios múltiples. Lo hizo al presentar un pedido de informes al Ejecutivo municipal durante la última sesión del Concejo Deliberante.

El mismo caso había sido denunciado por la Asamblea por la Preservación de las Sierras. La entidad ciudadana publicó, en noviembre de 2024, una imagen de un portón ubicado sobre calle Israel, poniendo en cuestión la ocupación de la arteria pública.

A partir de la solicitud de informes, el secretario de Planeamiento y Obras Públicas de la Comuna dialogó con El Eco de Tandil y confirmó dos de las sospechas que pesaban sobre el lugar: que parte había sido comercializado como condominio -pese a que esa figura está prohibida para Zona Protegida-, y que las construcciones en marcha eran obras clandestinas. En concreto, las viviendas no contaban con la presentación reglamentaria de planos ante los organismos municipales correspondientes.

El funcionario sostuvo además que habían inspeccionado el loteo -dijo, incluso antes de la denuncia de la Asamblea-, y que tras detectar la irregularidad radicaron una denuncia en el Juzgado de Faltas 2, a cargo del juez Oliveto. En el mismo sentido, hicieron una presentación a Hidráulica de Provincia, ya que por el lote pasa un arroyo semipermanente. 

Otro dato que se supo en los últimos días fue que la construcción de las viviendas estuvo a cargo del mismo desarrollador que tiempo atrás se vio envuelto en un escándalo: en un loteo de La Elena, un trabajador que se desempeñaba en el movimiento de suelo agredió brutalmente a un vecino que se acercó a preguntar por las tareas en el lugar.

Ese caso motivó un debate en torno a la proliferación de ventas -estafas-, mediante la figura de condominio en Tandil. Cabe recordar, en particular en Zona Protegida, la del condominio no es una modalidad permitida para la subdivisión de lotes. Vecinos que han adquirido terrenos de esa manera resultaron estafados: no deberían poder luego escriturar más de una vivienda en el conjunto del lote.

Ante tales situaciones, el concejal Rogelio Iparraguirre también presentó un proyecto de ordenanza, que actualmente el Ejecutivo municipal evalúa. La iniciativa propone crear una cédula para lotes, que le permitirá a cada posible comprador conocer a ciencia cierta qué se puede y qué no se puede construir en cada caso.

La Dirección de Defensa Civil del Municipio de Tandil, dependiente de la Secretaría de Protección Ciudadana, participó de una jornada de capacitación en prevención y respuesta ante emergencias que se desarrolló en la Escuela de Educación Primaria Nº 48 y el Jardín de Infantes Rural (JIRIMM) Nº 11, ubicados en el paraje Los Huesos.

La actividad reunió a alumnos, docentes y vecinos de la comunidad con el objetivo de brindar conocimientos y herramientas prácticas para actuar de manera segura frente a distintas situaciones de riesgo, fortaleciendo la cultura de la prevención en ámbitos educativos y comunitarios.

La propuesta contó además con la participación de Camuzzi, Cruz Roja y Bomberos Voluntarios de Gardey, cuyos integrantes desarrollaron diferentes instancias de capacitación de acuerdo con su especialidad.

Desde la Dirección de Defensa Civil se trabajó sobre la prevención de incendios, difundiendo pautas de actuación ante este tipo de emergencias y presentando la aplicación Centinela, una herramienta que permite a los vecinos comunicarse rápidamente con los servicios de emergencia. Durante la exposición también se explicó cómo descargarla, instalarla y utilizar sus principales funciones.

En ese marco, representantes de Camuzzi ofrecieron una charla sobre la prevención de accidentes por inhalación de monóxido de carbono, haciendo hincapié en las medidas de seguridad para el uso de artefactos a gas y la importancia de la ventilación de los ambientes.

Por su parte, integrantes de Cruz Roja brindaron contenidos vinculados a primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP), compartiendo conceptos básicos para actuar durante los primeros minutos de una emergencia.

A su vez, Bomberos Voluntarios de Gardey explicaron el uso correcto de los matafuegos, los distintos tipos de extintores y las recomendaciones para mantener instalaciones de gas seguras tanto en viviendas como en establecimientos educativos.

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana destacaron el valor de este tipo de encuentros, que permiten acercar información útil a la comunidad, promover hábitos preventivos y fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones que integran el sistema local de respuesta ante emergencias.

Asimismo, agradecieron a las autoridades de la Escuela Primaria Nº 48 y del JIRIMM Nº 11 por recibir la iniciativa y facilitar el desarrollo de la actividad, como también a todos los participantes por el interés y el compromiso demostrado durante la jornada.

Autoridades del Municipio de Tandil participaron este viernes de una reunión ampliada junto a integrantes de los Ministerios Públicos Fiscales Federal y de la Provincia de Buenos Aires y representantes del Poder Judicial Federal, con el objetivo de tratar la problemática de la narcocriminalidad y los consumos problemáticos en la ciudad.

El encuentro reunió a funcionarios de distintas instancias y jurisdicciones, y marcó un hecho relevante en nuestra ciudad al incorporar por primera vez al gobierno municipal en este ámbito de trabajo, reconociendo su tarea en la prevención en la iniciación del consumo problemático, destacando los programas de las áreas de Salud y Desarrollo Humano, como así también el valioso aporte de los registros fílmicos del Centro de Monitoreo como prueba central en la investigación y enjuiciamiento de delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

En representación del Municipio participaron el intendente Miguel Lunghi; la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri; la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Juliana Teerink; y el secretario de Legal y Técnica, Juan Maciá Cantarelli, entre otros funcionarios.

Por parte de los organismos judiciales y de los Ministerios Públicos estuvieron presentes el fiscal general federal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Dr. Raúl Pleé; el fiscal general federal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Dr. Daniel Eduardo Adler; el fiscal general del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires del Departamento Judicial de Azul, Dr. Marcelo Sobrino; el juez federal a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Azul, Dr. Gabriel Hernán Di Giulio; la fiscal federal subrogante a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Azul, Dra. María José Buglione; el fiscal federal subrogante a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Tandil, Dr. Marcos Silvagni; el fiscal titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio nº 13 de Azul, Dr. Adrián Peiretti; junto a demás funcionarios federales y provinciales.

Durante la reunión, las autoridades comunales expusieron el trabajo sostenido que se lleva adelante desde el Sistema Integrado de Salud Pública, la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat y la Secretaría de Protección Ciudadana, áreas que intervienen diariamente en situaciones vinculadas al consumo problemático, la vulnerabilidad social y las consecuencias de la venta ilegal de estupefacientes.

En ese marco, se puso a disposición de las autoridades judiciales la información relevada a partir del trabajo territorial, las denuncias vecinales y el análisis del sistema de videovigilancia, para su evaluación y eventual incorporación en procesos investigativos.

Luego del encuentro, el intendente Miguel Lunghi valoró la instancia de trabajo conjunto y sostuvo: “Es muy importante poder contar con estos espacios de diálogo y articulación con las autoridades judiciales y los Ministerios Públicos. Como Municipio, sabemos que no tenemos competencia directa, pero también sabemos que somos el nivel del Estado más cercano al vecino, y el de mayor contacto, por lo que recibimos de manera cotidiana sus preocupaciones. Por eso venimos a aportar información, a colaborar y también a plantear la necesidad de avanzar con mayor celeridad y coordinación en las respuestas”.

Las autoridades locales plantearon la necesidad de fortalecer los canales de intercambio de información y establecer mecanismos de devolución que permitan conocer el estado de las actuaciones iniciadas a partir de los aportes realizados desde el ámbito local.

Por su parte, la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, señaló: “Desde el Municipio venimos realizando un trabajo sostenido de relevamiento, análisis y aporte de información a las distintas áreas competentes. Valoramos la posibilidad de poder compartir estos diagnósticos y esperamos que esto se traduzca en acciones concretas. Es fundamental mejorar los niveles de articulación, contar con canales de intercambio y poder hacer un seguimiento efectivo de las intervenciones”.

En este sentido, se remarcó que la respuesta a esta problemática requiere una política criminal coordinada, con mayor presencia operativa en el territorio y el despliegue de fuerzas federales en puntos estratégicos, incluyendo controles en rutas de acceso por parte de las fuerzas de seguridad federales.

“Consideramos de suma importancia como tarea preventiva poder contar con el despliegue de operativos de fuerzas federales, como Gendarmería Nacional, en rutas estratégicas, a fin de implementar controles regulares de carga en diversos tipos de transporte, como se visualiza en localidades de la zona, pero no así en nuestra ciudad. También contar con un mecanismo de intercambio de información que nos permita cargar en el sistema de lectores de patentes aquellos vehículos involucrados en causas de narcocriminalidad”, agregó.

Asimismo, Alejandra Marcieri puntualizó la necesidad de contar con operativos con fuerzas federales de identificación de extranjeros para dar cumplimiento con la normativa migratoria.

Desde el Municipio se ratificó la voluntad de continuar colaborando activamente con los organismos competentes mediante el aporte de información territorial, recursos tecnológicos y presencia preventiva en los barrios y se recalcó la importancia de optimizar los canales de comunicación con las distintas jurisdicciones con el fin de mejorar el seguimiento de las causas en curso, evitar superposiciones y garantizar una respuesta ante las demandas de la comunidad.

Finalmente, todos los participantes acordaron continuar trabajando en forma conjunta entre todos los niveles de gobierno para abordar la problemática, celebrando el encuentro de esta tarde.

El Municipio presentó un balance sobre las inversiones y el trabajo realizado durante el último fin de semana largo. Afirmaron que fue “la mejor Semana Santa pospandemia”, y brindaron detalles de los resultados: ocupación plena, una consideración positiva de la descentralización de las ferias y la realización de nuevos eventos, y un operativo que incluyó destinar alrededor de 7 millones de pesos en materia de seguridad.

“Consideramos que fue la mejor Semana Santa post pandemia que hemos tenido en cantidad de visitantes, en el movimiento que se ha generado en la ciudad y en el consumo que eso generó. Ya sea con la capacidad de alojamiento colmada, o con vecinos y amigos que residen en otra ciudad y que pararon en casas de familia, o con gente alojándose en campings. Ha sido una Semana Santa muy buena para la ciudad”, expresó Miguel Ángel Lunghi, secretario de Gobierno.

El balance fue presentado en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en Villa Onena y de la que participaron tanto Lunghi como la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, y el secretario de Desarrollo Productivo e Innovación.

Tal como había informado El Eco, la inversión destinada por el Municipio durante Semana Santa fue de alrededor de 200 millones de pesos que se utilizaron para infraestructura, servicios, logística, eventos, ferias y recursos humanos. De ese total, 68 millones fueron para asegurar la energía e iluminación, en particular de las ferias.

Con el objetivo de descentralizar la tradicional Feria de Artesanos que se lleva a cabo en la diagonal Illia, desde la Comuna promovieron la realización de otros espacios similares en distintos paseos públicos de la ciudad. Por ese motivo hubo más de 850 feriantes: 380 artesanos y manualistas, 70 emprendedores, 40 stands de la Feria de Sabores y 12 puestos en el Patio Gastronómico a los pies de la portada del Parque; 30 puestos de la Feria Religiosa de Plaza San Martín, 141 puestos y 25 carros gastronómicos en el Festival del Lago; 30 puestos de moda circular en La Estación; 238 puestos en la Feria Mercantil del Hipódromo y 120 puestos de ferias estables. Además, hubo 29 shows en vivo y 17 artistas callejeros.

La obra Jesús El Nazareno, informaron, tuvo un 20 por ciento más de público e incorporó 25 actores y renovó sus sistema de iluminación.

“Hubo 100 por ciento de ocupación”, sumó Lunghi, quien agregó que “este es el fin de semana por excelencia que nos muestra ante nuestros visitantes y turistas”.

La secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, brindó precisiones sobre la inversión y los resultados del operativo de seguridad montado durante el fin de semana largo.

“Tuvimos una reunión específica dado que desde el área de Desarrollo Productivo se propusieron otros espacios que antes no estaban en la agenda a la hora de la planificación de la seguridad. E intentamos brindar un servicio para que no solo el tandilense se sienta seguro, sino también para que aquellos que nos visitan vean a nuestra ciudad como un destino seguro”, sostuvo Marcieri.

Señaló que desplegaron estrategias diferentes a la de años anteriores, y en ese sentido precisó que hubo “una inversión de más de 7 millones de pesos en policía adicional que involucró traer a la Infantería, vehículos de Caballería, torres específicas de monitoreo ubicados en distintos lugares como es El Calvario o la cima del Parque”.

Además, indicó que hubo colaboración del GAD, y que de parte de Centinela en Territorio pusieron a disposición los móviles del área, durante 24 horas los cuatro días. Para el mismo operativo, desde la misma Secretaría también pusieron en operaciones a 90 agentes de Inspección General.

“Por otro lado, diseñamos un sistema de monitoreo este que estaba relacionado con los puntos específicos de mayor concurrencia, pero para monitorear la periferia, esto quiere decir garantizarle al ciudadano también tener un monitoreo. Hicimos un box específico para monitorear determinadas zonas en las periferias de los eventos y también hicimos todo un trabajo con el drone monitoreando desde el aire”, sostuvo.

El secretario de Desarrollo Productivo e Innovación también trazó un balance positivo de Semana Santa, en particular del trabajo realizado en pos de descentralizar las actividades de la zona del Parque Independencia y promover eventos en otros espacios públicos de la ciudad.

Pero a su vez, el funcionario destacó cómo Semana Santa posiciona a Tandil como destino a nivel nacional. “Para nosotros es la fecha por excelencia en el año en donde promocionamos este destino y donde publicitamos la ciudad hacia la Argentina. Sabemos que tradicionalmente la ciudad siempre fue vista en Semana Santa por una cuestión del turismo religioso. Pero ese turismo ya escaló y la ciudad ya es un destino habitual y es un destino anual”, indicó.

Como ejemplos, hizo mención a cómo tanto medios nacionales se trasladaron a Tandil para cubrir las actividades del fin de semana, como así también las opiniones y reseñas positivas de influencers que difundieron Tandil a través de redes sociales. “Eso nosotros nos posiciona a nivel nacional”, celebró Martín.

El funcionario celebró el éxito del Festival del Lago y la Feria Religiosa, dos de las nuevas propuestas concretadas por el gobierno comunal. Pero también se refirió al nivel de ocupación y a las particularidades de la misma.

“Nosotros creemos que desde pandemia para acá, este fue el año donde más concurrencia de visitantes. Pero tuvimos con algunas particularidades. Antes se vendían las cuatro noches a una misma familia y tuvimos la particularidad que se desmembró eso y de pronto hubieron en un mismo alojamiento dos familias. Es decir, se vendían de a dos días, de a un día. Eso generó que más cantidad de gente visitase la ciudad y que el alojamiento así todo estuvieras al 100 por ciento”, explicó.

Martín concluyó adelantando que se encuentran trabajando en un informe detallado sobre el movimiento económico, pero que en principio ya registraron números positivos producto del impacto del movimiento durante el fin de semana largo.

Premiados artesanos pasaron por las ferias que se realizaron durante Semana Santa

Desde la Subsecretaría de Cultura y Educación dieron a conocer detalles con respecto al desarrollo de las ferias que tuvieron a su cargo durante la última Semana Santa: la de Artesanos y Manualistas de la diagonal Illia, la Feria Religiosa, el Mercado de Pulgas, la Feria de La Movediza, la Feria de la Plaza Independencia, el Mercado Artesanal y la Feria de Moda Circular realizada en La Estación. Además, en el Jardín de la Paz se llevó a cabo el Encuentro de Talladores en madera, y en Sierra de Tigre estuvieron presentes los talladores de piedra.

En concreto, precisaron que hubo más de 550 feriantes de los cuales un 62 por ciento resultaron locales y un 38 por ciento foráneos. Entre estos últimos hubo oriundos de Jujuy, Bariloche, La Pampa, La Costa, Córdoba, Tierra del Fuego, Trevelin y otros.

Sumaron que, siguiendo el camino marcado por la temporada de verano y los encuentros de artesanos, llegaron a la ciudad manualistas que recibieron destacados premios, como el del Salón Nacional de Creatividad y Diseño Artesanal de Berazategui, premio del Poncho, y el Ruega de Plata de Colón

El Municipio acompañará la realización de la charla abierta “Hablemos”, un espacio de encuentro y reflexión destinado a informar y promover herramientas de prevención frente a los consumos problemáticos. La actividad se realizará el jueves 9 de abril a las 19.30 en el Teatro del Fuerte y está dirigida a toda la comunidad, con el objetivo de generar un ámbito de diálogo y acompañamiento sobre una problemática que atraviesa a distintos sectores sociales.

Carolina Arce, directora del área de Prevención Comunitaria de la Secretaría de Protección Ciudadana, dialogó con El Eco Multimedios y describió el panorama actual en la ciudad. Con una situación cada vez más palpable en la sociedad, la funcionaria contó que la propuesta surgió de una iniciativa de Mesa Solidaria y Mirmidones, en una articulación que desde el Estado local consideran fundamental.

Arce comentó que la idea es visibilizar el trabajo que desde la dependencia se viene realizando con un perfil bajo junto con los dispositivos barriales. “Consideramos que es momento de dar a conocer cómo trabajamos con situaciones de extrema vulnerabilidad para que la gente sepa dónde referenciarse”, indicó.

Cabe mencionar que en la actualidad funcionan tres dispositivos barriales: en Las Tunitas se encuentra “Amar Tunitas”, ubicado en Bolivia 541; en La Movediza está “Amar Movediza”, en Azucena y Paseo de los Niños; y también se trabaja junto con la Bicicletería Comunitaria. A su vez, la funcionaria remarcó que en Villa Gaucho todavía no hay un espacio físico, pero sí hay operadores trabajando.

Arce detalló la forma de trabajo que tienen estos espacios. En primera instancia se realiza una escucha en la institución, se genera contención, se asesora y, de acuerdo a la complejidad del caso, se decide el tratamiento.

En ese sentido, indicó que puede ser ambulatorio o con derivación a alguna comunidad terapéutica que articula con el Municipio. Actualmente trabajan con centros en Trenque Lauquen, Zárate y Pilar. También en la ciudad existe un trabajo coordinado con “Vientos de Libertad”, un dispositivo que, según Arce, trabaja correctamente a pesar de atravesar un desfinanciamiento por parte de la Sedronar.

“Lo que es el tema de internaciones, generalmente no se realizan en la misma ciudad porque hay estadísticas que indican que no funcionan; entonces lo que se trata es de derivar”, explicó. Al trabajar con personas en situación de vulnerabilidad social que no pueden solventar los gastos, la Secretaría paga la admisión a la comunidad y luego se busca comprometer a la familia.

El objetivo de este compromiso familiar es acompañar de forma integral, ya que al terminar el tratamiento el paciente debe volver a su lugar de origen. Arce agregó que, si bien se trabajaba a partir de los 12 años, se bajó la edad para fortalecer la prevención.

Respecto al crecimiento de la problemática como consecuencia de la crisis económica, la funcionaria hizo hincapié en que la clave es la articulación entre el Estado y las instituciones territoriales. “Falta conocer un poco lo que está haciendo el de al lado”, cerró.

La propuesta, organizada por la Secretaría de Protección Ciudadana y Mesa Solidaria, busca construir herramientas colectivas para el abordaje comunitario.

Durante la jornada se desarrollará un panel con especialistas y referentes como Enzo Gioventu, quien compartirá su experiencia personal; Guillermo Dorado, con trayectoria en el abordaje clínico; Gastón Canale, referente en el trabajo barrial; y Esteban Ignacio Viñas, quien aportará la mirada desde el ámbito judicial.

La actividad será el jueves a las 19.30 en el Teatro del Fuerte. Desde Protección Ciudadana recordaron que la entrada es libre y gratuita.