Integrantes de la agrupación Adultos Mayores en Lucha (Amalu) se concentraron durante la mañana de ayer en la intersección de San Martín y Rodríguez para llevar adelante un "semaforazo" informativo.

La actividad tuvo como objetivo central recolectar adhesiones para un petitorio que será presentado próximamente ante el Congreso de la Nación y el Concejo Deliberante local. Esteban Lucero, referente de la organización, explicó que la iniciativa busca poner de manifiesto la crítica situación que atraviesa el sector frente a la actual política económica, la cual calificó como un proceso de "destrucción de la jubilación y del salario".

Durante la jornada, los manifestantes reiteraron un pliego de demandas que consideran irrenunciables para garantizar una vida digna. En primer lugar, Lucero exigió que vuelvan los medicamentos sin cargo para todos los jubilados, un beneficio que ha sufrido severas restricciones en los últimos meses. Asimismo, reclamó un aumento urgente de los haberes, señalando que las cifras actuales rozan los límites de la miseria y no alcanzan para cubrir la canasta básica. El tercer punto de la protesta se centró en la defensa de la moratoria previsional, argumentando que miles de personas no pudieron realizar sus aportes por la informalidad laboral y no por desidia personal.

Otro de los ejes de preocupación para la agrupación local fue el rechazo al denominado Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Sobre este punto, Lucero fue tajante al calificar como una "infamia" la intención del Ejecutivo de utilizar fondos pertenecientes al sistema previsional para el pago de indemnizaciones laborales. En este contexto, el referente tandilense aseguró que la lucha de los adultos mayores no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un marco de resistencia generalizado. Por tal motivo, desde Amalu resolvierion unirse a todos los reclamantes bajo la premisa de que "nadie se salva solo".

Uno de los datos más significativos que dejó la jornada de protesta fue el alto nivel de participación de las nuevas generaciones. Según observaron los organizadores, el interés de los jóvenes por la situación de los jubilados superó las expectativas iniciales. Lucero manifestó con entusiasmo que "es muy notable la recepción de la gente y no solo la gente grande, sino los jóvenes que firman para su abuela", una frase que se escuchó repetidamente frente a las planillas de firmas. Para el dirigente, este fenómeno representa un cambio de aire en la percepción social de la problemática previsional.

En su análisis de la realidad social, el referente de Amalu vinculó la situación de las personas mayores con la precariedad que enfrentan los jóvenes en el mercado laboral actual. Indicó que muchos chicos que confiaron en promesas de cambio hoy se encuentran "endeudados hasta el cuello" y sin perspectivas de independencia económica. Lucero detalló que gran parte de esta juventud trabaja en plataformas de reparto y se ve obligada a regresar a la vivienda de sus padres debido a la imposibilidad de afrontar el costo de los alquileres y los servicios básicos, como la luz y el gas.

Esta confluencia de sectores en la calle fue vista por los manifestantes como un signo de unidad frente al ajuste. Lucero recordó que Tandil ha sido escenario de movilizaciones muy importantes en lo que va del año, citando como ejemplos la marcha del 24 de marzo, la movilización en defensa de la Universidad Pública el 12 de mayo y la jornada del Ni Una Menos el 3 de junio. Para el dirigente, cada una de estas expresiones populares forma parte de un mismo "torrente que va creciendo", donde la recolección de firmas es una gota que se suma a un reclamo colectivo que no deja de expandirse en la ciudad.

Respecto a la continuidad de la campaña, la agrupación Amalu mantiene su esquema de reuniones periódicas cada miércoles para evaluar el avance de la iniciativa. Si bien todavía no se definió la fecha exacta para la presentación formal de las rúbricas ante el cuerpo legislativo local, se estima que ya han alcanzado un piso cercano a las 1000 firmas. La intención del espacio es superar ese número en los próximos días para otorgar una mayor legitimidad al reclamo cuando sea entregado en el Palacio Municipal. "Vamos a definir qué es más importante, si demorar para juntar más o presentar las que ya tenemos", concluyó el referente.

Los alrededores de la Ciudad Deportiva de Majadahonda, establecimiento que pertenece al Atlético de Madrid, amanecieron con pancartas dedicadas a Julián Álvarez. La relación entre el delantero y un sector de los simpatizantes atraviesa su momento de mayor tensión, luego de que el jugador manifestara su deseo de abandonar el club durante este mercado de pases.

Entre los mensajes colocados cerca de los accesos al Cerro del Espino, donde habitualmente se entrena el equipo conducido por Diego Simeone, se destacaba la leyenda “Julián fuera”. Otro de los carteles fue aún más gráfico, al mostrar una señal de prohibición con el número 19 en su interior, en clara referencia al dorsal que utiliza el futbolista desde su llegada al conjunto madrileño.

Este episodio representa un nuevo capítulo de una relación que comenzó a deteriorarse tras la intención pública del jugador de buscar un nuevo desafío deportivo. El delantero pretende continuar su carrera en el Barcelona y su entorno ha mantenido diversos movimientos en las últimas semanas para concretar una salida, aunque la dirigencia del Atlético de Madrid se ha mostrado reacia a negociar con un rival directo de LaLiga.

En el debut frente al Málaga en el estadio Metropolitano, un sector de la tribuna ya había expresado su descontento con cánticos contra el argentino, quien no formó parte de los convocados por no encontrarse en plenitud física tras su reincorporación luego del Mundial. Consultado por aquella reacción, el entrenador Diego Simeone evitó confrontar con los hinchas y se limitó a manifestar su respeto por la gente del club. El técnico mantiene públicamente su intención de contar con Julián Álvarez, a quien considera una figura fundamental del proyecto.

Desde su llegada al club en 2024, proveniente del Manchester City, el atacante disputó 106 partidos, convirtió 49 goles y entregó 17 asistencias. Pese a estos números, su deseo de marcharse ha generado malestar. Además del interés del Barcelona, el Arsenal aparece como otra posibilidad, una opción que resultaría más atractiva para la institución madrileña al evitar reforzar a un competidor directo en el campeonato español.

Organizaciones sociales, gremiales y políticas se encuentran concentradas bajo la lluvia frente al Congreso de la Nación, en rechazo a la Ley de Propiedad Privada, previo al inicio del debate en el Senado que impulsa el espacio político La Libertad Avanza.

Entre las agrupaciones presentes se encuentran el Movimiento Evita, Libres del Sur, Izquierda Socialista y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales, las cuales se han posicionado sobre la Avenida Entre Ríos y en la plaza situada frente al Parlamento.

A pesar de que el Gobierno decidió dar de baja la cláusula que permitía la venta de tierras a extranjeros con el objetivo de asegurar la sesión en la Cámara alta, la medida no logró desactivar la movilización. Los gremios y las organizaciones sociales mantienen su postura de rechazo hacia la totalidad de la iniciativa legislativa.

En cuanto al operativo de seguridad, las áreas con mayor presencia de vallados y efectivos policiales se ubican en la calle Hipólito Yrigoyen y en las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia. Asimismo, diversas columnas que partieron desde la Avenida 9 de Julio avanzan de forma directa a través de la Avenida de Mayo hacia la zona del Palacio Legislativo.

Luego de la jornada de paro nacional, los movimientos sociales, las principales centrales sindicales y los gremios docentes anticiparon que preparan nuevas medidas de fuerza para todo agosto. Este escenario pondrá al Gobierno de Javier Milei frente a uno de los mayores desafíos en materia de conflictividad social desde el inicio de su gestión.

Según detalló la comunidad educativa, los sindicatos docentes nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezarán en las próximas semanas clases públicas, volanteadas, actividades y nuevas movilizaciones. El objetivo es reclamar mejoras salariales, la reactivación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

“Creemos que hay un atentado muy fuerte contra el derecho a la huelga y a la libertad sindical, vamos a llevar adelante acciones legales a nivel nacional e internacional”, anticipó la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, en relación a los operativos de inspección que llevó adelante el gobierno durante el paro nacional. 

Cabe recordar que, con la reforma laboral, la educación fue declarada como servicio esencial, por lo que los gremios debían cumplir una cobertura del 75 por ciento para asegurar el dictado de clases. Ante esto, el Ministerio de Capital Humano inspeccionó escuelas de todo el país para verificar el cumplimiento de dicha cobertura.

Al respecto, Sonia Alesso denunció que el ejecutivo busca desalentar la adhesión a las medidas de fuerza mediante mecanismos de control sobre la asistencia del personal.

La agenda de protestas continuará este miércoles 5 de agosto, cuando la CGT, las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se movilicen al Congreso para rechazar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el oficialismo busca tratar en el Senado nacional. La jornada incluirá también los reclamos del sector docente.

En tanto, el jueves 6 de agosto tendrá lugar uno de los actos centrales del calendario. En el marco del día de San Cayetano, las centrales sindicales y diversas organizaciones sociales encabezarán una peregrinación desde la basílica de Liniers hasta Plaza de Mayo bajo la consigna “Tierra, Techo y Trabajo”, lema impulsado por el Papa Francisco. Los organizadores aseguraron que será “la marcha más grande de la década” y esperan la participación de agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos, colectivos feministas, organizaciones territoriales y distintos sectores sindicales. La jornada comenzará con la tradicional bendición de herramientas.

Es preciso destacar que la movilización de San Cayetano cumplirá diez años desde su primera edición, realizada en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri, la cual marcó el inicio del reclamo por la Ley de Emergencia Social.

La Met Gala, considerada la fiesta más exclusiva del mundo y un espectáculo de extravagancia que reúne a las figuras más influyentes, atraviesa una edición marcada por la tensión. El evento, que cobra 100.000 dólares por entrada, despliega su alfombra roja en las escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Manhattan, pero este año enfrenta el rechazo de diversos sectores por la decisión de nombrar al fundador de Amazon, Jeff Bezos, y a su esposa, Lauren Sánchez Bezos, como presidentes honorarios.

La oposición a los Bezos comenzó en febrero, tras ser anunciados como patrocinadores financieros. Este malestar se enmarca en un creciente sentimiento contra las grandes fortunas en la ciudad de Nueva York. La indignación escaló cuando el recién elegido alcalde, Zohran Mamdani, un socialista democrático, anunció que no asistiría a la gala para centrarse en la “asequibilidad”, rompiendo con la tradición de sus predecesores.

En las redes sociales y las calles neoyorquinas, la campaña contra el empresario se intensificó con apodos como la “Amazon Prime Gala” o el “Baile de Bezos”. El grupo activista Everyone Hates Elon lideró un boicot que incluyó la colocación de cerca de 300 botellas de orina falsa dentro del museo, en alusión a las denuncias de trabajadores de la empresa que aseguran no poder tomar descansos para ir al baño.

Durante la víspera del evento, se proyectaron entrevistas con empleados de la firma sobre el Empire State Building y el edificio Chrysler.

“Si puedes comprar la Met Gala, puedes pagar más impuestos”

rezaba uno de los mensajes emitidos desde una camioneta frente al ático del matrimonio. Ante este escenario, el transeúnte Mayan Rajendran se preguntó qué relación tiene el empresario con la industria de la moda, una duda compartida por otros críticos.

Entre ellos se encuentra Blakely Thornton, un influencer que participó el año pasado, quien cuestionó la alianza con el magnate y afirmó que preferiría no ser parte de lo que calificó como un espectáculo orquestado por oligarcas. Por su parte, la gala, que se realiza desde 1948, funciona como una recaudación de fondos para el Instituto del Traje.

Según Fern Mallis, creadora de la Semana de la Moda de Nueva York, el evento pasó de ser una reunión de filántropos locales a un fenómeno global protagonizado por celebridades, músicos y atletas que definen la cultura actual. En esta edición, la casa de moda Saint Laurent patrocina el catálogo de la exposición central, enfocada en el cuerpo vestido.

En la ciudad de Buenos Aires, la Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un pedido de recusación contra los integrantes de la Cámara del Trabajo. La medida judicial incluye además una solicitud para declarar la nulidad del fallo emitido recientemente por el tribunal.

La presentación de la central obrera se dio luego de que el tribunal de alzada decidiera revocar la medida cautelar que mantenía inactiva la ley de reforma laboral. Con esta resolución, la normativa había recuperado su vigencia, lo que motivó la reacción legal de la entidad gremial.

A través de este planteo, la Confederación General del Trabajo busca cuestionar la intervención de los jueces en el proceso y dejar sin efecto la decisión que habilita la aplicación de las modificaciones en la legislación. El conflicto continúa ahora en los tribunales a la espera de una nueva resolución.

Además, confirmaron que la semana próxima seguirán los paros en las casas de altos estudios.

La legislación que se encuentra frenada dispone un aumento del 50 por ciento en los salarios docentes y no docentes, equivalente a la diferencia entre la inflación y los incrementos otorgados desde diciembre de 2023.

“Gran jornada de clases públicas en Plaza de Mayo por la aplicación inmediata de la Ley de financiamiento universitario. El plan de lucha continúa la semana que viene con una semana de paro nacional en las universidades de todo el país”, sostuvo AGD-UBA en su cuenta de X.

Durante los discursos, las autoridades del gremio pidieron que se ponga la fecha para la cuarta Marcha Universitaria: “Tiene que ser ya, a principios de mayo, un momento ideal ante un Gobierno golpeado por denuncias de corrupción, con su jefe de Gabinete (por Manuel Adorni) como principal sindicado como corrupto”, sostuvieron.

La iniciativa contó con la presencia de sindicalistas como el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, y referentes de partidos de izquierda.

En la previa, la secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, señaló que los salarios “están en los mínimos históricos” y que, por ese motivo, los docentes “renuncian o buscan completar sus ingresos” con otros empleos, lo que afecta el funcionamiento de las clases.

“Desde el 21 de octubre del año pasado, cuando se promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno se encuentra en una situación de completa ilegalidad y acumula 167 días de incumplimiento. La docencia universitaria trabaja con salarios que perdieron un 35% de su poder adquisitivo. De cada tres días trabajados, nos pagan dos; por eso el éxodo docente es tan masivo”, detalló Carboni.

Dicha Ley de Financiamiento Universitario, votada en cuatro oportunidades por el Congreso Nacional, “dos veces antes del veto presidencial y otras dos para su ratificación”, fue nuevamente autorizada por ambas cámaras en las sesiones en las que se trató el Presupuesto Nacional 2026.

Asimismo, la semana pasada, además, el Poder Ejecutivo Nacional recibió un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que confirmó la sentencia de primera instancia que ordenó su aplicación inmediata. NA

El monumento a los Dos Congresos amaneció este miércoles con una intervención de Greenpeace en rechazo a la inminente votación de la reforma de la Ley de Glaciares en el Congreso de la Nación. Pasadas las seis y media de la mañana, un grupo de activistas escaló el enrejado de la plaza para desplegar banderas con las consignas “Diputados: no traicionen a los argentinos” y “La Ley de Glaciares no se toca”.

Personal de la Policía de la Ciudad informó que nueve activistas ingresaron al perímetro tras escalar el cerco perimetral. La acción tuvo como objetivo central visibilizar el reclamo ante la sesión prevista en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo contaría con los votos necesarios para la aprobación de los cambios en la normativa. Tras la intervención, los manifestantes fueron desalojados y se les labraron actas contravencionales. Dos de los militantes, que se encontraban en altura, desistieron de su postura ante la llegada de bomberos del Grupo Especial de Rescate (GER).

Los involucrados quedaron a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del doctor Basavilbaso, quien dispuso la notificación de las contravenciones y su posterior liberación. Este episodio se suma a la tensión política que rodea la reforma de la Ley 26.639, vigente desde 2010, y que ha movilizado a diversos sectores ambientales y opositores.

La protesta de esta mañana guarda relación con los hechos ocurridos el pasado 26 de febrero, cuando 12 manifestantes fueron detenidos en la explanada del Palacio Legislativo. En aquella oportunidad, la intervención de la Policía Federal incluyó el uso de gas pimienta, afectando a periodistas y trabajadores de prensa. Entre los agredidos se encontró el camarógrafo Facundo Tedeschini, quien resultó herido y fue trasladado al Hospital Ramos Mejía tras ser aprehendido por los efectivos.

Posteriormente, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó la liberación del trabajador de prensa y solicitó el sumario correspondiente para investigar el accionar policial durante la cobertura de los hechos.

Desde la organización ambientalista calificaron la intervención como una “acción directa y pacífica” para exponer la gravedad de la reforma impulsada por el gobierno nacional.

“Lo que los senadores decidirán hoy es si protegen las fuentes de agua de Argentina o abren la puerta a intervenir zonas que la ley vigente protege. Esta reforma es regresiva e inconstitucional”, consideró Diego Salas, director de programas de Greenpeace.

Según Salas, de los glaciares y el ambiente periglacial dependen millones de personas que verán comprometido su acceso al agua, un derecho básico amparado por la Constitución Nacional. Para la tarde de hoy, a partir de las 17, se espera una concentración mayor frente al edificio legislativo para expresar el rechazo a la sanción de la ley.

A una semana de la advertencia sobre el eventual cierre de las agencias territoriales del exMinisterio de Trabajo de Nación, el adoquinado de la calle 9 de Julio, entre Mitre y España, fue escenario ayer por la tarde de una concentración convocada para darle visibilidad al impacto que tendría la pérdida de políticas públicas fiscalización y promoción del empleo en una zona de influencia que abarca 11 distritos y el riesgo laboral para 33 familias.

La protesta se hizo visible frente a la sede de la dependencia nacional, donde trabajadores, representantes sindicales y dirigentes políticos se unieron bajo una misma consigna.

La jornada, organizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) seccional Tandil - Juárez y la Mesa Intersindical, permitió expresar el malestar y la preocupación de quienes ven amenazada su continuidad laboral y el funcionamiento de políticas públicas clave en la región.

“Unidad, testigo de la lucha”

El primer orador de la tarde fue el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hernán Gasparini. Con un tono firme, el dirigente destacó que la unidad es el principal activo para enfrentar el actual contexto. “La unidad es testigo de esta lucha”, dijo y la afirmación despertó los primeros aplausos de la jornada de protesta.

Para el titular de ATE, el reclamo colectivo no se limita a la defensa de los puestos de trabajo, sino a la supervivencia de una estructura que garantiza derechos fundamentales. “No estamos reunidos por casualidad, sino por una decisión que nos duele y es profundamente injusta. Además del horror de dejar a más de 30 compañeros en la calle, estamos acá por una causa mucho más profunda, que es el corrimiento del Estado de donde no se puede correr”, sentenció.

En su intervención, hizo hincapié en que la agencia no es un espacio físico únicamente. “No son cuatro sillas. Hay compañeros que todos los días de su vida reciben, escuchan, asesoran y acompañan a trabajadores en el respeto por los derechos que hemos logrado conseguir en estos años”, remarcó.

Asimismo, desestimó los planteos que refieren a que se trata de versiones sobre lo que podría suceder con las agencias y aseguró que “con rumores cerraron otras dependencias; no me vengan con que es un rumor. Es el inicio de la concreción de una política de achicamiento del Estado. No es un hecho aislado”.

La movilización contó con el respaldo político de los concejales del bloque Fuerza Patria, Rogelio Iparraguirre, Federico Martínez, Severiano Mon y Stella Maris “Cacha” Cena, además del presidente del Partido Justicialista, Darío Méndez.

Gasparini dedicó un tramo de su discurso a valorar el posicionamiento del Concejo Deliberante, que recientemente aprobó una resolución en rechazo a lo que podría tratase de un cierre inminente de las agencias.

“Quiero valorar el gesto valiente de los concejales para declarar que el cierre de esta agencia es avanzar contra los derechos de los trabajadores de la ciudad. Les agradecemos”, expresó el dirigente.

Sin embargo, no ahorró críticas para los sectores que no acompañaron la iniciativa: “A los que no tuvieron el coraje no los vamos a olvidar”, en referencia a los concejales de Acción Tandilense - La Libertad Avanza.

Desde la CGT Tandil, Sebastián Hidalgo también tomó la palabra para ratificar que movimiento obrero se mantendrá firme. “Estamos tratando que no suceda un solo despido”, expresó.

“No tenemos que permitir que sigan avasallando los derechos. Nos van a encontrar unidos”, manifestó, al tiempo que instó a “profundizar la lucha” y a “no dejar a los compañeros en banda”.

Historia y cobertura regional

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la lectura de un documento elaborado en conjunto por los trabajadores de la Agencia Territorial de Trabajo, que estuvo a cargo de la delegada de ATE, Carolina Gallardo.

Según se informó, la dependencia de Tandil funciona hace más de 50 años y posee una jurisdicción que se extiende sobre 11 municipios de la provincia: Azul, Olavarría, Las Flores, Rauch, Tapalqué, General Alvear, General La Madrid, Ayacucho, Benito Juárez, Gonzales Chaves y Laprida.

El documento denunció que el cierre se traducirá en un “abandono total de las políticas de empleo”, lo que habilitará una “mayor informalidad, eliminará las oportunidades de capacitación laboral y generará más desocupación”.

“Somos quienes llevamos adelante la implementación de la política pública en conjunto con más de 690 oficinas de empleo municipales. Atendemos situaciones de trabajo no registrado y a poblaciones con mayores problemáticas de empleabilidad, brindando líneas de apoyo a emprendedores, cooperativas, jóvenes, personas con discapacidad, víctimas de trata y violencia de género”, enumeraron los trabajadores.

El documento también alertó sobre las consecuencias de fondo de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo nacional. “Vienen por la estructura de trabajo porque vienen por el conjunto de los derechos laborales”, anunciaron y advirtieron que, al “deteriorarse la fiscalización del trabajo y su poder sancionatorio”, se busca desfinanciar el sistema previsional público “para luego entregarlo en bandeja a las AFJP”.

Finalmente, mencionaron la inserción de la agencia en cuanto a su participación en la Mesa Local de Lucha contra la Trata, la Mesa Intersectorial de Violencia Familiar y de Género, y su trabajo conjunto con la Secretaría de Extensión de la Unicen y la Universidad Barrial.

“Sabemos que la destrucción del Estado es parte de un modelo económico que busca profundizar la desigualdad social”, señalaron. En este contexto, “nos quieren sin memoria, nos quieren sin participación, nos quieren sin lucha y sin organización”.

Frente a ello, “los trabajadores respondemos en unidad y con presencia en la calle y en nuestros lugares de trabajo, donde queremos estar: defendiendo la territorialidad del trabajo, el empleo y la seguridad social”, concluyeron.

El acto llegó a su fin en medio de un clima de encuentro y respeto después que los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes en Tribunales un recurso para que se declare “inconstitucional” la ley de reforma laboral, que recibió sanción definitiva el viernes último en el Senado.

La central obrera realizó presentaciones tanto en el fuero Laboral como en el Contencioso Administrativo, a través de escritos ingresados ante la Justicia, pese a que la norma aún no fue promulgada por el Poder Ejecutivo.

“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, afirmó Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT.

Sola (Seguros), junto a los otros dos cosecretarios generales, Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), encabezó la presentación ante Tribunales, en la calle Talcahuano.

En diálogo con el periodismo, Sola explicó que con esta acción la CGT “cumple con lo que venimos diciendo desde que iniciamos este proceso de rechazo a la ley”.

El planteo judicial cuestiona que la reforma avanza sobre características “protectorias” de la legislación anterior y vulnera su “progresividad”.

Por su parte, Cristian Jerónimo sostuvo que “hoy ya hay muchos sectores que empiezan a plantearse por qué han acompañado al Gobierno y a esta ley, que no tiene ningún impacto beneficioso para la vida de los trabajadores”.

“Ayer esperábamos que el Presidente dé algún anuncio positivo sobre el desarrollo del país, la producción y el trabajo, y fue todo lo contrario. Esto demuestra que este es un Gobierno para pocos y de especulación financiera”, agregó.

En tanto, Octavio Argüello cuestionó las declaraciones del presidente Javier Milei sobre la baja del desempleo. “Es una locura total y lo estamos viendo día a día. Se han perdido 270.000 puestos de trabajo”, aseguró.

El dirigente de Camioneros también calificó la exposición del mandatario ante la Asamblea Legislativa como “una gran mentira, un show”, y afirmó que “no dejó nada concreto”.

“No explicó cómo va a hacer para crear más puestos de trabajo”, advirtió Argüello, y añadió que en la Argentina “ya tuvimos antes estas políticas y ya fracasaron, porque es un modelo para un 20 % de los argentinos y los demás estamos todos afuera”.

Con esta presentación judicial, la CGT formalizó su rechazo a la reforma laboral y dejó en manos de la Justicia la definición sobre la constitucionalidad de la norma.

“El reclamo fue atendido y quiero ser claro y específico: ningún policía de la provincia va a percibir menos de un sueldo inferior a 1.350.000 pesos”, aclaró Maximiliano Pullaro.

El mandatario provincial explicó que “hoy el sueldo va entre 960 mil pesos y 1.002.000 pesos, pero con la incorporación al sueldo de la garantía de canasta básica y el aumento de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP), ningún policía que esté en funciones operativas va a ganar menos de 1.438.835 pesos”.

“En el marco de que hasta el momento no hemos encontrado un crecimiento económico en la Argentina, hicimos los esfuerzos que había que hacer para estar por encima de los niveles de inflación”, subrayó Pullaro.

Así lo indicó el mandatario en conferencia de prensa desde la Sala Walsh de la Sede de Gobierno en Rosario.

Más temprano, los efectivos de la Policía de Santa Fe habían agredido y escupido al jefe de la fuerza en Rosario, Luis Maldonado, en medio de los reclamos por aumentos salariales y mejores condiciones laborales que tuvieron lugar los últimos días.

El oficial se había retirado de la Jefatura de la Unidad Regional II, en la avenida Ovidio Lagos 5250, con el objetivo de entablar un diálogo con los agentes.

Sin embargo, el intento no resultó a raíz de que los manifestantes comenzaron a empujarlo y escupirlo, motivo por el que debió regresar a la sede de la Policía

Más temprano, el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, había instado a los uniformados a que cesen con las protestas y se reincorporen al servicio para garantizar “la seguridad de los santafesinos y rosarinos”, a la vez que aseguró que saldrían “en lo inmediato de la disponibilidad”.

A su vez, el titular de la cartera de Economía, Pablo Olivares, había anticipado el incremento salarial para los agentes al ratificar que “los policías y penitenciarios van a tener un ingreso que no va ser inferior a la canasta básica para un hogar tipo”. NA

La Cancillería recomendó a los ciudadanos argentinos “evitar todo viaje o desplazamiento” a Irán, debido a la tensión social que vive el país asiático con violentas protestas callejeras.

“Ante los recientes acontecimientos en desarrollo en la República Islámica de Irán, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar todo viaje o desplazamiento a dicho país”, sostuvo la cartera que conduce Pablo Quirno en un comunicado.

Y agregó: “A quienes ya se encuentran allí, se les sugiere extremar las precauciones y mantenerse permanentemente informados sobre la evolución de la situación. Si usted requiere asistencia consular, comuníquese al correo diare@mrecic.gov.ar.

Las protestas en Irán se originaron por la devaluación del rial y el aumento de la inflación y, hasta ahora, las revueltas en las calles dejaron un saldo de seis muertos por el accionar policial.

Este viernes, alrededor de 60 vuelos de Aerolíneas Argentinas sufieron demoras y cancelaciones debido a la realización de una nueva asamblea informativa de la Asociacion de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). La medida se lleva a cabo como una forma de protestar por salarios sin declarar un paro formal.

La empresa había informado en el transcurso del jueves que “cerca de 60 vuelos programados entre las 6:00 y las 10:00 de mañana, podrían registrar demoras como consecuencia de una nueva medida de fuerza dispuesta por el gremio de pilotos APLA, que podría afectar los planes de viaje de más de 7.000 pasajeros”.

“La compañía lamenta profundamente esta situación que genera perjuicios directos sobre los pasajeros, en un momento en que Aerolíneas Argentinas atraviesa una etapa de consolidación luego de haber dejado atrás más de quince años de pérdidas operativas y dependencia de aportes del Estado”, indicó el comunicado de la empresa estatal.

En esa misma línea sostuvieron, además, que “este proceso, que permitió alcanzar niveles de eficiencia y sustentabilidad inéditos en la última década, requiere del compromiso de todos los sectores que forman parte de la empresa". 

"Medidas como estas no aportan a la solución de los desafíos estructurales del sector y dañan la confianza de los pasajeros, que es el principal capital de la compañía”, señalaron. “Aerolíneas Argentinas lamenta los inconvenientes que esta situación pueda generar y continuará trabajando para mitigar cualquier efecto que la medida pudiera tener en los planes de vuelo de sus pasajeros”, añadieron.

Finalmente, recomendaron a los pasajeros con vuelos programados entre las 5.30 y las 11.30 hs del viernes 24 de octubre “verificar el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre eventuales cambios". Además, se solicitó "verificar la última información sobre su vuelo en la web de la terminal aeroportuaria”.

Aclararon que, “si el pasaje fue adquirido a través de una agencia de viajes, se sugiere consultar directamente con la misma”.

Los pilotos de Aerolíneas Argentinas, nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), realizaron nuevamente este viernes “asambleas informativas” en el Aeroparque Jorge Newbery.

“Ratificamos que mañana, viernes 24 de octubre, se llevará a cabo la asamblea en el Aeroparque Jorge Newbery entre las 𝟲:𝟬𝟬 𝘆 𝗹𝗮𝘀 𝟭𝟬:𝟬𝟬 𝗮.𝗺.”, indicó el gremio el jueves a través de su cuenta en la red social X.

Agregaron que, “hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado desde APLA en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro CCT”.

La preocupación por el estado de la Ruta Nacional 3 y la postergación indefinida de la construcción de la autovía moviliza desde hace años a vecinos de Azul y de otras ciudades de la región. En ese marco, integrantes del grupo de autoconvocados que impulsa este reclamo participaron recientemente de una audiencia pública convocada por la Dirección Nacional de Vialidad. Según informó el diario El Tiempo, en ese espacio se escucharon planteos por parte de instituciones intermedias y ciudadanos preocupados por el deterioro de la traza, la falta de mantenimiento y los riesgos para la vida que eso conlleva.

Los habitantes de Azul lamentaron la falta de definiciones claras y la confirmación extraoficial de que no habrá obras estructurales por al menos cinco años, limitándose los trabajos únicamente a tareas de bacheo, corte de pasto, señalización y mantenimiento básico.

“Nos dijeron que no va a haber ruta, solo mantenimiento. Cinco años más sin obras”, explicó Fernando Sottile al medio local. Asimismo, añadió que uno de los pedidos fue trasladar el peaje proyectado en Azul hacia el tramo entre Cacharí y Las Flores, para evitar que esta localidad del partido quede, como ocurrió en el pasado, en una situación desventajosa. “No vamos a permitir que los vecinos de Cacharí tengan que pagar peaje para venir al hospital o a la escuela en Azul”, agregó Mario Ibarra.

La posible instalación de peajes en varios puntos del corredor (Gorchs, Azul, Tres Arroyos y Dorrego) es otro de los motivos de inquietud. Los autoconvocados aseguran que el cobro del peaje no puede adelantarse a la realización de las obras, y que sería injustificable cargar a los usuarios con un nuevo costo sin ofrecer mejoras concretas en la infraestructura.

Otro de los reclamos presentados en la audiencia y en una reciente sesión especial del Concejo Deliberante de Azul, realizada en la Ruta 3, tiene que ver con las condiciones de seguridad vial en los accesos a la ciudad. Sottile e Ibarra mencionaron la falta de señalización, la escasa iluminación y la necesidad de estudiar alternativas para ordenar el tránsito. “La gente que no conoce Azul se baja de la ruta y no sabe dónde está. No hay ninguna luz, ninguna señal. Nosotros pedimos que, si no se puede hacer una rotonda, al menos haya soluciones menos costosas y rápidas”, explicaron.

Otro punto que preocupa es la imposibilidad que tienen los municipios de realizar intervenciones directas en la ruta, por tratarse de una jurisdicción nacional. Aunque recientemente se habría flexibilizado esa norma, permitiendo que los gobiernos locales aporten fondos para iluminar sectores puntuales, los vecinos advirtieron que aún persisten requisitos técnicos excesivos y una notable desidia por parte del Estado nacional.

En reclamo a la falta de respuestas concretas, los autoconvocados organizaron una nueva jornada de protesta para el próximo sábado 10 de agosto a las 15 horas en el sector del Cristo de la Ruta 3, ingreso principal a la ciudad de Azul. Bajo la consigna de visibilizar el reclamo y exigir obras estructurales en todo el corredor, la actividad busca reunir en el pedido a vecinos de Azul, Las Flores, Monte, Cacharí, Chillar y otras localidades, quienes se sumarían a la propuesta en sus respectivos lugares.

Luego de ser liberado tras su detención en las inmediaciones del Instituto Juan Domingo Perón, el dirigente del Frente Patria Grande Juan Grabois reivindicó ayer su militancia, denunció al Gobierno nacional y defendió el legado histórico del peronismo. 

"Es un orgullo que el gobierno de Milei nos meta presos por defender el legado peronista y la identidad nacional", aseguró Grabois apenas recuperó la libertad. 

El dirigente social vinculó su detención a la protesta por el cierre del Instituto Juan Domingo Perón, medida que calificó como un acto de "odio gorila". 

Según explicó, "lo que hicieron fue intentar borrar la historia de una parte del pueblo argentino. Sellaron todo, destruyeron murales y pusieron las estatuas de Evita y Perón en bolsas mortuorias". 

Para el referente de Patria Grande, la clausura del Instituto representa una "ofensiva contra la memoria colectiva y una provocación directa al movimiento nacional y popular". 

"El Gobierno va a terminar porque hay argentinos y argentinas que tienen el coraje para decirle no a los atropellos", afirmó con dureza. 

"Estamos dispuestos a venir una, dos, cinco, quince veces, todas las veces que sea necesario a conocer las instalaciones de la Policía Federal", ironizó en referencia a su arresto, y apuntó directamente contra la ministra de Seguridad: "Acá nos quiere Patricia Bullrich, pero lo que no nos va a sacar es la bandera". 

Grabois también utilizó sus redes sociales para reforzar su mensaje político y moral: "Meteme preso Milei, pero la bandera argentina no me la sacás", escribió, al tiempo que sostuvo que "las verdaderas víctimas son los excluidos, los pibes sin hospital, los viejos sin remedios y tantos otros perjudicados por este modelo económico excluyente". 

En su entorno, denunciaron una escalada de criminalización de la protesta social y convocaron a movilizarse en defensa de los espacios de memoria y de la democracia. 

"Hace minutos, la juventud del movimiento nacional recuperó del odio gorila la antigua residencia de Perón y Evita donde funcionaba el instituto disuelto ilegalmente por el régimen de Milei", expresaron en un comunicado. 

El incidente y la posterior detención se inscriben en un contexto de creciente tensión entre el oficialismo y organizaciones sociales y políticas que denuncian un vaciamiento institucional y un ataque sistemático a símbolos y espacios históricos vinculados con el peronismo. 

Para Grabois, lo ocurrido no es un hecho aislado: "En un país donde asesinaron, torturaron y desaparecieron a una generación, no hay que llorar por una detención. Lo que hay que hacer es organizarse y resistir". 

Su liberación no puso fin a la disputa, sino que, según sus propias palabras, marcó un nuevo comienzo: "Desde luego que estoy muy orgulloso de poder combatir junto a hombres y mujeres con las mismas convicciones que yo a este Gobierno". (NA).

El Ministerio de Seguridad Nacional, bajo la conducción de Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal por presunta "sedición, asociación ilícita agravada, atentado contra el orden constitucional y la vida democrática", en relación con los detenidos durante la protesta violenta protagonizada por barrabravas el pasado miércoles. En paralelo, el Ministerio solicitó el apartamiento de la jueza porteña que ordenó la liberación inmediata de los arrestados.

Los incidentes en cuestión tuvieron lugar en una manifestación originalmente convocada para expresar apoyo a los jubilados, que rápidamente se desvió hacia disturbios violentos. La movilización, organizada a través de redes sociales, generó tensiones en las inmediaciones del Congreso Nacional, en donde grupos organizados, entre los que se incluían barras bravas, dirigentes políticos y sindicales, protagonizaron los hechos violentos.

En el texto presentado por el Director Nacional de Normativa del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, se detalló que las consignas iniciales de la protesta fueron rápidamente absorbidas por sectores que no estaban vinculados a la causa original, lo que permitió que el caos se apoderara de las calles. Entre los grupos involucrados, se mencionaron a barras de clubes como Chacarita, River Plate, Boca Juniors e Independiente, así como a personajes como el exjefe de Montoneros, Mario Firmenich, quien, desde España, habría mostrado su apoyo a la manifestación en un video viralizado en las redes sociales.

La denuncia pone de relieve la dimensión política y social de los disturbios, que no solo incluyeron a actores vinculados al fútbol, sino también a movimientos de izquierda que habrían impulsado la manifestación con fines más amplios. La acusación de asociación ilícita agravada apunta a la presunta planificación y coordinación de estos grupos para generar el caos, mientras que los cargos por sedición y atentado contra el orden constitucional subrayan el impacto de la protesta en la estabilidad democrática del país.

Este suceso ha generado una fuerte controversia, y las autoridades continúan investigando los detalles detrás de estos disturbios. Las próximas acciones judiciales podrían incluir nuevas detenciones y citaciones a los involucrados, mientras la situación se mantiene bajo escrutinio público.

Efectivos de la Policía Federal reprimieron hoy a un grupo de jubilados y agrupaciones políticas y sociales que fueron a manifestarse al Congreso de la Nación por el veto de Javier Milei a la reforma jubilatoria que había sido aprobada por ambas cámaras.

La manifestación comenzó a las 15 horas en el Congreso y tenían planeado desde las 17 avanzar en dirección a la Casa Rosada. Estos jubilados, nucleados en la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJEL), suelen reunirse todos los miércoles, pero esta vez también se sumaron agrupaciones políticas.

“Nos echaron gas pimienta en la cara, es una locura esto”, sostuvo uno de los jubilados presentes en el lugar que brindó su testimonio. Otro, sumó: “Vengo de Lanús por los jubilados y me encuentro con esto. Es una locura, yo tengo 75 años, viví la época de Videla y esto ya parece lo mismo”.

Ante la situación que se vio en las calles, los diputados Germán Martínez (Unión por la Patria) y Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) bajaron del recinto para ver como estaba la situación en la calle. “Tienen derecho a movilizarse a Plaza de Mayo. Son $15.000 para los jubilados y el Gobierno manda a reprimir porque va a vetar la ley”, amplió el diputado de izquierda.

La protesta fue definida en un plenario que reunió a unas treinta de sus organizaciones y convocó, además, a organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles y barriales.

“Pretendemos que el valor del haber mínimo sea igual al de la canasta del adulto mayor, indexado mensualmente, y que hoy en día está calculada en 900 mil pesos”, exigió Ana Valverde, a cargo de la UTJEL.

La referente señaló que la ley sancionada “contempla una canasta de 370 mil pesos, es decir, sólo para alimentos, no contempla todo lo demás como el aseo personal, el de la casa, la ropa y los remedios”.

“Queremos que se respete la ley y seguiremos peleando por los 900.000 pesos que debe tener la canasta básica del adulto mayor”, concluyó.

El Movimiento Juvenil Palestino publicó en su cuenta de X las imágenes de esta acción de protesta antiisraelí, en las que se puede ver cómo los insectos se arrastran por el mantel blanco de la mesa, con las banderas de Israel y los Estados Unidos en el fondo.

“¡Buen provecho! ¡Gusanos liberados sobre la mesa de guerra del sionista criminal! Los activistas palestinos provocaron el caos en el Hotel Watergate la noche del miércoles para que Netanyahu, los agentes del Mosad israelí y el Servicio Secreto no tuvieran paz mientras continúan aterrorizando a nuestro pueblo”, reza la publicación del Movimiento Juvenil Palestino.

Esa acción de protesta fue desarrollada en el contexto de una manifestación con miles de participantes en rechazo a los ataques de Israel en la Franja de Gaza y en contra de la ayuda militar estadounidense frente al edificio del Congreso de los Estados Unidos, donde el miércoles Netanyahu intervino con un discurso ante los legisladores estadounidenses.

Los manifestantes propalestinos también tiñeron algunas fuentes de la ciudad de color rojo sangre para denunciar la aniquilación que lleva a cabo Israel contra la población palestina en la Franja de Gaza, informó el sitio Actualidad RT.

Además, utilizaron durante la protesta frente al Capitolio una cabeza gigante de Netanyahu con cuernos y manos de las que goteaba pintura roja que representaba sangre.

Otra figura que representaba al primer ministro israelí fue quemada por manifestantes.

Algunos enfrentamientos entre manifestantes propalestinos y la Policía frente al edificio del Congreso se tornaron violentas y los uniformados antidisturbios rociaron gas pimienta sobre la multitud.

Aunque el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu fue recibido por el Congreso con aplausos y ovaciones en su mayoría, hubo algunos legisladores que no se sumaron a la bienvenida y un caso fue el de la representante demócrata de Michigan, Rashida Tlaib.

La congresista de origen palestino utilizó un par de letreros para expresar su rechazo a la ofensiva militar de Tel Aviv en la Franja de Gaza, durante el discurso que ofreció Netanyahu ante legisladores estadounidenses.

“Criminal de guerra” y “Culpable de genocidio” fueron las consignas plasmadas por Rashida Tlaib en las dos paletas de votación, que incluso pudieron observarse durante algunos momentos de la transmisión de la alocución del gobernante israelí, de acuerdo con el sitio Sputnik News.

Posteriormente, la demócrata publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales: “Nunca daré marcha atrás en decirle la verdad al poder. El gobierno de apartheid de Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos. Los palestinos no serán borrados.

Solidaridad con todos aquellos que están fuera de estos muros en las calles protestando y ejerciendo su derecho a disentir”. NA

El Gobierno nacional llegó a un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires (UBA) para la actualización del 270% de su presupuesto, entendimiento que se tradujo en enojo y respuestas de parte de las otras universidades nacionales, que hablaron de “discriminación”.

Entre las repercusiones que tuvo el acuerdo-UBA, el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a 48 horas de protesta para los días 22 y 23 de la semana que viene: serán 24 horas de visibilización del conflicto y 24 horas de paro sin concurrencias a los lugares de trabajo.

La medida de los trabajadores va en sintonía con los anuncios hechos desde las propias casas de altos estudios. Es que las Universidades Nacionales que fueron excluidas del aumento de las partidas presupuestarias de funcionamiento analizan recurrir a la Justicia para forzar al Gobierno a tomar la misma medida con todas las casas de estudio. La estrategia fue adelantada por el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Martín López Armengol, quien calificó de “arbitraria” y “totalmente inadmisible” la decisión de aumentar las partidas solo para la UBA.

En cuanto a los gremios de los trabajadores universitarios, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, con la inflación del 8,8% en abril, se agudizó y la Secretaría de Educación no convocó a reunión paritaria para resolver el incremento porcentual para mayo, no presentó una propuesta de recuperación de la pérdida salarial acumulada desde diciembre, no incrementó la garantía salarial para los cargos de menores ingresos y no pagó el FONID.

De acuerdo con los gremios, la propuesta realizada por el Gobierno para resolver la situación presupuestaria crítica de la UBA “muestra que la contundencia de la marcha del 23 cambió las condiciones de negociación. Ahora falta el presupuesto de todas las universidades del país, el salario de docentes y nodocentes y las becas para que las y los estudiantes puedan ingresar, permanecer y graduarse. No podemos esperar más”.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales lo conforman la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), Conadu Histórica, Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), Asociación Gremial de Docentes de la UTN (Fagdut), Unión de Docentes Argentinos (UDA), Ctera y Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (Fatun).