Un tribunal de Belfast dictó prisión preventiva por cuatro semanas para un ciudadano sudanés a quien se acusa de intento de asesinato a un hombre mediante apuñalamiento, además de amenazas de muerte a otra persona y de posesión de arma blanca. El homicidio frustrado desató una ola de protestas antiinmigración en Irlanda del Norte.

Hadi A., de 30 años, compareció mediante videoconferencia ante un tribunal. Aunque se desconoce aún el móvil del ataque, la Policía norirlandesa (PSNI) descartó que esté relacionado con el terrorismo islamista, reportó el sitio DW y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Esta misma jornada se confirmó que la víctima, Stephen Ogilvie, de unos 40 años, perdió el ojo izquierdo como consecuencia del apuñalamiento ocurrido el pasado lunes en la noche, ocasión en la que también sufrió heridas graves en el cuello y espalda.

Esta jornada la ciudad amaneció con escuelas cerradas, además de autobuses y trenes paralizados, por temor a nuevos disturbios.

Cientos de personas, algunas con los rostros cubiertos, se congregaron el martes por la noche en distintos puntos de Belfast en unas protestas que terminaron con autobuses, vehículos y viviendas incendiadas.

Tras los disturbios, la ministra norirlandesa de Justicia, Naomi Long, acusó a la ultraderecha de alentar la tensión racial en la provincia. “Este es la pura definición de racismo”, declaró a la cadena BBC la ministra, en relación a unos incidentes en los que los violentos llegaron a desalojar de sus hogares a familias de inmigrantes.

La líder del Sinn Féin y ministra principal norirlandesa, Michelle O’Neill, describió los disturbios como simple delincuencia y calificó de “cobardía repugnante” las acciones de hombres encapuchados que expulsan a familias de sus hogares mediante incendios. Varias ciudades de Irlanda del Norte han sido escenario en los últimos años de protestas violentas organizadas después de incidentes atribuidos a inmigrantes. NA

La Met Gala, considerada la fiesta más exclusiva del mundo y un espectáculo de extravagancia que reúne a las figuras más influyentes, atraviesa una edición marcada por la tensión. El evento, que cobra 100.000 dólares por entrada, despliega su alfombra roja en las escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Manhattan, pero este año enfrenta el rechazo de diversos sectores por la decisión de nombrar al fundador de Amazon, Jeff Bezos, y a su esposa, Lauren Sánchez Bezos, como presidentes honorarios.

La oposición a los Bezos comenzó en febrero, tras ser anunciados como patrocinadores financieros. Este malestar se enmarca en un creciente sentimiento contra las grandes fortunas en la ciudad de Nueva York. La indignación escaló cuando el recién elegido alcalde, Zohran Mamdani, un socialista democrático, anunció que no asistiría a la gala para centrarse en la “asequibilidad”, rompiendo con la tradición de sus predecesores.

En las redes sociales y las calles neoyorquinas, la campaña contra el empresario se intensificó con apodos como la “Amazon Prime Gala” o el “Baile de Bezos”. El grupo activista Everyone Hates Elon lideró un boicot que incluyó la colocación de cerca de 300 botellas de orina falsa dentro del museo, en alusión a las denuncias de trabajadores de la empresa que aseguran no poder tomar descansos para ir al baño.

Durante la víspera del evento, se proyectaron entrevistas con empleados de la firma sobre el Empire State Building y el edificio Chrysler.

“Si puedes comprar la Met Gala, puedes pagar más impuestos”

rezaba uno de los mensajes emitidos desde una camioneta frente al ático del matrimonio. Ante este escenario, el transeúnte Mayan Rajendran se preguntó qué relación tiene el empresario con la industria de la moda, una duda compartida por otros críticos.

Entre ellos se encuentra Blakely Thornton, un influencer que participó el año pasado, quien cuestionó la alianza con el magnate y afirmó que preferiría no ser parte de lo que calificó como un espectáculo orquestado por oligarcas. Por su parte, la gala, que se realiza desde 1948, funciona como una recaudación de fondos para el Instituto del Traje.

Según Fern Mallis, creadora de la Semana de la Moda de Nueva York, el evento pasó de ser una reunión de filántropos locales a un fenómeno global protagonizado por celebridades, músicos y atletas que definen la cultura actual. En esta edición, la casa de moda Saint Laurent patrocina el catálogo de la exposición central, enfocada en el cuerpo vestido.

La Cancillería recomendó a los ciudadanos argentinos “evitar todo viaje o desplazamiento” a Irán, debido a la tensión social que vive el país asiático con violentas protestas callejeras.

“Ante los recientes acontecimientos en desarrollo en la República Islámica de Irán, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar todo viaje o desplazamiento a dicho país”, sostuvo la cartera que conduce Pablo Quirno en un comunicado.

Y agregó: “A quienes ya se encuentran allí, se les sugiere extremar las precauciones y mantenerse permanentemente informados sobre la evolución de la situación. Si usted requiere asistencia consular, comuníquese al correo diare@mrecic.gov.ar.

Las protestas en Irán se originaron por la devaluación del rial y el aumento de la inflación y, hasta ahora, las revueltas en las calles dejaron un saldo de seis muertos por el accionar policial.

La Policía Federal Argentina se enfrentó esta mañana con manifestantes que realizaban un corte parcial en Puente La Noria en protesta por el cierre de la feria La Salada. Más de 300 feriantes bloquearon el tránsito para reclamar la reapertura del predio, clausurado por orden judicial hace 11 días.

El conflicto comenzó alrededor de las 9 de la mañana, cuando los feriantes liberaron uno de los carriles con sentido a la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, poco antes de las 9:30, agentes de la Policía Federal intentaron implementar el protocolo antipiquetes para despejar otro carril de Camino Negro, lo que desató enfrentamientos.

Los puesteros respondieron a la acción policial arrojando piedras y botellas, mientras que los efectivos utilizaron balas de goma para dispersar a los manifestantes. La situación se normalizó minutos después, permitiendo la reapertura parcial del tránsito.

Uno de los trabajadores explicó los motivos de la protesta: “Hicimos dos cortes pacíficamente, pero no nos dan una respuesta. Vamos a ir a corte total. Estamos sin trabajar hace cinco ferias”. Los manifestantes denuncian la falta de ingresos y de respuestas por parte de las autoridades tras la clausura de La Salada, una de las ferias informales más grandes de Latinoamérica.

“Hace cinco ferias que no trabajamos, clausuraron la feria y no tenemos respuesta. Yo soy carrero, transporto mercadería y me quedé sin laburo”, expresó otro de los presentes.

Una de las feriantes agregó: “La Salada es una cuna de trabajadores. No todos estamos en negro. Hay gente que cumple y debería poder seguir trabajando”.

El malestar se agravó tras los operativos del pasado 22 de mayo, cuando la Justicia federal de Lomas de Zamora ordenó más de 60 allanamientos en el predio y la detención de Enrique “Quique” Castillo, conocido como el “Rey de La Salada”, acusado de evasión fiscal, contrabando y lavado de dinero. También fueron arrestados su esposa, uno de sus hijos y otras 15 personas vinculadas a la causa.

Los feriantes aseguran que unas 40 mil personas dependen directa o indirectamente de la feria, desde puesteros hasta proveedores textiles, y que el cierre representa un golpe devastador para una comunidad diversa compuesta por trabajadores bolivianos, peruanos, paraguayos, argentinos y senegaleses.

“Es una cadena que alimenta a miles. El movimiento textil lo genera en un 70% esta feria. Tenemos miedo de que nuestras familias se queden sin comer”, concluyó otro de los manifestantes.

Las autoridades aún no han emitido declaraciones oficiales tras los nuevos reclamos, pero los trabajadores ya anunciaron que podrían volver a manifestarse si no reciben respuestas concretas.

“No hubo ninguna cosa mesiánica de toma del poder. Aunque hubiéramos podido hacerlo a la una de la tarde porque ya no quedaba un solo cana en la calle, ni guardia en la Casa de Gobierno”, recordaría años más tarde Jorge Canelles, dirigente del sindicato cordobés de Luz y Fuerza y compañero de lucha de Agustín Tosco. Se refería a los hechos del 29 de mayo de 1969 en la ciudad de Córdoba, una jornada histórica que marcó un punto de inflexión en la dictadura autodenominada Revolución Argentina, liderada por el general Juan Carlos Onganía.

Para entonces, Onganía parecía ajeno a la magnitud de la crisis que atravesaba el país. Su sueño de perpetuarse veinte años en el poder contrastaba con la realidad de un país que hervía de tensión social, política y económica. Mientras tanto, el mundo vivía su propio momento de agitación: París, en mayo del ‘68, había sido sacudida por una revuelta estudiantil; México todavía lloraba la masacre de Tlatelolco; la Iglesia, transformada por el Concilio Vaticano II, veía a miles de sacerdotes optar por los pobres; y la figura del Che Guevara, asesinado un año y medio antes, seguía encendiendo ideales revolucionarios en América Latina.

La dictadura de Onganía, sostenida por sectores conservadores de las Fuerzas Armadas, la Iglesia y un sindicalismo colaboracionista, comenzaba a hacer agua. Los partidos políticos estaban proscriptos y la represión de la protesta social se nutría de doctrinas represivas importadas de Estados Unidos y Francia.

En mayo de 1969, el primer estallido ocurrió en Tucumán, donde se encendió la chispa sobre un reguero de pólvora que alcanzaría a otras ciudades como Córdoba, Corrientes, Rosario y Mendoza. La reacción del régimen fue una represión violenta, con muertos que engrosaron la lista de víctimas del gobierno militar.

El jueves 29 de mayo, en la previa de un paro general convocado por las dos centrales sindicales, los diarios nacionales advertían sobre la implementación de consejos de guerra militares en todo el país y la delegación de facultades represivas a los gobernadores. Sin embargo, los trabajadores cordobeses no se intimidaron: salieron a las calles nuevamente, como ya lo habían hecho semanas antes.

Lo que comenzó como una protesta gremial derivó rápidamente en una batalla campal. Obreros, estudiantes y vecinos resistieron juntos en las calles. En poco tiempo, se hicieron con el control de la ciudad, desbordando por completo a las fuerzas de seguridad. Fue el pico de una conflictividad social sin precedentes, que dio forma por primera vez a una consigna que marcaría época:“Obreros y estudiantes, juntos y adelante.”

Aquel Cordobazo no fue un intento de golpe ni una acción planificada para tomar el poder, como lo expresó Canelles, pero sí dejó en claro que el pueblo argentino no estaba dispuesto a tolerar más autoritarismo. Fue una explosión social auténtica, que erosionó la legitimidad del régimen y aceleró la caída de Onganía.

A 56 años de aquel día, la memoria del Cordobazo sigue viva como un ejemplo de unidad en la lucha, resistencia frente al autoritarismo y el poder de una sociedad organizada para cambiar la historia.

El fotógrafo independiente Pablo Grillo, quien fue gravemente herido durante la represión de las fuerzas de seguridad en una marcha de jubilados en el Congreso, se encuentra en estado crítico tras recibir el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno que le fracturó el cráneo. Grillo fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde los médicos reportaron una "pérdida de masa encefálica" y su pronóstico es grave. A pesar de los esfuerzos médicos, su situación sigue siendo incierta.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, calificó el incidente como “un accidente muy lamentable” y añadió que el Gobierno trabajará para esclarecer lo sucedido. En declaraciones radiales, Francos intentó restarle gravedad al impacto recibido por Grillo, sugiriendo que “este tipo de episodios generan consecuencias no previstas”. Además, en un giro polémico, el funcionario de Javier Milei responsabilizó a "grupos de la política" de los disturbios ocurridos el miércoles, acusándolos de usar la violencia como herramienta para generar la marcha y, en última instancia, intentar "un golpe de Estado".

A pesar de la gravedad del incidente, Francos defendió la respuesta de las fuerzas de seguridad, asegurando que “la Policía no le tira a una persona un gas, tira para que caiga y genere la salida de los revoltosos para desconcentrarlos”. El funcionario admitió que aún no había hablado con el presidente y desconocía los detalles del momento en que Grillo recibió el impacto. Este tipo de declaraciones ha sido fuertemente criticado por diversos sectores, que consideran que el gobierno minimiza la violencia policial y desvía la atención sobre la responsabilidad en el ataque a un trabajador de la prensa.

En cuanto al estado de salud de Grillo, su padre, Fabián Grillo, explicó a los medios que los médicos le informaron que la situación es “muy grave” y que su hijo está luchando por su vida tras la cirugía. A través de las redes sociales, se ha difundido un llamado urgente para la donación de sangre en el hospital donde se encuentra internado.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, generó controversia con sus declaraciones en LN+, en las que acusó a Grillo de ser “un militante kirchnerista que trabaja en la municipalidad de Lanús con Julián Álvarez” y que estaba detenido en ese momento. Sin embargo, el intendente de Lanús desmintió rápidamente esas acusaciones a través de su cuenta de Twitter, aclarando que “ninguna de las dos cosas es cierta”. Esta declaración de Bullrich ha sido interpretada por muchos como un intento por deslegitimar a Grillo y restar importancia al ataque sufrido por el fotógrafo.

Miles de personas se congregaron el sábado para manifestarse en contra del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD), de cara a las elecciones legislativas.

Las manifestaciones más importantes ocurrieron en Berlín y Colonia, se estima que asistieron alrededor de 35.000 y 20.000 manifestantes respectivamente, según dijo la policía. Sin embargo, los organizadores calcularon en 100.000 el número de personas en la capital alemana.

Esta protesta viene en relación a que varias organizaciones, tales como Fridays for Future y Padres contra la Derecha y Campact llamaron a realizar manifestaciones en 60 ciudades de la nación europea.

El propósito de estas marchas es protestar contra el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, AfD y la inminente formación de un Gobierno en Austria presidido por los ultraderechistas.

Los manifestantes caminaron pacíficamente con pancartas que decían "Fuera los nazis" o "la AfD no es una alternativa".

Hubo también manifestaciones en Aschaffenbourg, Baviera (sur) y en Halle (este). (NA).

Una serie de detenciones rápidas y muestras de unidad por parte de la población en toda Gran Bretaña evitaron que se repitieran disturbios generalizados con ataques racistas contra inmigrantes y musulmanes, reportaron funcionarios del Reino Unido. 

La Policía se desplegó masivamente y miles de manifestantes contra el racismo salieron a las calles para contrarrestar el accionar de grupos antiinmigratorios de extrema derecha. 

Publicaciones falsas en línea identificaban erróneamente al sospechoso del asesinato de tres niñas en un ataque con cuchillo el 29 de julio en Southport, noroeste de Inglaterra, como un migrante islamista, informaron las autoridades.   

Más de 400 personas han sido arrestadas en todo el país y el oficial de policía de mayor rango de Gran Bretaña, el comisionado de Londres, Mark Rowley, reveló que se había arrestado a más personas ayer a primera hora.   

Entre estas últimas había muchas con antecedentes penales, según consignó un informe de la agencia de noticias Reuters.   

El primer ministro Keir Starmer, exfiscal jefe, es la primera prueba importante de su mandato desde que ganó las elecciones del 4 de julio, analizó ese medio.   

Los funcionarios descartaron las sugerencias de que los disturbios fueran políticos.   

"Cualquier sugerencia de que son patriotas o que tienen una causa... es una tontería. Son criminales y, francamente, la mayoría de ellos serán acusados ​​de desorden violento y la mayoría de irá a prisión durante unos años", señaló Rowley.   

Muchos manifestantes protegieron mezquitas y hoteles que albergan a solicitantes de asilo.   

Rowley elogió una noche "exitosa" que transcurrió "muy pacíficamente", salvo algunos incidentes criminales.   

"Creo que la demostración de fuerza de la Policía y, francamente, la demostración de unidad de las comunidades, juntas derrotaron los desafíos que hemos visto", declaró. 

El miércoles pasado, un hombre fue condenado a tres años de cárcel por desorden violento y por golpear a un policía, y ayer otros dos recibieron sentencias de prisión de dos años y ocho meses.   

Trascendió que exmiembros de los grupos neonazis prohibidos Atomwaffen Division y National Action se habían unido a las redes de grupos supremacistas blancos, neonazis y hooligans del fútbol nacionalistas para avivar la tensión y provocar enfrentamientos. 

Como consecuencia de disturbios producidos los últimos días, numerosos policías e incluso algunos sus canes resultaron heridos. (NA).

El paro nacional convocado para hoy por la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos Centrales de Trabajadores de Argentina (CTA) afecta los servicios de transporte, educación, salud, comercio y bancos de la ciudad.

En el centro de la ciudad, desde las 10:00 se realizó una concentración para avalar la protesta, en la esquina de Pinto y Rodríguez.

Poco después de las 11:30 los manifestantes comenzaron a marchar por las calles de la ciudad.

La medida de fuerza -la segunda en los cinco meses de gobierno que lleva el presidente Javier Milei- se realiza en rechazo a la Ley de Bases que la semana pasada tuvo la media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y que, entre otros puntos, flexibiliza normas laborales y abre la puerta a la privatización de empresas estatales.

Además, los distintos sindicatos nucleados tanto en la CGT que encabezan Pablo Moyano, Héctor Daer y Carlos Acuña como en la CTA que conduce Hugo Yasky y la que dirige Hugo Godoy, protestarán contra el desfinanciamiento de la educación pública, los tarifazos, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Milei a días de asumir la Presidencia y el regreso del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores asalariados.

Sumada a la poca o nula actividad que se espera en oficinas administrativas, escuelas, hospitales y servicio de transporte público, se esperan movilizaciones en distintos puntos del país. 

En Tandil, puntualmente, habrá desde las 10 de la mañana una concentración de la CGT Regional y la Mesa Intersindical en la esquina de Pinto y Rodríguez. 

La Asamblea Tandil Resiste, conformada el 21 de diciembre pasado en repudio a las primeras medidas del presidente, acompañará la protesta bajo las consignas “No a la Ley Bases” y “No a la reforma laboral”.

Por su parte, el Movimiento 1° de Octubre, liderado por la dirigente social Griselda Altamirano, se concentrará desde las 9 en Ruta Nacional 226 y Aeronáutica Argentina.

Qué actividades se verán afectadas

Con la adhesión de todo el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), hoy se ve  afectado el dictado de clases en Tandil, aunque el acatamiento dependió de cada establecimiento educativo, con lo cual habrá que consultar si hay clases, o no, en cada institución en particular.

El Frente -que nuclea a los gremios Suteba, FEB, Udocba, los técnicos de AMET y los privados de Sadop- rechaza principalmente “la eliminación del Fonid” (el Fondo Nacional de Incentivo Docente, recursos que la Nación transfiere a las provincias para mejorar los salarios de su personal) y se manifiesta, entre otros puntos, “en defensa de todas las partidas para educación” y por el “respeto de los derechos laborales de las/os trabajadoras/es”.

Tampoco hay clases ni otras actividades en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), porque se plegarán docentes y nodocentes a la protesta.

Sin colectivos ni recolección

Durante la jornada de hoy no habrá servicio de transporte público –debido al acatamiento de la Unión de Tranviarios de Automotor (UTA)- por lo que no circularán los colectivos, en tanto que los bancos permanecerán cerrados. 

“No va a haber bancos, es una directiva de orden nacional a la que nosotros nos sumamos, por lo cual la idea es garantizar el paro sin permanencia en los lugares de trabajo”, dijo a El Eco Multimedios Juan Manuel Carri, secretario general de la Asociación Bancaria.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil (STMT) también se plegó a esta medida de fuerza y la adhesión fue dispar.

En ese marco, se verá afectado el servicio de recolección de residuos, ya que si bien el área se encuentra preparada para trabajar durante jornadas de excepción como ésta, si la adhesión de los trabajadores fuera alta resultará imposible cumplir con los recorridos habituales. 

También se verá resentida la atención en los hospitales municipales “Ramón Santamarina” y de Niños “Debilio Blanco Villegas”, aunque sí se mantendrán en funcionamiento las guardias y los servicios sanitarios de emergencias.

En las redes sociales, el Sindicato de Municipales anunció que “cumpliendo con la resolución de la CGT, el Mandato de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina y la Fesimubo”, se realizará un “paro sin concurrencia a los lugares de trabajo”. 

Desde la entidad convocaron además a una reunión, que se desarrollará desde las 11 en la sede gremial ubicada en la calle Yrigoyen 1059. Allí se debatirá la situación particular de los trabajadores del Municipio de Tandil.

Las dependencias públicas nacionales y provinciales también serán parte del paro y tendrán sus puertas cerradas.

En ese sentido, Florencia Marino, integrante de ATE-Anses, confirmó ayer a El Eco Multimedios que “desde ATE estamos convocando al paro a todos los sectores estatales, tanto nacionales y provinciales como municipales”. 

“Son todos sectores que, de alguna u otra manera, están sintiendo el impacto de las políticas de este gobierno; de hecho, creería que somos los primeros que sentimos el impacto, los que hemos recibido las primeras olas de despidos y los que más atrasados venimos en todos los sectores del salario, incluso a nivel municipal”, señaló Marino.

El Sindicato de Empleados de Comercio, por su parte, anunció su adherencia, aunque el acatamiento quedará vinculado a la decisión particular de cada negocio.

Descuento del día en Nación

Ayer, a pocas horas del inicio del paro de 24 horas, el gobierno nacional anunció que descontará el día a los trabajadores que adhieran a la medida de fuerza.

En su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo que “a los empleados estatales que paren se les descontará sus haberes del día”. 

“Quien no va a trabajar y no cumple con su actividad, no cobra", remarcó Adorni, y consideró que “es un paro que no tiene razón aparente. Recordamos que sigue abierta la línea 134 para denunciar extorsiones”.

Desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires –territorio en el que el parate de la actividad se sentirá con fuerza- descartaron por su parte que se vaya a descontar el día laboral a quienes decidan sumarse a la protesta.

Con el de hoy, el gobierno nacional habrá acumulado dos paros generales en cinco meses de gestión. El primero, bajo el lema “La patria no se vende”, se llevó a cabo el 24 de enero de este año. 

Ese día, al igual que en otras ciudades del país, se realizó en Tandil una concentración y posterior movilización en rechazo al DNU 70/2023 y al primer proyecto de Ley Ómnibus (Ley Bases).

En Ámsterdam, los manifestantes situados sobre barreras improvisadas de pupitres, vallas, ladrillos y palés de madera apuntaron con extintores a la policía, mostró la televisión local.

Los agentes golpearon a los manifestantes con porras y derribaron las barricadas, arrastrando a muchas personas mientras otros cientos gritaban “¡Qué vergüenza!”.

En la Universidad George Washington de Washington D.C., el Departamento de Policía Metropolitana informó de la detención de 33 personas, algunas de ellas por presunta agresión a agentes. Un video mostró cómo los agentes retiraron tiendas de campaña y lanzaron gas pimienta para desalojar a los manifestantes del campus y las calles cercanas, a pocas cuadras de la Casa Blanca.

La jefa de policía Pamela Smith dijo en rueda de prensa que las autoridades observaron “una escalada en la volatilidad de las protestas” en los últimos días, lo que llevó a la policía y a la universidad a tomar la decisión de desalojar el campamento.

Smith y la alcaldesa Muriel Bowser tenían previsto declarar ante el Congreso más tarde en el día sobre los motivos por los que se habían negado previamente a desalojar el campamento, pero la comparecencia se canceló tras la redada policial.

En la Universidad de Massachusetts, en Amherst, la policía detuvo a más de 130 personas y desalojó un campamento después de que el rector de la universidad, Javier Reyes, dijo que había convocado a la policía “como último recurso”, precisando que “este no es el resultado que esperábamos”.

El capítulo estatal de la Unión Americana de Libertades Civiles criticó la medida, diciendo que “llamar a policías fuertemente armados contra la expresión política de los estudiantes es una opción inherentemente peligrosa”.

En Nueva York, la policía detuvo a decenas de manifestantes en el Fashion Institute of Technology, según un video publicado en las redes sociales.

La campaña de Israel en Gaza ha causado la muerte de casi 35 mil palestinos, según las autoridades gazatíes, y ha desencadenado una catastrófica crisis humanitaria y una hambruna que amenaza a los 2,5 millones de residentes del enclave.

Estudiantes de universidades de toda Europa han organizado sentadas y otras acciones influidas por los disturbios a gran escala que han tenido lugar durante semanas en universidades de Estados Unidos.

Los manifestantes han pedido a las escuelas que corten los lazos financieros con empresas que, según ellos, se benefician de la opresión de los palestinos. NA

Miles de personas marcharon ayer por las calles de Bogotá y otras de las principales ciudades de Colombia para mostrar su desacuerdo con el gobierno del presidente Gustavo Petro y sus reformas, sobre todo en el sector salud.

La movilización, convocada por diversos sectores opositores y llamada “Marcha de las batas blancas”, fue anunciada en un principio por la Asociación Colombiana de Cirugía, pero luego se unieron opositores políticos al presidente, que a inicios de abril rechazaron la reforma a la salud presentada por el Ejecutivo al Congreso.

La propuesta planteaba reducir la intermediación de actores privados y dar al Estado un mayor control del dinero y del servicio de salud que el gobierno ha calificado de deficiente.

Tras el rechazo de la reforma, el gobierno anunció decretos que modifican el sistema de salud en el mismo sentido que lo quería hacer la reforma y ordenó la intervención forzosa para administrar dos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) más grandes del país: Sanitas y Nueva EPS.

En la marcha, se distinguían trabajadores de las EPS intervenidas vestidos con camisetas blancas y sus logos, que advertían que la salud de 17 millones de sus afiliados estaba en riesgo.

Senadores y políticos de partidos de derecha y ultraderecha como el Centro Democrático, Cambio Radical y Conservador, salieron desde el Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar, en el centro histórico de Bogotá y sede del Congreso, donde gritaron “no a las reformas de Petro” y “fuera Petro”.

Según Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático, el principal partido opositor, esta marcha es la oportunidad para decirle al presidente Gustavo Petro “que no estamos de acuerdo con la constituyente con la que pretende destruir la democracia y aferrarse al poder”, haciendo referencia a la idea del mandatario de convocar una Asamblea Nacional Constituyente si no se aprueba su paquete de reformas en el Congreso.

Por su parte, la senadora María Fernanda Cabal, del mismo partido, dijo a la Voz de América: “el cambio resultó una farsa, un fiasco, una imitación de Chaves, ni con los que creemos en la libertad, porque sabemos que Petro es una amenaza para la estabilidad de Colombia”. 

“Estamos suficientemente incómodos con esta administración, con este gobierno y con todo lo que el presidente ha implementado, no estamos de acuerdo con sus reformas, queremos ver a un presidente líder, no a uno que se quiera hacer notar”, dijo a la Voz de América, Carlos Chamorro, de 60 años, un manifestante.

Según el Centro de Mando Unificado de la Policía, alrededor de 200 mil personas salieron a movilizarse desde las 10 (hora local) por las calles de diferentes ciudades colombianas, para mostrar su desacuerdo con las reformas sociales que impulsa el gobierno de Petro. (VOA).

Jorge Macri afirmó que “vamos a hacerles pagar a aquellos vándalos y delincuentes” que “destruyeron el mobiliario urbano, que es de todos”.

“La violencia de unos pocos nos cuesta muy caro y la van a pagar ellos”, aseguró el jefe de Gobierno en un comunicado y manifestó que “los desmanes nos cuestan caro a todos los porteños: la limpieza, reparación y orden de la zona afectada ayer por los violentos implican un costo total de 106.890.000 pesos”.

Macri señaló que desde el Gobierno van “a hacerles pagar a aquellos vándalos y delincuentes que destruyeron el mobiliario urbano que es de todos”.

“Además de reponer los 15 contenedores y 35 tachos de basura que fueron incendiados y vandalizados, habrá que reponer materiales de alumbrado público, vidrios de farolas, buzones y arreglar baldosas, cordones de veredas, tapar grafitis y limpiar toda la plaza y sus alrededores”, explicó.

Y sostuvo que “aunque ya estamos limpiando y arreglando la zona para dejarla como los porteños la queremos y la elegimos todos los días quiero reafirmar mi compromiso con el cambio que votamos la mayoría de los porteños”.

“La violencia no es el camino y no vamos a permitir que unos pocos se lleven puesta la paz que buscamos en nuestra Ciudad”, dijo Jorge Macri.

El comunicado reportó que a la vandalización de 15 contenedores y 35 cestos en la zona de la manifestación “se le debe sumar que hay que proceder a la reposición de materiales de alumbrado público como tapas de postes, vidrios de farolas y buzones” y “reparar solado de baldosas, solado de hormigón, cordones de veredas, pintura de grafitis, bancos, entre otros”.

“El monto de reposición por estas incidencias es de 51,89 millones de pesos”, precisó.

Además, señaló que también se registraron daños en el mobiliario urbano, “que incluye 32 elementos entre refugios de colectivos, postes de paradas, nomencladores, pantallas publicitarias, entre otros” y “316 metros cuadrados de veredas rotas. Los gastos para restaurarlos ascienden a 30 millones de pesos”.

El Gobierno porteño indicó que para reparar y volver a poner en condiciones la zona se “están utilizando estos recursos: 60 barrenderos, ⁠⁠cuatro hidrolavadoras, cuatro camiones recolectores, ⁠⁠diez inspectores, ⁠⁠y tres equipos especiales de limpieza de acción inmediata”.

Destacó que “el costo de este servicio adicional es de 25 millones” de pesos. (Télam)

Pasan los años, pasan los gobiernos, pero Argentina sigue con los mismos problemas estructurales de hace décadas. Como una película que se repite en loop, las manifestaciones en la calle por parte de los vecinos para reclamar diferentes cuestiones a la clase política, están a la orden del día. 

El paralelismo de la coyuntura con la crisis del 2001 y sus coletazos es abrumador. El 25 de enero de 2002, más de tres mil personas participaron pacíficamente del cacerolazo tandilense. Según relató la crónica de El Eco de Tandil de esa jornada: “Desde las 20.20, el anunciado cacerolazo" tandilense, que se unió al organizado en todo el país, recorrió el radio céntrico con cánticos que apuntaron fundamentalmente al “corralito” y a la clase política. Unas tres mil personas se unieron a la manifestación de forma que se caracterizó por lo ruidosa, pero pacífica. 

Este miércoles 24 de enero, 22 años después, la CGT, movimientos sociales y la ciudadanía en general, realizará un paro general de actividades contra el gobierno de Javier Milei y sus medidas.

Consignas de ayer y hoy

"“Hay que terminar con los corruptos, los políticos corruptos se tienen que ir ya”, fue el reclamo de una mujer que junto a sus hijos participaba del cacerolazo, ese invento argentino que busca llegar a oídos, fundamentalmente, de la clase política", afirmó en la crónica de esa jornada de enero de 2002 este medio.

El diputado de Unión por la Patria (UxP) y secretario gremial de la CGT, Mario "Paco" Manrique, ratificó ayer que los sindicatos agrupados en la central obrera que fueron intimados a abonar multas millonarias por los gastos del operativo de seguridad tras las protestas llevadas a cabo contra el Gobierno nacional "no pagarán" esos montos porque se trata, dijo, de "un acto totalmente irreverente" de parte del presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"No vamos a pagar y que hagan lo que tengan que hacer. No lo digo como una forma desafiante, sino porque es un acto totalmente irreverente por parte del Presidente y la ministra de llevarse todo por delante y acallar las voces que están en disidencia con su pensamiento", afirmó Manrique.

En declaraciones a Radio 10, el gremialista, que también es secretario adjunto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), consideró que con medidas como la multa aplicada a organizaciones sindicales y sociales, el Gobierno "quiere embarrar la cancha" y frente a eso, anunció, dispondrá distintas medidas para "resistir".

"La única fuerza que, si nos organizamos, puede ponerse enfrente (del Gobierno) es el sindicalismo y el peronismo", destacó Manrique.

Y agregó: "Cuando el pueblo empieza a tener hambre, se acabaron las palabras y la política. Esperemos que el Presidente reflexione".

El Gobierno intimó la semana pasada a más de 20 gremios y organizaciones sociales a pagar montos de hasta $56 millones en concepto de multas por los gastos que implicó el operativo de seguridad desplegado ante las protestas llevadas a cabo del 22 y 27 de diciembre pasado en Plaza de Mayo y Tribunales, respectivamente, en contra de las reformas económicas y políticas establecidas por el presidente Milei.

Manrique, en tanto, anunció que Smata intentará negociar mensualmente aumentos de salarios para los trabajadores agremiados para acompañar el incremento de los precios, luego de conocerse la semana pasada que la inflación de diciembre fue de 25 por ciento.

"Vamos a discutir los salarios cada mes, pero no vale de nada actualizarlos si no controlás los precios", advirtió. (Télam).

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitó a las fuerzas de seguridad que determinen los gastos del operativo de seguridad que llevaron a cabo el miércoles, durante la protesta convocada por la Unidad Piquetera a Plaza de Mayo, montos que deberán ser pagados por las organizaciones sociales, según adelantó ayer el vocero presidencial Manuel Adorni.Por medio de la resolución 949/2023, publicada este viernes en el Boletín Oficial, Bullrich instruyó a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Política de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y al Servicio Penitenciario Federal a "determinar los gastos en los que hayan incurrido a causa de los operativos de seguridad federales" llevados a cabo en el marco de la implementación del protocolo de orden público, aplicado por primera vez el miércoles durante la marcha de la Unidad Piquetera.Ayer, Adorni había informado en rueda de prensa que las organizaciones sociales deberán pagar los costos del mencionado operativo.

"El operativo tuvo un costo importante y cuando se termine de cuantificar se le pasará la factura a las organizaciones que participaron, quienes se deberán hacer cargo del costo que a todos los argentinos nos salió lograr que el país esté en paz y con las vías de circulación liberadas para que todos podamos transitar libremente y en paz", advirtió el funcionario.La resolución publicada hoy precisa que en la evaluación de los costos se deberá tener en cuenta "las horas/hombre empleadas en cada operativo, calculadas en orden a la remuneración por jerarquía de cada uno de los efectivos que participaron, el combustible utilizado, los elementos consumidos en los operativos, y otros costos en los que hubiere incurrido a consecuencia directa del operativo".En los considerandos, la resolución recuerda que el protocolo "tiene por finalidad dar un marco de actuación a la intervención de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal y en territorios provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".El protocolo prevé que se "podrá demandar judicialmente a las organizaciones" así como a "las personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos"."Sería conveniente que esos recursos ingresen en el Estado Nacional para compensar los grandes gastos en que se incurre para el mantenimiento del orden público ante la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías transitables", dice la resolución.

Luego de 30 medidas anunciadas por el presidente Javier Milei, se registraron múltiples cacerolazos en distintos puntos del AMBA, impulsados por ciudadanos que decidieron salir a las calles para manifestar su descontento con las políticas públicas que apuestan por desregularizar la economía.

Con cacerolas, banderas y cánticos, una multitud se congregó en las afueras del Congreso, así como también en otros barrios porteños como Palermo, Recoleta, Caballito, entre otros.

En la provincia de Buenos Aires, por otro lado, el principal punto de concentración fue La Plata, aunque se registraron algunos grupos frente a la Quinta de Olivos, en la Plaza San Martín de Morón y en San Miguel.

El anuncio de las medidas económicas comenzó cerca de las 21 horas y duró poco más de 15 minutos. Una vez que se conocieron el total de las medidas, comenzaron a registrarse las primeras reacciones de parte de la sociedad. Por iniciativa propia, los ciudadanos comenzaron a hacer oír su descontento.

Sin presencia policial en los alrededores de la plaza Congreso, los ciudadanos realizaron la protesta en forma pacífica y solo algunos pocos se treparon a las rejas ubicadas en el frente del edificio del Congreso nacional.

En la red social X, rápidamente comenzaron a postearse videos, y #Cacerolazo se volvió tendencia. “Cacerolazo en Villa Crespo”, “Cacerolazo en San Cristóbal”. Boedo, Almagro, Caballito, Flores, Belgrano, San Telmo, La Boca, Chacarita y Villa Urquiza fueron algunos de los barrios que se sumaron a esta ya tradicional manera de manifestar descontento.

En los videos que se compartieron en las redes sociales, los ciudadanos que se autoconvocaron frente al Congreso cantaban: “La patria no se vende”. 

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que "hoy se terminan los cortes y empieza un camino que no tiene vuelta atrás" con la implementación del protocolo de orden público que se pondrá en práctica este miércoles por primera vez e informó que, hasta el momento, se recibieron 5.000 denuncias de beneficiarios de planes sociales en la línea 134 que serán "judicializadas" tras la jornada de protestas."Hoy vamos a trabajar con el objetivo de que comience una nueva era para la convivencia y la paz donde los que tengan que llegar a sus trabajos no tengan que pensar que tienen dos o tres horas más de viaje", sostuvo la funcionaria esta mañana en declaraciones a TN, ante la movilización de la Unidad Piquetera prevista para esta tarde.Bullrich adelantó que a los que corten las calles "se les pedirá que suban a la vereda" y que, en el caso de que haya manifestantes con menores, "habrá un aviso a las autoridades y a los organismos de la niñez, respecto de la responsabilidad de los padres sobre sus hijos"."Tenemos los medios para identificarlos a todos. Esta es la decisión del gobierno: Se termina el corte y los que quieran manifestar que vayan a las plazas, a los cordones, pero no se corta la calle. Hoy es un comienzo y no hay que esperar un 100 por ciento de éxito pero comienza un nuevo camino que no tiene vuelta atrás", agregó la funcionaria.

En la misma línea, dijo que "se terminan los extorsionadores y los dueños de los planes" y explicó que ya se recibieron 5.000 denuncias en la línea 134, anunciada ayer, para recibir denuncias sobre presiones para marchar a cambio de un plan social."No recibimos más porque el sistema no tiene más capacidad y estuvo saturado todo el tiempo recibiendo mensajes que decían, `si no voy a la marcha me cortan el Potenciar Trabajo", indicó Bullrich y agregó: "Yo le digo a todos los argentinos que nos están mirando que es al revés, si se queda trabajando en la cooperativa de trabajo, en el comedor o cuidando a su familia, el plan Potenciar Trabajo lo va a tener".Bullrich explicó que "hay muchas denuncias que tienen identificado el líder barrial o el piquetero que los obliga a ir y también al sistema de organización paralela al Estado" en municipios como Moreno, José C. Paz y Florencio Varela", y añadió: "Les cobran 7000 pesos de multa al que no va a las marchas. Es un Estado paralelo. Tenemos muchísimos nombres y terminado el día de hoy estas denuncias vamos a judicializar""Si alguien corta la calle y acepta que tiene un señor jefe que les da el plan, lo va a perder, si toca la calle lo va a perder, y esto es sin vuelta atrás", insistió.Al ser consultada sobre cómo se identificará a los manifestantes, indicó que "en toda la Ciudad hay cámaras, en los ferrocarriles y en distintos lugares donde pueden hacer un piquete" y dijo que "habrá también policía con cámaras para luego generar un sistema de identificación".En ese marco, aseveró que se está trabajando con el Renaper: "Vamos a identificar a todos los que cortan, sepan que tenemos la forma de hacerlo y que van a perder el beneficio. Si son inteligentes, se quedarán en sus casas o en el trabajo", completó.Respecto de los que manifestantes que marchen con niños, la ministra sostuvo que "habrá más cuidado con las mujeres y hombres que tengan menores. Se va a anotar a las personas que estén en esta situación para avisarles a los organismos sobre el cuidado de los chicos como por ejemplo, los centros de niñez que tiene cada jurisdicción" para "realizar un aviso a las autoridades sobre la responsabilidad de esos padres".Finalmente, sobre la provincia de Buenos Aires -cuyas autoridades dijeron que no acompañarán la implementación del protocolo- Bullrich indicó: "El viernes próximo vamos a hablar con el ministro de (Seguridad de) la provincia de Buenos Aires y trataremos de convencerlos de que la Argentina necesita paz y orden""La persona que corta será detenida si no se sube a la vereda. Les pedimos que no lleven esto a una situación de violencia extrema, hoy vamos a comenzar a ordenar el país y sepan que las formas de petición cambian, no será por medio de un piquete que alguien vaya a conseguir algo. El corte en la Argentina hoy empieza a terminarse", concluyó la funcionaria.

Miles de personas se manifestaron en el centro de Lima para protestar contra la presidenta Dina Boluarte a días de cumplirse un año de su asunción y reclamar la dimisión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a la que acusan de encubrir casos de corrupción, informó ayer la prensa local.

Los manifestantes se concentraron el domingo por la noche en la plaza San Martín encabezados con una bandera con la consigna "Que se vayan todos" en demanda del cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones.

La marcha pasó por el Palacio de Justicia, la sede de la Fiscalía de la Nación y la del Congreso de la República para culminar en la plaza San Martín.

Con banderas, pasacalles y danzas típicas, los manifestantes expresaron su rechazo a las autoridades del Ejecutivo y Legislativo.

La Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL) y la Plataforma por la Democracia participaron de la protesta, entre otras organizaciones sociales y políticas.

"Que haya sanción para toda la corrupción que estamos viviendo, tanto en el Congreso como en la Fiscalía, producto de las investigaciones de la señora Barreto", declaró la excongresista Indira Huilca, según el diario peruano La República.

Huilca se refirió así a la destitución por decisión de Benavides de la fiscal Marita Barreto, del Equipo Especial de Fiscales Anticorrupción.

También fue suspendido el fiscal Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial Lava Jato.

Benavides está acusada de encabezar una presunta red criminal implicada en tráfico de influencias de altos cargos en el sistema judicial.

El martes pasado, Boluarte renunció a la inmunidad presidencial apenas unas horas después de haber sido denunciada constitucionalmente junto a varios ministros por Benavides, quien los señala por la muerte de civiles en las protestas antigubernamentales iniciadas a fines de 2022.

Un día después, la presidenta reclamó la salida del cargo de Benavides.

El jueves próximo se cumplirá un año de la asunción de Boluarte como sucesora de Pedro Castillo -destituido por el Congreso luego de que intentara instalar un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales-, y del inicio de las protestas en su contra.

Ese día, la mandataria dijo que pretendía quedarse en el poder hasta 2026, desoyendo el clamor de adelanto de elecciones. (Télam).

Casi medio millón de trabajadores del transporte, docentes, funcionarios y empleados del sector público británicos adhirieron a la mayor protesta sindical coordinada de los últimos diez años en el país europeo.

Los bajos salarios y las precarias condiciones de trabajo impuestas por el Gobierno se vieron agudizadas por el alto índice de inflación, que superó el 10,5 por ciento anual en 2022, a raíz de la guerra de Ucrania y la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) hace tres años.

Los trabajadores británicos también se movilizaron en contra de un proyecto de ley del primer ministro Rishi Sunak para frenar las interrupciones de las huelgas, que se intensificaron en los últimos tres meses, mediante la aplicación de niveles mínimos de servicio en sectores clave, incluidos la salud y el transporte.

Las centrales gremiales estimaron que hasta medio millón de trabajadores, incluyendo maestros de escuelas y profesores universitarios, conductores de trenes y colectivos, adhirieron a la huelga, que paralizó también aeropuertos, museos y oficinas públicas.

La protesta se extendió a diferentes ciudades del país europeo, con miles de personas marchando por las principales ciudades del Reino Unido para rechazar el proyecto de ley de Sunak y mostrar su malestar con el aumento del costo de vida.

Los manifestantes se reunieron frente a lugares como escuelas, estaciones de tren, universidades y departamentos gubernamentales y organizaron piquetes para expresar su desacuerdo con la política del Gobierno.

La disputa salarial involucró a docentes de Inglaterra y Gales de 23.000 escuelas nucleados en el Sindicato Nacional de Educación (NEU).

Los docentes rechazan el aumento de cinco por ciento ofrecido por el Gobierno y piden un alza por encima de la inflación, en medio de la peor crisis del costo de vida en Reino Unido en una generación.

También piden soluciones a las condiciones extremas a las que se enfrentan los docentes debido a las largas e intensas jornadas laborales, que hacen que muchos abandonen la profesión.

A su vez, fijaron más medidas de fuerza para el 14 y 28 de febrero, así como para 1, 2, 15 y 16 de marzo.

Advertencia

El líder sindical Mark Serwotka advirtió a la cadena Sky News que si no se resolvía la disputa salarial en curso, la cantidad de huelgas seguirá aumentando y continuará durante todo el verano (boreal).

“No es factible que el Gobierno no haga nada con esta cantidad sin precedentes de medidas de fuerza en aumento porque, hoy en día, hay medio millón de trabajadores parando”, agregó el líder del Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales (PCS).

Dijo además que decenas de miles de empleados públicos están utilizando los bancos de alimentos porque tienen un salario mínimo y no les alcanza.

Durante un encuentro con miles de maestros en Westminster, Mick Lynch, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte (RMT), exigió un aumento de salarios y un acuerdo justo para los trabajadores. (Télam)