El diputado de Unión, Renovación y Fe, Martín Rozas, redactó un proyecto para establecer un régimen regulatorio integral para los cuidadores domiciliarios en la provincia de Buenos Aires. El objetivo de la iniciativa es ordenar una tarea extendida en el sistema de salud que actualmente carece de un marco normativo claro.

En principio, el legislador concibe a los cuidadores domiciliarios como trabajadores que brindan asistencia socio-sanitaria de baja complejidad a personas en situación de dependencia, como adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas o personas con discapacidad. Para defender su planteo, Martín Rozas sostuvo que "resulta necesario distinguir al cuidador domiciliario de otros empleos", al señalar que su tarea incluye un acompañamiento integral en la vida diaria.

El representante de la cuarta sección remarcó que esa especificidad requiere una regulación propia, distinta a la que rige para el personal de casas particulares. El proyecto del oriundo de General San Martín establece como uno de sus ejes centrales la profesionalización de la actividad para mejorar la calidad de las prestaciones y promover la formalización del trabajo de cuidado, que presenta altos niveles de precariedad.

Asimismo, el legislador subrayó que la falta de regulación expone a los trabajadores a "los vaivenes y la precarización del mercado laboral de servicios". En ese sentido, planteó que "es una incorporación necesaria al ordenamiento jurídico provincial, a los fines de reconocer una actividad en el ámbito de la salud, invisibilizada".

Ante ese escenario, el esquema propuesto crea un Registro Provincial Único, público y obligatorio, que concentrará la información de todos los cuidadores habilitados para ejercer en el territorio bonaerense. Esta herramienta permitirá relevar datos de manera periódica y otorgar una matrícula habilitante personal e intransferible.

El articulado fija requisitos concretos para la inscripción, entre los que se incluyen la mayoría de edad, la ausencia de antecedentes penales, la acreditación de formación específica y aptitudes psicofísicas certificadas. Al mismo tiempo, establece que tanto empleadores como prestadores deberán inscribir a los trabajadores, lo que apunta a cerrar espacios de informalidad.

En cuanto a las funciones, la norma detalla que los cuidadores deberán asistir en tareas básicas como higiene, alimentación y administración de medicación bajo indicación profesional. No obstante, la iniciativa incorpora derechos para los trabajadores, como la posibilidad de negarse a realizar tareas ajenas a su función y la percepción de honorarios acordes a los valores de obras sociales y prepagas.

En relación con el sistema de salud, la propuesta establece que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y las empresas de medicina prepaga deberán contratar únicamente a cuidadores inscriptos. Finalmente, Martín Rozas argumentó que la aprobación permitirá "crear un marco normativo que jerarquice la actividad, pero que ante todo la legalice creando un estándar mínimo de derechos".

Cabe precisar que el planteo retoma antecedentes legislativos, como la media sanción obtenida en 2019 por una iniciativa similar de la entonces diputada Vanesa Zuccari.

Al ritmo del aumento del precio de la nafta, que desde el inicio del conflicto en Medio Oriente parece no tener freno, las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires tendrán un fuerte ajuste. Para el periodo de mayo y junio, las sanciones sufrirán un incremento del 16,8 por ciento en comparación con el bimestre anterior.

De acuerdo a la resolución que publicó la Agencia DIB, el Gobierno bonaerense actualizó el monto de la Unidad Fija (UF) para las multas por infracciones de tránsito, la cual pasó de $1896 a $2215 para los próximos dos meses. De esta manera, manejar por encima del límite de velocidad permitido, circular sin cobertura de seguro o sin la VTV se puede castigar con hasta $2.215.000.

Cabe recordar que las multas ya habían tenido un ajuste del 5,6 por ciento en el inicio de 2026 y del 4,9 por ciento en el bimestre de marzo y abril. La suba va de la mano del valor del litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club ubicada en La Plata. Durante 2025, el incremento rondó el 29,2 por ciento y, desde que se inició la guerra en Medio Oriente, la cifra trepó un 23 por ciento.

Con la actualización de la Unidad Fija, el esquema de multas para las principales faltas quedará establecido de la siguiente manera:

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la presentación de un refuerzo para el programa Medicamentos Bonaerenses. La iniciativa busca asegurar el acceso a remedios para enfermedades prevalentes frente a la interrupción de suministros por parte de la administración nacional.

Durante una recorrida por el depósito del Hospital Interzonal Especializado de Agudos y Crónicos Doctor Alejandro Korn, en la localidad de Romero, el mandatario provincial criticó con dureza la suspensión del plan Remediar. "Es criminal cortar los remedios como hace el Gobierno nacional. La Provincia se compromete a poner los mayores esfuerzos, pero no se pueden suplantar la ausencia de funciones que corresponden al Gobierno nacional", sentenció Axel Kicillof.

La medida contempla una inversión de 24.500 millones de pesos. En esta etapa se incorporaron 45 de los 74 fármacos del vademécum, enfocados en patologías crónicas como afecciones cardiovasculares, pulmonares, infecciosas y enfermedades como el Parkinson. Se estima que los insumos estarán disponibles en los 135 municipios en un plazo de dos semanas.

Acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, el gobernador advirtió sobre el impacto social de las medidas tomadas por el presidente Javier Milei. "Hoy estamos haciendo una inversión mayor con el programa Medicamentos Bonaerenses, pero no se puede cubrir lo que el Gobierno nacional abandona", explicó, y agregó: "Le quitan remedios a 20 millones de personas, lo que produce es enfermedad y muerte. Lo canalla que hay que ser para hacer esto".

El programa nacional Remediar alcanzaba a todos los distritos bonaerenses a través de 1.617 efectores, cubriendo 7.280.511 tratamientos que demandaban una inversión de 11.261.649.272 pesos. Ante este escenario, Axel Kicillof calificó la gestión actual como deficiente: "Están cortando programas que son de vida y muerte. El Presidente es un mamarracho que no hace nada con las cosas que le afectan a nuestro pueblo".

Finalmente, el titular del Ejecutivo provincial instó a las autoridades nacionales a asumir sus obligaciones. "Milei se tiene que hacer cargo de las responsabilidades que tiene y de las consecuencias de sus decisiones. No se puede suplantar esa ausencia, pero la Provincia se compromete, como siempre, a dar la mejor respuesta posible para acompañar a su pueblo", concluyó.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, avanzará con un refuerzo del programa Medicamentos Bonaerenses, una iniciativa que garantiza a la población la cobertura pública de remedios para el tratamiento de enfermedades prevalentes. La medida coincide con la interrupción del programa Remediar por parte del Ministerio de Salud de la Nación, anunciada semanas atrás.

Según adelantó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, los detalles de la iniciativa serán anunciados por el propio Axel Kicillof este jueves durante una recorrida por el depósito de medicamentos del Hospital Interzonal Especializado de Agudos y Crónicos Doctor Alejandro Korn, ubicado en la localidad de Romero, en La Plata.

“El Gobierno nacional deja de invertir en el suministro de medicamentos e inmediatamente el Gobierno provincial tiene que asistir a la población que queda desguarecida”, manifestó Bianco.

El funcionario detalló que la Provincia adquirió 74 medicamentos a través de una licitación pública por un monto superior a los 24.500 millones de pesos. Estos insumos serán enviados a los municipios para reforzar los 91 que ya se entregan habitualmente. El programa busca centralizar y organizar los recursos con mayor eficiencia, optimizando la distribución en los centros de salud y hospitales públicos de los 135 municipios bonaerenses.

Los suministros son fundamentales para la prevención y el tratamiento de patologías crónicas como afecciones cardiovasculares, pulmonares, reumáticas, infecciones agudas, anemia, Parkinson e hipercolesterolemia, entre otras. En este marco, se recordó que en la Legislatura se encuentra un proyecto de ley de producción pública de medicamentos, destacado por el gobernador el dos de marzo pasado, con el objetivo de “reducir costos y garantizar el acceso en toda la provincia”.

Durante su habitual conferencia de prensa, Carlos Bianco dejó en claro que “no se puede esperar que una provincia se haga cargo de todo lo que abandona un Gobierno como el de Javier Milei”, debido al recorte de fondos que sufre el distrito. El ministro calificó el escenario actual como “catastrófico y desesperante” para la producción y el empleo.

“Este modelo no va más. El Gobierno nacional abandona sus responsabilidades y la Provincia tiene que salir a cubrir esas necesidades, pero no puede hacerlo todo”, declaró.

Finalmente, se informó que la Nación mantiene una deuda total con la provincia de Buenos Aires que asciende a 16,7 billones de pesos, cifra que contempla deudas directas, obras paralizadas y diversos programas que han sido discontinuados.

Los padres de los alumnos que sean detectados como autores de amenazas contra colegios —desde anuncios de matanzas hasta falsas alertas por bombas— deberán pagar una multa si prospera un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense. La iniciativa, impulsada por el diputado Andrés De Leo, jefe del bloque de la Coalición Cívica, propone la creación de un Régimen de Recupero de Costos Operativos por Falsas Amenazas en Establecimientos Educativos.

Según se indicó en el comunicado oficial, la propuesta "surge frente a la reiteración de amenazas de bomba y falsas alertas en escuelas, situaciones que generan evacuaciones, angustia en las familias, interrupción de clases y un importante despliegue de recursos públicos". El texto establece que quienes realicen estas acciones deberán hacerse cargo de los costos que provocan, incluyendo la intervención de fuerzas policiales, brigadas especializadas, bomberos y servicios de emergencia.

En el caso de que los autores sean menores de edad, la responsabilidad recaerá en sus padres, tutores o responsables legales. El monto a reintegrar será determinado mediante un procedimiento administrativo fundado en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, garantizando el derecho de defensa y un plazo para el pago voluntario. 

De no cumplirse, el Estado podrá avanzar por vía de ejecución fiscal a través de la Fiscalía de Estado.

Asimismo, el proyecto prevé la creación de un Registro Provincial de Incidentes de Amenazas en Establecimientos Educativos para sistematizar la información y mejorar la toma de decisiones. Desde el equipo del legislador Andrés De Leo destacaron que la iniciativa no introduce nuevas sanciones penales, sino que busca garantizar que el Estado recupere los recursos utilizados ante falsas alarmas.

"Cuidar la educación también es poner límites. Cada falsa amenaza tiene un costo económico, pero sobre todo un costo humano que no podemos seguir naturalizando", señaló Andrés De Leo en el proyecto. 

La propuesta invita además a los municipios bonaerenses a adherir y establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley dentro de los 60 días de su eventual promulgación.

La conmoción por las amenazas de tiroteos en escuelas continúa en ascenso y ya derivó en acciones policiales y judiciales en toda la provincia de Buenos Aires, donde se registraron alrededor de 1.000 denuncias vinculadas a pintadas, carteles y publicaciones en redes sociales con armas.

De acuerdo a datos del Ministerio Público Fiscal bonaerense, los casos se multiplicaron en distintos departamentos judiciales. En La Matanza se contabilizaron cerca de 200 denuncias, mientras que en Moreno se registraron unas 70 presentaciones, en el marco de una problemática que también se extendió a otros distritos del país.

En ese contexto, la Justicia comenzó a avanzar con medidas concretas. En Moreno, la fiscal de Responsabilidad Juvenil Alejandra Piqué, junto a las funcionarias Érica Chiessi y Solange Castelli, solicitó embargos a los padres de alumnos identificados como autores de amenazas.

La investigación permitió identificar a siete menores, dos de ellos de 16 años —y por lo tanto punibles—. A partir de allí, personal de la DDI realizó siete allanamientos, en los que se secuestraron armas que habrían sido exhibidas en redes sociales, además de celulares, computadoras, tablets y consolas de videojuegos.

Durante los operativos, los sospechosos fueron notificados por el delito de intimidación pública, mientras que el monto de los embargos aún no fue determinado. La definición quedará en manos de la jueza de Garantías del Joven, Mirta Guarino, y de la Fiscalía de Estado bonaerense, que deberá calcular los costos generados por los procedimientos.

Entre los gastos a considerar se incluyen operativos policiales, tareas investigativas y eventuales cambios en los protocolos escolares, en una lógica similar a la que se aplica en casos de amenazas de bomba.

En paralelo, en Mar del Plata, la Justicia adoptó una medida en la misma línea. El fiscal general Fabián Fernández Garello dispuso que los padres de estudiantes implicados deberán afrontar los costos de los operativos policiales y los posibles daños ocasionados.

La problemática también se replica fuera de la provincia. En Santa Fe, el gobierno provincial avanzó con una decisión similar, al estimar que cada despliegue policial ante una amenaza escolar puede costar entre cinco y seis millones de pesos. Solo en esa jurisdicción se registraron 65 denuncias en un día, en su mayoría por mensajes escritos en baños de establecimientos educativos.

Mientras tanto, la difusión de imágenes y mensajes intimidatorios —en algunos casos protagonizados por adolescentes— sigue generando preocupación en las comunidades educativas, que debieron reforzar medidas de seguridad ante una situación que no deja de escalar.

El Gobierno bonaerense aprobó este miércoles un nuevo régimen para la adjudicación de viviendas sociales y la regularización dominial en barrios populares de la Provincia. La medida tiene como objetivo central unificar criterios, simplificar trámites y mejorar el acceso a soluciones habitacionales para sectores vulnerables.

La disposición fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y establece un marco general de actuación para el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU). Este organismo será el encargado de implementar el régimen en los procesos de reurbanización integral, coordinando la selección de beneficiarios, los mecanismos de control y la organización de la convivencia entre adjudicatarios.

El decreto también faculta al OPISU a diseñar programas específicos para cada proyecto, donde se definirán aspectos clave como el valor de las viviendas, los plazos de pago y la posibilidad de aplicar quitas o planes especiales en casos de extrema vulnerabilidad socioeconómica. En este sentido, se determinó que los valores no podrán incluir ni las mejoras realizadas por los vecinos ni la valorización del suelo.

La norma dispone que el régimen aprobado será complementado, en los aspectos no previstos, por el Decreto N° 134/17, que regula la adjudicación de viviendas sociales en la provincia de Buenos Aires. El mismo exceptúa estos procesos de otras disposiciones administrativas para agilizar su implementación.

La iniciativa se enmarca en la política de acceso justo al hábitat establecida por la Ley N° 14.449 y prevé la intervención de la Escribanía General de Gobierno en la formalización de los actos notariales necesarios para garantizar la seguridad jurídica de las adjudicaciones y titularizaciones.

Ante la aparición de una serie de carteles con mensajes intimidatorios en diversos establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, las autoridades de las carteras de educación y seguridad mantuvieron una reunión con los gremios docentes. El encuentro tuvo como eje central la evaluación de los pasos a seguir y el refuerzo de los criterios de intervención mediante un protocolo específico frente a este tipo de hechos en las escuelas.

La mesa de trabajo estuvo encabezada por la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Flavia Terigi, y el ministro de Seguridad, Javier Alonso. También formaron parte del encuentro los representantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), quienes presentaron una serie de propuestas orientadas a abordar las “nuevas dificultades originadas en comunidades digitales que promueven acciones violentas”.

Entre los puntos sugeridos por el sector gremial se destacó la necesidad de realizar jornadas institucionales para analizar la problemática, implementar políticas de salud mental destinadas a niñas y jóvenes, y brindar formación específica para directivos y docentes. Asimismo, se propuso la creación de espacios de trabajo con las familias, talleres con estudiantes y la convocatoria a mesas interministeriales provinciales e intersectoriales distritales.

Desde el área de Educación confirmaron que se buscará “impulsar la formación de las mesas intersectoriales” con el fin de abordar situaciones conflictivas o violentas en el entorno escolar. En la misma línea, los funcionarios se comprometieron a promover “una reunión interministerial para coordinar acciones” y aseguraron que continuarán “monitoreando conjuntamente la situación” en todo el territorio bonaerense.

En este contexto, el Gobierno bonaerense envió una comunicación oficial a las autoridades escolares bajo el título "Orientaciones para la actuación inmediata ante la detección de mensajes amenazantes o presencia de armas en el escenario escolar". El documento establece que, ante cualquier mensaje que refiera a un posible tiroteo o a la presencia de armamento, los establecimientos deben actuar con celeridad para priorizar el cuidado de la vida y la integridad física y emocional de la comunidad.

El protocolo detalla que, ante una amenaza, el personal debe notificar de inmediato al equipo directivo, el cual informará a los inspectores de enseñanza y a las autoridades distritales y regionales. En forma paralela, la dirección del establecimiento tiene la obligación de radicar la denuncia ante la fiscalía o la dependencia judicial correspondiente para iniciar la investigación. Se aclara que, en una primera instancia, se debe evitar la identificación de los estudiantes para garantizar sus derechos.

Para los casos de extrema gravedad, donde un estudiante exhiba un arma dentro de la escuela, la normativa indica que el objeto siempre debe considerarse como si estuviera cargado. El personal deberá intentar calmar al joven y dialogar con él, mientras otro adulto da aviso al 911. Entre las pautas de seguridad, se recomienda procurar que el estudiante deposite el arma en una superficie segura.

El texto es taxativo respecto al manejo de armas de fuego: "Si se tratara de un arma de fuego, pedirle que saque el dedo del gatillo, si esta es la situación. En tanto no entregue el arma, se deberá procurar que mantenga la calma hasta que llegue la fuerza pública".

Además, se remarca que ninguna otra persona debe manipular el elemento. Se designará a un adulto responsable para custodiar el aula e impedir el ingreso de terceros, siendo la fuerza pública la única autorizada para retirar el arma. Finalmente, el estudiante implicado quedará bajo custodia, con intervención de su familia y de la Justicia.

En el marco de diversas denuncias recibidas por establecimientos educativos del Departamento Judicial de Bahía Blanca, la fiscal Betina Úngaro solicitó a la Justicia de Garantías la concreción de varios allanamientos en busca de elementos de prueba. Los procedimientos se llevaron a cabo en Bahía Blanca, Coronel Suárez y Pedro Luro por hechos similares, aunque independientes entre sí, que fueron tramitados por denuncias de las instituciones.

Las investigaciones buscan recolectar información para identificar a los presuntos autores y avanzar en aquellos casos en los que se presume que podrían existir armas de fuego. Más allá de que las inscripciones o las amenazas virtuales contengan un peligro potencial o no, la Justicia se ve obligada a intervenir de manera formal ante la oleada de mensajes intimidatorios registrados en escuelas de toda la Provincia.

En la localidad de San Miguel, se identificó a un joven de 16 años que amenazó con realizar una masacre en el Colegio Juana Manzo. El hecho se inició tras una llamada anónima al 911 sobre la exhibición de imágenes con una pistola en una cuenta de Instagram y canales de difusión de WhatsApp que advertían: "Nos vemos mañana, wachines". El sospechoso, un estudiante de quinto año de la Escuela Secundaria N°7 “Domingo Faustino Sarmiento”, fue identificado tras profundizar las diligencias en plataformas digitales.

Por otro lado, el secretario de seguridad de Ensenada, Martín Slobodian, confirmó que reconocieron a alumnos de La Plata y de su distrito por la realización de amenazas de tiroteos, quienes serán investigados bajo la carátula de intimidación pública. En la localidad de Lisandro Olmos, se realizaron allanamientos en los domicilios de dos estudiantes, donde se incautaron armas de fuego de distinto calibre y otros elementos de interés para la causa.

Finalmente, en el distrito de Ramallo, la investigación por mensajes intimidatorios difundidos en redes sociales sumó nuevos avances. Fuentes vinculadas con el caso confirmaron que los teléfonos celulares secuestrados durante los operativos comenzaron a ser peritados para identificar a los autores y establecer posibles conexiones. Al menos cuatro instituciones educativas fueron alcanzadas por las amenazas en esa localidad, lo que generó preocupación y motivó el refuerzo de los protocolos preventivos.

De acuerdo a un relevamiento realizado por el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, durante marzo se registraron 11.116 compraventas de inmuebles en territorio bonaerense, alcanzando el mejor marzo desde el año 2018. La cifra oficial representó un incremento del 8% respecto a las 10.317 operaciones concretadas en el mismo mes de 2025.

En la comparación intermensual, se observó un aumento del 45% frente a febrero, cuando se habían contabilizado un total de 7.655 escrituras. En cuanto a las hipotecas, durante marzo se firmaron 1.509 actos, lo que implicó una baja interanual del 10% respecto al mismo mes de 2025. En comparación con febrero, por su parte, se verificó una suba del 44%.

El presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Longhi, analizó los datos del tercer mes del año. “Los números de este primer trimestre son positivos, pero el comportamiento del mercado en los distintos meses no permite visualizar aún cuál será la tendencia anual”, manifestó, con cierta prudencia respecto a su análisis.

Además, Guillermo Longhi agregó que para que la actividad mantenga su ritmo de recuperación resulta clave el financiamiento. “Es importante resaltar que para que la tendencia se consolide hacia el alza es fundamental incentivar el mercado del crédito hipotecario”, declaró.

Un numeroso grupo de jueces, funcionarios y miembros del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires encendió una fuerte señal de alerta por la situación previsional del sector. A través de un comunicado, advirtieron sobre una “crisis sin precedentes” y reclamaron la urgente intervención de las autoridades para revertir lo que consideran una pérdida sustancial de derechos adquiridos.

El eje del conflicto gira en torno a la movilidad jubilatoria. Según sostienen, las jubilaciones del sector dejaron de actualizarse en línea con los salarios de los magistrados en actividad, pese a que una normativa vigente desde 1972 garantiza ese mecanismo automático. “Los haberes han perdido su carácter móvil”, remarcaron, en referencia a un principio clave del sistema previsional judicial.

De acuerdo con lo denunciado, la situación se agravó a partir de una acordada de la Suprema Corte bonaerense de 2022, luego complementada en 2023, que introdujo nuevas subcategorías salariales para el personal en actividad. Esas mejoras, sin embargo, no fueron trasladadas a los jubilados, luego de que el Instituto de Previsión Social (IPS) resolviera excluirlas del cálculo de los haberes.

Como consecuencia, aseguran que hoy existe una brecha de entre el 35% y el 40% entre los ingresos de trabajadores activos y pasivos de igual escalafón y antigüedad. “En la práctica, esto vacía de contenido el derecho a la movilidad jubilatoria”, advirtieron desde el Foro de Jueces, Ministerios Públicos y Funcionarios Jubilados Bonaerenses.

El reclamo no se quedó solo en lo declarativo. La controversia ya se trasladó al ámbito judicial, con el inicio de centenares de procesos en el Fuero Contencioso Administrativo provincial. Las demandas fueron impulsadas por los propios afectados, que buscan recomponer sus haberes y restituir el criterio histórico de actualización.

En una nota difundida días atrás, firmada por los exmagistrados Silvina Darmandrail y Gabriel Luis Rojas, se denunció que “se están transgrediendo derechos adquiridos en materia previsional”, en un contexto que calificaron como especialmente grave, teniendo en cuenta la avanzada edad de muchos de los perjudicados.

El planteo sumó además el respaldo institucional de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires, que expresó su más enérgico acompañamiento al reclamo. Desde ese espacio advirtieron que la situación “vulnera los cimientos mismos de la seguridad jurídica y la dignidad de quienes han dedicado su vida al servicio de justicia”.

“Un jubilado percibe hoy entre un 35% y un 40% menos que un magistrado en actividad de igual escalafón y antigüedad”, indicaron.

Los denunciantes fueron más allá al señalar que se trata de “una violación flagrante al principio de legalidad”, en la medida en que normas de menor jerarquía estarían alterando lo dispuesto por una ley vigente. El conflicto abre así un nuevo frente de tensión en la provincia, con impacto directo en uno de los pilares del sistema judicial.

“No existe independencia judicial posible si el Estado, mediante artificios reglamentarios, confisca los haberes de sus magistrados jubilados”, concluyeron.

El 75% de los tres millones de jóvenes bonaerenses de entre 18 y 29 años no realiza estudios terciarios y atraviesa una inserción al mercado laboral marcada por la informalidad. Los datos surgen de una investigación de la Unidad de Género del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, que indica que esta situación retrasa la emancipación y provoca que seis de cada diez convivan aún con sus padres.

El informe, titulado “Jóvenes bonaerenses en Foco”, tuvo como objetivo "identificar las desigualdades de género y las barreras sociodemográficas que condicionan la autonomía económica" de este sector de la población. Los resultados exponen una persistente brecha de género: el porcentaje de mujeres que no estudia ni trabaja (27,1%) casi duplica al de los varones (17,6%).

Asimismo, las mujeres duplican a los hombres en cuanto al tiempo diario dedicado a tareas de cuidado no remuneradas, con un promedio de cinco horas y 46 minutos frente a las dos horas y 26 minutos de los varones. Otro dato central es que solo el 15% logra compatibilizar el trabajo con los estudios, ya que las condiciones del primer empleo suelen obturar la continuidad educativa.

El nivel educativo sigue siendo un reflejo de la situación económica. El informe revela que tres de cada diez jóvenes no terminaron el secundario, cifra que asciende a cuatro de cada diez en el quintil de ingresos más bajos. Esta población ingresa prematuramente al mercado en puestos de baja calidad, lo que genera un "efecto cicatriz".

"La evidencia de que las experiencias tempranas de desempleo e informalidad actúan como un penalizador estigmatizante que reduce las posibilidades de acceder a empleos de calidad y mejores salarios en la vida adulta", se señala en el documento oficial.

El estudio señala que el comercio es el principal rubro de inicio laboral, con un índice de informalidad del 60%. En contraste, sectores más formalizados como salud, educación y la administración pública tienden a contratarlos menos.

Finalmente, la falta de autonomía se vincula a la inestabilidad laboral y al difícil acceso al mercado inmobiliario, con alquileres que aumentaron por encima del 400% desde enero de 2024. En la franja de 25 a 29 años, el 46,9% aún permanece con sus padres, cifra que llega al 50% en el caso de los varones.

El diputado del bloque UCR – Unión Cívica Radical, Valentín Miranda, ingresó esta semana un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para crear un marco normativo destinado al reconocimiento de nuevos municipios en la provincia de Buenos Aires. El texto contempla desde el procedimiento técnico hasta los requisitos que debe reunir una localidad para alcanzar dicha categoría.

En su iniciativa, Miranda destacó que, a diferencia de otras jurisdicciones como Córdoba y Río Negro, el territorio bonaerense aún no cuenta con un reglamento para definir la conformación de un nuevo distrito.

El objetivo principal es establecer las condiciones y requisitos para que una población pueda ser reconocida como municipio, es decir alcance el derecho a tener su propio gobierno local, sintetizó el autor de la propuesta.

La normativa fija que las localidades aspirantes deben poseer características institucionales, históricas, culturales, territoriales y ambientales que definan una identidad propia, además de contar con aptitud de factibilidad económico-social. Miranda definió que las características institucionales refieren a asentamientos de organismos públicos y organizaciones civiles, mientras que las histórico-culturales acreditan la singularidad de la comunidad por su origen y desarrollo.

El proceso establece que el territorio interesado deberá presentar ante una Comisión Bicameral de Reconocimiento de Municipios, integrada por 14 legisladores, un petitorio avalado por el 15 por ciento de sus electores. Asimismo, se conformará una Junta Pro-Reconocimiento Municipal con representantes vecinales para remitir la información necesaria.

La organización de la comunidad debe ser un requisito fundamental para poner en marcha el procedimiento, lo cual implica asumir responsabilidades y compromisos, plasmados en la elaboración de informes y estudios, valoró el legislador. El pedido formal debe incluir la denominación, límites, transferencia de bienes, incorporación de personal y la creación de un Juzgado de Paz, entre otros puntos técnicos.

Tras el análisis de las autoridades municipales actuales, la Bicameral enviará los documentos a una institución académica pública para su evaluación. En caso de obtener una respuesta afirmativa, se convocará a un plebiscito para que la población decida sobre la creación del nuevo distrito.

Miranda recordó antecedentes legislativos de diversos bloques que sirvieron de base para esta norma. La vigencia de una norma como la que se propone posibilitará un régimen municipal más ordenado y previsible. Será un sólido punto de partida hacia una nueva organización municipal en la provincia, concluyó. El último antecedente de creación de un municipio fue Lezama en 2009, mientras que en 1994 nacieron distritos como San Miguel, Malvinas Argentinas y Ezeiza.

La Provincia de Buenos Aires oficializó la transferencia de 13.010 millones de pesos a los 135 municipios bonaerenses. Este monto corresponde al primer desembolso del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, un recurso clave para las gestiones locales en un escenario económico complejo.

El reparto de los recursos se realizó a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD), un indicador que se construye a partir de diversas variables como la población, la superficie de cada distrito y su producción en materia de salud. Bajo este esquema, municipios con gran densidad poblacional como La Matanza perciben un 6,58% del total, mientras que distritos del interior como Suipacha reciben un 0,16%.

En esta primera etapa, un total de 18 municipios recibieron sumas superiores a los 200 millones de pesos. El podio de los distritos con mayores ingresos está integrado por La Matanza con 856,46 millones de pesos, seguido por Malvinas Argentinas con 412,78 millones y La Plata con 412,39 millones. La lista de los más beneficiados se completa con Merlo (385,17 millones), Pilar (314,63 millones), Moreno (285,68 millones), General Pueyrredón (277,56 millones), Almirante Brown (261,56 millones), Quilmes (259,06 millones), Florencio Varela (258,9 millones) y José C. Paz (244,21 millones).

En el otro extremo de la escala, diez municipios percibieron montos inferiores a los 23 millones de pesos. Entre ellos se encuentran Castelli (22,92 millones), Suipacha (21,69 millones), General Las Heras (21,4 millones), Pellegrini (20,64 millones), Tres Lomas (20,47 millones), Pila (19,82 millones), Monte (18,12 millones), Lezama (15,12 millones), Carmen de Areco (13,93 millones) y Tordillo (8,23 millones).

Desde el gobierno que encabeza Axel Kicillof precisaron que estos recursos son no reintegrables y de libre disponibilidad. Los mismos están asociados a la primera colocación de bonos en el mercado local, en el marco del endeudamiento autorizado por la Legislatura bonaerense a fines de 2025. El plan contempla que el ocho por ciento del endeudamiento total, equivalente a 350.000 millones de pesos, se reparta entre las comunas hasta junio de 2027.

“Es necesario advertir acerca del complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la brutal caída de la recaudación. Aún en ese contexto de extrema dificultad financiera, el Gobierno cumple con sus obligaciones y trabaja en conjunto con los 135 municipios para dar respuestas a las y los bonaerenses”, indicaron desde la Gobernación.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se refirió al esquema de distribución y aclaró que la configuración actual del CUD depende del ámbito legislativo. El funcionario explicó que, si bien la propuesta original del Ejecutivo era que la totalidad de los fondos se repartieran por coeficiente, el tratamiento parlamentario modificó ese criterio.

"Esa fue la propuesta original del Ejecutivo, que todos los fondos se repartan por Coeficiente Único de Distribución. Ingresado el proyecto en la Legislatura bonaerense, los diputados y senadores definieron que sea el 70% por CUD y el 30% por programas vinculados a distintos ministerios", detalló Bianco. 

Esta aclaración surge tras el reclamo del Foro de Intendentes Radicales, que solicitó mayor flexibilidad en el uso de los recursos. Al estar el 30% restante asignado a programas específicos de los ministerios de Transporte, Cultura e Infraestructura, los municipios deben ejecutar esos montos dentro de dichos marcos y no pueden disponer de ellos libremente.

El Municipio de Tandil solicitó formalmente a la Provincia de Buenos Aires la realización del dragado del arroyo Langueyú, una obra considerada clave para mejorar el escurrimiento del agua y disminuir el riesgo de anegamientos en distintos sectores de la ciudad.

El pedido lleva la firma del intendente Miguel Lunghi y del secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, y se centra en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional N° 226 —en la confluencia de los arroyos Del Fuerte y Blanco— y la Ruta Provincial N° 30. Desde la comuna recordaron que la ejecución de este tipo de intervenciones es competencia de la Provincia, por lo que insistieron en la necesidad de avanzar con el proyecto.

Desde el gobierno local señalaron que la obra es prioritaria para optimizar la capacidad del sistema hidráulico, permitiendo un drenaje más eficiente y protegiendo tanto a los vecinos como a la infraestructura urbana frente a episodios de lluvias intensas.

En la nota enviada también se remarcó la importancia de trabajar de manera conjunta con la Provincia para dar respuesta a una problemática que se agrava cuando las precipitaciones son abundantes y se concentran en cortos períodos de tiempo.

En paralelo, el Municipio continúa con su plan de mantenimiento del sistema de desagües pluviales, que incluye la limpieza de sumideros y canales, inspecciones periódicas y el desarrollo de nuevas obras hidráulicas. En ese marco, la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas avanza en la elaboración de un pliego para ampliar el cauce y limpiar las desembocaduras de los arroyos Del Fuerte y del Blanco, además del despeje de sedimentos en un tramo final del entubamiento del primero.

Las autoridades advirtieron que este tipo de obras resulta cada vez más necesario frente a los cambios recientes en la intensidad y duración de las lluvias, lo que obliga a reforzar la infraestructura hidráulica de la ciudad.

El próximo sábado 11, entre las 10 y las 13, el Centro Cultural Arte y Parte abrirá sus puertas para una nueva entrega de la feria del programa Mercados Bonaerenses. La actividad, que se desarrollará en Hipólito Yrigoyen 882, se convirtió en un punto de referencia para los vecinos que buscan calidad y precios justos en el corazón de la ciudad.

La propuesta reúne a un diverso grupo de productores locales, quienes pondrán a disposición del público una variada gama de elaboraciones regionales. Entre la oferta destacada se encontrarán conservas, huevos, dulces, miel, alfajores y vermut, además de otras producciones características de la zona. De esta manera, el evento no solo funcionó como un mercado, sino también como una vidriera para el talento emprendedor del partido.

Mercados Bonaerenses es una iniciativa que promueve activamente los canales cortos de comercialización. Este modelo permitió que el vínculo entre quien elabora el alimento y quien lo pone en su mesa fuera directo y sin intermediarios. La ausencia de actores secundarios en la cadena de distribución resultó uno de los pilares para que se lograra fortalecer el desarrollo de la producción local, garantizando que el valor agregado quedara en manos de los trabajadores regionales.

Además de la frescura de los productos, la feria se enfocó en garantizar el acceso a alimentos de calidad a precios accesibles para toda la comunidad. En tiempos donde el costo de la canasta básica es una preocupación constante, este tipo de espacios resultaron vitales para equilibrar la balanza comercial interna de la ciudad. 

El componente económico se vio reforzado por la política de reintegros a través de herramientas digitales. Aquellas personas que realicen sus compras mediante la aplicación Cuenta DNI del Banco Provincia podrán acceder a un 40 % de descuento. Este beneficio estableció un tope de reintegro de $6000 por persona, lo que representó un incentivo extra para volcar el consumo hacia el mercado local y un alivio significativo para el bolsillo de los vecinos y vecinas.

Finalmente, la feria constituyó una oportunidad para ratificar el compromiso con la soberanía alimentaria y el apoyo a los emprendedores tandilenses. Al elegir productos elaborados en la ciudad, se promovió un círculo virtuoso de consumo local responsable que impactó directamente en la economía de las familias locales. Desde la organización invitaron a toda la comunidad a participar de este encuentro que celebró la identidad productiva y el trabajo genuino de Tandil.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires renovó su reclamo ante la administración nacional para que se reactive el Tramo IV del Plan Maestro del río Salado, una obra hídrica estratégica para prevenir inundaciones. El pedido fue encabezado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, quien apuntó contra el titular de Economía, Luis Caputo.

El funcionario bonaerense remarcó la importancia de retomar los trabajos en la etapa dos de dicho tramo, que actualmente se encuentran paralizados bajo la órbita federal. Según explicó, esta fase es indispensable para que la Provincia pueda avanzar con las intervenciones complementarias proyectadas en la región.

"Necesitamos que Caputo deje de timbear la plata que debería invertirse en estas obras y que el Plan Maestro del Salado se reinicie también en su etapa IV, que hoy está a cargo del Gobierno Nacional", señaló.

En paralelo a la exigencia hacia la Casa Rosada, Katopodis destacó las tareas que el gobierno de Axel Kicillof lleva adelante en la localidad de Roque Pérez. Allí se ejecutan dos nuevos puentes —uno ferroviario y otro carretero— sobre el río Salado, con el objetivo de reemplazar estructuras obsoletas y mejorar la conectividad.

"Esta una obra clave para el desarrollo agropecuario, para recuperar suelo productivo y que los productores puedan estar aliviados frente a un cambio climático cada vez más fuerte. Infraestructura hidráulica que la Provincia viene ejecutando de manera ininterrumpida", declaró.

A principios de este año, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos inició la licitación para el Tramo V del plan, que contempla una inversión de 138 millones de dólares. El financiamiento se compone de un crédito de 110 millones de dólares otorgado por el Banco Europeo de Inversión (BEI) y fondos provenientes del Tesoro Provincial.

Las obras en este segmento abarcan una extensión de más de 60 kilómetros entre Bragado y la laguna Rocha, atravesando los partidos de Alberti y Chacabuco. El proyecto incluye la reconstrucción de siete puentes y busca recuperar aproximadamente 400 mil hectáreas productivas mediante la adecuación y profundización del cauce.

El Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado es considerado la obra hidráulica más emblemática de la Provincia. Con una superficie de 170.000 kilómetros cuadrados, la cuenca abarca 59 municipios y beneficia a una población de más de un millón y medio de habitantes, representando el 55 por ciento del territorio bonaerense.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una reunión en La Plata con referentes de diversas iglesias evangélicas. El encuentro tuvo como eje central el análisis del trabajo social y espiritual que llevan adelante estas instituciones, en un contexto marcado por la profunda preocupación ante el incremento de los índices de vulnerabilidad.

La jornada se desarrolló en el Salón de Acuerdos de la Gobernación, donde el mandatario provincial estuvo acompañado por la jefa de asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el director de cultos, Juan Torreiro; y el diputado provincial Mariano Cascallares.

"Nos reunimos con autoridades pastorales evangélicas para conversar sobre la situación social de nuestro país ante el crecimiento de la pobreza a nivel nacional", indicó Kicillof.

Durante el intercambio, los presentes coincidieron en la gravedad de la situación social y destacaron que las comunidades de culto representan un ejemplo de paz, respeto y convivencia ciudadana. En ese marco, se puso en valor la red de contención que las iglesias despliegan en el territorio bonaerense.

Por parte de la Federación de Consejos Pastorales Evangélicos de la Provincia de Buenos Aires (Fecopeba), asistieron el vicepresidente, el pastor Diego Vega, y el secretario, pastor Oscar Mautisi. En representación de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina (Aciera), participaron el vicepresidente de relaciones externas, pastor Rafael Pedace; el pastor Marcelo Vitrano y el directivo nacional, pastor Alberto Rey.

Finalmente, la delegación de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) estuvo integrada por su presidente, el pastor Leonardo Schindler; el integrante de la comisión directiva Sabino Ayala; y la vocal nacional, pastora Gabriela Mulder.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reglamentó este lunes el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), una herramienta clave destinada a regularizar atrasos de Tesorería y financiar proyectos de infraestructura, sociales y ambientales en los 135 municipios bonaerenses.

A través del decreto 358/26, publicado en el Boletín Oficial, se establecieron las pautas para la integración, distribución y ejecución de estos recursos. El fondo se conformará con el ocho por ciento de los recursos obtenidos por el endeudamiento autorizado y contará con una garantía mínima de 250.000 millones de pesos provenientes de Rentas Generales, que se transferirán en cinco tramos entre abril de 2026 y junio de 2027.

En cuanto a la distribución, el 70 por ciento se asignará mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30 por ciento restante se destinará a programas provinciales ejecutados por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el Ministerio de Transporte y el Instituto Cultural.

La normativa también dio origen a tres líneas de acción específicas para inyectar capital en los distritos: el Programa de Transporte y Acceso Territorial, el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal y el Programa Cultura y Territorio.

Para acceder a estos recursos no reintegrables, los intendentes deberán presentar una nota de adhesión formal. El Gobierno bonaerense fijó como fecha límite el próximo diez de abril, es decir, el viernes de la corriente semana. Según indica la reglamentación, "una vez suscripto el convenio mencionado podrá efectivizarse la transferencia de la primera cuota"

De cumplirse los plazos administrativos, el primer desembolso debería concretarse el 30 de abril. El avance de esta medida se da en un contexto de incertidumbre financiera, luego de que el propio Kicillof manifestara su preocupación ante los jefes comunales por el recorte de fondos que aplica el Estado nacional.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, advirtió sobre la crítica situación financiera que atraviesa el distrito tras la difusión de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Según el funcionario, la provincia de Buenos Aires sufrió una pérdida de 80.000 millones de pesos respecto al año anterior, remarcando que "mes a mes, se profundiza el desfinanciamiento a las provincias".

El análisis detalló que la caída de los recursos coparticipables para las 24 jurisdicciones del país roza el 15% en comparación con el promedio del periodo comprendido entre 2019 y 2023. En este contexto, López puntualizó que “la caída respecto del promedio 2019-2023 roza el 15% para los recursos coparticipables de las 24 jurisdicciones”. 

Asimismo, agregó que "mes a mes, se profundiza el desfinanciamiento a las provincias argentinas En marzo, la caída real de la coparticipación federal fue del 8%. Las provincias recibieron unos $4,5 billones en recursos coparticipables, similar al registro de marzo de 2020, al inicio de la pandemia".

A pesar de que se registró un incremento nominal del 26,4% en comparación con el mismo mes del año pasado, el funcionario de la gestión de Axel Kicillof explicó que "la persistencia del proceso inflacionario terminó por licuar el poder adquisitivo de los fondos transferidos". El informe del Iaraf ubicó a la provincia de Buenos Aires, junto a la CABA, Santa Fe y Córdoba, como las jurisdicciones más afectadas por la merma de ingresos.

Ante la falta de respuestas por parte del Gobierno nacional, el Ejecutivo provincial mantiene abiertos diversos frentes judiciales por una deuda que estiman en 22 billones de pesos. Uno de los puntos más urgentes es el financiamiento del IPS, cuya deuda por parte de la Anses ascendería a los 2,2 billones de pesos.

Recientemente, la Corte Suprema de la Nación convocó a una audiencia para el próximo 21 de abril con el fin de destrabar el conflicto previsional. Sobre este avance, el gobernador bonaerense destacó: "Nación hizo un recorte feroz sobre partidas imprescindibles. Pido un aplauso para la Corte Suprema porque se acordó de la provincia de Buenos Aires para discutir la deuda la extracción del Gobierno nacional a recursos que nos corresponden. Son recursos del pueblo de la Provincia".

Pablo López concluyó su diagnóstico con una advertencia sobre el futuro inmediato de la actividad económica: "No hay señal más clara del estado de la actividad: los números de marzo confirman con crudeza lo delicado de la situación. Las provincias estamos haciendo los mayores esfuerzos, pero sin un cambio en las políticas nacionales no hay perspectivas de recuperación".