El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, salió al cruce este lunes de la ofensiva opositora por la inseguridad. El funcionario rechazó los cuestionamientos de La Libertad Avanza (LLA) sobre el avance del delito y aseguró que los principales indicadores delictivos registraron una baja durante los últimos años en la provincia de Buenos Aires.

Durante la habitual conferencia de prensa de los lunes, el funcionario de Axel Kicillof sostuvo que el Ejecutivo provincial conoce la problemática que la bancada libertaria convirtió en uno de los ejes de su agenda parlamentaria. Asimismo, remarcó que el ministro de Seguridad, Javier Alonso, expuso en distintas oportunidades las medidas adoptadas para enfrentar el delito: “Nadie mejor que nosotros somos conscientes de cuáles son los problemas de la Provincia de Buenos Aires, porque no solo nos preocupan sino que nos ocupamos”.

Tras el crimen de un joven de 23 años en José C. Paz a manos de motochorros y otros ataques registrados en el territorio bonaerense, desde La Libertad Avanza profundizaron sus reclamos. En las últimas horas, presentaron un proyecto para que el titular de Seguridad provincial explique las políticas aplicadas frente al avance de los robos en el Conurbano.

Bianco rechazó el diagnóstico opositor y puso como ejemplo la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, la cual mantiene una tendencia descendente. En ese sentido, cuestionó la postura del Gobierno nacional al señalar: “El Gobierno nacional se mofa de que han mejorado los indicadores de seguridad en la Argentina desde que llegaron ellos, pero la provincia de Buenos Aires es el 40 o el 50% de eso. Después nos dicen a nosotros que hay un baño de sangre. No podrían pasar las dos cosas al mismo tiempo”.

El ministro reconoció que la provincia enfrenta problemas de inseguridad y mencionó la incorporación de tecnología y nuevos patrulleros como herramientas clave. No obstante, volvió a cargar contra la gestión nacional por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, cuyos recursos la administración bonaerense destinaba a seguridad. Según precisó, la Provincia tenía previsto recibir alrededor de 750.000 millones de pesos durante el año pasado, pero esos fondos “no llegaron nunca”.

Finalmente, el funcionario se refirió a la situación en Mar del Plata, donde vecinos autoconvocados reclamaron un plan integral de seguridad. Bianco cuestionó el manejo de los recursos por parte del municipio y afirmó: “A Mar del Plata le entregamos los fondos, no compró los patrulleros, no tiene un plan de seguridad con la Provincia como sí tienen los otros 134 municipios”.

El Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires invita a investigadoras, investigadores, estudiantes, organizaciones y personas interesadas en temáticas ambientales a participar de la Agenda Ambiental Latinoamericana 2026, una iniciativa que busca reunir experiencias, investigaciones y propuestas para abordar los principales desafíos socioambientales de la región.

La jornada constará de dos días de paneles, debates y actividades culturales con referentes ambientales nacionales e internacionales y está abierta para todos quienes quieran participar. Además, está abierta la convocatoria para quienes cuenten con investigaciones o experiencias sobre una temática ambiental y quieran compartir sus aportes mediante un póster científico.

“Frente a la urgencia climática, estamos construyendo un Frente Ambiental Latinoamericano que consolide la postura del Sur Global y dispute en la agenda internacional una transición justa, con la reducción de las desigualdades y la justicia social en el centro”, sostuvo la ministra de Ambiente, Daniela Vilar.

El encuentro regional busca fortalecer el intercambio y la articulación entre gobiernos, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, especialistas y referentes políticos y sociales comprometidos con una agenda de desarrollo sostenible, justicia ambiental e integración latinoamericana.

La inscripción en el evento o el envío de un póster científico se realizan a través de la página web del Ministerio de Ambiente: https://www.ambiente.gba.gob.ar/ 

La fecha límite para presentar los pósters científicos es el 9 de octubre.

Desde el Ministerio de Ambiente bonaerense se continúa promoviendo la construcción de espacios de intercambio y participación que permitan fortalecer una agenda ambiental con perspectiva latinoamericana, articulando el conocimiento científico con las necesidades y desafíos concretos de nuestros territorios.

La problemática del suicidio ha experimentado un incremento drástico en los últimos años, tanto a nivel nacional como internacional. Al tratarse de una situación de padecimiento psíquico multicausal, su impacto subjetivo supera las cifras de otras muertes violentas, incluyendo los homicidios y los fallecimientos en eventos de tránsito.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, el Gobierno bonaerense presentó el Plan Provincial de Prevención y Cuidados ante la problemática del suicidio.

La presentación fue encabezada por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak. Durante el encuentro, las autoridades enfatizaron la necesidad de brindar respuestas estatales frente a una problemática de sufrimiento social vinculada a múltiples factores, tales como la falta de recursos materiales, la precarización laboral y la desesperación ante la imposibilidad de satisfacer necesidades básicas.

"Notamos que los padecimientos subjetivos se vienen complejizando desde la pandemia y no se pueden descontextualizar lo que pasa en el país", indicaron durante la presentación.

El ministro Nicolás Kreplak subrayó que, desde 2023, los suicidios constituyen la principal causa de muerte violenta y una de las primeras causas de muerte en la población general. El funcionario advirtió además que este fenómeno impacta con mayor fuerza en la franja etaria de 20 a 39 años, etapa clave en la construcción de autonomía y la inserción productiva. Según se informó, la gestión cuenta con datos más fidedignos gracias a la sistematización realizada por el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Salud. "Desde 2023 los suicidios son la principal causa de muerte violenta y una de las primeras causas de muerte de la población", afirmó.

Ante este escenario, la gestión de Axel Kicillof definió un plan integral que articula las áreas de Salud, Educación, Comunicación, Seguridad, Desarrollo de la Comunidad, Justicia, Mujeres y Niñez. Como parte de esta estrategia, se lanzó la campaña "Estás, estoy", orientada a informar a la ciudadanía sobre los canales de acompañamiento disponibles. 

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof destacó la importancia de la inversión en infraestructura sanitaria: "La salud mental ha sido una preocupación que abordamos desde el inicio de la gestión, conscientes de que la pandemia no solo incrementó estos padecimientos, sino que además los hizo mucho más visibles".

El mandatario provincial agregó: "Venimos trabajando con una mirada transversal entre distintas áreas del Gobierno y hoy profundizamos esa tarea con nuevas medidas para fortalecer la prevención y los cuidados. Ya inauguramos más de 200 centros comunitarios de salud mental y todos los hospitales cuentan con áreas específicas: para la provincia de Buenos Aires, la salud mental es una prioridad".

Entre las acciones concretas, se destaca el curso de prevención y abordaje del suicidio en adolescencias y juventudes destinado a trabajadores de la Administración Pública, el cual ya alcanzó a 3.532 personas con el objetivo de llegar a 6.532 para diciembre. De la presentación también participaron el ministro de Seguridad, Javier Alonso, y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi.

La senadora bonaerense Malena Galmarini presentó esta semana un proyecto de ley con el objetivo de actualizar la normativa que regula la Caja de Seguridad Social para Odontólogos de la provincia de Buenos Aires, bajo la ley N°8.119. La iniciativa busca modernizar el funcionamiento de la entidad y adecuar el régimen previsional a las condiciones actuales de la actividad profesional.

Al respecto, la legisladora argumentó: “Dicha legislación es de vieja data y a diferencia de otras cajas profesionales no ha recibido actualizaciones suficientes, quedando atrasada no sólo en su terminología sino también, lo que es más importante, en sus conceptos y normas de funcionamiento”.

El proyecto propone la creación de una Comisión Fiscalizadora, integrada por dos afiliados activos y un jubilado, con el fin de fortalecer la transparencia y el control técnico de los ingresos y egresos. Asimismo, se establece una nueva escala de aportes basada en Módulos Odonto, que variará según la antigüedad del profesional, permitiendo a los afiliados optar por diferentes porcentajes de contribución.

En cuanto al régimen jubilatorio, si bien se mantiene la edad de 60 años, la propuesta eleva a 35 los años de ejercicio profesional con aportes computables necesarios para acceder al beneficio.

"Hoy la Caja de Odontólogos es una de las únicas que queda, que mantiene su régimen jubilatorio en 60 años de edad y 30 años de ejercicio profesional computables. Es por ello que se considera que, a cincuenta años de la creación de la Caja, es lógico y razonable pasar a exigir 35 años de ejercicio profesional con aportes computables", explicó Malena Galmarini.

La iniciativa también introduce cambios en la cobertura médica, estableciendo una prestación integral obligatoria para los activos, y contempla bonificaciones por años adicionales de aportes para quienes decidan continuar en actividad. El debate se suma a otros antecedentes legislativos recientes, como las propuestas de los diputados Ricardo Lissalde y Diego Garciarena, quienes también han planteado modificaciones sobre la obligatoriedad de aportes y la implementación de jubilaciones parciales en el sector.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires expuso los resultados de la iniciativa que trabaja en la prevención del delito adolescente, en un encuentro realizado en el Complejo Policial "Juan Vucetich" de Mar del Plata. Se trata del Programa Entramados, la iniciativa orientada al abordaje y prevención integral del delito de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal o en riesgo de estarlo.

Los disertantes describieron el modo de implementación que toma este programa, especialmente diseñado para interrumpir trayectorias delictivas de adolescentes y jóvenes, atendiendo las particularidades de cada municipio bonaerense. En la exposición se presentaron también las políticas y los programas provinciales que se articulan con la propuesta de Entramados, lo que permite intervenciones que abordan tanto las causas de fondo como las más inmediatas de cada situación, sin perder de vista lo que sucede después de cometer una trasgresión.

Entramados está presente en 38 municipios de la provincia, entre ellos Almirante Brown, Avellaneda, Bahía Blanca, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Merlo, Moreno, Quilmes, San Isidro y Tigre, con propuestas que se adaptan a las particularidades de cada territorio. Cuatro de esos distritos, Bahía Blanca, General Las Heras, Ramallo y Villa Gesell, comenzaron a implementar el programa este mes, mientras que los 34 restantes ya transitan etapas más avanzadas.

En cada municipio donde se implementa el programa, funciona una Mesa Multiagencial que reúne a áreas de gobierno provinciales y municipales, representantes del Poder Judicial, programas socioeducativos, hospitales, universidades y organizaciones comunitarias para desarrollar una agenda común de trabajo y coordinar la intervención a nivel local. Entramados, en cada municipio, comienza con la realización de un diagnóstico sobre la situación socio penal y la definición de un plan de acción que incluye, entre otras cosas, acompañamientos individuales y talleres grupales, revinculación educativa, formación laboral y en oficios, actividades deportivas y culturales, atención en salud y salud mental y trabajo con familias y referentes adultos.

De la jornada participaron representantes de los Juzgados de Garantías del Joven N°1 y 3 de Mar del Plata, los Juzgados de Garantías N°2 y 5, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, las Defensorías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, 2 y 4, la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, la Jefatura Departamental Policial, el Consejo Municipal de Niñez, la Secretaría de Desarrollo Social local, la Jefatura Distrital de Educación y la Dirección de la Región Sur de los Centros de Referencia Territorial. Además, el encuentro contó con el apoyo del Obispo de Mar del Plata, Monseñor Ernesto Giobando.

Del panel participaron Enrique Font, integrante del Consejo Directivo de Entramados por el Ministerio de Seguridad bonaerense; José Luis Zerillo, subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia y Agostina Suraniti, quien también integra el Consejo Directivo de Entramados por la Secretaria General del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La senadora bonaerense de la Unión Cívica Radical (UCR), Nerina Neumann, presentó un proyecto de ley con el objetivo de simplificar los trámites de regularización para los clubes de barrio. La iniciativa busca que el Ejecutivo provincial, a través de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, brinde una solución administrativa a las dificultades que enfrentan estas instituciones para mantener su condición de vigencia.

Según explicó la legisladora, esta situación registral es el principal obstáculo para el funcionamiento de los clubes. “Las dificultades encontradas para renovar la ‘vigencia’ tiene consecuencias directas en otros ámbitos, por ejemplo para gestionar los subsidios nacionales del programa Clubes en Obra, programas municipales de ayuda a instituciones o pedir subsidios a entidades del Estado, ONGs o privados”, detalló Neumann.

La propuesta contempla un sistema excepcional de regularización para entidades con más de 10 años de existencia, inscripción previa de personería jurídica, libros de actas rubricados y balances certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires. El objetivo es implementar un sistema virtual simplificado que permita obtener la vigencia legal de forma ágil.

“Es importante tener en claro que el Estado no puede generarle problemas institucionales a clubes que no los tienen, clubes que son visibles y tienen décadas de existencia reconocida en sus comunidades”, reclamó la senadora.

La problemática se profundizó tras la pandemia de COVID-19, afectando incluso el plano federativo. Neumann citó como ejemplo al Consejo Federal de Fútbol, dependiente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que debió modificar reglamentos ante la falta de regularidad de los clubes bonaerenses. 

En la Legislatura, diversos sectores han coincidido en la necesidad de acompañar a estas instituciones. La presidenta de la comisión de Deportes, Marcela Basualdo, señaló: “Tenemos el mandato de trabajar mucho en los clubes de barrio. Es importante que estén acompañados y entendemos que el trabajo debe ser con una visión muy clara, integrando con otras comisiones la problemática de las instituciones”.

Por su parte, el senador Matías Civale destacó que los clubes son actores clave del entramado social y “son un sector muy importante en la sociedad civil y hoy la están pasando mal, a partir de determinadas políticas nacionales”. En tanto, la titular de Clubes y Asociaciones Civiles, Luciana Padulo, adelantó que se priorizarán iniciativas para acompañar a las entidades durante el período 2025 y 2026.

Otras propuestas incluyen la creación del Programa Provincial de Reutilización Social de Unidades de Transporte, impulsado por Priscila Minnaard, y la instauración del 4 de junio como el “Día de los clubes de barrio”, proyecto presentado por Adrián Santarelli. Finalmente, cabe recordar la reciente ley impulsada por Facundo Tignanelli, que prohíbe el corte de servicios esenciales a asociaciones sin fines de lucro, una medida calificada por el legislador como de “profunda justicia social”.

La provincia de Buenos Aires atraviesa una transformación demográfica que se profundizará durante los próximos años: mientras la población vivirá cada vez más tiempo, la cantidad de nacimientos continuará disminuyendo. Como resultado, los adultos mayores tendrán un peso creciente dentro de la sociedad bonaerense.

Las proyecciones surgen de un análisis elaborado por el Observatorio de Políticas Poblacionales y Migratorias del Ministerio de Gobierno bonaerense junto al Laboratorio de Investigación de Lazos Socio-Urbanos (Lilsu), que anticipa un aumento sostenido de la esperanza de vida durante las próximas décadas.

Las estimaciones indican que la esperanza de vida se ubicaba en 75,4 años para los varones y 80,8 años para las mujeres. Para 2030, esos valores ascenderían a 76,5 y 81,4 años, respectivamente, mientras que en 2035 alcanzarían los 77,5 y 82,1.

Hacia 2040, en tanto, los varones bonaerenses tendrían una esperanza de vida promedio de 78,5 años, mientras que para las mujeres llegaría a 82,7 años. De cumplirse esas proyecciones, el incremento sería de aproximadamente 3,1 años para los hombres y 1,9 para las mujeres en un período de apenas 15 años.

La tendencia forma parte de un proceso que lleva varias décadas. En 2001, la esperanza de vida en territorio bonaerense rondaba los 70 años entre los varones y los 78 entre las mujeres. Para 2020 había avanzado hasta aproximadamente 73 y 79 años, respectivamente.

Además de una mayor longevidad, las estimaciones muestran otra modificación: la diferencia entre la esperanza de vida de hombres y mujeres se irá achicando. Mientras en 2001 la brecha alcanzaba los ocho años, para 2025 se estimaba en 5,4. En 2030 descendería a 4,9 años, en 2035 a 4,6 y para 2040 quedaría en alrededor de 4,2 años.

El envejecimiento poblacional, sin embargo, no responde solamente a que las personas vivirán más. El otro componente decisivo será la fuerte reducción de los nacimientos que ya registra la provincia.

La tasa global de fecundidad, que en 2010 superaba los dos hijos por mujer, podría acercarse a un hijo por mujer hacia 2040. Al mismo tiempo, la tasa bruta de natalidad cayó desde unos 19 nacimientos cada mil habitantes en 2012 hasta alrededor de 10 por cada mil en 2023.

La combinación de ambos fenómenos comenzará a modificar cada vez más la tradicional pirámide poblacional: habrá proporcionalmente menos niños y adolescentes y más personas mayores.

Las cifras permiten observar la magnitud de esa transformación. En 2001, la provincia contaba con alrededor de 200 mil habitantes de entre 60 y 64 años. Para 2040, las proyecciones indican que esa franja etaria podría superar los 1,1 millones de personas, un crecimiento cercano al 450%.

Todavía más pronunciado sería el incremento entre los bonaerenses de edades avanzadas. En 2001 había aproximadamente 16 mil personas de 90 años o más. Para 2040, esa población podría alcanzar las 165 mil, es decir, multiplicarse por más de diez en menos de cuatro décadas.

En términos porcentuales, la cantidad de bonaerenses de al menos 90 años registraría un crecimiento cercano al 931% respecto de comienzos de siglo.

La tendencia se repetiría, con distintas intensidades, en prácticamente todas las franjas a partir de los 60 años. En sentido contrario, la población menor de 15 años perderá participación dentro del total como consecuencia de la sostenida caída de la fecundidad.

El fenómeno bonaerense se inscribe en una transformación mucho más amplia. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta que tanto la proporción como la cantidad absoluta de personas de 60 años o más continuarán aumentando durante las próximas décadas en todos los países de América Latina y el Caribe.

El nuevo escenario demográfico planteará además desafíos para las políticas públicas, desde el sistema previsional y sanitario hasta los servicios de cuidado, la vivienda y la organización de las ciudades, que deberán adaptarse a una sociedad con menos niños y una proporción cada vez mayor de personas que alcanzarán edades avanzadas.

La falta de señal de telefonía celular en distintos tramos de las rutas bonaerenses podría comenzar a ser relevada de manera sistemática si avanza un proyecto presentado en la Legislatura provincial. La iniciativa propone que el Gobierno bonaerense confeccione un mapa georreferenciado de las zonas con cobertura deficiente o inexistente y establezca cuáles deberían ser consideradas prioritarias.

El proyecto fue impulsado por los diputados provinciales Fabián Luayza y Viviana Romano, del espacio Nuevos Aires, y pone el foco en una problemática que adquiere especial importancia en el interior bonaerense, donde extensos corredores viales atraviesan zonas rurales y sectores alejados de los principales centros urbanos.

La propuesta plantea que el Ejecutivo provincial, en coordinación con la Dirección de Vialidad, realice un relevamiento periódico de la conectividad móvil en la red vial bonaerense. El mapa debería actualizarse, como mínimo, una vez al año.

El objetivo central es contar con información precisa sobre aquellos sectores en los que una persona que circula por una ruta puede encontrarse sin posibilidades de realizar una llamada o comunicarse ante una emergencia.

El proyecto contempla que el relevamiento no se limite simplemente a identificar dónde hay o no cobertura. La intención es cruzar esa información con otros factores que permitan determinar cuáles son los sectores que presentan mayores riesgos.

Entre los criterios propuestos aparecen la extensión de los tramos sin cobertura o con señal deficiente, la intensidad del tránsito, la distancia respecto de centros poblados y servicios de emergencia, las características geográficas y los antecedentes de siniestralidad vial.

Con esos datos, la Provincia debería elaborar un listado de corredores y tramos prioritarios.

La iniciativa parte de una situación habitual para quienes recorren las rutas bonaerenses: avanzar varios kilómetros y perder la señal del teléfono, justamente en zonas donde también puede existir una mayor distancia hasta una localidad, un hospital, una comisaría o un servicio de asistencia.

En ese sentido, los autores remarcaron que no todas las zonas sin cobertura tienen necesariamente el mismo nivel de riesgo. Un sector de una ruta con alto tránsito, alejado de centros urbanos y con antecedentes de accidentes requeriría una atención diferente a otro ubicado cerca de una localidad con servicios disponibles.

Otro de los puntos centrales del proyecto es que la información relevada por la Provincia sea remitida periódicamente al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

La intención es que el mapa bonaerense pueda ser utilizado como insumo para los programas nacionales destinados al despliegue de infraestructura y la ampliación de la cobertura de telefonía móvil.

De esta manera, la iniciativa no busca que la Provincia avance sobre las competencias nacionales en materia de telecomunicaciones ni establecer obligaciones técnicas directamente sobre las empresas prestadoras.

El planteo apunta, en cambio, a que el Estado provincial tenga identificado con precisión dónde se encuentran los principales problemas de conectividad dentro de su propia red vial y pueda gestionar soluciones ante los organismos correspondientes.

El proyecto establece además la elaboración de un informe anual sobre el estado de la conectividad en las rutas bonaerenses. Ese documento debería incluir las zonas consideradas críticas, los corredores priorizados, las gestiones realizadas ante organismos nacionales, los convenios que eventualmente se celebren y la evolución registrada respecto del período anterior.

La cuestión adquiere particular relevancia en una provincia de grandes dimensiones territoriales y con una extensa red de rutas que vincula ciudades, localidades pequeñas, parajes rurales y zonas productivas.

En ese entramado, la telefonía móvil dejó de ser únicamente una herramienta de comunicación cotidiana para convertirse también en un recurso asociado a la seguridad vial.

Ante un choque, una emergencia médica o un desperfecto mecánico, la posibilidad de realizar una llamada puede determinar cuánto demora en llegar la asistencia.

La discusión sobre la conectividad vial se suma así a otros problemas vinculados con la infraestructura del interior bonaerense. En los últimos meses, distintos sectores productivos también vienen planteando dificultades relacionadas con el estado de los caminos rurales y su impacto sobre la circulación y la actividad económica.

En agosto, por ejemplo, un relevamiento realizado por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Aapresid, el Movimiento CREA y la Sociedad Rural Argentina indicó que el 79 por ciento de los productores consultados calificó como “malas” o “muy malas” las condiciones de transitabilidad de los caminos rurales en el sudeste bonaerense y la Cuenca del Salado.

En ese contexto, el proyecto presentado por Luayza y Romano incorpora una dimensión diferente a la discusión sobre la infraestructura vial: no se trata solamente de cómo se encuentran las rutas, sino también de qué posibilidades de comunicación tienen quienes las transitan.

Para los municipios del interior, contar con información precisa sobre esos puntos podría convertirse además en una herramienta para reclamar obras o mejoras de infraestructura de telecomunicaciones en aquellos corredores donde la falta de señal representa un riesgo mayor.

La provincia de Buenos Aires transita un escenario demográfico transformador que impacta directamente en el sistema educativo. La tasa de fecundidad, que en 2010 alcanzaba los dos hijos por mujer, se encamina hacia un valor cercano a uno para el año 2040. Este fenómeno, analizado por la Agencia DIB con la asistencia del Laboratorio de Investigación de Lazos Socio-Urbanos, advierte sobre una caída sostenida en la natalidad que ya comienza a reflejarse en las aulas.

Los indicadores son claros: la tasa bruta de natalidad en territorio bonaerense descendió de 19 nacimientos cada mil habitantes en 2012 a cerca de 10 en 2023. Si bien esta tendencia es nacional, el peso demográfico de la provincia agudiza las consecuencias sobre la demanda de servicios públicos, siendo el nivel Inicial el primero en experimentar el impacto.

Según las estimaciones de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, el nivel Inicial contaba con 578 mil alumnos en 2024. Las proyecciones oficiales indican que esta matrícula se reducirá a 474 mil en 2027, estabilizándose posteriormente en torno a los 450 mil estudiantes. Esto implica una pérdida superior a los 100 mil alumnos en un plazo de tres años, un descenso que ocurre pese a los esfuerzos por ampliar la cobertura en las salas de 3 y 4 años.

A nivel nacional, un informe de la Dirección Nacional de Población sobre natalidad y educación refuerza este diagnóstico. Se proyecta que la sala de 4 años, que alcanzó un pico de más de 685 mil alumnos en 2019, sufra una caída del 39% en su matrícula para 2028, proyectando cerca de 417 mil estudiantes.

El impacto no será uniforme. Mientras que el nivel Inicial ya registra la baja, la Primaria sigue la evolución demográfica de forma más cercana. En contraparte, la Secundaria aún transita un período de crecimiento. Se espera que en 2028 este nivel alcance su máximo histórico con 1,75 millones de estudiantes, frente a los 1,67 millones registrados en 2024.

Este crecimiento en la secundaria responde a la mejora en la cobertura y la reducción del abandono escolar durante los últimos quince años. Sin embargo, las autoridades advierten que este proceso tiene un límite demográfico. Las proyecciones señalan que 2028 será el punto de inflexión, momento a partir del cual la matrícula secundaria comenzará a descender de manera progresiva y acelerada.

Con el reconocimiento a diversas figuras del cine nacional, el Festival Internacional de Cine de la provincia de Buenos Aires (FICPBA) dio inicio a su 4° edición. El evento, organizado por el Instituto Cultural bonaerense, se extenderá desde el 2 hasta el 9 de septiembre, ofreciendo una programación con proyecciones libres y gratuitas en múltiples espacios de la ciudad de La Plata.

La sede principal del festival será el Cinema Paradiso, mientras que las actividades especiales y charlas se concentrarán en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino. Asimismo, se han dispuesto funciones y encuentros en el Cine Select, el Pasaje Dardo Rocha, el Anexo de la Cámara de Diputados de la Provincia y el Colegio de Arquitectos bonaerense.

Durante la ceremonia de apertura, la cartera que dirige la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout, anunció la entrega de homenajes a Dolores Fonzi, Fernán Mirás, Lorena Vega, Alejandra Flechner, Virginia Innocenti, Benjamín Naishtat y Carmen Guarini. Además, se realizará un reconocimiento especial al músico Charly García en la Sala Ginastera del Teatro Argentino.

“Es un gran esfuerzo para la provincia pero es lo que necesita la industria audiovisual frente al contexto nacional de vaciamiento y achicamiento que propone Javier Milei”, manifestó Saintout. En esa misma línea, añadió: “Sin la posibilidad de contar quiénes somos, no hay soberanía posible”.

El acto inaugural contó con una propuesta musical de la Camerata Académica y el Coro de Niñas y Niños del Teatro Argentino. Al respecto, desde el Instituto Cultural señalaron: “Lo que se propondrá, en definitiva, será un viaje sonoro y emocional que reviva las bandas sonoras y las canciones que marcaron generaciones y reflejaron la identidad cultural y artística de nuestro cine”.

La edición 2026 del festival incluye 5 competencias: Internacional Largometraje de Ficción, Internacional Largometraje Documental, Cortometraje Internacional, Largometraje Bonaerense y Cortometraje Bonaerense. En paralelo, se llevará a cabo la tercera edición del Mercado Internacional de la Industria Audiovisual bonaerense, destinado a fomentar la coproducción y el intercambio cultural.

Cuba será el país invitado de honor, con una sección propia que destaca títulos como “Fidel de cerca” y “Para vivir: el implacable tiempo”. La programación se completa con secciones especiales como “A 50 años del golpe”, “Cine y Literatura” y “Panorama Argentino”. Finalmente, las autoridades confirmaron que el festival tendrá alcance regional a través de una subsede en Luján y la Red de Salas Bonaerenses, que integra más de 100 pantallas en 60 municipios del territorio.

La provincia de Buenos Aires oficializó la prórroga por 120 días corridos de los vencimientos de las Licencias Nacionales de Conducir de carácter interjurisdiccional emitidas en territorio bonaerense. La medida, dispuesta por la Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, responde a las dificultades operativas que persisten tras la implementación del nuevo sistema para conductores profesionales.

La resolución alcanza a la totalidad de las licencias cuyo vencimiento impreso haya operado o vaya a operar entre el 1° de julio y el 31 de octubre de 2026 inclusive. Según lo establecido, la extensión se computará directamente desde la fecha de vencimiento original de cada documento.

Esta prórroga se vincula directamente con el nuevo procedimiento para el otorgamiento y renovación de las licencias profesionales interjurisdiccionales de clases C, D y E. Dicho esquema comenzó a regir el 6 de julio pasado, tras la firma de un Convenio Específico de Delegación de Facultades entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la provincia de Buenos Aires, aprobado mediante el Decreto Provincial N° 3153/25.

El nuevo marco normativo introdujo cambios estructurales en el trámite, sumando instancias obligatorias de capacitación, evaluación y exámenes psicofísicos a través de prestadores inscriptos en el Registro de Prestadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (REPRE).

La puesta en marcha del sistema presentó inconvenientes significativos para los conductores, principalmente vinculados a la disponibilidad y asignación de turnos. De acuerdo con los fundamentos de la disposición, la incorporación de nuevos prestadores al REPRE es un proceso progresivo y, hasta el momento, solamente tres prestadores domiciliados en la provincia de Buenos Aires fueron efectivamente incorporados para operar bajo el nuevo régimen.

La Dirección Provincial advirtió que las demoras podrían extenderse más allá de los plazos de vigencia de las licencias, incluso en aquellos casos en los que los conductores hubieran iniciado, o intentado iniciar, sus trámites de manera oportuna. Esta situación afecta especialmente a los trabajadores y empresas del transporte automotor de cargas y pasajeros, ya que una licencia vencida podría impactar en la continuidad laboral y la prestación de servicios.

Ante este escenario, las autoridades bonaerenses señalaron que el plazo adicional permitirá avanzar en la incorporación de nuevos prestadores al REPRE, ampliar la capacidad de atención y profundizar las acciones de difusión sobre el nuevo procedimiento para brindar previsibilidad a los usuarios.

La diputada de Nuevos Aires, Viviana Romano, presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense con el objetivo de prohibir que los conductores fumen mientras circulan por el territorio de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca incorporar esta conducta como una infracción de tránsito, contemplando multas que oscilan entre 20 y 100 Unidades Fijas (UF).

El proyecto alcanza a vehículos particulares, de transporte público de pasajeros y de cargas. Según los fundamentos de la legisladora, el hábito de fumar al volante representa un factor de distracción física, visual y cognitiva, ya que obliga al conductor a manipular el cigarrillo o dispositivo, encenderlo y sostenerlo, afectando el dominio efectivo del rodado.

“La seguridad vial constituye una materia de orden público impostergable. Diversos estudios de accidentología vial y centros especializados, como el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI), indican que el 63% de los siniestros viales graves ocurren a causa de distracciones al volante, y dentro del abanico de conductas desatentas, los relevamientos de observación vehicular sitúan al hábito de fumar de manera constante entre las prácticas de mayor riesgo cotidiano, junto con el uso de telefonía celular”, señaló Romano.

Otro de los riesgos señalados refiere a la posibilidad de que cenizas o brasas incandescentes caigan sobre la ropa o el interior del vehículo, provocando reacciones bruscas, además del peligro de incendios vehiculares accidentales por la manipulación de elementos de fuego en espacios reducidos. “Conducir un vehículo requiere la atención plena y el uso permanente de ambas extremidades superiores para garantizar el dominio efectivo de los mandos. Fumar al volante desencadena múltiples variables de peligro demostradas empíricamente”, manifestó.

La legisladora enfatizó que apartar la vista del camino o conducir con una sola mano incrementa los riesgos: “A una velocidad prudente en ruta, desviar la mirada o descuidar el control durante tan solo unos segundos equivale a conducir decenas de metros ‘a ciegas’”.

En cuanto al régimen sancionatorio, si la ley fuera aprobada este año, las multas irían desde los $45.420 hasta los $227.100. En casos de reincidencia, el valor se duplicaría y, ante un riesgo inminente para la seguridad pública, la autoridad podría disponer una inhabilitación temporal de hasta 30 días. El 50% de lo recaudado se destinaría a infraestructura vial y el otro 50% a campañas de prevención.

La propuesta se suma a otras iniciativas legislativas recientes, como las impulsadas por la diputada María Laura Ricchini para ampliar los espacios libres de humo y sancionar el descarte de colillas, así como los proyectos de Alejandra Lordén y Ayelén Rasquetti para restringir la comercialización de cigarrillos electrónicos.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó una actualización de los cuadros tarifarios del servicio eléctrico para las distribuidoras Edelap, EDEA, EDEN y EDES, medida que impactará en las 200 cooperativas eléctricas del interior desde el mes de septiembre. 

La resolución, publicada este lunes 31 de agosto en el Boletín Oficial a través de la Resolución 682/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, contempla ajustes que oscilan entre el 1 y el 2,4 por ciento.

El incremento se aplicará tanto en el cargo fijo como en el cargo variable y responde a dos factores principales: una suba del 5,6 por ciento en el precio mayorista de la energía, dispuesta por la Secretaría de Energía de la Nación y vigente desde el 1 de agosto, y un ajuste del 1,8 por ciento en el valor agregado de distribución (VAD) para septiembre.

De acuerdo con el detalle oficial, un usuario residencial sin subsidios con un consumo de 150 kWh mensuales pasará de pagar 55.550 pesos a 56.900 pesos por mes, impuestos incluidos. En tanto, un usuario con subsidios que abonaba 37.500 pesos pasará a pagar 38.000 pesos mensuales. La composición de las facturas se divide en un 40 por ciento para el costo nacional de la energía, un 33 por ciento para los ingresos de las distribuidoras y el 27 por ciento restante en impuestos nacionales y provinciales.

Ante este escenario, las autoridades bonaerenses manifestaron su preocupación por el impacto del consumo en las boletas. “Durante este invierno, las bajas temperaturas registradas generar un fuerte incremento del consumo de energía eléctrica en los hogares que utilizan electricidad como fuente de calefacción”, señalaron. 

Asimismo, recordaron que “el aumento del consumo puede tener un impacto significativo en el monto final de las facturas, especialmente cuando los usuarios superan determinados niveles de consumo y, como consecuencia, cambian de categoría”.

Para facilitar el seguimiento de los gastos, el Gobierno puso a disposición un simulador de facturación dentro del Portal Energético de la Provincia de Buenos Aires (PEBA), donde también se puede acceder a estadísticas sobre demanda y eficiencia energética.

Por otro lado, la Provincia estableció que la distribuidora Edelap deberá aplicar una bonificación del 20 por ciento en la próxima factura por cada 24 horas sin suministro a los usuarios afectados por la salida de servicio de la Estación Transformadora Tolosa 132 kV, ocurrida el 17 de agosto en La Plata, evento que afectó a 65.000 personas. Si el corte fue menor o mayor a ese lapso, la bonificación se calculará a razón de 0,80 por ciento por cada hora sin servicio.

La Cámara de Diputados bonaerense despachó una serie de iniciativas orientadas a recordar la figura del Papa Francisco. Entre los proyectos más destacados, se aprobó el respaldo a la creación de una nueva localidad en el partido de La Matanza que llevará el nombre del primer Sumo Pontífice latinoamericano.

La propuesta, impulsada por el titular del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, busca declarar de interés legislativo la iniciativa de los vecinos y comunidades eclesiales de la zona. El territorio propuesto integraría barrios como Puerta de Hierro, San Petersburgo y Villa Palito, entre otros. Al respecto, Tignanelli señaló: “Pese a que nació en el barrio porteño de Flores, la niñez y la adolescencia de Jorge Bergoglio quedaron marcadas a fuego por su paso por el Oeste del Conurbano. Por este motivo, no es extraño el vínculo que siempre lo mantuvo unido con el partido de La Matanza”.

El legislador añadió que el cambio de nombre de los barrios, actualmente considerados por algunos como estigmatizantes, contribuirá a fortalecer la identidad local en torno a valores de humildad y solidaridad. Cabe destacar que, debido a la magnitud de la población, el proyecto deberá ser ratificado por el Concejo Deliberante local, mientras que la designación como ciudad es potestad de la Legislatura bonaerense.

La sesión estuvo marcada por un tenso debate cuando la diputada del Frente de Izquierda, Mónica Schlotthauer, cuestionó la figura del Papa y la relación entre la Iglesia y el Estado. Sus declaraciones provocaron la respuesta conjunta de Tignanelli y del diputado de La Libertad Avanza, Nahuel Sotelo, quienes defendieron el legado del pontífice.

Además de la creación de la localidad, la Cámara dio luz verde a otros homenajes presentados por los diputados Soledad Alonso, Ricardo Lissalde y Fernando Rovello, así como a los textos que celebran la próxima visita del Papa León XIV, impulsados por Nahuel Sotelo y Mariano Cascallares.

La provincia de Buenos Aires y el Partido de La Costa presentaron los avances del proyecto para la transformación en autovía de la Ruta Provincial 11, en el tramo comprendido entre Mar de Ajó y Pinamar. La intervención, que será ejecutada por la Dirección de Vialidad bonaerense, contempla la construcción de una segunda calzada situada a 16 metros de la actual, además de la repavimentación de la traza existente a lo largo de 48 kilómetros, entre los kilómetros 345 y 393.

La obra, que atravesará los municipios de La Costa, General Lavalle, General Madariaga y Pinamar, se dividirá en dos tramos: el primero desde el kilómetro 345 hasta el 370, abarcando 24,75 kilómetros, y el segundo desde el 370 hasta el 393, con una extensión de 22,46 kilómetros. 

El proyecto integral incluye banquinas pavimentadas y vegetadas, la ejecución de trece nuevos accesos y retornos simples, catorce alcantarillas transversales, la construcción de nueve dársenas y refugios de pasajeros, además de la instalación de barandas metálicas, iluminación en intersecciones y señalización horizontal y vertical.

El acto de presentación se desarrolló en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó y contó con la presencia del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, junto al intendente de La Costa, Juan de Jesús. También participaron representantes de entidades empresariales, organizaciones sociales e intendentes de la región.

“Hoy presentamos a la comunidad el proyecto para transformar en autovía la Ruta 11: 48 kilómetros entre Mar de Ajó y Pinamar que van a potenciar esta región y fortalecer su desarrollo para los próximos 40 años. Una obra que va a cambiar la dinámica económica, comercial, turística y de conectividad de toda la zona”, se indicó.

Al respecto, Gabriel Katopodis señaló: “Es el mismo esquema que estamos llevando adelante entre Villa Gesell y Mar Chiquita, que ya tiene 41 kilómetros habilitados al tránsito y termina este año. Con estos dos tramos, la Ruta 11 va a completar 287,2 kilómetros de autovía entre Esquina de Crotto y Mar del Plata”.

La inversión estimada para estos trabajos es de 153.994 millones de pesos, con un esquema de financiamiento mixto que combina fondos provinciales y un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente, el proyecto se encuentra en proceso de licitación, con la apertura de sobres prevista para el mes de octubre. Una vez finalizada, la traza quedará bajo la concesión de la empresa Autopistas de Buenos Aires SA.

Cabe recordar que, en el mismo corredor, se encuentra en ejecución la transformación en autovía entre Villa Gesell y Mar Chiquita, iniciada en diciembre de 2023, que abarca 72,4 kilómetros. La Ruta Provincial 11, que recorre 583 kilómetros bordeando el Río de la Plata y el Océano Atlántico, atraviesa 17 municipios y busca consolidar un corredor vial estratégico para la Provincia.

Las personas con discapacidad que residen en la provincia de Buenos Aires cuentan, a partir de ahora, con el respaldo de una ley que garantiza el sistema de prestaciones básicas de atención integral. La normativa contempla acciones de prevención, asistencia, promoción y protección con el objetivo de brindar una cobertura completa a sus necesidades y requerimientos específicos.

La sanción establece un marco legal inamovible que obliga de forma estricta tanto a la salud pública como a las obras sociales a proveer una cobertura gratuita y sin interrupciones en todo el territorio bonaerense. El pasado jueves, la Cámara de Diputados de la Legislatura bonaerense convirtió en ley el proyecto de adhesión formal a la Ley Nacional 24.901, sancionada en la década de 1990. Esta formalidad legal representaba una deuda pendiente para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de quienes requieren atención especializada para llevar una vida digna.

El senador Emmanuel Santalla, impulsor de la iniciativa, destacó el impacto positivo de esta medida tras años de reclamos. Al respecto, señaló: "Esta desidia prolongada sometió a miles de personas con discapacidad y a sus familias a situaciones de extrema vulnerabilidad e incertidumbre legal, obligándolas a encarar desgastantes batallas burocráticas y judiciales para acceder a tratamientos médicos indispensables, terapias de rehabilitación, apoyos pedagógicos y asistencia cotidiana".

Tras una lucha sostenida por las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que las acompañan, la Provincia dio un paso fundamental. La ley no solo consolida la gratuidad irrestricta y el derecho inalienable a las prestaciones esenciales, sino que dispone la creación inmediata de un comité especializado provincial. Este órgano tendrá la función de fiscalizar y garantizar el cumplimiento riguroso de cada cobertura, impidiendo que los efectores de salud y las obras sociales interrumpan, dilaten o nieguen los tratamientos asistenciales.

Con la sanción de esta ley, la Provincia reafirma su compromiso de sostener un Estado presente que garantice la dignidad, la plena inclusión y el desarrollo de cada persona con discapacidad, enviando un mensaje claro sobre la importancia de proteger estos derechos.

El Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires estableció un nuevo esquema destinado a identificar, registrar y proteger los inmuebles que integran el dominio público bonaerense. La medida se formalizó a partir de la implementación del Registro de Bienes Inmuebles del Dominio Público, previsto en la Ley N° 15.558.

Según lo dispuesto, la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad será el organismo encargado de poner en funcionamiento el sistema y de dictar las disposiciones técnico-registrales y administrativas necesarias para su correcto desempeño. Por su parte, la Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales tendrá a su cargo la recepción de antecedentes, la calificación jurídica de los bienes y la gestión de su incorporación al nuevo registro.

La normativa define como bienes inmuebles del dominio público provincial a aquellos que, siendo de titularidad de la Provincia, se encuentren afectados al uso público, además de aquellos a los que una ley les otorgue expresamente ese carácter. Uno de los objetivos centrales de esta iniciativa es avanzar en un relevamiento integral de todos los inmuebles que se encuentran bajo administración o custodia del Estado bonaerense.

Para concretar este proceso, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán informar a la Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales sobre los inmuebles que estén bajo su órbita y que, por sus características, puedan pertenecer al dominio público. Los organismos deberán aportar los antecedentes catastrales, cartográficos y técnicos disponibles, junto con información vinculada al uso y destino de cada inmueble y las eventuales concesiones otorgadas.

Una vez recibida la documentación, la Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales analizará los datos para determinar la procedencia de la inclusión de cada bien en el sistema. Asimismo, la resolución establece que dicho organismo ejercerá el poder de policía administrativa con fuerza ejecutoria sobre los bienes del dominio público provincial.

Ante la verificación de conductas que modifiquen, perturben o afecten esos inmuebles, el organismo estará facultado para disponer medidas que restituyan las condiciones preexistentes en forma directa y a costa del infractor. Para llevar adelante estas acciones, la autoridad podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Gabriel Katopodis, presentó ante el Ministerio de Economía de la Nación una petición formal para que la administración bonaerense pueda gestionar y concesionar el tramo de la Ruta Nacional 33 y la parte habilitada de la Autopista Presidente Perón. El pedido alcanza a la Ruta 33 entre la Provincial 65 y la Nacional 3, y a la Autopista Presidente Perón entre los kilómetros 13,500 y 62,450.

La Provincia solicita facultades sobre el tramo operativo de la autopista, sin resignar el reclamo por el resto de la traza. Al respecto, el funcionario provincial señaló: “Se han quedado con impuesto a los combustibles, con recursos que estaban destinados especialmente al arreglo de las rutas. No nos corresponde, pero es fundamental. Las rutas en la Provincia y en todo el país están en un estado de abandono muy grave”.

La autopista, cuyo último tramo se inauguró en diciembre de 2023, tiene habilitados 52 de los 83 kilómetros de la proyección inicial. El recorrido vial comienza en el Camino del Buen Ayre y atraviesa 12 distritos del área metropolitana, por lo que finalizar la obra beneficiaría a más de 10 millones de personas. Pensada como el tercer anillo de circunvalación del AMBA, la traza incluye dos carriles por sentido, banquinas, colectoras, distribuidores, pasos a nivel, iluminación, señalización y 35 puentes. Debe vincular Acceso Oeste, Ezeiza-Cañuelas, las rutas provinciales 58 y 53 y la Autovía 2, además de mejorar la salida de parques industriales y los accesos al puerto de La Plata y a los aeropuertos de Morón, El Palomar y Ezeiza.

Por otro lado, la Ruta 33 aparece como uno de los casos más críticos de vías en mal estado del país. El corredor, que atraviesa Buenos Aires y Santa Fe y conecta zonas clave de producción agrícola, presenta un deterioro estructural severo. Un informe técnico de la Federación de Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) describe una ruta con calzadas angostas, alto tránsito pesado y maniobras de sobrepaso cada vez más riesgosas. La entidad fue contundente: “Requiere una reconstrucción total”.

En este contexto, Gabriel Katopodis recordó que hace más de dos años vienen realizando este reclamo. “El 29 de mayo de 2024 tuvimos la primera reunión en la Casa Rosada para pedir el traspaso. Eso fue dos jefes de Gabinete atrás”, expresó de forma irónica, en referencia a que en ese momento era Guillermo Francos quien estaba al frente de esa cartera.

Tandil quedó alcanzado por un escenario de menor poder adquisitivo de las transferencias que la Provincia de Buenos Aires distribuye entre sus 135 municipios. Durante el primer semestre de 2026, el conjunto de los recursos transferidos a los gobiernos locales bonaerenses registró una caída del 2,48% en términos reales respecto del mismo período de 2025.

De acuerdo con un informe de la Consultora PPA, la Provincia transfirió $2,778 billones a los municipios durante los primeros seis meses del año. Sin embargo, medido a valores de junio de 2026, ese monto representó una pérdida de unos $74.683 millones frente a lo que hubiera significado mantener el poder adquisitivo de los recursos del año anterior.

El dato resulta relevante para Tandil y el resto de los municipios porque la merma no se explica únicamente por la evolución de la coparticipación. El análisis contempla el conjunto de las transferencias provinciales, incluyendo el Fondo Educativo, la descentralización tributaria, el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) y otros mecanismos de distribución.

Por lo tanto, el retroceso refleja una reducción más amplia de los recursos que llegan desde la Provincia a las administraciones municipales y que forman parte de sus ingresos para afrontar gastos y sostener distintas políticas y servicios locales.

La coparticipación de impuestos concentró el 75,9% del total transferido durante los primeros seis meses de 2026. Se trata, por lejos, del principal componente de los recursos que la Provincia distribuye entre los municipios.

En segundo lugar se ubicó el Fondo Educativo, con el 10,6% del total. Le siguieron la descentralización tributaria, con el 2,1%, y el FEFIM, con el 0,9%. El resto correspondió a otros conceptos incluidos dentro del esquema de transferencias provinciales.

Esta composición resulta importante para analizar la situación de Tandil, ya que permite observar que la evolución de los recursos municipales no depende exclusivamente de la coparticipación: también intervienen otros fondos y mecanismos de distribución que, en conjunto, determinan el volumen de dinero que llega desde las arcas bonaerenses.

El primer semestre de 2026 dejó, además, un dato especialmente significativo en la comparación histórica: fue el menor nivel real de transferencias de los últimos seis años. Los recursos distribuidos a los municipios quedaron aproximadamente 13% por debajo del máximo alcanzado en el segundo semestre de 2022, cuando las transferencias registraron su mayor poder adquisitivo dentro del período analizado.

La pérdida de capacidad de compra también puede observarse mediante una comparación con el precio del gasoil. Mientras las transferencias provinciales equivalían a unos 1.982 millones de litros de gasoil en el segundo semestre de 2022, durante el primer semestre de 2026 representaron alrededor de 1.437 millones de litros.

En otras palabras, con los recursos transferidos durante los primeros seis meses de este año los municipios pudieron comprar el equivalente a 27,5% menos de gasoil que con los fondos correspondientes al segundo semestre de 2022.

El deterioro tuvo un alcance territorial amplio y no se concentró en unos pocos distritos. Según el informe de la Consultora PPA, 82 de los 135 municipios bonaerenses registraron durante el primer semestre de 2026 su peor nivel de transferencias reales desde 2021. A ese grupo se suman otros 13 municipios que tuvieron el segundo peor registro del período.

La comparación interanual también muestra que fueron pocos los distritos que consiguieron mejorar sus recursos en términos reales. Solo 24 municipios registraron un incremento respecto del primer semestre de 2025.

Entre las mayores subas aparecen Chacabuco, con un aumento del 10,8%; Campana, con 6,6%; Capitán Sarmiento, con 6,5%; y Exaltación de la Cruz, con 6%.

En el extremo contrario se ubicaron San Isidro, con una caída real del 8,7%; Pinamar, con -8,3%; Vicente López, con -7,2%; y Florentino Ameghino, General San Martín y Maipú, estos últimos tres con descensos del 6,5%. En el caso de Tandil, la caída fue del -5,8%.

La retracción alcanzó incluso a los municipios que concentran los mayores montos de transferencias provinciales. Los diez distritos con mayores recursos recibidos registraron caídas reales durante el semestre. Entre ellos se encuentran La Matanza (-3,6%), La Plata (-1,4%), General Pueyrredon (-3,7%), Pilar (-2,4%), Quilmes (-2%) y Malvinas Argentinas (-5,6%).