La comunidad educativa del Colegio San Ignacio celebra la destacada participación de sus alumnos en una feria internacional de ciencias realizada en Cerrito, Entre Ríos. En diálogo con Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado compartieron sus investigaciones, los reconocimientos obtenidos y los desafíos que afrontarán el próximo año, con posibilidades de representar al país en encuentros internacionales.

Acompañados por la docente Isabel, los chicos explicaron cómo surgieron sus proyectos, qué herramientas utilizaron para investigar y de qué manera vincularon los contenidos escolares con problemáticas cotidianas y temas de interés para la comunidad.

Los estudiantes de cuarto grado desarrollaron un proyecto sobre la importancia de la lectura. La inquietud surgió después de visitar la nueva biblioteca del colegio y advertir que muchos de sus compañeros preferían utilizar dispositivos electrónicos durante el tiempo libre.

Para profundizar en el tema, consultaron a docentes de Prácticas del Lenguaje, visitaron la librería Alfa, la Biblioteca Rivadavia y la Sala Abierta de Lectura. También entrevistaron a un neurólogo para conocer los beneficios cognitivos de leer.

A partir de la investigación, concluyeron que la lectura contribuye a reducir el estrés, fomentar la empatía y favorecer el crecimiento personal. El trabajo les permitió clasificar para participar en encuentros en Brasil y Kuwait.

Por su parte, los estudiantes de quinto grado se centraron en la historia local a partir del archivo de Papel Prensa. Después de visitar las instalaciones del medio, decidieron profundizar en los orígenes de la ciudad y recurrieron al asesoramiento de especialistas como Néstor Dipaola y Antonio Ferrer.

Durante el proceso, conocieron distintas perspectivas sobre la historia local y el vínculo entre el territorio, los pueblos originarios y los acontecimientos que marcaron la identidad local.

También destacaron el valor de los diarios y las revistas como fuentes de información para reconstruir el pasado. El proyecto obtuvo el primer puesto en la categoría Primaria y el tercer puesto en la clasificación general de la feria, y les abrió la posibilidad de representar a la institución en Chile y Kuwait.

Los estudiantes de sexto grado presentaron una investigación sobre el consumo de frutas durante los recreos escolares. El punto de partida fue observar que muchos chicos eligen golosinas o bebidas azucaradas en lugar de opciones más saludables.

Para conocer los hábitos de la comunidad educativa, realizaron encuestas a estudiantes y familias y consultaron a una nutricionista. A partir de ese trabajo, analizaron cómo el consumo de frutas puede contribuir a una alimentación equilibrada y aportar energía para las actividades escolares.

La propuesta logró clasificar para una instancia en Brasil. Las alumnas manifestaron su satisfacción por la posibilidad de generar conciencia entre sus compañeros y promover hábitos saludables desde la escuela.

El otro proyecto de sexto grado buscó determinar si el Mundial de fútbol puede convertirse en una herramienta pedagógica para trabajar contenidos curriculares.

La investigación surgió durante el estudio de América y permitió relacionar el evento deportivo con temas de geografía, como el clima, el relieve y la hidrografía. Para ampliar la información, los alumnos consultaron a especialistas y al periodista Claudio Destéfano, quien les compartió material sobre su museo y los invitó a participar de los premios Mercurio.

El trabajo permitió integrar el interés por el fútbol con contenidos escolares y clasificar para representar al colegio en Costa Rica y Kuwait.

La docente destacó que los resultados son fruto de un proceso sostenido y del acompañamiento de toda la comunidad educativa. “Es un trabajo que se ha realizado gracias a la ayuda incondicional de Marta, de Sandra y de todo el equipo”, expresó, al remarcar que las investigaciones respetan el diseño curricular y nacen de las inquietudes de los propios estudiantes.

En ese sentido, subrayó que las ferias de ciencias permiten desarrollar habilidades de investigación, análisis y comunicación, además de acercar a los chicos a diferentes áreas del conocimiento.

La visita a Tandil Despierta concluyó con un clima de celebración. Los alumnos mostraron sus medallas y compartieron la experiencia de participar en la feria, orgullosos de los resultados alcanzados.

Los proyectos reflejan el compromiso de docentes y estudiantes con una educación que promueve la curiosidad, el pensamiento crítico y el aprendizaje colaborativo, mientras los jóvenes investigadores se preparan para los próximos desafíos internacionales.

La curiosidad y el rigor científico fueron los protagonistas de una reciente edición de Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1. En esta oportunidad, alumnos del Colegio San Ignacio visitaron el estudio para relatar cómo sus inquietudes cotidianas se transformaron en proyectos de investigación premiados en la Feria de Ciencias realizada en Cerrito, Entre Ríos. 

Las docentes Lucrecia y Rocío explicaron que las iniciativas no fueron diseñadas exclusivamente para el certamen, sino que surgieron del trabajo áulico y del interés genuino de los niños por comprender su entorno.

El proceso de aprendizaje en la institución se destaca por fomentar la observación y la toma de notas desde edades tempranas. Según relataron las maestras, los estudiantes incorporan estas herramientas de registro incluso desde el jardín de infantes, lo que les permite sistematizar sus descubrimientos. Este enfoque pedagógico permitió que los alumnos de primer grado abordaran el proyecto "El árbol de la Mancha", una investigación nacida tras observar una particular afección en una magnolia del patio escolar.

Felipe, uno de los alumnos de primer grado, explicó que al notar una mancha negra en el tronco del árbol comenzaron a formular hipótesis. "Pensábamos que era sangre, vómito de pájaro, que estaba quemada o una enfermedad", detalló el pequeño. Junto a sus compañeros llevaron adelante un proceso de descarte mediante experimentos. Con la ayuda de padres médicos, descartaron la presencia de sangre al comprobar que la mancha no reaccionaba al contacto con agua oxigenada, un experimento que realizaron con precisión científica.

Micaela, también alumna de primer grado, relató cómo continuaron el proyecto descartando la teoría del vómito de pájaro tras aprender que las aves no poseen el músculo necesario para realizar esa acción, sino que regurgitan. Finalmente, con el apoyo del profesor de biología, determinaron que la mancha era causada por un hongo xilófago. Los niños aprendieron que este organismo se desarrolla en árboles con exceso de humedad y descubrieron que la solución implicaba el uso de fungicidas o la remoción mecánica del hongo, demostrando una capacidad analítica sorprendente para su edad.

Por su parte, los alumnos de segundo grado presentaron un proyecto que surgió de una pregunta simple pero profunda: ¿qué es la sombra y cómo se fabrica? Lourdes Diego explicó que la investigación comenzó en el laboratorio, donde utilizaron linternas y diversos objetos para poner a prueba sus hipótesis. Antonio Mon detalló cómo experimentaron con papel celofán de colores para verificar si la sombra siempre era negra, confirmando sus sospechas tras observar que, independientemente del color del filtro, la ausencia de luz proyectaba sombras oscuras.

Los alumnos de segundo grado también trabajaron con materiales opacos, translúcidos y transparentes, aprendiendo a clasificar los objetos según su interacción con la luz. El uso del mechero de Bunsen, bajo la supervisión del profesor, les permitió observar cómo la luz y el movimiento afectan la proyección de las sombras. Esta experiencia práctica les permitió validar sus hipótesis iniciales y comprender conceptos físicos complejos a través de la experimentación directa en el aula, consolidando un aprendizaje basado en la indagación.

Finalmente, los alumnos de tercero presentaron el proyecto "Pasto Verde, Leche Blanca", enfocado en la biología de la vaca. Benjamín Valle relató que el interés surgió al estudiar las características de los seres vivos y la dentición de los animales. A través de la observación de cráneos, los estudiantes pudieron vincular la estructura dental con la dieta de cada especie. La curiosidad los llevó a investigar el significado de "rumiante", contando con la colaboración de Félix Meineri para comprender el complejo sistema digestivo de estos animales.

El alumno explicó con detalle el proceso de rumia, describiendo cómo el animal mastica el pasto, lo almacena en el rumen y luego lo regurgita para una segunda masticación, permitiendo una mejor absorción de nutrientes. Los chicos explicaron que el estómago de la vaca posee cuatro partes y que el proceso digestivo es fundamental para la producción de leche. Este trabajo fue tan exitoso que los estudiantes fueron seleccionados para representar a su institución en Paraguay durante el año 2025, un logro que celebraron con orgullo junto a sus familias.

La jornada en el programa televisivo y radial permitió visibilizar el compromiso de la comunidad educativa del Colegio San Ignacio. Más allá de los premios y las medallas, los niños demostraron que la ciencia es una herramienta poderosa para entender el mundo. La capacidad de hacerse preguntas, de investigar con rigor y de comunicar sus hallazgos con claridad refleja el impacto positivo de una educación que valora la curiosidad infantil y la guía docente, preparando a los alumnos para desafíos académicos y personales de mayor envergadura en el futuro.

La actividad de los cuidacoches es uno de los temas que Acción Tandilense - La Libertad Avanza busca instalar en la agenda del Concejo Deliberante. Después de una primera iniciativa que no logró avances, la bancada volvió a llevar el planteo al recinto y ahora busca que el Ejecutivo intervenga ante lo que definió como una problemática que se repite y presenta nuevas situaciones.

En ese marco, durante la última sesión, presentó un proyecto de comunicación mediante el cual solicita al Departamento Ejecutivo que tome “medidas urgentes” frente a la actividad informal de cuidado y limpieza de vehículos en la vía pública, conocida como “trapitos”.

La iniciativa plantea que el Municipio intervenga ante la presencia de personas que ofrecen estos servicios en distintos sectores de la ciudad y vincula a los “múltiples reclamos por situaciones de extorsión, obstrucción de la circulación, competencia informal, riesgos para la movilidad urbana y afectación de la seguridad ciudadana”.

En los fundamentos del proyecto, el bloque sostiene que la actividad supone, en distintos casos, “la exigencia de una contraprestación económica informal por el supuesto cuidado, vigilancia o limpieza de vehículos estacionados o detenidos en la vía pública”.

También señala que puede derivar en “prácticas intimidatorias, ocupación indebida del espacio público y afectación de la circulación”.

El texto presentado recuerda además que Tandil cuenta con un sistema de estacionamiento medido que regula el cobro por el uso del espacio público en determinadas zonas.

En ese marco, plantea que corresponde al Departamento Ejecutivo “preservar la convivencia urbana, la seguridad vial y el uso del espacio público”, además de “ejercer el control en materia de tránsito aplicando su poder de policía”.

Por lo expuesto, el proyecto establece que “el Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento Ejecutivo tome medidas urgentes en relación con la proliferación de la actividad informal de cuidado y/o limpieza de vehículos en la vía pública del Partido de Tandil”.

La presentación retoma un tema que el mismo bloque había llevado al Concejo Deliberante en abril, cuando impulsó un proyecto de ordenanza para prohibir la actividad informal de cuidado, lavado y vigilancia de vehículos en la vía pública. Aquella iniciativa establecía la prohibición de estas prácticas cuando mediara una retribución económica, ya fuera voluntaria o compulsiva.

Además, establecía que la autoridad de aplicación sería la Secretaría de Protección Ciudadana, encargada de llevar adelante controles, inspecciones e identificación de quienes incumplan la normativa y que, en caso de resistencia, se contempla la intervención de las fuerzas de seguridad.

Además, el proyecto incluía la creación de un canal de denuncias -telefónico o digital- para que los vecinos puedan reportar de forma anónima la presencia de estas actividades, facilitando una respuesta más rápida por parte del Municipio.

El proyecto de ordenanza tomó estado legislativo e ingresó a la Comisión de Derechos Humanos, Género, Garantías y Seguridad, aunque no avanzó posteriormente en su tratamiento.

Ahora, frente a la falta de avances de aquella propuesta, el bloque decidió presentar un proyecto de comunicación dirigido al Ejecutivo.

“La idea de presentar un proyecto de comunicación surge en parte de la no respuesta al proyecto de ordenanza para prohibir la actividad en la ciudad”, explicó el referente de la bancada.

En ese sentido, señaló que la decisión responde a que “no hubo un acompañamiento ni una clara respuesta ni una intención de trabajar el tema, buscar alternativas”.

Y agregó que, ante la sucesión de situaciones vinculadas con la presencia de estas personas en la vía pública, el objetivo es que el Ejecutivo intervenga a través de la Secretaría de Protección Ciudadana.

“Dado que se vienen sucediendo diversas situaciones cada vez más complejas con la presencia de estas personas en la calle es que le pedimos al Ejecutivo que interceda raudamente y le dé una solución al problema a través de la Secretaría de Protección Ciudadana”, sostuvo.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el emplazamiento a las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto para avanzar con el proyecto de ley que busca prorrogar la Emergencia en Discapacidad durante 2027. La moción obtuvo 249 votos afirmativos y ningún voto negativo, estableciendo un cronograma que incluye una reunión informativa para el 16 de septiembre a las 12, y la búsqueda de dictamen para el 23 de septiembre a la misma hora.

La sesión especial fue abierta tras alcanzar los 135 legisladores presentes, superando los 129 necesarios para habilitar el debate. Durante el plenario, el diputado de Unión por la Patria Juan Marino fundamentó la necesidad del emplazamiento y cuestionó la gestión del secretario nacional de Discapacidad por la falta de respuestas sobre la causa de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

“La prórroga daría mejores condiciones para que el Poder Ejecutivo cumpla con los fallos judiciales vinculados con la implementación de la ley”.

Por su parte, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, calificó como innecesaria la intervención del recinto para establecer fechas que, según afirmó, ya estaban siendo trabajadas por la Comisión de Discapacidad. Asimismo, el legislador acusó a sectores de la oposición de utilizar la temática con fines políticos.

En paralelo, el recinto rechazó la posibilidad de tratar sobre tablas el proyecto de prórroga, por lo que la iniciativa deberá seguir el curso administrativo acordado. El debate también abarcó la problemática del endeudamiento familiar, sobre la cual el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), presidido por el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, reclamó una respuesta integral del Congreso al considerar que se trata de un problema nacional.

El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de ley con el objetivo de que las concesiones de rutas no paguen impuestos de ninguna jurisdicción. Esta medida se enmarca en el proceso de privatización de los caminos viales dependientes de la Nación, que contempla inicialmente 6.000 kilómetros de rutas y prevé alcanzar los 12.000 kilómetros en los próximos meses.

El plan fue anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante el evento Vientos de Cambio, organizado por la Fundación Libertad y Progreso. Al respecto, el funcionario sostuvo:

“Todo lo que sean nuevas inversiones en rutas, vamos a proponer que sea a cero impuestos, nacional, provincial y municipal”.

El objetivo de la administración del presidente Javier Milei es generar mayores incentivos para que el proceso de desarrollo sea más rápido y económico. Para que el beneficio impositivo alcance las cargas provinciales y municipales, el Ejecutivo deberá contar con el aval de los gobernadores e intendentes, quienes, según Caputo, coinciden en que la inversión en infraestructura es fundamental.

Esta estrategia surge en un contexto de reducción en los recursos destinados al sector. Según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad cayó al nivel más bajo en tres décadas. En conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el sector registró una reducción real del 70% entre 2023 y 2025.

El informe de la ACIJ detalla que las partidas para el mantenimiento de rutas nacionales disminuyeron un 60% en términos reales, pasando de 826 mil millones de pesos en 2023 a 333 mil millones en 2025. Asimismo, el gasto destinado a obras de construcción vial sufrió un recorte significativo, al pasar de 1.054 mil millones de pesos a 265 mil millones en el mismo periodo.

El Municipio de Tandil formalizó este miércoles el llamado a licitación pública para ejecutar la primera etapa del Proyecto Hídrico del barrio Arco Iris, una obra largamente esperada por las familias de una amplia zona de la ciudad y destinada a dar respuesta a los históricos problemas de anegamientos que afectan al sector.

La convocatoria quedó establecida mediante un decreto firmado por el intendente Miguel Lunghi, que fijó un presupuesto oficial de 1.792.560.858,25 pesos para esta primera etapa de los trabajos.

La apertura de las ofertas se realizará el 6 de octubre, a las 10, en la Dirección de Compras y Suministros del Municipio. Luego de esa instancia comenzará la evaluación de las propuestas y se desarrollarán los procedimientos administrativos correspondientes para avanzar con la adjudicación.

El llamado representa un nuevo paso para concretar el compromiso asumido por el Ejecutivo comunal con los vecinos del barrio, que desde hace años reclaman una solución para los inconvenientes generados por el escurrimiento del agua.

La decisión de avanzar con una primera etapa responde a que no prosperó en el Concejo Deliberante la posibilidad de que el Ejecutivo comenzara a gestionar un crédito del Banco Provincia para financiar el proyecto completo.

Ese esquema de financiamiento hubiera permitido, de acuerdo con lo planteado por el Municipio, ejecutar la totalidad de la obra en aproximadamente un año, con una intervención integral y una solución definitiva para los anegamientos.

Ante la falta de autorización para avanzar con ese crédito, el Ejecutivo decidió comenzar los trabajos con recursos municipales y dividir el proyecto en distintas etapas.

Desde el Gobierno comunal señalaron que, con el esquema de financiamiento actualmente previsto, la ejecución completa del proyecto demandaría aproximadamente cuatro años.

En paralelo, el Municipio continuará analizando y gestionando alternativas de financiamiento que permitan acelerar los tiempos de ejecución y completar las distintas intervenciones previstas.

Desde el Ejecutivo destacaron que la obra hídrica del barrio Arco Iris constituye una intervención prioritaria, tanto por la magnitud de la problemática como por la cantidad de familias alcanzadas, y remarcaron que el objetivo es mejorar el escurrimiento del agua y brindar una respuesta concreta a una situación que afecta históricamente a ese sector de Tandil.

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, inició una ronda de reuniones con ministros de Salud provinciales y funcionarios nacionales con el objetivo de destrabar el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental que el Gobierno envió al Senado y que todavía no logró reunir el consenso necesario entre los distintos bloques.

Bullrich, junto con la presidenta de la comisión de Salud del Senado, Ivana Arrascaeta, mantuvo este lunes encuentros por videoconferencia con los ministros de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy.

La ronda continuará este martes, cuando está previsto que se reúna durante la mañana con autoridades sanitarias de Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis, Neuquén y Misiones. Por la tarde será el turno de los ministros de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja.

Bullrich planteó la necesidad de actualizar una normativa que, según sostuvo, presenta “dificultades concretas para intervenir de manera temprana en situaciones graves”. En ese sentido, remarcó: “La salud mental no puede seguir esperando”.

La senadora señaló que el objetivo de la iniciativa es “dar herramientas reales a las familias, fortalecer el trabajo interdisciplinario y permitir que el sistema pueda actuar antes de que las situaciones terminen en tragedias”.

El proyecto fue enviado por el Gobierno al Senado el pasado 18 de abril. Hasta el momento se realizaron dos reuniones informativas, el 28 de abril y el 12 de mayo, pero no se logró alcanzar un acuerdo político entre todos los bloques, que plantearon distintas modificaciones al texto original.

Uno de los puntos centrales de la discusión está relacionado con las internaciones involuntarias. Entre las modificaciones que se analizan aparece la posibilidad de que sean autorizadas con la firma de dos profesionales, uno de ellos médico y, preferentemente, especialista en psiquiatría. De esta manera, se modificaría el planteo original del proyecto, que establecía que la decisión debía quedar exclusivamente en manos de un psiquiatra.

La reforma mantendría como requisito que las internaciones involuntarias solo puedan concretarse “ante riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros”.

También se analiza ampliar, en casos excepcionales, el plazo de 48 horas previsto para informar a la Justicia los motivos de la internación.

Otro de los cambios en estudio consiste en establecer un plan de egreso desde el momento del diagnóstico como requisito para la internación. Además, se prevé una notificación anticipada al representante legal, cónyuge conviviente, padres o hijos para coordinar las condiciones de egreso.

El proyecto también contempla incorporar un artículo específico sobre el consumo problemático de sustancias en menores, estableciendo que deberán ser atendidos por equipos profesionales con formación en salud mental infanto-juvenil.

Entre las modificaciones que se discuten también figura el mantenimiento de la prohibición de crear manicomios y de establecer internaciones crónicas por problemáticas vinculadas a la salud mental.

Por último, se analiza eliminar del proyecto los artículos referidos a la Ley 26.827, vinculada al Comité Nacional de Prevención de la Tortura.

La petrolera estatal YPF presentó el proyecto de inversión más grande bajo el RIGI, denominado Argentina LNG, destinado a la producción y exportación de gas natural licuado (GNL) por un total de 51.000 millones de dólares. El presidente y ceo de la compañía, Horacio Marín, confirmó que se trata de la iniciativa más importante presentada hasta el momento, la cual se llevará adelante en conjunto con la firma italiana Eni y la empresa XRG, de Emiratos Árabes Unidos.

“Este proyecto transformará el gas natural de Vaca Muerta en exportaciones de GNL destinadas a los mercados internacionales”.

Hasta 2031, fecha prevista para la puesta en operación de las dos unidades flotantes de licuefacción, se estima un nivel de inversión cercano a los 29.000 millones de dólares. De ese monto, 24.000 millones serán destinados a obras de infraestructura y 5.000 millones se invertirán en el desarrollo del upstream y la perforación de pozos. El diseño incluye la producción de gas rico en Neuquén, infraestructura de transporte y dos unidades flotantes que operarán frente a la costa de Río Negro, en el golfo San Matías.

El ejecutivo de YPF destacó que la adhesión al RIGI resulta un paso fundamental para avanzar con una propuesta que abrirá una nueva etapa para la Argentina como exportador global de energía. Entre 2026 y 2030, el proyecto generará más de 20.000 puestos de trabajo anuales, mientras que en la fase de operación se mantendrán cerca de 8.000 empleos por año. Asimismo, se prevé una contratación de 15.000 millones de dólares en bienes y servicios nacionales.

Por su parte, el ministro de economía, Luis Caputo, había adelantado la llegada de este proyecto durante su exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba. El total de los 21 RIGI aprobados anteriormente suma 46.708 millones de dólares, cifra que queda por debajo de la magnitud de esta nueva inversión energética.

La Ley del Libro, que buscaba desregular la actividad librera en el país, no será tratada en el Congreso. La decisión fue confirmada por el presidente Javier Milei ante una consulta realizada por Infobae, despejando así las dudas sobre el futuro de la normativa que había generado un fuerte rechazo en el sector.

Previamente, la senadora Patricia Bullrich había anticipado que la intención del bloque oficialista es avanzar hacia medidas consideradas más estructurales. En ese sentido, la legisladora sostuvo: “Farmacias y librerías no lo son”.

El anteproyecto, impulsado desde el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, proponía eliminar la Ley de Defensa de la Actividad Librera. Esta norma establece que el editor es quien fija el precio de venta al público, un sistema conocido como Ley de Precio Fijo. El objetivo del Gobierno era fomentar la competencia de precios para reducir el valor final para los consumidores.

Sin embargo, la propuesta encontró una resistencia masiva en el sector. Libreros, editores y autores argumentaron que el precio único evita que los grandes jugadores realicen prácticas de dumping, protegiendo así a las librerías más pequeñas y garantizando la diversidad bibliográfica. Al respecto, el Ministerio de Desregulación había señalado que la experiencia internacional respalda el enfoque de competencia y que la reforma no buscaba eliminar derechos, sino quitar una prohibición comercial.

En un intercambio con Infobae, el presidente Javier Milei aseguró que existe una perfecta consonancia en el proceso decisorio dentro del equipo de gobierno.

"La agenda legislativa se decide en la mesa política. La mesa política determina cuál es la mejor estrategia de implantación", afirmó el mandatario.

Por su parte, integrantes de la Cámara Argentina de Librerías Independientes se presentaron recientemente en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para exponer su postura. Juan Pablo Armenio, miembro de dicha cámara, advirtió sobre las consecuencias de experiencias similares en el exterior, citando el caso de Inglaterra, donde la desregulación derivó en el cierre de 500 librerías.

A pesar de la confirmación presidencial, desde las oficinas de Federico Sturzenegger indicaron que, técnicamente, la norma no se encuentra en ningún proyecto que se pueda debatir actualmente en el Congreso.

El arquitecto Roberto Guadagna, exsecretario de Planeamiento de Obras Públicas y referente en urbanismo, explicó en una reciente entrevista en el programa Tandil Despierta que el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) de Tandil es una adecuación local de la Ley 8912 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo de la provincia de Buenos Aires. Según detalló, el plan comenzó a gestarse en 2003, tomó forma definitiva en 2006 y fue finalmente aprobado en 2007.

"El PDT es una adecuación al partido de Tandil de la ley de ordenamiento territorial provincial. Históricamente, nos manejamos con una ley generalista que unificaba criterios para toda la provincia, sin considerar la dimensión natural específica de cada zona. Por eso, surgió la necesidad de una mirada local", señaló.

El especialista destacó que el PDT no es una norma estática, sino que cuenta con modificaciones permanentes que deben pasar por el Concejo Deliberante y recibir la revisión técnica de la provincia de Buenos Aires. Este mecanismo garantiza que las decisiones urbanísticas, como la definición de subcentros, corredores de mayor densidad o zonas de interés ambiental, sigan un proceso administrativo riguroso.

Roberto Guadagna hizo hincapié en que el PDT funciona como un "reglamento de copropiedad" para la ciudad, regulando las relaciones sociales y el comportamiento urbano. La Comisión de Gestión Territorial, integrada por colegios profesionales, el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante, es el órgano encargado de gestionar estas dinámicas de manera cotidiana.

Al ser consultado sobre el futuro de la ciudad, el arquitecto subrayó la importancia de la ejecución de obras y la construcción de espacio público. "Una plaza no es solo un potrero con pasto corto; es un edificio público que requiere presupuesto y diseño. El cambio fundamental en el urbanismo contemporáneo es pasar de espacios de contemplación pasiva a espacios de uso activo, adaptados a las necesidades de los adultos mayores, los niños y los adolescentes", afirmó.

Asimismo, el profesional desalentó la dispersión urbana y abogó por "crecer hacia adentro". Según su visión, las ciudades del mundo que enfrentan restricciones presupuestarias logran resultados positivos densificando y completando el tejido urbano existente, en lugar de expandirse hacia afuera sin el equipamiento necesario.

En el marco del debate sobre el "Tandil del 2050", Guadagna analizó la propuesta de crear una estructura supragubernamental que trascienda los mandatos políticos. "Eso es hablar de un plan estratégico que defina el rumbo de la ciudad en áreas como la industria informática, la producción, la educación y la cultura. El PDT es una norma de aplicación directa, mientras que un plan estratégico marca el norte hacia donde queremos ir", explicó.

El arquitecto recordó experiencias internacionales como la de Barcelona, donde los Juegos Olímpicos de 1992 sirvieron como motor para transformar la ciudad, y advirtió sobre los riesgos de la burocracia. "Los planes a largo plazo deben ser dinámicos e interdisciplinarios. Deben atravesar todas las capas sociales para generar expectativas reales, porque la ciudad es de todos", concluyó.

Finalmente, Roberto Guadagna vinculó esta necesidad de planificación con la infraestructura regional, mencionando la importancia de recuperar el transporte ferroviario para la producción primaria. "Necesitamos otro andamiaje para la exportación y la conectividad. La Argentina productiva está en pausa, pero la planificación regional es clave para optimizar costos y mejorar la calidad de vida de los habitantes", cerró.

La sede local de la CTA  convocó a la comunidad a participar de una concentración que se llevará a cabo el jueves 6 de agosto, a partir de las 17 horas, en la Pirámide de la Plaza Independencia, en rechazo al proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional que, según la central sindical, permitiría la extranjerización de tierras en el país. La convocatoria está dirigida a organizaciones sindicales, sociales, políticas, estudiantiles y culturales, además de vecinos y vecinas de la ciudad, y se realizará bajo la consigna "La Argentina no está en venta".

La convocatoria se produce en la antesala del tratamiento en el Senado de la Nación del proyecto impulsado por el Gobierno nacional que propone derogar la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, vigente desde 2011.

La iniciativa busca eliminar los límites que actualmente existen para la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, una propuesta que generó un fuerte debate entre distintos sectores políticos, sociales y sindicales por sus posibles implicancias sobre la soberanía territorial y el control de recursos estratégicos.

Desde la organización señalaron que el objetivo de la actividad es expresar el compromiso con la defensa de la soberanía nacional, los bienes comunes y el territorio argentino. En ese sentido, afirmaron que consideran a la tierra un recurso estratégico para el desarrollo del país y sostuvieron que su protección debe constituir una política de Estado.

Asimismo, manifestaron que el proyecto representa "un grave retroceso para la Argentina", al entender que "abre la puerta a una mayor concentración y extranjerización de la tierra, poniendo en riesgo nuestra soberanía y el futuro de las próximas generaciones".

En ese marco, convocaron a la ciudadanía a participar de la jornada portando una bandera argentina como símbolo de unidad y compromiso con el país. "La participación de cada vecino y vecina será fundamental para expresar que la tierra, nuestros recursos y nuestra soberanía no pueden quedar sujetos a intereses ajenos al pueblo argentino", señalaron desde la central sindical.

El presidente Javier Milei se refirió ayer, en su discurso ante la Sociedad Rural Argentina (SRA), al proyecto vinculado a las vías navegables que impulsan desde el Gobierno Nacional: se trata de la modificación de la Ley de Cabotaje (Decreto-Ley N° 19.492/44) que tanto legisladores oficialistas como bloques aliados pretenden sancionar para otorgar permisos temporarios a buques extranjeros con el fin de bajar costos logísticos y potenciar los puertos del país.

Durante la exposición, Milei anunció que este proyecto que enviaron desde el Ejecutivo cambiará las normas de navegación, con una reforma orientada a la desregulación del sector y facilidades logísticas.

La modificación de dicho decreto impacta en la apertura del transporte de cargas y pasajeros entre puertos argentinos a buques de bandera extranjera, en la flexibilización de las exigencias sobre tripulación nacional y en la eliminación de aranceles de importación para barcos.

Asimismo, permite que las navegaciones de otras banderas operen el cabotaje fluvial y marítimo local mediante autorizaciones temporarias, al mismo tiempo en que elimina la obligación de contar con tripulación local durante los primeros 90 días, con una escala de manera gradual hasta un piso del 75% al año de operar.

Esta reforma, por un lado, elimina aranceles para importar barcos nuevos o de hasta 20 años de antigüedad con el fin de incrementar la oferta de bodegas y, por otro, busca reducir el gasto logístico en la hidrovía y en las economías regionales e que intenta solucionar la falta de barcos locales suficientes para mover la producción interna.

En cuanto a los bloques opositores, también presentaron otros proyectos vinculados a la navegación: en el caso de Unión por la Patria, la iniciativa fue presentada por la diputada nacional Agustina Propato declarar a la Vía Navegable Troncal del Río Paraná como un bien de Interés Público Nacional y Objetivo de Valor Estratégico.

Contrariamente a lo que propone el Gobierno Nacional, esta normativa pretende frenar el avance de las privatizaciones en el sector fluvial y garantizar que el control operativo, el dragado y la administración del comercio exterior permanezcan bajo la órbita de la soberanía del Estado argentino.

De hecho, establece el tramo comprendido entre el kilómetro 1.238 (Confluencia) hasta las aguas profundas del Río de la Plata, como infraestructura crítica nacional indispensable y esto limita la entrega de recursos estratégicos a consorcios privados extranjeros. (NA).

La Libertad Avanza (LLA) sigue sin reunir los votos necesarios para aprobar la reforma electoral que impulsa el Gobierno y crecen las dudas sobre la posibilidad de que el Senado sancione el proyecto en septiembre, como pretende la Casa Rosada.

El principal obstáculo continúa siendo la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una iniciativa que encuentra resistencia tanto en la UCR como en el PRO y en buena parte de los bloques provinciales, cuyos votos resultan decisivos para alcanzar las mayorías especiales que exige la reforma.

La meta del Gobierno es que no haya elecciones primarias en agosto de 2027.

En la Casa Rosada sostienen que las PASO generan un desgaste político y económico innecesario y recuerdan el impacto que tuvieron en 2019, cuando Mauricio Macri quedó prácticamente fuera de carrera tras la amplia derrota frente a Alberto Fernández.

Sin embargo, ante la dificultad para reunir los 37 votos en el Senado y los 129 en Diputados, el oficialismo comenzó a admitir una alternativa: si no consigue eliminar definitivamente las PASO, buscará repetir la fórmula aplicada en 2025 y suspenderlas únicamente para las elecciones de 2027, según confiaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con gobernadores dialoguistas en busca de respaldo político, aunque hasta el momento no lograron compromisos firmes.

Los mandatarios reclaman recursos para sus provincias y condicionan cualquier acuerdo a una negociación más amplia con la Casa Rosada.

En el Senado esas tratativas las lleva adelante la jefa del senado, Patricia Bullrich, en especial con los bloques que no tienen terminal en ninguna gobernación. En el Senado la llave de la votación sigue estando en manos de la UCR y el PRO.

Los radicales cuentan con diez bancas, pero el bloque está fragmentado y varios de sus integrantes no responden a los gobernadores de sus provincias, lo que obliga al oficialismo a negociar caso por caso.

Hasta ahora, la mayoría de los senadores radicales se inclina por mantener las PASO. Otros aceptarían suspenderlas para los comicios de 2027, pero rechazan su eliminación definitiva.

Entre los gobernadores que se muestran más abiertos a discutir la propuesta oficial aparecen Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), aunque ninguno selló hasta ahora un acuerdo con la Casa Rosada que garantice los votos de sus legisladores.

En el PRO la situación es similar ya que mantiene una postura favorable a conservar las PASO, aunque algunos dirigentes admiten que podrían acompañar una suspensión si forma parte de un acuerdo político más amplio de cara a las elecciones de 2027.

Esa negociación también está atada a las conversaciones entre el macrismo y La Libertad Avanza para definir alianzas en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Los bloques provinciales tampoco muestran una posición unificada.

Algunos gobernadores, como Raúl Jalil (Catamarca) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), se pronunciaron a favor de eliminar las PASO, mientras que otros aún no definieron su postura o mantienen abiertas las negociaciones con el Gobierno. En varios casos, además, los mandatarios tienen escasa influencia sobre los senadores de sus distritos, lo que agrega un nuevo factor de incertidumbre al escenario parlamentario.

Con ese panorama, el oficialismo afronta un complejo desafío político: conseguir los acuerdos necesarios para avanzar con una de las reformas electorales que Javier Milei considera prioritarias antes del inicio del calendario electoral de 2027. (NA).

El proyecto de ley impulsado por el gobernador Axel Kicillof para regular el funcionamiento de las aplicaciones de delivery y transporte comenzó a sumar respaldos clave antes de su tratamiento en la Legislatura bonaerense. Agrupaciones que representan a repartidores y conductores advirtieron que la falta de un marco normativo mantiene a miles de trabajadores en condiciones de precariedad laboral, por lo que reclamaron ser convocados al debate cuando la iniciativa comience a discutirse en las comisiones de la Cámara de Diputados.

El proyecto, que busca regular plataformas como Uber, Didi, Cabify, Rappi y Pedidos Ya, es una de las apuestas políticas más sensibles del paquete enviado por el gobernador. En representación de la Agrupación de Repartidores y de la cooperativa platense Mi Ciudad, Nahuel Salguero remarcó que la actividad se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema.

“Estamos desprotegidos, no tenemos derechos laborales y está todo en el aire. Queremos que la aplicación se haga cargo de los trabajadores, porque si vos tenés un accidente o se te rompe el celular o la moto pasa por nosotros el arreglo. Vos ponés todo y ellos sólo te dan el pedido”, afirmó Salguero.

El dirigente detalló que los trabajadores no reciben bonificaciones por días de lluvia y perciben 2.000 pesos por pedido, sin considerar el peso de la carga, lo cual impacta negativamente en su salud. Ante el argumento de que la regulación provocaría la pérdida de puestos laborales, Salguero fue tajante: “Ante la supuesta amenaza por parte de la aplicación de irse del país, el negocio lo pasaría a manejar otro emergente u otra plataforma”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Civil Conductores de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (ACCAURA), Pablo León, enfatizó la necesidad de avanzar en la sindicalización y en la participación de los trabajadores en las mesas de discusión.

“Necesitamos que se nos reconozcan derechos básicos. Así podremos avanzar en convenios colectivos, sindicalizarnos, asociarnos, tener seguros de riesgo, acceso a obras sociales, cubrir todo lo que sea enfermedad y que haya una mínima rentabilidad asegurada”, subrayó León.

La denominada “Ley Uber”, elevada en junio de este año, crea el Plan integral para el Trabajo mediante plataformas digitales bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, a cargo de Walter Correa. El texto propone la creación de un Registro de Trabajo Mediante Plataformas Digitales y el desarrollo de una aplicación móvil estatal para brindar asistencia y seguridad a los operarios. Asimismo, obliga a las empresas a informar datos sobre la situación contractual, ingresos medios y condiciones de prestación de sus trabajadores.

El bloque de concejales de Acción Tandilense / La Libertad Avanza presentó  un proyecto de comunicación ante el Concejo Deliberante con el objetivo de solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal la actualización de los datos vinculados a las cotas altimétricas que figuran en el mapa oficial del sitio web de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de Tandil.

La iniciativa, transmitieron desde el bloque en el proyecto, surgió ante la necesidad de contar con información certera para la correcta aplicación del Plan de Desarrollo Territorial (PDT). "Por lo menos que exista una leyenda que indique que es un dato aproximado, y que el dato certero se tiene que constatar con un profesional matriculado”, explicó el concejal Federico Sánchez Chopa.

La problemática cobró relevancia tras la reciente aprobación de un proyecto para la construcción de un colegio privado sobre la avenida Fleming. En aquella instancia, la Asamblea por la Preservación de las Sierras advirtió que el lote superaba la cota permitida, mientras que desde el Municipio argumentaron que las mediciones que figuran en el IDE son aproximadas. En el expediente oficial, los desarrolladores presentaron un informe de una agrimensora particular: el mismo situaba al terreno por debajo del límite establecido. 

Ese contrapunto, entre los datos del IDE y los de la medición privada fue lo que motivó el debate público y puso en evidencia los límites del sistema oficial de consulta pública. Cabe marcar, los niveles de cada zona que establece la normativa vigente (el PDT), son los delimitados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

“Que exista una leyenda de que es un dato aproximado”

El concejal Federico Sánchez Chopa, impulsor de la medida, explicó los motivos que llevaron a su espacio a formalizar este pedido. Al respecto, el edil señaló: “De acuerdo al PDT y por no haber hecho el plan de manejo de las sierras, la única variable que tenemos para definir qué es lo que se puede hacer en un lado y qué no, es una altimetría. Como la altimetría es la única variable que nos define esta cuestión, que entiendo que va a haber que repensarla, la altimetría que uno puede utilizar como dato oficial es aproximada, no es certera. Y ahí es donde se generan estos conflictos”. 

En la misma línea indicó que tal fue el motivo por el que elevaron la iniciativa de actualización de los datos. “Por eso presentamos este proyecto de que, cuando se acceda al IDE al ver la información oficial, por lo menos que exista una leyenda que indique que es un dato aproximado, y que el dato certero se tiene que constatar con un profesional matriculado”, explicó.

El concejal local enfatizó que esta situación no es un hecho aislado, sino que se ha repetido en diversas discusiones urbanísticas de la ciudad. "Lo veníamos viendo, pero a raíz de la discusión, de la última discusión que se dio en particular con el Colegio, pero no por el colegio per se, porque también habíamos charlado este tema cuando se planteó la ubicación de un supermercado sobre la misma calle, y lo vimos discutido también sobre lo que sería el desarrollo de una nueva zona industrial, donde hay una parte que estaría por encima de la cota 200, en una zona rural", detalló Sánchez Chopa.

El presidente del bloque de Acción Tandilense subrayó la importancia de la transparencia y la precisión en los datos que el Estado pone a disposición de los vecinos y profesionales. "A partir de ahí, cuando uno va a la información oficial, que es la información que tiene la la página del municipio, o entiende que esa es la información oficial, lo que termina viendo es que la información oficial no es precisa", agregó.

Finalmente, Sánchez Chopa instó a realizar un debate más profundo sobre el modelo de crecimiento de la ciudad. "Creemos en la re-discusión del PDT. Se tendrá que evaluar con mucha gente formada, con gente capacitada y con gente que tenga nuevas ideas, cuál es la mejor estrategia para el cuidado del crecimiento de la ciudad. Lo uno busca con un PDT, con un plan de desarrollo territorial, es el cuidado del crecimiento. Es planificar el crecimiento, pensar el crecimiento, y que no suceda a los ponchazos o a base de excepciones", concluyó.

El titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo, presentó el pasado martes un proyecto de ley con el objetivo de arancelar el acceso a la salud y a la educación universitaria en la provincia de Buenos Aires para aquellos extranjeros que no cuenten con residencia permanente.

La iniciativa, que busca establecer un régimen de retribuciones por los servicios sanitarios y los estudios de grado en universidades provinciales de gestión estatal, cuenta con el respaldo de gran parte de la bancada libertaria y del titular del bloque PRO, Alejandro Rabinovich.

“La salud pública y la educación universitaria se sostienen con el esfuerzo de los contribuyentes. No resulta justo que personas que se encuentran transitoriamente en el país puedan utilizar gratuitamente estos servicios sin contar con un seguro, sin contribuir a su sostenimiento y sin asumir el costo correspondiente, mientras que en otros países la situación es completamente diferente para los bonaerenses”, sostuvo el impulsor del proyecto.

El diputado Agustín Romo justificó la medida haciendo referencia a críticas recibidas por la Selección Argentina tras el Mundial 2026. A través de sus redes sociales, el legislador expresó: “¿Así que hay extranjeros estudian gratis en el país y se atienden gratis en hospitales públicos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la Provincia”.

El proyecto estipula que los extranjeros con residencia temporaria o transitoria deberán solventar los costos de las prestaciones sanitarias por cuenta propia, mediante un seguro de salud o a través de un tercero obligado. En este sentido, el Ministerio de Salud de la Provincia deberá adecuar el nomenclador arancelario a través del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) para gestionar los cobros.

No obstante, la normativa contempla excepciones: ninguna persona podrá ser rechazada o condicionada en situaciones de emergencia con riesgo inminente de vida. En tales casos, el recupero de los costos se tramitaría una vez estabilizado el paciente.

Respecto al ámbito educativo, instituciones como la Universidad del Sudeste y la Universidad provincial de Ezeiza serán las encargadas de fijar las retribuciones correspondientes. “La Provincia no puede continuar financiando sin límites la formación de personas que no han asumido un compromiso permanente con el país, mientras existen estudiantes bonaerenses que necesitan mejores edificios, más tecnología, becas y condiciones adecuadas para estudiar”, manifestó Romo.

Finalmente, el texto incluye una cláusula de transparencia que obliga al Ministerio de Salud y a las universidades alcanzadas a publicar anualmente informes detallados sobre la cantidad de prestaciones, montos facturados, exenciones otorgadas y el destino final de los recursos recaudados.

El diputado del Frente Renovador, Carlos Puglelli, presentó un proyecto de ley con el objetivo de incorporar armas no letales al equipamiento de la Policía bonaerense. La iniciativa propone una modificación de la Ley 13.482, que regula la composición, funciones, organización, dirección y coordinación de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, estableciendo además que el personal activo deberá recibir una capacitación técnica, psicofísica y formativa obligatoria.

La propuesta incorpora dos nuevos artículos a la legislación vigente. El primero habilita la utilización de armas incapacitantes para cumplir con los objetivos de la fuerza, mientras que el segundo define como armas no letales a todas aquellas cuyo diseño y finalidad sea producir efectos temporales sobre el organismo humano, sin causar lesiones permanentes, sean de índole electrónica o no.

En los fundamentos, el legislador explicó que la iniciativa retoma proyectos anteriores y fue actualizada con aportes técnicos de un informe elaborado en marzo de 2026 por la investigadora Natasa Loizou. Al respecto, el texto señala:

“A partir del análisis efectuado, se arribó a la conclusión de que la referencia exclusiva a ‘armas electrónicas’ resulta insuficiente para abarcar el conjunto de herramientas disponibles en el ámbito de la seguridad pública. En efecto, dicha denominación restringe el alcance del proyecto, dejando fuera otros dispositivos no letales, como aquellos de naturaleza neumática que cumplen funciones análogas en términos de disuasión, inmovilización o neutralización de agresores, con la particularidad que estas aún no están reguladas expresamente en el ordenamiento jurídico”.

El diputado remarcó que la propuesta no invade competencias federales, ya que el Decreto Ley N.° 20.429 contempla el uso permitido de estas herramientas, mientras que las provincias mantienen la facultad de determinar sus propios medios materiales. Asimismo, el proyecto diferencia los dispositivos de contacto directo de los conductores de energía por proyectil, señalando que esta distinción es clave para los derechos humanos y la política criminal.

Sobre la importancia de esta medida, Puglelli concluyó:

“Corresponde señalar que la actualización de la Ley 13.482 y la incorporación de armas no letales a las herramientas de uso de la Policía bonaerense no implica una ampliación irreflexiva del poder coercitivo del Estado, sino una mejora en la arquitectura del uso de la fuerza. Se trata de dotar a la provincia de Buenos Aires de insumos que permitan intervenir con mayor precisión, reducir daños evitables, proteger tanto a los ciudadanos como al personal y fortalecer la legitimidad institucional mediante mecanismos efectivos de control”

Cabe destacar que este debate cuenta con antecedentes legislativos. En marzo de 2026, la senadora María Florencia Arietto, de La Libertad Avanza (LLA), presentó una iniciativa similar, al igual que el senador Marcelo “Chuby” Leguizamón, de Hechos – UCR Identidad, quien en agosto de 2025 reclamó el tratamiento de su propio proyecto. Asimismo, en junio de 2024, los bloques de La Libertad Avanza y el extinto PRO Libertad habían impulsado una propuesta conjunta para autorizar el uso de pistolas Taser, buscando cerrar la brecha entre la persuasión verbal y el uso de armas de fuego.

El Ejecutivo elevó a la comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante un informe sobre la viabilidad de la extensión de agua y cloacas del proyecto de construcción de un colegio sobre avenida Fleming. Para que la iniciativa se avale definitivamente, resta que el Legislativo local otorgue la excepción por FOS, FOT y un retiro lateral.

Lo presentado fue en respuesta a las inquietudes planteadas por los concejales en marzo pasado y en concreto marca los siguiente: la solución para garantizar la capacidad hidráulica del sector requiere una obra de 175 millones de pesos. Como el colegio “podría afectar hasta un 35 por ciento” de uso de la misma, “se considera que debería participar de su costeo en un idéntico porcentaje de afectación”,  marca el texto firmado por el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse. Dicho monto rondaría los 61 millones de pesos que deberán afrontar los desarrolladores.

“El resto de la obra la deberá financiar inicialmente el municipio pero terminará siendo solventada por los futuros beneficiarios de la misma, bajo la metodología de la Contribución por Mejoras”,  agrega el informe. 

“Para su financiamiento, se incorporará el aporte de la plusvalía que la propia institución educativa realiza por el convenio urbanístico, por resultar una obra que beneficia a un amplio sector urbano con un importante crecimiento y consolidación”, indica lo presentado por el Ejecutivo. La plusvalía del emprendimiento inmobiliario y pedagógico se estima en 49 millones de pesos.

De acuerdo al informe del gobierno local, la obra garantizaría la capacidad hidráulica del sistema receptor. Consistiría en un recambio de cañerías en el cruce de la RN 226 y calle Hudson, para solucionar “la existencia de un punto crítico en el paso del efluente cloacal que se encuentra comprometido en la actualidad”. Desde Obras Públicas agregaron que la iniciativa “es una necesidad de ampliar el paso del efluente para poder darle factibilidad a más viviendas del sector”.

“Este cruce representará una sustancial mejora en la infraestructura sanitaria del sector con impacto positivo para el desarrollo urbano de la ciudad y de la capacidad de absorción de futuros emprendimientos y viviendas de un extenso sector que se extiende desde calle Hölmberg hasta barrios Golf y Golf 2 hasta la calle J. M. de Rosas”, señala el informe.

Los plazos de la obra se estiman en 90 días, aunque depende de un aval mayor: la autorización de Vialidad Nacional. “Por lo que puede demorar hasta 12 meses o más”, indica lo presentado por el Ejecutivo.

El gobierno local no consideró necesaria la modificación del convenio de obra del expediente del proyecto, pero que tanto la obra hidráulica como las ya planteadas para el ordenamiento vial deberán ser expresadas en un acuerdo de compromiso. A dicho documento “quedará sujeta la aprobación de los planos en cuanto a la firma del compromiso y las obras deberán estar finalizadas para la habilitación de la institución educativa”.

Desde el Ejecutivo recordaron que la actividad educativa en la zona –una condición sobre la que pasó el debate público en torno al proyecto- constituye un uso autorizable en el sector donde se prevé construir el colegio: “En consecuencia, corresponde al Departamento Ejecutivo otorgar la autorización definitiva, y se ha expresado en este sentido dado que su concreción representa una inversión estratégica en el futuro de la comunidad”.

El informe del gobierno local ya fue elevado a la comisión de Obras Públicas, y el tema está en manos del Concejo Deliberante, que deberá expedirse con respecto al pedido de excepción de los indicadores del Factor de Ocupación del Suelo (FOS), el Factor de Ocupación Territorial (FOT) y un retiro lateral. Sobre el tema ya dio el visto bueno la Comisión de Gestión Territorial.

El proyecto para emplazar sobre la avenida Fleming un colegio privado con tres niveles educativos y capacidad para 500 alumnos activó el reclamo de vecinos del lugar: juntaron firmas y plantearon ante los diferentes bloques sus reparos con respecto a una iniciativa que tendrá impacto en el barrio. No es la única: también tuvo el visto bueno la carpeta para emplazar un supermercado en la zona.