El Ejecutivo elevó a la comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante un informe sobre la viabilidad de la extensión de agua y cloacas del proyecto de construcción de un colegio sobre avenida Fleming. Para que la iniciativa se avale definitivamente, resta que el Legislativo local otorgue la excepción por FOS, FOT y un retiro lateral.

Lo presentado fue en respuesta a las inquietudes planteadas por los concejales en marzo pasado y en concreto marca los siguiente: la solución para garantizar la capacidad hidráulica del sector requiere una obra de 175 millones de pesos. Como el colegio “podría afectar hasta un 35 por ciento” de uso de la misma, “se considera que debería participar de su costeo en un idéntico porcentaje de afectación”,  marca el texto firmado por el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse. Dicho monto rondaría los 61 millones de pesos que deberán afrontar los desarrolladores.

“El resto de la obra la deberá financiar inicialmente el municipio pero terminará siendo solventada por los futuros beneficiarios de la misma, bajo la metodología de la Contribución por Mejoras”,  agrega el informe. 

“Para su financiamiento, se incorporará el aporte de la plusvalía que la propia institución educativa realiza por el convenio urbanístico, por resultar una obra que beneficia a un amplio sector urbano con un importante crecimiento y consolidación”, indica lo presentado por el Ejecutivo. La plusvalía del emprendimiento inmobiliario y pedagógico se estima en 49 millones de pesos.

De acuerdo al informe del gobierno local, la obra garantizaría la capacidad hidráulica del sistema receptor. Consistiría en un recambio de cañerías en el cruce de la RN 226 y calle Hudson, para solucionar “la existencia de un punto crítico en el paso del efluente cloacal que se encuentra comprometido en la actualidad”. Desde Obras Públicas agregaron que la iniciativa “es una necesidad de ampliar el paso del efluente para poder darle factibilidad a más viviendas del sector”.

“Este cruce representará una sustancial mejora en la infraestructura sanitaria del sector con impacto positivo para el desarrollo urbano de la ciudad y de la capacidad de absorción de futuros emprendimientos y viviendas de un extenso sector que se extiende desde calle Hölmberg hasta barrios Golf y Golf 2 hasta la calle J. M. de Rosas”, señala el informe.

Los plazos de la obra se estiman en 90 días, aunque depende de un aval mayor: la autorización de Vialidad Nacional. “Por lo que puede demorar hasta 12 meses o más”, indica lo presentado por el Ejecutivo.

El gobierno local no consideró necesaria la modificación del convenio de obra del expediente del proyecto, pero que tanto la obra hidráulica como las ya planteadas para el ordenamiento vial deberán ser expresadas en un acuerdo de compromiso. A dicho documento “quedará sujeta la aprobación de los planos en cuanto a la firma del compromiso y las obras deberán estar finalizadas para la habilitación de la institución educativa”.

Desde el Ejecutivo recordaron que la actividad educativa en la zona –una condición sobre la que pasó el debate público en torno al proyecto- constituye un uso autorizable en el sector donde se prevé construir el colegio: “En consecuencia, corresponde al Departamento Ejecutivo otorgar la autorización definitiva, y se ha expresado en este sentido dado que su concreción representa una inversión estratégica en el futuro de la comunidad”.

El informe del gobierno local ya fue elevado a la comisión de Obras Públicas, y el tema está en manos del Concejo Deliberante, que deberá expedirse con respecto al pedido de excepción de los indicadores del Factor de Ocupación del Suelo (FOS), el Factor de Ocupación Territorial (FOT) y un retiro lateral. Sobre el tema ya dio el visto bueno la Comisión de Gestión Territorial.

El proyecto para emplazar sobre la avenida Fleming un colegio privado con tres niveles educativos y capacidad para 500 alumnos activó el reclamo de vecinos del lugar: juntaron firmas y plantearon ante los diferentes bloques sus reparos con respecto a una iniciativa que tendrá impacto en el barrio. No es la única: también tuvo el visto bueno la carpeta para emplazar un supermercado en la zona.

A sus 38 años, Joal Bruni repasa sus comienzos en la música con una mezcla de emoción y gratitud. Su formación se inició a temprana edad, impulsada por el entorno familiar y por la influencia de su maestro Beto Mati, a quien considera una figura clave en su desarrollo artístico.

"Él fue mi profe más importante de cuando era chico", recuerda el músico, quien durante sus primeros años practicaba la digitación sobre fotocopias de los teclados del bandoneón debido a que aún no contaba con un instrumento propio.

Luego de dos años de formación teórica y de utilizar el elemento de su profesor para ensayar, recibió el suyo gracias al recordado Juan Fornaro. Aquel momento marcó un punto de inflexión tanto en su aprendizaje como en el vínculo con su circulo más cercanos , que descubrió su talento al escucharlo interpretar sus primeras piezas en casa.

A lo largo de su carrera compartió proyectos con referentes de la música argentina como Raúl Lavié y Nacha Guevara. Sin embargo, sintió la necesidad de construir una identidad propia. Una experiencia junto a Guevara en el Café La Humedad terminó de impulsarlo hacia el canto.

"Vos tenés que cantar, nene", le dijo la reconocida artista tras una actuación. Aquella frase resultó decisiva para consolidar el camino solista que hoy transita.

"La Magia", el nuevo álbum de Bruni, reúne las distintas corrientes musicales que han acompañado su trayectoria: folklore, tango, rock, pop y jazz. El trabajo incluye siete canciones, cuatro de ellas realizadas junto a destacados invitados como Raúl Lavié, Cami Andersen, Joaquín del Mundo y la cantante peruana Nuria Saba.

La propuesta de mañana irá mucho más allá de un recital tradicional. El tandilense estará acompañado por una banda integrada por La Bayén en teclados, Gero Castro en batería, Sebar Conetti en guitarras y Salvador Barandiarán en bajo.

"Es un concierto de una envergadura muy grande y el objetivo es que sea un regalo para Tandil", expresó Bruni, quien además resaltó el trabajo de iluminación y producción artística que acompañará cada momento de la noche.

El espectáculo fue declarado de interés cultural, una distinción que el músico recibió con especial satisfacción por el vínculo que mantiene con la comunidad local. También agradeció el respaldo de instituciones y empresas que acompañan el proyecto, entre ellas el Colegio de Escribanos, la familia de Carnero Pepe y Estancias Integradas.

Debido a la importante demanda de localidades, se recomienda adquirir las entradas con anticipación. Los interesados pueden comunicarse al WhatsApp 2494 542562 o acceder al enlace disponible en el perfil de Instagram del artista, @jo.bruni.

En una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales, la Iglesia planteó fuertes críticas al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que actualmente se encuentra en tratamiento en el Senado. La iniciativa, elaborada por el Poder Ejecutivo, fue cuestionada por dejar sin efecto las limitaciones vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros, especialmente en áreas que comprenden reservas de agua y otros bienes naturales.

El proyecto es impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el objetivo de eliminar restricciones que limitan el derecho de propiedad y fortalecer la seguridad jurídica. La propuesta incluye modificaciones en el régimen de expropiaciones, procesos de desalojos y reformas en legislaciones vinculadas al manejo del fuego y tierras rurales.

A través de un pronunciamiento conjunto de Cáritas, el Área de Ecología Integral de la Comisión de Pastoral Social y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, la institución eclesiástica advirtió sobre las consecuencias de la normativa:

Este proyecto debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros.

El documento, titulado La tierra: madre, hermana y bien común, también expresa preocupación por los artículos que habilitan la utilización inmediata de tierras afectadas por incendios. Según los obispos, esta medida, que hasta el momento contaba con restricciones, atenta contra la soberanía de los recursos naturales.

En su argumentación, los organismos citaron la encíclica Laudato si, presentada en 2015 por el papa Francisco, y fragmentos de la reciente encíclica Magnifica humanitas, del papa León XIV. Bajo esta premisa, la Iglesia enfatizó que la tierra no debe ser considerada una mercancía ni un simple recurso económico.

Finalmente, los obispos solicitaron a los legisladores que guíen sus decisiones priorizando el bien común y el futuro de las generaciones venideras. Asimismo, pidieron establecer un marco jurídico razonable para los alquileres con el fin de favorecer el acceso a la vivienda de las familias más vulnerables.

El bloque de Alternativa Tandil presentó nuevamente un proyecto para solicitar la reparación del acceso pavimentado a Gardey, una iniciativa que ya había sido impulsada durante el año pasado, aunque sin obtener respuestas  favorables.

El concejal Matías Meli explicó que el camino viene mostrando un marcado deterioro desde hace varios años. Según señaló, el hormigón presenta numerosas rajaduras y en algunos sectores incluso se ha levantado, una situación que se agrava con cada lluvia debido a la filtración de agua por debajo de la estructura.

“Todavía estamos a tiempo de arreglarlo y recuperarlo”, sostuvo el edil en diálogo con El Eco, quien remarcó la necesidad de actuar con rapidez para evitar que el acceso termine sufriendo el mismo destino que otros caminos de hormigón de distintas localidades que, tras deteriorarse, fueron finalmente levantados sin ser reconstruidos.

Meli indicó que el tramo más afectado se encuentra en la bajada desde la ruta 226 hacia Gardey y también en el sector comprendido entre el puente del Chapaleofú y la localidad. En ese sentido, recordó que se trata de un camino de jurisdicción provincial, por lo que consideró que la responsabilidad principal de ejecutar una obra de fondo corresponde al gobierno bonaerense.

No obstante, planteó que el Municipio podría realizar intervenciones preventivas mientras se gestionan los recursos necesarios para una reparación integral. Entre ellas mencionó la posibilidad de sellar las grietas con brea para evitar que continúe ingresando agua y se acelere el deterioro de la calzada.

El concejal destacó además la importancia estratégica del acceso, no solo para los vecinos de Gardey, sino también para productores rurales, establecimientos educativos y transportistas de la zona. Asimismo, señaló que numerosos habitantes de María Ignacia Vela utilizan ese trayecto para llegar a Tandil, ya que representa una alternativa más corta.

“Es un camino con mucho movimiento”, afirmó Meli, al remarcar que diariamente circulan vehículos particulares, transporte vinculado al sector agropecuario y personas que se desplazan entre las localidades rurales y la ciudad cabecera.

A partir de esta nueva presentación, desde Alternativa Tandil esperan que el Municipio gestione ante la Provincia una solución definitiva para una vía considerada clave para la conectividad y el desarrollo de la zona rural del partido.

Los concejales Marcos Nicolini y Matías Meli presentaron un proyecto de ordenanza que busca establecer un plazo máximo de 60 días hábiles administrativos para que el Departamento Ejecutivo Municipal devuelva al Honorable Concejo Deliberante (HCD) los expedientes, proyectos, actuaciones administrativas, notas, peticiones o antecedentes remitidos para su estudio, análisis, informe técnico, dictamen o intervención administrativa.

La iniciativa fue elaborada por el bloque Hechos – Alternativa Tandil con el objetivo de “garantizar el adecuado funcionamiento institucional del Honorable Concejo Deliberante, asegurando la circulación, tratamiento y devolución en tiempo razonable de los expedientes remitidos al Departamento Ejecutivo Municipal para su estudio, informe técnico o intervención administrativa”.

Según se señala en los fundamentos del proyecto, “la demora indefinida en la devolución de expedientes remitidos al Departamento Ejecutivo obstaculiza el debate democrático, el seguimiento de políticas públicas y la resolución de iniciativas presentadas por concejales, instituciones y vecinos de Tandil”.

Asimismo, la propuesta destaca que “la transparencia administrativa, la publicidad de los actos de gobierno y la calidad institucional requieren mecanismos objetivos de trazabilidad y registración de expedientes, permitiendo conocer con precisión fechas de remisión, recepción y devolución”.

Los autores consideran necesario establecer un procedimiento reglado que otorgue previsibilidad administrativa, promueva la cooperación entre los Departamentos Ejecutivo y Deliberativo y evite la paralización de actuaciones legislativas.

De acuerdo con el proyecto, todo expediente, proyecto, actuación administrativa, nota, petición o antecedente remitido por el HCD al Departamento Ejecutivo “deberá ser reintegrado al Honorable Concejo Deliberante dentro del plazo máximo de sesenta días hábiles administrativos contados desde su recepción”.

La iniciativa contempla además que el Departamento Ejecutivo pueda solicitar, por única vez, una prórroga fundada de hasta 30 días hábiles adicionales. Dicha solicitud deberá ser comunicada por escrito a la Presidencia del Concejo Deliberante antes del vencimiento del plazo original.

Por otra parte, se establece que, una vez vencidos los plazos previstos sin que se haya producido la devolución del expediente ni exista una solicitud de prórroga debidamente fundada, la Presidencia del HCD podrá requerir la inmediata remisión de las actuaciones.

“La falta de devolución, informe u observaciones dentro de los plazos establecidos será considerada como conformidad administrativa respecto de la continuidad del tratamiento legislativo del expediente remitido”, indicaron.

Finalmente, el proyecto dispone que, una vez sancionada la ordenanza, todo expediente que no se encuentre contemplado por la reglamentación de la Ordenanza 5181 deberá incluir en su nota de remisión al Departamento Ejecutivo la leyenda: "Expediente remitido en función de lo normado por la ordenanza N°...." (el que se le asigne a la presente).

El Senado de la Nación aprobó el proyecto de Ley presentado por el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, que propone la creación de una nueva Sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, con nuevos jueces y estructura propia. La iniciativa busca dar respuesta al crecimiento sostenido de causas en una de las jurisdicciones más extensas y complejas del país.

El proyecto tuvo un importante respaldo institucional durante su tratamiento legislativo. En el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda expuso el presidente de la Cámara Federal de Mar del Plata, Alejandro Tazza, quien advirtió sobre la situación crítica que atraviesa el tribunal. “Vivimos una cruda realidad. Estamos a un paso del colapso”, sostuvo entonces el magistrado al describir el incremento sostenido de expedientes y la complejidad creciente de las materias que atiende la Cámara.

Este jueves, durante su intervención en el recinto, Abad destacó la importancia de la medida: “La creación de una Sala adicional en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, con nuevos jueces y estructura propia, es una gran noticia para los bonaerenses”.

Actualmente, la Cámara Federal de Mar del Plata concentra apelaciones de ocho juzgados federales y tiene jurisdicción sobre cerca del 40% del territorio bonaerense. Mientras que en sus primeros años de funcionamiento recibía alrededor de 700 expedientes anuales, en 2025 esa cifra alcanzó los 8.900 casos, un crecimiento superior al 1100%. Además, durante los últimos 18 años funcionó con apenas dos magistrados.

Recordemos que la necesidad de ampliación fue reconocida institucionalmente por las autoridades políticas de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la propia Municipalidad en las distintas ocasiones que se pretendió su ampliación frente al significativo incremento de la judicialización de diversas temáticas atinentes a la Justicia Federal.

El panorama actual de la Cámara se complejiza no solo por el crecimiento poblacional de la ciudad y localidades de la jurisdicción de la Cámara que se extiende sobre un 37 por ciento del territorio de la Provincia de Buenos Aires, sino por la diversidad de materias sometidas a su conocimiento que abarcan tanto aspectos penales, como civiles y comerciales, laborales, previsionales y de salud, además de la gestión administrativa interna de recursos humanos y de manejo financiero de dicho órgano judicial y los juzgados a su cargo.

“Esta decisión permitirá descongestionar un tribunal que cubre una enorme extensión territorial y que hoy trabaja al límite de su capacidad”, remarcó Abad.

El legislador explicó además que gran parte de las causas que llegan a la Cámara están vinculadas a temas previsionales y de salud. “Se trata de jubilados que esperan un reajuste y de pacientes que reclaman cobertura para tratamientos médicos. Son miles de personas que necesitan respuestas más rápidas y eficaces. Una buena administración de Justicia exige una Justicia eficaz. Y una Justicia es eficaz cuando además de ser justa, es rápida y da las respuestas en tiempo oportuno”, señaló.

Con la aprobación del Senado, la iniciativa será girada ahora a la Cámara de Diputados. “Esperamos que Diputados trate a la brevedad este proyecto para saldar, de una vez por todas, un reclamo histórico y fortalecer el acceso a la Justicia de millones de bonaerenses”, concluyó Abad.

El diputado nacional de Provincias Unidas Esteban Paulón presentó un proyecto para legalizar la eutanasia y la muerte voluntaria médicamente asistida, garantizando su cobertura obligatoria en hospitales públicos, obras sociales y prepagas.

La iniciativa del socialista santafesino reconoce el derecho de toda persona que sufre condiciones determinadas a requerir asistencia médica para poner fin a su vida de forma digna y bajo un procedimiento regulado.

El objetivo es que las personas que sufren padecimientos extremos puedan tomar decisiones libres, informadas, con respeto a su autonomía y sin presiones externas, pero también que haya supervisión estatal estricta.

En varios países de América y de Europa, la eutanasia y la muerte asistida están legalizadas y reguladas, aunque cada caso nuevo que aparece sigue despertando polémicas a raíz de las implicancias éticas que se ponen en juego en ese tipo de decisiones.

En España, el caso más reciente que generó conmoción y repercusiones más allá de las fronteras de ese país fue el de la joven de 25 años Noelia Castillo Ramos, quien recibió la eutanasia el 26 de marzo tras una prolongada batalla judicial.

Días después, el presidente Javier Milei dio su parecer acerca del tema de la eutanasia durante una entrevista a un medio español donde señaló no estar “de acuerdo” con la muerte asistida alegando que para él “la vida es un regalo” que se debe “honrar” y que vivir cada día “es un motivo de alegría”.

El proyecto de Paulón reaviva un debate que ya tiene un recorrido y un historial de propuestas en el Congreso: en el pasado reciente han presentado iniciativas de ley los diputados nacionales Lisandro Nieri, Gabriela Estévez, Mara Brawer (MC) y Miguel Ángel Pichetto.

La propuesta del diputado santafesino abarca tanto la eutanasia, en la que un profesional de la salud administra un fármaco letal a pedido del paciente, y la muerte asistida, donde es el paciente quien se auto administra la sustancia prescrita.

El requisito para poder acceder a uno de estos dos procedimientos es padecer una enfermedad grave e incurable o un cuadro crónico que provoque un sufrimiento considerado intolerable.

A su vez, se requiere haber manifestado la voluntad expresa de morir de manera reiterada y contar con pleno consentimiento informado.

En ese sentido, el paciente debe efectuar al menos dos solicitudes separadas en el tiempo y puede revocar su decisión en cualquier momento. NA

Vecinos de calle Los Huesos denunciaron que un loteo privado podría provocar la inundación de su barrio. En diálogo con El Eco manifestaron que el proyecto no contempló la existencia de su calle, que los desarrolladores generaron un “dique” en el que quedarían casi dos metros por debajo de sus terrenos linderos, y que esperan que las autoridades lleven a cabo un estudio de impacto que les certifique que lo  realizado no los perjudicará.

“Cuando construyan, esto es una catarata,  alertaron los frentistas. Luego de que presentaran notas al Ejecutivo, al gobierno bonaerense, y al Concejo Deliberante, representantes de la Secretaría de Planeamiento concurrirán el martes próximo a la comisión de Obras Públicas para brindar explicaciones sobre el tema. Desde el Municipio transmitieron que la iniciativa no modificará la escorrentía de la zona, que el lugar ya sufrió inundaciones con anterioridad y que el expediente está aprobado.

Se trata del loteo impulsado por la Asociación por la No Automedicación, entre las calles Pedersen, La Merced, Segundo Sombra y Chapaleofú. El Eco fue al lugar y caminó  con los vecinos de calle Los Huesos, quienes mostraron cómo –tras elevar el nivel de calles públicas y de los terrenos que se proyectan lotear-, quedaron “abajo”, en un área inferior incluso que un caño de desagüe pluvial.

Los vecinos elevaron una solicitud en la cual sostuvieron que “el relleno desmesurado, ejecutado por la empresa contratista, no cumple con las cotas de altura proyectadas” y que generaría que sus viviendas queden “en un bajo, con un corte de niveles muy abrupto (de casi dos metros de altura) muy difícil de resolver una vez terminadas las obras.

“Si veníamos hace un año y medio, todo esto estaba a la misma altura”, contaron los frentistas, parados en el terraplén del loteo, desde el cual podían observar a sus viviendas.

“El proyecto no contempla que la calle Los Huesos es existente. Es una calle consolidada, con la mayoría de sus lotes construidos con viviendas unifamiliares de ocupación permanente que se construyeron legalmente con planos presentados en la Municipalidad de Tandil”, señalaron sobre una de sus principales preocupaciones.

“En el plano no sólo figura ´Calle a abrir´, sino que en ambos proyectos presentados y aprobados en la municipalidad proponen rellenarla entre 18 y 20 cm o quitarle relleno para cambiar el sentido de la pendiente, dejando algunos de nuestros frentes por debajo de la línea de vereda”, sumaron.

A su vez, denunciaron que el loteo contempló “una elevación excesiva de las cotas de calles” que condicionó a los terrenos linderos. Marcaron que en el esquema del loteo –que ya avanzó-, Los Huesos pasaría a constituirse “como el punto más bajo del sistema, en contradicción con la topografía natural”.

El sistema de desagüe pluvial del proyecto, consideraron, resulta incompatible con futuras nivelaciones de los terrenos linderos tanto al loteo como a sus viviendas. Si bien señalaron que luego de efectuar reclamos a las autoridades el proyecto hidráulico fue modificado, las cotas previstas forzarían la necesidad de que los terrenos circundantes tengan que elevarse, y “las viviendas actualmente construidas quedarían en una situación relativa más baja”.

Además, denunciaron que el proyecto mencionado se presentó como “integral”, pero la Asociación a cargo “solo construyó sus propios desagües, tirando el agua acumulada en su lote a los campos linderos mediante conductos y bocas de tormenta que no figuran en los planos”.

Tal situación, manifestaron, obligaría a los propietarios de dichos campos a continuar con las obras de desagüe si no quieren inundarse, o a rellenar excesivamente sus campos si no quieren quedar bajo el nivel propuesto por la Asociación de No Automedicación”.

Los vecinos solicitaron que se disponga la suspensión preventiva de los trámites y los avances de obra vinculados al proyecto para que evalúe la intervención provincial mediante sus áreas técnicas competentes, así como también que se realice una verificación in situ del proyecto y de las obras en ejecución por parte de equipos técnicos provinciales para constatar que el nivel propuesto y la descarga actual superan la capacidad de absorción de los campos linderos.

En las notas vecinales consta otra situación: tras una primera revisión del proyecto, y el avance de las obras, los frentistas contrataron un estudio privado. “El 90 por ciento de los puntos medidos superan las cotas proyectadas”. Además, transmitieron su preocupación no solo por no haber podido acceder a la fecha al expediente, sino también por la falta de respuestas “y por la velocidad de avance que tomaron las obras a partir de acercar nuestras inquietudes y observaciones a la Municipalidad”.

La iniciativa está orientada a auxiliar a las micro, pequeñas y medianas empresas ante la crisis económica, la caída del consumo y el cierre sostenido de unidades productivas.

De esta manera, el veterano legislador nacional, que hasta hace pocos años se mostraba cerca de Mauricio Macri, da un paso más en la consolidación de su vínculo con el peronismo, y en particular con el kirchnerismo más duro.

Strada, Palazzo y Siley, si bien no pertenecen orgánicamente a La Cámpora, forman parte del riñón del cristinismo y tienen una militancia activa por la liberación de la expresidenta, a quien consideran una presa política proscripta y víctima de persecución política.

Después de años de desencuentros con el kirchnerismo, del cual fue un leal jefe de senadores hasta el 2015, Pichetto volvió a reunirse poco tiempo atrás con Cristina Kirchner en el departamento de San José 1111, donde ella cumple prisión domiciliaria, para descongelar la relación y recuperar el diálogo político.

La iniciativa declara la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral de las MiPyMEs por el plazo de un año, con posibilidad de prórroga, y propone un paquete integral de medidas para sostener el empleo y evitar nuevos cierres.

Entre los principales puntos, contempla una reducción del 50 por ciento en las tarifas de luz, gas y agua, beneficios fiscales, facilidades de pago para regularizar deudas, alivio en contribuciones patronales y mecanismos de protección para las empresas proveedoras del Estado.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores advirtieron que “la situación ya no admite dilaciones” y señalaron que “sin MiPyMEs no hay reconstrucción económica posible”.

También sostuvieron que la política económica actual “colocó a miles de empresas en una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo de continuidad”.  NA

El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical, con el respaldo del resto de las bancadas que integran el Concejo Deliberante, elevó un proyecto de resolución que busca dar respuesta a una problemática de larga data en la ciudad: el impacto de la actividad del Tiro Federal de Tandil en su entorno urbano. La iniciativa solicita formalmente al Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que lleve adelante una evaluación integral del funcionamiento de la institución.

El pedido surgió a raíz de las constantes manifestaciones de preocupación por parte de vecinos y vecinas de la zona, quienes han denunciado ruidos de alta intensidad generados por las prácticas de tiro. Según se detalla en los considerandos del proyecto, estas emanaciones sonoras afectan de manera directa el descanso, la tranquilidad y la calidad de vida cotidiana de las familias que residen en las inmediaciones del predio.

“Solicitar al Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que lleve adelante una evaluación integral del funcionamiento del Tiro Federal de Tandil, a fin de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de habilitación, seguridad y condiciones de operación del polígono de tiro, especialmente en lo referido a las prácticas desarrolladas al aire libre, incluyendo el análisis del impacto sonoro que dicha actividad genera en la población circundante y la eventual adopción de medidas correctivas o de mitigación que correspondan”, formula el texto del proyecto.

La concejal Andrea Pezzi, integrante del bloque de la UCR y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Género y Seguridad, explicó los alcances de la propuesta y la necesidad de recurrir a estamentos nacionales. "Nuestro bloque de la UCR, con el acompañamiento del resto de los bloques, presentamos una resolución para que el organismo de nivel nacional venga a hacer una inspección del lugar, una evaluación del funcionamiento y las condiciones edilicias", señaló la legisladora local.

La normativa que rige la actividad de tiro con armas de fuego en el país es la Ley Nacional N° 20.429. Este marco legal establece que la Agencia Nacional de Materiales Controlados es la autoridad competente para ejercer el control sobre el uso, tenencia y disposición de armas, así como para garantizar que las entidades habilitadas mantengan condiciones adecuadas de seguridad y mantenimiento en sus polígonos.

En ese marco, el proyecto de resolución no solo se enfoca en los aspectos técnicos de la seguridad, sino que introduce el concepto de seguridad integral. Esto implica que la actividad no solo debe prevenir accidentes dentro del predio, sino también minimizar los impactos negativos sobre la población circundante. La exposición prolongada a ruidos de alta intensidad es considerada por los ediles como un problema que excede lo administrativo para transformarse en una cuestión de salud pública, debido a los efectos adversos que puede generar en la salud física y psíquica de las personas.

Bajo esta premisa, el texto legislativo invoca el principio preventivo y el principio precautorio, pilares de la legislación ambiental argentina. Estos principios obligan a las autoridades a adoptar medidas anticipatorias frente a posibles daños, incluso cuando no exista una certeza científica absoluta sobre las consecuencias a largo plazo de la contaminación sonora en contextos periurbanos.

"Tenés una cuestión repartida. La actividad en sí, y el reclamo de los vecinos. Entonces, para buscar un equilibrio, empezamos el camino a transitar para que el organismo venga y haga un control de lugar", sostuvo Andrea Pezzi, subrayando la búsqueda de un punto de encuentro entre el derecho de la institución a funcionar y el derecho de los ciudadanos al bienestar.

La evaluación solicitada a la Agencia Nacional de Materiales Controlados deberá verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de habilitación y condiciones de operación, con especial énfasis en las prácticas desarrolladas al aire libre. El objetivo final es que el organismo nacional determine si es necesario adoptar medidas correctivas o de mitigación sonora para reducir el impacto en el vecindario.

No obstante, el horizonte de una solución definitiva parece estar vinculado a la relocalización de la actividad, una posibilidad que ya se baraja entre las partes involucradas. Al respecto, la concejal Andrea Pezzi fue cauta pero optimista sobre el futuro del predio y la resolución del conflicto.

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense busca endurecer las sanciones contra las motos con escapes adulterados, una práctica cada vez más extendida, y muy presente en Tandil que genera ruidos molestos en zonas urbanas. La iniciativa plantea que los vehículos detectados produciendo los conocidos “cortes” puedan ser decomisados e incluso compactados.

El autor del proyecto, el diputado provincial Ismael Passaglia, sostuvo que las multas actuales resultan insuficientes para frenar estas conductas. “La realidad es que no funcionó. Hay conductas que son deliberadas, que buscan generar ruido y molestar. Frente a eso, el Estado tiene que dar una respuesta más firme”, afirmó.

La propuesta apunta a modificar el enfoque vigente: no solo sancionar, sino eliminar el problema de raíz. En ese sentido, establece que los escapes ilegales sean decomisados y destruidos, y que, en los casos más graves, la Justicia pueda ordenar la compactación del vehículo.

La problemática tiene fuerte presencia en distintos distritos bonaerenses, especialmente con motos de baja cilindrada. A esto se suman las caravanas nocturnas, en las que participan decenas o incluso cientos de jóvenes, generando un impacto directo en el descanso de los vecinos.

Passaglia remarcó que el tema no se limita a la convivencia urbana, sino que también involucra cuestiones de seguridad vial y contaminación ambiental. “Es una medida fuerte, sí. Pero también es proporcional al daño que se genera. Estamos defendiendo algo básico: el derecho de los vecinos a vivir tranquilos”, sostuvo.

El proyecto no solo prohíbe la circulación de vehículos con escapes antirreglamentarios, sino que también alcanza a toda la cadena vinculada: fabricación, venta, distribución e instalación de estos dispositivos en la provincia.

Además, prevé el secuestro preventivo de los vehículos, la destrucción inmediata de los escapes ilegales y la posibilidad de aplicar sanciones más severas según distintos criterios, como el nivel de ruido generado, la intencionalidad y el lugar de la infracción.

En particular, se contempla un agravamiento de las penas cuando estos hechos ocurran en zonas densamente pobladas, cercanías de escuelas, centros de salud o eventos públicos, donde el impacto social es mayor.

El Gobierno nacional giró al Senado el proyecto de Ley para derogar las elecciones primarias (PASO), limitar el financiamiento público de las campañas proselitistas, y establecer requisitos más restrictivos para el reconocimiento de partidos políticos.

La iniciativa también contempla la “Ficha Limpia” para que no puedan ser candidatos aquellos dirigentes que tengan una condena por corrupción en segunda instancia, que fue rechazada hace un año en el Senado.

El proyecto impulsado por el Gobierno ingresó ayer a las 18, según se informaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas.

De todos modos, el Gobierno hoy no tiene los votos para poder eliminar las elecciones primarias que se realizaron entre el 2011 y el 2023, ya que el Gobierno no tiene el aval de sus aliados para anular esa competencia para dirimir las candidaturas nacionales.

PASO

El proyecto elimina las elecciones primarias según se establece en el artículo 19 del proyecto que tiene 79 artículos.

“Deróguense el Título II -Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias- y sus respectivos Capítulos de la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral N° 26.571 y sus modificatorias”, establece la propuesta propiciada por el Gobierno.

El Gobierno buscó eliminar las Paso en el 2024 pero no pudo lograrlo y solo los bloques opositores aceptaron una suspensión para las elecciones del 2025.

Las elecciones primarias se aprobaron en el 2009 con el fin de contener a las diferentes listas internas del peronismo y evitar la dispersión en el PJ, y se utilizaron por primera vez en el 2011.

Ese mecanismo fue útil para la oposición y en especial en el 2023 cuando tuvo muchas dificultades Juntos por el Cambio para acordar una lista única y hubo fuerte competencia entre la actual libertaria Patricia Bullrich y el exjefe de Gobierno de la Ciudad Horacio Rodríguez Larreta.

Ficha limpia

El Gobierno incluyó los puntos del proyecto de Ficha Limpia que no se pudo sancionar el 8 de mayo de 2025, al no alcanzar la mayoría de 37 votos.

Se establece que “no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos nacionales, ni ser designados para ejercer cargos partidarios las personas condenadas por un delito doloso”.

Fija que esta prohibición regirá “únicamente en los casos en que la condena impuesta hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral, en la que se hubiera confirmado la comisión de al menos UNO (1) de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque modifique la pena impuesta”.

“En caso de una condena confirmada en segunda instancia dictada con posterioridad al 1° de enero del año en que se llevaren a cabo las elecciones, el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral”, agrega.

Financiamiento

El proyecto establece los aportes estatales solo serán destinados a partidos reconocidos.

Se dispone que el pago del aporte público anual solo se efectuará si el partido político ha presentado la documentación contable correspondiente al último ejercicio en tiempo y forma.

Prohíbe las donaciones anónimas, de empresas concesionarias, sindicatos, personas extranjeras o individuos procesados o condenados por delitos graves.

Además fija que al menos el 10% de los fondos se deberán destinar a la capacitación e investigación.

Se fija también que para cada campaña electoral, las agrupaciones políticas no podrán recibir de una misma persona humana o jurídica un monto superior al 35 %  del que surja de multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de electores registrados al 31 de diciembre del año anterior.

Boleta única de papel

Una de las modificaciones que se incluyó es que se pueda votar por la lista completa, es decir con una sola tilde para las categorías de presidente, y legisladores nacionales, algo que no estaba permitido en la actual legislación.

En ese sentido fija que habrá “un casillero en blanco próximo al nombre y símbolos identificatorios de la agrupación política para votar con una única marca por todas las candidaturas de las diferentes categorías de cargos electivos incluidas en la misma columna”.

Partidos políticos

El Gobierno propone elevar de 5 a 10 distritos los requisitos para reconocer a un partido político nacional.

“Los partidos de distrito reconocidos en DIEZ (10) o más distritos con el mismo nombre, declaración de principios, programa o bases de acción política y carta orgánica pueden solicitar su reconocimiento como partidos de orden nacional ante el Juzgado Federal con competencia Electoral del distrito de su fundación”

Para ser reconocido como partido nacional deberá acreditar entre la suma de sus afiliados el 0,1% del total de los inscriptos en el Registro Nacional de Electores.

Parlamentarios del Mercosur

No se elegirán parlamentarios del Mercosur hasta que se disponga la “elección simultánea directa” y ese lugar será ocupado por los diputados representados en forma proporcional y no cobrarán ninguna otra remuneración por esa función. (NA).

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expondrá este miércoles a las 16 en el Senado sobre el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa clave del Gobierno nacional que apunta a reforzar el derecho de propiedad y avanzar con una serie de reformas estructurales.

El funcionario brindará detalles en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, encabezadas por los senadores de La Libertad Avanza, Agustín Coto y Nadia Márquez.

La propuesta, impulsada por el presidente Javier Milei y firmada junto a su gabinete —incluido el jefe de Gabinete Manuel Adorni—, se estructura sobre varios ejes: el fortalecimiento del régimen de expropiaciones, la agilización de desalojos, la regularización dominial, la revisión de restricciones a la propiedad de tierras rurales y cambios en la ley de manejo del fuego.

Expropiaciones y desalojos

En materia de expropiaciones, el proyecto establece un mecanismo “sumarísimo” para la restitución de inmuebles, que permitirá recuperar una propiedad con la sola acreditación del título. Según se detalla, se mantendrán las garantías del debido proceso y el control judicial en todas las etapas, aunque se buscará evitar las demoras actuales para devolver los bienes a sus titulares.

Además, se propone un sistema más ágil para los desalojos, con el objetivo de acelerar los tiempos judiciales en conflictos por ocupaciones.

Uno de los puntos más relevantes es la eliminación de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, establecidos por una ley sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Desde el Ejecutivo sostienen que esas restricciones resultaron “irrazonables” y desincentivaron la inversión internacional, especialmente en el sector agropecuario. En ese sentido, la reforma propone focalizar los controles únicamente en casos donde intervengan Estados extranjeros o entidades vinculadas, con el objetivo de resguardar la soberanía y la seguridad nacional.

Reforma en el manejo del fuego

El proyecto también introduce modificaciones en la ley de manejo del fuego impulsada en 2020 por Máximo Kirchner. En particular, elimina los artículos que prohibían la venta de tierras incendiadas —como humedales o bosques nativos— por un plazo de 60 años, y el cambio de uso por 30 años en zonas agrícolas afectadas.

Según el Gobierno, estas restricciones imponen plazos “extremadamente prolongados” que terminan afectando el ejercicio del derecho de propiedad y no han demostrado ser eficaces para cumplir con los objetivos de restauración ambiental.

De este modo, la exposición de Sturzenegger será clave para explicar los alcances de una iniciativa que ya genera debate político y que busca modificar aspectos centrales del régimen de propiedad en la Argentina.

El senador Sergio Vargas, titular del bloque Unión y Libertad, ingresó en el Senado bonaerense un proyecto de ley que tiene como objetivo regular la actividad de los entrenadores personales. La propuesta busca establecer los alcances de su rol, obligarlos a abonar un canon si desean trabajar en espacios públicos y prohibirles la realización de tareas médicas, como el diagnóstico de patologías.

Según el texto de la normativa, los denominados “personal trainers” son definidos como “profesionales que se encargan de guiar un entrenamiento físico en forma grupal o personalizada de forma independiente o en relación de dependencia”. Al respecto, el legislador fundamentó la necesidad de este marco legal debido al auge de la disciplina:

“La actividad de los entrenadores personales, personal trainers o coach profesionales, ha ido creciendo en los últimos tiempos. Cada vez más personas recurren a sus servicios con el fin de realizar actividad física, entrenarse y así mejorar su calidad de vida”

Vargas advirtió que actualmente muchos certificados se obtienen mediante cursos básicos sin requisitos previos. Por ello, el proyecto establece que para ejercer se deberá contar con un título profesional o de grado expedido por universidades o institutos, además de acreditar conocimientos en primeros auxilios y RCP y contar con adhesión a un servicio de emergencias médicas.

“En virtud de que las personas tengan la seguridad de que cuando solicitan el servicio de un entrenador personal, están contratando a una persona idónea, formada, que cuenta con las herramientas y capacidades necesarias, es que se dispone de ciertos requisitos previos al ejercicio profesional”

Uno de los ejes centrales es la creación del Registro de Entrenadores Personales. A través de este organismo, el Gobierno provincial otorgará una licencia para trabajar legalmente. El Poder Ejecutivo tendrá la facultad de sancionar incumplimientos con medidas que van desde un apercibimiento hasta la cancelación definitiva de la licencia.

En cuanto al uso de espacios públicos, la ley contempla que los entrenadores podrán solicitar permiso para trabajar en lugares compartidos, como las plazas. En estos casos, deberán pagar un canon a la Municipalidad correspondiente, cuyo monto será determinado por la administración local. Asimismo, quedará prohibida la instalación de cartelería publicitaria fija en dichos predios.

Los profesionales deberán exigir a sus alumnos un certificado de aptitud física y estudios electrocardiográficos. También estarán obligados a mantener una relación estrictamente profesional y brindar explicaciones teóricas sobre la actividad. El proyecto es taxativo al prohibir que los entrenadores realicen diagnósticos médicos o evaluaciones psicométricas, debiendo derivar a los clientes a especialistas competentes en tales casos.

Finalmente, el senador Vargas concluyó que la regulación es oportuna tanto para el resguardo de los trabajadores como para la seguridad de los usuarios:

“Considerando la importancia que reviste para la salud la realización de actividad física, de su carácter preventivo, y considerando el aporte que realizan los entrenadores personales, es oportuno regular esta profesión, en su resguardo y considerando las necesidades de los clientes”

La Asamblea Legislativa fue noticia en el mundo por los gritos y los ataques furibundos a opositores por parte del presidente Javier Milei, en medio de un recital de descalificaciones que de alguna manera le bajó el precio a los anuncios vinculados a la hoja de ruta legislativa para el 2026, que incluye reformas “estructurales” en diversos campos de aplicación.

En el marco de un declamado “ultra reformismo”, el jefe de Estado proyectó una agenda muy ambiciosa de “90 paquetes de proyectos” a presentar a lo largo de los nueve meses restantes del año, intención de máxima que seguramente chocará con los límites propios que impone la realpolitik.

“Cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos un paquete de proyectos a ser tratados por este Congreso, correspondientes a las verticales de cambio que hemos explicado hoy. Esto constituirá el año calendario de la reforma: nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la Nueva Argentina”, anunció en su discurso de apertura de sesiones ordinarias, según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas.

Más allá de las pretensiones faraónicas de Milei, y de la necesidad de establecer prioridades para hacer viable la negociación política, está claro que en este año no electoral el Gobierno jugará con el acelerador a fondo para avanzar lo más lejos posible en la agenda de reformas.

Las iniciativas que mandatario marcó como norte para este 2026 son: reforma del Código Civil y Comercial, una reforma tributaria, una reforma del Código Aduanero, la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos y la adhesión a otros tratados internacionales, una reforma electoral y del régimen de los partidos políticos.

También una reforma judicial que incluye la implementación federal del juicio por jurados, una reforma del Código Penal, una reforma educativa, leyes de desregulación industrial y de la producción primaria y proyectos de Defensa.

Y quedó pendiente el tratamiento en la Cámara de Diputados de la media sanción de la reforma a la Ley de Glaciares que se obtuvo en el Senado el 26 de febrero pasado.¿Qué dijo Milei de algunas de estas reformas en la Asamblea Legislativa?

Reforma del Código Civil y Comercial

“La propiedad es la piedra angular de toda la economía, y por eso profundizaremos en las reformas necesarias para salvaguardarla. Así, vamos a combatir esta anomia con la reforma del Código Civil y Comercial, el Código Procesal Civil y Comercial, y un paquete de leyes destinado a proteger los derechos fundamentales de los argentinos de quienes solo saben vivir de lo ajeno; incluyendo la codificación que establece la defensa del consumidor y de la competencia”.

Reforma tributaria

“Tenemos que reformar nuestro esquema impositivo. Como tantas veces hemos dicho, necesitamos menores impuestos, porque el sistema tributario tiene que servir al crecimiento; no al recaudador de turno”.

Ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos

“Por primera vez en la historia, y producto de la relación especial que hoy caracteriza el vínculo entre los Estados Unidos y Argentina, el gobierno de Donald Trump acudió en ayuda en nuestro país. Y esa ayuda no fue por cuestiones económicas, sino para defendernos contra el embate desestabilizador de los representantes del antiguo régimen. O sea, ustedes, los golpistas de siempre”.

Reforma del Código Aduanero

“Vamos a seguir profundizando en materia de apertura económica y de acuerdos comerciales (…) Debemos sentarnos en la mesa del comercio internacional, hasta ser tan relevantes que nuestros intereses no puedan ser desoídos”.

Reforma electoral y del régimen de partidos políticos

“La política, para nosotros, debe ser nuevamente puesta al servicio de la sociedad. Por eso necesitamos reformar integralmente nuestro sistema electoral, para que los representantes sean responsables ante sus representados. Y esto implica también reformar cómo se financian los partidos políticos, para brindar transparencia a las relaciones entre el empresariado y la política. Éste es el camino para eliminar la influencia de las mafias y el narcotráfico”.

Reforma judicial

“La Justicia está trabada porque fue capturada por disputas políticas ajenas a su propósito original. Por eso, presentaremos proyectos que vuelvan a hacer del Poder Judicial una herramienta democrática, republicana, ágil, rápida, eficaz, y por sobre todas las cosas que sea justa”.

“Necesitamos impulsar los juicios por jurado en la Justicia Federal, sana práctica que ya han incorporado varias provincias”.

Reforma del Código Penal

“Debemos profundizar en las reformas de seguridad, debemos avanzar sin pruritos en la modificación del Código Penal, introduciendo penas más duras y con mayor cobertura de la prisión efectiva. En definitiva, para poder seguir avanzando en nuestra consigna: el que las hace, las paga”.

Reforma educativa

“En materia de capital humano, necesitamos reformar la educación inicial, primaria y secundaria. Todos sabemos lo bajo que ha caído la calidad de nuestro sistema educativo; las estadísticas son apabullantes. Por eso, durante nuestro gobierno, la escuela servirá a su propósito original: darle las herramientas a nuestros niños para que puedan procurarse un futuro mejor, no para doctrinarlos”. (NA).

Propusieron que un sector de la plaza de O'Higgins y Brandsen se destine a la creación de un “gimnasio a cielo abierto” para fomentar el deporte y prevenir la inseguridad en el lugar.

El proyecto de iniciativa vecinal invita a “ocupar el espacio" de forma positiva”, en concreto en un área de aproximadamente 50 metros cuadrados en la cual se sugiere instalar equipos de calistenia como barras de dominadas y paralelas.

La plaza es utilizada regularmente por grupos de entrenamientos, pero también por turistas, debido a su cercanía tanto con el centro comercial como con El Calvario. Además, se encuentra a metros de la Asociación Tandilense de Ayuda al Discapacitado –ATAD-, por lo que también concurren alumnos y alumnas del lugar.

De acuerdo a lo planteado en el proyecto, la propuesta surgió luego de una consulta a los frentistas del barrio, quienes manifestaron su preocupación por el uso del sector ubicado detrás del arco sur del potrero de la plaza. Por ese motivo, sumaron, los vecinos de propiedades colindantes pidieron no plantar arbustos para evitar zonas ciegas.

El vecino impulsor de la iniciativa recordó que fue también un grupo de frentistas del barrio quienes crearon la plaza de O'Higgins y Brandsen, y que entre fines de los ’80 y principios de los ’90 evitaron que se rematara. Tras el entubamiento del arroyo que pasa por el lugar, y la posibilidad de que el lote se pierda, hubo movilizaciones y diversas manifestaciones públicas que lo impidieron, logrando una ordenanza favorable al respecto.

“Eran tan voluntariosos que habían comprado una cortadora de pastos, hicieron todos los juegos, fue una historia maravillosa”, compartió el vecino. Con ese trasfondo histórico, a partir de la propuesta se planteó que la plaza “podría sumar una nueva fisonomía”. Sería con la construcción de un gimnasio a cielo abierto que podría destinarse a actividades de calistenia, “en un sector estratégico del espacio verde”.

En el marco del proyecto, consideraron también que el mismo no tendría un costo mayor para el Estado municipal, ya que lo necesario para realizar la práctica deportiva no requeriría más que un conjunto de estructuras metálicas.

Además, la propuesta incluye el embellecimiento estético del lugar, a partir de pintar los planchones que delimitan la plaza con murales en homenaje a deportistas destacados de la ciudad y frases motivacionales.

“El proyecto se presenta como una oportunidad tanto para la gestión del Ejecutivo Municipal como para la Responsabilidad Social Empresaria de firmas locales que deseen colaborar con el equipamiento”, agregaron.

Entre otros aspectos, hicieron mención a que los vecinos  alertaron por la acumulación de arena en calle O’Higgins al 100, y que más allá de no haber tenido respuesta al reiterado reclamo, la misma podría utilizarse para la obra propuesta.

Tras arribar a un acuerdo con la oposición “dialoguista”, el oficialismo convocará a su primera sesión en el período extraordinario para el jueves de la semana próxima con un tema por demás sensible: la reforma del régimen penal juvenil y, con ella, la baja de la edad de punibilidad de los menores en conflicto con la ley.

Si bien los libertarios pretendían insistir con el proyecto original que presentó el Poder Ejecutivo en 2024, que fijaba el piso de imputabilidad en 13 años, finalmente se acordó avanzar con el dictamen que se suscribió en mayo del año pasado y que, a instancias de las bancadas dialoguistas, contempla reducir a 14 el mínimo de punibilidad.

“Teníamos previsto insistir con la iniciativa original, pero no tenemos los votos. Esta es la ley posible”, admitieron en el oficialismo luego de que Pro y la UCR advirtieran que solo votarían el dictamen acordado en mayo, pero que nunca llegó a debatirse en el recinto.

El acuerdo se selló durante una reunión convocada este mediodía por el presidente de la Cámara, Martín Menem, con los jefes de bloque de la oposición. Allí se definió que el martes próximo se constituirán las comisiones correspondientes para, al día siguiente, ratificar el dictamen que se firmó el año pasado pero que perdió estado parlamentario en diciembre. La hoja de ruta se completará el jueves 12, con la sesión convocada en el recinto.

El oficialismo se muestra confiado. “Ya tenemos asegurados 136 votos para arrancar la sesión ”, deslizó un encumbrado miembro de la bancada. En efecto, salvo un sector de Unión por la Patria y la izquierda, el resto de los bloques se anticipó predispuesto a acompañar la iniciativa, con lo cual es altamente probable que sea convertida en ley por el Senado antes de la finalización del período extraordinario de sesiones, el 1 de marzo próximo.

El proyecto, además de fijar el mínimo de punibilidad en 14 años, establece que la condena máxima que podrá recibir un menor será de 15 años, solo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La privación de libertad únicamente se aplicaría como último recurso, por lo que la prioridad a la hora de impartir el castigo serán las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.

Durante la reunión con el oficialismo, los bloques provinciales plantearon la necesidad de que la Nación costeara los mayores gastos que insumirá el nuevo régimen en las provincias. Los libertarios acordaron incluir en el texto una cláusula que habilitaría a celebrar convenios entre la Nación y los Estados subnacionales a medida que éstos adhieran al nuevo sistema para afrontar esos costos.

Además de Menem, participaron del encuentro Gabriel Bornoroni y Silvana Giudici por LLA; Germán Martínez, por Unión por la Patria; Gisela Scaglia, de Provincias Unidas; Cristian Ritondo, de Pro; Alberto Arrúa, de Innovación Federal; Pamela Verasay, de la UCR; Miryam Bregman y Romina del Pla; del FIT; Miguel Angel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal; Oscar Zago, del MID; Claudio Álvarez, de País Federal; Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo, y José Luis Garrido, de Por Santa Cruz.