La sede local de la CTA  convocó a la comunidad a participar de una concentración que se llevará a cabo el jueves 6 de agosto, a partir de las 17 horas, en la Pirámide de la Plaza Independencia, en rechazo al proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional que, según la central sindical, permitiría la extranjerización de tierras en el país. La convocatoria está dirigida a organizaciones sindicales, sociales, políticas, estudiantiles y culturales, además de vecinos y vecinas de la ciudad, y se realizará bajo la consigna "La Argentina no está en venta".

La convocatoria se produce en la antesala del tratamiento en el Senado de la Nación del proyecto impulsado por el Gobierno nacional que propone derogar la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, vigente desde 2011.

La iniciativa busca eliminar los límites que actualmente existen para la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, una propuesta que generó un fuerte debate entre distintos sectores políticos, sociales y sindicales por sus posibles implicancias sobre la soberanía territorial y el control de recursos estratégicos.

Desde la organización señalaron que el objetivo de la actividad es expresar el compromiso con la defensa de la soberanía nacional, los bienes comunes y el territorio argentino. En ese sentido, afirmaron que consideran a la tierra un recurso estratégico para el desarrollo del país y sostuvieron que su protección debe constituir una política de Estado.

Asimismo, manifestaron que el proyecto representa "un grave retroceso para la Argentina", al entender que "abre la puerta a una mayor concentración y extranjerización de la tierra, poniendo en riesgo nuestra soberanía y el futuro de las próximas generaciones".

En ese marco, convocaron a la ciudadanía a participar de la jornada portando una bandera argentina como símbolo de unidad y compromiso con el país. "La participación de cada vecino y vecina será fundamental para expresar que la tierra, nuestros recursos y nuestra soberanía no pueden quedar sujetos a intereses ajenos al pueblo argentino", señalaron desde la central sindical.

El presidente Javier Milei se refirió ayer, en su discurso ante la Sociedad Rural Argentina (SRA), al proyecto vinculado a las vías navegables que impulsan desde el Gobierno Nacional: se trata de la modificación de la Ley de Cabotaje (Decreto-Ley N° 19.492/44) que tanto legisladores oficialistas como bloques aliados pretenden sancionar para otorgar permisos temporarios a buques extranjeros con el fin de bajar costos logísticos y potenciar los puertos del país.

Durante la exposición, Milei anunció que este proyecto que enviaron desde el Ejecutivo cambiará las normas de navegación, con una reforma orientada a la desregulación del sector y facilidades logísticas.

La modificación de dicho decreto impacta en la apertura del transporte de cargas y pasajeros entre puertos argentinos a buques de bandera extranjera, en la flexibilización de las exigencias sobre tripulación nacional y en la eliminación de aranceles de importación para barcos.

Asimismo, permite que las navegaciones de otras banderas operen el cabotaje fluvial y marítimo local mediante autorizaciones temporarias, al mismo tiempo en que elimina la obligación de contar con tripulación local durante los primeros 90 días, con una escala de manera gradual hasta un piso del 75% al año de operar.

Esta reforma, por un lado, elimina aranceles para importar barcos nuevos o de hasta 20 años de antigüedad con el fin de incrementar la oferta de bodegas y, por otro, busca reducir el gasto logístico en la hidrovía y en las economías regionales e que intenta solucionar la falta de barcos locales suficientes para mover la producción interna.

En cuanto a los bloques opositores, también presentaron otros proyectos vinculados a la navegación: en el caso de Unión por la Patria, la iniciativa fue presentada por la diputada nacional Agustina Propato declarar a la Vía Navegable Troncal del Río Paraná como un bien de Interés Público Nacional y Objetivo de Valor Estratégico.

Contrariamente a lo que propone el Gobierno Nacional, esta normativa pretende frenar el avance de las privatizaciones en el sector fluvial y garantizar que el control operativo, el dragado y la administración del comercio exterior permanezcan bajo la órbita de la soberanía del Estado argentino.

De hecho, establece el tramo comprendido entre el kilómetro 1.238 (Confluencia) hasta las aguas profundas del Río de la Plata, como infraestructura crítica nacional indispensable y esto limita la entrega de recursos estratégicos a consorcios privados extranjeros. (NA).

La Libertad Avanza (LLA) sigue sin reunir los votos necesarios para aprobar la reforma electoral que impulsa el Gobierno y crecen las dudas sobre la posibilidad de que el Senado sancione el proyecto en septiembre, como pretende la Casa Rosada.

El principal obstáculo continúa siendo la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una iniciativa que encuentra resistencia tanto en la UCR como en el PRO y en buena parte de los bloques provinciales, cuyos votos resultan decisivos para alcanzar las mayorías especiales que exige la reforma.

La meta del Gobierno es que no haya elecciones primarias en agosto de 2027.

En la Casa Rosada sostienen que las PASO generan un desgaste político y económico innecesario y recuerdan el impacto que tuvieron en 2019, cuando Mauricio Macri quedó prácticamente fuera de carrera tras la amplia derrota frente a Alberto Fernández.

Sin embargo, ante la dificultad para reunir los 37 votos en el Senado y los 129 en Diputados, el oficialismo comenzó a admitir una alternativa: si no consigue eliminar definitivamente las PASO, buscará repetir la fórmula aplicada en 2025 y suspenderlas únicamente para las elecciones de 2027, según confiaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con gobernadores dialoguistas en busca de respaldo político, aunque hasta el momento no lograron compromisos firmes.

Los mandatarios reclaman recursos para sus provincias y condicionan cualquier acuerdo a una negociación más amplia con la Casa Rosada.

En el Senado esas tratativas las lleva adelante la jefa del senado, Patricia Bullrich, en especial con los bloques que no tienen terminal en ninguna gobernación. En el Senado la llave de la votación sigue estando en manos de la UCR y el PRO.

Los radicales cuentan con diez bancas, pero el bloque está fragmentado y varios de sus integrantes no responden a los gobernadores de sus provincias, lo que obliga al oficialismo a negociar caso por caso.

Hasta ahora, la mayoría de los senadores radicales se inclina por mantener las PASO. Otros aceptarían suspenderlas para los comicios de 2027, pero rechazan su eliminación definitiva.

Entre los gobernadores que se muestran más abiertos a discutir la propuesta oficial aparecen Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), aunque ninguno selló hasta ahora un acuerdo con la Casa Rosada que garantice los votos de sus legisladores.

En el PRO la situación es similar ya que mantiene una postura favorable a conservar las PASO, aunque algunos dirigentes admiten que podrían acompañar una suspensión si forma parte de un acuerdo político más amplio de cara a las elecciones de 2027.

Esa negociación también está atada a las conversaciones entre el macrismo y La Libertad Avanza para definir alianzas en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Los bloques provinciales tampoco muestran una posición unificada.

Algunos gobernadores, como Raúl Jalil (Catamarca) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), se pronunciaron a favor de eliminar las PASO, mientras que otros aún no definieron su postura o mantienen abiertas las negociaciones con el Gobierno. En varios casos, además, los mandatarios tienen escasa influencia sobre los senadores de sus distritos, lo que agrega un nuevo factor de incertidumbre al escenario parlamentario.

Con ese panorama, el oficialismo afronta un complejo desafío político: conseguir los acuerdos necesarios para avanzar con una de las reformas electorales que Javier Milei considera prioritarias antes del inicio del calendario electoral de 2027. (NA).

El proyecto de ley impulsado por el gobernador Axel Kicillof para regular el funcionamiento de las aplicaciones de delivery y transporte comenzó a sumar respaldos clave antes de su tratamiento en la Legislatura bonaerense. Agrupaciones que representan a repartidores y conductores advirtieron que la falta de un marco normativo mantiene a miles de trabajadores en condiciones de precariedad laboral, por lo que reclamaron ser convocados al debate cuando la iniciativa comience a discutirse en las comisiones de la Cámara de Diputados.

El proyecto, que busca regular plataformas como Uber, Didi, Cabify, Rappi y Pedidos Ya, es una de las apuestas políticas más sensibles del paquete enviado por el gobernador. En representación de la Agrupación de Repartidores y de la cooperativa platense Mi Ciudad, Nahuel Salguero remarcó que la actividad se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema.

“Estamos desprotegidos, no tenemos derechos laborales y está todo en el aire. Queremos que la aplicación se haga cargo de los trabajadores, porque si vos tenés un accidente o se te rompe el celular o la moto pasa por nosotros el arreglo. Vos ponés todo y ellos sólo te dan el pedido”, afirmó Salguero.

El dirigente detalló que los trabajadores no reciben bonificaciones por días de lluvia y perciben 2.000 pesos por pedido, sin considerar el peso de la carga, lo cual impacta negativamente en su salud. Ante el argumento de que la regulación provocaría la pérdida de puestos laborales, Salguero fue tajante: “Ante la supuesta amenaza por parte de la aplicación de irse del país, el negocio lo pasaría a manejar otro emergente u otra plataforma”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Civil Conductores de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (ACCAURA), Pablo León, enfatizó la necesidad de avanzar en la sindicalización y en la participación de los trabajadores en las mesas de discusión.

“Necesitamos que se nos reconozcan derechos básicos. Así podremos avanzar en convenios colectivos, sindicalizarnos, asociarnos, tener seguros de riesgo, acceso a obras sociales, cubrir todo lo que sea enfermedad y que haya una mínima rentabilidad asegurada”, subrayó León.

La denominada “Ley Uber”, elevada en junio de este año, crea el Plan integral para el Trabajo mediante plataformas digitales bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, a cargo de Walter Correa. El texto propone la creación de un Registro de Trabajo Mediante Plataformas Digitales y el desarrollo de una aplicación móvil estatal para brindar asistencia y seguridad a los operarios. Asimismo, obliga a las empresas a informar datos sobre la situación contractual, ingresos medios y condiciones de prestación de sus trabajadores.

El bloque de concejales de Acción Tandilense / La Libertad Avanza presentó  un proyecto de comunicación ante el Concejo Deliberante con el objetivo de solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal la actualización de los datos vinculados a las cotas altimétricas que figuran en el mapa oficial del sitio web de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de Tandil.

La iniciativa, transmitieron desde el bloque en el proyecto, surgió ante la necesidad de contar con información certera para la correcta aplicación del Plan de Desarrollo Territorial (PDT). "Por lo menos que exista una leyenda que indique que es un dato aproximado, y que el dato certero se tiene que constatar con un profesional matriculado”, explicó el concejal Federico Sánchez Chopa.

La problemática cobró relevancia tras la reciente aprobación de un proyecto para la construcción de un colegio privado sobre la avenida Fleming. En aquella instancia, la Asamblea por la Preservación de las Sierras advirtió que el lote superaba la cota permitida, mientras que desde el Municipio argumentaron que las mediciones que figuran en el IDE son aproximadas. En el expediente oficial, los desarrolladores presentaron un informe de una agrimensora particular: el mismo situaba al terreno por debajo del límite establecido. 

Ese contrapunto, entre los datos del IDE y los de la medición privada fue lo que motivó el debate público y puso en evidencia los límites del sistema oficial de consulta pública. Cabe marcar, los niveles de cada zona que establece la normativa vigente (el PDT), son los delimitados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

“Que exista una leyenda de que es un dato aproximado”

El concejal Federico Sánchez Chopa, impulsor de la medida, explicó los motivos que llevaron a su espacio a formalizar este pedido. Al respecto, el edil señaló: “De acuerdo al PDT y por no haber hecho el plan de manejo de las sierras, la única variable que tenemos para definir qué es lo que se puede hacer en un lado y qué no, es una altimetría. Como la altimetría es la única variable que nos define esta cuestión, que entiendo que va a haber que repensarla, la altimetría que uno puede utilizar como dato oficial es aproximada, no es certera. Y ahí es donde se generan estos conflictos”. 

En la misma línea indicó que tal fue el motivo por el que elevaron la iniciativa de actualización de los datos. “Por eso presentamos este proyecto de que, cuando se acceda al IDE al ver la información oficial, por lo menos que exista una leyenda que indique que es un dato aproximado, y que el dato certero se tiene que constatar con un profesional matriculado”, explicó.

El concejal local enfatizó que esta situación no es un hecho aislado, sino que se ha repetido en diversas discusiones urbanísticas de la ciudad. "Lo veníamos viendo, pero a raíz de la discusión, de la última discusión que se dio en particular con el Colegio, pero no por el colegio per se, porque también habíamos charlado este tema cuando se planteó la ubicación de un supermercado sobre la misma calle, y lo vimos discutido también sobre lo que sería el desarrollo de una nueva zona industrial, donde hay una parte que estaría por encima de la cota 200, en una zona rural", detalló Sánchez Chopa.

El presidente del bloque de Acción Tandilense subrayó la importancia de la transparencia y la precisión en los datos que el Estado pone a disposición de los vecinos y profesionales. "A partir de ahí, cuando uno va a la información oficial, que es la información que tiene la la página del municipio, o entiende que esa es la información oficial, lo que termina viendo es que la información oficial no es precisa", agregó.

Finalmente, Sánchez Chopa instó a realizar un debate más profundo sobre el modelo de crecimiento de la ciudad. "Creemos en la re-discusión del PDT. Se tendrá que evaluar con mucha gente formada, con gente capacitada y con gente que tenga nuevas ideas, cuál es la mejor estrategia para el cuidado del crecimiento de la ciudad. Lo uno busca con un PDT, con un plan de desarrollo territorial, es el cuidado del crecimiento. Es planificar el crecimiento, pensar el crecimiento, y que no suceda a los ponchazos o a base de excepciones", concluyó.

El titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo, presentó el pasado martes un proyecto de ley con el objetivo de arancelar el acceso a la salud y a la educación universitaria en la provincia de Buenos Aires para aquellos extranjeros que no cuenten con residencia permanente.

La iniciativa, que busca establecer un régimen de retribuciones por los servicios sanitarios y los estudios de grado en universidades provinciales de gestión estatal, cuenta con el respaldo de gran parte de la bancada libertaria y del titular del bloque PRO, Alejandro Rabinovich.

“La salud pública y la educación universitaria se sostienen con el esfuerzo de los contribuyentes. No resulta justo que personas que se encuentran transitoriamente en el país puedan utilizar gratuitamente estos servicios sin contar con un seguro, sin contribuir a su sostenimiento y sin asumir el costo correspondiente, mientras que en otros países la situación es completamente diferente para los bonaerenses”, sostuvo el impulsor del proyecto.

El diputado Agustín Romo justificó la medida haciendo referencia a críticas recibidas por la Selección Argentina tras el Mundial 2026. A través de sus redes sociales, el legislador expresó: “¿Así que hay extranjeros estudian gratis en el país y se atienden gratis en hospitales públicos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la Provincia”.

El proyecto estipula que los extranjeros con residencia temporaria o transitoria deberán solventar los costos de las prestaciones sanitarias por cuenta propia, mediante un seguro de salud o a través de un tercero obligado. En este sentido, el Ministerio de Salud de la Provincia deberá adecuar el nomenclador arancelario a través del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) para gestionar los cobros.

No obstante, la normativa contempla excepciones: ninguna persona podrá ser rechazada o condicionada en situaciones de emergencia con riesgo inminente de vida. En tales casos, el recupero de los costos se tramitaría una vez estabilizado el paciente.

Respecto al ámbito educativo, instituciones como la Universidad del Sudeste y la Universidad provincial de Ezeiza serán las encargadas de fijar las retribuciones correspondientes. “La Provincia no puede continuar financiando sin límites la formación de personas que no han asumido un compromiso permanente con el país, mientras existen estudiantes bonaerenses que necesitan mejores edificios, más tecnología, becas y condiciones adecuadas para estudiar”, manifestó Romo.

Finalmente, el texto incluye una cláusula de transparencia que obliga al Ministerio de Salud y a las universidades alcanzadas a publicar anualmente informes detallados sobre la cantidad de prestaciones, montos facturados, exenciones otorgadas y el destino final de los recursos recaudados.

El diputado del Frente Renovador, Carlos Puglelli, presentó un proyecto de ley con el objetivo de incorporar armas no letales al equipamiento de la Policía bonaerense. La iniciativa propone una modificación de la Ley 13.482, que regula la composición, funciones, organización, dirección y coordinación de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, estableciendo además que el personal activo deberá recibir una capacitación técnica, psicofísica y formativa obligatoria.

La propuesta incorpora dos nuevos artículos a la legislación vigente. El primero habilita la utilización de armas incapacitantes para cumplir con los objetivos de la fuerza, mientras que el segundo define como armas no letales a todas aquellas cuyo diseño y finalidad sea producir efectos temporales sobre el organismo humano, sin causar lesiones permanentes, sean de índole electrónica o no.

En los fundamentos, el legislador explicó que la iniciativa retoma proyectos anteriores y fue actualizada con aportes técnicos de un informe elaborado en marzo de 2026 por la investigadora Natasa Loizou. Al respecto, el texto señala:

“A partir del análisis efectuado, se arribó a la conclusión de que la referencia exclusiva a ‘armas electrónicas’ resulta insuficiente para abarcar el conjunto de herramientas disponibles en el ámbito de la seguridad pública. En efecto, dicha denominación restringe el alcance del proyecto, dejando fuera otros dispositivos no letales, como aquellos de naturaleza neumática que cumplen funciones análogas en términos de disuasión, inmovilización o neutralización de agresores, con la particularidad que estas aún no están reguladas expresamente en el ordenamiento jurídico”.

El diputado remarcó que la propuesta no invade competencias federales, ya que el Decreto Ley N.° 20.429 contempla el uso permitido de estas herramientas, mientras que las provincias mantienen la facultad de determinar sus propios medios materiales. Asimismo, el proyecto diferencia los dispositivos de contacto directo de los conductores de energía por proyectil, señalando que esta distinción es clave para los derechos humanos y la política criminal.

Sobre la importancia de esta medida, Puglelli concluyó:

“Corresponde señalar que la actualización de la Ley 13.482 y la incorporación de armas no letales a las herramientas de uso de la Policía bonaerense no implica una ampliación irreflexiva del poder coercitivo del Estado, sino una mejora en la arquitectura del uso de la fuerza. Se trata de dotar a la provincia de Buenos Aires de insumos que permitan intervenir con mayor precisión, reducir daños evitables, proteger tanto a los ciudadanos como al personal y fortalecer la legitimidad institucional mediante mecanismos efectivos de control”

Cabe destacar que este debate cuenta con antecedentes legislativos. En marzo de 2026, la senadora María Florencia Arietto, de La Libertad Avanza (LLA), presentó una iniciativa similar, al igual que el senador Marcelo “Chuby” Leguizamón, de Hechos – UCR Identidad, quien en agosto de 2025 reclamó el tratamiento de su propio proyecto. Asimismo, en junio de 2024, los bloques de La Libertad Avanza y el extinto PRO Libertad habían impulsado una propuesta conjunta para autorizar el uso de pistolas Taser, buscando cerrar la brecha entre la persuasión verbal y el uso de armas de fuego.

El Ejecutivo elevó a la comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante un informe sobre la viabilidad de la extensión de agua y cloacas del proyecto de construcción de un colegio sobre avenida Fleming. Para que la iniciativa se avale definitivamente, resta que el Legislativo local otorgue la excepción por FOS, FOT y un retiro lateral.

Lo presentado fue en respuesta a las inquietudes planteadas por los concejales en marzo pasado y en concreto marca los siguiente: la solución para garantizar la capacidad hidráulica del sector requiere una obra de 175 millones de pesos. Como el colegio “podría afectar hasta un 35 por ciento” de uso de la misma, “se considera que debería participar de su costeo en un idéntico porcentaje de afectación”,  marca el texto firmado por el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse. Dicho monto rondaría los 61 millones de pesos que deberán afrontar los desarrolladores.

“El resto de la obra la deberá financiar inicialmente el municipio pero terminará siendo solventada por los futuros beneficiarios de la misma, bajo la metodología de la Contribución por Mejoras”,  agrega el informe. 

“Para su financiamiento, se incorporará el aporte de la plusvalía que la propia institución educativa realiza por el convenio urbanístico, por resultar una obra que beneficia a un amplio sector urbano con un importante crecimiento y consolidación”, indica lo presentado por el Ejecutivo. La plusvalía del emprendimiento inmobiliario y pedagógico se estima en 49 millones de pesos.

De acuerdo al informe del gobierno local, la obra garantizaría la capacidad hidráulica del sistema receptor. Consistiría en un recambio de cañerías en el cruce de la RN 226 y calle Hudson, para solucionar “la existencia de un punto crítico en el paso del efluente cloacal que se encuentra comprometido en la actualidad”. Desde Obras Públicas agregaron que la iniciativa “es una necesidad de ampliar el paso del efluente para poder darle factibilidad a más viviendas del sector”.

“Este cruce representará una sustancial mejora en la infraestructura sanitaria del sector con impacto positivo para el desarrollo urbano de la ciudad y de la capacidad de absorción de futuros emprendimientos y viviendas de un extenso sector que se extiende desde calle Hölmberg hasta barrios Golf y Golf 2 hasta la calle J. M. de Rosas”, señala el informe.

Los plazos de la obra se estiman en 90 días, aunque depende de un aval mayor: la autorización de Vialidad Nacional. “Por lo que puede demorar hasta 12 meses o más”, indica lo presentado por el Ejecutivo.

El gobierno local no consideró necesaria la modificación del convenio de obra del expediente del proyecto, pero que tanto la obra hidráulica como las ya planteadas para el ordenamiento vial deberán ser expresadas en un acuerdo de compromiso. A dicho documento “quedará sujeta la aprobación de los planos en cuanto a la firma del compromiso y las obras deberán estar finalizadas para la habilitación de la institución educativa”.

Desde el Ejecutivo recordaron que la actividad educativa en la zona –una condición sobre la que pasó el debate público en torno al proyecto- constituye un uso autorizable en el sector donde se prevé construir el colegio: “En consecuencia, corresponde al Departamento Ejecutivo otorgar la autorización definitiva, y se ha expresado en este sentido dado que su concreción representa una inversión estratégica en el futuro de la comunidad”.

El informe del gobierno local ya fue elevado a la comisión de Obras Públicas, y el tema está en manos del Concejo Deliberante, que deberá expedirse con respecto al pedido de excepción de los indicadores del Factor de Ocupación del Suelo (FOS), el Factor de Ocupación Territorial (FOT) y un retiro lateral. Sobre el tema ya dio el visto bueno la Comisión de Gestión Territorial.

El proyecto para emplazar sobre la avenida Fleming un colegio privado con tres niveles educativos y capacidad para 500 alumnos activó el reclamo de vecinos del lugar: juntaron firmas y plantearon ante los diferentes bloques sus reparos con respecto a una iniciativa que tendrá impacto en el barrio. No es la única: también tuvo el visto bueno la carpeta para emplazar un supermercado en la zona.

A sus 38 años, Joal Bruni repasa sus comienzos en la música con una mezcla de emoción y gratitud. Su formación se inició a temprana edad, impulsada por el entorno familiar y por la influencia de su maestro Beto Mati, a quien considera una figura clave en su desarrollo artístico.

"Él fue mi profe más importante de cuando era chico", recuerda el músico, quien durante sus primeros años practicaba la digitación sobre fotocopias de los teclados del bandoneón debido a que aún no contaba con un instrumento propio.

Luego de dos años de formación teórica y de utilizar el elemento de su profesor para ensayar, recibió el suyo gracias al recordado Juan Fornaro. Aquel momento marcó un punto de inflexión tanto en su aprendizaje como en el vínculo con su circulo más cercanos , que descubrió su talento al escucharlo interpretar sus primeras piezas en casa.

A lo largo de su carrera compartió proyectos con referentes de la música argentina como Raúl Lavié y Nacha Guevara. Sin embargo, sintió la necesidad de construir una identidad propia. Una experiencia junto a Guevara en el Café La Humedad terminó de impulsarlo hacia el canto.

"Vos tenés que cantar, nene", le dijo la reconocida artista tras una actuación. Aquella frase resultó decisiva para consolidar el camino solista que hoy transita.

"La Magia", el nuevo álbum de Bruni, reúne las distintas corrientes musicales que han acompañado su trayectoria: folklore, tango, rock, pop y jazz. El trabajo incluye siete canciones, cuatro de ellas realizadas junto a destacados invitados como Raúl Lavié, Cami Andersen, Joaquín del Mundo y la cantante peruana Nuria Saba.

La propuesta de mañana irá mucho más allá de un recital tradicional. El tandilense estará acompañado por una banda integrada por La Bayén en teclados, Gero Castro en batería, Sebar Conetti en guitarras y Salvador Barandiarán en bajo.

"Es un concierto de una envergadura muy grande y el objetivo es que sea un regalo para Tandil", expresó Bruni, quien además resaltó el trabajo de iluminación y producción artística que acompañará cada momento de la noche.

El espectáculo fue declarado de interés cultural, una distinción que el músico recibió con especial satisfacción por el vínculo que mantiene con la comunidad local. También agradeció el respaldo de instituciones y empresas que acompañan el proyecto, entre ellas el Colegio de Escribanos, la familia de Carnero Pepe y Estancias Integradas.

Debido a la importante demanda de localidades, se recomienda adquirir las entradas con anticipación. Los interesados pueden comunicarse al WhatsApp 2494 542562 o acceder al enlace disponible en el perfil de Instagram del artista, @jo.bruni.

En una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales, la Iglesia planteó fuertes críticas al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que actualmente se encuentra en tratamiento en el Senado. La iniciativa, elaborada por el Poder Ejecutivo, fue cuestionada por dejar sin efecto las limitaciones vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros, especialmente en áreas que comprenden reservas de agua y otros bienes naturales.

El proyecto es impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, con el objetivo de eliminar restricciones que limitan el derecho de propiedad y fortalecer la seguridad jurídica. La propuesta incluye modificaciones en el régimen de expropiaciones, procesos de desalojos y reformas en legislaciones vinculadas al manejo del fuego y tierras rurales.

A través de un pronunciamiento conjunto de Cáritas, el Área de Ecología Integral de la Comisión de Pastoral Social y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen, la institución eclesiástica advirtió sobre las consecuencias de la normativa:

Este proyecto debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros.

El documento, titulado La tierra: madre, hermana y bien común, también expresa preocupación por los artículos que habilitan la utilización inmediata de tierras afectadas por incendios. Según los obispos, esta medida, que hasta el momento contaba con restricciones, atenta contra la soberanía de los recursos naturales.

En su argumentación, los organismos citaron la encíclica Laudato si, presentada en 2015 por el papa Francisco, y fragmentos de la reciente encíclica Magnifica humanitas, del papa León XIV. Bajo esta premisa, la Iglesia enfatizó que la tierra no debe ser considerada una mercancía ni un simple recurso económico.

Finalmente, los obispos solicitaron a los legisladores que guíen sus decisiones priorizando el bien común y el futuro de las generaciones venideras. Asimismo, pidieron establecer un marco jurídico razonable para los alquileres con el fin de favorecer el acceso a la vivienda de las familias más vulnerables.

El bloque de Alternativa Tandil presentó nuevamente un proyecto para solicitar la reparación del acceso pavimentado a Gardey, una iniciativa que ya había sido impulsada durante el año pasado, aunque sin obtener respuestas  favorables.

El concejal Matías Meli explicó que el camino viene mostrando un marcado deterioro desde hace varios años. Según señaló, el hormigón presenta numerosas rajaduras y en algunos sectores incluso se ha levantado, una situación que se agrava con cada lluvia debido a la filtración de agua por debajo de la estructura.

“Todavía estamos a tiempo de arreglarlo y recuperarlo”, sostuvo el edil en diálogo con El Eco, quien remarcó la necesidad de actuar con rapidez para evitar que el acceso termine sufriendo el mismo destino que otros caminos de hormigón de distintas localidades que, tras deteriorarse, fueron finalmente levantados sin ser reconstruidos.

Meli indicó que el tramo más afectado se encuentra en la bajada desde la ruta 226 hacia Gardey y también en el sector comprendido entre el puente del Chapaleofú y la localidad. En ese sentido, recordó que se trata de un camino de jurisdicción provincial, por lo que consideró que la responsabilidad principal de ejecutar una obra de fondo corresponde al gobierno bonaerense.

No obstante, planteó que el Municipio podría realizar intervenciones preventivas mientras se gestionan los recursos necesarios para una reparación integral. Entre ellas mencionó la posibilidad de sellar las grietas con brea para evitar que continúe ingresando agua y se acelere el deterioro de la calzada.

El concejal destacó además la importancia estratégica del acceso, no solo para los vecinos de Gardey, sino también para productores rurales, establecimientos educativos y transportistas de la zona. Asimismo, señaló que numerosos habitantes de María Ignacia Vela utilizan ese trayecto para llegar a Tandil, ya que representa una alternativa más corta.

“Es un camino con mucho movimiento”, afirmó Meli, al remarcar que diariamente circulan vehículos particulares, transporte vinculado al sector agropecuario y personas que se desplazan entre las localidades rurales y la ciudad cabecera.

A partir de esta nueva presentación, desde Alternativa Tandil esperan que el Municipio gestione ante la Provincia una solución definitiva para una vía considerada clave para la conectividad y el desarrollo de la zona rural del partido.

Los concejales Marcos Nicolini y Matías Meli presentaron un proyecto de ordenanza que busca establecer un plazo máximo de 60 días hábiles administrativos para que el Departamento Ejecutivo Municipal devuelva al Honorable Concejo Deliberante (HCD) los expedientes, proyectos, actuaciones administrativas, notas, peticiones o antecedentes remitidos para su estudio, análisis, informe técnico, dictamen o intervención administrativa.

La iniciativa fue elaborada por el bloque Hechos – Alternativa Tandil con el objetivo de “garantizar el adecuado funcionamiento institucional del Honorable Concejo Deliberante, asegurando la circulación, tratamiento y devolución en tiempo razonable de los expedientes remitidos al Departamento Ejecutivo Municipal para su estudio, informe técnico o intervención administrativa”.

Según se señala en los fundamentos del proyecto, “la demora indefinida en la devolución de expedientes remitidos al Departamento Ejecutivo obstaculiza el debate democrático, el seguimiento de políticas públicas y la resolución de iniciativas presentadas por concejales, instituciones y vecinos de Tandil”.

Asimismo, la propuesta destaca que “la transparencia administrativa, la publicidad de los actos de gobierno y la calidad institucional requieren mecanismos objetivos de trazabilidad y registración de expedientes, permitiendo conocer con precisión fechas de remisión, recepción y devolución”.

Los autores consideran necesario establecer un procedimiento reglado que otorgue previsibilidad administrativa, promueva la cooperación entre los Departamentos Ejecutivo y Deliberativo y evite la paralización de actuaciones legislativas.

De acuerdo con el proyecto, todo expediente, proyecto, actuación administrativa, nota, petición o antecedente remitido por el HCD al Departamento Ejecutivo “deberá ser reintegrado al Honorable Concejo Deliberante dentro del plazo máximo de sesenta días hábiles administrativos contados desde su recepción”.

La iniciativa contempla además que el Departamento Ejecutivo pueda solicitar, por única vez, una prórroga fundada de hasta 30 días hábiles adicionales. Dicha solicitud deberá ser comunicada por escrito a la Presidencia del Concejo Deliberante antes del vencimiento del plazo original.

Por otra parte, se establece que, una vez vencidos los plazos previstos sin que se haya producido la devolución del expediente ni exista una solicitud de prórroga debidamente fundada, la Presidencia del HCD podrá requerir la inmediata remisión de las actuaciones.

“La falta de devolución, informe u observaciones dentro de los plazos establecidos será considerada como conformidad administrativa respecto de la continuidad del tratamiento legislativo del expediente remitido”, indicaron.

Finalmente, el proyecto dispone que, una vez sancionada la ordenanza, todo expediente que no se encuentre contemplado por la reglamentación de la Ordenanza 5181 deberá incluir en su nota de remisión al Departamento Ejecutivo la leyenda: "Expediente remitido en función de lo normado por la ordenanza N°...." (el que se le asigne a la presente).

El Senado de la Nación aprobó el proyecto de Ley presentado por el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, que propone la creación de una nueva Sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, con nuevos jueces y estructura propia. La iniciativa busca dar respuesta al crecimiento sostenido de causas en una de las jurisdicciones más extensas y complejas del país.

El proyecto tuvo un importante respaldo institucional durante su tratamiento legislativo. En el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda expuso el presidente de la Cámara Federal de Mar del Plata, Alejandro Tazza, quien advirtió sobre la situación crítica que atraviesa el tribunal. “Vivimos una cruda realidad. Estamos a un paso del colapso”, sostuvo entonces el magistrado al describir el incremento sostenido de expedientes y la complejidad creciente de las materias que atiende la Cámara.

Este jueves, durante su intervención en el recinto, Abad destacó la importancia de la medida: “La creación de una Sala adicional en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, con nuevos jueces y estructura propia, es una gran noticia para los bonaerenses”.

Actualmente, la Cámara Federal de Mar del Plata concentra apelaciones de ocho juzgados federales y tiene jurisdicción sobre cerca del 40% del territorio bonaerense. Mientras que en sus primeros años de funcionamiento recibía alrededor de 700 expedientes anuales, en 2025 esa cifra alcanzó los 8.900 casos, un crecimiento superior al 1100%. Además, durante los últimos 18 años funcionó con apenas dos magistrados.

Recordemos que la necesidad de ampliación fue reconocida institucionalmente por las autoridades políticas de la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la propia Municipalidad en las distintas ocasiones que se pretendió su ampliación frente al significativo incremento de la judicialización de diversas temáticas atinentes a la Justicia Federal.

El panorama actual de la Cámara se complejiza no solo por el crecimiento poblacional de la ciudad y localidades de la jurisdicción de la Cámara que se extiende sobre un 37 por ciento del territorio de la Provincia de Buenos Aires, sino por la diversidad de materias sometidas a su conocimiento que abarcan tanto aspectos penales, como civiles y comerciales, laborales, previsionales y de salud, además de la gestión administrativa interna de recursos humanos y de manejo financiero de dicho órgano judicial y los juzgados a su cargo.

“Esta decisión permitirá descongestionar un tribunal que cubre una enorme extensión territorial y que hoy trabaja al límite de su capacidad”, remarcó Abad.

El legislador explicó además que gran parte de las causas que llegan a la Cámara están vinculadas a temas previsionales y de salud. “Se trata de jubilados que esperan un reajuste y de pacientes que reclaman cobertura para tratamientos médicos. Son miles de personas que necesitan respuestas más rápidas y eficaces. Una buena administración de Justicia exige una Justicia eficaz. Y una Justicia es eficaz cuando además de ser justa, es rápida y da las respuestas en tiempo oportuno”, señaló.

Con la aprobación del Senado, la iniciativa será girada ahora a la Cámara de Diputados. “Esperamos que Diputados trate a la brevedad este proyecto para saldar, de una vez por todas, un reclamo histórico y fortalecer el acceso a la Justicia de millones de bonaerenses”, concluyó Abad.

El diputado nacional de Provincias Unidas Esteban Paulón presentó un proyecto para legalizar la eutanasia y la muerte voluntaria médicamente asistida, garantizando su cobertura obligatoria en hospitales públicos, obras sociales y prepagas.

La iniciativa del socialista santafesino reconoce el derecho de toda persona que sufre condiciones determinadas a requerir asistencia médica para poner fin a su vida de forma digna y bajo un procedimiento regulado.

El objetivo es que las personas que sufren padecimientos extremos puedan tomar decisiones libres, informadas, con respeto a su autonomía y sin presiones externas, pero también que haya supervisión estatal estricta.

En varios países de América y de Europa, la eutanasia y la muerte asistida están legalizadas y reguladas, aunque cada caso nuevo que aparece sigue despertando polémicas a raíz de las implicancias éticas que se ponen en juego en ese tipo de decisiones.

En España, el caso más reciente que generó conmoción y repercusiones más allá de las fronteras de ese país fue el de la joven de 25 años Noelia Castillo Ramos, quien recibió la eutanasia el 26 de marzo tras una prolongada batalla judicial.

Días después, el presidente Javier Milei dio su parecer acerca del tema de la eutanasia durante una entrevista a un medio español donde señaló no estar “de acuerdo” con la muerte asistida alegando que para él “la vida es un regalo” que se debe “honrar” y que vivir cada día “es un motivo de alegría”.

El proyecto de Paulón reaviva un debate que ya tiene un recorrido y un historial de propuestas en el Congreso: en el pasado reciente han presentado iniciativas de ley los diputados nacionales Lisandro Nieri, Gabriela Estévez, Mara Brawer (MC) y Miguel Ángel Pichetto.

La propuesta del diputado santafesino abarca tanto la eutanasia, en la que un profesional de la salud administra un fármaco letal a pedido del paciente, y la muerte asistida, donde es el paciente quien se auto administra la sustancia prescrita.

El requisito para poder acceder a uno de estos dos procedimientos es padecer una enfermedad grave e incurable o un cuadro crónico que provoque un sufrimiento considerado intolerable.

A su vez, se requiere haber manifestado la voluntad expresa de morir de manera reiterada y contar con pleno consentimiento informado.

En ese sentido, el paciente debe efectuar al menos dos solicitudes separadas en el tiempo y puede revocar su decisión en cualquier momento. NA

Vecinos de calle Los Huesos denunciaron que un loteo privado podría provocar la inundación de su barrio. En diálogo con El Eco manifestaron que el proyecto no contempló la existencia de su calle, que los desarrolladores generaron un “dique” en el que quedarían casi dos metros por debajo de sus terrenos linderos, y que esperan que las autoridades lleven a cabo un estudio de impacto que les certifique que lo  realizado no los perjudicará.

“Cuando construyan, esto es una catarata,  alertaron los frentistas. Luego de que presentaran notas al Ejecutivo, al gobierno bonaerense, y al Concejo Deliberante, representantes de la Secretaría de Planeamiento concurrirán el martes próximo a la comisión de Obras Públicas para brindar explicaciones sobre el tema. Desde el Municipio transmitieron que la iniciativa no modificará la escorrentía de la zona, que el lugar ya sufrió inundaciones con anterioridad y que el expediente está aprobado.

Se trata del loteo impulsado por la Asociación por la No Automedicación, entre las calles Pedersen, La Merced, Segundo Sombra y Chapaleofú. El Eco fue al lugar y caminó  con los vecinos de calle Los Huesos, quienes mostraron cómo –tras elevar el nivel de calles públicas y de los terrenos que se proyectan lotear-, quedaron “abajo”, en un área inferior incluso que un caño de desagüe pluvial.

Los vecinos elevaron una solicitud en la cual sostuvieron que “el relleno desmesurado, ejecutado por la empresa contratista, no cumple con las cotas de altura proyectadas” y que generaría que sus viviendas queden “en un bajo, con un corte de niveles muy abrupto (de casi dos metros de altura) muy difícil de resolver una vez terminadas las obras.

“Si veníamos hace un año y medio, todo esto estaba a la misma altura”, contaron los frentistas, parados en el terraplén del loteo, desde el cual podían observar a sus viviendas.

“El proyecto no contempla que la calle Los Huesos es existente. Es una calle consolidada, con la mayoría de sus lotes construidos con viviendas unifamiliares de ocupación permanente que se construyeron legalmente con planos presentados en la Municipalidad de Tandil”, señalaron sobre una de sus principales preocupaciones.

“En el plano no sólo figura ´Calle a abrir´, sino que en ambos proyectos presentados y aprobados en la municipalidad proponen rellenarla entre 18 y 20 cm o quitarle relleno para cambiar el sentido de la pendiente, dejando algunos de nuestros frentes por debajo de la línea de vereda”, sumaron.

A su vez, denunciaron que el loteo contempló “una elevación excesiva de las cotas de calles” que condicionó a los terrenos linderos. Marcaron que en el esquema del loteo –que ya avanzó-, Los Huesos pasaría a constituirse “como el punto más bajo del sistema, en contradicción con la topografía natural”.

El sistema de desagüe pluvial del proyecto, consideraron, resulta incompatible con futuras nivelaciones de los terrenos linderos tanto al loteo como a sus viviendas. Si bien señalaron que luego de efectuar reclamos a las autoridades el proyecto hidráulico fue modificado, las cotas previstas forzarían la necesidad de que los terrenos circundantes tengan que elevarse, y “las viviendas actualmente construidas quedarían en una situación relativa más baja”.

Además, denunciaron que el proyecto mencionado se presentó como “integral”, pero la Asociación a cargo “solo construyó sus propios desagües, tirando el agua acumulada en su lote a los campos linderos mediante conductos y bocas de tormenta que no figuran en los planos”.

Tal situación, manifestaron, obligaría a los propietarios de dichos campos a continuar con las obras de desagüe si no quieren inundarse, o a rellenar excesivamente sus campos si no quieren quedar bajo el nivel propuesto por la Asociación de No Automedicación”.

Los vecinos solicitaron que se disponga la suspensión preventiva de los trámites y los avances de obra vinculados al proyecto para que evalúe la intervención provincial mediante sus áreas técnicas competentes, así como también que se realice una verificación in situ del proyecto y de las obras en ejecución por parte de equipos técnicos provinciales para constatar que el nivel propuesto y la descarga actual superan la capacidad de absorción de los campos linderos.

En las notas vecinales consta otra situación: tras una primera revisión del proyecto, y el avance de las obras, los frentistas contrataron un estudio privado. “El 90 por ciento de los puntos medidos superan las cotas proyectadas”. Además, transmitieron su preocupación no solo por no haber podido acceder a la fecha al expediente, sino también por la falta de respuestas “y por la velocidad de avance que tomaron las obras a partir de acercar nuestras inquietudes y observaciones a la Municipalidad”.

La iniciativa está orientada a auxiliar a las micro, pequeñas y medianas empresas ante la crisis económica, la caída del consumo y el cierre sostenido de unidades productivas.

De esta manera, el veterano legislador nacional, que hasta hace pocos años se mostraba cerca de Mauricio Macri, da un paso más en la consolidación de su vínculo con el peronismo, y en particular con el kirchnerismo más duro.

Strada, Palazzo y Siley, si bien no pertenecen orgánicamente a La Cámpora, forman parte del riñón del cristinismo y tienen una militancia activa por la liberación de la expresidenta, a quien consideran una presa política proscripta y víctima de persecución política.

Después de años de desencuentros con el kirchnerismo, del cual fue un leal jefe de senadores hasta el 2015, Pichetto volvió a reunirse poco tiempo atrás con Cristina Kirchner en el departamento de San José 1111, donde ella cumple prisión domiciliaria, para descongelar la relación y recuperar el diálogo político.

La iniciativa declara la emergencia tarifaria, impositiva, productiva y laboral de las MiPyMEs por el plazo de un año, con posibilidad de prórroga, y propone un paquete integral de medidas para sostener el empleo y evitar nuevos cierres.

Entre los principales puntos, contempla una reducción del 50 por ciento en las tarifas de luz, gas y agua, beneficios fiscales, facilidades de pago para regularizar deudas, alivio en contribuciones patronales y mecanismos de protección para las empresas proveedoras del Estado.

En los fundamentos del proyecto, los legisladores advirtieron que “la situación ya no admite dilaciones” y señalaron que “sin MiPyMEs no hay reconstrucción económica posible”.

También sostuvieron que la política económica actual “colocó a miles de empresas en una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo de continuidad”.  NA