El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical, con el respaldo del resto de las bancadas que integran el Concejo Deliberante, elevó un proyecto de resolución que busca dar respuesta a una problemática de larga data en la ciudad: el impacto de la actividad del Tiro Federal de Tandil en su entorno urbano. La iniciativa solicita formalmente al Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que lleve adelante una evaluación integral del funcionamiento de la institución.

El pedido surgió a raíz de las constantes manifestaciones de preocupación por parte de vecinos y vecinas de la zona, quienes han denunciado ruidos de alta intensidad generados por las prácticas de tiro. Según se detalla en los considerandos del proyecto, estas emanaciones sonoras afectan de manera directa el descanso, la tranquilidad y la calidad de vida cotidiana de las familias que residen en las inmediaciones del predio.

“Solicitar al Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que lleve adelante una evaluación integral del funcionamiento del Tiro Federal de Tandil, a fin de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de habilitación, seguridad y condiciones de operación del polígono de tiro, especialmente en lo referido a las prácticas desarrolladas al aire libre, incluyendo el análisis del impacto sonoro que dicha actividad genera en la población circundante y la eventual adopción de medidas correctivas o de mitigación que correspondan”, formula el texto del proyecto.

La concejal Andrea Pezzi, integrante del bloque de la UCR y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Género y Seguridad, explicó los alcances de la propuesta y la necesidad de recurrir a estamentos nacionales. "Nuestro bloque de la UCR, con el acompañamiento del resto de los bloques, presentamos una resolución para que el organismo de nivel nacional venga a hacer una inspección del lugar, una evaluación del funcionamiento y las condiciones edilicias", señaló la legisladora local.

La normativa que rige la actividad de tiro con armas de fuego en el país es la Ley Nacional N° 20.429. Este marco legal establece que la Agencia Nacional de Materiales Controlados es la autoridad competente para ejercer el control sobre el uso, tenencia y disposición de armas, así como para garantizar que las entidades habilitadas mantengan condiciones adecuadas de seguridad y mantenimiento en sus polígonos.

En ese marco, el proyecto de resolución no solo se enfoca en los aspectos técnicos de la seguridad, sino que introduce el concepto de seguridad integral. Esto implica que la actividad no solo debe prevenir accidentes dentro del predio, sino también minimizar los impactos negativos sobre la población circundante. La exposición prolongada a ruidos de alta intensidad es considerada por los ediles como un problema que excede lo administrativo para transformarse en una cuestión de salud pública, debido a los efectos adversos que puede generar en la salud física y psíquica de las personas.

Bajo esta premisa, el texto legislativo invoca el principio preventivo y el principio precautorio, pilares de la legislación ambiental argentina. Estos principios obligan a las autoridades a adoptar medidas anticipatorias frente a posibles daños, incluso cuando no exista una certeza científica absoluta sobre las consecuencias a largo plazo de la contaminación sonora en contextos periurbanos.

"Tenés una cuestión repartida. La actividad en sí, y el reclamo de los vecinos. Entonces, para buscar un equilibrio, empezamos el camino a transitar para que el organismo venga y haga un control de lugar", sostuvo Andrea Pezzi, subrayando la búsqueda de un punto de encuentro entre el derecho de la institución a funcionar y el derecho de los ciudadanos al bienestar.

La evaluación solicitada a la Agencia Nacional de Materiales Controlados deberá verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de habilitación y condiciones de operación, con especial énfasis en las prácticas desarrolladas al aire libre. El objetivo final es que el organismo nacional determine si es necesario adoptar medidas correctivas o de mitigación sonora para reducir el impacto en el vecindario.

No obstante, el horizonte de una solución definitiva parece estar vinculado a la relocalización de la actividad, una posibilidad que ya se baraja entre las partes involucradas. Al respecto, la concejal Andrea Pezzi fue cauta pero optimista sobre el futuro del predio y la resolución del conflicto.

Los concejales del bloque Acción Tandilense – La Libertad Avanza presentaron en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que propone prohibir la actividad informal de cuidado, lavado y vigilancia de vehículos en la vía pública, conocida popularmente como “trapitos”, “cuidacoches” o “limpiavidrios”.

Según manifestaron desde el espacio, la iniciativa surge “a partir de la creciente preocupación de vecinos y comerciantes frente a la proliferación de estas prácticas”, que en “numerosos casos derivan en situaciones de extorsión, ocupación indebida del espacio público, obstrucción de la circulación y riesgos para la seguridad vial”.

El proyecto establece la prohibición en todo el Partido de Tandil de cualquier actividad relacionada con el cuidado, estacionamiento, lavado o vigilancia informal de vehículos en la vía pública cuando medie una retribución económica, ya sea voluntaria o exigida.

También se detallan los alcances de la norma, abarcando a cuidacoches, limpiavidrios y otras prácticas similares que puedan afectar la convivencia urbana o implicar cobros indebidos en espacios públicos.

Desde Acción Tandilense-LLA indicaron que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Protección Ciudadana, encargada de llevar adelante controles, inspecciones e identificación de quienes incumplan la normativa. En caso de resistencia, se contempla la intervención de las fuerzas de seguridad.

Además, el proyecto incluye la creación de un canal de denuncias —telefónico o digital— para que los vecinos puedan reportar de forma anónima la presencia de estas actividades, facilitando una respuesta más rápida por parte del Municipio.

“Este proyecto busca poner orden en el entorno urbano y llevar tranquilidad a los vecinos. No podemos naturalizar situaciones donde se condiciona o presiona a los ciudadanos por el uso de la vía pública”, expresó Gonzalo Santamarina.

Desde el bloque impulsor señalaron que el objetivo de la iniciativa es “ordenar el uso del espacio público, garantizar la libre circulación y fortalecer la seguridad de los vecinos”, destacando que la ciudad ya cuenta con un sistema de estacionamiento medido que regula el aparcmiento en zonas específicas.

El proyecto será tratado a partir de estos momentos en las comisiones correspondientes del Concejo Deliberante.

Este jueves, desde el espacio Convivencia en Diversidad (CED) compartieron un comunicado en el cual expresaron fuertes críticas hacia el Municipio, por el presunto incumplimiento de la Ordenanza N° 16.160, que establece la realización de actividades de integración y difusión en el marco del Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans.

Según señalaron, la normativa local indica en su artículo 2 que el Ejecutivo municipal debe llevar adelante acciones durante la semana del 18 de marzo orientadas a promover la plena integración y el acceso a derechos de las personas trans. Sin embargo, denunciaron que este año no se registraron iniciativas en ese sentido por parte de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual.

En el marco mencionado, la entidad organizó una asamblea este miércoles en la plaza Independencia, donde participaron más de 25 personas, pero la iniciativa no estuvo acompañada por el gobierno comunal. En el comunicado, cuestionaron lo que calificaron como una “gestión vacía de contenido y compromiso”, al tiempo que repudiaron la “falta de respeto hacia el Concejo Deliberante” y la “violación sistemática de los derechos de la población trans”.

Además, remarcaron que no se trata de pedidos aislados, sino del cumplimiento de ordenanzas vigentes, así como de leyes nacionales, provinciales y tratados internacionales en la materia.

Por otro lado, destacaron como contrapunto la reorganización del activismo a nivel local. En ese marco, informaron que la organización ATTTA designó nuevos representantes en Tandil —una mujer y un hombre trans— con el objetivo de fortalecer la red nacional.

Finalmente, desde el espacio manifestaron su acompañamiento a esta nueva estructura, al considerar que surge para “defender lo que el Estado municipal abandona”.

Tres organizaciones de Tandil —Punto Verde, la Asamblea del Barrio de la Estación y la Asamblea Barrios de Piedra— aunaron esfuerzos para solicitar que se declare Patrimonio Histórico, Cultural y Arquitectónico al adoquinado de las arterias locales. Las entidades ciudadanas presentaron un proyecto de ordenanza y solicitaron formalmente el uso de la Banca XXI en el Concejo Deliberante con el fin de exponer su iniciativa. El reclamo incluyó una carta dirigida al intendente Miguel Lunghi, donde exigieron la suspensión precautoria de las obras de pavimentación que impliquen el retiro de granito.

La propuesta surgió en el marco de la decisión municipal de retirar los adoquines de la calle Sarmiento entre la avenida Santamarina y 4 de Abril, para reemplazarlos por asfalto. Por tal motivo, referentes de los grupos vecinales manifestaron una postura firme ante el avance de las obras viales sobre el suelo histórico. "Exigimos que se detengan las obras de extracción y reemplazo de adoquines hasta que el Legislativo trate este tema. No permitamos que borren con cemento lo que nuestros antepasados tallaron en piedra", expresaron. La iniciativa busca no solo proteger la estética urbana, sino también resguardar la memoria del trabajo picapedrero, una actividad que define la identidad tandilense desde el siglo pasado.

Desde la organización Punto Verde, argumentaron que la preservación de las calles adoquinadas no responde a una cuestión de mera nostalgia, sino a una decisión de ingeniería urbana inteligente. Sostuvieron que el costo ambiental de extraer la piedra de las sierras se pagó hace un siglo y que el granito, a diferencia del asfalto o el hormigón, posee una durabilidad eterna con un mantenimiento mínimo. Para los ambientalistas, el empedrado representa el máximo exponente de la economía circular en la obra pública, contrastando con la "obsolescencia programada" de los materiales derivados de hidrocarburos que requieren parches constantes.

La Asamblea del Barrio de la Estación recordó que desde el año 2013 mantuvo una postura activa respecto al valor patrimonial del adoquinado. Según expresaron los vecinos, la falta de inversión, capacitación y asesoramiento técnico adecuado resultó alarmante, señalando que ya existieron proyectos previos que no fueron tratados por el cuerpo legislativo municipal. Por su parte, la agrupación Barrios de Piedra destacó que su objetivo es aportar al desarrollo socioterritorial de zonas como Cerro Leones, La Movediza y Villa Laza, buscando compensar los pasivos ambientales y revalorizar el patrimonio cultural que dio origen a estos sectores de la ciudad.

Respecto a las ventajas frente a los fenómenos climáticos extremos, desde las organizaciones explicaron que ante el cambio climático, "el adoquín ofrece resiliencia hídrica. A diferencia del asfalto y el cemento, que son superficies rígidas y frágiles ante lluvias extraordinarias que actúan como canales que dejan correr el agua colapsando el sistema de alcantarillado, el adoquinado crea una 'Ciudad Esponja' que evita inundaciones ya que permite la infiltración y el almacenamiento temporal en el subsuelo". Esta capacidad de drenaje se planteó como una herramienta fundamental para mitigar los efectos de las tormentas en la zona urbana.

Asimismo, resaltaron que el suelo histórico aporta una respuesta verde al confort térmico debido a su capacidad de no retener calor extremo. A diferencia del asfalto, que actúa como un radiador urbano amplificando las olas de calor, marcaron que las juntas abiertas de los adoquines permiten la “evapotranspiración” del suelo. Este proceso, sumaron, funciona como un sistema de refrigeración pasivo para la ciudad, reduciendo la temperatura a nivel de calle y disminuyendo, consecuentemente, la demanda energética de los edificios vecinos para climatización durante los meses de verano.

Finalmente, destacaron que el adoquinado puede considerarse como un dispositivo de resiliencia social. Al poseer una textura irregular, genera un "calmado de tráfico" natural que reduce la velocidad de los vehículos sin necesidad de instalar lomos de burro de cemento. Según los firmantes del proyecto, esta característica permite recuperar la calle para el peatón y disminuir la contaminación sonora, mejorando la calidad de vida en los barrios residenciales que aún conservan el granito original trabajado a mano por los artesanos de la piedra.

Un proyecto para proteger los adoquines

La solicitud de las organizaciones incluyó el pedido de un inventario georreferenciado y público de todas las calles empedradas de Tandil para evaluar su estado actual de conservación. El proyecto de ordenanza se fundamentó en la Ley Provincial 10.419 y en la Ordenanza Municipal N.º 14298, sancionada el 23 de octubre de 2014, que ya declaró Patrimonio Cultural Inmaterial a las técnicas artesanales tradicionales y al artesanado del picapedrero. Los vecinos sostuvieron que remover las piedras es, en los hechos, destruir la obra material de ese patrimonio ya reconocido por ley.

En la carta enviada al intendente, los ciudadanos apelaron a su sensibilidad y compromiso con la historia local para que dictara una moratoria de protección patrimonial. El objetivo final es detener cualquier intervención en calles -como lo sucedido en Sarmiento- hasta que se logre un consenso técnico y legislativo. Mientras tanto, continúan con la recolección de firmas para respaldar el ingreso de la iniciativa al Palacio Municipal y asegurar que el legado de las sierras permanezca en las calles tandilenses.

La propuesta de los vecinos se presentó no como enfrentada al desarrollo de la infraestructura de la ciudad, sino en el marco de una convivencia estratégica entre los distintos tipos de calzada. Sugirieron que las arterias de mayor flujo vehicular actúen como vías de cintura para el tránsito veloz, mientras se preserva el corazón histórico de Tandil. En este sentido, buscan que la protección no se limite únicamente a las manzanas circundantes a la Plaza Independencia, sino que se extienda a todos los sectores donde el patrimonio picapedrero sigue vigente.

"No debemos elegir entre historia y progreso. Proponemos una planificación estratégica: las vías de cintura (Del Valle, Perón/Rivadavia, Avellaneda y Balbín/Brasil) para el tránsito veloz, reservando las calles empedradas para un tránsito tranquilo y un Casco Antiguo real, que no se reduzca solo a cuatro cuadras alrededor de la Plaza Independencia sino que incluya todas las calles que han sido empedradas por nuestros antepasados", detallaron en su planteo técnico los impulsores de la medida. Para las organizaciones, la accesibilidad es una deuda urgente que debe solucionarse con criterio, pero "no tapando adoquines".

Días atrás, la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, anticipó en El Eco Multimedios la elaboración de un proyecto de ordenanza relacionado a la presencia de cuidacoches y limpiavidrios. En su alocución, la funcionaria había afirmado que el Municipio avanzará en una medida para prohibir la actividad callejera de lo que popularmente se conoce como "trapitos", limpiavidrios y artistas urbanos.

La mención a los exponente culturales despertó repercusiones inmediatas por parte de los artistas locales, quienes se expresaron a través de las redes sociales de forma contundente en contra de la decisión del Gobierno local. Por esa razón, Saconi brindó una aclaración sobre la iniciativa y aseguró: “Jamás prohibiríamos la actividad cultural”.

De acuerdo a lo señalado por la funcionaria, “hubo una confusión” respecto a los dichos de Marcieri. En diálogo con “La Mañana” (104.1 Tandil FM, El Eco Streaming y EcoTV) aclaró que desde el Gobierno local se está trabajando para “ordenar un poco lo que es la calzada, la calle, todo lo que sucede en ella” y que por esa razón se apunta a la actividad de los limpiavidrios y cuidacoches.

El proyecto responde a una serie de reclamos de los vecinos por situaciones incómodas que se viven en los semáforos o a la hora de dejar estacionado el vehículo en distintas zonas céntricas de Tandil. Al mismo tiempo, la subsecretaria agregó que estas actividades presentan un riesgo, tanto para el conductor como para los peatones, y que comprender esa situación es una de las cuestiones que impulsó la iniciativa.

“Lo que nosotros estamos intentando, y vemos que es un reclamo de la comunidad, es ordenar el espacio público. Siempre que se quiera desarrollar una actividad en plazas o paseos, se pide el lugar al Concejo Deliberante y en general lo otorga. Por ejemplo, nos ha pasado en la glorieta que bailarines de tango y otros músicos coinciden a la misma hora; allí hay que decidir por una cuestión de orden, pero siempre apoyando la actividad cultural”, describió Saconi.

A la hora de hablar sobre los artistas, la funcionaria aseguró que existe una situación social muy complicada, donde mucha gente no tiene un trabajo formal y requiere salir a buscar el ingreso económico en las actividades callejeras mostrando su arte. “En lo que respecta a todo lo que es el sector cultural y artistas callejeros, nosotros apoyamos”, aclaró oportunamente.

Recordó que incluso en muchas oportunidades desde el Municipio se contrató a estos artistas. “Participan con nosotros en la diagonal del Parque en Semana Santa; en otoño estuvimos haciendo todo un trabajo con ellos en la Estación”, añadió. También explicó que, si bien conocen a muchos, sería un buen momento para realizar una convocatoria y formalizar un registro.

Saconi insistió en que este proyecto no tiene como objetivo prohibir la actividad cultural y que, en base a los reclamos de los vecinos y la peligrosidad de cada situación, la idea es ordenar el espacio público y tratar de que ninguna actividad ocurra sobre la calzada.

También descartó la posibilidad de que los artistas callejeros con los que trabaja el Municipio posean antecedentes delictivos, como sí afirmó Marcieri sobre el trabajo de identificación realizado por el área de Protección Ciudadana a los cuidacoches y limpiavidrios a través del programa Centinela en Territorio.

El concepto de artista callejero es muy amplio: puede ser desde un músico hasta una estatua viviente o un muralista. Estos, según Saconi, prefieren contar con otros espacios para sus muestras artísticas por sobre la calle. “Siempre es mejor estar en la peatonal, en una plaza o en un paseo, que estar contrarreloj con el semáforo”, describió.

Por último, la funcionaria hizo referencia a las repercusiones en redes sociales tras la entrevista de Alejandra Marcieri en este Multimedios, donde muchos de los artistas, que incluso trabajan con el Municipio, salieron a repudiar sus dichos. Por esa razón, consideró fundamental aclarar la situación: “Jamás prohibiríamos la actividad cultural. Siempre que llegan los expedientes de uso del espacio público, se autoriza”.

En una sesión especial -y express, ya que duró apenas minutos- el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la modificación de dos artículos de la llamada “Ordenanza de motos”, normativa que prevé controlar ruidos y otras molestias ocasionadas por motociclistas.

El Concejo modificó los artículos 6 y 14 de la legislación a pedido de los jueces de Faltas ya que tales incisos refieren al accionar de los magistrados. En concreto, se eliminó el párrafo que marcaba que tras una orden de allanamiento, “el Juez/a de Faltas deberá someter la misma a control judicial competente”. Es decir, se sometía lo dispuesto por Faltas a la observación de la justicia ordinaria.

Los jueces habían solicitado el cambio “con el fin de mejorar la operatividad y adecuar su aplicación práctica”, en el marco de un encuentro con los integrantes de la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante. El concejal Manazzoni fue quien propuso la sesión especial para el tratamiento exclusivo de la modificación.

Tal como informó El Eco de Tandil, la mayor parte de los integrantes de la mencionada comisión, junto al presidente del cuerpo Juan Pablo Frolik, entendieron que la modificación evitará la reglamentación y la demora para otorgar la herramienta que reclamaba con vehemencia la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri.

La “ordenanza de las motos” faculta a los jueces de Faltas a “disponer medidas  de allanamiento con ocupantes en caso de evasión y/o fuga de los controles de tránsito o de la advertencia de la falta por parte del conductor”.  Además del cambio en el artículo 6, el Concejo Deliberante modificó el artículo 14, que refiere a la documentación requerida al titular para la recuperación del vehículo secuestrado.

De la sesión especial participaron los concejales Nicolás Carrillo, Severiano Mon, Noelia Domenighini, Federico Martínez –de Fuerza Patria-, Natalia Chacón –del MID-, Juan Manazzoni .del PRO-, Juan Salceda, María Haydeé Condino, Guillermina Cadona, Mario Civalleri, Matías Tringler, Andrea Pezzi –de UCR-, Luján Fiego –de Acción Tandilense/La Libertad Avanza-, y Rosana Florit y Matías Meli de Alternativa Tandil.

En diálogo con El Eco, Domenighini –parte de la Comisión de Seguridad-, marcó sus observaciones con respecto a la modalidad de la modificación votada, pero señaló también que más allá de disidencias, “uno tiene que poner como foco al ciudadano. Y hoy el ciudadano está con la necesidad de que este tema se resuelva, aspira que esta ordenanza va a ser una solución, y en ese sentido me parece que tenemos que corrernos del tecnicismo muy puntual, o de la interpretación de la norma, o de lo que opina cada uno para dar pie a la garantía de seguridad de los ciudadanos”.

La concejal sostuvo además que “había un apuro de parte del Ejecutivo por sacar la ordenanza. Y no está bueno cuando las cosas se hacen a las apuradas. Es una ordenanza y lleva su tiempo. Por más que hayan pasado cuatro meses, si tiene que llevar seis meses ¿Qué vas a hacer?”.

Señaló que si bien desde su bloque habían solicitado que la ordenanza no requiera de reglamentación sino que “directamente pudiera ser operativa”, agregó que “parece que el Ejecutivo la quería reglamentar, así que esperemos a qué pasa con esa sanción”.

Con respecto a la modificación indicó que “la aclaración se hizo porque el control de legalidad no era para que los jueces debieran pedir un permiso para realizar el allanamiento, sino que ellos el allanamiento lo tenían que disponer y por eso decía ‘a posteriori de disponer el allanamiento’. Y posteriormente a eso se solicitaba como una especie de control de legalidad de la justicia ordinaria para ver que hubiera sido dictado por los jueces de Falta de manera competente, de acuerdo a como lo decía la ordenanza que debía ser el procedimiento. Tanto para cubrirlos a ellos, por un lado, porque estaba tan discutido el tema del allanamiento y la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma, y también a los ciudadanos sobre los cuales recaía ese allanamiento. Ese era el objetivo puntual”.

En la misma línea explicó que “ellos interpretaban que en realidad ese control de legalidad debía ser anterior a hacer el allanamiento, como que le tenían que pedir un permiso. Ese no fue el espíritu de la ordenanza, o de ese artículo, puntualmente. No obstante eso, como directamente ya nos anticipaban que no la iban a aplicar tal como estaba redactada, más allá de las diferencias uno tiene que poner el foco en el ciudadano.”

Ayer por la mañana, tras recibir a los jueces de Faltas, integrantes de la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante resolvieron modificar la ordenanza de motos que fue sancionada hace un mes. Mañana, en sesión especial convocada para las 9.30, tratarán dos cambios en el articulado, con el objetivo de acelerar los tiempos y que la normativa se pueda aplicar de manera inmediata, sin necesidad de una reglamentación por parte del Departamento Ejecutivo.

“Los jueces de Faltas pidieron que la ordenanza no tenga la redacción que obliga a que los pedidos de allanamiento sean visados por la Justicia ordinaria”, informó el concejal del PRO Juan Manazzoni, tras un encuentro celebrado ayer con los dos magistrados que deberán llevar adelante los eventuales procedimientos.

La Comisión de Seguridad recibió, ayer a las 9, a los jueces municipales, quienes consideraron que no es necesaria una reglamentación de la ordenanza, en contraposición a lo que había anticipado el subsecretario de Protección Ciudadana, Juan Ibáñez.

Sin embargo, solicitaron que se modifique el artículo 6, reformulando o quitando el párrafo que establece: “A posteriori de disponer la orden de allanamiento, y en lo inmediato, el Juez/a de Faltas deberá someter la misma a control judicial competente”.

El argumento de los magistrados fue que esa disposición conspirará contra la celeridad de los procedimientos, lo que volverá compleja la implementación de los allanamientos que puedan ordenar en defensa de la salud pública ante casos de motociclistas que provoquen ruidos molestos y que evadan operativos de control.

“Vinieron los jueces de Faltas y dijeron que ellos con el artículo 6 no pueden ser efectivos, que necesitan se reforme o se quite, y que la ordenanza no necesita reglamentación, está perfecta para arrancar a trabajar”, ratificó la concejal del MID, Natalia Chacón, y agregó que “se acordó votarla este viernes para que se aplique con la celeridad que amerita la situación de los ruidos”.

La mayoría de los integrantes de la comisión, junto al presidente del cuerpo Juan Pablo Frolik, entendieron que la modificación evitará la reglamentación y la demora para otorgar la herramienta que reclamaba con vehemencia la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri.

“Propuse que convocáramos a una sesión especial el viernes por la mañana, antes de la sesión preparatoria que va a ser a las 9.30, donde solo tratemos la modificación”, anticipó Manazzoni.

Tras recibir la demanda de los magistrados, los integrantes de la comisión continuaron la discusión que versó sobre avanzar con los cambios para evitar “excusas” del Ejecutivo y que comience a hacer uso de la herramienta.

El encuentro lo llevó adelante el presidente de la Comisión de Seguridad, Nicolás Carrillo, que había convocado a los magistrados a partir de una demanda formal que efectuaron al cuerpo tras la sanción de la normativa.

En ese marco, los concejales Carrillo, Manazzoni y Luján Fiego (Acción Tandilense-LLA) acordaron con sus pares del oficialismo y con el presidente del cuerpo, Juan Pablo Frolik, para llevar adelante la sesión especial mañana y poner un cierre definitivo al asunto que comenzó a debatirse en junio.

En segundo lugar, en el encuentro legislativo se modificará un término del artículo 14 de la ordenanza, referido a los requisitos para recuperar el vehículo secuestrado en el marco de los allanamientos que pudiera ordenar la Justicia de Faltas.

En concreto, se trata del inciso b que establece que “a los efectos de la entrega al titular de dominio, poseedor y/o tenedor del vehículo secuestrado, si lo hubiere, se deberán cumplimentar los siguientes requisitos” y enumera “acreditar titularidad de dominio, posesión y/o tenencia del vehículo, con título del automotor y/o boleto de compraventa con fecha cierta, que acredite tal condición y la póliza de seguro vigente sobre dicho rodado”.

En ese caso, se reemplazará título automotor o boleto de compraventa por Formulario 08, que es el trámite que acredita transferencia entre las partes ante la compraventa de un vehículo.

Si bien la empresa estadounidense Uber opera en Tandil desde hace más de un año, lo hace sin haber presentado trámite de habilitación municipal. La normativa reguladora es la vigente para el transporte privado de pasajeros, y aquellos vecinos que sean registrados trabajando mediante la plataforma quedan sujetos a posibles sanciones.

El concejal Juan Manazzoni –del bloque PRO-, presentó un proyecto de ordenanza al respecto, y dialogó con El Eco de Tandil sobre los detalles de la iniciativa. Tras su paso por las comisiones del Concejo Deliberante, la propuesta de Ordenanza fue girada al Ejecutivo, pero hasta el momento este no emitió respuesta.

“Lo pudimos tratar en comisión y lo elevamos al Ejecutivo en consulta. Estamos esperando su devolución con las consideraciones que tenga respecto al tema”, expresó Manazzoni. De acuerdo a su planteo, existió un “cierto consenso” de los diferentes bloque con la propuesta que “después se frenó”.

Uber comenzó a operar en Tandil hace poco más de un año atrás, luego de plantear a autoridades municipales no sentirse alcanzada por la regulación local de taxis y remises. En operativos coordinados por la Dirección de Control Urbano Vehicular fueron infraccionados vecinos –hubo incluso una agresión a un inspector en el marco de los mismos-, pero en el último tiempo aseguraron desde el área comunal, no registran en la ciudad un número significativo de vehículos bajo la plataforma.

“El proyecto se puede modificar, pero esta es la propuesta inicial, que también la hemos conversado con otros bloques, hubo conversaciones el año pasado, y este año en el mes de febrero. Habíamos llegado a un cierto consenso, y después el el tema se frenó. A principios de mayo, yo presenté este proyecto de ordenanza con las modificaciones respecto, de donde yo sabía que estaban bastante de acuerdo en los diferentes bloques, y  después el tema fue girado al al Ejecutivo en consulta”, sostuvo.

“En la actualidad no hay una normativa local que esté vigente y que regule el servicio de transporte privado a través de aplicaciones. La falta de regulación genera una competencia que es desleal para los taxis y con los remises habilitados. Hoy los taxistas y los remiseros creen que Uber o Cabify les compiten de manera desleal.  Es desleal, y más desleal es la competencia cuando no hay calculando ningún tipo de regulación”, señaló Manazzoni sobre el proyecto.

La iniciativa, planteó, busca garantizar la seguridad a los pasajeros, a quienes prestan el servicio , y así como también el control de parte del Municipio. En concreto, la propuesta incluye la creación de un servicio de transporte privado alternativo a través de aplicaciones, partiendo de la base del registro municipal de conductores y vehículos.

“Esto hace que sea necesario la inscripción en  este registro municipal, que también sean plausibles de un cobro de una tasa, que se le requiera la documentación del vehículo, la documentación del conductor, sus antecedentes, y el seguro adecuado”, indicó el concejal.

Lo presentado también establece condiciones con respecto a las antigüedades de los vehículos y normativas de seguridad. Pero también exige a las plataformas una serie de obligaciones. “Por ejemplo, compartir los datos con el Municipio, respetando estándares de privacidad, informar a los usuarios acerca del servicio, quién es el conductor, el precio, las condiciones antes de contratar, que emitan una constancia de viaje tras el pago. Y Que el servicio se pueda prestar desde la aplicación y solo desde la aplicación”, explicó Manazzoni, quien hizo referencia además a los mecanismos de control y capacitación que la Ordenanza crearía.

“Después otro punto destacado es que permitimos la modalidad de viajes compartido hasta cuatro pasajeros. Ese viaje compartido prohíbe incorporar pasajeros sin el consentimiento del individual inicial. Y que los conductores de taxis y de remises pueden prestar el servicio a través de aplicaciones si cumplen con los requisitos. Y entonces, hay cada vez menos competencia desleal. Si imponemos una regulación y, a la vez, también les permitimos a taxistas y remiseros trabajar con la aplicación, esa competencia desleal se reduce”, concluyó.

La creación del “Banco Solidario de Materiales” en el Partido de Azul es un proyecto de ordenanza municipal que ingresó al Concejo Deliberante local. Dicho banco, según la propuesta, “estará conformado por materiales nuevos o usados, sobrantes de obras de construcción o recuperables de demoliciones, instalaciones, amoblamientos en desuso para vivienda y otros elementos en buen estado que decidan ser donados por empresas de construcción, demoliciones, instituciones, corralones y demás particulares en general, en beneficio de familias y personas con dificultades habitacionales”, según el diario El Tiempo.

En cuanto al objetivo del “Banco Solidario Municipal de Materiales”, se indicó que es el de “articular el relevamiento, recolección, acopio y entrega gratuita de materiales de construcción nuevos o usados que, vecinos e instituciones, depositen en la vía pública”. La Dirección de Tierra y Hábitat de la comuna sería la autoridad de aplicación, que “recibirá, acopiará y administrará la distribución de todos los materiales donados. Asimismo, asistirá con apoyo técnico las obras de los beneficiarios que así lo soliciten”.

Asimismo, se determina que los beneficiarios serán “todas aquellas familias y personas de escasos recursos que soliciten sus servicios y posean domicilio en algunas de las localidades” del partido de Azul. “En todos los casos, la necesidad habitacional deberá estar debidamente acreditada por informes fundados de los trabajadores sociales municipales. Para la selección de los beneficiarios se conformará un registro público de aspirantes, para garantizar un acceso transparente y equitativo”.

La iniciativa lleva las firmas de los concejales Inés Laurini, Gastón Blando, Agustín Puyou, Xavier Cabrera, Gastón De Dominicis, Gisela Arbiza, Natalia Colomé, Valeria Hiriart, Jorge Ferrarello y Nicolás Cartolano. El proyecto será tratado el martes, en la sesión ordinaria del Concejo.

En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, se aprobó la ordenanza “Fomentar Boxeo”, una iniciativa que busca promover las buenas prácticas deportivas, la salud y el fortalecimiento de los gimnasios dedicados al boxeo en nuestra ciudad.

El concejal Federico Martínez, impulsor del proyecto y referente del sector, expresó durante la sesión:“El objetivo principal es trabajar, fortalecer y promover una práctica que en Tandil y en nuestro país tiene una relevancia histórica. Además, el boxeo posee una particularidad: se desarrolla en contextos donde el deporte se convierte en una herramienta de inclusión social. Esta ordenanza apunta a acompañar y respaldar tanto a los jóvenes que practican boxeo en nuestra ciudad como a los gimnasios que los contienen, que han hecho de Tandil una cuna de esta disciplina”.

El presidente del bloque de Unión por la Patria también señaló que: “Hasta ahora, esta actividad se ha sostenido gracias al esfuerzo de profesores, gimnasios y familias que han transmitido esta práctica virtuosa de generación en generación, muchas veces en espacios reducidos o sin las condiciones ideales. A través de este programa, buscamos que el Municipio de Tandil pueda mejorar estos lugares mediante la presentación de proyectos para adquirir insumos, adecuar instalaciones y sumar buenas prácticas en salud y nutrición para los deportistas”.

Finalmente, el concejal Martínez remarcó: “El deporte es un factor fundamental de inclusión en nuestra comunidad. Uno de los ejes centrales de esta ordenanza es la articulación con el Sistema de Salud, que permitirá acompañar a los chicos y sus familias con controles médicos y nutricionales, una tarea que excede las posibilidades de los gimnasios. Esto permitirá que más jóvenes puedan acceder al deporte, sin barreras económicas, en espacios adecuados y bajo condiciones que favorezcan el desarrollo de valores fundamentales como la disciplina y el compromiso. Todo esto es parte de pensar una ciudad a largo plazo y de construir colectivamente el futuro que queremos para nuestros pibes”.

La ordenanza consta de ocho artículos y tiene como objetivo central “fomentar las buenas prácticas deportivas, jerarquizar la actividad y mejorar las condiciones de los gimnasios de boxeo”. Sus destinatarios son tanto los gimnasios e instituciones donde se practica boxeo como los propios deportistas.

El programa contempla tres líneas de acción principales:

También se creará un Registro de Gimnasios de Boxeo que incluirá a los espacios que deseen incorporarse al programa y que cuenten con al menos un 20% de estudiantes becados.

El concejal del PRO Juan Manazzoni presentó un proyecto de ordenanza para regular el servicio de transporte privado de pasajeros que se presta mediante plataformas digitales, como Uber.

“La iniciativa busca establecer un marco normativo que contemple las nuevas formas de movilidad urbana, promoviendo reglas equitativas para todos los actores del sistema, garantizando la seguridad de los usuarios y asegurando una competencia justa con los servicios de taxis y remises habilitados”, manifestó Manazzoni.

El proyecto propone la creación de un Registro Municipal de Prestadores del Servicio de Transporte Alternativo mediante Aplicaciones, donde deberán inscribirse obligatoriamente los conductores y vehículos que operen bajo esta modalidad.

Además, establece requisitos específicos en cuanto a documentación, condiciones técnicas de los vehículos y seguros.

Asimismo, de acuerdo a la propuesta, las plataformas tecnológicas que operen en Tandil deberán compartir información relevante con el Municipio, garantizar la protección de los datos personales de los usuarios y asegurar condiciones de contratación claras y transparentes.

“La regulación del transporte por aplicaciones es una deuda pendiente en Tandil. Queremos garantizar igualdad de condiciones, cuidar el trabajo de quienes cumplen con las normas y brindar más seguridad a los vecinos”, sostuvo Manazzoni.

Y agregó: “apuntamos a permitir la modalidad de viaje compartido y a flexibilizar la normativa para taxis y remises, permitiendo a los conductores de taxis y remises que presten su servicio a través de estas aplicaciones”.

El proyecto ya fue ingresado formalmente y se encuentra a la espera de tratamiento en la Comisión de Transporte y Tránsito.

El concejal Darío Méndez reiteró su pedido para la creación del Fondo de Mejoramiento de Veredas, denominado “Mejor Andar”, una herramienta pensada para financiar la construcción, reparación y mantenimiento de las veredas públicas en Tandil. El proyecto, presentado hace un tiempo por el edil, se encuentra en evaluación por parte del Departamento Ejecutivo, y se aguarda una respuesta desde el Concejo Deliberante.

Según explicó Méndez, el objetivo central es brindar apoyo a los vecinos que no pueden afrontar los costos de estas obras, al tiempo que se establecen criterios de accesibilidad y sustentabilidad. “Queremos crear un fondo que acompañe a los vecinos a la hora de reparar y construir veredas, y que también eleve los estándares para que sean accesibles a todos los tandilenses”, señaló el concejal, y agregó: “La idea es que pueda financiarse con un sistema de cuotas para aliviar la carga económica, especialmente en un momento en que muchas familias están atravesando dificultades”.

El proyecto también contempla un esquema de participación para pequeñas empresas locales y cooperativas, como forma de fomentar el desarrollo de la economía regional. “Impulsamos la economía local y el asociativismo mediante un sistema de preferencias para este tipo de empresas”, detalló Méndez.

Respecto de la importancia de la iniciativa, el edil subrayó que “hay una necesidad concreta de mejorar, reparar y garantizar la accesibilidad de las veredas públicas, que son parte de la infraestructura urbana y que han sufrido un deterioro progresivo, agravado por la situación económica que atraviesan muchos vecinos”.

Los objetivos de la ordenanza, explicó, se basan en tres ejes: mejorar, construir y reconstruir veredas para optimizar la transitabilidad; fomentar la economía local a través del impulso a la industria de la construcción; y fortalecer el cooperativismo como agente del desarrollo local.

En cuanto a la implementación, Méndez indicó que serán los vecinos quienes podrán solicitar la inclusión en el programa, a través de dos modalidades: con el aporte de materiales por parte del frentista, o con asistencia integral del Municipio. Las obras podrán ser ejecutadas por personal municipal o por cooperativas de trabajo contratadas para ese fin.

El concejal también remarcó la necesidad de establecer criterios técnicos para asegurar la accesibilidad. “Que las veredas tengan rampas y superficies antideslizantes es fundamental para que no representen una barrera para adultos mayores o personas con discapacidad motriz. También proponemos que se utilicen materiales sostenibles y que se promueva la vegetación urbana”, sostuvo.

Por último, Méndez se refirió al esquema de financiamiento del programa. “El fondo se sostendría con una asignación específica del presupuesto municipal, recursos provenientes de programas provinciales y nacionales, la plusvalía de los convenios urbanísticos, y la devolución de los vecinos que adhieran al plan de pagos”, concluyó.

Luego de la entrada en vigencia desde el primero de enero de dos ordenanzas que modifican los requisitos de habilitación para taxis y remises, el concejal Darío Méndez consideró que a partir de esto se debería mejorar la oferta y el servicio en general del transporte privado de personas.

En marzo del año pasado se aprobaron estas modificatorias presentadas por Méndez, que comentó: “La discusión se dio en un contexto en el que la falta de taxis y remises se volvió muy acuciante, a partir de esto llevamos una modificación de la ordenanza para ampliar a partir de este año la antigüedad y su tiempo de permanencia a 12 años, con la regulación anterior sacaba autos de servicio rápidamente y ponía altos requisitos para su renovación, creemos que esto es un paso hacia reglas más claras para la competencia sobre todo en los tiempos de desembarco de plataformas”.

Con respecto a cómo va a regir la nueva normativa aclaró que “a partir del primero de enero modelos del 2013 en adelante van a poder circular por la ciudad, y pueden extender su vida útil por doce años desde su habilitación, entendemos que esto hoy en día tiene mucho más sentido debido a la incorporación tecnológica que han tenido los nuevos coches, sumado a que la verificación vehicular exigida mantiene los estándares anteriores”. A su vez agrego que en su momento la modificación implicó que "un trabajo tanto dentro del Concejo Deliberante como reuniones con los representantes de las agencias de remises, así como con el Sindicato de Taxistas para abordar este problema en conjunto con los encargados de realizar este servicio, buscando mejorar la competitividad del sector".

En síntesis el edil de Unión por la Patria planteó: “el objetivo final de la modificatoria es ampliar el parque automotor destinado al transporte, permitiendo a los taxistas y remiseros la posibilidad de mayor durabilidad de los vehículos y recupero de la inversión, a la vez que el usuario se ve beneficiado por una mayor y mejor oferta”, y agregó que “parte también de un reclamo de los taxis y remises de igualar las condiciones de competencia y poner reglas claras frente al desembarco de plataformas que tienen estándares más laxos, sumado a que un mercado donde aumentan los insumos desde los combustibles a las autopartes es necesario proyectar una vida útil más a largo plazo de las unidades en beneficio del usuario también”.

El texto de la ordenanza vigente a partir de este año mantiene los estándares exigidos a los vehículos en cuanto a verificaciones y habilitaciones mientras que plantea como requisito para remises como para taxis “Ser modelos con doce (12) años de antigüedad como máximo al momento de la habilitación y podrán circular con un máximo de hasta doce (12) años de antigüedad. En caso de no cumplir con dichos requisitos se otorgará una prórroga de dos (2) años para su adecuación”.

Durante la última sesión se aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza impulsado por la bancada de Unión por la Patria para declarar al 14 de marzo como “Día de la Endometriosis” en el ámbito de Tandil, sumado a la adhesión a la Ley Provincial de Endometriosis Nº 15.491.

La concejala Noelia Domenighini, impulsora del proyecto, declaró: “en el mes de Julio se aprobaron dos leyes en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires que abordan esta problemática de salud pública, que muchas veces ha sido invisibilizada y sin embargo es tan cercana a tantas mujeres”. 

Acerca de esta enfermedad describió que “es una enfermedad que en su mayoría afecta a mujeres menstruantes con el crecimiento fuera del útero del tejido endometrial y no solamente dentro de la cavidad abdominal, sino dentro de otros órganos, provocando un dolor muy intenso e incapacitante, afectando la capacidad laboral de muchas mujeres, llegando a perder trabajos producto de esta enfermedad, además de producir en cerca de la mitad de los casos la incapacidad de gestar, así como depresión y ansiedad por el dolor constante que significa”. 

Ponderó a su vez que es una enfermedad que se encuentra dentro de un subregistro “debido al tabú que hay acerca del dolor menstrual, lo que la hace una enfermedad invisibilizada, que muchas veces no se diagnostica a tiempo, por lo que consideramos que se hace necesario tomar iniciativas de este tipo que permitan dar a conocer la misma, hacerla cada vez más pública para que se reduzca el impacto que tiene en la vida de las mujeres”.

En su alocución ponderó las leyes provinciales las cuales “se sancionaron luego de mucho trabajo, haciéndose eco del trabajo de organizaciones sociales, de mujeres agrupadas que trataron de visibilizar este problema, por suerte en julio se sancionó la ley 15.491 que establece la garantía al derecho a la salud para las mujeres que atraviesen la endometriosis y también el acceso integral a los tratamientos y diagnósticos, sometiendo dentro de la cobertura a los efectores públicos y a IOMA, llevando a la cobertura del 100% a cirugías y terapias hormonales, así como se puede mencionar la incorporación a la currícula a través de la Educación Sexual Integral”.

Finalmente rescató del proyecto “la importancia de declarar el 14 de marzo como Día de la Endometriosis en Tandil, con el objetivo de visibilizar esta problemática, sumandole la realización de campañas que permitan sensibilizar a la ciudadanía e iluminar el Palacio Municipal con el color amarillo, que es el que caracteriza a la lucha contra la endometriosis y que es sinónimo de la lucha de las organizaciones de mujeres”.

El pasado jueves se aprobó con el voto positivo de todos los ediles una ordenanza que buscará ponerle un límite a la situación desbordada que atraviesa la ciudad con los robos de cables. A través de la misma se creará un Registro Municipal de Acopiadores, Operadores, Transportistas y Vendedores de Metales No Ferrosos el cual servirá para conocer la trazabilidad de esos materiales y por ende se buscará achicar el margen de maniobra para los que se encargan de comerciar el cobre extraído de forma ilegal.

Para conocer más acerca de la nueva legislación, Guillermina Cadona dialogó con el ciclo radial “La Mañana de El Eco de Tandil” (104.1 Tandil FM y Eco TV) y comentó que “más allá de la creación del registro, lo que intentamos es conocer la trazabilidad de estos materiales. Fue lo que estuvimos trabajando en ambas comisiones, en Derechos Humanos y Seguridad y en Interpretación y Asuntos Legales”.

El proyecto aprobado contó con el trabajo en conjunto de todos los bloques, entendiendo la importancia de la problemática y para darle celeridad a una ordenanza que se cree necesaria ante el aumento desmedido de robos de cables que tuvo la ciudad. “Se hicieron muchos esfuerzos, pero creemos que esto de crear el registro es darle un cerco y qué cuando alguien va a vender este material, la persona pueda saber de dónde salió, quién lo vendió, cómo lo compró, en qué lo llevó”, indicó Cadona.

La presidenta de la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales explicó que la implementación de la ordenanza se va a llevar a cabo entre el Ejecutivo y la policía. Las fuerzas de seguridad ya tienen esta función a partir de la Ley Provincial 13.564 especialmente en todo lo que tiene que ver con los desarmaderos o las chatarrerías, donde a partir del control detectan las irregularidades. 

Ahora se suma el Ejecutivo para poder hacerlo en conjunto como autoridad. Por eso manifestó que “está la Dirección de Habilitaciones pero a su vez cualquier otra área que el Ejecutivo crea, y eso quedó especificado en el proyecto de ordenanza, que es necesario para poder hacer este trabajo, se sumará a esta actividad”. 

Las conversaciones para efectuar la ordenanza se vienen llevando a cabo tiempo atrás. Desde el Ejecutivo ya tuvieron charlas con la Dirección de Inspección y con la Secretaría de Protección Ciudadana para empezar a dilucidar cómo se aplicarán los controles. A su vez, según comentó Cadona, ya se realizaron reuniones con jefes policiales para plantear diferentes estrategias.  

“Una vez que se haga una discusión para que todos sepan quiénes se tienen que incorporar a este Registro, desde el Ejecutivo se reunirán con todos los rubros que se visualizan que tienen que ser parte. Una vez que se implementa el registro se hará la manera de poder inspeccionar en conjunto siempre con la policía”, comentó la concejal oficialista.

Para llevar a cabo la ordenanza será fundamental el rol de la policía. Ellos serán los encargados de realizar los controles de estos lugares y controlar la trazabilidad. “Para nosotros es muy importante tener los datos, nombre y apellido, documento, domicilio y un montón de cuestiones, como cuál fue la modalidad por el que se obtuvo este material. Es un trabajo en conjunto el que se va a realizar”, señaló.

En ese sentido, la edil destacó que no es simplemente la creación de un Registro, sino que ese registro va a servir para poner mayores trabas a la situación que estaba transcurriendo en la ciudad con el robo de cables. También contó que se van a tener que inscribir fundiciones, desarmaderos, depósitos y todos los que trabajen de alguna manera con este material no ferroso. 

Vale destacar que habitualmente se habla de cobre, que es el principal insumo, pero serían todos los metales que no son hierro y sus aleaciones. Además de cobre, entra el aluminio, estaño, plomo o níquel, entre otros.

“Nosotros creemos que quedó un texto muy completo”, señaló Cadona que luego indicó: “Fue un trabajo en el que aportaron todos los bloques. Todos quisimos darle celeridad al tema. Es un tema que preocupa a la ciudad y todos los bloques aportaron para que quede un proyecto de ordenanza bastante amplio”.

Por último, Cadona hizo referencia a las sanciones que podrían aplicarse a quienes no se pongan en regla una vez que se habilite el registro. En ese sentido comentó que habrá treinta días para crear el registro y si no se habilitaron se aplicarán multas elevadas desde lo económico. “Son de un 2000 por ciento de una Categoría 4 de un empleado municipal. Realmente se pensó en una Ordenanza que pueda aplicarse de una manera fuerte”, aseguró. 

Como parte de las acciones impulsadas para prevenir el robo de cables, este viernes el Ejecutivo local elevó un proyecto de ordenanza para crear el “Registro Municipal de Acopiadores, Operadores, Transportistas y Vendedores de Metales no Ferrosos”, entre los que se encuentra el cobre.

La intención de las autoridades comunales es que en ese registro se deban reportar todas las operaciones efectuadas, posibilitando ejercer un control efectivo sobre trazabilidad del metal no ferroso durante toda la cadena de tratamiento que va desde la obtención del material hasta comercialización final, e incluye el transporte en cualquiera de sus formas.

Además, esta iniciativa permitirá al Municipio de Tandil y a las autoridades policiales y judiciales poseer un conocimiento cierto y actualizado de los sujetos que legalmente intervienen y/o participan en la cadena de obtención, comercialización y transporte de este tipo de materiales dentro del partido, y posibilitará conocer las operaciones declaradas por los intervinientes en toda la cadena de comercialización.

El proyecto elevado, que se deberá tratar en el Concejo Deliberante, establece en sus diferentes artículos las funciones principales del registro, quiénes estarán obligados a inscribirse y las diferentes sanciones por incumplimientos a la normativa.

A su vez se indica que las personas humanas y/o jurídicas obligadas a inscribirse también deberán ajustarse a las prescripciones de la Ley Provincial N° 13564 y su decreto reglamentario N° 1018/07.

El robo de cables es un delito que aumenta notoriamente en la ciudad y gran parte de la República Argentina, afectando al transporte y distribución del suministro de electricidad y servicios de telefonía y comunicaciones.

Además estos robos provocan daños materiales a las empresas prestadores de los servicios de suministro de energía eléctrica, de telefonía, comunicaciones y al Municipio, generando un perjuicio a la población del Partido de Tandil, que en muchas ocasiones sufre la interrupción del servicio o suministro afectado por el delito.

Desde hace tiempo el Municipio, en conjunto con fuerzas de seguridad, la justicia y organizaciones e instituciones viene trabajando para prevenir y evitar este tipo de hechos.

En ese contexto se impulsó esta nueva acción, que se espera cuente con el acompañamiento del cuerpo legislativo de la ciudad.

La ONG Estrellas Amarillas solicitó el uso de la Banca 21 y este miércoles, esperan su aprobación. Durante la próxima sesión del Concejo Deliberante presentará a los concejales, tres proyectos con lineamientos viales.

El integrante de la organización, Hernán Mansilla conversó este lunes con Eco Noticias y destacó la iniciativa ciudadana que solicita reformas de prevención ante los siniestros de tránsito.

En esta línea, sostuvo “mañana los presidentes de los tres bloques que hay en el Concejo son los que van a aprobar el otorgamiento de la banca 21”.

Las tres iniciativas consisten en tratamientos de problemáticas para siniestros viales que se viven día a día en la ciudad. Particularmente en “en la Ruta Nacional 226 en la que, lamentablemente, anoche se llevó la vida de otro vecino de Tandil”, dijo Mansilla y continuó “otro proyecto es la creación de un parque de educación vial para niños y jóvenes”.

El tercero “está relacionado a un relevamiento de rampas que están en la via pública en todas las esquinas para las personas que poseen discapacidad motriz y visual”. 

Desde Estrellas Amarillas presentarán “un proyecto de ordenanza que legisle la obligatoriedad de esas rampas”.

RESUMEN DE LA SOLICITUD:

1) DESCRIPCION DEL PROYECTO: AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO A NEGOCIAR Y SUSCRIBIR CONVENIO DE CESIÓN/TRANSFERENCIA DEL TRAMO URBANO DE LA RUTA NACION 226 AL DOMINIO PUBLICO MUNICIPAL / PROPUESTA TRASLADO RUTA NACIONAL 226 A RP 74 Y 30

Entre las funciones del Gobierno Municipal, se encuentra la de suscribir convenios con otras  jurisdicciones nacionales e internacionales, para resolver distintas problemáticas y favorecer el desarrollo regional equilibrado de la ciudad.

Con fecha 16 de marzo de 2022 la ONG que representamos junto a otras veinticuatro instituciones educativas, deportivas, religiosas, y asociaciones civiles de nuestra ciudad, presentamos requerimiento formal ante la Dirección Nacional de Vialidad solicitando la urgente intervención de dicho organismo en el trayecto urbano de la RN226 y colectoras aledañas.- El crecimiento urbano de nuestra ciudad, tanto hacia el Norte como hacia el Sur de la RN 226, ha generado que cotidianamente gran cantidad de vecinos deban cruzar y/o circular sobre dicha arteria varias veces al día. Esto, sumado al tráfico propio de la ruta, provoca a diario un número alarmante de siniestros viales, con personas lesionadas y víctimas fatales.

La estructura actual de la RN 226 con las rotondas existentes ha quedado obsoleta ante el gran flujo de vehículos que cruza en forma permanente la citada ruta.

Es por esto que proponemos una Ordenanza que autorice al Departamento Ejecutivo a negociar y suscribir con Dirección Nacional de Vialidad la cesión/transferencia del tramo urbano de la Ruta Nacional Nro. 226 -desde intersección Ruta Provincial Nro. 30 hasta acceso el Paraíso- al dominio público municipal; trasladando por consiguiente el tramo de Ruta Nacional en forma superpuesta con Ruta Provincial 74 y 30, es decir creando una variante natural que desvíe el transito fuera de la ciudad de Tandil.-

Este tipo de obras viales (variantes/circunvalaciones), solucionaron en forma definitiva problemáticas viales como las que provoca la RN226; por ejemplo, en la ciudad de Neuquén, Córdoba, Rosario, Posadas, Lujan, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Arrecifes, Pergamino, etc.-

Este proyecto además de erradicar el transito pasante que no beneficia a nuestra ciudad, permitiría urbanizar definitivamente las dos partes de la ciudad -hoy divididas por la ruta nacional-. Estas soluciones fueron tratadas con representantes de Vialidad Nacional y de la UNICEN en la Reunión del 01/06/2022.-

Respecto a las anteriores propuestas realizadas sobre esta problemática, debemos mencionar que el proyecto de desviar la traza de la RN226 al norte de la ciudad por Av. Circunvalación, actualmente es inviable dado que en dicha zona ya existen barrios como Graduados, Villa Leonor, La Unión, etc; lo cual solo trasladaría la problemática actual a dicha zona de la ciudad. -

Asimismo, tampoco es viable la propuesta de elevar la RN226 sobre los cruces de las rotondas de Av. Espora y/o Av. Falucho; dado que estas obras no priorizan el cruce de peatones ni de ciclistas -hay clubes, escuelas a ambos lados de la ruta-. Además, la problemática no solo se enfoca en dichos cruces viales, sino a lo largo del trayecto comprendido entre el acceso El Paraíso y la Ruta Provincial 30.-

2) DESCRIPCION DEL PROYECTO: PROTEGER Y ASEGURAR EL ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A SERVICIOS, INSTALACIONES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD - ADHIEREN A ESTA SOLICITUD: EEE NRO. 501 - CENTRO DE FORMACION LABORAL NRO. 1 - CENTRO TERAPEUTICO EL ANDAMIO - CIANE TANDIL - CENTRO DE DIA MANOS ABIERTAS

Habiendo realizado un relevamiento de las rampas para personas con discapacidad en la ciudad de Tandil, y ante la gravedad que arrojaron los datos recabados; venimos a proponer se legisle sobre este tema, proponiendo que en los sectores de la ciudad que aún no existieren rampas que vinculen la vereda con la calzada, se realícese progresivamente la construcción de las mismas en las intersecciones viales. Asimismo, proponemos la obligatoriedad de construcción de rampas en las nuevas calles donde se construyan cordones cunetas y/o asfalto en las calles de Tandil.

Lo propuesto con la finalidad de promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad, y por lo tanto a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos constitucionalmente.

3) DESCRIPCION DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO PARA LA EDUCACIÓN VIAL DE LOS/AS NIÑOS/AS

Un parque infantil de Educación Vial está destinado a la educación vial de nuestros hijos, teniendo como objeto aprovechar su tiempo de ocio en su formación mientras se divierten, al enseñar cómo tienen que conducirse desde pequeños, hay muchas más  probabilidades que internalicen los peligros a los que se exponen y los que pueden causar cuando ya tengan edad de conducir.

Un Parque de Seguridad Vial constituye un recurso inagotable para   implementar   prácticas concretas con sentido didáctico-pedagógico, donde se cultiva el valor de la vida, se aprende desde la propia experiencia y se encuentra respuesta a la problemática vial, tan instalada en nuestra sociedad. Así, esta propuesta educativa fomenta conductas y actitudes desde temprana edad para lograr usuarios responsables en la vía pública, a los fines de disminuir los accidentes de tránsito y atenuar el impacto económico y social que los mismos generan en la sociedad.

Es de suma importancia abordar esta temática en niños/as desde los 3 años, fomentando la enseñanza de la prevención y seguridad vial poniendo especial atención en los primeros años de vida, periodo en el que se consolidan las actitudes, los valores y el respeto.

Para hacer esto posible, las instalaciones podrán contar con un aula de capacitación y un circuito que reproduce calles y señalizaciones que pueden encontrarse en toda ciudad.

Estas instalaciones serán utilizadas por alumnas/os de los distintos niveles educativos de la ciudad (jardín, primario y secundario), asegurando la educación vial a todas/os estudiantes de la ciudad.

Tras una reunión en la que participó el Centro Cultural Universitario de artistas, productores y espacios culturales, junto a las concejalas del Frente de Todos, Daiana Esnaola y Gualdalupe Garriz, comenzaron a trabajar sobre una ordenanza que pretende impulsar a los artistas locales en el marco del año del Bicentenario de la ciudad.

Dicho proyecto busca que todas las producciones organizadas por el Municipio de Tandil, deban incluir artistas locales de forma remunerada, según lo estipulado por las leyes vigentes. El mismo, establece un piso que permitirá potenciar y visibilizar la cultura local. A su vez, crea herramientas fiscales para que los privados se sumen a esta iniciativa.

En el marco del encuentro, la presidenta de la Comisión de Cultura y Educación del Concejo Deliberante e impulsora de la reunión, Daiana Esnaola comentó “Esto surge en el marco de un reclamo histórico por parte de las y los artistas, el cual sumado a la presentación del cronograma de eventos del Bicentenario, deja al descubierto la necesidad de pensar políticas públicas para el sector que legislen el lugar que debe ocupar en los 200 años de Tandil”.

 Agradeció la participación y los aportes hechos por los representantes de la cultura local y agregó “Con este proyecto buscamos mostrar que en Tandil tenemos expresiones culturales de primer nivel que, para seguir creciendo, necesitan apoyo del Estado y los privados, siendo una gran oportunidad para impulsar expresiones culturales que reflejen realmente la historia de nuestra ciudad, donde la cultura y el turismo son, y han sido, dos sectores fundamentales para el crecimiento de la misma”.