El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto de ordenanza para declarar la Emergencia Alimentaria y Nutricional en todo el partido de Tandil durante un período de 12 meses, ante el incremento de la demanda de asistencia y las dificultades que atraviesan comedores, merenderos y organizaciones comunitarias para sostener sus actividades.

La propuesta busca fortalecer los programas municipales destinados a garantizar el acceso a los alimentos, mejorar la calidad nutricional de las prestaciones y establecer mecanismos de articulación entre el Estado, las instituciones y los espacios que trabajan diariamente con familias en situación de vulnerabilidad.

Desde el bloque opositor advirtieron que el contexto económico profundizó las dificultades de numerosos hogares para cubrir sus necesidades básicas, una situación que se refleja en la creciente concurrencia a los dispositivos de asistencia alimentaria distribuidos en distintos barrios de la ciudad.

En ese marco, la concejal de Fuerza Patria, Cacha Cena, reclamó una respuesta urgente por parte del Estado municipal y consideró necesario reconocer formalmente la gravedad de la situación.

"El que no se quiere dar cuenta debe ser ciego, la emergencia hay que declararla porque los comedores y merenderos cada vez están peor, no dan abasto, al igual que en la pandemia", sostuvo la edil.

La concejal también hizo referencia a un informe elaborado por el Observatorio Social de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), que aborda la situación de los espacios comunitarios dedicados a brindar asistencia alimentaria.

Asimismo, manifestó su preocupación por el escenario que podría presentarse durante los próximos meses, especialmente por las necesidades alimentarias de niñas y niños de cara a diciembre.

Entre las principales medidas contempladas en el proyecto se encuentra el fortalecimiento de los programas municipales de asistencia alimentaria, con el propósito de ampliar la cobertura y mejorar las condiciones de acceso para las familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

La iniciativa también propone actualizar los montos de las tarjetas y prestaciones alimentarias tomando como referencia la Canasta Básica Alimentaria, de manera que los recursos destinados a la compra de alimentos puedan acompañar la evolución de los precios.

Otro de los puntos establece la necesidad de gestionar mayores recursos ante los gobiernos provincial y nacional, con el objetivo de incrementar las partidas destinadas a sostener los dispositivos de asistencia.

En cuanto a la calidad nutricional, el proyecto plantea priorizar la distribución de alimentos frescos, leche y productos sin gluten, además de garantizar el abastecimiento regular de comedores, merenderos y otros espacios comunitarios que brindan asistencia a vecinos.

De esta manera, la propuesta no se limita a incrementar la cantidad de alimentos disponibles, sino que también apunta a mejorar su variedad y valor nutricional.

La iniciativa incorpora medidas destinadas a vincular la asistencia alimentaria con el entramado productivo de Tandil.

En ese sentido, propone que el Municipio priorice, dentro de las posibilidades que establece la normativa vigente, la compra de alimentos a productores locales, cooperativas y emprendimientos de la economía social y popular.

Entre los sectores contemplados también se encuentran aquellos registrados en el Régimen de Cocinas Domiciliarias (Codo), con la intención de favorecer la participación de pequeños productores y elaboradores locales en los mecanismos de abastecimiento.

Otro de los aspectos centrales es la creación de una Mesa Local de Seguimiento de la Emergencia Alimentaria y Nutricional, que estaría integrada por representantes del Departamento Ejecutivo, concejales de diferentes bloques políticos, organizaciones comunitarias, la Unicen y el Banco de Alimentos.

Este espacio tendría como finalidad coordinar acciones, evaluar la implementación de las medidas y realizar un seguimiento permanente de la situación alimentaria en el distrito.

La propuesta busca, además, generar una instancia de trabajo conjunto que permita identificar necesidades, optimizar recursos y fortalecer la articulación entre los distintos actores involucrados en la asistencia.

El proyecto también establece mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas sobre las medidas que eventualmente se implementen.

Según la iniciativa, el Departamento Ejecutivo debería presentar un informe a los seis meses de declarada la emergencia, en el que se detallen las acciones desarrolladas, los recursos utilizados y la cantidad de personas, hogares y espacios comunitarios alcanzados por los programas.

Antes de que se cumpla el plazo de 12 meses, el Municipio tendría que realizar una evaluación integral de los resultados obtenidos y de la situación alimentaria del distrito.

En caso de que las condiciones que motivaron la declaración persistieran, el Ejecutivo podría solicitar una prórroga de hasta un año adicional, que debería ser considerada por el Concejo Deliberante.

Por el momento, la declaración de emergencia constituye una propuesta legislativa que deberá atravesar el correspondiente tratamiento en el cuerpo deliberativo.

Con esta presentación, Fuerza Patria busca instalar la problemática alimentaria entre las prioridades de la agenda municipal y promover una respuesta institucional que permita acompañar a las familias con mayores dificultades económicas, garantizar el funcionamiento de los espacios comunitarios y fortalecer las políticas de asistencia en Tandil.

El Municipio de Tandil elevó al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza destinado a promover y fortalecer la industria audiovisual local, mediante la creación de un organismo específico y la implementación de herramientas de acompañamiento y financiamiento para las producciones desarrolladas en la ciudad.

La propuesta surgió luego de varios meses de trabajo conjunto entre representantes del sector audiovisual tandilense y la Subsecretaría de Cultura y Educación, con la intención de consolidar una actividad que combina la expresión artística y cultural con la generación de empleo y nuevas oportunidades productivas.

Uno de los principales puntos del proyecto es la creación del Consejo Municipal Audiovisual Tandil (Cmat), que tendrá como finalidad impulsar el crecimiento del sector y acompañar iniciativas vinculadas con el cine, la televisión, las plataformas digitales, el video, la animación y otras producciones audiovisuales.

La iniciativa reconoce a esta actividad como una industria cultural capaz de generar puestos de trabajo para técnicos, artistas y profesionales, además de movilizar otros sectores de la economía local, como el turismo, los servicios y la producción.

En paralelo, busca estimular la creación de contenidos que reflejen la identidad, las historias y los paisajes de Tandil, favoreciendo la difusión de expresiones culturales propias de la ciudad y la región.

Entre las herramientas contempladas por el proyecto se encuentran diferentes mecanismos de fomento y financiamiento, como subsidios, becas, programas de apoyo, inversiones, aportes y coproducciones.

También se plantea la posibilidad de impulsar proyectos mediante financiamiento colectivo, patrocinio y otras modalidades de participación ciudadana que permitan contribuir al desarrollo y sostenimiento de las producciones.

De todos modos, los mecanismos específicos para poner en funcionamiento estas herramientas deberán establecerse mediante la normativa municipal correspondiente, por lo que su implementación dependerá de las disposiciones que se adopten posteriormente.

En cuanto a la integración del nuevo organismo, el Consejo Municipal Audiovisual Tandil contará con dos representantes del Departamento Ejecutivo, uno designado por la Secretaría de Desarrollo Productivo y otro por la Subsecretaría de Cultura y Educación. Uno de ellos ejercerá como director ejecutivo.

Además, participarán dos representantes titulares y un suplente del sector audiovisual local, junto con un representante del Consejo Provincial de la Producción Audiovisual Bonaerense, correspondiente a la Región Sierras y Atlántico Sur.

Según establece la propuesta, todos los integrantes desempeñarán sus funciones ad honorem, sin percibir remuneraciones por su participación en el organismo.

El proyecto también destaca las condiciones que reúne Tandil para posicionarse como un espacio de desarrollo de la industria audiovisual.

Entre sus principales fortalezas aparece la presencia de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), que contribuye a la formación de profesionales, técnicos y artistas vinculados con el sector.

A esto se suma el crecimiento de la industria tecnológica local y la disponibilidad de escenarios naturales y urbanos que ofrecen posibilidades para la realización de películas, series, documentales y otras producciones.

En ese marco, la iniciativa apunta a fortalecer la articulación entre el Estado municipal, los realizadores, las instituciones educativas y los distintos actores relacionados con la actividad, con el propósito de aprovechar los recursos y capacidades existentes.

Desde el Ejecutivo también señalaron que la propuesta adquiere relevancia en un contexto de reducción de los recursos destinados al fomento de la producción cultural y audiovisual, por lo que consideran necesario desarrollar herramientas locales que permitan sostener y ampliar las oportunidades laborales y productivas.

El proyecto deberá ser analizado por el Concejo Deliberante, que tendrá la responsabilidad de debatir su contenido y definir su eventual aprobación.

De obtener el respaldo legislativo, Tandil avanzaría en la conformación de un espacio institucional destinado a acompañar a los realizadores locales, promover nuevas producciones y consolidar a la ciudad como un polo de desarrollo audiovisual.

El concejal Federico Martínez salió a recorrer veredas del centro de Tandil y solo encontró una en buen estado: la del frente de la Municipalidad. Por eso hizo una publicación en sus redes sociales, a partir de la cual denunció que el gobierno local tiene “cajoneada” desde hace un año y nueve meses una propuesta de ordenanza para el mejoramiento de las veredas y otros espacios públicos de la ciudad.

“Se olvidaron de los barrios y ahora también se olvidaron del centro”, expresó Martínez, para dar a conocer la demora municipal con respecto al análisis de la iniciativa Fondo de Mejoramiento de Veredas – Mejor Andar.

En concreto, lo presentado propone que el Municipio financie los materiales y la ejecución de veredas en aquellos casos donde los vecinos no puedan afrontar el costo por cuenta propia. El financiamiento del fondo se integraría a través de partidas específicas del presupuesto municipal, fondos externos y convenios urbanísticos ya existentes.

El Municipio podría financiar obras por un valor de hasta cuatro salarios básicos municipales categoría 1. El importe podría destinarse a materiales (comprados a comercios locales, con la posibilidad de costear hasta un 70 por ciento total  del valor), o hasta un 30 por ciento de la mano de obra.

“En caso de que el monto destinado para un frentista en particular no alcance a cubrir la totalidad de la obra el mismo podrá acceder de igual manera al programa, siendo responsabilidad de este completar el monto necesario para dicha obra”, señala el proyecto.

El frentista  podrá afrontar el costo de los materiales y la mano de obra al contado -con un descuento que el Municipio podría aplicar de hasta un 15 por ciento-. o financiado (con un anticipo de un 15 por ciento, y un plan de pago hasta en 30 cuotas con una tasa máxima de un 12 por ciento.

"No se aumenta ni se crea ninguna tasa. La responsabilidad sigue siendo del frentista. Pero con este proyecto, el Municipio acompañaría a los frentistas a hacer, terminar o arreglar la obra de la vereda", precisó el concejal, en referencia a que el proyecto ha sido diseñado bajo criterios de responsabilidad fiscal y eficiencia administrativa.

La propuesta de ordenanza, que permanece sin tratamiento efectivo, busca establecer un esquema de colaboración entre el Estado y los frentistas. A su vez se vincula a otra presentada por el mismo bloque, la de Plazas Seguras. Ambas buscan generar recursos y herramientas para que desde el Estado municipal se promueva la puesta en valor de espacios públicos

Mejorar las veredas de Tandil

El proyecto presentado para mejorar veredas detalla una serie de beneficios que exceden la simple estética urbana. Entre los considerandos,destaca que la puesta en valor permitirá que las personas con discapacidad puedan desplazarse con mayor seguridad, eliminando barreras arquitectónicas. 

Asimismo,  hace hincapié en que una infraestructura bien mantenida reduce los riesgos de accidentes, fomenta el desarrollo económico local al contratar mano de obra y cooperativas de la zona, y promueve la sostenibilidad mediante el uso de materiales de calidad.

Desde Fuerza Patria instaron al Ejecutivo a retomar el tratamiento de esta propuesta, argumentando que la falta de acción prolongada solo profundiza el deterioro de la ciudad. La iniciativa contempla estándares de accesibilidad, como la construcción de rampas en las esquinas, y exige que las obras cumplan con normativas de seguridad vial. 

“Imaginemos un abuelo transitando acá o un cochecito de bebé”, señaló Martínez al recorrer una vereda de la ciudad.  “En la avenida Falucho no hay ni una vereda transitable”, agregó el concejal en el video publicado. “Por Pinto y Roca parece que pasó una aplanadora”, sumó en otro pasaje.

Es sábado a la mañana, y un grupo de vecinos y vecinas del paraje La Porteña se reúnen para compartir una “minga”. Se trata de la actividad en la cual todos colaboran en la construcción de lo que será la vivienda de barro de una familia. Padres, madres, hijos e hijas meten mano en la tierra para formar ladrillos, revestir muros y hasta colocar el techo de una casa con “paredes que respiran”: ahorran energía, generan un impacto positivo en el ambiente, y promueven encuentros comunitarios y vecinales.

El Eco estuvo en la “minga” para conocer desde adentro una jornada de bioconstrucción. Se trata de una modalidad que, contaron los protagonistas, crece en Tandil. Hace unos 8 años, integrantes de organizaciones vinculadas a la temática relevaron 300 viviendas realizadas bajo dicha forma en la ciudad, y estimaron que en el último tiempo el número aumentó considerablemente.

“Es importante demostrar que con lo que tenés alrededor podés hacerte tu casa. Sobre todo hoy, aunque siempre lo fue en este país, el acceso a la vivienda es un limitante para mucha gente. Para nuestros padres o nuestros abuelos había más acceso a la vivienda, hoy prácticamente no. Los jóvenes están destinados a pagar alquiler, si pueden. Esto es demostrar que uno se puede hacer su casa. Sobre todo a nuestros hijos, que han participado de la construcción y es muy valioso. Ellos saben lo que costó hacerlo, pero también el disfrute del proceso, que fue con amigos, con ayuda”, expresó Silvia Gómez, una de las referentes de la bioconstrucción en la ciudad.

Silvia formó parte de alguna de las construcciones de barro más conocidas de Tandil, como la de la Escuela Sábato, y muchas de las viviendas del paraje La Porteña. Su historia con la bioconstrucción comenzó hace más de 20 años, en una eco aldea de la localidad de Navarro, y continuó en El Bolsón, donde se dio uno de los primeros cursos sobre el tema. En la ciudad patagónica conoció a uno de los pilares de las viviendas de barro a nivel nacional, Jorge Belanko.

La bioconstrucción no es solo una modalidad constructiva, sino una perspectiva que vincula una forma diferente de acceder a la vivienda propia, el respeto por el entorno natural, el uso de materiales ecológicos y la recuperación de saberes tradicionales.

“Así se hacía un ranchito de barro”, contó uno de los vecinos que participaba de la minga, mientras terminaba un revestimiento de la casa de una familia amiga. Algunos de los que participaron son profesores de matemáticas, otros trabajadores agropecuarios, otros mecánicos dentales: pero el fin de semana se encontraron para colaborar en lo que será una nueva vivienda de bioconstrucción en la ciudad.

Esfuerzo y disfrute

Tandil es una de las ciudades que cuenta con una normativa que regula la bioconstrucción. Tras un destacado trabajo de parte de vecinos y asociaciones como la de Docentes por la Vivienda y otras, el Concejo Deliberante sancionó en el año 2019 la ordenanza que autoriza en el Partido “el método de construcción con tierra cruda”. Fue un logro para el sector de la bioconstrucción a nivel local, pero el Ejecutivo no reglamentó al momento la legislación.

El trabajo de promoción de Gómez y otros permitió que, por ejemplo, el referente Jorge Belanko visitara Tandil. Y también que hayan surgido proyectos de bioconstrucción en La Porteña y otros barrios de la ciudad.

Si bien ya existen empresas constructoras que ofrecen dicha modalidad, la mayor parte de las viviendas de bioconstrucción que se realizan lo hacen de manera comunitaria en las jornadas de mingas. “Viene de los pueblos originarios, que se organizaban con la comunidad a ayudarse en la tarea”, contó Gómez.

Mientras unos pisan el barro, otros alcanzan los baldes, otros revocan o llenan las paredes. “Y así avanzás un montón, y compartís el día con otros”, sumó la referente, quien explicó que algunas de las viviendas que concretaron lograron hacerlas en pocos meses.

“Depende de las terminaciones que elijas”, indicó, para luego marcar que existen diferentes técnicas de construcción como la quincha –rellenando una estructura como puede ser un pallet-, otras con ladrillos de adobe, otras con tejido romboidal recubierto, y algunas más. Su propia casa es un ejemplo de las distintas opciones: a medida que fue pasando el tiempo amplió algunas partes y fue utilizando diversas modalidades.

Gómez señaló además que la bioconstrucción promueve el uso de materiales naturlaes que no solo provocan un impacto positivo a nivel ecológico, sino también en la salud de quienes habitan las viviendas. “Estas paredes respiran, porque son porosas, por lo que regulan la humedad del ambiente y la temperatura. Siempre van a estar frescas en verano, y en invierno se mantiene cálido y ahorrás un montón de energía”, destacó.

Los conductores que habitualmente estacionan en el centro deberán tener en cuenta un nuevo cambio que comenzará a regir el próximo lunes 5 de octubre sobre calle Rodríguez. Desde esa jornada, estará prohibido dejar vehículos sobre la mano impar entre Maipú y Constitución.

La modificación comprende dos cuadras en las que hasta ahora se permitía estacionar y, en la práctica, completará la restricción a lo largo de Rodríguez entre las avenidas España y Avellaneda.

Esto se debe a que la prohibición ya se encuentra vigente sobre la mano impar desde España hasta Maipú y vuelve a aplicarse desde Constitución hasta Avellaneda. Con la incorporación del tramo intermedio, la restricción quedará establecida de manera continua en todo ese sector.

El cambio fue aprobado por el Concejo Deliberante a través de la Ordenanza 19.461, con la intención de ordenar la circulación vehicular sobre una de las calles más transitadas del centro tandilense.

Antes de que la medida entre en vigencia, trabajadores de la Dirección de Servicios colocarán nuevos carteles y pintarán de amarillo los cordones entre Maipú y Constitución para advertir sobre la prohibición.

En tanto, desde el lunes habrá presencia de agentes de Control Urbano Vehicular en la zona. En una primera etapa no se labrarán infracciones, ya que los controles estarán orientados a informar a automovilistas y vecinos sobre el cambio.

Una vez transcurrido ese período inicial de adaptación, los conductores deberán respetar la nueva señalización y evitar estacionar sobre la mano impar de Rodríguez, que quedará restringida desde España hasta Avellaneda.

El Municipio presentó un proyecto para ampliar el acompañamiento económico a los clubes de la ciudad. Por el tema fue consultado Rogelio Iparraguirre, quien celebró la propuesta pero planteó que fue un anuncio entre comillas: sostuvo que se trató del mismo expediente de un proyecto que su propio bloque había presentado e incluso acordado con el intendente, consideró que hubo una actitud infantil y desleal de parte del Ejecutivo y señaló que si el gobierno local quiere colaborar con los clubes debería comenzar “por devolverle todo lo que le llevan comiendo desde este año”.

“Es una buena noticia. Estamos muy contentos de que hayan devuelto este proyecto que no es solo parecido: es el mismo expediente del proyecto de nuestro bloque”, sostuvo Iparraguirre.

“Las tres ordenanzas que se trataron o van a tratarse este año y que implican algún cambio en la política del Ejecutivo, fueron nuestras. Demuestra la capacidad y madurez de una oposición que frente a un gobierno sin iniciativa,  no se queda sólo señalando o criticando sino que propone e impulsa cambios y mejoras.  Por eso en buena hora que,  si ellos no pueden o no saben, se apoyen en nuestra iniciativa y nuestro trabajo en el Concejo Deliberante”, expresó el concejal.

Fue en abril pasado cuando Fuerza Patria presentó un proyecto para reforzar los subsidios que el Municipio entrega a los clubes de la ciudad. El expediente se elevó al Ejecutivo para su consulta, en el marco de un acuerdo político: cuando se discutió el Presupuesto 2026, desde el peronismo local plantearon como prioridad que se avance al respecto.

Sin embargo, el martes 15 el Ejecutivo anunció un proyecto en el mismo sentido, con el agregado de una ampliación en la cobertura de la energía eléctrica. Los cambios se harían efectivos en enero de 2027.

“Lo vamos a aprobar en la Comisión de Deportes. Estoy contento, pero me llama la atención porque esto lo charlamos personalmente en el despacho del intendente Lunghi con él y con el presidente de su bloque, Juan Salceda. Fue una de las cosas en las que pusimos más énfasis y al intendente le pareció bien. Por eso me parece una conducta muy desleal y me resisto a creer que fue una actitud del intendente”, manifestó Iparraguirre.

“Se están comiendo 240 mil pesos por club”

Iparraguire sostuvo la importancia de reforzar el apoyo a los clubes no solo por el contexto de crisis, sino también por el rol de estas instituciones en la comunidad.

“Los clubes son fundamentales: sostienen a la familia, a la comunidad. Siempre se dijo que un pibe en un club es un pibe menos en la calle. Bueno, también un pibe en un club es un pibe menos en su habitación conectado nueve o diez horas”, planteó.

El proyecto en cuestión se encamina a aprobarse, pero el concejal marcó que en la próxima reunión de la comisión de Deportes sumarán una solicitud: que el Municipio actualice el aporte actual.

“Estoy en comunicación permanente con presidentes y presidentas de los clubes de nuestra ciudad. Cobraron en el último módulo 655 mil pesos, de acuerdo al módulo de un trabajador municipal categoría 1, régimen de 30 horas. Pero al mes de julio, ese módulo era de 909 mil pesos. Es decir que se están comiendo más de 240 mil pesos por club”, lanzó el concejal.

“Entonces, nosotros lo que vamos a plantear el jueves en la comisión es que para incrementar la asistencia a los clubes, bien podríamos empezar por devolverle lo que le llevan comiendo este año. Hay algo bastante mezquino en esta, entre comillas iniciativa del gobierno de finalmente devolver el proyecto y querer venderlo como un proyecto de ellos. Porque va a ser aplicable a partir de enero, o sea que le comiste todo el año, y le estás escatimando la actualización de la paritaria, que es lo que dice la ordenanza”, concluyó.

El Municipio de Tandil busca ampliar el acompañamiento económico que brinda a las instituciones deportivas del partido y, con ese objetivo, elevó al Concejo Deliberante un proyecto para modificar la ordenanza de fomento a los clubes.

La iniciativa contempla un incremento de los subsidios mensuales que reciben las entidades deportivas, además de una ampliación de la cobertura del consumo de energía eléctrica. Desde el Ejecutivo fundamentaron la propuesta en el rol deportivo, social y comunitario que cumplen los clubes tanto en los barrios de la ciudad como en las localidades rurales.

En concreto, el proyecto propone aumentar la cantidad de módulos correspondientes a los subsidios para todas las categorías de clubes. El valor de esos módulos, además, se actualiza automáticamente cada vez que se producen recomposiciones salariales para los trabajadores municipales.

Actualmente, el régimen representa una inversión considerable para las arcas comunales. Durante 2026, el Municipio destinará más de 223 millones de pesos al pago de los subsidios establecidos por la Ordenanza 12.130 para las instituciones deportivas alcanzadas.

Esa cifra corresponde exclusivamente al régimen anual de subsidios y se complementa con otras herramientas de asistencia, entre ellas los beneficios vinculados con el consumo eléctrico y aportes extraordinarios destinados a infraestructura, compra de materiales y otras necesidades de los clubes.

Uno de los principales cambios planteados está relacionado justamente con la energía eléctrica. Actualmente, cada institución cuenta con una cobertura de hasta 600 kWh mensuales, cuyo costo es absorbido por el Municipio. Con la modificación propuesta, el beneficio se ampliaría hasta los 1.000 kWh por mes.

Desde el Ejecutivo explicaron que la actualización responde al crecimiento que experimentaron las instituciones deportivas durante los últimos años, tanto en infraestructura como en cantidad de disciplinas, actividades y servicios. Esa expansión también implicó un aumento de las necesidades energéticas y de los costos de funcionamiento.

En ese sentido, destacaron que los clubes no solo representan espacios destinados a la práctica deportiva, sino que también funcionan como lugares de encuentro, pertenencia, formación e integración para miles de chicos, jóvenes y adultos de Tandil.

De obtener el aval del Concejo Deliberante, las modificaciones comenzarían a aplicarse a partir del 1° de enero de 2027, de manera que los nuevos montos y beneficios puedan ser contemplados dentro del próximo presupuesto municipal.

La problemática de los cuidacoches, conocidos popularmente como “trapitos”, volvió a instalarse en la agenda política de Tandil luego de un episodio de violencia ocurrido frente al Palacio Municipal. 

Un vecino que había llegado a la ciudad junto a su familia para realizar un tratamiento médico habría sido agredido luego de negarse a entregar dinero a un cuidacoches y terminó hospitalizado.

Para el concejal de La Libertad Avanza, Gonzalo Santamarina, el hecho expuso una situación que, según planteó, lleva tiempo creciendo en distintos sectores de la ciudad.

Durante su participación en Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, el edil analizó la situación y lamentó que el Municipio no haya tomado medidas concretas pese a las promesas realizadas a principios de año.

“La situación es preocupante. Sin ir más lejos, la semana pasada un tandilense que bajaba con su familia, que se iba a hacer un tratamiento médico, frenó enfrente de la Municipalidad, se acercó un trapito, estas prácticas que ya las sabemos todos, lo extorsionó con el tema de que le tenía que dejar plata, esta persona no quiso y fue agredida por el trapito. Ni más ni menos terminó hospitalizado”, relató.

Santamarina remarcó además que el fenómeno no se limitaría a personas que viven en Tandil y aseguró que en determinados momentos llegan cuidacoches desde otras localidades.

“Tenemos los trapitos propios y los ajenos”, afirmó, y mencionó específicamente la presencia de personas provenientes de Mar del Plata durante fines de semana largos y Semana Santa.

El concejal recordó que en abril su bloque presentó un proyecto de ordenanza para prohibir directamente la actividad de los cuidacoches en el espacio público.

“En abril nosotros presentamos un proyecto desde La Libertad Avanza y Acción Tandilense en nuestro espacio político donde propusimos la prohibición directamente de la actividad”, señaló.

La iniciativa, según explicó, “busca establecer una señal política clara” frente a una práctica que considera que no debería desarrollarse en el espacio público.

“Para eso justamente el Estado presente en esas cosas debe estar regulando y controlando qué sucede en el espacio público. No cualquier persona puede hacer lo que quiere en el espacio público, menos pedir plata a cambio de un servicio que el tandilense no necesita”, sostuvo.

Santamarina diferenció esa actividad de una eventual función de orientación que pudiera cumplir personal municipal en determinados sectores.

“Eventualmente en la plaza del centro, si hubiera algún trapito, que yo no lo llamaría trapito, o hubiese que encuadrar a alguien que cumpla una tarea de orientación y demás, bueno, pero eso hay que municipalizarlo eventualmente”, planteó.

Uno de los principales cuestionamientos del concejal estuvo dirigido al Ejecutivo municipal. 

Santamarina recordó que desde el oficialismo se había planteado, a comienzos de año, la posibilidad de impulsar una ordenanza para regular la situación, pero aseguró que la propuesta nunca llegó al Concejo Deliberante.

“Nosotros entendimos en este punto cómo arrancamos el año. El Ejecutivo municipal, a través de uno de sus voceros, se comprometió a impulsar una ordenanza que iba a prohibir y ordenar esta situación. En abril seguíamos esperando la ordenanza y nunca llegó”, afirmó.

Frente a los planteos sobre la necesidad de una norma para prohibir una actividad que, según su interpretación, ya no estaría permitida, sostuvo que la ordenanza serviría para reforzar el marco existente y establecer una posición inequívoca.

“Desde nuestra óptica es reforzar la cuestión. Estuvimos viendo el último año esto de que vienen camionetas desde Mar del Plata y otras localidades organizados en los días de feriados largos, ni hablar en Semana Santa. Y ahí dijimos: ‘bueno, hasta acá llegamos. Para que quede bien clarito, presentemos una ordenanza, discutámosla’”, explicó.

Y lanzó uno de sus principales cuestionamientos a la gestión municipal: “la sensación es que el Municipio no está donde debe estar porque la facultad la tiene”.

En ese sentido, sostuvo que si se trata de una contravención, el Municipio cuenta con herramientas para intervenir.

“Es verdad, es una contravención. Bueno, ir a fondo. ¿Cómo terminó esto? Tuvo que intervenir la Policía. A este hombre se lo llevaron detenido. Pero no tenemos que llegar a eso”, manifestó.

Durante la entrevista también se plantearon testimonios de vecinos que aseguran haber tenido situaciones conflictivas con cuidacoches, desde pedidos insistentes de dinero hasta supuestas represalias contra viviendas o vehículos.

Santamarina consideró que el Municipio debe asumir un rol activo en estos casos y diferenció las competencias de la Policía y de los inspectores municipales.

“Para eso hay inspectores municipales, para eso el Municipio tiene herramientas. Si no le corresponde a la Policía porque es una contravención, entonces los inspectores municipales se tienen que hacer cargo”, sostuvo.

Según el concejal, la discusión excede la existencia de una ordenanza y se vincula con la decisión de hacer cumplir las normas.

“Tenemos muchas ordenanzas en letra muerta”, advirtió al referirse a aquellas normas que, según planteó, existen pero no necesariamente se aplican.

Santamarina rechazó el argumento de que quienes realizan esta actividad podrían necesitarla como fuente de ingresos debido a una situación económica complicada.

“Si es por eso tenemos que permitir cualquier cosa y nosotros no queremos hacer de Tandil un mercado persa”, afirmó.

En esa línea, insistió en que la situación económica no debería justificar una actividad que, desde su perspectiva, afecta el orden del espacio público.

“Nosotros somos y queremos que Tandil mantenga eso que fue fantástico, esa tranquilidad, ese orden, esa seguridad que supo tener con un Municipio presente, con las cosas que se cumplían”, expresó.

También apuntó contra la presencia de personas en los semáforos, donde consideró que existe además un riesgo para quienes realizan la actividad y para los conductores.

“Los que están en los semáforos se ponen en peligro ellos andando por los autos y el que está andando también se pone en peligro. ¿Qué vamos a tener que terminar lamentando, una tragedia?”, cuestionó.

El concejal insistió en que la propuesta busca enviar un mensaje claro tanto a quienes viven en Tandil como a quienes llegan desde otras localidades.

“Hay que mandarle la señal: ni piensen en venir a Tandil. Si quieren ir a otra ciudad a hacer de trapito, ojalá no vayan a otra ciudad. En Tandil, donde llegan, se bajan de la camioneta, te estamos esperando, te levantás y, como viniste, te volvés”, expresó.

Respecto de los tiempos de aplicación, explicó que una eventual ordenanza tendría luego su etapa de reglamentación, pero sostuvo que la decisión política debería ser inmediata.

“La señal tiene que ser muy clara, que es decidir prohibir y después, si en la reglamentación se dispone que se toma un plazo, bueno, en buena hora, pero que se ejecute en un tiempo prudencial”, afirmó.

Santamarina sostuvo que podría contemplarse algún rol específico para una persona si el Municipio considera que existe una función social concreta que cumplir, pero rechazó que esa posibilidad se transforme en una vía para mantener la actividad de los cuidacoches.

“Si en alguna instancia se cree que esa persona cumple un rol social, en buena hora que se haga el encuadre del caso. Sin abusar”, indicó.

Y volvió a remarcar su posición: “no necesitamos esa tarea en Tandil. Son muchos los tandilenses que nos han venido a plantear esto y muchos turistas que se han ido mal con esta situación”.

El proyecto presentado en abril continúa sin tratamiento, según explicó el concejal, quien reclamó que el tema sea discutido y que el Municipio adopte una postura concreta frente a una problemática que, de acuerdo con los testimonios recogidos, dejó de ser una situación aislada para convertirse en un reclamo recurrente de vecinos y visitantes.

La iniciativa es coordinada por la Dirección de Asuntos Agropecuarios del Municipio de Tandil, con el acompañamiento de la Dirección de Espacio Verde Público, y se desarrolla año tras año en establecimientos educativos rurales considerados más vulnerables frente a esta problemática.

En ese marco, el director de Asuntos Agropecuarios, Matías Posse, explicó que la actividad se lleva adelante en el marco de la Ordenanza de Fitosanitarios, con el propósito de avanzar en la conformación de una barrera natural alrededor de los establecimientos educativos.

“La forestación se realiza en el marco de la Ordenanza de Fitosanitarios, con la intención de realizar una cortina forestal o una cortina de árboles para mitigar los efectos de la utilización de fitosanitarios en las producciones agrícolas”, señaló.

Para esta nueva jornada, el grupo Ceres Tolvas, a través de Rural Ceres S.A., realizará la donación de los árboles que serán plantados, además de los tutores y los elementos necesarios para el control de hormigas.

La propuesta también contempla una instancia educativa con los alumnos y alumnas de la escuela El Remanso, en la que se abordará la importancia de los árboles y el papel que cumplen las cortinas forestales en el cuidado del ambiente.

De esta manera, la jornada buscará combinar la intervención sobre el entorno de la escuela con una actividad de concientización destinada a los estudiantes, poniendo en valor la forestación como una herramienta de protección ambiental y de prevención frente a los efectos vinculados a las actividades productivas.

A partir de este sábado 18 de julio entrará en vigencia la modificación del sentido de circulación en un sector de la calle Ijurco, una medida establecida por la Ordenanza Municipal Nº 19.316, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante.

La disposición establece que el tramo de calle Ijurco comprendido entre la colectora Luis M. Macaya y Darragueira pasará a tener sentido único de circulación descendente.

Al mismo tiempo, se mantiene el doble sentido de circulación en el tramo de Ijurco entre Darragueira y Chapaleofú, así como la prohibición de estacionamiento sobre la mano par en ese mismo sector.

La modificación busca mejorar el ordenamiento del tránsito y brindar mayores condiciones de seguridad para quienes circulan por la zona.

En el marco de la implementación de la ordenanza aprobada por el cuerpo legislativo local, el Municipio realiza la adecuación del semáforo ubicado en la intersección de Ijurco y Darragueira y completará la actualización de la señalización vial correspondiente para acompañar el nuevo esquema de circulación.

Además, durante los primeros días de vigencia de la medida, personal de la Dirección de Control Urbano Vehicular estará presente en el sector para informar y orientar a los conductores sobre la nueva circulación. En esta etapa inicial, las tareas tendrán un carácter exclusivamente preventivo e informativo, con el objetivo de facilitar la adaptación de vecinos y automovilistas, sin fines sancionatorios.

Desde el Municipio solicitaron a quienes transiten por el lugar prestar especial atención a la nueva señalización y respetar las indicaciones del personal presente, con el fin de contribuir a una implementación ordenada de la medida dispuesta por el Honorable Concejo Deliberante.

El debate por las reservas de estacionamiento en la vía pública continúa activo en el primer piso de la Municipalidad con dos propuestas legislativas sobre la mesa. Los bloques de Acción Tandilense - La Libertad Avanza y de la Unión Cívica Radical presentaron de manera independiente proyectos de ordenanza que buscan actualizar la normativa vigente por un esquema más ordenado y restrictivo. Ambos textos se encuentran actualmente en tratamiento en la Comisión de Transporte y Tránsito.

La discusión no surgió de la nada. En los primeros meses del año, el espacio legislativo acumuló más de 20 pedidos de reserva de espacio, una cifra que llevó a pausar el tratamiento de los expedientes para repensar el encuadre.

A esto se sumó la proliferación de cordones amarillos pintados sin autorización en distintos sectores de la ciudad, una práctica que la presidenta de la comisión, Luján Fiego, salió a desalentar: “Ningún vecino puede pintar su cordón de amarillo”, advirtió ante El Eco Multimedios y recordó que esa tarea le corresponde al Municipio.

Sin embargo, la situación también tiene relación con el crecimiento urbano. La demanda sobre el espacio público se extendió más allá del microcentro hacia avenidas y barrios periféricos, mientras que la normativa vigente, considerada “muy laxa” y “permisiva”, no acompañó ese proceso.

La normativa que regula actualmente estos espacios es la Ordenanza 17.409, un encuadre que, según la mirada de los actuales integrantes de la comisión, quedó desfasada frente a la realidad de una ciudad que cambió su fisonomía y su densidad poblacional. 

Aunque los dos proyectos parten del mismo diagnóstico y comparten los pilares centrales del nuevo esquema, presentan diferencias de fondo que la comisión deberá resolver para avanzar hacia una normativa unificada que pueda llegar al recinto para su tratamiento. 

El proyecto del bloque Acción Tandilense – La Libertad Avanza establece como punto de partida que toda reserva de espacio público tendrá carácter excepcional, precario y revocable. “El uso prioritario de la calzada es colectivo y general”, establece el texto, que aclara que cualquier autorización a favor de un particular será de interpretación restrictiva y no generará derechos adquiridos.

“Toda autorización de uso exclusivo a favor de un particular será de interpretación restrictiva, excepcional y no generará derechos adquiridos, debiendo primar siempre el interés general y la fluidez del tránsito por sobre el beneficio individual”, enfatiza.

Para ordenar el esquema, define siete categorías de reservas con requisitos específicos para cada una: organismos oficiales y servicios públicos; personas con discapacidad; establecimientos educativos y centros de salud; carga y descarga; interés comunitario general; áreas de ascenso y descenso de uso común; y sectores exclusivos para motos, bicicletas y dispositivos de micromovilidad.

En materia de plazos, el esquema es diferenciado según la categoría. Las reservas para personas con discapacidad tendrán una vigencia máxima de dos años. En cambio, las destinadas a organismos oficiales, establecimientos educativos públicos y zonas de carga y descarga tendrán carácter permanente mientras subsistan las condiciones que las motivaron.

Para las dimensiones, el proyecto propone tres módulos: hasta seis metros para reservas individuales, hasta 12 para carga y descarga o zonas de alta rotación, y hasta 18 metros para casos excepcionales de escala institucional, que requerirán aprobación del Concejo.

La propuesta contempla además la creación de un Registro Único de Reservas, que centralizará toda la información de las autorizaciones vigentes, incluyendo datos del beneficiario, ubicación, dimensiones y estado del trámite.

En cuanto a los costos, las reservas para organismos del Estado, personas con discapacidad y establecimientos públicos estarán exentas de cánones. Las comerciales y privadas serán onerosas, con montos fijados anualmente por la Ordenanza Impositiva. La señalización estará a cargo del Municipio, pero los costos serán trasladados al beneficiario, salvo en los casos de discapacidad y espacios de uso común.

El proyecto del bloque de la UCR parte de un análisis general de la situación y de los inconvenientes que genera el esquema vigente, retoma la experiencia de otras ciudades, entre otras consideraciones, para luego proponer un enfoque que ofrece mayor margen para la reglamentación posterior.

“Resulta oportuno avanzar en una normativa que permita actualizar y ordenar el sistema de reservas de estacionamiento en la vía pública, estableciendo criterios claros para su otorgamiento, vigencia y revisión”, plantea.

Y agrega que la iniciativa busca garantizar una administración “más eficiente” del espacio público, contribuyendo a mejorar la organización del tránsito urbano y promoviendo un uso “más equitativo” de los recursos.

A diferencia del anterior, adopta un criterio uniforme para los plazos: todas las reservas tendrán una vigencia de dos años, tras la cual el titular deberá solicitar una renovación que será evaluada conforme a las condiciones vigentes al momento de la solicitud.

En materia de dimensiones, la UCR fija un límite general de 10 metros lineales para todas las categorías, con posibilidad de excepciones aprobadas por el Concejo en casos debidamente justificados.

Uno de los puntos que distingue a esta propuesta es la prohibición de otorgar reservas en las zonas donde funcione el sistema de estacionamiento medido, dado que esos sectores están destinados a “garantizar la rotación vehicular y el uso equitativo del espacio público”. Solo se admitirán excepciones para personas con discapacidad, servicios de emergencia u organismos públicos, y deberán ser aprobadas por ordenanza del Concejo.

Al igual que el otro proyecto, establece que la señalización estará a cargo del Departamento Ejecutivo y prohíbe la colocación de cartelería particular. También coincide en que las reservas para personas con discapacidad, servicios públicos e instituciones estatales estarán exentas de cánones, mientras que las vinculadas a actividades comerciales o privadas deberán abonar una tasa.

Más allá de las diferencias, los dos proyectos comparten los pilares centrales del nuevo esquema: carácter excepcional y precario de toda reserva, prohibición de pintar cordones por cuenta propia, reempadronamiento obligatorio de las reservas existentes en un plazo de 180 días y caducidad automática cuando desaparecen las condiciones que motivaron la autorización.

En ambos casos, el Concejo Deliberante conservará la potestad exclusiva de otorgar las autorizaciones y el Departamento Ejecutivo tendrá a su cargo el control y la fiscalización.

El desafío de la Comisión de Transporte y Tránsito será encontrar un punto de consenso entre ambas propuestas para avanzar hacia una normativa única que resuelva la problemática actual.

El proyecto de ordenanza presentado por Rogelio Iparraguirre para crear el Certificado de Aptitud Urbanística continúa en revisión por parte del Ejecutivo municipal. En diálogo con El Eco, el concejal recordó la importancia de esta iniciativa como una herramienta para abordar una realidad preocupante en Tandil: el crecimiento de las estafas inmobiliarias que utilizan de manera ilegal la figura jurídica del condominio.

“En principio está el compromiso del Ejecutivo, y va a haber una devolución del proyecto de ordenanza. Entiendo que incluso con una propuesta mejorada, así que bienvenido sea, es la idea. Lo que no debemos permitirnos es no hacer nada, frente a un problema que todos estamos detectando”, expresó Iparraguirre.

La problemática, según explicó el edil, radica en el abuso de la figura del condominio, un modo de propiedad compartida previsto en el Código Civil de la Nación. Sostuvo que en Tandil se registran casos de usos ilegales de dicha herramienta, especialmente en la Zona Protegida, donde se comercializan lotes a precios llamativamente económicos ocultando información crucial a los compradores. Los particulares realizan importantes desembolsos económicos y luego descubren que no pueden escriturar sus parcelas individuales, ya que el condominio representa una propiedad indivisa.

El concejal detalló los tiempos legislativos y la urgencia de la situación actual: "Hace alrededor de tres meses que presentamos el proyecto y hace dos meses y medio fue al Ejecutivo. Porque si hay una opinión que nos parece importante recabar cuando trabajamos en el Concejo Deliberante, es la de quienes después van a tener que ejecutar esta herramienta." Asimismo, alertó sobre la vigencia del conflicto al revelar que “desde que presenté el proyecto a esta parte, me llegaron de primera mano cuatro estafados nuevos en lugares distintos. Esto está pasando en Tandil.”

El proyecto busca dotar al Municipio y a los ciudadanos de un instrumento de control preventivo,  el Certificado de Aptitud Urbanística. "Exige una declaración jurada de los comitentes, es decir, que aquellos que ofrecen y vuelcan este terrenos a la venta en el mercado. Y por supuesto establece todo un sistema de multas.", detalló Rogelio Iparraguirre sobre el funcionamiento técnico de la propuesta.

El concejal aclaró que el certificado funcionará como una suerte de documento de identidad para cada lote en comercialización, permitiendo que cualquier potencial comprador consulte si el vendedor cuenta con la habilitación correspondiente antes de realizar una transacción.  

“Es una herramienta para proteger a los tandilenses, no es que va a evitar la estafa, el estafador no deja de estafar porque sea ilegal el acto de la estafa”, explicó.

Para que la medida sea verdaderamente efectiva, Rogelio Iparraguirre remarcó que se requiere un rol activo por parte de la administración local. "No reemplaza a los controles que debe hacer el Ejecutivo municipal. Al contrario, solo funciona este aporte y sirve si es complementado por un eficiente y efectivo control del Municipio, que debe ejercer fuertemente su autoridad.", sostuvo el concejal.

En ese sentido, el edil fue crítico con el desempeño reciente de las áreas de control del gobierno local. "Esa es precisamente una de las cosas que nosotros creemos que ha flaqueado de un tiempo esta parte, particularmente en lo que hace a la administración del territorio, para que esto no sea tierra de nadie, donde cada uno haga lo que quiere. Hay que ejercer autoridad, control efectivo, eficiente. Y proyectos como este son el complemento de ese control efectivo.", sentenció.

Finalmente, el concejal destacó que la propuesta contempla una campaña de difusión para que la ciudadanía conozca la existencia de este requerimiento y evite caer en engaños. A su vez, se mostró optimista respecto al acompañamiento político en el Concejo Deliberante, asegurando que existe un consenso tácito entre los distintos bloques sobre la necesidad de intervenir de forma urgente para frenar las estafas inmobiliarias.

El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical, con el respaldo del resto de las bancadas que integran el Concejo Deliberante, elevó un proyecto de resolución que busca dar respuesta a una problemática de larga data en la ciudad: el impacto de la actividad del Tiro Federal de Tandil en su entorno urbano. La iniciativa solicita formalmente al Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que lleve adelante una evaluación integral del funcionamiento de la institución.

El pedido surgió a raíz de las constantes manifestaciones de preocupación por parte de vecinos y vecinas de la zona, quienes han denunciado ruidos de alta intensidad generados por las prácticas de tiro. Según se detalla en los considerandos del proyecto, estas emanaciones sonoras afectan de manera directa el descanso, la tranquilidad y la calidad de vida cotidiana de las familias que residen en las inmediaciones del predio.

“Solicitar al Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que lleve adelante una evaluación integral del funcionamiento del Tiro Federal de Tandil, a fin de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de habilitación, seguridad y condiciones de operación del polígono de tiro, especialmente en lo referido a las prácticas desarrolladas al aire libre, incluyendo el análisis del impacto sonoro que dicha actividad genera en la población circundante y la eventual adopción de medidas correctivas o de mitigación que correspondan”, formula el texto del proyecto.

La concejal Andrea Pezzi, integrante del bloque de la UCR y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Género y Seguridad, explicó los alcances de la propuesta y la necesidad de recurrir a estamentos nacionales. "Nuestro bloque de la UCR, con el acompañamiento del resto de los bloques, presentamos una resolución para que el organismo de nivel nacional venga a hacer una inspección del lugar, una evaluación del funcionamiento y las condiciones edilicias", señaló la legisladora local.

La normativa que rige la actividad de tiro con armas de fuego en el país es la Ley Nacional N° 20.429. Este marco legal establece que la Agencia Nacional de Materiales Controlados es la autoridad competente para ejercer el control sobre el uso, tenencia y disposición de armas, así como para garantizar que las entidades habilitadas mantengan condiciones adecuadas de seguridad y mantenimiento en sus polígonos.

En ese marco, el proyecto de resolución no solo se enfoca en los aspectos técnicos de la seguridad, sino que introduce el concepto de seguridad integral. Esto implica que la actividad no solo debe prevenir accidentes dentro del predio, sino también minimizar los impactos negativos sobre la población circundante. La exposición prolongada a ruidos de alta intensidad es considerada por los ediles como un problema que excede lo administrativo para transformarse en una cuestión de salud pública, debido a los efectos adversos que puede generar en la salud física y psíquica de las personas.

Bajo esta premisa, el texto legislativo invoca el principio preventivo y el principio precautorio, pilares de la legislación ambiental argentina. Estos principios obligan a las autoridades a adoptar medidas anticipatorias frente a posibles daños, incluso cuando no exista una certeza científica absoluta sobre las consecuencias a largo plazo de la contaminación sonora en contextos periurbanos.

"Tenés una cuestión repartida. La actividad en sí, y el reclamo de los vecinos. Entonces, para buscar un equilibrio, empezamos el camino a transitar para que el organismo venga y haga un control de lugar", sostuvo Andrea Pezzi, subrayando la búsqueda de un punto de encuentro entre el derecho de la institución a funcionar y el derecho de los ciudadanos al bienestar.

La evaluación solicitada a la Agencia Nacional de Materiales Controlados deberá verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de habilitación y condiciones de operación, con especial énfasis en las prácticas desarrolladas al aire libre. El objetivo final es que el organismo nacional determine si es necesario adoptar medidas correctivas o de mitigación sonora para reducir el impacto en el vecindario.

No obstante, el horizonte de una solución definitiva parece estar vinculado a la relocalización de la actividad, una posibilidad que ya se baraja entre las partes involucradas. Al respecto, la concejal Andrea Pezzi fue cauta pero optimista sobre el futuro del predio y la resolución del conflicto.

Los concejales del bloque Acción Tandilense – La Libertad Avanza presentaron en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que propone prohibir la actividad informal de cuidado, lavado y vigilancia de vehículos en la vía pública, conocida popularmente como “trapitos”, “cuidacoches” o “limpiavidrios”.

Según manifestaron desde el espacio, la iniciativa surge “a partir de la creciente preocupación de vecinos y comerciantes frente a la proliferación de estas prácticas”, que en “numerosos casos derivan en situaciones de extorsión, ocupación indebida del espacio público, obstrucción de la circulación y riesgos para la seguridad vial”.

El proyecto establece la prohibición en todo el Partido de Tandil de cualquier actividad relacionada con el cuidado, estacionamiento, lavado o vigilancia informal de vehículos en la vía pública cuando medie una retribución económica, ya sea voluntaria o exigida.

También se detallan los alcances de la norma, abarcando a cuidacoches, limpiavidrios y otras prácticas similares que puedan afectar la convivencia urbana o implicar cobros indebidos en espacios públicos.

Desde Acción Tandilense-LLA indicaron que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Protección Ciudadana, encargada de llevar adelante controles, inspecciones e identificación de quienes incumplan la normativa. En caso de resistencia, se contempla la intervención de las fuerzas de seguridad.

Además, el proyecto incluye la creación de un canal de denuncias —telefónico o digital— para que los vecinos puedan reportar de forma anónima la presencia de estas actividades, facilitando una respuesta más rápida por parte del Municipio.

“Este proyecto busca poner orden en el entorno urbano y llevar tranquilidad a los vecinos. No podemos naturalizar situaciones donde se condiciona o presiona a los ciudadanos por el uso de la vía pública”, expresó Gonzalo Santamarina.

Desde el bloque impulsor señalaron que el objetivo de la iniciativa es “ordenar el uso del espacio público, garantizar la libre circulación y fortalecer la seguridad de los vecinos”, destacando que la ciudad ya cuenta con un sistema de estacionamiento medido que regula el aparcmiento en zonas específicas.

El proyecto será tratado a partir de estos momentos en las comisiones correspondientes del Concejo Deliberante.

Este jueves, desde el espacio Convivencia en Diversidad (CED) compartieron un comunicado en el cual expresaron fuertes críticas hacia el Municipio, por el presunto incumplimiento de la Ordenanza N° 16.160, que establece la realización de actividades de integración y difusión en el marco del Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans.

Según señalaron, la normativa local indica en su artículo 2 que el Ejecutivo municipal debe llevar adelante acciones durante la semana del 18 de marzo orientadas a promover la plena integración y el acceso a derechos de las personas trans. Sin embargo, denunciaron que este año no se registraron iniciativas en ese sentido por parte de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual.

En el marco mencionado, la entidad organizó una asamblea este miércoles en la plaza Independencia, donde participaron más de 25 personas, pero la iniciativa no estuvo acompañada por el gobierno comunal. En el comunicado, cuestionaron lo que calificaron como una “gestión vacía de contenido y compromiso”, al tiempo que repudiaron la “falta de respeto hacia el Concejo Deliberante” y la “violación sistemática de los derechos de la población trans”.

Además, remarcaron que no se trata de pedidos aislados, sino del cumplimiento de ordenanzas vigentes, así como de leyes nacionales, provinciales y tratados internacionales en la materia.

Por otro lado, destacaron como contrapunto la reorganización del activismo a nivel local. En ese marco, informaron que la organización ATTTA designó nuevos representantes en Tandil —una mujer y un hombre trans— con el objetivo de fortalecer la red nacional.

Finalmente, desde el espacio manifestaron su acompañamiento a esta nueva estructura, al considerar que surge para “defender lo que el Estado municipal abandona”.

Tres organizaciones de Tandil —Punto Verde, la Asamblea del Barrio de la Estación y la Asamblea Barrios de Piedra— aunaron esfuerzos para solicitar que se declare Patrimonio Histórico, Cultural y Arquitectónico al adoquinado de las arterias locales. Las entidades ciudadanas presentaron un proyecto de ordenanza y solicitaron formalmente el uso de la Banca XXI en el Concejo Deliberante con el fin de exponer su iniciativa. El reclamo incluyó una carta dirigida al intendente Miguel Lunghi, donde exigieron la suspensión precautoria de las obras de pavimentación que impliquen el retiro de granito.

La propuesta surgió en el marco de la decisión municipal de retirar los adoquines de la calle Sarmiento entre la avenida Santamarina y 4 de Abril, para reemplazarlos por asfalto. Por tal motivo, referentes de los grupos vecinales manifestaron una postura firme ante el avance de las obras viales sobre el suelo histórico. "Exigimos que se detengan las obras de extracción y reemplazo de adoquines hasta que el Legislativo trate este tema. No permitamos que borren con cemento lo que nuestros antepasados tallaron en piedra", expresaron. La iniciativa busca no solo proteger la estética urbana, sino también resguardar la memoria del trabajo picapedrero, una actividad que define la identidad tandilense desde el siglo pasado.

Desde la organización Punto Verde, argumentaron que la preservación de las calles adoquinadas no responde a una cuestión de mera nostalgia, sino a una decisión de ingeniería urbana inteligente. Sostuvieron que el costo ambiental de extraer la piedra de las sierras se pagó hace un siglo y que el granito, a diferencia del asfalto o el hormigón, posee una durabilidad eterna con un mantenimiento mínimo. Para los ambientalistas, el empedrado representa el máximo exponente de la economía circular en la obra pública, contrastando con la "obsolescencia programada" de los materiales derivados de hidrocarburos que requieren parches constantes.

La Asamblea del Barrio de la Estación recordó que desde el año 2013 mantuvo una postura activa respecto al valor patrimonial del adoquinado. Según expresaron los vecinos, la falta de inversión, capacitación y asesoramiento técnico adecuado resultó alarmante, señalando que ya existieron proyectos previos que no fueron tratados por el cuerpo legislativo municipal. Por su parte, la agrupación Barrios de Piedra destacó que su objetivo es aportar al desarrollo socioterritorial de zonas como Cerro Leones, La Movediza y Villa Laza, buscando compensar los pasivos ambientales y revalorizar el patrimonio cultural que dio origen a estos sectores de la ciudad.

Respecto a las ventajas frente a los fenómenos climáticos extremos, desde las organizaciones explicaron que ante el cambio climático, "el adoquín ofrece resiliencia hídrica. A diferencia del asfalto y el cemento, que son superficies rígidas y frágiles ante lluvias extraordinarias que actúan como canales que dejan correr el agua colapsando el sistema de alcantarillado, el adoquinado crea una 'Ciudad Esponja' que evita inundaciones ya que permite la infiltración y el almacenamiento temporal en el subsuelo". Esta capacidad de drenaje se planteó como una herramienta fundamental para mitigar los efectos de las tormentas en la zona urbana.

Asimismo, resaltaron que el suelo histórico aporta una respuesta verde al confort térmico debido a su capacidad de no retener calor extremo. A diferencia del asfalto, que actúa como un radiador urbano amplificando las olas de calor, marcaron que las juntas abiertas de los adoquines permiten la “evapotranspiración” del suelo. Este proceso, sumaron, funciona como un sistema de refrigeración pasivo para la ciudad, reduciendo la temperatura a nivel de calle y disminuyendo, consecuentemente, la demanda energética de los edificios vecinos para climatización durante los meses de verano.

Finalmente, destacaron que el adoquinado puede considerarse como un dispositivo de resiliencia social. Al poseer una textura irregular, genera un "calmado de tráfico" natural que reduce la velocidad de los vehículos sin necesidad de instalar lomos de burro de cemento. Según los firmantes del proyecto, esta característica permite recuperar la calle para el peatón y disminuir la contaminación sonora, mejorando la calidad de vida en los barrios residenciales que aún conservan el granito original trabajado a mano por los artesanos de la piedra.

Un proyecto para proteger los adoquines

La solicitud de las organizaciones incluyó el pedido de un inventario georreferenciado y público de todas las calles empedradas de Tandil para evaluar su estado actual de conservación. El proyecto de ordenanza se fundamentó en la Ley Provincial 10.419 y en la Ordenanza Municipal N.º 14298, sancionada el 23 de octubre de 2014, que ya declaró Patrimonio Cultural Inmaterial a las técnicas artesanales tradicionales y al artesanado del picapedrero. Los vecinos sostuvieron que remover las piedras es, en los hechos, destruir la obra material de ese patrimonio ya reconocido por ley.

En la carta enviada al intendente, los ciudadanos apelaron a su sensibilidad y compromiso con la historia local para que dictara una moratoria de protección patrimonial. El objetivo final es detener cualquier intervención en calles -como lo sucedido en Sarmiento- hasta que se logre un consenso técnico y legislativo. Mientras tanto, continúan con la recolección de firmas para respaldar el ingreso de la iniciativa al Palacio Municipal y asegurar que el legado de las sierras permanezca en las calles tandilenses.

La propuesta de los vecinos se presentó no como enfrentada al desarrollo de la infraestructura de la ciudad, sino en el marco de una convivencia estratégica entre los distintos tipos de calzada. Sugirieron que las arterias de mayor flujo vehicular actúen como vías de cintura para el tránsito veloz, mientras se preserva el corazón histórico de Tandil. En este sentido, buscan que la protección no se limite únicamente a las manzanas circundantes a la Plaza Independencia, sino que se extienda a todos los sectores donde el patrimonio picapedrero sigue vigente.

"No debemos elegir entre historia y progreso. Proponemos una planificación estratégica: las vías de cintura (Del Valle, Perón/Rivadavia, Avellaneda y Balbín/Brasil) para el tránsito veloz, reservando las calles empedradas para un tránsito tranquilo y un Casco Antiguo real, que no se reduzca solo a cuatro cuadras alrededor de la Plaza Independencia sino que incluya todas las calles que han sido empedradas por nuestros antepasados", detallaron en su planteo técnico los impulsores de la medida. Para las organizaciones, la accesibilidad es una deuda urgente que debe solucionarse con criterio, pero "no tapando adoquines".

Días atrás, la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, anticipó en El Eco Multimedios la elaboración de un proyecto de ordenanza relacionado a la presencia de cuidacoches y limpiavidrios. En su alocución, la funcionaria había afirmado que el Municipio avanzará en una medida para prohibir la actividad callejera de lo que popularmente se conoce como "trapitos", limpiavidrios y artistas urbanos.

La mención a los exponente culturales despertó repercusiones inmediatas por parte de los artistas locales, quienes se expresaron a través de las redes sociales de forma contundente en contra de la decisión del Gobierno local. Por esa razón, Saconi brindó una aclaración sobre la iniciativa y aseguró: “Jamás prohibiríamos la actividad cultural”.

De acuerdo a lo señalado por la funcionaria, “hubo una confusión” respecto a los dichos de Marcieri. En diálogo con “La Mañana” (104.1 Tandil FM, El Eco Streaming y EcoTV) aclaró que desde el Gobierno local se está trabajando para “ordenar un poco lo que es la calzada, la calle, todo lo que sucede en ella” y que por esa razón se apunta a la actividad de los limpiavidrios y cuidacoches.

El proyecto responde a una serie de reclamos de los vecinos por situaciones incómodas que se viven en los semáforos o a la hora de dejar estacionado el vehículo en distintas zonas céntricas de Tandil. Al mismo tiempo, la subsecretaria agregó que estas actividades presentan un riesgo, tanto para el conductor como para los peatones, y que comprender esa situación es una de las cuestiones que impulsó la iniciativa.

“Lo que nosotros estamos intentando, y vemos que es un reclamo de la comunidad, es ordenar el espacio público. Siempre que se quiera desarrollar una actividad en plazas o paseos, se pide el lugar al Concejo Deliberante y en general lo otorga. Por ejemplo, nos ha pasado en la glorieta que bailarines de tango y otros músicos coinciden a la misma hora; allí hay que decidir por una cuestión de orden, pero siempre apoyando la actividad cultural”, describió Saconi.

A la hora de hablar sobre los artistas, la funcionaria aseguró que existe una situación social muy complicada, donde mucha gente no tiene un trabajo formal y requiere salir a buscar el ingreso económico en las actividades callejeras mostrando su arte. “En lo que respecta a todo lo que es el sector cultural y artistas callejeros, nosotros apoyamos”, aclaró oportunamente.

Recordó que incluso en muchas oportunidades desde el Municipio se contrató a estos artistas. “Participan con nosotros en la diagonal del Parque en Semana Santa; en otoño estuvimos haciendo todo un trabajo con ellos en la Estación”, añadió. También explicó que, si bien conocen a muchos, sería un buen momento para realizar una convocatoria y formalizar un registro.

Saconi insistió en que este proyecto no tiene como objetivo prohibir la actividad cultural y que, en base a los reclamos de los vecinos y la peligrosidad de cada situación, la idea es ordenar el espacio público y tratar de que ninguna actividad ocurra sobre la calzada.

También descartó la posibilidad de que los artistas callejeros con los que trabaja el Municipio posean antecedentes delictivos, como sí afirmó Marcieri sobre el trabajo de identificación realizado por el área de Protección Ciudadana a los cuidacoches y limpiavidrios a través del programa Centinela en Territorio.

El concepto de artista callejero es muy amplio: puede ser desde un músico hasta una estatua viviente o un muralista. Estos, según Saconi, prefieren contar con otros espacios para sus muestras artísticas por sobre la calle. “Siempre es mejor estar en la peatonal, en una plaza o en un paseo, que estar contrarreloj con el semáforo”, describió.

Por último, la funcionaria hizo referencia a las repercusiones en redes sociales tras la entrevista de Alejandra Marcieri en este Multimedios, donde muchos de los artistas, que incluso trabajan con el Municipio, salieron a repudiar sus dichos. Por esa razón, consideró fundamental aclarar la situación: “Jamás prohibiríamos la actividad cultural. Siempre que llegan los expedientes de uso del espacio público, se autoriza”.

En una sesión especial -y express, ya que duró apenas minutos- el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la modificación de dos artículos de la llamada “Ordenanza de motos”, normativa que prevé controlar ruidos y otras molestias ocasionadas por motociclistas.

El Concejo modificó los artículos 6 y 14 de la legislación a pedido de los jueces de Faltas ya que tales incisos refieren al accionar de los magistrados. En concreto, se eliminó el párrafo que marcaba que tras una orden de allanamiento, “el Juez/a de Faltas deberá someter la misma a control judicial competente”. Es decir, se sometía lo dispuesto por Faltas a la observación de la justicia ordinaria.

Los jueces habían solicitado el cambio “con el fin de mejorar la operatividad y adecuar su aplicación práctica”, en el marco de un encuentro con los integrantes de la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante. El concejal Manazzoni fue quien propuso la sesión especial para el tratamiento exclusivo de la modificación.

Tal como informó El Eco de Tandil, la mayor parte de los integrantes de la mencionada comisión, junto al presidente del cuerpo Juan Pablo Frolik, entendieron que la modificación evitará la reglamentación y la demora para otorgar la herramienta que reclamaba con vehemencia la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri.

La “ordenanza de las motos” faculta a los jueces de Faltas a “disponer medidas  de allanamiento con ocupantes en caso de evasión y/o fuga de los controles de tránsito o de la advertencia de la falta por parte del conductor”.  Además del cambio en el artículo 6, el Concejo Deliberante modificó el artículo 14, que refiere a la documentación requerida al titular para la recuperación del vehículo secuestrado.

De la sesión especial participaron los concejales Nicolás Carrillo, Severiano Mon, Noelia Domenighini, Federico Martínez –de Fuerza Patria-, Natalia Chacón –del MID-, Juan Manazzoni .del PRO-, Juan Salceda, María Haydeé Condino, Guillermina Cadona, Mario Civalleri, Matías Tringler, Andrea Pezzi –de UCR-, Luján Fiego –de Acción Tandilense/La Libertad Avanza-, y Rosana Florit y Matías Meli de Alternativa Tandil.

En diálogo con El Eco, Domenighini –parte de la Comisión de Seguridad-, marcó sus observaciones con respecto a la modalidad de la modificación votada, pero señaló también que más allá de disidencias, “uno tiene que poner como foco al ciudadano. Y hoy el ciudadano está con la necesidad de que este tema se resuelva, aspira que esta ordenanza va a ser una solución, y en ese sentido me parece que tenemos que corrernos del tecnicismo muy puntual, o de la interpretación de la norma, o de lo que opina cada uno para dar pie a la garantía de seguridad de los ciudadanos”.

La concejal sostuvo además que “había un apuro de parte del Ejecutivo por sacar la ordenanza. Y no está bueno cuando las cosas se hacen a las apuradas. Es una ordenanza y lleva su tiempo. Por más que hayan pasado cuatro meses, si tiene que llevar seis meses ¿Qué vas a hacer?”.

Señaló que si bien desde su bloque habían solicitado que la ordenanza no requiera de reglamentación sino que “directamente pudiera ser operativa”, agregó que “parece que el Ejecutivo la quería reglamentar, así que esperemos a qué pasa con esa sanción”.

Con respecto a la modificación indicó que “la aclaración se hizo porque el control de legalidad no era para que los jueces debieran pedir un permiso para realizar el allanamiento, sino que ellos el allanamiento lo tenían que disponer y por eso decía ‘a posteriori de disponer el allanamiento’. Y posteriormente a eso se solicitaba como una especie de control de legalidad de la justicia ordinaria para ver que hubiera sido dictado por los jueces de Falta de manera competente, de acuerdo a como lo decía la ordenanza que debía ser el procedimiento. Tanto para cubrirlos a ellos, por un lado, porque estaba tan discutido el tema del allanamiento y la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma, y también a los ciudadanos sobre los cuales recaía ese allanamiento. Ese era el objetivo puntual”.

En la misma línea explicó que “ellos interpretaban que en realidad ese control de legalidad debía ser anterior a hacer el allanamiento, como que le tenían que pedir un permiso. Ese no fue el espíritu de la ordenanza, o de ese artículo, puntualmente. No obstante eso, como directamente ya nos anticipaban que no la iban a aplicar tal como estaba redactada, más allá de las diferencias uno tiene que poner el foco en el ciudadano.”

Ayer por la mañana, tras recibir a los jueces de Faltas, integrantes de la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante resolvieron modificar la ordenanza de motos que fue sancionada hace un mes. Mañana, en sesión especial convocada para las 9.30, tratarán dos cambios en el articulado, con el objetivo de acelerar los tiempos y que la normativa se pueda aplicar de manera inmediata, sin necesidad de una reglamentación por parte del Departamento Ejecutivo.

“Los jueces de Faltas pidieron que la ordenanza no tenga la redacción que obliga a que los pedidos de allanamiento sean visados por la Justicia ordinaria”, informó el concejal del PRO Juan Manazzoni, tras un encuentro celebrado ayer con los dos magistrados que deberán llevar adelante los eventuales procedimientos.

La Comisión de Seguridad recibió, ayer a las 9, a los jueces municipales, quienes consideraron que no es necesaria una reglamentación de la ordenanza, en contraposición a lo que había anticipado el subsecretario de Protección Ciudadana, Juan Ibáñez.

Sin embargo, solicitaron que se modifique el artículo 6, reformulando o quitando el párrafo que establece: “A posteriori de disponer la orden de allanamiento, y en lo inmediato, el Juez/a de Faltas deberá someter la misma a control judicial competente”.

El argumento de los magistrados fue que esa disposición conspirará contra la celeridad de los procedimientos, lo que volverá compleja la implementación de los allanamientos que puedan ordenar en defensa de la salud pública ante casos de motociclistas que provoquen ruidos molestos y que evadan operativos de control.

“Vinieron los jueces de Faltas y dijeron que ellos con el artículo 6 no pueden ser efectivos, que necesitan se reforme o se quite, y que la ordenanza no necesita reglamentación, está perfecta para arrancar a trabajar”, ratificó la concejal del MID, Natalia Chacón, y agregó que “se acordó votarla este viernes para que se aplique con la celeridad que amerita la situación de los ruidos”.

La mayoría de los integrantes de la comisión, junto al presidente del cuerpo Juan Pablo Frolik, entendieron que la modificación evitará la reglamentación y la demora para otorgar la herramienta que reclamaba con vehemencia la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri.

“Propuse que convocáramos a una sesión especial el viernes por la mañana, antes de la sesión preparatoria que va a ser a las 9.30, donde solo tratemos la modificación”, anticipó Manazzoni.

Tras recibir la demanda de los magistrados, los integrantes de la comisión continuaron la discusión que versó sobre avanzar con los cambios para evitar “excusas” del Ejecutivo y que comience a hacer uso de la herramienta.

El encuentro lo llevó adelante el presidente de la Comisión de Seguridad, Nicolás Carrillo, que había convocado a los magistrados a partir de una demanda formal que efectuaron al cuerpo tras la sanción de la normativa.

En ese marco, los concejales Carrillo, Manazzoni y Luján Fiego (Acción Tandilense-LLA) acordaron con sus pares del oficialismo y con el presidente del cuerpo, Juan Pablo Frolik, para llevar adelante la sesión especial mañana y poner un cierre definitivo al asunto que comenzó a debatirse en junio.

En segundo lugar, en el encuentro legislativo se modificará un término del artículo 14 de la ordenanza, referido a los requisitos para recuperar el vehículo secuestrado en el marco de los allanamientos que pudiera ordenar la Justicia de Faltas.

En concreto, se trata del inciso b que establece que “a los efectos de la entrega al titular de dominio, poseedor y/o tenedor del vehículo secuestrado, si lo hubiere, se deberán cumplimentar los siguientes requisitos” y enumera “acreditar titularidad de dominio, posesión y/o tenencia del vehículo, con título del automotor y/o boleto de compraventa con fecha cierta, que acredite tal condición y la póliza de seguro vigente sobre dicho rodado”.

En ese caso, se reemplazará título automotor o boleto de compraventa por Formulario 08, que es el trámite que acredita transferencia entre las partes ante la compraventa de un vehículo.