Las integrantes de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, Zulma Ferreyra y Laura Bisogni, abordaron una tendencia creciente en la atención al público: la utilización de herramientas de inteligencia artificial para redactar reclamos ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). 

Si bien la tecnología puede ofrecer una asistencia inicial valiosa, las especialistas subrayaron la necesidad de comprender los límites de la vía administrativa frente a la judicial.

En el marco de una reciente entrevista brindada a Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, las funcionarias explicaron que “el uso de la inteligencia artificial puede resultar beneficioso cuando el usuario necesita organizar sus ideas. Muchas personas, al momento de realizar una denuncia, encuentran dificultades para explicar con claridad los hechos o identificar el incumplimiento específico de una empresa”. 

En este sentido, la tecnología ayuda a estructurar el relato, indicaron, “permitiendo que el consumidor exprese su situación de manera más adecuada y con un lenguaje técnico que facilita la comprensión del caso por parte de los agentes municipales”, resaltaron.

Ferreyra destacó que, para el equipo de trabajo, contar con un relato ordenado permite agilizar la escucha activa, un proceso fundamental en la oficina. Al recibir a los vecinos, el personal debe filtrar la información relevante de aquella que no hace a la cuestión de fondo. 

"A veces las personas vienen enojadas y empiezan a contar detalles que no hacen a la cuestión de fondo. Nosotros necesitamos saber cuál es el conflicto, qué plazo se incumplió o qué consumo no corresponde", señaló durante la entrevista.

Sin embargo, el problema surge cuando los usuarios llegan con escritos generados por inteligencia artificial que imitan el formato de una presentación judicial. Al estar configuradas con parámetros que a menudo desconocen la naturaleza administrativa del organismo, estas herramientas suelen sugerir pretensiones que exceden las facultades de la oficina. 

Las funcionarias advirtieron que, “al no ser una instancia judicial, la oficina no tiene competencia para cuantificar daños morales, psicológicos o lucro cesante, elementos que frecuentemente aparecen en los textos generados por IA”.

Bisogni profundizó en esta distinción técnica, explicando que el organismo se ciñe a la Ley de Defensa del Consumidor dentro de sus límites administrativos. "Nosotros podemos llegar hasta solicitar un daño directo, pero todo lo que son los demás daños, que es lo que vemos mucho en este tipo de reclamos, ya sería una cuestión para un abogado personal", aclaró. 

La pretensión de obtener reparaciones integrales por daños y perjuicios requiere de un análisis jurídico profesional que la inteligencia artificial, por sí sola, no puede garantizar en este ámbito.

El riesgo principal radica en la tergiversación del objeto del reclamo. Si el usuario solicita a la herramienta que redacte una denuncia sin especificar que se trata de una instancia administrativa, la IA puede generar un pedido desproporcionado o inaplicable. 

"Si el planteo a la IA fuese que me voy a presentar en una oficina administrativa, el reclamo va a estar bien dirigido. Pero si hay detalles que uno no informa, la herramienta va a sugerir otra cosa", puntualizó Zulma Ferreyra sobre la importancia de la precisión en el uso de estas tecnologías.

Ante este escenario, las especialistas insistieron en la importancia de la presencialidad y el asesoramiento directo. Aunque la tecnología sea una herramienta útil para redactar un resumen inicial, no reemplaza la atención personalizada que brindan los profesionales en la oficina. 

“La escucha activa permite derivar correctamente los casos, ya que muchas veces los ciudadanos confunden las competencias de las distintas áreas, como ocurre frecuentemente entre las consultas de alquileres y las de defensa del consumidor”, resaltaron.

Finalmente, las funcionarias recordaron a la comunidad que la oficina se encuentra a disposición para orientar a los vecinos en sus reclamos. La atención al público se realiza de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14, en las instalaciones ubicadas en la calle Chacabuco 383. 

El equipo de trabajo enfatizó que, más allá de cualquier ayuda tecnológica, “el contacto humano sigue siendo la herramienta más efectiva para resolver los conflictos de manera eficiente y ajustada a derecho”, afirmaron.

La reflexión final de las especialistas invita a los consumidores a utilizar la inteligencia artificial con cautela, entendiendo que su función debe limitarse a la organización del relato y no a la definición de la estrategia legal. 

La decisión del Gobierno nacional de habilitar a la compañía JetSmart Chile para operar vuelos de cabotaje dentro de la Argentina volvió a generar una fuerte controversia en el sector aerocomercial y provocó la reacción de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que se declaró en estado de alerta y movilización.

La medida, formalizada a través de la Disposición 27/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo y publicada el 14 de octubre, se inscribe en la política de desregulación y apertura del mercado impulsada por la administración de Javier Milei, que en los últimos meses avanzó con una serie de modificaciones normativas destinadas a ampliar la participación de operadores extranjeros en el transporte aéreo doméstico.

La autorización se vincula con la denominada “novena libertad del aire”, una de las modalidades más amplias dentro de los acuerdos de transporte aerocomercial, que permite a una aerolínea extranjera realizar vuelos íntegramente dentro del territorio de otro país.

El Gobierno sostiene que estas medidas apuntan a incrementar la competencia, ampliar la oferta de servicios y favorecer una reducción de tarifas para los pasajeros, en línea con la política de “cielos abiertos” promovida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transporte.

Sin embargo, la decisión generó un inmediato rechazo entre diversos sectores sindicales de la actividad, que consideran que la autorización constituye un nuevo avance sobre el mercado doméstico en perjuicio de las empresas radicadas en el país y de los trabajadores argentinos.

En un duro pronunciamiento difundido este jueves por la red social X, APLA calificó la medida como “un ataque directo a la industria aerocomercial nacional” y responsabilizaron por la decisión al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y al subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez.

Según el documento sindical, la habilitación otorgada a JetSmart Chile “provocará una mayor competencia con empresas locales bajo marcos laborales diferentes, lo que, a criterio de los sindicatos, podría traducirse en pérdida de puestos de trabajo, reducción de condiciones laborales y una creciente precarización del empleo aeronáutico”.

Los dirigentes también advirtieron sobre las consecuencias que, a su entender, tendría la profundización de la apertura aerocomercial sobre los usuarios. En ese sentido, sostuvieron que experiencias recientes en el sector “demostraron que la expansión de modelos de bajo costo puede derivar en cancelaciones, reprogramaciones y conflictos operativos que terminan afectando a los pasajeros”.

El comunicado recordó, además, que los gremios ya habían cuestionado otras iniciativas impulsadas por la actual administración para flexibilizar regulaciones y ampliar el acceso de operadores extranjeros al mercado argentino. Desde los sindicatos sostienen que estas reformas “forman parte de un proceso de transformación estructural que podría afectar capacidades técnicas, operativas y laborales desarrolladas históricamente por la industria nacional”. NA

El Municipio desestimó el reclamo administrativo presentado por Julio Alberto Decima por el destino de una motocicleta Corven Triax 150, que había sido secuestrada en octubre de 2025 y que, según denunció el vecino, posteriormente habría sido compactada.

A través del decreto 2931/2026, firmado el 23 de septiembre, la comuna concluyó que no se encuentran acreditados los elementos necesarios para atribuirle responsabilidad patrimonial por lo ocurrido con el rodado.

El expediente se inició a partir de una presentación realizada por el damnificado el 10 de agosto pasado, en la que solicitó que se esclareciera el procedimiento seguido con la motocicleta, dominio A151SLZ, y se le informara cómo continuar ante la imposibilidad de recuperar el vehículo.

Según consta en el decreto, la motocicleta había sido secuestrada el 4 de octubre de 2025 por personal de la comisaría Primera en el marco de una causa contravencional que tramitó ante el Juzgado de Faltas 2.

Posteriormente, mediante una resolución del 30 de julio de 2026, ese juzgado declaró la nulidad de las actuaciones que habían dado origen a la causa y ordenó el reintegro del rodado, autorizando al vecino a retirarlo de la dependencia policial.

A partir del reclamo, la Dirección de Asuntos Jurídicos Administrativos requirió información a distintas dependencias municipales para determinar si había existido alguna intervención de la comuna en el traslado, custodia o eventual compactación de la motocicleta.

El informe elaborado por la Dirección de Control Vehicular señaló que, a requerimiento de la Seccional Primera, el Municipio había dispuesto medios para el traslado de motovehículos hasta el Depósito Judicial de Cerro Leones.

Sin embargo, la dependencia municipal informó que no registraba la recepción ni la custodia de la motocicleta y que la Municipalidad “no realizó operativo de compactación alguno en la fecha indicada”.

El decreto señala, en ese sentido, que la intervención municipal acreditada se limitó a la “colaboración material” solicitada por la policía, “sin que surja de las actuaciones que el Municipio hubiera asumido facultades de guarda, custodia, disposición o compactación respecto del motovehículo”.

Otro de los elementos considerados por el Municipio fue la situación del Depósito Judicial Cerro Leones. Según establece el decreto, la custodia de los vehículos alojados en ese predio se encontraba a cargo de la policía de la provincia de Buenos Aires, “que dispone de personal asignado a la guarda y vigilancia de los vehículos allí depositados”.

El acto administrativo también cita el permiso de uso celebrado entre la Municipalidad y el Ministerio de Seguridad bonaerense. De acuerdo con sus términos, la responsabilidad por eventuales daños a personas o bienes de terceros derivados de las actividades desarrolladas en el establecimiento correspondía al Ministerio de Seguridad provincial, “manteniendo indemne a la Municipalidad frente a reclamos judiciales o extrajudiciales de terceros”.

Sobre esa base, el decreto sostiene que las circunstancias posteriores al secuestro y traslado de la motocicleta, incluida su eventual desaparición, disposición o compactación, se encuentran vinculadas con la esfera de actuación y custodia de las autoridades provinciales.

El Municipio remarca además que no se encuentra acreditado que haya “decidido, ejecutado o intervenido en una eventual compactación” del rodado.

El expediente municipal también incorporó la referencia a una denuncia penal formulada por el damnificado.

El decreto señala que será en ese ámbito donde podrán investigarse las circunstancias relacionadas con la desaparición o eventual compactación de la motocicleta y determinarse, en caso de corresponder, las responsabilidades.

En paralelo, el Municipio dejó asentado que el vecino fue recibido en distintas oportunidades por la Dirección de Asuntos Jurídicos Administrativos, donde se lo orientó respecto de las actuaciones que podía promover y la documentación que debía acompañar. También se realizaron consultas ante las dependencias municipales que podían aportar antecedentes sobre el caso.

El decreto aclara que esas gestiones no implican un reconocimiento de responsabilidad municipal ni habilitan a la administración a investigar la regularidad de procedimientos policiales o adoptar decisiones sobre bienes sometidos a custodia provincial.

A partir del análisis de las actuaciones, el Municipio concluyó que “no surge acreditada una acción u omisión antijurídica ni falta de servicio imputable” a la comuna.

Tampoco consideró demostrada una relación de causalidad entre la colaboración material prestada por el Municipio y la imposibilidad de recuperar la motocicleta.

Por esos motivos, el artículo primero del decreto 2931/2026 dispone desestimar el reclamo administrativo presentado y establece que no están reunidos los presupuestos necesarios para atribuir responsabilidad patrimonial a la Municipalidad.

A su vez, en el artículo segundo se informa al interesado que “las cuestiones vinculadas con la custodia y eventual disposición o compactación del rodado corresponden al ámbito de actuación de las autoridades provinciales competentes, ante las cuales podrá encauzar su presentación”, sin perjuicio de la investigación penal ya iniciada.

De esta manera, la decisión administrativa municipal cierra la instancia del reclamo presentado ante la comuna sin establecer qué ocurrió con la motocicleta después de su traslado, cuestión que el propio decreto deja vinculada a las autoridades provinciales y a la investigación judicial en curso.

Entre 400 y 500 centros educativos de Francia podrían permanecer total o parcialmente cerrados este lunes por las protestas estudiantiles, según anunció el ministro de Educación, Edouard Geffray.

El funcionario estimó este domingo, en declaraciones a la cadena France 2, que la interrupción de las clases alcanzará una magnitud similar a la del viernes.

Geffray señaló además que 24 establecimientos fueron incendiados o saqueados y que 78 trabajadores educativos resultaron heridos desde el comienzo de las movilizaciones.

Las protestas surgieron por reclamos vinculados con la falta de reemplazos para docentes ausentes y el deterioro de las instalaciones escolares, y se extendieron a distintos puntos del país.

El Gobierno anunció el viernes medidas para acelerar la sustitución de profesores, pero las organizaciones estudiantiles las consideraron insuficientes y convocaron a intensificar las movilizaciones desde el martes, con respaldo de sindicatos docentes y de la CGT. (NA). 

La vecina de Tandil Natalia Disalvo reclama, desde hace once días, una respuesta de la Obra Social de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Osuthgra) para que autorice la cirugía que necesita su hijo, quien sufrió fracturas en ambos brazos en el accidente ocurrido el pasado 19 de septiembre sobre la Ruta Provincial 30.

El joven de 18 años permaneció internado cinco días en la Clínica Chacabuco, dos de ellos en terapia intermedia y tres en una habitación común. El viernes 25 recibió el alta y regresó a su casa a la espera de la intervención, que debía realizarse días atrás.

“Mi hijo está con los dos brazos quebrados, a la espera de una cirugía, todo retrasado porque la obra social no me entrega un papel”, afirmó ayer Disalvo en diálogo con El Eco de Tandil.

Según relató, los médicos habían previsto realizar la operación el viernes pasado, pero la falta de respuesta de la obra social impidió avanzar.

“Como la obra social no respondió, todavía seguimos esperando”, sostuvo.

La mujer explicó que el alta se dispuso porque su hijo se encuentra clínicamente estable, aunque continúa con lesiones que requieren tratamiento quirúrgico.

“A mi hijo le dieron el alta viernes 25 para que esperemos la cirugía en casa porque está clínicamente bien y para evitar el contagio de virus intrahospitalarios”, señaló.

Mientras tanto, permanece con ambos brazos vendados y con dificultades para desenvolverse por sus propios medios.

“Él está dolorido, inmóvil, no puede valerse por sí mismo. Tiene los brazos vendados”, describió.

Un reclamo sin respuesta

Disalvo aseguró que presentó la documentación solicitada por la obra social y que también fueron entregados los presupuestos correspondientes. “Están todos los papeles y los presupuestos entregados desde el lunes posterior al accidente, tal como nos pidieron”, indicó.

Ante la falta de avances, además, envió una carta documento. “Incluso mandé una carta documento, que les llegó ayer, y tienen 24 horas para responder”, contó.

Según afirmó, ese plazo ya se cumplió sin que recibiera una respuesta.

La madre del joven también cuestionó las distintas explicaciones que recibió durante estos días. “Estoy hablando con el secretario general de la obra social y él me dice que falta un papel, que la clínica no se lo pasa; la clínica me dice otra cosa: que la obra social no autoriza y que la ortopedia tiene que comunicarse con el médico. Pero nadie se comunica con el médico, tampoco”, relató, y se lamentó: “Estamos a la deriva".

Frente a esa situación, ayer decidió permanecer en la sede de la obra social hasta obtener una respuesta. “Me voy a quedar acá, aunque llamen a la policía; no me voy a ir sin una respuesta concreta y positiva”, sostuvo.

“Todos los días ponen una excusa diferente. Hace once días que estoy viniendo todos los días. Y hoy estoy desde las 11:30 de la mañana acá dentro. Me voy a quedar, no me voy a ir”, afirmó.

Disalvo es afiliada a Osuthgra y su hijo se encuentra a su cargo. La vecina señaló que lleva cerca de una década en la obra social y que hasta ahora no había tenido inconvenientes con la cobertura. “Nunca había tenido problemas, pero lo cierto es que nunca la necesité”, manifestó.

Las lesiones

El joven fue uno de los heridos en el choque frontal ocurrido el 19 de septiembre, alrededor de las 15.40, sobre la Ruta Provincial 30, a unos 40 kilómetros de Tandil, en el tramo que conecta esta ciudad con Rauch.

El siniestro involucró a un Toyota Yaris y un Renault Mégane y dejó como saldo una mujer fallecida y otras seis personas heridas, una de ellas menor de edad.

Los ocupantes heridos fueron trasladados para recibir atención médica. Por razones de jurisdicción, la investigación quedó a cargo de la Policía de Ayacucho.

Disalvo detalló que su hijo sufrió, además de las fracturas en ambos brazos, un traumatismo de cráneo que requirió 20 puntos de sutura, un golpe en el pulmón y lesiones en el estómago, la pelvis y una rodilla.

Según pudo saber este medio, el resto de los ocupantes del Mégane, oriundos de Tandil, se encuentran fuera de peligro, aunque deberán continuar con diversos tratamientos para su total recuperación.

Vecinos de los barrios Mirage y Metalúrgico, Villa Galicia y Villa Italia Norte pidieron recuperar el recorrido original del colectivo blanco, luego de que comenzara a regir un nuevo esquema para la línea.

Durante la mañana del martes 22 presentaron su reclamo a la comisión de Transporte y Tránsito del Concejo Deliberante, donde les manifestaron que derivaron su reclamo al Ejecutivo, ya que se encuentra vigente la emergencia del transporte, y que ellos mismos pueden también plantear su petición ante el Intendente.

Como el cambio en la línea 502 tuvo que ver con la necesidad de que el transporte pase por el Jardín 928, los vecinos explicaron que no pretenden dejar sin servicio al establecimiento, sino no perder como barriada la conexión con escuelas, hospitales, comisarías y otras instituciones.

“Hay una vecina que vive en Lunghi y Doering, que va al Sanatorio. Antes lo tomaba a media cuadra de su casa, y ahora tiene que ir a tomarlo a Duffau y Magallanes, son como trece cuadras que hace”, transmitió Paula, una de las representantes barriales que formó parte de los vecinos que presentaron el reclamo ante la comisión de Transporte.

Más de 120 firmas

“Somos vecinos de Mirage/Metalúrgico , Villa Galicia y Villa Italia Norte los que les pedimos por favor que vuelva el colectivo blanco a su recorrido de Lunghi y Doering , Doering y Lisandro de la Torre , Doering y Figueroa , Maritorena y Ugarte , Maritorena y Quintana que son las 5 paradas de nuestros barrios”, expresaron los frentistas en un pedido que reunió más de 120 firmas.

“Desde los 3 barrios te pedimos que no nos dejen solos, vos que sos vecino y sabes que el  blanco es algo fundamental para nosotros por favor necesitamos  que vuelva el recorrido original del colectivo”, sumaron.

Cabe recordar, la modificación del recorrido de la Línea 502 se hizo efectiva a partir del pasado lunes 14 de septiembre. Fue luego de que el Concejo Deliberante aprobara el cambio, que además de intervenir sobre el trayecto, incorporó paradas.

“Nos dejó a los tres barrios sin poder volvernos, sin el colectivo por cualquier urgencia, para ir al Hospital de Niños, Salud Mental, Sanatorio. Son un montón de complicaciones”, lamentaron.

Uno de los puntos a partir del cual se estableció la modificación del recorrido fue la necesidad de que el servicio pasar en cercanías del Jardín 928. Sin embargo, los vecinos que presentaron el pedido no pidieron quitarle esa posibilidad a la institución, sino que se contemple la creación de dos alargues especiales en horario escolar.

“La idea es que siga pasando por el jardín, no queremos exclusividad del recorrido”, planteó Paula.

“No pedimos que dejen al jardín 928 sin recorrido. Que hagan un alargue para ese jardín solo en horario escolar. Serían solo un par de colectivos nada más para las entradas de las 8 y las 13 y para las salidas de las 12 y las 17”, propusieron.

“A la opción que hay (siempre hablando en horarios específicos que es donde todos los necesitamos), el colectivo azul viene saturado desde Cerro Leones y La Movediza y no para. Han dejado a muchos esperando dos o tres colectivos porque  vienen llenos y no pueden parar y además no es el mismo recorrido”, explicaron.

“Nos perjudicaron, nunca vinieron al barrio a ver el movimiento y ver los cientos de vecinos que han dejado a pie sin tener ningún tipo de consideración. Somos tres barrios”, concluyeron.

El cambio del recorrido, informaron desde el Municipio de Tandil, fue aprobado oportunamente por el Honorable Concejo Deliberante y alcanza al recorrido Blanco A-B La Porteña – Centro – Hospital – Maggiori, cuya cabecera de origen se encuentra en Arrillaga y avenida Juan B. Justo y que tiene como destino final el Parque Industrial.

La modificación también contempló el recorrido Blanco Alargue Granja, destinado especialmente a mantener la conectividad de la comunidad educativa de la zona rural con la Escuela Agrotécnica Nº 1 “Ramón Santamarina”.

El Municipio rechazó el reclamo administrativo presentado por un hombre que había denunciado que su motocicleta sufrió distintos daños mientras permaneció secuestrada en un depósito municipal, al considerar que no se pudo acreditar que los deterioros fueran consecuencia de una acción u omisión atribuible a la administración.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto Nº 2716/2026, fechado el 4 de septiembre, a partir de la presentación realizada por un vecino, quien reclamó por el estado en que encontró su moto Honda CG, modelo 2013,  luego de retirarla del depósito municipal ubicado en Primera Junta 2551.

Según surge del expediente, el rodado había sido secuestrado el 13 de diciembre de 2025, en el marco de un procedimiento de control de tránsito. El acta correspondiente dejó asentado que la motocicleta circulaba sin la Verificación Técnica Vehicular exigida por la normativa.

El hombre sostuvo que, una vez cumplidos los requisitos necesarios para recuperar el vehículo, concurrió al depósito municipal y constató la presencia de diversos daños que, según su planteo, no se encontraban en la moto al momento del secuestro.

Entre los deterioros que denunció mencionó abolladuras en el tanque y rayaduras en ambos espejos, las tapas de embrague y encendido, el guiñe delantero izquierdo, el cubre escape, el barral derecho delantero y el guardabarros delantero.

Uno de los principales argumentos utilizados por el Municipio para rechazar el reclamo estuvo relacionado con el estado en que había sido registrada la moto al momento de su incautación.

El Acta de Secuestro Nº 043328, labrada el 13 de diciembre de 2025 a la 1.05, ya consignaba que el vehículo presentaba la patente rota y el tanque de combustible rayado.

De acuerdo con el decreto, esos daños eran, por lo tanto, preexistentes al traslado y posterior permanencia de la motocicleta en dependencias municipales.

El rodado fue trasladado el 19 de diciembre a las instalaciones de Primera Junta 2551, donde permaneció alojado a disposición de la autoridad competente.

En el expediente también intervino el director de Control Urbano Vehicular, Walter Villarruel, quien sostuvo que, a criterio de esa dependencia, los daños denunciados no habían sido producidos durante el secuestro y traslado.

Según explicó el funcionario, el motovehículo era sujetado desde el manillar y las agarraderas del asiento trasero para su traslado. Además, indicó que en los videos aportados por el reclamante solamente podían observarse rayones que consideró propios del uso, mientras que el daño en el tanque de combustible ya había sido consignado en el acta de secuestro.

El decreto señaló que, para determinar si correspondía reconocer una responsabilidad patrimonial del Estado, debían verificarse una serie de elementos: la existencia de un hecho dañoso, la existencia de un daño cierto y económicamente evaluable, un nexo causal directo con una acción u omisión antijurídica de la Administración y la inexistencia de factores que pudieran excluir esa responsabilidad.

En ese marco, el Municipio consideró que la documentación incorporada por el vecino no resultaba suficiente para acreditar los hechos denunciados.

En particular, sostuvo que no se había podido determinar con el grado de certeza necesario que los daños —con excepción de los que ya figuraban en el acta de secuestro— hubieran sido producidos durante el traslado, permanencia o guarda del vehículo en el depósito municipal.

Tampoco se acreditó, según el decreto, que los deterioros fueran consecuencia de una acción u omisión de agentes municipales.

Otro de los puntos señalados fue la falta de una constancia objetiva y contemporánea al ingreso de la motocicleta que permitiera establecer cuál era su estado exacto antes del secuestro y compararlo luego con las condiciones en que fue retirada.

El Municipio también consideró que los elementos reunidos no permitían determinar de manera objetiva cuándo se habrían producido los daños, cuál habría sido la mecánica que los ocasionó ni si había intervenido personal municipal.

En cuanto a los videos aportados, el decreto sostuvo que tampoco permitían establecer esos extremos con el grado de certeza requerido.

A partir de esos argumentos, la Dirección de Asuntos Jurídicos Administrativos de la Secretaría Legal y Técnica concluyó que no correspondía hacer lugar al reclamo.

Ese criterio fue compartido por el Departamento Ejecutivo, que finalmente resolvió desestimarlo mediante el Decreto Nº 2716/2026.

La resolución estableció que no habían quedado acreditados los hechos invocados por el reclamante ni la relación causal entre los daños denunciados y una conducta activa u omisiva antijurídica atribuible a la Administración municipal.

La Seccional Tandil de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra) manifestó su profunda preocupación ante la falta de pago de aportes y cargas sociales por parte de distintos establecimientos gastronómicos de la ciudad.

El secretario general de Uthgra Tandil, Ariel Agüero, señaló que el sindicato viene realizando reclamos ante empresarios del sector que mantienen deudas correspondientes a los aportes de sus trabajadores y aseguró que, en algunos casos, los incumplimientos se extenderían hasta por un año.

Desde la organización gremial remarcaron que esta situación reviste especial gravedad, ya que el incumplimiento de las obligaciones patronales puede afectar directamente a los trabajadores y sus familias, poniendo en riesgo el normal acceso a prestaciones vinculadas con la seguridad social y la cobertura médica.

Agüero informó además que se encuentra en contacto permanente con el presidente de Fegra, Nicolás Funaro, a quien se le ha transmitido la preocupación del sindicato por esta situación. Desde Uthgra Tandil remarcaron que, a partir de estas comunicaciones institucionales, el sector empresario se encuentra en conocimiento de la gravedad del problema y de los reclamos que viene llevando adelante el gremio.

Pese a ello, Uthgra Tandil indicó que varios de los empleadores involucrados no han dado respuesta a los llamados ni han avanzado en la regularización de las obligaciones pendientes.

Ante la falta de respuestas concretas, la conducción de la Seccional Tandil se encuentra evaluando la realización de acciones gremiales directas en los establecimientos que mantengan estas deudas, entre ellas movilizaciones, manifestaciones y protestas en las puertas de los locales.

“Los empresarios tienen la obligación de cumplir con los aportes correspondientes a sus trabajadores. Estamos hablando de recursos que pertenecen a los trabajadores y que son fundamentales para garantizar sus derechos, su cobertura social y su atención médica. El sector empresario conoce esta situación y esperamos que actúe con la responsabilidad que corresponde”, expresó Agüero.

Desde Uthgra Tandil señalaron que la prioridad continúa siendo alcanzar una solución mediante el diálogo y la inmediata regularización de las obligaciones pendientes. No obstante, advirtieron que, de persistir los incumplimientos y la falta de respuestas, el sindicato avanzará con las medidas gremiales necesarias en defensa de los trabajadores gastronómicos y hoteleros de Tandil.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio curso formal al reclamo presentado por Vélez contra Boca por el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina y estableció un plazo de cinco días para que el Xeneize tome conocimiento de la presentación y formule su descargo.

“Se da vista por el término de cinco días contados desde la fecha de esta resolución, al Club Boca Juniors, debiendo tomar conocimiento y contestar dentro de ese plazo”, indicó el organismo en su resolución, en la que además hizo referencia al artículo 36 del Código Disciplinario.

La controversia se originó luego de la eliminación de Vélez ante Boca, por penales, en los octavos de final del certamen. El Fortín denunció una presunta formación indebida y pretende que el conjunto xeneize sea descalificado de la competencia, lo que le permitiría ocupar su lugar en los cuartos de final.

El club de Liniers había informado el sábado pasado que presentó formalmente el reclamo ante la AFA debido a que Boca incluyó a seis futbolistas extranjeros en la planilla del encuentro, cuando, según sostiene Vélez, el máximo permitido es de cinco.

Ahora será Boca el que deberá presentar sus argumentos ante el Tribunal de Disciplina dentro del plazo establecido. Una vez cumplida esa instancia, el organismo tendrá que analizar las presentaciones y resolver si corresponde aplicar alguna sanción.

Sin embargo, en el mismo Boletín Oficial apareció un antecedente que podría jugar en contra de las pretensiones de Vélez. En el fútbol femenino, Lanús había reclamado los puntos de un encuentro ante Belgrano debido a que el conjunto cordobés realizó seis modificaciones durante el partido.

En aquella oportunidad, Lanús solicitó que se le diera por ganado el encuentro, pero el Tribunal de Disciplina mantuvo el resultado deportivo —victoria 3 a 1 de Belgrano— y aplicó únicamente una sanción económica.

De esta manera, mientras Boca dispone de cinco días para responder, la continuidad del Xeneize en la Copa Argentina quedó ahora bajo análisis del Tribunal de Disciplina de la AFA.

En los últimos días tomó estado público que un vecino de la localidad de Bolívar, padre de uno de los menores de la familia trasladada desde Azul a Tandil, reclama poder ver a su hijo. Se trata de Renzo Leiva, quien dialogó con El Eco y contó su caso. Señaló que presentó denuncias y que aguarda la determinación judicial al respecto.

“Quiero que se cumplan los derechos de mi hijo y los míos como padre”, expresó Leiva. “Mi reclamo es que me den al nene, sí o sí, o que me lo traigan para Bolívar, así él tiene un lugar fijo para estar estable, y que no viva yendo de lugar en lugar. Creo que no puede vivir mi nene yendo un lugar para otro pasando frío, hambre y todas cosas así que viene pasando. Me están cortando el vínculo familiar, el poder verlo, poder hablar”, pidió Leiva, padre de un niño de cinco años.

El caso de la familia en situación de vulnerabilidad trasladada de Azul a Tandil tomó estado público el pasado 14 de agosto. Fue cuando, tras registrar la presencia de personas en la Estación de Ferrocarril, la Secretaría de Protección Ciudadana dio aviso a la Policía y activó junto a Desarrollo Humano el protocolo para personas en situación de calle. La familia fue alojada en pensiones locales, y cuatro de los menores ya retomaron su escolarización en la ciudad.

El hecho motivó denuncias y comunicaciones cruzadas. Una de las denuncias fue por averiguación de ilícito, y la presentó de oficio la Policía con sede en Tandil. Otra fue elevada por el concejal azuleño Agustín Puyou contra el funcionario Omar Seoane, responsable del área que trasladó a la familia. 

El intendente Miguel Lunghi solicitó a su par azuleño que intervenga en el caso, y desde Azul respondieron que no iban a hacerse cargo de los gastos ocasionados, proponiendo la creación de una mesa conjunta para abordar la situación.

“Que me den al nene”

Renzo Leiva sostuvo que el conflicto con la madre de su hijo comenzó tras la separación, y desde entonces busca mantener un vínculo estable, aunque transmitió que no encontró voluntad al respecto de parte de su ex pareja. El cotidiano con su hijo, manifestó al respecto, ha sido obstaculizado por la madre del niño. 

Según explicó, se enteró de la llegada de ambos a Tandil de manera fortuita: “Me enteré de que estaban en Tandil a través de una captura de pantalla que le mandó mi hermana a mi mamá, que la mamá de mi hijo y él estaban ahí en la calle, estaba en la Estación de tren, y no me había avisado nada. Me hubiese avisado, y yo lo iba a buscar, pero no”.

Tras tomar conocimiento de la situación se contactó con su abogado. Presentaron una denuncia en la Comisaría de la Mujer con sede en Bolívar, y a la fecha aguardan respuesta de parte de la Justicia y las autoridades competentes.

El padre del menor enfatizó que su intención es brindarle a su hijo un entorno seguro y permanente. “Acá en casa tenemos tres habitaciones, una para mí, una para mi mamá y otra para mi hermano. Dos baños, cocina comedor está más que bien acá. Pero no pasa todo por eso, sino por el bienestar de él, emocional, económico, todo, todo junto tiene que ser un lugar estable. Acá se le va a apoyar bien, con amor, con cariño, con respeto. No va a tener que pasar más por esas cosas”, aseguró.

Leiva recordó que la inestabilidad en el contacto con su hijo es una problemática de larga data. “Esto ya viene con muchos antecedentes de este tipo de cosas, de no poder estar con mi hijo. Cuando nos separamos fue cuando todo esto empezó a cambiar”, señaló. Asimismo, describió la angustia que le generan las comunicaciones telefónicas: “Cada vez que lo llamaba me reclamaba, mi hijo, lloraba”.

El caso de Renzo Leiva y su reclamo tomó trascendencia luego de que se haya conocido la situación de la familia trasladada a Tandil por el Municipio de Azul. Consultado sobre el hecho, Agustín Puyou, concejal de la localidad vecina, quien denunció a los funcionarios azuleños implicados, consideró que el reclamo de Leiva aumenta la gravedad de lo ocurrido.

“Lo he leído por trascendidos periodísticos. De ser así es aún más grave porque además hay un padre que está reclamando la tenencia”, indicó. “Con lo cual hay otro desconocimiento, otro incumplimiento de una orden judicial. Cada cada vez que uno se acerca al problema se agrava cada vez más", concluyó.

La Municipalidad de Tandil rechazó el reclamo administrativo presentado por una vecina que solicitaba un resarcimiento por los daños sufridos en su vehículo luego de impactar contra un tambor colocado sobre un socavamiento existente en la intersección de Dinamarca y Primera Junta.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto Nº 2431/2026, firmado el 5 de agosto, a partir del expediente iniciado por una vecina, quien había denunciado que el hecho ocurrió el 2 de junio de 2026.

Según consta en las actuaciones, la conductora atribuyó los daños de su vehículo al impacto contra un tambor dispuesto en el lugar para advertir sobre la existencia de un bache en la calzada.

Sin embargo, el Municipio sostuvo que no se encontraban reunidos los requisitos necesarios para atribuirle responsabilidad patrimonial por el hecho.

Uno de los principales argumentos utilizados para rechazar el reclamo fue el accionar de la Dirección General de Vialidad. De acuerdo con el informe incorporado al expediente, el 2 de junio, una vez que el personal municipal tomó conocimiento del socavamiento existente en la esquina, se colocó de manera preventiva un tambor con cinta de peligro para señalizar el obstáculo.

El desperfecto, según se indicó, se encontraba localizado en un sector puntual de la calzada y no impedía completamente la circulación vehicular.

Además, el informe señaló que la reparación definitiva del sector se concretó al día siguiente, el 3 de junio.

Para el Municipio, esas circunstancias demostraron que se habían adoptado medidas preventivas una vez advertida la existencia del problema y que posteriormente se había realizado la reparación en un plazo considerado razonable.

En ese sentido, el decreto sostuvo que no se configuró una omisión antijurídica ni una falta de servicio por parte de la administración municipal.

Otro de los fundamentos utilizados para desestimar el reclamo estuvo relacionado con la prueba presentada por la conductora.

Según se detalló en el decreto, la documentación aportada fue considerada insuficiente para acreditar de manera objetiva cómo se produjo el siniestro y establecer una relación directa entre el supuesto impacto y los daños reclamados.

El expediente no contaba, de acuerdo con la resolución, con testigos presenciales, actuación policial, acta de constatación, fotografías de los daños del vehículo, informe o pericia mecánica ni otros elementos que permitieran determinar con precisión la mecánica del hecho.

Además, el Municipio señaló que las propias fotografías incorporadas por la reclamante mostraban la existencia de la señalización preventiva colocada en el lugar.

El decreto también hizo referencia a las obligaciones de los conductores establecidas por la normativa de tránsito. En particular, sostuvo que quienes circulan deben mantener en todo momento el dominio efectivo del vehículo, adecuar la velocidad a las condiciones de circulación y extremar las precauciones ante intersecciones u obstáculos debidamente señalizados.

Por ese motivo, la Municipalidad consideró que, aun admitiendo que se hubiera producido el impacto denunciado, las constancias del expediente no permitían atribuirlo a un incumplimiento del deber de seguridad por parte del Estado municipal.

Incluso, el decreto planteó que la conducta de la conductora pudo haber tenido una incidencia relevante en la producción del daño, al punto de excluir la relación causal necesaria para responsabilizar al Municipio.

Con esos argumentos, Miguel Lunghi resolvió desestimar el reclamo administrativo presentado por Leonardo y cerrar la instancia administrativa. La resolución debía ser notificada a la interesada a través de la Secretaría Legal y Técnica.

La Municipalidad de Tandil rechazó el reclamo administrativo presentado por una vecina que solicitó una indemnización por la rotura del vidrio trasero derecho de su vehículo, al considerar que el perjuicio ya había sido reparado por su compañía aseguradora.

La decisión fue adoptada mediante el Decreto 2335/2026, luego de analizar la presentación realizada la vecina, quien denunció que el daño se produjo mientras su Renault Kangoo permanecía estacionada sobre calle Pujol, en la esquina con avenida Lunghi, durante tareas de mantenimiento del parquizado realizadas por personal municipal.

Según la presentación, el hecho ocurrió alrededor de las 11.15 del 3 de febrero de 2026, cuando un elemento despedido por una cortadora de pasto impactó contra el vidrio lateral trasero derecho del vehículo.

El Municipio confirmó el hecho

Durante la investigación administrativa intervino la Dirección General de Espacios Verdes Públicos, cuyo informe indicó que, de acuerdo con el relato del agente que realizaba las tareas de mantenimiento, los hechos se habrían producido en las circunstancias descriptas por la reclamante.

Sin embargo, el Ejecutivo avanzó con otras actuaciones para determinar si el daño ya había sido reparado por otra vía.

Con ese objetivo solicitó información a Federación Patronal Seguros, compañía que aseguraba el vehículo, la cual confirmó que la póliza vigente incluía cobertura de cristales.

Además, informó que se había registrado un siniestro correspondiente a la rotura de la ventanilla trasera lateral derecha del mismo vehículo, que motivó la emisión de la orden de reparación y cuya cobertura fue efectivamente cumplida el 10 de febrero de 2026.

No existía un daño pendiente de reparación

El decreto señaló que la vecina había denunciado el mismo hecho tanto ante la aseguradora como ante la Municipalidad.

Si bien advirtió que existía una diferencia de un día entre la fecha consignada en la denuncia administrativa —3 de febrero— y la informada por la aseguradora —2 de febrero—, sostuvo que ello no modificaba la conclusión, ya que ambas presentaciones hacían referencia al mismo cristal del mismo vehículo y no existían elementos que permitieran inferir la existencia de dos hechos distintos.

Por ese motivo, el Ejecutivo entendió que el perjuicio había sido íntegramente resarcido por la compañía aseguradora y que acceder a un nuevo pago por parte del Municipio implicaría un supuesto de enriquecimiento sin causa.

Con esos fundamentos, y siguiendo el dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos Administrativos, Miguel Lunghi firmó el decreto que rechazó el reclamo indemnizatorio presentado por la automovilista.

El Municipio de Tandil autorizó el pago de una indemnización de 450 mil pesos a un vecino cuya camioneta resultó dañada durante un operativo de reparación realizado por personal de la Dirección General de Higiene y Servicios Urbanos sobre el bulevar de avenida Colón.

La decisión quedó plasmada en el Decreto Nº 2268/2026, mediante el cual el Ejecutivo reconoció el reclamo administrativo presentado por un vecino propietario de una Volkswagen Amarok.

De acuerdo con el texto oficial, el vehículo sufrió daños como consecuencia del impacto de una herramienta que se encontraba sobre la acera mientras trabajadores municipales realizaban tareas de reparación en el bulevar de la avenida.

Tras analizar las actuaciones administrativas, los informes técnicos y jurídicos y los presupuestos presentados para reparar el vehículo, la Dirección de Compras y Suministros concluyó que el monto de 450 mil pesos se correspondía con el costo de los daños ocasionados al momento de iniciarse el expediente.

El decreto señala que el 11 de junio pasado ambas partes suscribieron un Convenio de Compensación, mediante el cual el Municipio reconoció ese monto como "resarcimiento único, total y definitivo" por el hecho denunciado.

Sin embargo, el dinero no será entregado directamente al propietario del vehículo.

Esto se debe a que, durante la tramitación del expediente, la Dirección de Rentas y Finanzas informó que el vecino registraba deudas con la Municipalidad por un total de 686.351,71 pesos.

Según el detalle incorporado al decreto, 676.367,21 pesos correspondían a tasas municipales de un inmueble ubicado en calle Saavedra, mientras que 9.984,50 pesos eran por la patente de un motovehículo.

El decreto dispuso que los 450 mil pesos reconocidos como indemnización sean utilizados para compensar parte de esas obligaciones tributarias.

La aplicación se realizará prioritariamente sobre la deuda correspondiente a las tasas municipales del inmueble de calle Saavedra y, únicamente si existiera un remanente dentro del monto reconocido, se destinará al pago de la deuda por la patente del motovehículo.

De esta manera, el Municipio compensará parcialmente la deuda que mantiene el contribuyente, mientras que el saldo restante continuará pendiente de cancelación.

La medida fue refrendada por el secretario de Servicios Públicos, Claudio Fuentes, y lleva la firma del intendente Miguel Lunghi.

El Municipio de Tandil rechazó el reclamo administrativo presentado por una vecina que solicitaba una indemnización por las lesiones que afirmó haber sufrido tras una caída ocurrida en una vereda de la ciudad.

La decisión quedó plasmada en el Decreto Nº 2290/2026, firmado el 21 de julio por el intendente Miguel Lunghi, mediante el cual se desestimó la presentación realizada por una vecina, quien había manifestado que el 28 de marzo pasado, alrededor de las 19.30, sufrió una caída cuando caminaba por la calle Sarmiento, en la intersección con 9 de Julio.

Según la presentación, el accidente le habría provocado una fractura de muñeca izquierda con desplazamiento del radio, lesiones que motivaron una intervención quirúrgica y le impidieron desempeñar sus tareas laborales. En función de ello, solicitó una compensación económica por los daños sufridos.

Sin embargo, el Ejecutivo concluyó que durante la tramitación administrativa no quedaron acreditados los elementos necesarios para atribuir responsabilidad patrimonial al Estado municipal.

En los considerandos del decreto, el Municipio señaló que quien reclama una indemnización debe demostrar tanto la existencia del daño como el hecho que lo produjo y la relación causal entre ambos.

En ese sentido, sostuvo que la documentación aportada por la reclamante no permitió comprobar con el grado de certeza requerido que el accidente hubiera ocurrido en el lugar y en las condiciones descriptas.

Además, indicó que las fotografías incorporadas al expediente no permitían establecer que la irregularidad observada correspondiera efectivamente al sitio de la caída ni que hubiera sido la causa del accidente.

El decreto también cuestionó la prueba médica presentada. Mientras la vecina afirmó haber sufrido una fractura de muñeca con desplazamiento del radio e incluso tres quebraduras, la documentación acompañada únicamente consignó un diagnóstico de "traumatismos superficiales que afectan múltiples regiones de los miembros inferiores y superiores", sin hacer referencia a fracturas, intervenciones quirúrgicas, inmovilizaciones o incapacidades laborales.

Asimismo, el Municipio sostuvo que tampoco fue acreditado el lucro cesante reclamado, ya que no se presentaron constancias que demostraran la actividad laboral, los ingresos denunciados ni la pérdida económica derivada del hecho.

Uno de los principales argumentos utilizados por el Ejecutivo fue que la construcción, conservación y reparación de las veredas constituye una obligación legal de los propietarios frentistas.

El decreto cita el Código de Edificación del Partido de Tandil, la Ordenanza Municipal Nº 3.535 y, de manera supletoria, el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para sostener que el mantenimiento de las aceras corresponde a quienes poseen los inmuebles ubicados frente a ellas.

En ese marco, el Municipio indicó que no existían elementos que permitieran concluir que el sector donde habría ocurrido el accidente fuera un espacio cuya conservación dependiera exclusivamente de la administración comunal.

Tampoco surgía del expediente que el Municipio hubiera tenido conocimiento previo de un eventual desperfecto que hiciera exigible una intervención, ni que la reclamante hubiera realizado denuncias o intimaciones al propietario frentista por el estado de la vereda.

Un informe de la Dirección de Obras Públicas, incorporado al expediente, señaló además que no existían registros, fotografías ni antecedentes que permitieran establecer en qué condiciones se encontraba la acera al momento del supuesto accidente.

La vecina también había atribuido el deterioro de la vereda a la construcción de una rampa para personas con discapacidad ejecutada por el Municipio.

Sin embargo, el decreto rechazó ese planteo al considerar que no fue acompañado por pruebas técnicas, periciales o documentales que demostraran una relación entre la obra de accesibilidad y el faltante de baldosas o la irregularidad denunciada.

El Ejecutivo sostuvo que la sola cercanía física entre la rampa y el lugar del accidente no resulta suficiente para atribuir responsabilidad al Municipio ni para configurar una falta de servicio.

El decreto también realiza un repaso de la doctrina y la jurisprudencia sobre la responsabilidad del Estado, señalando que el ejercicio del poder de policía no convierte a la administración en garante absoluto de todos los daños que puedan producirse en el espacio público.

En ese sentido, sostiene que para responsabilizar al Estado debe demostrarse la existencia de una obligación concreta de actuar, que la administración conocía previamente la situación de riesgo y que su omisión tuvo una incidencia directa en la producción del daño.

Al considerar que ninguno de esos presupuestos quedó acreditado durante la instrucción del expediente, el Municipio resolvió desestimar el reclamo administrativo presentado por la vecina y dar por concluida esa instancia.

A poco más de un mes de una nueva edición de la Feria del Libro, el fin de semana que coincide con el Día del Niño, un comerciante expresó su malestar con la decisión de mantener ambas actividades en simultáneo.

A través de una carta dirigida a la comunidad, el propietario de Jugueterías Arco Iris e integrante de la comisión de la Cámara Empresaria de Tandil como vocal de la Secretaría de Comercio, Antonio Rancaño sostuvo que su planteo no apunta contra el evento, sino contra la elección de la fecha. “Mi protesta está basada en la Feria del Libro. Es una feria muy importante y de gran interés comercial, social y cultural, que ha logrado tener vida propia, lo cual es para elogiar”, expresó.

Sin embargo, cuestionó que la organización haya decidido nuevamente realizarla durante el fin de semana del Día del Niño, una fecha que el sector juguetero considera estratégica a nivel nacional.

“¿Por qué superponerla al Día del Niño con el jueves, viernes, sábado y domingo de una manera aplastante para el rubro juguetero? Es una fecha que determina la Cámara del Juguete en Buenos Aires a nivel nacional. El único lugar donde la superponen es en Tandil”, afirmó.

El comerciante recordó que la misma situación ocurrió en 2025 y aseguró que entonces ya había manifestado su desacuerdo dentro de la entidad camarista de la calle Mitre.

“Sucedió que el año pasado, cuando también la hicieron para esta fecha y ante mi protesta en la Cámara me dijeron que era una fecha propuesta a principio de año y lamentablemente se superpuso”, señaló.

Y remató: “Creo que este año vieron el campo fértil. Nadie protestó, los jugueteros no estamos unidos como ellos y la comisión organizadora de la feria arremetió con la misma fecha, apoderándose como que es una fecha tradicional de ellos”.

Asimismo, consideró que existían alternativas para evitar el conflicto de fechas. “No es que no tengan opciones de cambiar la fecha; por ejemplo, al inicio o al fin del ciclo lectivo, o incluso realizar actividades en ambas fechas. También tienen las Noches de las Librerías, otro éxito comercial”, argumentó.

En su análisis, Rancaño reconoció que tanto el rubro librero como el juguetero atraviesan un contexto económico complejo, aunque remarcó que el Día del Niño representa uno de los momentos más importantes del año para los comercios dedicados a la venta de juguetes.

“El juguetero tiene al Día del Niño como una fecha clave en su calendario para oxigenar sus comercios y prepararse para fin de año, y superponerle semejante feria es atentar contra el rubro”, alertó.

Al mismo tiempo, aclaró que no cuestiona el hábito de regalar libros ni la actividad de las librerías, que “incrementan sus ventas en esta fecha y me parece bárbaro que la gente elija regalar libros. Yo también vendo libros infantiles, como en todas las jugueterías; son rubros que se complementan”, enfatizó.

Por último, insistió en que su planteo apunta exclusivamente a la decisión de los organizadores del evento, la Cámara Empresaria, el Municipio, la Unicen y los libreros.

“Con esta nota quiero dejar en claro que no estoy en contra de las librerías ni de quienes eligen libros en esta fecha, sino con los organizadores de la feria, que con toda intención determinan la fecha”, concluyó.

La preocupación también llegó hasta la Cámara de Libreros y a las autoridades de la Cámara Nacional del Juguete.

Ante la difusión de la queja, desde la Cámara Empresaria (CET) informaron a este Diario que mantuvieron diálogos con los responsables de la organización de la feria para transmitir la inquietud de sus socios.

Según indicaron fuentes de la entidad, las instituciones involucradas estuvieron al tanto del reclamo, pero aclararon que la decisión sobre el calendario no fue potestad exclusiva de la cámara, sino un consenso entre la Municipalidad, la Unicen y los propios libreros.

Los organizadores confirmaron que la feria ya se encuentra programada para llevarse a cabo del 13 al 16 de agosto de este año, por lo que resultaría imposible realizar modificaciones.

Vecinos autoconvocados de Azul volverán a manifestarse este domingo 12 de julio con el objetivo de visibilizar el crítico estado de las rutas nacionales. La jornada buscará reclamar la construcción de la autovía, exigir tareas de mantenimiento urgente y expresar su rechazo al cobro de peajes en el sector.

La ciudad de Azul se ha transformado en un caso testigo debido al pedido de transformación de la Ruta Nacional 3, específicamente en el tramo que conecta Las Flores con Chillar. Se trata de un corredor de intenso tránsito pesado que, además, acumula un extenso historial de accidentes fatales.

Según explicaron los organizadores, la protesta también tiene como fin respaldar a los habitantes de Cacharí en su oposición a la instalación de una nueva cabina de peaje entre esa localidad y Azul, medida que denuncian divide al medio a la población.

“Vamos a hacer un nuevo banderazo porque el otro día, cuando estuvimos acompañando a la gente de Cacharí, decidimos volver a encontrarnos, ya confirmaron vecinos de Chillar, Azul, Cacharí, Las Flores y Monte”, señaló el referente de los vecinos autoconvocados por la Ruta 3, Fernando Sottile.

En relación a las gestiones, Sottile remarcó que el reclamo histórico por la obra de la autovía sigue vigente y advirtió con preocupación que la nueva etapa de concesiones no contempla la ejecución de dicha infraestructura. Al respecto, el referente enfatizó: “Ahora que sabemos que tampoco vamos a tener la autovía, vamos a insistir para revertir esta situación, vamos a seguir pidiendo que reparen la ruta y que no cobren el peaje hasta que esté en condiciones”.

Los habitantes de la zona vienen denunciando desde hace tiempo diversas problemáticas, tales como ingresos a la ciudad mal señalizados, curvas peligrosas, banquinas en mal estado y una marcada falta de iluminación en tramos estratégicos. Esta situación, agravada por el constante paso de camiones y colectivos de larga distancia, convierte al trayecto en un espacio de alto riesgo para los automovilistas particulares.

“No queremos esperar cinco años más sin obras ni seguir poniendo en riesgo nuestras vidas”, sintetizaron los organizadores sobre la movilización que marcará presencia en las rutas bonaerenses.

Cabe destacar que el reclamo cuenta con el respaldo del Concejo Deliberante, la Legislatura bonaerense y diversas organizaciones sociales. Durante los últimos meses, se han llevado a cabo sesiones especiales y audiencias públicas al costado de la traza, donde se expusieron estadísticas de siniestros viales para dimensionar la gravedad de la problemática.

El Municipio autorizó el pago de 1.551.105 pesos en concepto de resarcimiento a una vecina cuyo vehículo resultó dañado por la caída de un poste indicador de calles en la intersección de avenida Actis y San Felipe.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Nº 2004/2026, luego del reclamo administrativo presentado por una vecina, propietaria de una camioneta Toyota Hilux afectada por el incidente.

Durante la tramitación del expediente intervinieron la Dirección General de Higiene y Servicios Urbanos, la Dirección de Asuntos Jurídicos Administrativos, la Dirección de Rentas y Finanzas y la Dirección de Compras y Suministros. Esta última concluyó que el presupuesto de reparación presentado por la damnificada se ajustaba a los valores de mercado y se correspondía con los daños ocasionados, por un total de 1.551.105 pesos.

Sin embargo, el expediente también consignó que la propietaria mantenía una deuda por patentes correspondiente al mismo vehículo, que ascendía a 1.677.826,26 pesos.

En ese marco, ambas partes suscribieron un convenio de compensación, mediante el cual el Municipio reconoció el monto del resarcimiento, pero dispuso su aplicación para cancelar parcialmente la deuda tributaria que la contribuyente mantenía con la comuna.

De este modo, el decreto autorizó la emisión de la orden de pago por el monto reconocido y estableció que la totalidad de esa suma sería imputada a la deuda por patentes del dominio involucrado, sin que existiera un desembolso efectivo de dinero a favor de la reclamante.

Una vecina de Tandil reclama una respuesta de PAMI por la situación de su madre, una afiliada de 82 años que espera desde hace diez meses una cirugía de cataratas y que, según denunció, atraviesa un progresivo deterioro de la visión mientras permanece en una lista de espera sin información concreta sobre los plazos para la intervención.

Alejandra Perlán relató a El Eco de Tandil que el problema se remonta a agosto del año pasado, cuando su madre fue atendida a través de la obra social en un centro de salud privado de la ciudad.

“En agosto del año pasado se hizo atender por PAMI; le diagnosticaron cataratas”, contó.

Desde entonces, aseguró, la mujer aguarda una operación que todavía no tiene fecha. “Tiene 82 años y prácticamente se está quedando sin visión de los dos ojos”, advirtió.

Según explicó, la atención se realizó en un centro privado especializado en salud visual, donde le informaron que existían demoras vinculadas a la cobertura de la obra social de los jubilados y pensionados de Argentina.

“Nos comentaron que PAMI estaba teniendo problemas y que la iban a poner en lista de espera. También nos dijeron que, si mi mamá pagaba en ese momento 900.000 pesos por cada ojo, la operaban en esa semana”, sostuvo.

Pero la posibilidad de afrontar ese gasto quedó descartada para la familia. “Mi mamá cobra una pensión mínima y la jubilación y no le alcanza”, señaló Perlán, quien estimó además que el valor actual de la intervención sería todavía mayor. “Ahora estará seguramente en mucho más de 900.000 pesos cada ojo. La verdad que no podemos asumir ese gasto”, indicó.

La mujer aseguró que intentó obtener explicaciones tanto en el consultorio donde se atiende su madre como en la sede local de PAMI, aunque sin resultados. “Según la doctora que atendió a mi mamá, PAMI no manda la prótesis”, indicó.

Cuando se presentó en la oficina de la obra social ubicada en Pinto 869, "hace unos meses atrás, nos dijeron que ellos no podían hacer el reclamo al médico que la atiende a mi mamá porque no les corresponde”, relató.

La respuesta no despejó las dudas ni permitió avanzar con el trámite. “Entonces, ya no sabemos a quién recurrir. No me dieron ninguna respuesta en concreto”, lamentó Perlán.

Mientras tanto, en el centro privado, afirmó que la explicación sigue siendo la misma: “PAMI está complicado”, le dijeron.

"Sigue en lista de espera, pero no sé en qué lugar"

Perlán explicó que, dada la edad de la mujer, es ella quien se ocupa de acompañarla y de realizar las gestiones necesarias. “Yo estoy a cargo de mi mamá; ella sola no se puede manejar. Yo soy la que va y viene haciendo los trámites”, expresó.

La principal preocupación pasa por el tiempo transcurrido y la falta de certezas. “Ya pasaron diez meses y me dijeron que, en un lapso de un año, ella estaría en lista de espera”, recordó.

Sin embargo, aseguró que nunca le informaron cuál es la situación actual del expediente.

“En dos meses más va a hacer un año que está en lista de espera, pero no me dicen en qué lugar de la lista está; si primero o décimo”, lamentó.

El reclamo se da en un contexto de reiteradas quejas vinculadas al funcionamiento de PAMI. Desde el inicio de  la gestión de Javier Milei, la obra social de jubilados y pensionados ha atravesado distintos cuestionamientos por recortes en medicamentos y prestaciones, además de denuncias por faltantes de prótesis y problemas en las coberturas.

A ello se suman los reclamos de médicos de cabecera de todo el país, quienes han advertido sobre honorarios desactualizados y demoras en los pagos por parte del organismo.

Incluso, durante los últimos meses, varios profesionales de la cartilla llevaron a cabo medidas de fuerza para visibilizar la situación.

El Municipio de Tandil rechazó el reclamo administrativo presentado por un vecino, quien había denunciado el faltante de diversos elementos de su automóvil al momento de retirarlo del Depósito Judicial Cerro Leones, donde permanecía alojado tras haber sido secuestrado por una infracción de tránsito.

La decisión quedó plasmada en el Decreto Nº 1898/2026, firmado por Miguel Lunghi, mediante el cual se desestimó el pedido indemnizatorio formulado por el propietario de un Peugeot 307.

Según la presentación realizada por el ciudadano, el 15 de octubre de 2025 concurrió al predio ubicado en Cerro Leones para recuperar el vehículo, una vez cumplidos los requisitos exigidos para su restitución. Allí advirtió la ausencia de distintos elementos del rodado y responsabilizó al Estado municipal por los faltantes.

Sin embargo, en los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que el automóvil había sido secuestrado el 16 de junio de 2025 y trasladado al depósito el 29 de agosto, establecimiento que depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y cuya custodia se encuentra a cargo de personal policial.

En ese sentido, se indicó que la participación de la Municipalidad se limitó a las tareas propias del control de tránsito: la constatación de la infracción, el secuestro preventivo, la confección de las actuaciones administrativas, el traslado al depósito y la posterior autorización para la entrega.

Asimismo, un informe de la Dirección de Control Urbano Vehicular señaló que al momento del ingreso del automóvil se confeccionó un inventario en el que se verificó la presencia de las cuatro ruedas y de la pantalla digital. La batería, en cambio, no pudo ser constatada debido a que el vehículo se encontraba completamente cerrado.

El decreto remarca que las actuaciones no permitieron establecer un vínculo directo entre los faltantes denunciados y una acción u omisión atribuible al Municipio, ya que, de haberse producido las sustracciones, habrían ocurrido mientras el automóvil permanecía bajo la exclusiva guarda de organismos provinciales.

La resolución también menciona el convenio de uso suscripto entre la Municipalidad y el Ministerio de Seguridad bonaerense para el funcionamiento del depósito judicial. En la cláusula novena de ese acuerdo se establece que la responsabilidad por eventuales daños a personas o bienes derivados de las actividades desarrolladas en el predio corresponde exclusivamente a la Provincia, manteniéndose indemne al Municipio frente a cualquier reclamo.

Con esos argumentos, la Secretaría Legal y Técnica concluyó que la comuna carecía de legitimación para responder por los hechos denunciados y que no existía una falta de servicio que permitiera atribuir responsabilidad patrimonial al Estado municipal.

De esta manera, el reclamo iniciado por el vecino fue rechazado y el expediente administrativo será archivado, aunque la resolución deja implícita la posibilidad de dirigir eventuales acciones contra los organismos provinciales encargados de la custodia de los vehículos secuestrados.