La Municipalidad de Tandil rechazó el reclamo administrativo presentado por una vecina que solicitó una indemnización por la rotura del vidrio trasero derecho de su vehículo, al considerar que el perjuicio ya había sido reparado por su compañía aseguradora.

La decisión fue adoptada mediante el Decreto 2335/2026, luego de analizar la presentación realizada la vecina, quien denunció que el daño se produjo mientras su Renault Kangoo permanecía estacionada sobre calle Pujol, en la esquina con avenida Lunghi, durante tareas de mantenimiento del parquizado realizadas por personal municipal.

Según la presentación, el hecho ocurrió alrededor de las 11.15 del 3 de febrero de 2026, cuando un elemento despedido por una cortadora de pasto impactó contra el vidrio lateral trasero derecho del vehículo.

El Municipio confirmó el hecho

Durante la investigación administrativa intervino la Dirección General de Espacios Verdes Públicos, cuyo informe indicó que, de acuerdo con el relato del agente que realizaba las tareas de mantenimiento, los hechos se habrían producido en las circunstancias descriptas por la reclamante.

Sin embargo, el Ejecutivo avanzó con otras actuaciones para determinar si el daño ya había sido reparado por otra vía.

Con ese objetivo solicitó información a Federación Patronal Seguros, compañía que aseguraba el vehículo, la cual confirmó que la póliza vigente incluía cobertura de cristales.

Además, informó que se había registrado un siniestro correspondiente a la rotura de la ventanilla trasera lateral derecha del mismo vehículo, que motivó la emisión de la orden de reparación y cuya cobertura fue efectivamente cumplida el 10 de febrero de 2026.

No existía un daño pendiente de reparación

El decreto señaló que la vecina había denunciado el mismo hecho tanto ante la aseguradora como ante la Municipalidad.

Si bien advirtió que existía una diferencia de un día entre la fecha consignada en la denuncia administrativa —3 de febrero— y la informada por la aseguradora —2 de febrero—, sostuvo que ello no modificaba la conclusión, ya que ambas presentaciones hacían referencia al mismo cristal del mismo vehículo y no existían elementos que permitieran inferir la existencia de dos hechos distintos.

Por ese motivo, el Ejecutivo entendió que el perjuicio había sido íntegramente resarcido por la compañía aseguradora y que acceder a un nuevo pago por parte del Municipio implicaría un supuesto de enriquecimiento sin causa.

Con esos fundamentos, y siguiendo el dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos Administrativos, Miguel Lunghi firmó el decreto que rechazó el reclamo indemnizatorio presentado por la automovilista.

El Municipio de Tandil autorizó el pago de una indemnización de 450 mil pesos a un vecino cuya camioneta resultó dañada durante un operativo de reparación realizado por personal de la Dirección General de Higiene y Servicios Urbanos sobre el bulevar de avenida Colón.

La decisión quedó plasmada en el Decreto Nº 2268/2026, mediante el cual el Ejecutivo reconoció el reclamo administrativo presentado por un vecino propietario de una Volkswagen Amarok.

De acuerdo con el texto oficial, el vehículo sufrió daños como consecuencia del impacto de una herramienta que se encontraba sobre la acera mientras trabajadores municipales realizaban tareas de reparación en el bulevar de la avenida.

Tras analizar las actuaciones administrativas, los informes técnicos y jurídicos y los presupuestos presentados para reparar el vehículo, la Dirección de Compras y Suministros concluyó que el monto de 450 mil pesos se correspondía con el costo de los daños ocasionados al momento de iniciarse el expediente.

El decreto señala que el 11 de junio pasado ambas partes suscribieron un Convenio de Compensación, mediante el cual el Municipio reconoció ese monto como "resarcimiento único, total y definitivo" por el hecho denunciado.

Sin embargo, el dinero no será entregado directamente al propietario del vehículo.

Esto se debe a que, durante la tramitación del expediente, la Dirección de Rentas y Finanzas informó que el vecino registraba deudas con la Municipalidad por un total de 686.351,71 pesos.

Según el detalle incorporado al decreto, 676.367,21 pesos correspondían a tasas municipales de un inmueble ubicado en calle Saavedra, mientras que 9.984,50 pesos eran por la patente de un motovehículo.

El decreto dispuso que los 450 mil pesos reconocidos como indemnización sean utilizados para compensar parte de esas obligaciones tributarias.

La aplicación se realizará prioritariamente sobre la deuda correspondiente a las tasas municipales del inmueble de calle Saavedra y, únicamente si existiera un remanente dentro del monto reconocido, se destinará al pago de la deuda por la patente del motovehículo.

De esta manera, el Municipio compensará parcialmente la deuda que mantiene el contribuyente, mientras que el saldo restante continuará pendiente de cancelación.

La medida fue refrendada por el secretario de Servicios Públicos, Claudio Fuentes, y lleva la firma del intendente Miguel Lunghi.

El Municipio de Tandil rechazó el reclamo administrativo presentado por una vecina que solicitaba una indemnización por las lesiones que afirmó haber sufrido tras una caída ocurrida en una vereda de la ciudad.

La decisión quedó plasmada en el Decreto Nº 2290/2026, firmado el 21 de julio por el intendente Miguel Lunghi, mediante el cual se desestimó la presentación realizada por una vecina, quien había manifestado que el 28 de marzo pasado, alrededor de las 19.30, sufrió una caída cuando caminaba por la calle Sarmiento, en la intersección con 9 de Julio.

Según la presentación, el accidente le habría provocado una fractura de muñeca izquierda con desplazamiento del radio, lesiones que motivaron una intervención quirúrgica y le impidieron desempeñar sus tareas laborales. En función de ello, solicitó una compensación económica por los daños sufridos.

Sin embargo, el Ejecutivo concluyó que durante la tramitación administrativa no quedaron acreditados los elementos necesarios para atribuir responsabilidad patrimonial al Estado municipal.

En los considerandos del decreto, el Municipio señaló que quien reclama una indemnización debe demostrar tanto la existencia del daño como el hecho que lo produjo y la relación causal entre ambos.

En ese sentido, sostuvo que la documentación aportada por la reclamante no permitió comprobar con el grado de certeza requerido que el accidente hubiera ocurrido en el lugar y en las condiciones descriptas.

Además, indicó que las fotografías incorporadas al expediente no permitían establecer que la irregularidad observada correspondiera efectivamente al sitio de la caída ni que hubiera sido la causa del accidente.

El decreto también cuestionó la prueba médica presentada. Mientras la vecina afirmó haber sufrido una fractura de muñeca con desplazamiento del radio e incluso tres quebraduras, la documentación acompañada únicamente consignó un diagnóstico de "traumatismos superficiales que afectan múltiples regiones de los miembros inferiores y superiores", sin hacer referencia a fracturas, intervenciones quirúrgicas, inmovilizaciones o incapacidades laborales.

Asimismo, el Municipio sostuvo que tampoco fue acreditado el lucro cesante reclamado, ya que no se presentaron constancias que demostraran la actividad laboral, los ingresos denunciados ni la pérdida económica derivada del hecho.

Uno de los principales argumentos utilizados por el Ejecutivo fue que la construcción, conservación y reparación de las veredas constituye una obligación legal de los propietarios frentistas.

El decreto cita el Código de Edificación del Partido de Tandil, la Ordenanza Municipal Nº 3.535 y, de manera supletoria, el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para sostener que el mantenimiento de las aceras corresponde a quienes poseen los inmuebles ubicados frente a ellas.

En ese marco, el Municipio indicó que no existían elementos que permitieran concluir que el sector donde habría ocurrido el accidente fuera un espacio cuya conservación dependiera exclusivamente de la administración comunal.

Tampoco surgía del expediente que el Municipio hubiera tenido conocimiento previo de un eventual desperfecto que hiciera exigible una intervención, ni que la reclamante hubiera realizado denuncias o intimaciones al propietario frentista por el estado de la vereda.

Un informe de la Dirección de Obras Públicas, incorporado al expediente, señaló además que no existían registros, fotografías ni antecedentes que permitieran establecer en qué condiciones se encontraba la acera al momento del supuesto accidente.

La vecina también había atribuido el deterioro de la vereda a la construcción de una rampa para personas con discapacidad ejecutada por el Municipio.

Sin embargo, el decreto rechazó ese planteo al considerar que no fue acompañado por pruebas técnicas, periciales o documentales que demostraran una relación entre la obra de accesibilidad y el faltante de baldosas o la irregularidad denunciada.

El Ejecutivo sostuvo que la sola cercanía física entre la rampa y el lugar del accidente no resulta suficiente para atribuir responsabilidad al Municipio ni para configurar una falta de servicio.

El decreto también realiza un repaso de la doctrina y la jurisprudencia sobre la responsabilidad del Estado, señalando que el ejercicio del poder de policía no convierte a la administración en garante absoluto de todos los daños que puedan producirse en el espacio público.

En ese sentido, sostiene que para responsabilizar al Estado debe demostrarse la existencia de una obligación concreta de actuar, que la administración conocía previamente la situación de riesgo y que su omisión tuvo una incidencia directa en la producción del daño.

Al considerar que ninguno de esos presupuestos quedó acreditado durante la instrucción del expediente, el Municipio resolvió desestimar el reclamo administrativo presentado por la vecina y dar por concluida esa instancia.

A poco más de un mes de una nueva edición de la Feria del Libro, el fin de semana que coincide con el Día del Niño, un comerciante expresó su malestar con la decisión de mantener ambas actividades en simultáneo.

A través de una carta dirigida a la comunidad, el propietario de Jugueterías Arco Iris e integrante de la comisión de la Cámara Empresaria de Tandil como vocal de la Secretaría de Comercio, Antonio Rancaño sostuvo que su planteo no apunta contra el evento, sino contra la elección de la fecha. “Mi protesta está basada en la Feria del Libro. Es una feria muy importante y de gran interés comercial, social y cultural, que ha logrado tener vida propia, lo cual es para elogiar”, expresó.

Sin embargo, cuestionó que la organización haya decidido nuevamente realizarla durante el fin de semana del Día del Niño, una fecha que el sector juguetero considera estratégica a nivel nacional.

“¿Por qué superponerla al Día del Niño con el jueves, viernes, sábado y domingo de una manera aplastante para el rubro juguetero? Es una fecha que determina la Cámara del Juguete en Buenos Aires a nivel nacional. El único lugar donde la superponen es en Tandil”, afirmó.

El comerciante recordó que la misma situación ocurrió en 2025 y aseguró que entonces ya había manifestado su desacuerdo dentro de la entidad camarista de la calle Mitre.

“Sucedió que el año pasado, cuando también la hicieron para esta fecha y ante mi protesta en la Cámara me dijeron que era una fecha propuesta a principio de año y lamentablemente se superpuso”, señaló.

Y remató: “Creo que este año vieron el campo fértil. Nadie protestó, los jugueteros no estamos unidos como ellos y la comisión organizadora de la feria arremetió con la misma fecha, apoderándose como que es una fecha tradicional de ellos”.

Asimismo, consideró que existían alternativas para evitar el conflicto de fechas. “No es que no tengan opciones de cambiar la fecha; por ejemplo, al inicio o al fin del ciclo lectivo, o incluso realizar actividades en ambas fechas. También tienen las Noches de las Librerías, otro éxito comercial”, argumentó.

En su análisis, Rancaño reconoció que tanto el rubro librero como el juguetero atraviesan un contexto económico complejo, aunque remarcó que el Día del Niño representa uno de los momentos más importantes del año para los comercios dedicados a la venta de juguetes.

“El juguetero tiene al Día del Niño como una fecha clave en su calendario para oxigenar sus comercios y prepararse para fin de año, y superponerle semejante feria es atentar contra el rubro”, alertó.

Al mismo tiempo, aclaró que no cuestiona el hábito de regalar libros ni la actividad de las librerías, que “incrementan sus ventas en esta fecha y me parece bárbaro que la gente elija regalar libros. Yo también vendo libros infantiles, como en todas las jugueterías; son rubros que se complementan”, enfatizó.

Por último, insistió en que su planteo apunta exclusivamente a la decisión de los organizadores del evento, la Cámara Empresaria, el Municipio, la Unicen y los libreros.

“Con esta nota quiero dejar en claro que no estoy en contra de las librerías ni de quienes eligen libros en esta fecha, sino con los organizadores de la feria, que con toda intención determinan la fecha”, concluyó.

La preocupación también llegó hasta la Cámara de Libreros y a las autoridades de la Cámara Nacional del Juguete.

Ante la difusión de la queja, desde la Cámara Empresaria (CET) informaron a este Diario que mantuvieron diálogos con los responsables de la organización de la feria para transmitir la inquietud de sus socios.

Según indicaron fuentes de la entidad, las instituciones involucradas estuvieron al tanto del reclamo, pero aclararon que la decisión sobre el calendario no fue potestad exclusiva de la cámara, sino un consenso entre la Municipalidad, la Unicen y los propios libreros.

Los organizadores confirmaron que la feria ya se encuentra programada para llevarse a cabo del 13 al 16 de agosto de este año, por lo que resultaría imposible realizar modificaciones.

Vecinos autoconvocados de Azul volverán a manifestarse este domingo 12 de julio con el objetivo de visibilizar el crítico estado de las rutas nacionales. La jornada buscará reclamar la construcción de la autovía, exigir tareas de mantenimiento urgente y expresar su rechazo al cobro de peajes en el sector.

La ciudad de Azul se ha transformado en un caso testigo debido al pedido de transformación de la Ruta Nacional 3, específicamente en el tramo que conecta Las Flores con Chillar. Se trata de un corredor de intenso tránsito pesado que, además, acumula un extenso historial de accidentes fatales.

Según explicaron los organizadores, la protesta también tiene como fin respaldar a los habitantes de Cacharí en su oposición a la instalación de una nueva cabina de peaje entre esa localidad y Azul, medida que denuncian divide al medio a la población.

“Vamos a hacer un nuevo banderazo porque el otro día, cuando estuvimos acompañando a la gente de Cacharí, decidimos volver a encontrarnos, ya confirmaron vecinos de Chillar, Azul, Cacharí, Las Flores y Monte”, señaló el referente de los vecinos autoconvocados por la Ruta 3, Fernando Sottile.

En relación a las gestiones, Sottile remarcó que el reclamo histórico por la obra de la autovía sigue vigente y advirtió con preocupación que la nueva etapa de concesiones no contempla la ejecución de dicha infraestructura. Al respecto, el referente enfatizó: “Ahora que sabemos que tampoco vamos a tener la autovía, vamos a insistir para revertir esta situación, vamos a seguir pidiendo que reparen la ruta y que no cobren el peaje hasta que esté en condiciones”.

Los habitantes de la zona vienen denunciando desde hace tiempo diversas problemáticas, tales como ingresos a la ciudad mal señalizados, curvas peligrosas, banquinas en mal estado y una marcada falta de iluminación en tramos estratégicos. Esta situación, agravada por el constante paso de camiones y colectivos de larga distancia, convierte al trayecto en un espacio de alto riesgo para los automovilistas particulares.

“No queremos esperar cinco años más sin obras ni seguir poniendo en riesgo nuestras vidas”, sintetizaron los organizadores sobre la movilización que marcará presencia en las rutas bonaerenses.

Cabe destacar que el reclamo cuenta con el respaldo del Concejo Deliberante, la Legislatura bonaerense y diversas organizaciones sociales. Durante los últimos meses, se han llevado a cabo sesiones especiales y audiencias públicas al costado de la traza, donde se expusieron estadísticas de siniestros viales para dimensionar la gravedad de la problemática.

El Municipio autorizó el pago de 1.551.105 pesos en concepto de resarcimiento a una vecina cuyo vehículo resultó dañado por la caída de un poste indicador de calles en la intersección de avenida Actis y San Felipe.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Nº 2004/2026, luego del reclamo administrativo presentado por una vecina, propietaria de una camioneta Toyota Hilux afectada por el incidente.

Durante la tramitación del expediente intervinieron la Dirección General de Higiene y Servicios Urbanos, la Dirección de Asuntos Jurídicos Administrativos, la Dirección de Rentas y Finanzas y la Dirección de Compras y Suministros. Esta última concluyó que el presupuesto de reparación presentado por la damnificada se ajustaba a los valores de mercado y se correspondía con los daños ocasionados, por un total de 1.551.105 pesos.

Sin embargo, el expediente también consignó que la propietaria mantenía una deuda por patentes correspondiente al mismo vehículo, que ascendía a 1.677.826,26 pesos.

En ese marco, ambas partes suscribieron un convenio de compensación, mediante el cual el Municipio reconoció el monto del resarcimiento, pero dispuso su aplicación para cancelar parcialmente la deuda tributaria que la contribuyente mantenía con la comuna.

De este modo, el decreto autorizó la emisión de la orden de pago por el monto reconocido y estableció que la totalidad de esa suma sería imputada a la deuda por patentes del dominio involucrado, sin que existiera un desembolso efectivo de dinero a favor de la reclamante.

Una vecina de Tandil reclama una respuesta de PAMI por la situación de su madre, una afiliada de 82 años que espera desde hace diez meses una cirugía de cataratas y que, según denunció, atraviesa un progresivo deterioro de la visión mientras permanece en una lista de espera sin información concreta sobre los plazos para la intervención.

Alejandra Perlán relató a El Eco de Tandil que el problema se remonta a agosto del año pasado, cuando su madre fue atendida a través de la obra social en un centro de salud privado de la ciudad.

“En agosto del año pasado se hizo atender por PAMI; le diagnosticaron cataratas”, contó.

Desde entonces, aseguró, la mujer aguarda una operación que todavía no tiene fecha. “Tiene 82 años y prácticamente se está quedando sin visión de los dos ojos”, advirtió.

Según explicó, la atención se realizó en un centro privado especializado en salud visual, donde le informaron que existían demoras vinculadas a la cobertura de la obra social de los jubilados y pensionados de Argentina.

“Nos comentaron que PAMI estaba teniendo problemas y que la iban a poner en lista de espera. También nos dijeron que, si mi mamá pagaba en ese momento 900.000 pesos por cada ojo, la operaban en esa semana”, sostuvo.

Pero la posibilidad de afrontar ese gasto quedó descartada para la familia. “Mi mamá cobra una pensión mínima y la jubilación y no le alcanza”, señaló Perlán, quien estimó además que el valor actual de la intervención sería todavía mayor. “Ahora estará seguramente en mucho más de 900.000 pesos cada ojo. La verdad que no podemos asumir ese gasto”, indicó.

La mujer aseguró que intentó obtener explicaciones tanto en el consultorio donde se atiende su madre como en la sede local de PAMI, aunque sin resultados. “Según la doctora que atendió a mi mamá, PAMI no manda la prótesis”, indicó.

Cuando se presentó en la oficina de la obra social ubicada en Pinto 869, "hace unos meses atrás, nos dijeron que ellos no podían hacer el reclamo al médico que la atiende a mi mamá porque no les corresponde”, relató.

La respuesta no despejó las dudas ni permitió avanzar con el trámite. “Entonces, ya no sabemos a quién recurrir. No me dieron ninguna respuesta en concreto”, lamentó Perlán.

Mientras tanto, en el centro privado, afirmó que la explicación sigue siendo la misma: “PAMI está complicado”, le dijeron.

"Sigue en lista de espera, pero no sé en qué lugar"

Perlán explicó que, dada la edad de la mujer, es ella quien se ocupa de acompañarla y de realizar las gestiones necesarias. “Yo estoy a cargo de mi mamá; ella sola no se puede manejar. Yo soy la que va y viene haciendo los trámites”, expresó.

La principal preocupación pasa por el tiempo transcurrido y la falta de certezas. “Ya pasaron diez meses y me dijeron que, en un lapso de un año, ella estaría en lista de espera”, recordó.

Sin embargo, aseguró que nunca le informaron cuál es la situación actual del expediente.

“En dos meses más va a hacer un año que está en lista de espera, pero no me dicen en qué lugar de la lista está; si primero o décimo”, lamentó.

El reclamo se da en un contexto de reiteradas quejas vinculadas al funcionamiento de PAMI. Desde el inicio de  la gestión de Javier Milei, la obra social de jubilados y pensionados ha atravesado distintos cuestionamientos por recortes en medicamentos y prestaciones, además de denuncias por faltantes de prótesis y problemas en las coberturas.

A ello se suman los reclamos de médicos de cabecera de todo el país, quienes han advertido sobre honorarios desactualizados y demoras en los pagos por parte del organismo.

Incluso, durante los últimos meses, varios profesionales de la cartilla llevaron a cabo medidas de fuerza para visibilizar la situación.

El Municipio de Tandil rechazó el reclamo administrativo presentado por un vecino, quien había denunciado el faltante de diversos elementos de su automóvil al momento de retirarlo del Depósito Judicial Cerro Leones, donde permanecía alojado tras haber sido secuestrado por una infracción de tránsito.

La decisión quedó plasmada en el Decreto Nº 1898/2026, firmado por Miguel Lunghi, mediante el cual se desestimó el pedido indemnizatorio formulado por el propietario de un Peugeot 307.

Según la presentación realizada por el ciudadano, el 15 de octubre de 2025 concurrió al predio ubicado en Cerro Leones para recuperar el vehículo, una vez cumplidos los requisitos exigidos para su restitución. Allí advirtió la ausencia de distintos elementos del rodado y responsabilizó al Estado municipal por los faltantes.

Sin embargo, en los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que el automóvil había sido secuestrado el 16 de junio de 2025 y trasladado al depósito el 29 de agosto, establecimiento que depende del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y cuya custodia se encuentra a cargo de personal policial.

En ese sentido, se indicó que la participación de la Municipalidad se limitó a las tareas propias del control de tránsito: la constatación de la infracción, el secuestro preventivo, la confección de las actuaciones administrativas, el traslado al depósito y la posterior autorización para la entrega.

Asimismo, un informe de la Dirección de Control Urbano Vehicular señaló que al momento del ingreso del automóvil se confeccionó un inventario en el que se verificó la presencia de las cuatro ruedas y de la pantalla digital. La batería, en cambio, no pudo ser constatada debido a que el vehículo se encontraba completamente cerrado.

El decreto remarca que las actuaciones no permitieron establecer un vínculo directo entre los faltantes denunciados y una acción u omisión atribuible al Municipio, ya que, de haberse producido las sustracciones, habrían ocurrido mientras el automóvil permanecía bajo la exclusiva guarda de organismos provinciales.

La resolución también menciona el convenio de uso suscripto entre la Municipalidad y el Ministerio de Seguridad bonaerense para el funcionamiento del depósito judicial. En la cláusula novena de ese acuerdo se establece que la responsabilidad por eventuales daños a personas o bienes derivados de las actividades desarrolladas en el predio corresponde exclusivamente a la Provincia, manteniéndose indemne al Municipio frente a cualquier reclamo.

Con esos argumentos, la Secretaría Legal y Técnica concluyó que la comuna carecía de legitimación para responder por los hechos denunciados y que no existía una falta de servicio que permitiera atribuir responsabilidad patrimonial al Estado municipal.

De esta manera, el reclamo iniciado por el vecino fue rechazado y el expediente administrativo será archivado, aunque la resolución deja implícita la posibilidad de dirigir eventuales acciones contra los organismos provinciales encargados de la custodia de los vehículos secuestrados.

El Municipio de Tandil rechazó el reclamo administrativo presentado por una vecina, quien había solicitado una compensación económica por los daños ocasionados a su automóvil durante el temporal que afectó a la ciudad el 17 de diciembre de 2025.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto Nº 1897/2026, firmado por Miguel Lunghi, mediante el cual se desestimó el pedido de indemnización equivalente al valor de la franquicia de su seguro automotor.

Según la presentación realizada por la damnificada, una rama de un árbol ubicado sobre la vereda de la calle Ricchieri, frente al Club Independiente, cayó sobre el capot de su Toyota Corolla mientras el vehículo permanecía estacionado en el lugar. El episodio ocurrió durante una tormenta con fuertes vientos y lluvias.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que para atribuir responsabilidad patrimonial al Estado resulta necesario acreditar no sólo la existencia del daño, sino también un vínculo directo entre el perjuicio y una acción u omisión imputable al Municipio.

En ese sentido, se indicó que el Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta amarilla para Tandil y la zona el 17 de diciembre de 2025, advirtiendo sobre tormentas de variada intensidad, ráfagas de viento, actividad eléctrica y la posibilidad de caída de ramas y otros elementos. Asimismo, se recordó que las autoridades habían difundido recomendaciones preventivas, entre ellas evitar permanecer debajo de árboles.

Un informe de la Dirección General de Espacios Verdes Públicos señaló que durante los días 17, 18 y 19 de diciembre se registraron numerosos reclamos por caída de árboles en distintos sectores de la ciudad, incluyendo el sector de calle Ricchieri al 0. Desde esa dependencia se concluyó que la caída del ejemplar respondió al fenómeno climático que afectó de manera generalizada al arbolado urbano.

Además, se precisó que no existían antecedentes de reclamos o denuncias previas sobre el estado del árbol involucrado.

Con esos elementos, la Secretaría Legal y Técnica concluyó que el hecho constituyó un supuesto de fuerza mayor, contemplado por el artículo 1730 del Código Civil y Comercial, lo que interrumpió el nexo causal necesario para responsabilizar a la administración comunal.

El decreto también incorporó referencias al Plan de Desarrollo Territorial de Tandil, que establece que la conservación y custodia del arbolado urbano en los espacios circulatorios públicos recae sobre los propietarios frentistas, y a la normativa provincial que promueve la responsabilidad compartida en el cuidado de las especies implantadas en la vía pública.

Finalmente, el Ejecutivo consideró que no existió una conducta activa u omisiva por parte del Municipio que pudiera haber evitado el daño y sostuvo que no es razonable exigir un control permanente sobre la totalidad del arbolado urbano ni prever fenómenos meteorológicos extraordinarios.

De esta manera, el reclamo iniciado por la vecina quedó definitivamente desestimado y el expediente administrativo será archivado.

El rector de la Unicen, Marcelo Aba, evaluó el escenario actual de las universidades nacionales frente a un nuevo paro de actividades y reconoció que existieron acercamientos recientes con las autoridades nacionales. Según detalló la máxima autoridad académica de la institución tandilense, hubo una serie de reuniones y llamados que permitieron vislumbrar una “mejora en materia salarial y en el presupuesto destinado a becas”.

Al mismo tiempo, el rector de la Unicen, en diálogo con El Eco Multimedios, lamentó que estos avances se encuentren actualmente "trabados" por un pedido explícito del Ejecutivo nacional para desactivar el frente judicial que mantienen los rectores.

Según explicó, Nación puso como condición para avanzar con este suplemento presupuestario que las universidades retiren la medida cautelar que se encuentra actualmente bajo análisis de la Corte Suprema. Al respecto, el rector fue tajante y manifestó que no consideran oportuno dar marcha atrás con dicha presentación, ya que en ese camino se involucró no solo a la comunidad universitaria, sino también a la sociedad en su conjunto. Para Aba, el Gobierno nacional tiene ahora en sus manos la posibilidad de otorgar el aumento permitiendo que la vía legal siga su curso natural.

Durante las últimas semanas, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) funcionó como el canal de diálogo primario con el Ejecutivo nacional. En estos encuentros, se pusieron sobre la mesa las necesidades más urgentes del sistema, centrándose especialmente en el retraso de los haberes de los trabajadores. 

El rector recordó que el Gobierno nacional planteó dos reclamos ante el máximo tribunal del país: uno vinculado a la validez de los jueces intervinientes y otro sobre la cautelar propiamente dicha. Mientras que la Corte ya se expidió sobre el primer punto, el sistema universitario aguarda una resolución sobre el restante.

Aba calificó las propuestas recibidas como un "oxígeno" necesario para los trabajadores, aunque aclaró que las cifras barajadas no representan el cumplimiento total de la ley. "Consideramos que no vienen a recomponer todo lo que se ha perdido en este tiempo, pero también es cierto que, aun siendo poco, es significativo e importante", sostuvo el rector. Esta recomposición salarial quedó supeditada a una decisión política que, por el momento, mantiene las posiciones distanciadas entre las partes debido a la negativa de los rectores de ceder ante el condicionamiento judicial.

En este contexto de incertidumbre, las organizaciones gremiales ratificaron la continuidad del plan de lucha con nuevas medidas de fuerza para visibilizar el deterioro de los ingresos. El titular de la Unicen subrayó que el problema original se remonta al inicio de la gestión actual, cuando la devaluación generó un salto inflacionario que nunca fue compensado de manera efectiva.

De acuerdo con los datos técnicos que maneja la universidad, los trabajadores comenzaron el periodo con una “pérdida de poder adquisitivo superior al 20 por ciento”, a la que se le sumaron mermas mensuales acumulativas que hoy tornan la situación insostenible para el personal docente y nodocente.

Finalmente, el rector destacó que, a pesar del conflicto, la universidad pública mantiene un fuerte respaldo popular que se manifestó en las calles. Las recientes movilizaciones evidenciaron que el pueblo percibe a la institución como una “herramienta de progreso social”, tanto en lo individual como en lo colectivo para ciudades donde la universidad está radicada. 

Por este motivo, Aba reafirmó el compromiso de la institución de sostener las funciones centrales de la casa de estudios día a día, mientras se busca una salida al conflicto que garantice salarios dignos y el funcionamiento operativo de las unidades académicas.

Tras los hechos ocurridos el pasado sábado, cuando un grupo de vecinos ingresó a las instalaciones del Tiro Federal para reclamar por las molestias causadas por la actividad de tiro y se produjo un intercambio violento, Ángel Orbea admitió la responsabilidad por el incidente, pidió disculpas públicas y remarcó que la medida fue producto de la desesperación ante la falta de respuestas del Estado.

La situación fue abordada en La Mañana, programa que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1. Durante la entrevista, Ángel Orbea, vecino de la zona, explicó los motivos que llevaron a un grupo de personas a presentarse en la institución el pasado fin de semana, jornada en la que se produjo la rotura de un vidrio y un intercambio de palabras con los presentes.

Al respecto, Orbea fue contundente sobre su accionar y el de sus vecinos: "Está mal lo que hicimos y pido disculpas. Pero somos gente desesperada". El vecino aclaró que no hubo intenciones de ejercer violencia física, sino de visibilizar una problemática que, según sostiene, afecta la salud y el descanso de quienes residen en las inmediaciones del polígono.

“No insulté, no amenacé. Lo único que les dije, es ‘paren, muchachos, no damos más’. Hay un solo camino, que no haya más estampidas en nuestras casas. Ese es el único camino. Ellos dicen que prefieren el diálogo. Perfecto, nosotros también, pero sin tiros. Lo único que queremos que se terminen las estampidas en nuestras casas”, manifestó Orbea durante la entrevista.

El vecino detalló que el conflicto central radica en las "estampidas" generadas por el uso de armas, las cuales, según su testimonio, se han incrementado en horarios que coinciden con el dictado de clases en el colegio Sábato. Orbea describió cómo esta situación afecta a los residentes, mencionando el caso de una docente que vive frente al predio, cuya hija pequeña sufre por el estruendo de los disparos, así como el impacto en las mascotas del barrio.

“Pasó este acontecimiento. No salimos a patotear como barras bravas, con palos o con cadenas. Salimos para hablar. Lamentablemente la tensión es tan grande que se produjo un incidente. Un incidente de violencia, desde el punto de vista penal, muy menor. Ni siquiera creo que amerite una causa, pero si tenemos que estar encausados, lo vamos a asumir. Y digo que estuvimos muy mal y yo me hago cargo”, enfatizó.

Orbea también cuestionó el rol de las autoridades municipales. Según relató, en octubre enviaron una nota a la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, solicitando una entrevista para tratar la problemática de los ruidos molestos, pero aseguró que nunca recibieron una respuesta. 

“Le pedimos al gobierno que haga algo que proteja a los ciudadanos, porque acá la protección pareciera que fuera para este lugar que genera el problema. Está todo invertido”, señaló.

El vecino subrayó que la intención del grupo no es la clausura arbitraria, sino una solución definitiva a las molestias. “Vamos a ir por la justicia. Acá esto lo tiene que resolver el Estado. Los tres poderes del Estado. Alguno lo tiene que resolver. Esto es una cuestión entre vecinos que no puede seguir en un barrio como este, no puede seguir”, sostuvo Orbea, reafirmando que continuarán buscando vías legales para proteger su derecho al descanso y la tranquilidad en sus hogares.

El conflicto entre vecinos del barrio y el Tiro Federal es otro de los focos problemáticos vinculados a los ruidos molestos en la ciudad. Un caso emblema al respecto fue la de las canteras dentro de la poligonal, las cuales debieron cesar su actividad tras la sanción de la Ley de Paisaje Protegido.

Pero otros hechos recientes tomaron estado público en el mismo sentido, como el despliegue de motocicletas en la zona del Parque Independencia, La misma motivó un debate legislativo y la posterior aprobación de la ordenanza de ruidos molestos y escapes modificados.

Orbea hizo énfasis en ubicar el reclamo de los vecinos del Tiro como una problemática de salud pública. En referencia a la mencionada ordenanza que reguló la actividad de motociclistas, expresó que “acá tiene que tomar este tienen que terminar ruidos molestos. ¿Qué se hace a un pibe? Le sacan la moto y le hacen una contravención. ¿Pero acá qué le hacen a esta gente?”.

En ese sentido, relató situaciones que los vecinos debieron afrontar a raíz de la práctica de tiro, desde haber encontrado restos de municiones en sus viviendas, a sentir el temblor en ventanas. Pero también, situaciones de nerviosismo derivado de los ruidos constantes, complicaciones con la salud de las mascotas y alteración de los niños del barrio.

El Municipio de Tandil rechazó un reclamo administrativo presentado por una vecina, quien había solicitado una indemnización por los daños sufridos en la luneta trasera de su automóvil, un Volkswagen Up!, presuntamente ocasionados por una piedra levantada por una barredora municipal.

La decisión quedó formalizada a través del Decreto Nº 1488/2026, fechado el 13 de mayo, en el que el Ejecutivo comunal argumentó que no existieron pruebas suficientes para demostrar que la rotura del vidrio hubiera sido consecuencia directa del accionar del vehículo de limpieza.

Según constó en el expediente administrativo, la mujer denunció que el episodio ocurrió el 27 de enero de este año, cuando el rodado se encontraba estacionado sobre avenida Colón al 1069 y una barredora pasó por el lugar.

En los considerandos del decreto, el Municipio remarcó que para avanzar con un reclamo de responsabilidad patrimonial contra el Estado resulta indispensable acreditar “la existencia de todos los presupuestos de la responsabilidad”, entre ellos el daño y el nexo causal con la actividad administrativa.

Además, citó el artículo 33 de la Ordenanza General Nº 267/80, que establece que todo reclamo administrativo debe estar “debidamente fundado y documentado”, con pruebas fehacientes sobre los hechos denunciados.

En ese marco, la Dirección de Higiene y Servicios Urbanos informó que la barredora efectivamente realizó su recorrido por avenida Colón el día señalado, aunque sostuvo que no existían elementos para confirmar que hubiera arrojado una piedra contra el vehículo.

Incluso, el área técnica consideró “poco probable” la trayectoria descripta por la denunciante debido al sentido de rotación y la ubicación de los rodillos de la maquinaria.

El decreto indicó además que las pruebas incorporadas al expediente no permitieron verificar de manera objetiva la mecánica del supuesto siniestro y que las manifestaciones de la reclamante resultaron insuficientes para comprometer la responsabilidad del Estado municipal.

Finalmente, tras la intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos Administrativos, el Ejecutivo resolvió desestimar el reclamo y dar por concluida la instancia administrativa.

La Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires anunció que este jueves 21 de mayo llevará adelante una olla popular frente a la Gobernación bonaerense para reclamar una urgente recomposición salarial y la reapertura inmediata de la paritaria docente.

A través de un comunicado, el gremio denunció el deterioro de las condiciones económicas de la docencia provincial y aseguró que “el salario docente que paga la provincia de Buenos Aires no alcanza” y que “no llegamos al 20 de cada mes, claramente sobra mes para alcanzar el próximo cobro”.

La organización sostuvo que el sector atraviesa una situación crítica de endeudamiento y responsabilizó tanto al Gobierno nacional como al provincial por la pérdida del poder adquisitivo. “La docencia bonaerense se encuentra totalmente endeudada por la situación económica pergeñada por el Gobierno nacional y que el Gobierno provincial no supo, no pudo reaccionar y en definitiva termina acompañando esa política económica por omisión”, expresaron.

Asimismo, afirmaron que la consecuencia inmediata de este escenario es “la pobreza e indigencia docente”.

En el documento, la Asociación de Maestros de la Provincia cuestionó el acuerdo salarial firmado en marzo de 2026 y aseguró que quedó “sobrepasado por la realidad”. Según detallaron, el incremento previsto para mayo “en realidad es del 2,1%”, pese a haberse anunciado oficialmente como un 2,5%.

El gremio explicó que la diferencia responde a que el cálculo se realizó “con referencia al salario de enero 2026” y porque incluye “$28.700 de Incentivo Docente de ‘aumento’ en negro”, lo que implica que “no resulta ni remunerativo ni bonificable”. Además, señalaron que esa suma tampoco es percibida por docentes jubilados, situación que, según denunciaron, “rompe el principio de la ‘movilidad’ jubilatoria en la provincia de Buenos Aires”.

La entidad también remarcó que el incremento salarial quedó por debajo de la inflación de abril, que fue del 2,6% en Argentina.

En otro tramo del comunicado, el sindicato reclamó al Ejecutivo provincial una respuesta concreta a la crisis del sector: “Le decimos al Gobierno de la provincia de Buenos Aires que es momento de reconocer el valor del trabajo docente”. Ademas, agregaron que “la retórica gubernamental de la provincia no alcanza ni sirve para comer, pagar servicios, pagar el alquiler, pagar el transporte y completar el mes”.

Entre los principales reclamos, la organización exigió una reforma tributaria provincial “que permita una distribución de la riqueza más equitativa” y cuestionó que “en una provincia rica” exista “docencia bonaerense pobre”.

Finalmente, la Asociación de Maestros bonaerense reclamó el cumplimiento del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y exigió la implementación de un “Salario Mínimo Vital y Móvil Docente en PBA de $2.800.000”.

“Buenos Aires es una provincia rica y no puede tener docencia ni pobre ni indigente. ¡Con salarios de indigencia no se puede vivir!”, concluye el comunicado difundido por la organización sindical.

La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen) confirmó su participación en la Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo martes 12 de mayo, en el marco de una jornada nacional de protesta en defensa de la educación pública, la ciencia y el financiamiento del sistema universitario.

A través de un comunicado institucional difundido por la Asociación Gremial de Docentes de la Unicen (Adunce) en sus distintos espacios, la casa de altos estudios expresó su adhesión a la movilización que se realizará en todo el país bajo el lema “Milei, no sos rey, cumplí la ley”, en referencia al reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El texto difundido por la universidad señala: “El martes 12 de mayo defendemos a la universidad pública en las calles de todo el país, exigiendo al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario”. En esa misma línea, el gremio docente convoca a la participación conjunta de la comunidad educativa.

Asimismo, la Unicen remarcó que en sus distintas sedes “docentes, nodocentes y estudiantes marchamos por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”, en una expresión conjunta de los claustros universitarios. De esta forma, se confirma que la medida impactará en Tandil, Azul, Olavarría y Quequén.

El comunicado también enmarca la medida dentro de un plan de acción más amplio, al sostener que “seguimos con el plan de lucha, porque defender la educación y la ciencia es defender la democracia y la soberanía”.

La adhesión de la Unicen se inscribe en una serie de pronunciamientos de universidades públicas de todo el país que manifestaron su apoyo a la Marcha Federal Universitaria, en un contexto de creciente debate por el financiamiento del sistema de educación superior en Argentina.

La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires se suma así a la jornada nacional convocada para el 12 de mayo, que tendrá expresiones en distintas ciudades y sedes universitarias del país bajo la consigna de defensa de la universidad pública.

El canciller Pablo Quirno reafirmó este viernes el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, luego de recientes declaraciones de funcionarios del Reino Unido en torno al archipiélago.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario sostuvo que el país “manifiesta, una vez más, su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido”, con el objetivo de alcanzar “una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”.

El pronunciamiento se dio en un contexto de renovadas tensiones diplomáticas, en medio de versiones sobre un eventual replanteo del apoyo de Estados Unidos hacia el Reino Unido en cuestiones vinculadas a “posesiones imperiales”.

En su declaración, Quirno remarcó que la Argentina “reafirma sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, y recordó que la ocupación británica de 1833 “fue un acto de fuerza contrario al derecho internacional de la época” que vulneró la integridad territorial del país.

Asimismo, citó la Resolución 2065 de la Organización de las Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía e insta a ambas naciones a resolverla mediante negociaciones. En ese sentido, destacó que el llamado fue reiterado por distintos organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos, el Mercado Común del Sur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, entre otros.

El canciller también rechazó la postura británica basada en el principio de libre determinación de los pueblos, al señalar que los actuales habitantes de las islas “no han sido nunca reconocidos como un ‘pueblo’ por las Naciones Unidas”, y cuestionó la validez del referéndum realizado en 2013.

Por otra parte, denunció las actividades de exploración y explotación de recursos naturales en la zona, al calificarlas como ilegales. En particular, apuntó contra el avance del proyecto petrolero Sea Lion, al considerar que “viola resoluciones de las Naciones Unidas y desconoce los derechos soberanos argentinos”.

El mensaje concluyó con una reafirmación política: “Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas”.

En Tandil se replicó en las últimas horas a la medida de fuerza que vienen sosteniendo transportistas rurales en diferentes provincias del país. El reclamo, que ya cumple diez días de protesta, tiene como epicentro la demanda de una actualización en la tarifa del kilómetro de viaje. Los trabajadores del volante advirtieron que la rentabilidad del sector se ha visto pulverizada por los constantes incrementos en los costos operativos, con especial énfasis en el precio del combustible.

“Nos están pagando la tarifa atrasada. Y el gasoil sube a cada rato y no dan los números como para viajar”, sentenció Rubén, uno de los transportistas movilizados en los puntos de acceso a la ciudad, en diálogo con el ciclo radial La Mañana, de El Eco Multimedios. El trabajador  reflejó el malestar generalizado que atraviesa a los prestadores del servicio de carga de cereales y otros productos agropecuarios. En concreto, los camioneros movilizados en Tandil contaron que pertenecen a la delegación Necochea de Atcade, la Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos.

La movilización en el partido se hizo visible en puntos estratégicos para la logística regional. Los transportistas se concentraron en el cruce de la Ruta 74 y la entrada a María Ignacia Vela, como así también en el paraje La Vasconia, en la intersección de la Ruta Nacional 226 y la Ruta Provincial 74. En estos lugares, los camiones permanecen a la vera del camino como señal de protesta ante lo que consideran una situación económica asfixiante.

El núcleo del conflicto radica en la brecha existente entre los ofrecimientos cámaras de acopiadores y las necesidades reales de los transportistas. Según explicaron los manifestantes, la pretensión es lograr un 40 por ciento de aumento para equilibrar las cuentas, una cifra que dista significativamente de las propuestas recibidas hasta el momento en las mesas de negociación.

Al respecto, Rubén detalló la infructuosa marcha de las tratativas: “Nos ofrecieron un 14 por ciento y nosotros la queríamos llevar a un 40 por ciento. Y después nos querían arreglar con un 25 por ciento, pero es muy poco todavía, muy poco”. Para los transportistas, aceptar un incremento menor no soluciona el problema de fondo, ya que cualquier ajuste es rápidamente absorbido por las subas en el surtidor. “Ellos te pagan un 25 por ciento y después te suben el gasoil a los tres o cuatro días y es lo mismo que nada”, lamentaron.

La situación, plantearon, se agrava al considerar que muchos de los servicios se están liquidando con valores que no han sido actualizados desde finales del año pasado. “Está bajísimo porque están pagando la tarifa de diciembre”, denunció el transportista, remarcando que “después cuando vos hacés los viajes los números no te dan, quedan muy bajos los números”.

Los transportistas aclararon que el foco principal de la protesta está puesto en el traslado de granos. “Hoy por hoy lo que se está afectando más es el cereal, porque después todo lo otro está circulando”, explicaron desde los puntos de concentración. Esta decisión busca visibilizar el reclamo ante los dadores de carga específicos del agro sin bloquear de manera total el tránsito de otros insumos esenciales.

En cuanto a la modalidad de la protesta en la zona de María Ignacia Vela, se destacó que existe un respeto por la decisión individual de cada trabajador, aunque se lamenta la falta de una adhesión total. “En el Cruce de Vela vamos a estar hoy, firmes. Pero también aprovecho a decir que en Vela somos como 50 camiones y todos no nos adhieren. Es una lástima que no nos apoyen. Hay un resto de camioneros que no van y pueden circular porque este reclamo es para todos, pero pueden circular normalmente ellos. El que no decide adoptar la medida de fuerza, el que no se une puede trabajar normalmente, hay libertad de acción”, aclaró Rubén.

El grupo local de movilizados reúne a aproximadamente 20 transportistas que decidieron mantenerse firmes hasta obtener una solución. La medida adoptada en Tandil, explicaron, se toma en sintonía con las directivas y la situación que se vive en Necochea y Bahía Blanca, destinos finales de gran parte de la producción cerealera de la zona.

La incertidumbre sobre la duración del paro persiste, mientras los camiones continúan apostados en las rutas. Para los trabajadores, la ecuación es simple pero dramática: “Hoy está todo caro y todos tenemos familia, y viajar barato tampoco nos sirve”. La expectativa ahora está puesta en una nueva convocatoria que permita acercar las partes y establecer una tarifa que contemple los incrementos del gasoil, garantizando la sustentabilidad de una actividad clave para la economía de Tandil y la región.

La inseguridad acecha al barrio de Villa Italia y los vecinos salieron a la calle para pedir respuestas políticas, de la Justicia y la Policía. En la mañana de ayer, alrededor de las 8, más de una decena de personas se dio encuentro en la esquina de Maritorena y Figueroa, donde días atrás un comercio fue víctima por tercera vez en siete meses de un robo. Tras la protesta, algunos frentistas dialogaron con este Multimedios sobre la situación en el barrio.

Santiago Lhomy, integrante de la comisión de seguridad del barrio, y Fabián Corsini, carnicero que sufrió los hechos de inseguridad, dialogaron con Plataforma Magazine (104.1 Tandil FM y Eco TV) sobre la protesta realizada ayer la cual, aseguraron, fue acompañada por vecinos de Villa Italia y gente de otros barrios. “Más que nada son enojos lo que se charla, logramos hacer una juntada pero la gente está enojada”, resumieron.

El comerciante de Maritorena y Figueroa detalló que sufrió tres robos desde que abrió hace siete meses. Sobre el primer hecho contó que fue un domingo a la tarde donde “un tipo salió con las cosas envueltas en su remera”. En el segundo entraron por el fondo, rompieron la puerta de la carnicería y se llevaron herramientas y una garrafa. Según suscribió, perdió más de un millón de pesos en herramientas en ambos hechos, aunque recuperó algunas cosas tras un allanamiento.

El último robo que sufrió fue el jueves de la semana pasada, donde le rompieron la puerta con un hacha a las 23, realizando una acción de distracción para los vecinos. “Habían armado un revuelo los compinches del tipo que entró, ruido afuera como que se estaban peleando para tapar el ruido de los hachazos. Entró y revolvió el mostrador, se llevó unos pesos y un celular del negocio”, detalló.

A partir de este último incidente, se motivó la concentración de la mañana del miércoles. El punto de encuentro no solo tuvo que ver con el robo del jueves pasado sino también porque “la carnicería es como la oficina del barrio donde se juntan todos y ahí nos ponemos al tanto de lo que pasa. La verdad es que todos son problemas”.

Además de manifestar el enojo y generar una conexión entre personas que están sufriendo lo mismo, los frentistas pudieron sacar una conclusión: la importancia de radicar las denuncias para que Villa Italia sea considerada una “zona roja” para los encargados de la seguridad en la ciudad.

“La Policía responde, nos dan bolilla, pero lo que piden es que hagamos las denuncias”, comentó Corsini, quien luego añadió que al inicio de la semana se encontraba charlando en la calle con el comisario de la seccional Tercera cuando de repente apareció una mujer corriendo, pidiendo a los gritos ayuda por un robo que estaba sufriendo a pocas cuadras. “Los vecinos de cuatro manzanas a la redonda sufrimos como 20 robos, fácil”, señaló.

En otro tramo de la charla, el damnificado señaló en tono de burla que él tiene más entradas a la comisaría que los delincuentes. Respecto a los protagonistas de los hechos, ambos vecinos señalaron que se trata de la misma persona y la vincularon con una denuncia anterior sobre un domicilio de Maritorena que estaría involucrado en la venta de estupefacientes.

Sobre las denuncias, los frentistas señalaron que se empezaron a hacer ahora porque “ya es demasiado”. Incluso contaron que cuando los peritos policiales se presentaron tras el último hecho, los presuntos autores estaban en la puerta del comercio “de brazos cruzados, mirando para todos lados, como si nada”. Por esa razón, subrayaron la necesidad de llamar al 101 o utilizar la aplicación Centinela.

Consultados sobre qué acciones realizarán en caso de que no haya una respuesta pronta, contaron que muchos querían profundizar la protesta cortando las dos calles o incluso generando algún tipo de acción que logre llamar más la atención.

Recordaron que la problemática lleva tiempo planteada en el Foro de Seguridad, incluso antes de que lo haga la propia comisión vecinal. Lhomy contó que a través del trabajo con el Foro “se lograron hacer unas cosas, pero quedan ahí porque los robos siguieron y esto ya hace más de un año que venimos con el problema en esa zona. Ahora se intensificó más”.

Como parte de la indignación, contaron que “esos delincuentes pasaron por el medio de la protesta” al sentirse impunes. Además, relataron que como parte de su forma de operar, le dieron de comer a un perro para entrar a una casa, vigilan los horarios de los adultos mayores e incluso marcan las viviendas.

“No podés vivir así. No puede ser que cinco personas te vuelvan loco un barrio”, afirmaron con indignación antes de asegurar que próximamente esperan reunirse con el intendente Miguel Lunghi. “Necesitamos una solución, no esperar. Nos dicen que por esto hay que esperar y mientras tanto pasan estas cosas”, concluyeron.