El rector de la Unicen, Marcelo Aba, evaluó el escenario actual de las universidades nacionales frente a un nuevo paro de actividades y reconoció que existieron acercamientos recientes con las autoridades nacionales. Según detalló la máxima autoridad académica de la institución tandilense, hubo una serie de reuniones y llamados que permitieron vislumbrar una “mejora en materia salarial y en el presupuesto destinado a becas”.

Al mismo tiempo, el rector de la Unicen, en diálogo con El Eco Multimedios, lamentó que estos avances se encuentren actualmente "trabados" por un pedido explícito del Ejecutivo nacional para desactivar el frente judicial que mantienen los rectores.

Según explicó, Nación puso como condición para avanzar con este suplemento presupuestario que las universidades retiren la medida cautelar que se encuentra actualmente bajo análisis de la Corte Suprema. Al respecto, el rector fue tajante y manifestó que no consideran oportuno dar marcha atrás con dicha presentación, ya que en ese camino se involucró no solo a la comunidad universitaria, sino también a la sociedad en su conjunto. Para Aba, el Gobierno nacional tiene ahora en sus manos la posibilidad de otorgar el aumento permitiendo que la vía legal siga su curso natural.

Durante las últimas semanas, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) funcionó como el canal de diálogo primario con el Ejecutivo nacional. En estos encuentros, se pusieron sobre la mesa las necesidades más urgentes del sistema, centrándose especialmente en el retraso de los haberes de los trabajadores. 

El rector recordó que el Gobierno nacional planteó dos reclamos ante el máximo tribunal del país: uno vinculado a la validez de los jueces intervinientes y otro sobre la cautelar propiamente dicha. Mientras que la Corte ya se expidió sobre el primer punto, el sistema universitario aguarda una resolución sobre el restante.

Aba calificó las propuestas recibidas como un "oxígeno" necesario para los trabajadores, aunque aclaró que las cifras barajadas no representan el cumplimiento total de la ley. "Consideramos que no vienen a recomponer todo lo que se ha perdido en este tiempo, pero también es cierto que, aun siendo poco, es significativo e importante", sostuvo el rector. Esta recomposición salarial quedó supeditada a una decisión política que, por el momento, mantiene las posiciones distanciadas entre las partes debido a la negativa de los rectores de ceder ante el condicionamiento judicial.

En este contexto de incertidumbre, las organizaciones gremiales ratificaron la continuidad del plan de lucha con nuevas medidas de fuerza para visibilizar el deterioro de los ingresos. El titular de la Unicen subrayó que el problema original se remonta al inicio de la gestión actual, cuando la devaluación generó un salto inflacionario que nunca fue compensado de manera efectiva.

De acuerdo con los datos técnicos que maneja la universidad, los trabajadores comenzaron el periodo con una “pérdida de poder adquisitivo superior al 20 por ciento”, a la que se le sumaron mermas mensuales acumulativas que hoy tornan la situación insostenible para el personal docente y nodocente.

Finalmente, el rector destacó que, a pesar del conflicto, la universidad pública mantiene un fuerte respaldo popular que se manifestó en las calles. Las recientes movilizaciones evidenciaron que el pueblo percibe a la institución como una “herramienta de progreso social”, tanto en lo individual como en lo colectivo para ciudades donde la universidad está radicada. 

Por este motivo, Aba reafirmó el compromiso de la institución de sostener las funciones centrales de la casa de estudios día a día, mientras se busca una salida al conflicto que garantice salarios dignos y el funcionamiento operativo de las unidades académicas.

Tras los hechos ocurridos el pasado sábado, cuando un grupo de vecinos ingresó a las instalaciones del Tiro Federal para reclamar por las molestias causadas por la actividad de tiro y se produjo un intercambio violento, Ángel Orbea admitió la responsabilidad por el incidente, pidió disculpas públicas y remarcó que la medida fue producto de la desesperación ante la falta de respuestas del Estado.

La situación fue abordada en La Mañana, programa que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1. Durante la entrevista, Ángel Orbea, vecino de la zona, explicó los motivos que llevaron a un grupo de personas a presentarse en la institución el pasado fin de semana, jornada en la que se produjo la rotura de un vidrio y un intercambio de palabras con los presentes.

Al respecto, Orbea fue contundente sobre su accionar y el de sus vecinos: "Está mal lo que hicimos y pido disculpas. Pero somos gente desesperada". El vecino aclaró que no hubo intenciones de ejercer violencia física, sino de visibilizar una problemática que, según sostiene, afecta la salud y el descanso de quienes residen en las inmediaciones del polígono.

“No insulté, no amenacé. Lo único que les dije, es ‘paren, muchachos, no damos más’. Hay un solo camino, que no haya más estampidas en nuestras casas. Ese es el único camino. Ellos dicen que prefieren el diálogo. Perfecto, nosotros también, pero sin tiros. Lo único que queremos que se terminen las estampidas en nuestras casas”, manifestó Orbea durante la entrevista.

El vecino detalló que el conflicto central radica en las "estampidas" generadas por el uso de armas, las cuales, según su testimonio, se han incrementado en horarios que coinciden con el dictado de clases en el colegio Sábato. Orbea describió cómo esta situación afecta a los residentes, mencionando el caso de una docente que vive frente al predio, cuya hija pequeña sufre por el estruendo de los disparos, así como el impacto en las mascotas del barrio.

“Pasó este acontecimiento. No salimos a patotear como barras bravas, con palos o con cadenas. Salimos para hablar. Lamentablemente la tensión es tan grande que se produjo un incidente. Un incidente de violencia, desde el punto de vista penal, muy menor. Ni siquiera creo que amerite una causa, pero si tenemos que estar encausados, lo vamos a asumir. Y digo que estuvimos muy mal y yo me hago cargo”, enfatizó.

Orbea también cuestionó el rol de las autoridades municipales. Según relató, en octubre enviaron una nota a la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, solicitando una entrevista para tratar la problemática de los ruidos molestos, pero aseguró que nunca recibieron una respuesta. 

“Le pedimos al gobierno que haga algo que proteja a los ciudadanos, porque acá la protección pareciera que fuera para este lugar que genera el problema. Está todo invertido”, señaló.

El vecino subrayó que la intención del grupo no es la clausura arbitraria, sino una solución definitiva a las molestias. “Vamos a ir por la justicia. Acá esto lo tiene que resolver el Estado. Los tres poderes del Estado. Alguno lo tiene que resolver. Esto es una cuestión entre vecinos que no puede seguir en un barrio como este, no puede seguir”, sostuvo Orbea, reafirmando que continuarán buscando vías legales para proteger su derecho al descanso y la tranquilidad en sus hogares.

El conflicto entre vecinos del barrio y el Tiro Federal es otro de los focos problemáticos vinculados a los ruidos molestos en la ciudad. Un caso emblema al respecto fue la de las canteras dentro de la poligonal, las cuales debieron cesar su actividad tras la sanción de la Ley de Paisaje Protegido.

Pero otros hechos recientes tomaron estado público en el mismo sentido, como el despliegue de motocicletas en la zona del Parque Independencia, La misma motivó un debate legislativo y la posterior aprobación de la ordenanza de ruidos molestos y escapes modificados.

Orbea hizo énfasis en ubicar el reclamo de los vecinos del Tiro como una problemática de salud pública. En referencia a la mencionada ordenanza que reguló la actividad de motociclistas, expresó que “acá tiene que tomar este tienen que terminar ruidos molestos. ¿Qué se hace a un pibe? Le sacan la moto y le hacen una contravención. ¿Pero acá qué le hacen a esta gente?”.

En ese sentido, relató situaciones que los vecinos debieron afrontar a raíz de la práctica de tiro, desde haber encontrado restos de municiones en sus viviendas, a sentir el temblor en ventanas. Pero también, situaciones de nerviosismo derivado de los ruidos constantes, complicaciones con la salud de las mascotas y alteración de los niños del barrio.

El Municipio de Tandil rechazó un reclamo administrativo presentado por una vecina, quien había solicitado una indemnización por los daños sufridos en la luneta trasera de su automóvil, un Volkswagen Up!, presuntamente ocasionados por una piedra levantada por una barredora municipal.

La decisión quedó formalizada a través del Decreto Nº 1488/2026, fechado el 13 de mayo, en el que el Ejecutivo comunal argumentó que no existieron pruebas suficientes para demostrar que la rotura del vidrio hubiera sido consecuencia directa del accionar del vehículo de limpieza.

Según constó en el expediente administrativo, la mujer denunció que el episodio ocurrió el 27 de enero de este año, cuando el rodado se encontraba estacionado sobre avenida Colón al 1069 y una barredora pasó por el lugar.

En los considerandos del decreto, el Municipio remarcó que para avanzar con un reclamo de responsabilidad patrimonial contra el Estado resulta indispensable acreditar “la existencia de todos los presupuestos de la responsabilidad”, entre ellos el daño y el nexo causal con la actividad administrativa.

Además, citó el artículo 33 de la Ordenanza General Nº 267/80, que establece que todo reclamo administrativo debe estar “debidamente fundado y documentado”, con pruebas fehacientes sobre los hechos denunciados.

En ese marco, la Dirección de Higiene y Servicios Urbanos informó que la barredora efectivamente realizó su recorrido por avenida Colón el día señalado, aunque sostuvo que no existían elementos para confirmar que hubiera arrojado una piedra contra el vehículo.

Incluso, el área técnica consideró “poco probable” la trayectoria descripta por la denunciante debido al sentido de rotación y la ubicación de los rodillos de la maquinaria.

El decreto indicó además que las pruebas incorporadas al expediente no permitieron verificar de manera objetiva la mecánica del supuesto siniestro y que las manifestaciones de la reclamante resultaron insuficientes para comprometer la responsabilidad del Estado municipal.

Finalmente, tras la intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos Administrativos, el Ejecutivo resolvió desestimar el reclamo y dar por concluida la instancia administrativa.

La Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires anunció que este jueves 21 de mayo llevará adelante una olla popular frente a la Gobernación bonaerense para reclamar una urgente recomposición salarial y la reapertura inmediata de la paritaria docente.

A través de un comunicado, el gremio denunció el deterioro de las condiciones económicas de la docencia provincial y aseguró que “el salario docente que paga la provincia de Buenos Aires no alcanza” y que “no llegamos al 20 de cada mes, claramente sobra mes para alcanzar el próximo cobro”.

La organización sostuvo que el sector atraviesa una situación crítica de endeudamiento y responsabilizó tanto al Gobierno nacional como al provincial por la pérdida del poder adquisitivo. “La docencia bonaerense se encuentra totalmente endeudada por la situación económica pergeñada por el Gobierno nacional y que el Gobierno provincial no supo, no pudo reaccionar y en definitiva termina acompañando esa política económica por omisión”, expresaron.

Asimismo, afirmaron que la consecuencia inmediata de este escenario es “la pobreza e indigencia docente”.

En el documento, la Asociación de Maestros de la Provincia cuestionó el acuerdo salarial firmado en marzo de 2026 y aseguró que quedó “sobrepasado por la realidad”. Según detallaron, el incremento previsto para mayo “en realidad es del 2,1%”, pese a haberse anunciado oficialmente como un 2,5%.

El gremio explicó que la diferencia responde a que el cálculo se realizó “con referencia al salario de enero 2026” y porque incluye “$28.700 de Incentivo Docente de ‘aumento’ en negro”, lo que implica que “no resulta ni remunerativo ni bonificable”. Además, señalaron que esa suma tampoco es percibida por docentes jubilados, situación que, según denunciaron, “rompe el principio de la ‘movilidad’ jubilatoria en la provincia de Buenos Aires”.

La entidad también remarcó que el incremento salarial quedó por debajo de la inflación de abril, que fue del 2,6% en Argentina.

En otro tramo del comunicado, el sindicato reclamó al Ejecutivo provincial una respuesta concreta a la crisis del sector: “Le decimos al Gobierno de la provincia de Buenos Aires que es momento de reconocer el valor del trabajo docente”. Ademas, agregaron que “la retórica gubernamental de la provincia no alcanza ni sirve para comer, pagar servicios, pagar el alquiler, pagar el transporte y completar el mes”.

Entre los principales reclamos, la organización exigió una reforma tributaria provincial “que permita una distribución de la riqueza más equitativa” y cuestionó que “en una provincia rica” exista “docencia bonaerense pobre”.

Finalmente, la Asociación de Maestros bonaerense reclamó el cumplimiento del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y exigió la implementación de un “Salario Mínimo Vital y Móvil Docente en PBA de $2.800.000”.

“Buenos Aires es una provincia rica y no puede tener docencia ni pobre ni indigente. ¡Con salarios de indigencia no se puede vivir!”, concluye el comunicado difundido por la organización sindical.

La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen) confirmó su participación en la Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo martes 12 de mayo, en el marco de una jornada nacional de protesta en defensa de la educación pública, la ciencia y el financiamiento del sistema universitario.

A través de un comunicado institucional difundido por la Asociación Gremial de Docentes de la Unicen (Adunce) en sus distintos espacios, la casa de altos estudios expresó su adhesión a la movilización que se realizará en todo el país bajo el lema “Milei, no sos rey, cumplí la ley”, en referencia al reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El texto difundido por la universidad señala: “El martes 12 de mayo defendemos a la universidad pública en las calles de todo el país, exigiendo al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario”. En esa misma línea, el gremio docente convoca a la participación conjunta de la comunidad educativa.

Asimismo, la Unicen remarcó que en sus distintas sedes “docentes, nodocentes y estudiantes marchamos por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”, en una expresión conjunta de los claustros universitarios. De esta forma, se confirma que la medida impactará en Tandil, Azul, Olavarría y Quequén.

El comunicado también enmarca la medida dentro de un plan de acción más amplio, al sostener que “seguimos con el plan de lucha, porque defender la educación y la ciencia es defender la democracia y la soberanía”.

La adhesión de la Unicen se inscribe en una serie de pronunciamientos de universidades públicas de todo el país que manifestaron su apoyo a la Marcha Federal Universitaria, en un contexto de creciente debate por el financiamiento del sistema de educación superior en Argentina.

La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires se suma así a la jornada nacional convocada para el 12 de mayo, que tendrá expresiones en distintas ciudades y sedes universitarias del país bajo la consigna de defensa de la universidad pública.

El canciller Pablo Quirno reafirmó este viernes el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, luego de recientes declaraciones de funcionarios del Reino Unido en torno al archipiélago.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario sostuvo que el país “manifiesta, una vez más, su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido”, con el objetivo de alcanzar “una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía”.

El pronunciamiento se dio en un contexto de renovadas tensiones diplomáticas, en medio de versiones sobre un eventual replanteo del apoyo de Estados Unidos hacia el Reino Unido en cuestiones vinculadas a “posesiones imperiales”.

En su declaración, Quirno remarcó que la Argentina “reafirma sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, y recordó que la ocupación británica de 1833 “fue un acto de fuerza contrario al derecho internacional de la época” que vulneró la integridad territorial del país.

Asimismo, citó la Resolución 2065 de la Organización de las Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía e insta a ambas naciones a resolverla mediante negociaciones. En ese sentido, destacó que el llamado fue reiterado por distintos organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos, el Mercado Común del Sur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, entre otros.

El canciller también rechazó la postura británica basada en el principio de libre determinación de los pueblos, al señalar que los actuales habitantes de las islas “no han sido nunca reconocidos como un ‘pueblo’ por las Naciones Unidas”, y cuestionó la validez del referéndum realizado en 2013.

Por otra parte, denunció las actividades de exploración y explotación de recursos naturales en la zona, al calificarlas como ilegales. En particular, apuntó contra el avance del proyecto petrolero Sea Lion, al considerar que “viola resoluciones de las Naciones Unidas y desconoce los derechos soberanos argentinos”.

El mensaje concluyó con una reafirmación política: “Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas”.

En Tandil se replicó en las últimas horas a la medida de fuerza que vienen sosteniendo transportistas rurales en diferentes provincias del país. El reclamo, que ya cumple diez días de protesta, tiene como epicentro la demanda de una actualización en la tarifa del kilómetro de viaje. Los trabajadores del volante advirtieron que la rentabilidad del sector se ha visto pulverizada por los constantes incrementos en los costos operativos, con especial énfasis en el precio del combustible.

“Nos están pagando la tarifa atrasada. Y el gasoil sube a cada rato y no dan los números como para viajar”, sentenció Rubén, uno de los transportistas movilizados en los puntos de acceso a la ciudad, en diálogo con el ciclo radial La Mañana, de El Eco Multimedios. El trabajador  reflejó el malestar generalizado que atraviesa a los prestadores del servicio de carga de cereales y otros productos agropecuarios. En concreto, los camioneros movilizados en Tandil contaron que pertenecen a la delegación Necochea de Atcade, la Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos.

La movilización en el partido se hizo visible en puntos estratégicos para la logística regional. Los transportistas se concentraron en el cruce de la Ruta 74 y la entrada a María Ignacia Vela, como así también en el paraje La Vasconia, en la intersección de la Ruta Nacional 226 y la Ruta Provincial 74. En estos lugares, los camiones permanecen a la vera del camino como señal de protesta ante lo que consideran una situación económica asfixiante.

El núcleo del conflicto radica en la brecha existente entre los ofrecimientos cámaras de acopiadores y las necesidades reales de los transportistas. Según explicaron los manifestantes, la pretensión es lograr un 40 por ciento de aumento para equilibrar las cuentas, una cifra que dista significativamente de las propuestas recibidas hasta el momento en las mesas de negociación.

Al respecto, Rubén detalló la infructuosa marcha de las tratativas: “Nos ofrecieron un 14 por ciento y nosotros la queríamos llevar a un 40 por ciento. Y después nos querían arreglar con un 25 por ciento, pero es muy poco todavía, muy poco”. Para los transportistas, aceptar un incremento menor no soluciona el problema de fondo, ya que cualquier ajuste es rápidamente absorbido por las subas en el surtidor. “Ellos te pagan un 25 por ciento y después te suben el gasoil a los tres o cuatro días y es lo mismo que nada”, lamentaron.

La situación, plantearon, se agrava al considerar que muchos de los servicios se están liquidando con valores que no han sido actualizados desde finales del año pasado. “Está bajísimo porque están pagando la tarifa de diciembre”, denunció el transportista, remarcando que “después cuando vos hacés los viajes los números no te dan, quedan muy bajos los números”.

Los transportistas aclararon que el foco principal de la protesta está puesto en el traslado de granos. “Hoy por hoy lo que se está afectando más es el cereal, porque después todo lo otro está circulando”, explicaron desde los puntos de concentración. Esta decisión busca visibilizar el reclamo ante los dadores de carga específicos del agro sin bloquear de manera total el tránsito de otros insumos esenciales.

En cuanto a la modalidad de la protesta en la zona de María Ignacia Vela, se destacó que existe un respeto por la decisión individual de cada trabajador, aunque se lamenta la falta de una adhesión total. “En el Cruce de Vela vamos a estar hoy, firmes. Pero también aprovecho a decir que en Vela somos como 50 camiones y todos no nos adhieren. Es una lástima que no nos apoyen. Hay un resto de camioneros que no van y pueden circular porque este reclamo es para todos, pero pueden circular normalmente ellos. El que no decide adoptar la medida de fuerza, el que no se une puede trabajar normalmente, hay libertad de acción”, aclaró Rubén.

El grupo local de movilizados reúne a aproximadamente 20 transportistas que decidieron mantenerse firmes hasta obtener una solución. La medida adoptada en Tandil, explicaron, se toma en sintonía con las directivas y la situación que se vive en Necochea y Bahía Blanca, destinos finales de gran parte de la producción cerealera de la zona.

La incertidumbre sobre la duración del paro persiste, mientras los camiones continúan apostados en las rutas. Para los trabajadores, la ecuación es simple pero dramática: “Hoy está todo caro y todos tenemos familia, y viajar barato tampoco nos sirve”. La expectativa ahora está puesta en una nueva convocatoria que permita acercar las partes y establecer una tarifa que contemple los incrementos del gasoil, garantizando la sustentabilidad de una actividad clave para la economía de Tandil y la región.

La inseguridad acecha al barrio de Villa Italia y los vecinos salieron a la calle para pedir respuestas políticas, de la Justicia y la Policía. En la mañana de ayer, alrededor de las 8, más de una decena de personas se dio encuentro en la esquina de Maritorena y Figueroa, donde días atrás un comercio fue víctima por tercera vez en siete meses de un robo. Tras la protesta, algunos frentistas dialogaron con este Multimedios sobre la situación en el barrio.

Santiago Lhomy, integrante de la comisión de seguridad del barrio, y Fabián Corsini, carnicero que sufrió los hechos de inseguridad, dialogaron con Plataforma Magazine (104.1 Tandil FM y Eco TV) sobre la protesta realizada ayer la cual, aseguraron, fue acompañada por vecinos de Villa Italia y gente de otros barrios. “Más que nada son enojos lo que se charla, logramos hacer una juntada pero la gente está enojada”, resumieron.

El comerciante de Maritorena y Figueroa detalló que sufrió tres robos desde que abrió hace siete meses. Sobre el primer hecho contó que fue un domingo a la tarde donde “un tipo salió con las cosas envueltas en su remera”. En el segundo entraron por el fondo, rompieron la puerta de la carnicería y se llevaron herramientas y una garrafa. Según suscribió, perdió más de un millón de pesos en herramientas en ambos hechos, aunque recuperó algunas cosas tras un allanamiento.

El último robo que sufrió fue el jueves de la semana pasada, donde le rompieron la puerta con un hacha a las 23, realizando una acción de distracción para los vecinos. “Habían armado un revuelo los compinches del tipo que entró, ruido afuera como que se estaban peleando para tapar el ruido de los hachazos. Entró y revolvió el mostrador, se llevó unos pesos y un celular del negocio”, detalló.

A partir de este último incidente, se motivó la concentración de la mañana del miércoles. El punto de encuentro no solo tuvo que ver con el robo del jueves pasado sino también porque “la carnicería es como la oficina del barrio donde se juntan todos y ahí nos ponemos al tanto de lo que pasa. La verdad es que todos son problemas”.

Además de manifestar el enojo y generar una conexión entre personas que están sufriendo lo mismo, los frentistas pudieron sacar una conclusión: la importancia de radicar las denuncias para que Villa Italia sea considerada una “zona roja” para los encargados de la seguridad en la ciudad.

“La Policía responde, nos dan bolilla, pero lo que piden es que hagamos las denuncias”, comentó Corsini, quien luego añadió que al inicio de la semana se encontraba charlando en la calle con el comisario de la seccional Tercera cuando de repente apareció una mujer corriendo, pidiendo a los gritos ayuda por un robo que estaba sufriendo a pocas cuadras. “Los vecinos de cuatro manzanas a la redonda sufrimos como 20 robos, fácil”, señaló.

En otro tramo de la charla, el damnificado señaló en tono de burla que él tiene más entradas a la comisaría que los delincuentes. Respecto a los protagonistas de los hechos, ambos vecinos señalaron que se trata de la misma persona y la vincularon con una denuncia anterior sobre un domicilio de Maritorena que estaría involucrado en la venta de estupefacientes.

Sobre las denuncias, los frentistas señalaron que se empezaron a hacer ahora porque “ya es demasiado”. Incluso contaron que cuando los peritos policiales se presentaron tras el último hecho, los presuntos autores estaban en la puerta del comercio “de brazos cruzados, mirando para todos lados, como si nada”. Por esa razón, subrayaron la necesidad de llamar al 101 o utilizar la aplicación Centinela.

Consultados sobre qué acciones realizarán en caso de que no haya una respuesta pronta, contaron que muchos querían profundizar la protesta cortando las dos calles o incluso generando algún tipo de acción que logre llamar más la atención.

Recordaron que la problemática lleva tiempo planteada en el Foro de Seguridad, incluso antes de que lo haga la propia comisión vecinal. Lhomy contó que a través del trabajo con el Foro “se lograron hacer unas cosas, pero quedan ahí porque los robos siguieron y esto ya hace más de un año que venimos con el problema en esa zona. Ahora se intensificó más”.

Como parte de la indignación, contaron que “esos delincuentes pasaron por el medio de la protesta” al sentirse impunes. Además, relataron que como parte de su forma de operar, le dieron de comer a un perro para entrar a una casa, vigilan los horarios de los adultos mayores e incluso marcan las viviendas.

“No podés vivir así. No puede ser que cinco personas te vuelvan loco un barrio”, afirmaron con indignación antes de asegurar que próximamente esperan reunirse con el intendente Miguel Lunghi. “Necesitamos una solución, no esperar. Nos dicen que por esto hay que esperar y mientras tanto pasan estas cosas”, concluyeron.

La Federación Argentina de Municipios (FAM), que nuclea a intendentes e intendentas de todo el país, elevó una carta al Ministerio de Economía en la que expuso un diagnóstico crítico sobre la situación económica, fiscal y social que atraviesan los gobiernos locales. En el documento, los jefes comunales advirtieron que la combinación de caída de recursos, aumento de costos y creciente demanda social configura un escenario "de alta complejidad" que amenaza la sostenibilidad de los distritos.

El planteo, dirigido al titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, subraya que los municipios son "el primer mostrador de la democracia", donde el impacto de las variables macroeconómicas se traduce en problemas concretos: menor consumo, dificultades para sostener la producción, presión sobre los sistemas de salud y asistencia, y complicaciones en el acceso al transporte.

En ese marco, los intendentes señalaron que la situación fiscal se deterioró en los últimos meses. Según precisaron, la coparticipación federal registró una caída del 11 por ciento en el primer trimestre del año, profundizando una tendencia negativa que ya se arrastraba desde 2024. A eso se suman la eliminación de subsidios y el aumento de tarifas de servicios públicos, que impactan tanto en las economías familiares como en la estructura de costos de los municipios.

El documento también cuestiona la utilización de recursos nacionales. En particular, menciona que el Gobierno nacional recaudó 3,5 billones de pesos por el impuesto a los combustibles hasta fines de marzo, sin que esos fondos se destinen a obras viales ni a aliviar el precio de los combustibles. Además, advierte sobre la falta de transferencias vinculadas al sistema de transporte, lo que agrava la situación de un servicio clave en muchas ciudades.

En el plano productivo, la FAM alertó por el cierre de más de 22.000 empresas en todo el país y por el impacto negativo en las economías regionales. La suba de tarifas encarece la producción y retrae el consumo, mientras que la desaparición de herramientas de apoyo a pymes y emprendedores debilita el entramado económico local. A esto se suma una fuerte caída de la actividad turística, que atraviesa una de las peores temporadas de las últimas dos décadas.

El aspecto social es uno de los ejes más sensibles del informe. Los intendentes señalaron que la demanda de alimentos y asistencia social creció un 100 por ciento, en un contexto en el que no hubo envíos de ayuda alimentaria desde el Gobierno nacional. También advirtieron sobre las dificultades de los jubilados para acceder a medicamentos básicos y sobre el deterioro en la cobertura de personas con discapacidad. “La presión sobre los municipios como primer nivel de contención es creciente”, manifestaron.

En ese sentido, advirtieron que, de no mediar medidas urgentes, el país podría enfrentar una "verdadera catástrofe social". Frente a este panorama, la FAM solicitó una serie de medidas concretas, entre ellas, la revisión del esquema de coparticipación federal, la normalización en el envío de fondos nacionales y la restitución de subsidios eliminados.

Como punto central, los intendentes propusieron la creación de una mesa de trabajo permanente con el Ministerio de Economía para abordar de manera conjunta los desafíos actuales. "Se vuelve imprescindible avanzar en una agenda común que permita sostener el funcionamiento de los gobiernos locales y garantizar condiciones mínimas de bienestar", concluye el texto.

El próximo martes 14 de abril, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, se presentará en el Palacio de Hacienda para elevar un reclamo formal ante las autoridades nacionales. La comitiva, integrada por diversos jefes comunales, exigirá una baja en el precio de los combustibles y la inmediata reactivación de las obras públicas que se encuentran detenidas en la provincia y el país.

La iniciativa busca visibilizar una problemática que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos y a la operatividad de los municipios. Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el valor de la nafta ha registrado un incremento cercano al 20 por ciento, lo que ha disparado la inflación y afectado la frecuencia del transporte público de pasajeros en las últimas horas.

Además de solicitar que el precio de los combustibles se retrotraiga al uno de marzo, los funcionarios pondrán el foco en el financiamiento de la infraestructura vial. El ministro de la gestión de Axel Kicillof señaló que parte de los impuestos a los combustibles debería volcarse a las obras:

"Cada vez que cargas nafta, un tercio del costo va a una cuenta del Estado nacional. El Gobierno se está quedando con la plata y sin hacer una sola obra vial"

El reclamo cuenta con el respaldo de la Federación Argentina de Municipios (FAM), liderada por Fernando Espinoza, tras una reunión de urgencia donde se analizó la caída en la recaudación local. La situación es crítica en diversos distritos debido a los recortes de coparticipación por parte de Nación y la baja en la cobrabilidad de tasas.

En el ámbito local, el escenario es preocupante. Durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente de Tandil, Miguel Lunghi, advirtió sobre una fuerte merma en los ingresos municipales. Según detalló el jefe comunal, la cobrabilidad de las tasas, que históricamente rondaba entre el 65 y el 70 por ciento, cayó drásticamente al 56 por ciento durante el 2025.

Esta tendencia se repite en otras localidades bonaerenses. Javier Gastón, de Chascomús, reportó una cobrabilidad del 60 por ciento, mientras que Francisco Ratto, de San Antonio de Areco, indicó que apenas la mitad de los contribuyentes cumple con la tasa de servicios urbanos. Esta realidad obliga a los intendentes a tomar decisiones drásticas sobre qué servicios podrán seguir garantizando a la comunidad.

El conflicto tuvo como protagonistas a la Policía Federal y manifestantes piqueteros y del Partido Obrero (PO). En ambos lugares, también, estuvo presente Prefectura.

Días atrás, a través del Ministerio de Capital Humano, el oficialismo comunicó que el último día de cobro de este plan sería el 7 de abril y fundamentó que la medida se tomó de acuerdo al objetivo que plantea, desde el inicio de la gestión, la cartera de Sandra Pettovello sobre “priorizar la inserción laboral formal” y “eliminar la intermediación en los planes sociales”.

“Los movimientos sociales, las organizaciones piqueteras y las cooperativas de trabajo denunciamos, una vez más, que el Gobierno de (Javier) Milei pasa la motosierra contra los trabajadores y trabajadoras más pobres y precarizadas del país. Comedores, merenderos, espacios de primera infancia, centros de salud, educativos y espacios de acompañamiento a personas en situación de consumo y violencias son sostenidos con ese salario”, indicaron las agrupaciones presentes en la movilización.

La finalización de este programa afectó a más de 950 mil trabajadores que realizan tareas esenciales en los barrios populares de todo el país y que perciben un Salario Social Complementario “congelado desde diciembre de 2023” en 78 mil pesos.

Lo mismo sucederá con quienes realizan producción textil, reciclado, venta ambulante en espacio público y agricultura familiar campesina indígena; en cada distrito, también, se realizaban tareas municipales como limpieza de calles y plazas, reparaciones y pequeñas obras de infraestructura “que se complementaban” con dicho salario.

Esta medida, se trasladó a varios puntos del país. En el AMBA, las agrupaciones cortaron los accesos de Puente Saavedra; Liniers; Juan Manuel de Rosas y General Paz; y Puente La Noria.

Desde el PO, indicaron que el cierre del programa afectará “profundamente las economías regionales y comercios de cercanía” de los barrios populares, ya que quita de circulación, para el consumo, “600 millones de dólares anuales: “Es plata que el Gobierno saca de la economía real, de los bolsillos y las mesas de las familias, para llevar a cabo un ajuste a medida de lo que exige el FMI”, añadieron.

“No se puede tapar el sol con las manos, el Gobierno Nacional pretende manipular estadísticas para mentir sobre la situación real de millones de argentinos y argentinas que, día a día, ingresan y se sumergen en la pobreza y el endeudamiento. Cifras truchas que no reflejan la caída sostenida en el consumo de carnes y lácteos. En el marco de un proceso de recesión e inflación, la finalización de Volver al trabajo se produce mientras los cierres de nuevas posibilidades de fuentes laborales y despidos masivos están a la orden del día”, concluyeron. NA

Alrededor de 85 organizaciones sociales iniciarán este martes un plan de lucha progresivo en todo el territorio nacional, que incluirá cortes de ruta y movilizaciones. El reclamo central se dirige contra la decisión del Gobierno nacional de eliminar cerca de 900.000 planes sociales de 78.000 pesos mensuales, para reemplazarlos por un esquema de vouchers destinados a la capacitación laboral.

La iniciativa impulsada por la gestión del presidente Javier Milei, que entrará en vigencia plena desde noviembre, busca transformar las transferencias monetarias directas en instancias de formación profesional. Sin embargo, la medida despertó fuertes críticas de diversos gremios y agrupaciones, que advierten sobre el impacto negativo en la economía de los barrios populares.

En este marco, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) confirmó que se manifestará en la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata y llevará adelante cortes en los accesos que conectan a la capital con ciudades vecinas, incluyendo el Puente Pueyrredón. En el interior de la provincia de Buenos Aires, las protestas se replicarán en la Ruta 2, a la altura de Mar del Plata, y en las localidades de San Nicolás, Pergamino y Bahía Blanca.

Desde las organizaciones sostuvieron que la eliminación del programa Volver al Trabajo, prevista para esta semana, afectará gravemente la red comunitaria. Según detallaron, solo en la ciudad de La Plata existen 38.000 beneficiarios que dejarán de percibir el estipendio actual.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano trabaja en una red federal de instituciones para ofrecer títulos profesionales con aval del sector productivo. La intención oficial es que los beneficiarios accedan a herramientas que mejoren su inserción laboral. Como antecedente, en enero se inició una prueba piloto con 20 desocupados en un centro de formación del barrio porteño de Paternal.

Ante este escenario, desde la CCC calificaron la medida como un "ataque" que pretende desarticular "la red comunitaria que nuestro pueblo creó en los barrios populares". A través de un comunicado, la organización sentenció: "No podemos permitir esta masacre social y económica sin luchar".

Vecinos de la calle Los Cedros, específicamente entre Los Sauces y Las Acacias, volvieron a manifestar su malestar por el deterioro de la calle y los reiterados anegamientos que sufren cada vez que se registran lluvias, una problemática que —según aseguran— lleva años sin solución.

En diálogo con El Eco, Eduardo Lopez, frentista del lugar que representa al resto de la barriada, comentó que el agua proviene de terrenos ubicados sobre la avenida Pedersen, donde se levantó rusticamente una pila de tierra, que oficia como dique para contener el agua, la cual al acumularse y sobrepasarlo, cae por la inclinación del terreno, trayendo consigo parte del material.

La situación no solo afecta a dicha calle en particular, sino que el arrastre de agua y sedimentos alcanza otras arterias. “Llega hasta Los Ombúes, en la entrada de la universidad; toda la arena de acá termina allá”, detallaron, evidenciando la magnitud del problema.

El vecino indicó que, con el paso del tiempo, el escenario se ha agravado. “Hace un año y medio fácilmente que no pasa la máquina”, señaló, al tiempo que remarcaron que deben realizar tareas por cuenta propia para poder circular: “Cada vez que llueve tenemos que andar rellenando nosotros para poder sacar los autos de nuestras casas”.

El estado de la calle presenta profundos zanjones, piedras y acumulación de sedimentos, lo que genera complicaciones tanto para vehículos como para peatones. “Es un peligro, se puede romper el chasis de los autos, y para la gente mayor es imposible caminar”, advirtió.

En cuanto a los reclamos, afirmaron haber realizado denuncias tanto en el Municipio como en Vialidad, sin obtener respuestas concretas. “Prometen que van a venir, pero no pasa nada. Vivimos así constantemente”, lamentó.

Eduardo, con casi 30 años de residencia en el lugar, sostuvo que la problemática es histórica: “Cada vez que llueve es lo mismo. Vinieron a arreglar un par de veces, pero después pasa más de un año sin mantenimiento”.

Finalmente, refirió que la solución no requiere obras complejas, sino intervenciones adecuadas: mejorar el nivelado de la calle y redireccionar los desagües hacia el arroyo cercano. “Es darle el cauce como corresponde, hacia el arroyo seco. Si no, vamos a seguir igual”, concluyeron.

El Municipio de Tandil desestimó el reclamo administrativo presentado por una vecina que solicitaba una indemnización por los daños sufridos en su vehículo tras la caída de una rama durante un temporal de viento registrado en octubre de 2025.

La decisión quedó formalizada a través del Decreto Nº 784/2026, firmado por el intendente Miguel Lunghi, mediante el cual se rechazó el pedido presentado por una vecina. 

La mujer había solicitado la cobertura de los daños ocasionados en su automóvil, dominio AF514UJ, luego de que el 9 de octubre de 2025 cayera una rama de gran tamaño mientras el vehículo se encontraba estacionado en la vía pública. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, el hecho habría ocurrido en las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo (Plaza de los Troncos), sobre la calle 4 de Abril.

Durante el análisis del reclamo, el Municipio solicitó informes a la Dirección General de Espacios Verdes Públicos, que indicó que no existían denuncias previas ni antecedentes sobre el estado del arbolado en el sector donde habría ocurrido el episodio.

Además, se requirió información al Servicio Meteorológico Nacional sobre las condiciones climáticas de ese día. Según el reporte oficial, el organismo había emitido una alerta amarilla por vientos para la ciudad, con velocidades previstas entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podían alcanzar los 75 kilómetros por hora. Los registros meteorológicos indicaron que durante la jornada se produjeron ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora.

En el decreto se señaló que estas condiciones meteorológicas constituyen un evento de caso fortuito o fuerza mayor, lo que interrumpe el nexo causal necesario para atribuir responsabilidad al Estado municipal.

Asimismo, se indicó que la propia denunciante había informado el siniestro ante su aseguradora, Federación Patronal Seguros, que contaba con cobertura vigente para daños parciales del vehículo, por lo que el episodio fue atendido dentro del marco de esa relación contractual.

En función de los informes técnicos y del análisis jurídico del expediente, el Ejecutivo concluyó que no existió una conducta atribuible al Municipio que hubiera provocado el daño, por lo que resolvió rechazar el reclamo indemnizatorio y dar por finalizada la instancia administrativa.

En una jornada clave para la infraestructura vial que afecta directamente a Tandil, el Gobierno Nacional confirmó este viernes la apertura de los sobres con las ofertas para la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones (RFC). Este proceso de privatización, que busca reemplazar el gasto público por inversión privada, incluye corredores estratégicos para la región, específicamente la Ruta Nacional 226 y la Ruta Nacional 3.

El acto administrativo contó con la participación de 15 oferentes distintos, quienes presentaron sus propuestas divididas en dos instancias: una relativa a la calidad técnica y otra con la oferta económica, la cual definirá la tarifa de peaje que se propone cobrar a los usuarios. Según informaron desde el Ministerio de Economía, este tramo denominado “Sur - Atlántico - Acceso Sur” abarca un total de 1.325,17 kilómetros.

Para los tandilenses, la noticia es de suma relevancia ya que la Ruta 226 es una vía vital para la conectividad productiva y turística. El segmento incluido en esta licitación se extiende desde el empalme con la Ruta Nacional 2 hasta la intersección con la Ruta Provincial 65, en el partido de Bolívar, atravesando el corazón de la ciudad, con un tramo urbano que presenta múltiples falencias en lo que refiere a la seguridad vial, con varios fallecimientos en el historial.

Además, el mismo corredor contempla la Ruta Nacional 3, otra arteria fundamental para el centro y sur bonaerense, en el tramo que va desde Cañuelas hasta el empalme con la variante Bahía Blanca. En total, la Etapa II de este plan de concesiones abarca más de 1.871 kilómetros distribuidos entre las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó a través de sus redes sociales que este esquema funciona “sin subsidios”, lo que permitirá "más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos". No obstante, el mantenimiento y la seguridad de los caminos seguirán bajo la lupa estatal: Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos mediante un sistema de control por resultados para garantizar niveles de servicio adecuados.

Aunque el proceso avanza a paso firme tras la firma de los contratos de la Etapa I en enero —que incluyó el Puente Rosario-Victoria y rutas del Mercosur—, en Tandil persiste la expectativa sobre los detalles finales. Resta conocer con precisión cuáles serán las obras y mejoras específicas incluidas en los contratos definitivos para la Ruta 226, un tema que ya ha generado alertas por parte de organizaciones locales como Estrellas Amarillas respecto a los plazos de inversión.

El cierre del 2025 estuvo cargado de actividad en el Estadio San Martín con encuentros decisivos en todas las categorías organizadas por la Liga Tandilense de Fútbol. La fiesta futbolera, acompañada de bombos, redoblantes y pirotecnia, generó malestar en los vecinos del recinto ubicado en Rivadavia al 300 quienes presentaron una nota en el Municipio en el mes de diciembre solicitando a las autoridades que “hagan algo para que todos podamos vivir tranquilos”.

En una nota firmada por más de una docena de vecinos, pidieron respeto para los que necesitan descansar y para quienes padecen problemas de salud que “se sobresaltan con los estruendos”. Por esa razón, señalaron que “el deporte es positivo pero no tiene por qué perjudicar a nadie su realización. Queremos evitar la violencia o una vía legal, pero queremos una respuesta”.

A partir de esa presentación en el Municipio de Tandil y que la situación tome estado público a través de este Diario, los frentista acordaron una mediación en el ámbito municipal con los responsables del ente organizador del fútbol tandilense. La misma se llevó a cabo el pasado jueves con presencia de dos vecinos, Miguel Cenoz, presidente de la Liga, el abogado de la Liga y la mediadora.

Según pudo saber El Eco de Tandil, desde el grupo de frentistas destacaron la buena predisposición del mandamás de la Liga Tandilense, aunque también abandonaron la reunión con un sabor de boca amargo al creer que no encontraron una solución real al problema. Habrá reuniones con los clubes, mostrarán apoyo al proyecto de ordenanza de pirotecnia cero y no descartan trabajar en una campaña de concientización.

El grupo de vecinos planteó la situación de los efectos que causa el uso de pirotécnica en todos los vecinos pero principalmente para quienes padecen autismo o alguna discapacidad, también en los animales. Se apoyaron en la ley provincial 15.406 de pirotecnia cero aunque la mediadora mencionó que se necesita una ordenanza municipal para que se ejecute esa normativa.

En ese punto, citaron la ordenanza vigente que regula los ruidos molestos, los cuales se miden por decibeles y en ese punto, desde la representación municipal, se invitó a realizar el reclamo pertinente por mesa de entrado, algo que los vecinos aseguraron que ya realizaron.

El intercambio con Cenoz fue valorado. Entendieron que en gran parte les dio la razón a la queja, señalando el peligro que representa esta actividad para los espectadores, jugadores y vecinos. También les aseguró que en el acceso al Estadio se realizan los cacheos por parte de la seguridad pero que igualmente ingresan la pirotecnia y que a partir de ahora van a reforzar los controles.

En ese punto, los vecinos propusieron que por el altavoz del Estadio se incluyan recordatorios de que el uso de pirotecnia está prohibido y que, en caso de continuar los estruendos, se suspenda el partido. En ambos casos, el presidente de la Liga indicó que son cuestiones que se pueden llevar a cabo.

Respecto a la responsabilidad de los clubes que conforman la Liga, se propuso una reunión para el mes de marzo para que los vecinos puedan explicar la situación a los dirigentes para que ellos actúen en consecuencia ante estos hechos. También se habló para realizar actividades de concientización en las instituciones y el estadio donde desde la dirigencia liguista dejaron la puerta abierta a que los vecinos presente propuestas.

No todo se basó en los ruidos molestos generados por la pirotecnia, también hubo un apartado por los gritos, tambores y trompetas, la basura que queda después de los eventos, el hecho de que el público muchas veces hace sus necesidades en las veredas y la falta de espacio para estacionar en las jornadas de actividad.

Los vecinos sacaron la conclusión que mucho no se va a poder cambiar, pero se quedaron conformes con el hecho de dejar en claro el malestar. Destacaron la predisposición del presidente Cenoz quien aceptó que hay un problema, pidió disculpas a los vecinos y prometió trabajar para resolverlo.

Una de las principales cuestiones con las que se fueron los vecinos es que a nivel municipal falta una ordenanza para reglamentar la pirotecnia cero. En ese sentido, previo a las fiestas, el bloque de concejales Hechos - Alternativa Tandil presentó un proyecto de ordenanza para declarar a Tandil como "Zona Calma libre de pirotecnia”, con el propósito de prohibir el uso de todo tipo de artículos y artificios pirotécnicos con efecto audible en todo el partido.

Los vecinos tienen como una idea realizar una carta detallando el impacto de la pirotécnica y juntar firmas por todo el barrio. No obstante aclararon que se tomarán un tiempo para trabajar en el tema y juntar la mayor cantidad de acompañamiento entre los frentistas del barrio. La idea es acercar la carta, junto a testimonios de los vecinos que sufren los ruidos molestos, a Marcos Nicolini para apoyar el proyecto de ordenanza.

Vale recordar que el proyecto puntualizó en los efectos negativos que la pirotécnica genera en adultos mayores y niños, en personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), en las mascotas, la fauna silvestre y el medio ambiente en general. De ser aprobada, la ordenanza establecerá una prohibición general para la pirotecnia con efectos audibles en la ciudad. También prevé que el incumplimiento será considerado una falta grave.

La tensión entre los gremios estatales bonaerenses y el Gobierno provincial volvió a escalar, luego de que el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) se sumara formalmente al reclamo por la reapertura urgente de las negociaciones paritarias, en línea con los pedidos ya presentados por trabajadores estatales y judiciales.

A través de un comunicado, el FUDB —que nuclea a Suteba, Udocba, FEB, AMET y Sadop— confirmó la presentación de una nota ante el Ministerio de Trabajo bonaerense para exigir la continuidad de la paritaria salarial.

“El FUDB deja constancia de que no considera cerrada la discusión salarial 2025 y reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de las y los docentes”, señalaron desde el frente sindical. En ese marco, reclamaron la continuidad de la negociación en virtud de “la pérdida del poder adquisitivo que atraviesan las y los trabajadores de la educación” y la necesidad de garantizar condiciones laborales y salariales dignas.

Los gremios docentes ratificaron además su voluntad de diálogo y negociación, aunque advirtieron que mantendrán una postura firme para exigir “medidas urgentes que aseguren justicia social y equidad” para el sector. En su diagnóstico, apuntaron principalmente contra las políticas del Gobierno nacional y el recorte de partidas para Educación, al sostener que el desfinanciamiento profundiza la erosión del salario docente.

El pedido del FUDB se sumó a una serie de reclamos que vienen realizando distintos gremios estatales de la provincia. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) fue la primera organización en exigir formalmente la reapertura de las paritarias. El jueves pasado presentó una nota ante el Ministerio de Trabajo bonaerense solicitando el reinicio urgente de la discusión salarial para los trabajadores comprendidos en la Ley N° 10.430.

En el escrito, la UPCN remarcó que no da por cerrada la pauta salarial 2025 y advirtió sobre el fuerte deterioro del poder adquisitivo en un contexto inflacionario que continúa impactando de manera negativa sobre los ingresos del sector público.

A ese reclamo se sumó la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires, que pidió formalmente al ministro de Trabajo, Walter Correa, la reanudación de la audiencia paritaria salarial. La federación recordó que durante una reunión mantenida el 22 de diciembre con el gobernador Axel Kicillof se había asumido el compromiso de convocar a los gremios en la primera semana de enero, algo que aún no ocurrió.

“Nos encontramos promediando el mes de enero sin que se haya concretado el llamado”, advirtieron, al tiempo que reclamaron avanzar con un incremento salarial que permita atenuar el deterioro de los ingresos y brindar previsibilidad a las y los trabajadores.

En la misma línea, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) también solicitó ser convocada de manera urgente a paritarias. Desde el gremio señalaron que la falta de una nueva convocatoria genera “gran preocupación” entre las trabajadoras y los trabajadores judiciales, y remarcaron que la inflación impacta de forma directa y severa sobre los salarios.

Si bien desde el Ejecutivo provincial atribuyen la demora de la convocatoria a paritarias a la “asfixia financiera” derivada del recorte de fondos nacionales, los sindicatos insisten en la necesidad inmediata de retomar la negociación.

Trabajadores y trabajadoras municipales del Servicio Local llevaron a cabo un paro y se declararon en alerta y movilización tras la reducción horaria a dos profesionales, una abogada y una psicóloga.  En concreto, se trata de dos contratadas que a partir del 1 de enero próximo pasarían de trabajar 30 a 20 horas semanales, de acuerdo a lo que informaron desde ATE. Si bien ese fue el motivo que impulsó la medida de fuerza, el reclamo se enmarca en una solicitud mayor que data por lo menos desde principio de año, el pedido por la incorporación de personal ante “una situación de vulnerabilidad preocupante de niños, niñas y adolescentes de la ciudad”, como expresaron en diálogo con El Eco de Tandil.

“Podría hacer un racconto desde la pos pandemia hasta acá y efectivamente la capacidad de respuesta ante las demandas ha ido disminuyendo sensiblemente. En paralelo, las demandas han aumentado considerablemente. Las situaciones de vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes de la ciudad son más que preocupantes. Porque se presentan otros factores que años atrás no estaban tan a flor de piel. El consumo, por ejemplo. Las situaciones de abuso, que se han ido complejizando, con la capacidad insuficiente de dar respuesta a eso”, planteó Daniel, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el área. Agregó que aguardan a que el próximo lunes 22 se retome la mesa de diálogo por la situación.

El Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes pertenece al Municipio de Tandil y funciona en calle Alem al 1100. De acuerdo a estimaciones del delegado, trabajan en el lugar alrededor de 20 profesionales entre abogados, psicólogos y trabajadores sociales. La diversidad tiene que ver, indicó, con la normativa legal vigente que promueve la labor multidisciplinaria en el sector.

El Servicio articula con los hogares convivenciales. “Nuestra función tiene que ver con las medidas de protección y consecuentemente la disposición del alojamiento provisorio de niños o adolescentes en hogares convivenciales que mayoritariamente también dependen del Municipio”, planteó el delegado, quien marcó que en dichos ámbitos “también están en serias dificultades en cuanto a recursos humanos”.

“El reclamo actual y concreto es a partir de que a dos profesionales le reducirían la jornada de 6 a 4 horas. Pero el marco del reclamo es más amplio y viene desde principio de año, ya que estamos tratando de que tanto el Municipio como otras áreas del Estado pongan recursos económicos y humanos acordes a las necesidades y demandas que tenemos”, sostuvo el delegado.

El trabajador informó que habían establecido una mesa de diálogo con las autoridades municipales, un ámbito en el cual trataron la posible incorporación de recursos humanos profesionales. “Se logró la incorporación, pero bastante endeble. A partir de que no son promovidos dentro de la planta de personal, ya sea transitoria o permanente. Y sí lo han hecho a través de contratos de locación de servicio, entiendo yo con partidas de Provincia”, sostuvo.

En la misma línea hizo mención a que la reducción de carga horaria fue para los trabajadores “un límite” ya que “estábamos hablando de una cosa y surgió esto otro”. Y por tal motivo, convocaron al paro que realizaron el pasado viernes. En un escenario de “bastante incertidumbre” y con la necesidad de que “el reclamo sea atendido”, los trabajadores decidieron mantenerse en estado de alerta y movilización, a la espera de que se concrete una nueva instancia de diálogo.

“No pretendemos estar en esta situación, sobre todo en este contexto socioeconómico sensible. Necesitamos el tiempo y la energía para atender realmente la vulnerabilidad de las personas que llegan a diario”, expresó el delegado.

De parte de ATE habían hecho público el reclamo en el Servicio Local manifestando que “la precarización laboral también vulnera derechos. La reducción de la carga horaria a trabajadoras del equipo técnico del Servicio Local limita la atención, el acompañamiento y las intervenciones ante situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin estabilidad laboral, sin derechos básicos y con menos recursos humanos, se debilita todo el sistema de protección. Hay plata para lo que se quiere. Recortar infancias es recortar derechos”.