La situación que atraviesan los vecinos del barrio Arco iris y sectores aledaños, como el barrio San Juan, fue expuesta en el programa La Mañana, que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1. Azucena, vecina y referente de la biblioteca Paula Albarracín de Sarmiento, relató la angustia que viven las familias ante cada temporal, señalando que la falta de una intervención hidráulica integral convierte a las calles en verdaderos ríos.

“Donde más se siente el correr del agua, que parece un río, es en la calle Américo Reinoso y Quintana”, explicó la vecina. Según detalló, el problema se agrava por la topografía del lugar, ya que el barrio se encuentra en una ladera de bajada que recibe el caudal proveniente de la ruta 226, la calle Quintana y la avenida Lunghi, sumado al agua que baja desde el barrio Movediza.

La vecina enfatizó que esta problemática no es nueva, sino que persiste desde la creación del barrio en la década del 80. Aunque el sector ha crecido y se ha urbanizado, la infraestructura de drenaje no ha acompañado ese desarrollo. “Las bocas de tormenta están tapadas e inútiles totalmente. No es el pésimo entubamiento, sino que simplemente se llenaron de tierra y arena que trae el agua”, sostuvo.

El impacto en la vida cotidiana es profundo. Según el testimonio brindado en el programa, los vecinos no solo sufren daños materiales en sus viviendas, sino que también ven afectada su movilidad. “Si no tenés vehículo, realmente se complica muchísimo más. La gente que manda sus hijos a la escuela 14 o a la salita padece todo eso”, describió, remarcando que quienes no cuentan con transporte propio deben caminar por veredas anegadas o embarradas.

El debate actual en el ámbito político gira en torno a la autorización de un crédito para financiar estas obras hidráulicas. Mientras algunos sectores de la oposición cuestionan las condiciones del préstamo, los vecinos subrayan la urgencia de una solución definitiva. “Si vivieran acá, yo creo que estarían preocupados y deseosos de recibir ese crédito como lo estamos todos los vecinos de esta zona”, afirmó Azucena.

La vecina recordó que, a lo largo de los años, diversos funcionarios han prometido la obra, pero la realidad es que el municipio debe intervenir de manera constante tras cada lluvia con maquinaria pesada para retirar piedras, arena y escombros. “Es una deuda pendiente. Deberían haber entregado el barrio con esa obra para no tener estos problemas”, sentenció.

El crecimiento demográfico de la zona ha hecho que cada vez más familias se vean afectadas por el desborde del agua. La construcción de nuevas viviendas, como las 24 unidades entregadas recientemente en la calle Catamarca, no ha venido acompañada de las mejoras hidráulicas necesarias, lo que, según la vecina, condena a los nuevos residentes a padecer la misma situación.

“Cada vez que llueve, el municipio viene con sus máquinas, recoge la tierra, la arena y las piedras que trajo el agua y limpia los laterales de la calle. Pero esto es un río”, concluyó, haciendo un llamado a la responsabilidad de los dirigentes para que se priorice esta intervención que, de haberse realizado años atrás, habría evitado el desgaste y el costo que implica el mantenimiento constante ante cada tormenta.

Los vecinos de la zona del pasaje 1ero de Mayo, comprendida entre las calles Belgrano y Pinto, atraviesan días de extrema tensión debido a una seguidilla de robos e intentos de ingreso a domicilios particulares y comercios. Los frentistas, que han comenzado a organizarse para intentar prevenir nuevos episodios, advirtieron que la situación se ha vuelto insostenible y que la sensación de vulnerabilidad es constante en el día a día.

Una vecina del sector, quien prefirió mantener su identidad bajo reserva por motivos de seguridad, relató la angustia que atraviesa el barrio ante la falta de soluciones concretas. Al respecto, la mujer manifestó:

“Hubo un par de reuniones presenciales para ver qué se hacía, porque muchas veces se llama la policía, no vienen, no sabemos por qué. No sabemos si es zona liberada o qué. Es terrible. Uno no sabe en qué momento le va a tocar”, lamentó.

La modalidad delictiva, contaron, ha sido variada, aunque con un patrón común: los delincuentes fuerzan portones e intentan ingresar a las viviendas, retirándose al detectar la presencia de alarmas o sistemas de videovigilancia. 

No obstante, el daño material y la invasión a la propiedad privada han generado un clima de alerta permanente. Los objetos hurtados suelen ser televisores y dispositivos de tecnología. En los comercios de la zona, la situación no es distinta; los delincuentes han intentado ingresar en reiteradas oportunidades, llegando incluso a romper las cámaras de seguridad y luminarias externas para evitar ser identificados. 

Un caso reciente ocurrió la semana pasada, cuando desconocidos ingresaron a un autoservicio mientras el empleado se encontraba trabajando en su interior.

Ante la recurrencia de los hechos, los habitantes de la zona decidieron fortalecer sus lazos de comunicación. La entrevistada recordó el inicio de este proceso: "Hace un año ya empezamos a preocuparnos más y empezamos a hablar entre nosotros. Se formó el grupo de WhatsApp, y hubo reuniones."

Este canal de comunicación se ha vuelto vital para alertar sobre movimientos sospechosos, aunque los vecinos sienten que sus esfuerzos no son acompañados por las fuerzas de seguridad ni por los organismos municipales correspondientes.

La frustración aumenta al intentar canalizar los reclamos. Sobre este punto, la vecina detalló: "Desde la Policía la verdad es que no hay muchas explicaciones. Hablamos con Protección Ciudadana, y nos dijeron lo de la Aplicación Centinela. En un caso sospechoso llamamos a Centinela, y nos dijeron que había que llamar a la Policía directamente, y después avisar en Centinela para que quede registro. Pero la verdad no hay respuestas."

Otro punto de conflicto señalado por los residentes es la existencia de lugares que facilitan la huida de los delincuentes. Los vecinos expresaron que en la intersección de Roca y el pasaje 1ero de Mayo existe un asentamiento hacia donde, según los registros de las cámaras, suelen dirigirse personas en situaciones sospechosas. 

Asimismo, en la esquina de 11 de Septiembre y el pasaje, se encuentra un terreno baldío que forma parte del predio del Jardín de Infantes 905, ubicado en Roca al 300. Este espacio, al no estar debidamente cerrado, es utilizado por los delincuentes para esconderse o escapar rápidamente. 

Los vecinos ya han puesto en conocimiento de esta situación a las autoridades del establecimiento educativo, con la esperanza de que el Consejo Escolar intervenga para cercar el predio y evitar que siga siendo utilizado como vía de escape.

La Municipalidad de Tandil rechazó un reclamo administrativo mediante el cual un vecino solicitó ser indemnizado por los daños sufridos en su automóvil tras un accidente ocurrido el 14 de abril de este año en el Camino Provincial 103-01.

El pedido había sido presentado por un vecino, quien manifestó que mientras circulaba con un Peugeot 306 impactó contra una roca que sobresalía de la calzada en un sector donde se realizaban trabajos de reparación. Según el reclamo, el lugar carecía de la señalización preventiva correspondiente, lo que habría provocado el siniestro.

Sin embargo, a través del Decreto 2306/2026, el Ejecutivo resolvió desestimar la solicitud al considerar que no existía una conducta atribuible al Municipio que permitiera responsabilizarlo por los daños denunciados.

En los fundamentos del decreto se indicó que, de acuerdo con un informe de la Dirección General de Vialidad, el tramo del camino donde ocurrió el hecho estaba siendo intervenido por la Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos de Tandil Limitada, concesionaria encargada del mantenimiento y reparación de ese corredor vial en virtud del contrato firmado con la Municipalidad el 27 de diciembre de 2024.

El convenio, con vigencia entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2036, establece que la cooperativa tiene a su cargo la ejecución de las tareas de conservación y mantenimiento del camino, además de asumir la responsabilidad civil por los daños que puedan ocasionarse durante la prestación del servicio.

En ese sentido, el decreto remarcó que la actividad material vinculada al hecho denunciado no era desarrollada por la Municipalidad sino por la concesionaria, por lo que no podía acreditarse una acción u omisión municipal como causa adecuada del perjuicio invocado.

Además, el Ejecutivo señaló que el contrato obliga expresamente a la cooperativa a mantener indemne a la Municipalidad frente a eventuales reclamos de terceros derivados de la ejecución de los trabajos.

Otras observaciones

Más allá de la cuestión de fondo, el decreto también señaló una serie de deficiencias formales en la presentación.

Por un lado, advirtió que no se acompañó documentación que acreditara la representación invocada por la abogada respecto del reclamante. Asimismo, indicó que tampoco se encontraba acreditada la legitimación del propio vecino para reclamar por los daños del vehículo, ya que de la documentación presentada surgía que el titular registral del automóvil era otra persona.

Según el Ejecutivo, ambas circunstancias constituían obstáculos adicionales para la procedencia del reclamo, ya que quien pretende una indemnización debe acreditar tanto la representación con la que actúa como la titularidad del derecho cuya reparación solicita.

Con esos argumentos y tras el dictamen favorable de la Dirección de Asuntos Jurídicos Administrativos de la Secretaría Legal y Técnica, Miguel Lunghi firmó el decreto que rechazó el reclamo administrativo y dio por concluida la instancia en el ámbito municipal.

Cansados de robos y asaltos violentos, vecinos de la ciudad de Mar del Plata se sumaron el jueves por la noche a un cacerolazo por la inseguridad con el objetivo de alertar a las autoridades. La convocatoria, que se organizó a través de grupos barriales de WhatsApp y Facebook, alcanzó a diversos puntos de la ciudad, incluyendo el norte, Playa Grande, la zona de la estación ferroautomotora, el barrio San Carlos y sectores de la periferia.

Durante la jornada, los manifestantes expresaron su malestar ante la clase dirigencial. En el barrio San Carlos, uno de los puntos más afectados, los vecinos reclamaron: “Basta de robos, de motochorros y de violencia”.

En el barrio Los Tilos, el hartazgo se hizo sentir con fuerza. “Ha pasado que se robaron una camioneta y con esa misma camioneta dieron la vuelta de manzana y cometieron un asalto”, expresó un vecino. Otra habitante agregó: “Lo de las motos es algo que increíble, vivimos con miedo. Pasan las motos por adentro de los barrios y los vecinos no podemos hacer nada. La Policía a veces los detienen pero son menores. En otros casos como es solo un intento de robo, los largan. Queremos que cambie todo Mar del Plata y queremos una solución. Queremos que alguien salga a hablar y dé la cara”.

El reclamo también apuntó directamente hacia el intendente Agustín Neme. Ante la falta de patrullaje, un vecino solicitó: “Siempre dicen que no hay Policía. Es verdad. Una sale de noche por Constitución y no ve un patrullero. Bueno, que el intendente llame a alguien de la Nación y que pidan fuerzas federales”.

La situación alcanzó un punto crítico cuando, en pleno cacerolazo, un repartidor fue víctima de un robo. Un vecino del barrio Estación Norte, que registraba el ruidazo, capturó el momento del hecho: “En una esquina se escucha a los vecinos pidiendo por seguridad y en la otra, se ve un robo de una moto de Pedidos Ya, que llegaron a la otra esquina y chocaron con un auto”.

Ante este panorama, los vecinos volverán a reunirse este sábado 1º de agosto en la Sociedad de Fomento del barrio Estrada, ubicada en Gorriti al 1854, para debatir próximas medidas.

“Cuantos más vecinos participemos, más fuerte será nuestra organización y mejor podremos cuidarnos entre todos”, concluyeron.

Tras los incidentes registrados en mayo pasado, y denuncias penales de por medio, el reclamo de los vecinos y vecinas que viven frente al Tiro Federal continúa. Frentistas dialogaron con El Eco y aseguraron que su planteo “no es nuevo”: mostraron denuncias, pedidos de audiencia y otras demandas que desde el barrio presentaron por lo menos desde fines de los años ’90. “Este es un conflicto que tiene 35 años de denuncias y mediaciones”, aseguraron.

“Es muy probable que como Tiro, esté habilitado dentro de las normas. Pero el problema es lo que genera fuera del polígono. Es como una moto, que uno la compra, tiene cédula verde, tiene carnet. Pero salís y molestás a todo el barrio con los cortes, con caño de escape libre. Lo que genera es lo mismo, la misma situación”, expresó Ángel Orbea, vecino del Tiro Federal y uno de los denunciados por las autoridades de la institución de calle Lobería y Sandino.

Orbea dio cuenta de la actualidad de dos causas: la que desde el Tiro presentaron ante el Colegio de Psicólogos –ya que el denunciado forma parte de la organización-, y la que se cursa en la Justicia. Con respecto a la primera, fue el Colegio de Psicólogos del Distrito VII el que se expidió al respecto, y desestimó la denuncia ya que “no identificó comportamiento alguno del Sr. Orbea que, en el ejercicio de su profesión, pueda ser pasible de una sanción por conducta antiética”.

Por otra parte, la resolución del organismo expone que el presidente del Tiro Federal –denunciante-, fue citado para un acto, en formato remoto, de ratificación y ampliación de su planteo. Pese a tres comunicaciones vía correo electrónico, y una por teléfono, desde el Colegio manifestaron no haber tenido respuesta.

En cuanto a la denuncia penal –que se tramita en la UFI 3 a cargo del fiscal Piotti-, Orbea consideró que “va a ser desestimada”. Al respecto, amplió, “no hubo disturbios, entramos por una puerta que estaba abierta para querer conversar con algún responsable, porque no dábamos más”.

Sobre las denuncias dijo que “no nos van a callar”, y que en el incidente registrado en mayo pasado, los vecinos no ingresaron con la intención de lastimar a nadie sino con la de dialogar. “Lamentablemente por las tensiones previas que hay, se produjo esto, y acepto la denuncia”, agregó.

“El conflicto no es entre vecinos y el Tiro”

Más allá de las denuncias –y la documentación que presentaron a la causa con reclamos que datan de más de 20 años atrás-, Orbea consideró que lo que ocurre en el barrio de Lobería y Sandino no es un conflicto entre vecinos y el Tiro Federal. “El verdadero conflicto es lo que genera esta actividad dentro del polígono para nosotros que somos frentistas de la calle Sandino”, señaló. Al respecto manifestó que una etóloga concurrió al lugar y probó los efectos negativos que genera en las mascotas del barrio la “contaminación sonora”.

El vecino puso el foco de la preocupación barrial en la falta de respuesta de las autoridades locales. Pese a pedidos de audiencia y reuniones, transmitió, no fueron recibidos ni por funcionarios de Protección Ciudadana ni por el intendente Miguel Lunghi.

“El Municipio debe saber que uno de los focos de mayor tensión está pasando en la esquina de Lobería y Sandino, y lo motiva la actividad del polígono a cielo abierto con no más de 30 personas que van a tirar y que están haciendo insoportable la vida de los vecinos”, sostuvo.

Marcó que hubo frentistas que se mudaron, y consideró que el debate en curso sobre el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), debería contemplar la problemática. “El Municipio tiene que intervenir porque los ruidos que genera el polígono entran en la rúbrica de ruidos molestos. Cuando un pibe en una moto genera ruidos molestos, lo infracciona. Nadie infraccionó nunca en casi 90 años al Tiro Federal”, manifestó. Concluyó además planteando que “las distintas comisiones directivas nunca hicieron nada para resolverlo. ¿Qué clase de persona va a tirar sabiendo que está molestando a los vecinos”.

Vecinos de la zona de El Centinela denunciaron una “ola de robos” en el barrio. Durante el fin de semana pasado, contaron, una familia sufrió un hecho en el cual “les destrozaron todo”. Desde el lugar plantearon que los lotes que la normativa vigente impide subdividir generan complicaciones, y que suelen ser utilizados para esconder objetos sustraídos.

“Son como campos en el medio de la ciudad, donde se esconden todos los chorros. Entre los pajonales, en el monte, en el arroyo. Roban, entran, salen, y nadie los puede encontrar. Los patrulleros no pueden entrar porque no hay calles abiertas. Es desde La Pulpería hasta El Centinela”, advirtieron, en diálogo con El Eco, vecinos que prefirieron mantener en reserva su identidad. “Es una zona liberada”, agregaron.

El suceso que motivó que los vecinos vuelvan a hacer pública su situación fue un robo registrado durante el último fin de semana. De acuerdo a lo que se supo, la familia no se encontraba en el interior de la propiedad al momento del hecho, pero cuando retomaron se encontraron con un panorama desolador: desconocidos habían ingresado a la vivienda –que contaba con medidas de seguridad-, y no solo sustrajeron objetos del lugar, sino que también causaron importantes destrozos. “Los desvalijaron”, manifestaron.

Según transmitieron, los ingresantes produjeron daños en el cielorraso, en vidrios, y hasta roturas en las butacas de un vehículo, que habría sido violentado a los fines de saber si contaba con dinero en su interior.

De acuerdo a lo que contaron desde el lugar, tras una serie de hechos de gravedad, en diciembre pasado disminuyeron los robos. Sin embargo, en los últimos días volvieron a registrar casos. “Empiezan y no paran, son todos los días o día por medio”, lamentaron.

Los vecinos pusieron el foco de su denuncia en el hecho de que la normativa vigente no permita subdividir lotes en el barrio. “Hay predios muy grandes los cuales no dejan subdividir. Hay vecinos que tienen parcelas de 5 o 10 hectáreas que son campos en plena ciudad. Y ahí es donde los malvivientes se dedican a ir y a esconder las cosas robadas”, señalaron.

Con “predios tan grandes”, agregaron, los lotes no cuentan con apertura de calles. “Que no se pueda subdividir hace que no haya apertura de calles, y que no puedan entrar los patrulleros, pero los ladrones sí, porque cortan los alambres y se meten”, sostuvo un vecino que contó que pocos meses atrás sufrió la rotura completa de la tranquera de ingreso a su vivienda. 

“Tengo una tranquera que da de la calle a la ruta. Me la arrancaron. Cuando vine, estaba tirado a un costado. La habían cortado para entrar y salir más rápido de robar”, indicó.

Los vecinos plantearon también que “hay muchos con la inquietud de vender su propiedad e irse a vivir otro lado. Porque se desvaloriza todo. Y los turistas que quieren venir acá, pero en el lugar más turístico de Tandil hay robos. Y no podés vivir tranquilo”.

Pese a que hubo casos de resonancia, desde el barrio señalaron que no tuvieron respuestas de parte de las autoridades. “Estamos cansados de quejarnos en Protección Ciudadana. Nos dijeron que nos iban a poner luces, a poner cámaras, pero no hacen nada. Son todas promesas y no hacen nada. Que el presupuesto, o que esto, lo otro, o lo que quieran. Pero mientras tanto roban a mansalva y ellos siguen juntando plata de impuestos y no hacen nada”, sumaron.

Fue en enero pasado cuando los vecinos se comunicaron con El Eco para denunciar una seguidilla de robos en el barrio. Si bien, indicaron, los hechos disminuyeron entonces, en el último tiempo volvieron a registrarlos. Preocupación vecinal, grupos de alerta, y vigilancia constante son algunas de las situaciones que deben atravesar de manera cotidiana los frentistas de la zona.

El Colegio de Psicólogos del Distrito VIII se excusó de intervenir en torno al caso de los incidentes que se produjeron a fines de mayo pasado en las instalaciones del Tiro Federal. Tras expedirse, derivaron la causa al Consejo Directivo del colegio geográficamente más cercano, en concreto el Colegio de Piscólogos del Distrito VII de Chivilcoy.

Las autoridades del Tiro habían elevado una nota al Colegio de Psicólogos del Distrito VIII, ya que uno de los vecinos involucrados en los incidentes se desempeñaba como presidente de la entidad. En paralelo, y estando al tanto de dicha situación, hicieron lo propio con el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, con asiento en La Plata.

Desde el Distrito VIII acusaron recibo de lo presentado por la institución de calle Lobería y Sandino. El Consejo Directo se reunió y analizó el pedido, aunque “por mantener con el denunciado, en su carácter de Presidente de la Institución, frecuencia de trato”, resolvió excusarse de intervenir y derivar el caso al colegio de Chivilcoy.

La nota que recibieron desde el Tiro Federal fue firmada por la actual psicóloga a cargo del Colegio, la secretaria general y la pro secretaria. Cabe recordar, el vecino involucrado se encuentra de licencia en el cargo que ocupaba en la entidad.

El caso del Tiro Federal

El hecho que motivó que el Tiro Federal presente una nota al Distrito VIII y al Colegio Bonaerense de Psicólogos fue el ingreso de vecinos a la institución, en una jornada de tensión que terminó con un asociado herido y roturas en las instalaciones. El conflicto –de larga data-, surgió a raíz de un reiterado reclamo por ruidos molestos.

Los frentistas denunciaron en diversos ámbitos las complicaciones derivadas de la práctica en el polígono de tiro: interrupción del descanso, el impacto sonoro en las mascotas, y hasta el hallazgo de restos de proyectiles por la zona. “No damos más”, fue lo que expresaron en una de las ocasiones. Tras la jornada de violencia, asumieron la responsabilidad de lo ocurrido, aunque plantearon que “somos gente desesperada”.

Desde el Tiro Federal aseguraron que cuentan con la habilitación correspondiente, que expide el Registro Nacional de Armas, hasta el año 2028. El lugar, indicaron, no requiere de habilitación municipal. Tras un pedido de la Secretaría de Protección Ciudadana –antes del mencionado hecho-, los horarios de práctica se establecieron de lunes a sábado de 9:30 a 13 y de 15:30 a 19.

También antes del hecho, desde el Concejo Deliberante elevaron un pedido a autoridades del gobierno nacional para que inspeccione el predio. Sin embargo, al momento no obtuvieron respuesta. De acuerdo a lo que pudo saber este Diario, el Legislativo local también solicitó al Colegio Sábato un informe sobre la existencia de dificultades por ruidos molestos de la actividad de la institución.

En paralelo, desde el propio Tiro Federal manifestaron su voluntad de trasladarse, en particular porque el lugar con el que cuentan ya no les permite dar espacio al conjunto de las prácticas de los socios. “Esto nos quedó chico”, habían transmitido a El Eco de Tandil a comienzos de mayo pasado.

Para avanzar con la posibilidad de mudarse, desde la institución de calle Lobería y Sandino llevan a cabo gestiones con autoridades del gobierno nacional, en particular con el Ministerio de Capital Humano. Habilitar una venta o permuta del predio requiere un paso previo, la toma de posesión plena por parte de las autoridades de la entidad.

El proyecto del Tiro a mediano plazo es el de avanzar con los trámites y gestiones de regularización de la titularidad que les posibilitaría la mudanza a un espacio rural de mayores dimensiones.

Fundado en 1924, el Tiro Federal funciona actualmente como una asociación civil sin fines de lucro. Cuenta con casi 400 socios, y un promedio de 15 personas que concurren diariamente a practicar en el polígono. Se trata de una institución vinculada con otras de nivel local, y posee convenios con la Unicen, el Instituto de Educación Física, veteranos de Malvinas, y fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. También otorgan al idoneidad para la portación de armas, que actualmente certifica el Registro Nacional de Armas.

La UFI 3 notificó a los vecinos involucrados en la jornada de tensión que se vivió en el Tiro Federal a fines de mayo pasado. Las autoridades de la institución aportaron pruebas, y aguardan porque el avance de la causa. Por otra parte, el Concejo Deliberante espera la respuesta de Nación al pedido de inspección y solicitaron al Colegio Sábato un informe sobre la actividad en el lugar.

Desde el Tiro aportaron pruebas a Fiscalía, mientras que en paralelo presentaron una nota al Colegio de Psicólogos de Azul. Como la organización es presidida por uno de los vecinos involucrados en la denuncia, evalúan hacer lo propio en el Consejo Superior de La Plata.

La causa se tramita en la UFI 3, a cargo de Luis Piotti. Menos una de las participantes de los incidentes, el resto de los vecinos involucrados en el hecho fueron notificados de su imputación. La mencionada Unidad Fiscal será quien lleve adelante la investigación. Los próximos pasos serán posibles descargos de los imputados, para luego determinar si se avanza en procesamientos.

“Las pruebas son sobreabundantes”, transmitieron desde el Tiro sobre lo que dirigieron a Fiscalía. De acuerdo a lo que pudo saber El Eco, los elementos aportados fueron más allá de lo ocurrido durante la jornada de tensión.

Desde la institución marcaron que las consecuencias podrían haber sido más graves para los socios presentes en el lugar, quienes pese a lo sucedido “se portaron como unos caballeros”. Tras lo ocurrido, afirmaron, “se sigue operando con las medidas de seguridad óptimas” y de acuerdo a los horarios que habían sido establecidos tras el pedido de Protección Ciudadana: de lunes a sábado, de 9:30 a 13 y de 15:30 a 19.

En paralelo, desde el Tiro Federal continúan con las gestiones con Nación –en concreto, con el Ministerio de Capital Humano- para regularizar la escritura del predio a nombre de la entidad, y poder a mediano plazo permutarlo para trasladarse a un ámbito más grande. Con anterioridad al ingreso vecinal al lugar, autoridades del Tiro habían transmitido que se encontraban en búsqueda de un lugar de mayor amplitud para poder desarrollar las actividades con el volumen actual de socios.

El Concejo, a la espera

Por otra parte, luego de haber presentado un pedido de inspección al predio, el Concejo Deliberante no recibió a la fecha respuestas de las autoridades nacionales. El legislativo local aborda el tema en el marco de la Comisión de Derechos Humanos, Género, Garantías y Seguridad.

Desde dicho ámbito solicitaron al Colegio Sábato –que comparte predio con el Tiro Federal-, que se informe sobre la existencia o no de dificultades vinculadas a ruidos molestos que puedan provenir desde la institución. El establecimiento educativo sistematiza información para poder elevarla a la Comisión del Concejo.

Cabe recordar, fue a fines de mayo pasado cuando un grupo de vecinos ingresó al Tiro Federal para reclamar por ruidos molestos de la actividad en el lugar. El conflicto es de larga data –años-, y al momento no se arribó a una solución conjunta.

Desde la institución, precisaron, cuentan con la habilitación correspondiente –del Renar-, hasta el año 2028. Por pedido del Municipio establecieron un horario de prácticas, limitando los días domingos y la franja entre las 13 y las 15:30.

La jornada de tensión que se vivió en el predio tras el ingreso de los vecinos incluyó la rotura de un vidrio y lesiones leves en uno de los asociados. El vecino referente del barrio, Ángel Orbea, admitió la responsabilidad de lo ocurrido, pero ubicó el hecho en el marco de un reclamo sostenido: “Está mal lo que hicimos y pido disculpas. Pero somos gente desesperada”, sostuvo en diálogo con El Eco Multimedios  días atrás.

La posibilidad de que el Tiro Federal se traslade, depende en parte de que las autoridades de la institución cuenten con la propiedad definitiva del predio. Tal avance les permitiría acceder a una venta o permuta que les posibilite una mudanza. Para ese fin, gestionan con el gobierno nacional.

Más de 5.700 tandilenses expresaron su respaldo a la continuidad de la ciudad dentro del régimen de Zona Fría a través de una campaña de firmas que, en apenas cuatro días, se transformó en una verdadera expresión colectiva de la comunidad.

La iniciativa logró reunir adhesiones de vecinos, instituciones, clubes deportivos, comerciantes y habitantes de las localidades rurales, reflejando una preocupación compartida que trascendió pertenencias políticas, ideológicas y sectoriales.

Todas las firmas fueron digitalizadas y remitidas a la presidenta del Honorable Senado de la Nación, Victoria Villarruel, con el objetivo de que los legisladores nacionales conozcan de primera mano la posición de la comunidad tandilense frente a la posibilidad de modificar el régimen vigente.

Las firmas fueron acompañadas por una nota del intendente Miguel Lunghi y enviadas además a los presidentes de los 14 bloques políticos que integran la Cámara Alta: Convicción Federal, Despierta Chubut, Encuentro Misionero, Frente Cívico por Santiago, Frente PRO, Independencia, Justicia Social Federal, Justicialista, La Libertad Avanza, La Neuquinidad, Movere Santa Cruz, Primero los Salteños, Provincias Unidas y UCR.

De esta manera, el planteo fue puesto a consideración de la totalidad de las representaciones políticas con presencia en el Senado de la Nación.

La decisión de remitir la documentación a todos los bloques respondió al mismo criterio que caracterizó la campaña: la defensa de la continuidad de Tandil en el régimen de Zona Fría como una causa de la comunidad, por encima de cualquier diferencia partidaria.

La campaña fue coordinada por el Municipio de Tandil y contó con una amplia participación de instituciones de toda la ciudad. Se sumaron los clubes que integran la Liga Tandilense de Fútbol, el Centro Náutico del Fuerte, el Club Uncas, comercios, entidades intermedias y vecinos de distintos barrios y localidades rurales, especialmente María Ignacia-Vela y Gardey.

Esas instituciones solicitaron voluntariamente planillas para colaborar con la recolección de firmas y acercar la propuesta a sus comunidades.

La magnitud de la respuesta permitió reflejar una preocupación concreta que atraviesa a amplios sectores de la comunidad por el impacto que tendría la pérdida de este beneficio en la economía cotidiana de miles de hogares, comercios, clubes e instituciones.

Lunghi destacó el acompañamiento de la comunidad

El intendente Miguel Lunghi valoró especialmente el compromiso demostrado por los tandilenses durante la campaña.

“Quiero agradecer profundamente a cada vecino, a cada institución, a cada club y a cada entidad que se sumó. Lo que vimos durante estos días fue una ciudad unida detrás de una preocupación legítima. Hay temas que trascienden las diferencias políticas y esta es una de esas situaciones”, sostuvo.

Además, agregó: “Lo más importante de esta campaña no es la cantidad de firmas. Lo trascendental es que miles de tandilenses decidieron involucrarse para defender algo que consideran importante para su vida cotidiana. Nadie moviliza a tantas personas en tan pocos días si no existe una preocupación real detrás”.

Asimismo, remarcó que la iniciativa tuvo un carácter estrictamente institucional.

“Esta no fue una campaña contra nadie. No juntamos firmas contra un gobierno, contra un partido político ni contra dirigentes. Fue una campaña a favor de Tandil. Como intendente tengo la responsabilidad de defender los intereses de nuestra comunidad y de expresar la preocupación de los vecinos cuando una medida puede afectar a miles de familias”, afirmó.

El planteo elevado al Senado

En la nota remitida a la presidenta del Senado y a los distintos bloques legislativos, Lunghi destacó que el régimen de Zona Fría reconoce las condiciones climáticas particulares de ciudades como Tandil y se traduce en un beneficio concreto para hogares, comercios, instituciones deportivas y sociales, así como para distintos sectores productivos de la ciudad.

En la presentación también advirtió que una eventual exclusión de Tandil del régimen implicaría un retroceso en términos de equidad territorial y tendría un fuerte impacto en la economía de miles de familias que utilizan el gas natural como principal medio de calefacción durante los meses de invierno.

“Buscamos equidad geográfica. Ante las mismas temperaturas, los mismos beneficios. No estamos pidiendo un beneficio nuevo ni defendiendo privilegios. Estamos defendiendo un derecho que Tandil ya tiene y que reconoce una realidad climática objetiva”, expresó.

Asimismo, recordó que el Municipio viene trabajando sobre esta temática desde hace años y participó activamente en las instancias que precedieron a la sanción de la ley vigente.

Finalmente, consideró que sería importante que los legisladores nacionales puedan conocer personalmente la realidad local.

“Hay discusiones que se entienden mejor caminando una ciudad que leyendo un expediente. Tandil es una ciudad hermosa, pero el frío se siente de verdad. Los invitamos a que vengan, seguro después de una noche en Tandil van a entender perfectamente por qué somos Zona Fría”, concluyó.

Las más de 5.700 firmas reunidas en apenas 72 horas constituyen una clara manifestación del interés de la comunidad por defender la continuidad de una política que considera fundamental para garantizar condiciones de mayor equidad frente a las particularidades climáticas de la ciudad.

Tras los hechos ocurridos el pasado sábado, cuando un grupo de vecinos ingresó a las instalaciones del Tiro Federal para reclamar por las molestias causadas por la actividad de tiro y se produjo un intercambio violento, Ángel Orbea admitió la responsabilidad por el incidente, pidió disculpas públicas y remarcó que la medida fue producto de la desesperación ante la falta de respuestas del Estado.

La situación fue abordada en La Mañana, programa que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1. Durante la entrevista, Ángel Orbea, vecino de la zona, explicó los motivos que llevaron a un grupo de personas a presentarse en la institución el pasado fin de semana, jornada en la que se produjo la rotura de un vidrio y un intercambio de palabras con los presentes.

Al respecto, Orbea fue contundente sobre su accionar y el de sus vecinos: "Está mal lo que hicimos y pido disculpas. Pero somos gente desesperada". El vecino aclaró que no hubo intenciones de ejercer violencia física, sino de visibilizar una problemática que, según sostiene, afecta la salud y el descanso de quienes residen en las inmediaciones del polígono.

“No insulté, no amenacé. Lo único que les dije, es ‘paren, muchachos, no damos más’. Hay un solo camino, que no haya más estampidas en nuestras casas. Ese es el único camino. Ellos dicen que prefieren el diálogo. Perfecto, nosotros también, pero sin tiros. Lo único que queremos que se terminen las estampidas en nuestras casas”, manifestó Orbea durante la entrevista.

El vecino detalló que el conflicto central radica en las "estampidas" generadas por el uso de armas, las cuales, según su testimonio, se han incrementado en horarios que coinciden con el dictado de clases en el colegio Sábato. Orbea describió cómo esta situación afecta a los residentes, mencionando el caso de una docente que vive frente al predio, cuya hija pequeña sufre por el estruendo de los disparos, así como el impacto en las mascotas del barrio.

“Pasó este acontecimiento. No salimos a patotear como barras bravas, con palos o con cadenas. Salimos para hablar. Lamentablemente la tensión es tan grande que se produjo un incidente. Un incidente de violencia, desde el punto de vista penal, muy menor. Ni siquiera creo que amerite una causa, pero si tenemos que estar encausados, lo vamos a asumir. Y digo que estuvimos muy mal y yo me hago cargo”, enfatizó.

Orbea también cuestionó el rol de las autoridades municipales. Según relató, en octubre enviaron una nota a la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, solicitando una entrevista para tratar la problemática de los ruidos molestos, pero aseguró que nunca recibieron una respuesta. 

“Le pedimos al gobierno que haga algo que proteja a los ciudadanos, porque acá la protección pareciera que fuera para este lugar que genera el problema. Está todo invertido”, señaló.

El vecino subrayó que la intención del grupo no es la clausura arbitraria, sino una solución definitiva a las molestias. “Vamos a ir por la justicia. Acá esto lo tiene que resolver el Estado. Los tres poderes del Estado. Alguno lo tiene que resolver. Esto es una cuestión entre vecinos que no puede seguir en un barrio como este, no puede seguir”, sostuvo Orbea, reafirmando que continuarán buscando vías legales para proteger su derecho al descanso y la tranquilidad en sus hogares.

El conflicto entre vecinos del barrio y el Tiro Federal es otro de los focos problemáticos vinculados a los ruidos molestos en la ciudad. Un caso emblema al respecto fue la de las canteras dentro de la poligonal, las cuales debieron cesar su actividad tras la sanción de la Ley de Paisaje Protegido.

Pero otros hechos recientes tomaron estado público en el mismo sentido, como el despliegue de motocicletas en la zona del Parque Independencia, La misma motivó un debate legislativo y la posterior aprobación de la ordenanza de ruidos molestos y escapes modificados.

Orbea hizo énfasis en ubicar el reclamo de los vecinos del Tiro como una problemática de salud pública. En referencia a la mencionada ordenanza que reguló la actividad de motociclistas, expresó que “acá tiene que tomar este tienen que terminar ruidos molestos. ¿Qué se hace a un pibe? Le sacan la moto y le hacen una contravención. ¿Pero acá qué le hacen a esta gente?”.

En ese sentido, relató situaciones que los vecinos debieron afrontar a raíz de la práctica de tiro, desde haber encontrado restos de municiones en sus viviendas, a sentir el temblor en ventanas. Pero también, situaciones de nerviosismo derivado de los ruidos constantes, complicaciones con la salud de las mascotas y alteración de los niños del barrio.

A través de un comunicado, el Tiro Federal de Tandil, fundado en 1924, expresó “profunda preocupación y repudio ante los hechos de violencia ocurridos recientemente en sus instalaciones, donde personas que se encontraban practicando legítimamente una actividad deportiva fueron agredidas física y verbalmente por un grupo de manifestantes”.

Manifestaron que “desde hace más de cien años, nuestra institución desarrolla en forma ininterrumpida actividades vinculadas al tiro deportivo, disciplina reconocida, reglamentada y practicada bajo estrictas normas de seguridad, responsabilidad y control. El predio siempre tuvo como finalidad exclusiva el desarrollo de esta actividad, siendo además parte de la historia deportiva e institucional de la ciudad de Tandil”.

En ese marco, afirmaron que “resulta importante recordar que las viviendas construidas en las cercanías del club fueron estableciéndose con posterioridad a la existencia del Tiro Federal, con pleno conocimiento previo de la actividad desarrollada en el lugar desde hace más de un siglo”.

Y recalcaron que “lo verdaderamente lamentable y preocupante no es solamente el desacuerdo de algunos vecinos respecto a la actividad, sino el nivel de violencia ejercido contra personas que se encontraban practicando deporte de manera pacífica, legal y responsable. Durante el incidente se produjeron agresiones y lesiones a tiradores presentes en las líneas de tiro”.

En ese sentido, señalaron que “existe un hecho que merece ser destacado y valorado por toda la sociedad: pese al clima de extrema tensión y provocación, ninguno de los quince tiradores presentes reaccionó violentamente. Con absoluto profesionalismo, disciplina y respeto por las normas de seguridad, mantuvieron la calma, aseguraron sus armas y evitaron cualquier situación que pudiera agravar aún más el conflicto” y remarcaron que “ese comportamiento demuestra claramente los valores que históricamente promueve nuestra institución: responsabilidad, autocontrol, respeto por la ley y convivencia democrática”.

Como contrapartida, expresaron que “preocupa profundamente que determinadas personas hayan incentivado actitudes agresivas y de confrontación, promoviendo un clima de hostilidad incompatible con cualquier forma de diálogo civilizado. Nada justifica la violencia, las amenazas ni las agresiones físicas contra ciudadanos que ejercen una actividad deportiva legalmente habilitada”.

Por ese motivo, aseguraron que “el Tiro Federal de Tandil reafirma su voluntad permanente de diálogo con todos los sectores de la comunidad, pero también sostiene con firmeza el derecho legítimo a continuar desarrollando una actividad histórica, deportiva y legal, dentro del marco del respeto mutuo y la convivencia social”.

Para cerrar, evaluaron que “defender el deporte, la legalidad y las instituciones centenarias de nuestra ciudad también es defender una sociedad donde las diferencias se resuelvan mediante el diálogo y nunca mediante la violencia”.

Un video registrado en las últimas horas dentro del predio del Tiro Federal, y al cúal pudo acceder este medio, volvió a poner en el centro de la escena el conflicto que desde hace años mantienen vecinos del sector con la histórica institución. Las imágenes muestran una situación de extrema tensión, con gritos, acusaciones mutuas, vidrios destruidos y fuertes reproches vinculados al uso de armas, los ruidos molestos y las condiciones de seguridad del lugar.

El episodio se produjo pocos días después de que residentes de la zona denunciaran públicamente que las detonaciones y el movimiento en el predio se habían intensificado. En declaraciones recientes, varios vecinos habían asegurado que la convivencia se volvió “insostenible” y reclamaron soluciones urgentes ante el impacto que generan las actividades del polígono.

En el video difundido puede verse el interior de una de las instalaciones con mamparas destruidas, vidrios astillados y restos de cristales esparcidos en el piso, mientras dos grupos mantienen una fuerte discusión. El intercambio refleja el profundo nivel de desgaste y tensión que atraviesa actualmente el conflicto.

“Rompieron el vidrio, entraron de forma muy violenta”, se escucha decir a una de las personas presentes mientras muestra los daños ocasionados dentro del lugar. Del otro lado, quienes protestaban responden cuestionando el funcionamiento del predio y la presencia de armamento. “Mirá los fusiles que tienen”, expresó uno de los vecinos en medio de los gritos.

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La situación escala rápidamente y aparecen acusaciones cruzadas sobre quién ejerce la violencia. Mientras integrantes de la institución reclaman por los daños sufridos en el edificio, los frentistas aseguran que la violencia cotidiana la padecen ellos debido a las detonaciones constantes.

“Nos dicen violentos cuando ustedes son los que están tirando con fusiles. No podemos vivir así”, expresa una mujer durante el intercambio. En otro momento, otra voz insiste: “No damos más, somos gente desesperada”.

Uno de los puntos más reiterados del reclamo tiene que ver con el impacto acústico de la actividad. En distintos pasajes del video, vecinos exigen inversiones para insonorizar el predio y reducir el ruido que afecta al barrio.

“Pongan la plata que tienen que poner y hagan la acústica”, reclama una de las personas que participa de la discusión. “Hagan la acústica”, repiten varias veces durante el altercado.

Según se escucha en la grabación, una persona habría resultado herida cuando se rompieron los vidrios en medio de la confrontación. “Un vidrio voló y le pegó en la cabeza, tenía toda la espalda llena de vidrio”, relata uno de los presentes, mientras otros intentan bajar el tono de la pelea y piden “parar con esto”.

La difusión de las imágenes profundizó un conflicto que no es nuevo. Tal como habían expresado vecinos en testimonios recientes brindados a El Eco, las quejas contra el Tiro Federal vienen desde hace años y abarcan distintos aspectos. Además de los ruidos molestos provocados por las detonaciones, algunos residentes afirmaron haber encontrado restos de proyectiles o esquirlas en patios y viviendas cercanas.

También denunciaron alteraciones en la vida cotidiana producto de las prácticas realizadas en el lugar, asegurando que los disparos pueden escucharse durante gran parte del día. Varios integrantes de la barriada sostienen que la situación empeoró con el crecimiento urbano de la zona y el aumento de viviendas en los alrededores del predio.

Desde la institución, en tanto, remarcan que el Tiro Federal funciona allí desde hace décadas y cuestionan que ahora se pretenda limitar su actividad. Esa postura también aparece reflejada en el video. “Estamos en una institución que está hace bastante más tiempo que todos ustedes”, sostiene uno de los hombres que participa de la discusión.

En otro tramo del cruce, incluso se escucha a una persona preguntarle a un vecino: “¿Entonces por qué compraste al lado del tiro?”, dejando en evidencia uno de los argumentos históricos de quienes defienden la continuidad de las actividades en el lugar.

El material difundido volvió a generar repercusión en redes sociales y reactivó el debate sobre la convivencia entre la institución y los vecinos del barrio. Mientras continúan los reclamos para que se adopten medidas de mitigación acústica y mayores controles de seguridad, el video dejó expuesto un escenario de tensión creciente que parece lejos de resolverse.

Desde las autoridades del Tiro Federal también se pronunciaron tras el episodio y confirmaron que realizaron una denuncia penal por lo ocurrido. En un audio difundido luego del incidente al que accedió El Eco, uno de los responsables de la institución aseguró que “los vecinos invadieron el tiro, rompieron vidrios” y detalló que un tirador resultó herido producto de los destrozos. “Hay un lesionado con un vidrio que le cortó el cuero cabelludo”, afirmó. 

Además, indicaron que aguardaban la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y sostuvo que impulsarían acciones judiciales por “invasión de propiedad privada, amenazas, lesiones y daños”, en referencia a los hechos registrados durante la confrontación.

Luego de la denuncia en la que un grupo de vecinos dio a conocer que el desarrollo de un loteo ubicado entre las calles Pedersen, La Merced, Segundo Sombra y Chapaleofú podría inundarlos, El Eco dialogó con Luciano Lafosse, secretario de Planeamiento. El funcionario concurrirá el próximo martes 12 a la comisión de Obras Públicas  del Concejo Deliberante, tras la llegada al Legislativo de una nota presentada por los frentistas.

Consultado acerca de si el loteo en marcha podría generar inundaciones a los vecinos de Los Huesos, el funcionario marcó que “ese sector está muy bajo”, e hizo mención a anegaciones anteriores de la zona. “Lo que decimos es que no le va a modificar la escorrentía. Ellos ya se inundaron en el 2017, cuando no estaba ese desarrollo”, manifestó.

“Este proyecto de la Asociación por la No Automedicación tiene un estudio hidráulico y lo que está haciendo es evitar que haya conflicto de inundaciones. Sobre todo en este sector, pero también teniendo en cuenta la situación que tiene el barrio de Los Huesos y Vistalli”, sostuvo Lafosse.

El funcionario contó que mantuvo –junto con el director de Vialidad, Mauro Ortega- reuniones con los vecinos que manifestaron su preocupación por el loteo. “Ellos confiaban inicialmente en el estudio hidráulico que se había hecho”, sostuvo, pero que a partir de los últimos encuentros le transmitieron su desconfianza con respecto a que se materialicen las obras tal cual figuraba en el proyecto.

Sobre el hecho de que en el proyecto de los desarrolladores Los Huesos figuraba como calle “a abrir”, Lafosse indicó que “se les explicó a los vecinos que era porque no estaban formalmente abiertas con un estudio que avale los desagües de esa calle”, y que “es una arteria que la municipalidad mantiene habitualmente por lo que nosotros conocemos perfectamente el estado de la misma”.

El trazado de Los Huesos, sumó, “está relevado y tiene una cota de relevamiento”. Sin embargo, planteó que más allá del nivel de las calles, existe un conducto pluvial por Segundo Sombra que “está por debajo del nivel de Los Huesos, con lo cual no va a generar un dique”.

Aseguró que desde Planeamiento aprobaron el proyecto, el cual preveía el levantamiento del nivel de calles públicas, y que corresponde a Vialidad el control de dicha obra.

“Nosotros estamos convencidos de que hubo un estudio que hizo un profesional, que ese estudio tuvo controles, idas y venidas, y que terminó aprobándose una salida intermedia entre lo que planteó el profesional y lo que corregimos. Ahora lo que tenemos es la posibilidad de que lo que se materialice sea lo aprobado en el proyecto. Los propios estudios que hicieron los vecinos revelan que no está más arriba de lo que tiene que estar”, concluyó.

Vecinos de calle Los Huesos denunciaron que un loteo privado podría provocar la inundación de su barrio. En diálogo con El Eco manifestaron que el proyecto no contempló la existencia de su calle, que los desarrolladores generaron un “dique” en el que quedarían casi dos metros por debajo de sus terrenos linderos, y que esperan que las autoridades lleven a cabo un estudio de impacto que les certifique que lo  realizado no los perjudicará.

“Cuando construyan, esto es una catarata,  alertaron los frentistas. Luego de que presentaran notas al Ejecutivo, al gobierno bonaerense, y al Concejo Deliberante, representantes de la Secretaría de Planeamiento concurrirán el martes próximo a la comisión de Obras Públicas para brindar explicaciones sobre el tema. Desde el Municipio transmitieron que la iniciativa no modificará la escorrentía de la zona, que el lugar ya sufrió inundaciones con anterioridad y que el expediente está aprobado.

Se trata del loteo impulsado por la Asociación por la No Automedicación, entre las calles Pedersen, La Merced, Segundo Sombra y Chapaleofú. El Eco fue al lugar y caminó  con los vecinos de calle Los Huesos, quienes mostraron cómo –tras elevar el nivel de calles públicas y de los terrenos que se proyectan lotear-, quedaron “abajo”, en un área inferior incluso que un caño de desagüe pluvial.

Los vecinos elevaron una solicitud en la cual sostuvieron que “el relleno desmesurado, ejecutado por la empresa contratista, no cumple con las cotas de altura proyectadas” y que generaría que sus viviendas queden “en un bajo, con un corte de niveles muy abrupto (de casi dos metros de altura) muy difícil de resolver una vez terminadas las obras.

“Si veníamos hace un año y medio, todo esto estaba a la misma altura”, contaron los frentistas, parados en el terraplén del loteo, desde el cual podían observar a sus viviendas.

“El proyecto no contempla que la calle Los Huesos es existente. Es una calle consolidada, con la mayoría de sus lotes construidos con viviendas unifamiliares de ocupación permanente que se construyeron legalmente con planos presentados en la Municipalidad de Tandil”, señalaron sobre una de sus principales preocupaciones.

“En el plano no sólo figura ´Calle a abrir´, sino que en ambos proyectos presentados y aprobados en la municipalidad proponen rellenarla entre 18 y 20 cm o quitarle relleno para cambiar el sentido de la pendiente, dejando algunos de nuestros frentes por debajo de la línea de vereda”, sumaron.

A su vez, denunciaron que el loteo contempló “una elevación excesiva de las cotas de calles” que condicionó a los terrenos linderos. Marcaron que en el esquema del loteo –que ya avanzó-, Los Huesos pasaría a constituirse “como el punto más bajo del sistema, en contradicción con la topografía natural”.

El sistema de desagüe pluvial del proyecto, consideraron, resulta incompatible con futuras nivelaciones de los terrenos linderos tanto al loteo como a sus viviendas. Si bien señalaron que luego de efectuar reclamos a las autoridades el proyecto hidráulico fue modificado, las cotas previstas forzarían la necesidad de que los terrenos circundantes tengan que elevarse, y “las viviendas actualmente construidas quedarían en una situación relativa más baja”.

Además, denunciaron que el proyecto mencionado se presentó como “integral”, pero la Asociación a cargo “solo construyó sus propios desagües, tirando el agua acumulada en su lote a los campos linderos mediante conductos y bocas de tormenta que no figuran en los planos”.

Tal situación, manifestaron, obligaría a los propietarios de dichos campos a continuar con las obras de desagüe si no quieren inundarse, o a rellenar excesivamente sus campos si no quieren quedar bajo el nivel propuesto por la Asociación de No Automedicación”.

Los vecinos solicitaron que se disponga la suspensión preventiva de los trámites y los avances de obra vinculados al proyecto para que evalúe la intervención provincial mediante sus áreas técnicas competentes, así como también que se realice una verificación in situ del proyecto y de las obras en ejecución por parte de equipos técnicos provinciales para constatar que el nivel propuesto y la descarga actual superan la capacidad de absorción de los campos linderos.

En las notas vecinales consta otra situación: tras una primera revisión del proyecto, y el avance de las obras, los frentistas contrataron un estudio privado. “El 90 por ciento de los puntos medidos superan las cotas proyectadas”. Además, transmitieron su preocupación no solo por no haber podido acceder a la fecha al expediente, sino también por la falta de respuestas “y por la velocidad de avance que tomaron las obras a partir de acercar nuestras inquietudes y observaciones a la Municipalidad”.

En los últimos días volvió a instalarse en el debate público una polémica de larga data, la queja de vecinos del Tiro Federal sobre los ruidos provocados por la práctica en el polígono. El Eco de Tandil dialogó con las autoridades de la institución, quienes manifestaron su mirada con respecto al reclamo, desmintieron que vainas o esquirlas puedan terminar en casas de la zona, aseguraron que cuentan con habilitación hasta el 2028, y adelantaron que se encuentran realizando gestiones para tomar posesión plena del predio y poder trasladarse. Además, destacaron al lugar como un ámbito de formación de deportistas de nivel nacional.

“Se están haciendo gestiones a nivel político, a ver si se consigue la documentación faltante. Para lograr reunir todos los requisitos y tomar la posesión definitiva", dijeron sobre los trámites para que el Estado Nacional les reconozca la titularidad del predio. "Entendemos a los vecinos, pero por nuestro lado esto nos quedó chico para desarrollar todas las disciplinas que nosotros queremos. La idea sería, en un mediano plazo, estar en una zona rural periférica de Tandil”, sumaron Luis Barzaghi, presidente, Horacio Ulloa, secretario y Javier Piva Flos, también parte de la comisión directiva y encargado de la Escuelita de Tiro.

Fundado en 1924, el Tiro Federal funciona actualmente como una asociación civil sin fines de lucro. Cuenta con casi 400 socios, y un promedio de 15 personas que concurren diariamente a practicar en el polígono. Se trata de una institución vinculada con otras de nivel local, y posee convenios con la Unicen, el Instituto de Educación Física, veteranos de Malvinas, y fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. También otorgan al idoneidad para la portación de armas, que actualmente certifica el Registro Nacional de Armas.

En el lugar funciona una Escuela de Tiro a la que concurren alrededor de 20 alumnos, entre menores y adolescentes –con autorización-, y adultos. “Esto es una escuela de formación de deportistas. Se da instrucción a la gente para que maneje un arma de forma segura y no tenga accidentes ni nada de eso. Tenemos un grupo de tiradores que se destaca a nivel nacional, y el Municipio nos invita a la terna de la Fiesta del Deporte”, señalaron.

Durante la charla con El Eco de Tandil, las autoridades del Tiro Federal se refirieron a los diferentes reclamos presentados por los vecinos de la zona. A su vez, hicieron mención al pedido de inspección que el Concejo Deliberante se dispone a aprobar, y al acuerdo con la Secretaría de Protección Ciudadana para realizar las prácticas de lunes a sábado de 9:30 a 13 y de 15:30 a 19.

“A esto lo maneja el Registro Nacional de Armas (Renar). Y el año pasado salió una disposición de ese organismo, que estableció que la habilitación de los tiros federales en el país no requiere de una habilitación municipal. Igualmente, no es una actividad que esté contemplada entre las cosas que el Municipio habilita. Hoy estamos habilitados hasta el 2028 por una inspección que se hizo en agosto del año pasado”, explicaron.

Aseguraron que dicha habilitación contempló “las condiciones de seguridad óptimas del Manual de Tiro”, y que las mismas son controladas con frecuencia semanal por el director de tiro del lugar.

“Queremos desmentir las denuncias de vecinos que encontraron esquirlas y vainas. Es imposible. Primero que las esquirlas corresponden a un explosivo, y nosotros no trabajamos con explosivo. En todo caso se refieren a un proyectil, pero es imposible que se fugue un proyectil porque el tiro está diseñado para que el proyectil no salga de acá", sostuvieron. Las áreas de tiro, mostraron, se encuentran por debajo del nivel de la calle, lo que restringe el posible escape de restos de proyectiles.

"También escuchamos que encontraban vainas. Las vainas son parte del cartucho que salen de las armas. Son eyectadas hacia un lateral, a no más de un metro y medio o dos. Es imposible que una vaina salte tantos metros, y hacia el otro costado. Físicamente es imposible”, indicaron.

Agregaron que la habilitación del Renar no tuvo en cuenta la cuestión sonora “porque las medidas óptimas de los polígonos no contemplan ruidos molestos”. A su vez, marcaron que años atrás –alrededor del 2008-, se realizó un estudio de ruidos molestos pero arrojaron resultados negativos: “Puede ser que a los vecinos les moleste el ruido. Eso es entendible. Ahora, que se sea ruido molesto legalmente, no encuadra”. Argumentaron que, de acuerdo a normas IRAM, el análisis mencionado no fue favorable para determinar que el sonido de los disparos pueda considerarse ruido molesto.

“Tenemos una comisión, y más de la mitad somos profesionales. No somos ningunos improvisados. Licenciados en seguridad ciudadana, instructores, abogados, escribanos, contadores. Nos manejamos a rajatabla con las reglamentaciones y todos los aspectos legales”, expresaron.

En el marco de la normalización de la institución, las autoridades del Tiro Federal de Tandil contemplan la posibilidad de un traslado, y gestionan políticamente en ese sentido.

“El predio es del Estado Nacional”, explicaron los referentes del Tiro, quienes detallaron que hubo tratativas para la cesión del lugar a la institución, pero que las mismas se truncaron a comienzos de los años ´80. “Eso quedó congelado y es lo que estamos tratando de recuperar ahora, para que pertenezca a la institución”, indicaron.

La posibilidad de contar con la posesión del predio –cuyo edificio principal forma parte de las propiedades patrimoniales del Municipio-, permitiría a la institución disponer del lugar para la venta que active el traslado.

“Más allá de la queja de los vecinos, que es entendible, nosotros somos conscientes que el casco urbano nos absorbió, nos envolvió. Y para las actividades que nosotros quisiéramos desarrollar, el lugar nos quedó chicos ya”, dijeron sobre el proyecto de una mudanza “a mediano plazo”.

“Es una disciplina olímpica”

Las autoridades de la institución remarcaron que en el lugar funciona también una Escuela de Tiro en la cual se forman más de 20 alumnos, entre menores, adolescentes y adultos. “Los sacamos un poco del mundo virtual. Funciona los jueves y domingo, porque eso no emite ruido. Es una disciplina olímpica. Es un deporte. No tiene contacto físico, te enseña autocontrol, superación, disciplina. Aporta formativamente”, sostuvo Javier Piva Flos, uno de los instructores.

El interés de civiles por la práctica de tiro, explicaron los integrantes de la comisión directiva, creció en el último tiempo. Además de la posibilidad de practicar el deporte, muchas de las personas que se acercan por primera vez al Tiro Federal lo hacen “por cuestiones de legítima defensa”, transmitieron.

“Nosotros estamos en línea y en frecuencia con los preceptos constitucionales de la defensa de vida, la libertad, la propiedad y capacitamos a las personas para eso”, precisaron.

Pese a que otorgan la aptitud para el manejo de armas e inician trámites para acceder a la portación legal, indicaron que desde septiembre pasado no tienen registro de solicitudes nuevas.

“Las puertas están abiertas para que vengan, miren, se interioricen”, invitaron los integrantes de la comisión directiva del Tiro Federal.

A través de un decreto fechado el 16 de abril de 2026, el intendente Miguel Lunghi resolvió desestimar el reclamo administrativo presentado por una vecina, quien había denunciado daños materiales en su vehículo en un hecho ocurrido el 4 de octubre de 2025, en Carlos Díaz al 600, en el barrio Mirage.

Según constaba en la presentación, la vecina atribuyó el daño al presunto estado deficiente de la calzada, en el marco de una obra de emparejamiento y limpieza ejecutada por personal de Vialidad Municipal. En ese sentido, solicitó tanto la finalización de los trabajos como una compensación económica.

El análisis del caso incluyó la intervención de distintas áreas municipales y la recopilación de documentación aportada por la reclamante. No obstante, desde el Ejecutivo se concluyó que no se logró acreditar de manera fehaciente la relación de causalidad entre la intervención municipal y el daño denunciado.

En los considerandos del decreto se indicó que, si bien se presentaron elementos gráficos que evidenciarían daños en el vehículo, no pudo determinarse que estos fueran consecuencia directa de una acción u omisión del Estado. Asimismo, se destacó que la compañía aseguradora Mercantil Andina cubrió los costos de reparación, quedando a cargo de la damnificada únicamente el pago de la franquicia.

Por otra parte, desde la Dirección de Vialidad Municipal se informó que las tareas en la calzada se realizaron por etapas y que las lluvias posteriores pudieron haber generado alteraciones transitorias en la superficie, lo que fue considerado un factor externo, imprevisible y ajeno al accionar estatal.

En ese marco, el decreto sostuvo que no se verificaron irregularidades en la actuación municipal ni conductas omisivas que permitan atribuir responsabilidad, al tiempo que encuadró la situación dentro de los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor contemplados por la normativa vigente.

Finalmente, se remarcó que el reclamo carecía de elementos probatorios suficientes para reconstruir con precisión el hecho denunciado, por lo que se resolvió su rechazo en sede administrativa y el archivo de las actuaciones.

Tras la difusión de una denuncia por amenazas en la zona norte de la ciudad, los integrantes de la familia señalada solicitaron su derecho a réplica para relatar una sucesión de hechos violentos. Según su testimonio, el enfrentamiento ocurrido en las inmediaciones de Margarita Galfre y Pizzorno incluyó amenazas y heridos.

A través de El Eco, en los últimos días se conocieron los pormenores de un conflicto vecinal que tuvo una escalada de violencia. Sofía, una de las involucradas, detalló a este medio agresiones y amenazas recibidas. “Quiero vivir tranquila, que se hagan cargo y los saquen, no se puede vivir con gente así, no es vida”, relató sobre una situación que la mantiene en vilo.

Tras conocerse el conflicto, la otra familia involucrada pidió contar su versión de los hechos. Silvana, una de las mujeres implicadas, coincidió en que todo inició el 27 de marzo. La mujer explicó que acudieron a retirar a un menor de edad del colegio tras recibir un aviso sobre la rotura de útiles escolares. Lo que comenzó como un reclamo, derivó en una escalada de violencia que, hasta el día de hoy, no encuentra cauce pacífico.

Silvana detalló que el encuentro en la propiedad de uno de los involucrados inició con una discusión que fue subiendo el tono hasta que terminó con una agresión física: un golpe de puño en la boca contra una de las mujeres presentes. A partir de ese momento, el relato describe una escena de caos que incluyó daños a la propiedad privada, específicamente la rotura del parabrisas de un automóvil.

De acuerdo al testimonio brindado a El Eco, los actos violentos tuvieron su punto álgido cuando otros miembros de la familia y allegados se sumaron a la gresca. Silvana denunció que uno de sus parientes fue atacado con un fierro por un joven, resultando herido en el proceso. Sin embargo, el episodio más grave ocurrió minutos después, en medio de una pelea que involucró a varios hombres en la vía pública.

La vecina relató que, mientras su cuñado mantenía un enfrentamiento físico con otro hombre, el padre de este último habría intervenido pegándole con un machete en la cabeza a Nicolás Barcala. Esta agresión le provocó a la víctima una herida abierta que requirió 14 puntos de sutura. En el fragor de la pelea, Silvana aseguró haber sido víctima de insultos y amenazas, donde le habrían manifestado su intención de “prender fuego” la vivienda familiar.

Uno de los puntos más críticos del descargo realizado por la familia tiene que ver con la atención recibida en la dependencia policial. Tras los incidentes, los damnificados se dirigieron a la comisaría Segunda para realizar la correspondiente denuncia. No obstante, Silvana explicó que “no fue una denuncia, fue una declaración”, señalando que el personal policial intentó minimizar el relato para “no hacerlo tan largo”.

La mujer manifestó que, al llegar a la seccional, se encontraron con que la otra parte ya estaba prestando declaración. Esta situación, sumada a la supuesta reticencia de los efectivos para dejar asentados todos los hechos de violencia descritos, generó una profunda desconfianza. “La realidad es que no me tomaron toda la declaración, solamente la parte donde contaba que querían prender fuego mi casa”, subrayó con malestar.

Ante lo que consideraron una falta de respuestas, la familia tomó la determinación de trasladarse hasta Azul para radicar la denuncia ante las autoridades de la Fiscalía. Según explicaron, fue la única manera de garantizar que todos los eventos, incluyendo el ataque con el machete y las lesiones, quedaran formalmente registrados en el expediente judicial.

La Justicia dispuso originalmente una serie de medidas de restricción perimetral de 90 días para intentar separar a las partes. Sin embargo, dada la cercanía de las viviendas, la operatividad de estas medidas resultó casi nula. Silvana informó que recientemente la Fiscalía decidió remover la restricción de 50 metros que prácticamente le impedía salir de su propio domicilio, aunque se mantiene vigente la prohibición de acercamiento a las propiedades de los involucrados.

La familia que solicitó el derecho a réplica concluyó su relato manifestando un estado de alerta permanente. Aseguran que la convivencia se ha vuelto insostenible y que temen por su integridad física ante la posibilidad de nuevos ataques. 

La tranquilidad en la zona de Margarita Galfre y Pizzorno se vio alterada de forma drástica durante las últimas semanas, transformando la vida cotidiana de una familia en un escenario de constante temor. Sofía, una de las víctimas, decidió romper el silencio y exponer la situación de extrema vulnerabilidad que padece debido al comportamiento de un grupo de personas que se asentó en las cercanías.

Según el relato de la damnificada, el conflicto escaló de entredichos a amenazas con armas y agresiones físicas directas, lo que motivó la intervención de la Justicia, aunque sin resultados satisfactorios para las víctimas hasta el momento.

El origen de la disputa más reciente se remonta al pasado 27 de marzo, cuando el clima de tensión derivó en un enfrentamiento. De acuerdo con el testimonio de la mujer, el detonante fue una acusación infundada sobre un incidente menor entre menores de edad. "Dos mujeres fueron a mi casa a gritarme porque supuestamente mi hija les había roto unos útiles al nene de ella, lo cual no fue así", explicó Sofía.

A pesar de sus intentos por mantener la calma y dialogar, la situación se desbordó rápidamente ante los gritos y las amenazas. Mientras la vecina se dirigía a radicar la denuncia correspondiente, el conflicto se trasladó al seno de su hogar. En ese lapso, un grupo de al menos cinco personas abordó a su pareja y lo atacó con el mango de un cuchillo. El hombre se encontraba acompañado de su hijo, quien acudió a su defensa.

La denunciante manifestó que el hostigamiento es permanente y que no existe momento del día en que se sientan resguardados. La mujer detalló que los agresores utilizan desde insultos, captados por las cámaras de seguridad, hasta la exhibición de armamento. "Todos los días estoy renegando con esta gente que si no te amenazan con un arma, te gritan cosas por las cámaras", lamentó.

La vecina describió una realidad donde la libertad desapareció ante el riesgo de sufrir un nuevo ataque. En su relato, confesó que ya no puede realizar mandados ni salir de su propiedad de forma independiente. Su marido debe escoltarla incluso para llevar a sus hijos a una distancia de tan solo dos cuadras. La gravedad de la situación es tal que Sofía aseguró que “estoy encerrada porque esta gente me tiene bajo amenaza”.

La problemática se ve agravada por la ubicación de los agresores, quienes habrían construido una vivienda de planchones sobre una zona de vías, en lo que entiende la denunciante como una usurpación. Si bien la víctima aclaró que no le molesta el hecho de la ocupación en sí misma por entender la necesidad habitacional, hizo hincapié en que la convivencia se vuelve imposible cuando existe una falta total de respeto.

El reclamo de la vecina apunta directamente a la necesidad de una solución de fondo que garantice la paz. A pesar de sus intentos por encontrar respuestas a través de los canales institucionales, la mujer siente que los esfuerzos han sido estériles. La crítica hacia el accionar de las fuerzas de seguridad es contundente, señalando una aparente desidia para abordar el conflicto de manera efectiva.

Tras la radicación de las denuncias, se le otorgó una restricción de acercamiento de 50 metros, una distancia que, dadas las condiciones de proximidad de las viviendas, resulta insuficiente y prácticamente imposible de controlar. La propia mujer calificó la medida como inútil: "Una restricción de 50 metros no te hace nada; si me quieren disparar, me disparan, es así", explicó con crudeza ante la Fiscalía.

El pedido de Sofía es un llamado de auxilio. "Quiero vivir tranquila, que se hagan cargo y los saquen, no se puede vivir con gente así, no es vida", concluyó. Por el momento, la familia continúa viviendo en un estado de alerta permanente, con el miedo como rutina y la esperanza de que, finalmente, el Estado brinde las garantías de seguridad para poder transitar sus calles con libertad.

Un grupo de vecinos de la zona de Murature, entre Lisandro de la Torre y Figueroa, formalizó un segundo reclamo, esta vez ante el Concejo Deliberante, para solicitar la reubicación de Sol Disco, un local nocturno que, según denunciaron, genera complicaciones en el barrio.

El documento expuso una situación de deterioro social y ambiental que afectó la calidad de vida de las familias del barrio. “Solicitamos que se lo saque a su accionar del barrio y del medio de la ciudad, donde hoy perturba a la sociedad y que se lo reubique en donde no afecte a otro tandilense”, reclamaron.

En el texto remitido a los concejales, los vecinos manifestaron que el establecimiento “sigue sin respetar las normas básicas y las leyes establecidas” en el Código Civil, muchas de las cuales “se basan en el respeto y en la convivencia social”.

Uno de los primeros puntos del reclamo se enfocó en la contaminación sonora. En esa línea, recordaron que las disposiciones vigentes establecen el cese de la música a las 5.30. Sin embargo, “debemos decirles que no se cumple ya que a las 6, y aún más tarde también, sigue el ruido sin control dentro del local”.

Los denunciantes describieron el ambiente nocturno como “inhabitable”, producto de una combinación de “música fuerte”, el uso de micrófonos “a alta voz” y los “gritos de los concurrentes”.

La preocupación de los habitantes de esa zona de la ciudad se centró en la imposibilidad de conciliar el sueño, fundamental para quienes deben cumplir con sus obligaciones laborales. “Somos gente de labor y la falta de descanso en el horario que Dios determinó para los seres vivos, se torna ya un hábito frecuente”, expresaron con crudeza.

Una lista de irregularidades

La nota presentada ante el cuerpo legislativo enumeró doce puntos que describen el escenario durante los fines de semana.

En primer lugar, aseguraron que el boliche “abre sus puertas laterales” durante la noche, dejando que el ruido salga “con facilidad”, lo cual “debería estar totalmente prohibido por la perturbación ambiental”.

Además, sugirieron que “los decibeles de los equipos musicales están por encima de los niveles adecuados”, a la vez que deslizaron que “el Municipio debería controlar frecuentemente por las renuentes denuncias pronunciadas”, mientras que pusieron en duda que el local “esté habilitado en forma legal” a partir de la presunta falta de filtros “para contener el bullicio en su interior”.

Más allá del ruido, el comportamiento de los asistentes al salir del establecimiento fue otro de los ejes de la denuncia. Los residentes reportaron que, tras la finalización de los shows, se produjeron constantes daños a la propiedad privada y desmanes en la vía pública.

Entre los hechos relatados, mencionaron la rotura de vidrios de automóviles estacionados, el esparcimiento de residuos domésticos tras la rotura de bolsas en las veredas y la presencia de suciedad en plazas cercanas, como la ubicada en Del Valle y Murature. “Simplemente falta que ustedes vengan a limpiar”, fustigaron los vecinos en el documento dirigido a las autoridades.

Otro aspecto incluido en la lista fue la “violencia” y el clima de inseguridad que rodeó al local. Según el testimonio de los vecinos, se registraron pedidos de auxilio en las puertas de las casas por parte de jóvenes que denunciaron que fueron golpeados o robados dentro del boliche.

Asimismo, la nota advirtió sobre el consumo de alcohol y estupefacientes y señalaron sobre la presencia de personas durmiendo en las veredas o realizando necesidades fisiológicas en los frentes de las viviendas.

El antecedente

La presentación de abril de 2026 no fue un hecho aislado, sino que se trató de un “segundo reclamo” que buscó dar continuidad a una lucha que comenzó hace años.

En la nueva presentación, los vecinos adjuntaron una copia de una nota similar fechada el 21 de enero de 2019, en la que advirtieron sobre los problemas vinculados al local bailable.

En aquel entonces, los habitantes de la calle Lisandro de la Torre calificaron al negocio como un “agente para el detrimento social” y solicitaron un control más amplio sobre la seguridad y la higiene.

En el primer reclamo se mencionaba la presencia de “disparos de armas de fuego” producto de “corridas vandálicas” que ocurrían al menos una vez cada quince días.

“La inacción ha sido su frecuente cauce”, sentenciaron y apuntaron a la falta de respuestas ante los reiterados pedidos de intervención por ruidos molestos y peleas callejeras.

Al igual que en esta nueva presentación, los vecinos habían aclarado que su intención no era la clausura definitiva del local para no afectar la fuente de trabajo, sino su traslado fuera del casco urbano. En ese momento, habían propuesto como alternativa el Parque Industrial o zonas donde la actividad no perturbe el descanso de otros ciudadanos.

Pasos a seguir

Tras el ingreso al Concejo, el expediente fue girado a la comisión de Derechos Humanos, Género, Garantías y Seguridad, donde tuvo un primer abordaje el miércoles.

Los integrantes del espacio legislativo que preside Noelia Domenighini analizaron el planteo de los vecinos y solicitaron informes a las áreas de Inspección General y Seguridad de la comuna para verificar las denuncias sobre el funcionamiento de Sol Disco.

El caso reabrió el debate sobre la nocturnidad y la zonificación de los boliches. Mientras el expediente inicia su recorrido legislativo, los vecinos de Villa Italia se mantienen a la espera de posibles avances.

Y para cerrar, indicaron que “que gobernar es ordenar y distribuir homogéneamente los recursos y aquí le dejamos una buena obra antes que dejen sus mandatos, la que no puede ser omitida o freezada como los reclamos que anteriormente se realizaron”.