En los últimos días volvió a instalarse en el debate público una polémica de larga data, la queja de vecinos del Tiro Federal sobre los ruidos provocados por la práctica en el polígono. El Eco de Tandil dialogó con las autoridades de la institución, quienes manifestaron su mirada con respecto al reclamo, desmintieron que vainas o esquirlas puedan terminar en casas de la zona, aseguraron que cuentan con habilitación hasta el 2028, y adelantaron que se encuentran realizando gestiones para tomar posesión plena del predio y poder trasladarse. Además, destacaron al lugar como un ámbito de formación de deportistas de nivel nacional.

“Se están haciendo gestiones a nivel político, a ver si se consigue la documentación faltante. Para lograr reunir todos los requisitos y tomar la posesión definitiva", dijeron sobre los trámites para que el Estado Nacional les reconozca la titularidad del predio. "Entendemos a los vecinos, pero por nuestro lado esto nos quedó chico para desarrollar todas las disciplinas que nosotros queremos. La idea sería, en un mediano plazo, estar en una zona rural periférica de Tandil”, sumaron Luis Barzaghi, presidente, Horacio Ulloa, secretario y Javier Piva Flos, también parte de la comisión directiva y encargado de la Escuelita de Tiro.

Fundado en 1924, el Tiro Federal funciona actualmente como una asociación civil sin fines de lucro. Cuenta con casi 400 socios, y un promedio de 15 personas que concurren diariamente a practicar en el polígono. Se trata de una institución vinculada con otras de nivel local, y posee convenios con la Unicen, el Instituto de Educación Física, veteranos de Malvinas, y fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. También otorgan al idoneidad para la portación de armas, que actualmente certifica el Registro Nacional de Armas.

En el lugar funciona una Escuela de Tiro a la que concurren alrededor de 20 alumnos, entre menores y adolescentes –con autorización-, y adultos. “Esto es una escuela de formación de deportistas. Se da instrucción a la gente para que maneje un arma de forma segura y no tenga accidentes ni nada de eso. Tenemos un grupo de tiradores que se destaca a nivel nacional, y el Municipio nos invita a la terna de la Fiesta del Deporte”, señalaron.

Durante la charla con El Eco de Tandil, las autoridades del Tiro Federal se refirieron a los diferentes reclamos presentados por los vecinos de la zona. A su vez, hicieron mención al pedido de inspección que el Concejo Deliberante se dispone a aprobar, y al acuerdo con la Secretaría de Protección Ciudadana para realizar las prácticas de lunes a sábado de 9:30 a 13 y de 15:30 a 19.

“A esto lo maneja el Registro Nacional de Armas (Renar). Y el año pasado salió una disposición de ese organismo, que estableció que la habilitación de los tiros federales en el país no requiere de una habilitación municipal. Igualmente, no es una actividad que esté contemplada entre las cosas que el Municipio habilita. Hoy estamos habilitados hasta el 2028 por una inspección que se hizo en agosto del año pasado”, explicaron.

Aseguraron que dicha habilitación contempló “las condiciones de seguridad óptimas del Manual de Tiro”, y que las mismas son controladas con frecuencia semanal por el director de tiro del lugar.

“Queremos desmentir las denuncias de vecinos que encontraron esquirlas y vainas. Es imposible. Primero que las esquirlas corresponden a un explosivo, y nosotros no trabajamos con explosivo. En todo caso se refieren a un proyectil, pero es imposible que se fugue un proyectil porque el tiro está diseñado para que el proyectil no salga de acá", sostuvieron. Las áreas de tiro, mostraron, se encuentran por debajo del nivel de la calle, lo que restringe el posible escape de restos de proyectiles.

"También escuchamos que encontraban vainas. Las vainas son parte del cartucho que salen de las armas. Son eyectadas hacia un lateral, a no más de un metro y medio o dos. Es imposible que una vaina salte tantos metros, y hacia el otro costado. Físicamente es imposible”, indicaron.

Agregaron que la habilitación del Renar no tuvo en cuenta la cuestión sonora “porque las medidas óptimas de los polígonos no contemplan ruidos molestos”. A su vez, marcaron que años atrás –alrededor del 2008-, se realizó un estudio de ruidos molestos pero arrojaron resultados negativos: “Puede ser que a los vecinos les moleste el ruido. Eso es entendible. Ahora, que se sea ruido molesto legalmente, no encuadra”. Argumentaron que, de acuerdo a normas IRAM, el análisis mencionado no fue favorable para determinar que el sonido de las detonaciones pueda considerarse ruido molesto.

“Tenemos una comisión, y más de la mitad somos profesionales. No somos ningunos improvisados. Licenciados en seguridad ciudadana, instructores, abogados, escribanos, contadores. Nos manejamos a rajatabla con las reglamentaciones y todos los aspectos legales”, expresaron.

En el marco de la normalización de la institución, las autoridades del Tiro Federal de Tandil contemplan la posibilidad de un traslado, y gestionan políticamente en ese sentido.

“El predio es del Estado Nacional”, explicaron los referentes del Tiro, quienes detallaron que hubo tratativas para la cesión del lugar a la institución, pero que las mismas se truncaron a comienzos de los años ´80. “Eso quedó congelado y es lo que estamos tratando de recuperar ahora, para que pertenezca a la institución”, indicaron.

La posibilidad de contar con la posesión del predio –cuyo edificio principal forma parte de las propiedades patrimoniales del Municipio-, permitiría a la institución disponer del lugar para la venta que active el traslado.

“Más allá de la queja de los vecinos, que es entendible, nosotros somos conscientes que el casco urbano nos absorbió, nos envolvió. Y para las actividades que nosotros quisiéramos desarrollar, el lugar nos quedó chicos ya”, dijeron sobre el proyecto de una mudanza “a mediano plazo”.

“Es una disciplina olímpica”

Las autoridades de la institución remarcaron que en el lugar funciona también una Escuela de Tiro en la cual se forman más de 20 alumnos, entre menores, adolescentes y adultos. “Los sacamos un poco del mundo virtual. Funciona los jueves y domingo, porque eso no emite ruido. Es una disciplina olímpica. Es un deporte. No tiene contacto físico, te enseña autocontrol, superación, disciplina. Aporta formativamente”, sostuvo Javier Piva Flos, uno de los instructores.

El interés de civiles por la práctica de tiro, explicaron los integrantes de la comisión directiva, creció en el último tiempo. Además de la posibilidad de practicar el deporte, muchas de las personas que se acercan por primera vez al Tiro Federal lo hacen “por cuestiones de legítima defensa”, transmitieron.

“Nosotros estamos en línea y en frecuencia con los preceptos constitucionales de la defensa de vida, la libertad, la propiedad y capacitamos a las personas para eso”, precisaron.

Pese a que otorgan la aptitud para el manejo de armas e inician trámites para acceder a la portación legal, indicaron que desde septiembre pasado no tienen registro de solicitudes nuevas.

“Las puertas están abiertas para que vengan, miren, se interioricen”, invitaron los integrantes de la comisión directiva del Tiro Federal.

A través de un decreto fechado el 16 de abril de 2026, el intendente Miguel Lunghi resolvió desestimar el reclamo administrativo presentado por una vecina, quien había denunciado daños materiales en su vehículo en un hecho ocurrido el 4 de octubre de 2025, en Carlos Díaz al 600, en el barrio Mirage.

Según constaba en la presentación, la vecina atribuyó el daño al presunto estado deficiente de la calzada, en el marco de una obra de emparejamiento y limpieza ejecutada por personal de Vialidad Municipal. En ese sentido, solicitó tanto la finalización de los trabajos como una compensación económica.

El análisis del caso incluyó la intervención de distintas áreas municipales y la recopilación de documentación aportada por la reclamante. No obstante, desde el Ejecutivo se concluyó que no se logró acreditar de manera fehaciente la relación de causalidad entre la intervención municipal y el daño denunciado.

En los considerandos del decreto se indicó que, si bien se presentaron elementos gráficos que evidenciarían daños en el vehículo, no pudo determinarse que estos fueran consecuencia directa de una acción u omisión del Estado. Asimismo, se destacó que la compañía aseguradora Mercantil Andina cubrió los costos de reparación, quedando a cargo de la damnificada únicamente el pago de la franquicia.

Por otra parte, desde la Dirección de Vialidad Municipal se informó que las tareas en la calzada se realizaron por etapas y que las lluvias posteriores pudieron haber generado alteraciones transitorias en la superficie, lo que fue considerado un factor externo, imprevisible y ajeno al accionar estatal.

En ese marco, el decreto sostuvo que no se verificaron irregularidades en la actuación municipal ni conductas omisivas que permitan atribuir responsabilidad, al tiempo que encuadró la situación dentro de los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor contemplados por la normativa vigente.

Finalmente, se remarcó que el reclamo carecía de elementos probatorios suficientes para reconstruir con precisión el hecho denunciado, por lo que se resolvió su rechazo en sede administrativa y el archivo de las actuaciones.

Tras la difusión de una denuncia por amenazas en la zona norte de la ciudad, los integrantes de la familia señalada solicitaron su derecho a réplica para relatar una sucesión de hechos violentos. Según su testimonio, el enfrentamiento ocurrido en las inmediaciones de Margarita Galfre y Pizzorno incluyó amenazas y heridos.

A través de El Eco, en los últimos días se conocieron los pormenores de un conflicto vecinal que tuvo una escalada de violencia. Sofía, una de las involucradas, detalló a este medio agresiones y amenazas recibidas. “Quiero vivir tranquila, que se hagan cargo y los saquen, no se puede vivir con gente así, no es vida”, relató sobre una situación que la mantiene en vilo.

Tras conocerse el conflicto, la otra familia involucrada pidió contar su versión de los hechos. Silvana, una de las mujeres implicadas, coincidió en que todo inició el 27 de marzo. La mujer explicó que acudieron a retirar a un menor de edad del colegio tras recibir un aviso sobre la rotura de útiles escolares. Lo que comenzó como un reclamo, derivó en una escalada de violencia que, hasta el día de hoy, no encuentra cauce pacífico.

Silvana detalló que el encuentro en la propiedad de uno de los involucrados inició con una discusión que fue subiendo el tono hasta que terminó con una agresión física: un golpe de puño en la boca contra una de las mujeres presentes. A partir de ese momento, el relato describe una escena de caos que incluyó daños a la propiedad privada, específicamente la rotura del parabrisas de un automóvil.

De acuerdo al testimonio brindado a El Eco, los actos violentos tuvieron su punto álgido cuando otros miembros de la familia y allegados se sumaron a la gresca. Silvana denunció que uno de sus parientes fue atacado con un fierro por un joven, resultando herido en el proceso. Sin embargo, el episodio más grave ocurrió minutos después, en medio de una pelea que involucró a varios hombres en la vía pública.

La vecina relató que, mientras su cuñado mantenía un enfrentamiento físico con otro hombre, el padre de este último habría intervenido pegándole con un machete en la cabeza a Nicolás Barcala. Esta agresión le provocó a la víctima una herida abierta que requirió 14 puntos de sutura. En el fragor de la pelea, Silvana aseguró haber sido víctima de insultos y amenazas, donde le habrían manifestado su intención de “prender fuego” la vivienda familiar.

Uno de los puntos más críticos del descargo realizado por la familia tiene que ver con la atención recibida en la dependencia policial. Tras los incidentes, los damnificados se dirigieron a la comisaría Segunda para realizar la correspondiente denuncia. No obstante, Silvana explicó que “no fue una denuncia, fue una declaración”, señalando que el personal policial intentó minimizar el relato para “no hacerlo tan largo”.

La mujer manifestó que, al llegar a la seccional, se encontraron con que la otra parte ya estaba prestando declaración. Esta situación, sumada a la supuesta reticencia de los efectivos para dejar asentados todos los hechos de violencia descritos, generó una profunda desconfianza. “La realidad es que no me tomaron toda la declaración, solamente la parte donde contaba que querían prender fuego mi casa”, subrayó con malestar.

Ante lo que consideraron una falta de respuestas, la familia tomó la determinación de trasladarse hasta Azul para radicar la denuncia ante las autoridades de la Fiscalía. Según explicaron, fue la única manera de garantizar que todos los eventos, incluyendo el ataque con el machete y las lesiones, quedaran formalmente registrados en el expediente judicial.

La Justicia dispuso originalmente una serie de medidas de restricción perimetral de 90 días para intentar separar a las partes. Sin embargo, dada la cercanía de las viviendas, la operatividad de estas medidas resultó casi nula. Silvana informó que recientemente la Fiscalía decidió remover la restricción de 50 metros que prácticamente le impedía salir de su propio domicilio, aunque se mantiene vigente la prohibición de acercamiento a las propiedades de los involucrados.

La familia que solicitó el derecho a réplica concluyó su relato manifestando un estado de alerta permanente. Aseguran que la convivencia se ha vuelto insostenible y que temen por su integridad física ante la posibilidad de nuevos ataques. 

La tranquilidad en la zona de Margarita Galfre y Pizzorno se vio alterada de forma drástica durante las últimas semanas, transformando la vida cotidiana de una familia en un escenario de constante temor. Sofía, una de las víctimas, decidió romper el silencio y exponer la situación de extrema vulnerabilidad que padece debido al comportamiento de un grupo de personas que se asentó en las cercanías.

Según el relato de la damnificada, el conflicto escaló de entredichos a amenazas con armas y agresiones físicas directas, lo que motivó la intervención de la Justicia, aunque sin resultados satisfactorios para las víctimas hasta el momento.

El origen de la disputa más reciente se remonta al pasado 27 de marzo, cuando el clima de tensión derivó en un enfrentamiento. De acuerdo con el testimonio de la mujer, el detonante fue una acusación infundada sobre un incidente menor entre menores de edad. "Dos mujeres fueron a mi casa a gritarme porque supuestamente mi hija les había roto unos útiles al nene de ella, lo cual no fue así", explicó Sofía.

A pesar de sus intentos por mantener la calma y dialogar, la situación se desbordó rápidamente ante los gritos y las amenazas. Mientras la vecina se dirigía a radicar la denuncia correspondiente, el conflicto se trasladó al seno de su hogar. En ese lapso, un grupo de al menos cinco personas abordó a su pareja y lo atacó con el mango de un cuchillo. El hombre se encontraba acompañado de su hijo, quien acudió a su defensa.

La denunciante manifestó que el hostigamiento es permanente y que no existe momento del día en que se sientan resguardados. La mujer detalló que los agresores utilizan desde insultos, captados por las cámaras de seguridad, hasta la exhibición de armamento. "Todos los días estoy renegando con esta gente que si no te amenazan con un arma, te gritan cosas por las cámaras", lamentó.

La vecina describió una realidad donde la libertad desapareció ante el riesgo de sufrir un nuevo ataque. En su relato, confesó que ya no puede realizar mandados ni salir de su propiedad de forma independiente. Su marido debe escoltarla incluso para llevar a sus hijos a una distancia de tan solo dos cuadras. La gravedad de la situación es tal que Sofía aseguró que “estoy encerrada porque esta gente me tiene bajo amenaza”.

La problemática se ve agravada por la ubicación de los agresores, quienes habrían construido una vivienda de planchones sobre una zona de vías, en lo que entiende la denunciante como una usurpación. Si bien la víctima aclaró que no le molesta el hecho de la ocupación en sí misma por entender la necesidad habitacional, hizo hincapié en que la convivencia se vuelve imposible cuando existe una falta total de respeto.

El reclamo de la vecina apunta directamente a la necesidad de una solución de fondo que garantice la paz. A pesar de sus intentos por encontrar respuestas a través de los canales institucionales, la mujer siente que los esfuerzos han sido estériles. La crítica hacia el accionar de las fuerzas de seguridad es contundente, señalando una aparente desidia para abordar el conflicto de manera efectiva.

Tras la radicación de las denuncias, se le otorgó una restricción de acercamiento de 50 metros, una distancia que, dadas las condiciones de proximidad de las viviendas, resulta insuficiente y prácticamente imposible de controlar. La propia mujer calificó la medida como inútil: "Una restricción de 50 metros no te hace nada; si me quieren disparar, me disparan, es así", explicó con crudeza ante la Fiscalía.

El pedido de Sofía es un llamado de auxilio. "Quiero vivir tranquila, que se hagan cargo y los saquen, no se puede vivir con gente así, no es vida", concluyó. Por el momento, la familia continúa viviendo en un estado de alerta permanente, con el miedo como rutina y la esperanza de que, finalmente, el Estado brinde las garantías de seguridad para poder transitar sus calles con libertad.

Un grupo de vecinos de la zona de Murature, entre Lisandro de la Torre y Figueroa, formalizó un segundo reclamo, esta vez ante el Concejo Deliberante, para solicitar la reubicación de Sol Disco, un local nocturno que, según denunciaron, genera complicaciones en el barrio.

El documento expuso una situación de deterioro social y ambiental que afectó la calidad de vida de las familias del barrio. “Solicitamos que se lo saque a su accionar del barrio y del medio de la ciudad, donde hoy perturba a la sociedad y que se lo reubique en donde no afecte a otro tandilense”, reclamaron.

En el texto remitido a los concejales, los vecinos manifestaron que el establecimiento “sigue sin respetar las normas básicas y las leyes establecidas” en el Código Civil, muchas de las cuales “se basan en el respeto y en la convivencia social”.

Uno de los primeros puntos del reclamo se enfocó en la contaminación sonora. En esa línea, recordaron que las disposiciones vigentes establecen el cese de la música a las 5.30. Sin embargo, “debemos decirles que no se cumple ya que a las 6, y aún más tarde también, sigue el ruido sin control dentro del local”.

Los denunciantes describieron el ambiente nocturno como “inhabitable”, producto de una combinación de “música fuerte”, el uso de micrófonos “a alta voz” y los “gritos de los concurrentes”.

La preocupación de los habitantes de esa zona de la ciudad se centró en la imposibilidad de conciliar el sueño, fundamental para quienes deben cumplir con sus obligaciones laborales. “Somos gente de labor y la falta de descanso en el horario que Dios determinó para los seres vivos, se torna ya un hábito frecuente”, expresaron con crudeza.

Una lista de irregularidades

La nota presentada ante el cuerpo legislativo enumeró doce puntos que describen el escenario durante los fines de semana.

En primer lugar, aseguraron que el boliche “abre sus puertas laterales” durante la noche, dejando que el ruido salga “con facilidad”, lo cual “debería estar totalmente prohibido por la perturbación ambiental”.

Además, sugirieron que “los decibeles de los equipos musicales están por encima de los niveles adecuados”, a la vez que deslizaron que “el Municipio debería controlar frecuentemente por las renuentes denuncias pronunciadas”, mientras que pusieron en duda que el local “esté habilitado en forma legal” a partir de la presunta falta de filtros “para contener el bullicio en su interior”.

Más allá del ruido, el comportamiento de los asistentes al salir del establecimiento fue otro de los ejes de la denuncia. Los residentes reportaron que, tras la finalización de los shows, se produjeron constantes daños a la propiedad privada y desmanes en la vía pública.

Entre los hechos relatados, mencionaron la rotura de vidrios de automóviles estacionados, el esparcimiento de residuos domésticos tras la rotura de bolsas en las veredas y la presencia de suciedad en plazas cercanas, como la ubicada en Del Valle y Murature. “Simplemente falta que ustedes vengan a limpiar”, fustigaron los vecinos en el documento dirigido a las autoridades.

Otro aspecto incluido en la lista fue la “violencia” y el clima de inseguridad que rodeó al local. Según el testimonio de los vecinos, se registraron pedidos de auxilio en las puertas de las casas por parte de jóvenes que denunciaron que fueron golpeados o robados dentro del boliche.

Asimismo, la nota advirtió sobre el consumo de alcohol y estupefacientes y señalaron sobre la presencia de personas durmiendo en las veredas o realizando necesidades fisiológicas en los frentes de las viviendas.

El antecedente

La presentación de abril de 2026 no fue un hecho aislado, sino que se trató de un “segundo reclamo” que buscó dar continuidad a una lucha que comenzó hace años.

En la nueva presentación, los vecinos adjuntaron una copia de una nota similar fechada el 21 de enero de 2019, en la que advirtieron sobre los problemas vinculados al local bailable.

En aquel entonces, los habitantes de la calle Lisandro de la Torre calificaron al negocio como un “agente para el detrimento social” y solicitaron un control más amplio sobre la seguridad y la higiene.

En el primer reclamo se mencionaba la presencia de “disparos de armas de fuego” producto de “corridas vandálicas” que ocurrían al menos una vez cada quince días.

“La inacción ha sido su frecuente cauce”, sentenciaron y apuntaron a la falta de respuestas ante los reiterados pedidos de intervención por ruidos molestos y peleas callejeras.

Al igual que en esta nueva presentación, los vecinos habían aclarado que su intención no era la clausura definitiva del local para no afectar la fuente de trabajo, sino su traslado fuera del casco urbano. En ese momento, habían propuesto como alternativa el Parque Industrial o zonas donde la actividad no perturbe el descanso de otros ciudadanos.

Pasos a seguir

Tras el ingreso al Concejo, el expediente fue girado a la comisión de Derechos Humanos, Género, Garantías y Seguridad, donde tuvo un primer abordaje el miércoles.

Los integrantes del espacio legislativo que preside Noelia Domenighini analizaron el planteo de los vecinos y solicitaron informes a las áreas de Inspección General y Seguridad de la comuna para verificar las denuncias sobre el funcionamiento de Sol Disco.

El caso reabrió el debate sobre la nocturnidad y la zonificación de los boliches. Mientras el expediente inicia su recorrido legislativo, los vecinos de Villa Italia se mantienen a la espera de posibles avances.

Y para cerrar, indicaron que “que gobernar es ordenar y distribuir homogéneamente los recursos y aquí le dejamos una buena obra antes que dejen sus mandatos, la que no puede ser omitida o freezada como los reclamos que anteriormente se realizaron”.

Vecinos de la calle Los Cedros, específicamente entre Los Sauces y Las Acacias, volvieron a manifestar su malestar por el deterioro de la calle y los reiterados anegamientos que sufren cada vez que se registran lluvias, una problemática que —según aseguran— lleva años sin solución.

En diálogo con El Eco, Eduardo Lopez, frentista del lugar que representa al resto de la barriada, comentó que el agua proviene de terrenos ubicados sobre la avenida Pedersen, donde se levantó rusticamente una pila de tierra, que oficia como dique para contener el agua, la cual al acumularse y sobrepasarlo, cae por la inclinación del terreno, trayendo consigo parte del material.

La situación no solo afecta a dicha calle en particular, sino que el arrastre de agua y sedimentos alcanza otras arterias. “Llega hasta Los Ombúes, en la entrada de la universidad; toda la arena de acá termina allá”, detallaron, evidenciando la magnitud del problema.

El vecino indicó que, con el paso del tiempo, el escenario se ha agravado. “Hace un año y medio fácilmente que no pasa la máquina”, señaló, al tiempo que remarcaron que deben realizar tareas por cuenta propia para poder circular: “Cada vez que llueve tenemos que andar rellenando nosotros para poder sacar los autos de nuestras casas”.

El estado de la calle presenta profundos zanjones, piedras y acumulación de sedimentos, lo que genera complicaciones tanto para vehículos como para peatones. “Es un peligro, se puede romper el chasis de los autos, y para la gente mayor es imposible caminar”, advirtió.

En cuanto a los reclamos, afirmaron haber realizado denuncias tanto en el Municipio como en Vialidad, sin obtener respuestas concretas. “Prometen que van a venir, pero no pasa nada. Vivimos así constantemente”, lamentó.

Eduardo, con casi 30 años de residencia en el lugar, sostuvo que la problemática es histórica: “Cada vez que llueve es lo mismo. Vinieron a arreglar un par de veces, pero después pasa más de un año sin mantenimiento”.

Finalmente, refirió que la solución no requiere obras complejas, sino intervenciones adecuadas: mejorar el nivelado de la calle y redireccionar los desagües hacia el arroyo cercano. “Es darle el cauce como corresponde, hacia el arroyo seco. Si no, vamos a seguir igual”, concluyeron.

Vecinos de la avenida Fleming y el barrio Golf manifestaron su disconformidad con el proyecto para la construcción en la zona de un colegio con capacidad para 500 alumnos. En diálogo con El Eco de Tandil, plantearon su mirada sobre las complejidades en el tránsito que la iniciativa podría generar en el lugar, así como también el impacto ambiental si la propuesta avanza.

Los frentistas comunicaron que solicitaron al Municipio acceder al expediente, pero a la fecha no tuvieron respuesta. Además, realizaron una nota para hacer pública su posición, y ya juntaron más de 100 firmas de vecinos.

“Como pocos saben y muchos  desconocen, hay un pedido concreto y muy avanzado respecto de la construcción de un colegio sobre la avenida Fleming en donde fue la casa del escritor Hugo Nario”, indica la nota de los vecinos.

“No cuenta con infraestructura cloacal, la traza existente ya es insuficiente y su planificación ya está mal planteada desde su inicio, sin rotondas ni retomes de tránsito, ocupando sus banquinas los múltiples automóviles que depositan los concurrentes a la magnífica senda de Las Ánimas”, agregaron.

En diálogo con El Eco, los vecinos expresaron, en referencia a las autoridades y representantes locales, que “es increíble que no se toman ni siquiera la molestia de venir, de ver lo que es esta zona en un horario pico de la Universidad”.

En el mismo sentido, hicieron mención al incremento del movimiento vehicular si la construcción del colegio se concreta. “Toda esa gente va a venir junta en los horarios de entrada y salida”, marcaron sobre la posibilidad de que para retomar en dirección al centro de Tandil, los automovilistas deben hacerlo en la rotonda de la Ruta 226, por lo que la iniciativa haría más complejo ese trayecto.

Dudas sobre el proyecto

Como informó este Diario, el Concejo Deliberante evalúa un proyecto para la construcción de un colegio y un jardín de infantes sobre avenida Fleming. La iniciativa pertenece a un desarrollador privado y prevé instalar en el lugar instituciones educativas que ya funcionan en la ciudad.

Los impulsores solicitaron un pedido de excepción por diferencias de poco más de 300 metros cuadrados en el Factor de Ocupación del Suelo (FOS), por lo que el expediente ingresó en la Comisión de Obras Públicas y Urbanización del Concejo Deliberante.

El debate se dilató a raíz de que el bloque de Fuerza Patria elevó un pedido a la Secretaría de Obras Públicas, a los fines de que informe sobre si el financiamiento de la extensión de los servicios sanitarios al predio corresponderá al mismo desarrollador o a la comuna.

La posibilidad de que el proyecto avance motivó la discusión pública no solo por el posible colegio en sí, sino por la transformación integral de la zona. Como se sabe, en el lugar también podría instalarse un emprendimiento comercial. Los casos son diferentes, pero ambos tendrían un impacto sobre toda la barriada, en un área particular de Tandil, con conexión con la Ruta Nacional 226 y  el Campus Universitario, entre otros.

“Una vez que esté el colegio se van a preguntar cómo solucionan la parte urbanística, que no la estudiaron bien de entrada, abriendo calles y rompiendo parte del encanto que tiene este lugar”, señalaron.

“La avenida Fleming es una avenida residencial,  donde se asientan  casas particulares,  que rodean un campo de golf,  que dio denominación a esta zona  de Tandil,  sin infraestructura para absorber flujos masivos, ni emprendimientos de índole comercial. Es uno de los accesos más pintorescos a la ciudad por su entorno natural. Desde la lógica objetiva es evidente la inconveniencia de radicar un colegio en esta zona, es romper la armonía  de un barrio residencial, es alterar un entorno natural, es cambiar su fisonomía, es forzar la deficiente infraestructura”, sumaron por su parte en la nota que elaboraron.

Con una mateada en la estación de trenes de Miramar, vecinos y referentes locales retomaron días atrás el reclamo por la vuelta del servicio ferroviario entre Mar del Plata y esa ciudad balnearia. Aseguran que el ramal es viable, que las vías están en condiciones recuperables y que solo falta decisión política para avanzar.

La última vez que funcionó el servicio fue en el verano de 2013, aunque en aquella oportunidad lo hizo solamente dos veces en enero. Luego de Mar del Plata -desde Constitución-, observaba paradas en Chapadmalal, Otamendi y Miramar.

Según informa en su web LU9 Radio Mar del Plata, este nuevo encuentro fue encabezado por Gustavo Jones, uno de los impulsores históricos de la iniciativa, quien confirmó que continuarán con actividades y que en marzo realizarán una jornada de limpieza en el predio de la estación, actualmente "bastante abandonada".

Durante la reunión los vecinos dialogaron sobre "cómo está la situación actual del ferrocarril", además de abordar problemáticas vinculadas con ocupaciones de viviendas en la salida de Mar del Plata y otras intervenciones en la traza. Según detalló Jones, la estación de Miramar presenta un importante deterioro. Por eso acordaron organizar en marzo una jornada comunitaria para "hacer limpieza y cortar el pasto", como gesto simbólico y también para visibilizar el reclamo por la reactivación del servicio.

De acuerdo con LU9, uno de los puntos centrales del pedido es el estado de las vías. En ese sentido, Jones indicó que hubo al menos dos relevamientos recientes: "Uno lo hizo Trenes Argentinos en 2020 o 2021 y determinó que estaba en buenas condiciones", señaló. Explicó que la traza se encuentra cubierta por maleza y que sería necesario limpiar con maquinaria y reemplazar algunos durmientes dañados, pero "no es un trabajo muy grande ni hay que gastar mucho".

Sin embargo, reconoció que existe un punto crítico en la zona de la avenida 39 y Tetamanti, donde hay construcciones sobre el terraplén y sobre las propias vías. Allí el avance de viviendas genera un "cuello de botella" que requeriría una intervención más compleja. Sobre este punto, Jones sostuvo que hay antecedentes recientes en distintos puntos del país en los que se logró reubicar a familias y recuperar la traza ferroviaria.

Consultado sobre el acompañamiento institucional, Jones aclaró: "No han dicho nada, como que no existiera el reclamo", expresó en referencia a los municipios de General Pueyrredon y General Alvarado. También reconoció que el actual contexto nacional no es favorable a nuevas inversiones ferroviarias. Aunque planteó como alternativa la conformación de una empresa provincial de ferrocarriles, similar a la experiencia de Mendoza, donde el sistema se financia con créditos internacionales a largo plazo.

La movilización realizada en la ciudad esta tarde en contra la reforma laboral que se debate en Diputados, reunió a vecinos docentes, jubilados y jóvenes que expresaron su preocupación por el impacto social y económico que significaría la sanción del proyecto. Con consignas, carteles y testimonios, la protesta se convirtió en un espacio donde distintas generaciones coincidieron en advertir sobre lo que consideran un retroceso en materia de derechos laborales.

Entre los manifestantes estuvo Alicia, una vecina de 82 años que, pese a no estar jubilada, decidió participar pensando en el futuro de los más jóvenes. “Lo que está haciendo este gobierno es retroceder más de 100 años”, afirmó con firmeza. Con la experiencia de haber atravesado distintas crisis, agregó: “Ya lo viví muchas veces y no aprendemos nunca... me da mucha pena que sigan votando estas cosas”. Para Alicia, la historia demuestra que “Todos los derechos se consiguen con luchas; de otra manera es imposible”, y cerró con un llamado a la solidaridad: “Pensemos un poco más en el prójimo y dejemos el individualismo de lado”.

El sector educativo también tuvo una presencia destacada. Lucía, docente y madre de dos hijos que asisten a una escuela pública, cuestionó la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). En su relato puso el acento en la realidad de los jubilados: “Mi mamá es jubilada, gana la mínima. La tengo que ayudar. Su situación es desesperante”, sostuvo, señalando que su caso refleja el de muchos hogares.

Docentes del programa Fines sumaron su voz y manifestaron inquietud por el futuro de los estudiantes adultos. En particular, advirtieron sobre un punto del proyecto que consideran sensible: “Imaginémonos lo que va a ser que las indemnizaciones, según esta ley, van a ser pagadas por el fondo de los jubilados. Es decir, los abuelos van a estar pagando las indemnizaciones de sus nietos”, expresaron, planteando su preocupación por el impacto en el sistema previsional.

La juventud también estuvo representada. Matías, profesor de Juegos Dramáticos graduado este mismo día de la universidad pública, dirigió un mensaje a los legisladores: “Hay que escuchar un poco más la calle; no siempre los discursos son de un solo lado”. Además, defendió el valor del estudio y el trabajo frente a ciertos prejuicios: “Se corre el mensaje que dicen que no queremos laburar... haber trabajado igual y tener la posibilidad de haberme recibido es una manera de demostrar lo que me dio la universidad pública y quiero devolverselo acá en la calle marchando”, señaló, con su cartel de recibido en las manos y las secuelas del festejo aún en su ropa y cabello.

En el cierre de la jornada, Miguel, otro de los vecinos sintetizó el sentimiento compartido por muchos de los presentes al definir el proyecto como un “retroceso para el trabajador” respecto de conquistas históricas. Al evocar la tradición obrera local, recordó: “En la calle también estuvieron los picapedreros; hay que acordarse que acá en 1910 se hizo la huelga grande”. Y explicó su presencia con una frase que se repitió entre los manifestantes: “Salir es trascender”.

Contribuyentes del barrio Garbellini elevaron sus voces por la falta de mantenimiento de lotes baldíos ubicados en la esquina de Trabajadores Municipales y Córdoba. Pastizales que alcanzan casi un metro de altura han contribuido a la proliferación de roedores y otras alimañas, pero además generan inseguridad en la barriada.

Los vecinos expresaron que están cansados de reclamar ante la comuna y solicitaron que el área correspondiente intime a los propietarios para 8 por 29 metros que quedaron afectados al Procrear, aunque desconocen si fueron adjudicados por el programa de créditos hipotecarios.

Los habitantes más cercanos a lo que identifican como un foco de infección afirmaron que nunca tuvieron contacto con propietarios del lugar y aseguraron que, desde que se consolidó el barrio, sólo se cortó el pasto en una ocasión, cuando una cuadrilla de un programa municipal desmalezó pero no juntó los pastos.

Hartos de reclamar, se acercaron a El Eco para darle visibilidad a la situación y exigirle al Municipio que “intervenga de manera urgente” para poner en condiciones la esquina de Trabajadores Municipales y Córdoba.

“En esa esquina los pastizales han crecido en tal forma que no sólo dificultan la visual de los autos y peatones (que se ven obligados a transitar por las calles) poniendo en peligro de accidentes a transeúntes, animales y vehículos, sino también por la cantidad de roedores que tienen los terrenos y la imposibilidad de los vecinos de mantenerlos limpios”, describieron.

Una de las frentistas confirmó que “nos quejamos un montón de veces a la Municipalidad por el Tabi (el chatbot de la web oficial de la comuna) y mandamos fotos. Tienen que cortar el pasto o intimar al dueño, pero no hacen nada, cada vez está peor y está lleno de ratas”.

La mujer contó que decidieron darle visibilidad a la situación porque cada vez es más frecuente cruzarse con roedores, por lo que estimó que entre los pastizales debe haber residuos arrojados por personas desaprensivas que pasan por esa zona.

En paralelo, sostuvo que el estado de esas parcelas contribuye a la inseguridad vial, teniendo en cuenta que impide la visión a los conductores de vehículos, pero además obliga a los peatones a caminar por la calzada en una avenida peligrosa como Trabajadores Municipales.

“Dicen que intiman a los dueños pero no se hacen cargo”, indicó e insistió en que es responsabilidad de la comuna acercar alguna alternativa para mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio y de quienes circulan por esa zona de Tandil.

Otra de las situaciones riesgosas es que los pastizales se transforman en un posible escondite de personas dedicadas al delito o de elementos robados. En ese aspecto, evaluaron que el mantenimiento contribuiría a la prevención de ilícitos, además de minimizar los riesgos sanitarios y de incidentes viales.

Propusieron que un sector de la plaza de O'Higgins y Brandsen se destine a la creación de un “gimnasio a cielo abierto” para fomentar el deporte y prevenir la inseguridad en el lugar.

El proyecto de iniciativa vecinal invita a “ocupar el espacio" de forma positiva”, en concreto en un área de aproximadamente 50 metros cuadrados en la cual se sugiere instalar equipos de calistenia como barras de dominadas y paralelas.

La plaza es utilizada regularmente por grupos de entrenamientos, pero también por turistas, debido a su cercanía tanto con el centro comercial como con El Calvario. Además, se encuentra a metros de la Asociación Tandilense de Ayuda al Discapacitado –ATAD-, por lo que también concurren alumnos y alumnas del lugar.

De acuerdo a lo planteado en el proyecto, la propuesta surgió luego de una consulta a los frentistas del barrio, quienes manifestaron su preocupación por el uso del sector ubicado detrás del arco sur del potrero de la plaza. Por ese motivo, sumaron, los vecinos de propiedades colindantes pidieron no plantar arbustos para evitar zonas ciegas.

El vecino impulsor de la iniciativa recordó que fue también un grupo de frentistas del barrio quienes crearon la plaza de O'Higgins y Brandsen, y que entre fines de los ’80 y principios de los ’90 evitaron que se rematara. Tras el entubamiento del arroyo que pasa por el lugar, y la posibilidad de que el lote se pierda, hubo movilizaciones y diversas manifestaciones públicas que lo impidieron, logrando una ordenanza favorable al respecto.

“Eran tan voluntariosos que habían comprado una cortadora de pastos, hicieron todos los juegos, fue una historia maravillosa”, compartió el vecino. Con ese trasfondo histórico, a partir de la propuesta se planteó que la plaza “podría sumar una nueva fisonomía”. Sería con la construcción de un gimnasio a cielo abierto que podría destinarse a actividades de calistenia, “en un sector estratégico del espacio verde”.

En el marco del proyecto, consideraron también que el mismo no tendría un costo mayor para el Estado municipal, ya que lo necesario para realizar la práctica deportiva no requeriría más que un conjunto de estructuras metálicas.

Además, la propuesta incluye el embellecimiento estético del lugar, a partir de pintar los planchones que delimitan la plaza con murales en homenaje a deportistas destacados de la ciudad y frases motivacionales.

“El proyecto se presenta como una oportunidad tanto para la gestión del Ejecutivo Municipal como para la Responsabilidad Social Empresaria de firmas locales que deseen colaborar con el equipamiento”, agregaron.

Entre otros aspectos, hicieron mención a que los vecinos  alertaron por la acumulación de arena en calle O’Higgins al 100, y que más allá de no haber tenido respuesta al reiterado reclamo, la misma podría utilizarse para la obra propuesta.

Como cada verano, los vecinos de Tarraubella viven sin agua. Tienen conexiones precarias y por eso deben rebuscárselas, cargar botellas durante la noche y acopiar para el día. Pero además, un análisis de la Facultad de Ciencias Veterinarias detectó que el agua a la que acceden es “no apta para consumo”. Por eso presentaron al Municipio el pedido de factibilidad para que Provincia pueda avanzar con las obras de infraestructura que cambiarían la realidad de las familias del barrio.

“Fuimos al Municipio porque Provincia hace la obra y pone la plata. Pero el Municipio tiene que dar el permiso, en Obras Públicas”, compartieron los vecinos, quienes agregaron que los trabajos en cuestión consistirían en una extensión de la red ya existente. Las afectadas por la situación actual son las familias que viven en “el llano”, como denominan al área adyacente a las torres que dieron nombre al barrio. Algunas se instalaron en el lugar hace más de una década, otras algunos años atrás. 

El Eco de Tandil estuvo en el lugar y dialogó con los vecinos. Acceden al agua a través de una conexión precaria -“12 casas de una misma manguera”- , tal como sucede en otros barrios populares de la ciudad. Mediante un plan de obras financiado por Provincia, la zona de las torres pudo formalizar el acceso al servicio. Pero en el llano, las mangueras que se conectan a la red “forman una telaraña” que suelen pasar muy cerca de pozos sépticos. 

Si bien quedarse sin agua durante el verano es un problema habitual para la barriada, el mencionado estudio de Veterinarias fue contundente: arrojó que más del 80 por ciento de las muestras de agua analizadas no son aptas para consumo por dar positivo de contaminación fecal reciente. 

Ese fue uno de los motivos que impulsó a los vecinos a realizar una asamblea y reiterar su pedido al Municipio. Si desde la Comuna otorgan la factibilidad técnica, existe la posibilidad de que Provincia no solo destine fondos a las conexiones intradomiciliarias, sino que también financie la extensión de la red.

“Ahora no hay agua, directamente. En el día no hay, se debe cortar tipo 9. Y viene a la noche cuando estamos durmiendo. Dejamos los tarros y las canillas abiertas para poder rescatar un poco”, contó Damián, que vive con su familia en el llano. Durante los días de año nuevo llevaban una semana y media sin agua. “En el verano no hay, y en el invierno se congelan las mangueras así que hasta el mediodía tampoco”, agregó el vecino.

“Cargamos dos baldes para llenar el termo para bañarnos. Y ponemos botellas en la heladera”, sumaron Mariana, Romina y Natalia, que residen hace más de una década en el lugar. El reclamo por el acceso al servicio, indicaron, se remonta por lo menos desde su llegada al barrio. “Hemos ido a Desarrollo Social en Del Valle, hablamos con las chicas de ahí pero no hemos tenido respuesta. Tampoco con los tanques, que nos dijeron que nos iban a dar pero tampoco. Nos dijeron que iba a venir el aguatero para dejar en los tanques y arreglarnos con eso. Pero no, no tenemos nada. La respuesta es nada”, lamentaron.

Pero a la situación de falta de presión y cortes recurrentes del servicio, se sumó en el último tiempo la confirmación de la contaminación en el agua que las familias utilizan. “El agua pasa por muchos lugares, por los pozos, y por lugares donde hay animales”, marcaron. Desde Veterinarias habían señalado que parte de la problemática también se debe a que las mangueras no están elevadas del nivel del piso, y muchas cuentan con filtraciones.

Parte de las familias recurren a la compra de bidón, en particular después del estudio que determinó que el suministro no es apto para consumo. “La tenemos que hervir y nos dieron unos goteros”, señalaron los vecinos, que a través de la Mesa Barrial accedieron a una charla explicativa de cómo poder proceder para el tratamiento del agua.

“Yo por ejemplo compro bidón, cuatro o cinco bidones de 20 litros. Pero para cocinar sí la hiervo con dos gotitas de lavandina cada un litro”, contó otra vecina. “. La hervimos, o le echamos lavandina, y la dejamos en la heladera. Si no, la dejamos para lavar. Es la única opción que tenemos, porque es el agua que corre, y más aun con estos calores”, agregó.

La solicitud para que el Municipio otorgue la factibilidad, y que Provincia pueda avanzar con las obras se enmarca en la necesidad de un acceso digno al servicio básico. La preocupación vecinal no es solo por el suministro para de consumo, sino por la que utilizan de manera habitual para refrescarse. Parte del paisaje del llano de Tarraubella en pleno verano es el de chicos jugando en piletas de lona, llenas con apenas centímetros de agua.

Una nueva situación interrumpió la tranquilidad de los vecinos de la avenida Rivadavia, en los alrededores del Estadio San Martín. Quienes meses atrás se habían expresado a través de estas páginas con preocupación por el aumento de la inseguridad, en esta ocasión dialogaron con El Eco de Tandil para contar cómo vivieron el día a día con los ruidos molestos ocasionados por la pirotecnia y los bombos en los partidos de fútbol disputados en el recinto municipal.

A través de las redes sociales, con un video que ilustra el estruendo de los fuegos artificiales dentro del predio de Rivadavia al 300, los frentistas expresaron la incomodidad con la que transitan estos días. Para ser más precisos, indicaron que es una situación con la que se enfrentan todos los años en el periodo de octubre a enero. Esta fecha no es casual, ya que coincide con el momento de definición de los campeonatos organizados por la Liga Tandilense de Fútbol.

En este 2025 la diferencia se asentó porque se acumularon las finales del certamen local, en todas las categorías masculinas y femeninas, junto a las presentaciones de las selecciones locales de Primera División y juveniles. Todo eso generó un derrotero de casi dos meses de acción constante que, como consecuencia de los festejos, provocó el inconveniente en los vecinos del Estadio San Martín.

Esta situación llevó a los frentistas a presentarse en el Municipio de Tandil con el fin de solicitar una mediación entre las partes para encontrar una solución. En una nota presentada a principio de semana, solicitaron a las autoridades que “hagan algo para que todos podamos vivir tranquilos. No sirve sacar una ordenanza de Pirotecnia Cero si cuando empieza un partido todos los vecinos tenemos que ser tristes espectadores de que eso no se cumple”.

Además, hablaron de la falta de respeto al vecino que necesita descansar y a quienes padecen problemas de salud que “se sobresaltan con los estruendos”. Por esa razón señalaron que “el deporte es positivo pero no tiene por qué perjudicar a nadie su realización. Queremos evitar la violencia o una vía legal, pero queremos una respuesta”. La nota contó con la firma de más de 12 vecinos.

Al margen de la alteración de la tranquilidad, la principal demanda se basa en la afectación en los estados de las personas que padecen alguna enfermedad, quienes complicaron sus cuadros en cada una de las noches de fútbol. También dedicaron un párrafo a las mascotas, que en algunos casos abandonaron los hogares desorientadas, lo que generó una situación de desazón para quienes pasan sus días con sus animales.

“Nuestras mascotas se encuentran en permanente estado de estrés, lloran, aúllan, intentan esconderse y algunos hasta huyen desorientados. Adultos mayores, bebés, niños, personas con discapacidades, sin ser escuchados ni respetados por la ley”, relataron los frentistas.

Respecto a las legislaciones vigentes, los vecinos recordaron que desde la tragedia de "Cromañón" en 2004, en Argentina se impulsaron leyes y ordenanzas para prohibir o restringir la venta, uso y tenencia de pirotecnia de alto impacto sonoro, con el fin de proteger la salud, el ambiente y la seguridad, especialmente para personas con autismo (TEA), adultos mayores y animales.

Citaron la Ley 15.406 de la Provincia de Buenos Aires, vigente desde 2023, como punto de referencia para la prohibición de venta y uso de fuegos artificiales de alto impacto sonoro en la ciudad y aseguraron que “nadie lo cumple, nadie lo controla”. También indicaron que, ante este incumplimiento, no sirve reemplazar el evento denominado Tandil Brilla con el que se recibía cada año para “intentar aparentar que algo hacen”.

A la hora de adjudicar responsabilidades, apuntaron contra la Liga Tandilense de Fútbol, a quienes compran pirotecnia, a quienes la venden, a quienes asisten al estadio y al Municipio de Tandil. “Mientras tanto sigamos llorando por nuestras mascotas y familiares por quienes no saben celebrar un evento deportivo sin poner en jaque a tantos indefensos. Por todo eso lloramos, y por la ineficiencia que el Tandil soñado predica”, concluyeron.

Con un pedido de respeto y pirotecnia cero, la fecha para la mediación fue establecida para el próximo 5 de enero. Allí se verán las caras los vecinos y los representantes de la Liga Tandilense de Fútbol por primera vez. Según pudo saber este Diario, en una de las tantas jornadas de partidos, algunos frentistas se acercaron hasta el recinto pero no pudieron dialogar con ninguna autoridad. Al mismo tiempo, otros vecinos no recurrieron al diálogo y arrojaron algunas piedras al estadio.

Si bien la intención inicial es llegar a un acuerdo mediante el diálogo, según expresaron tanto en el escrito presentado en la Municipalidad como en contacto con El Eco de Tandil, ya hay algunos vecinos que están contactando a abogados para conocer la factibilidad de llevar el caso a esferas legales. En ese sentido, fueron informados de que deberán esperar hasta febrero, cuando se levante la feria judicial.

Vecinos de la zona de El Calvario, específicamente en las intersecciones de Ituzaingó, Brown y O’Higgins, están realizando un enérgico reclamo ante las autoridades municipales debido a una persistente pérdida de agua que inunda las calles. Esta situación, que se origina desde la vereda de un domicilio particular en la zona, ha sido calificada como insostenible por los afectados.

Según los residentes, desde O’Higgins, casi Payró, emerge agua que circula ininterrumpidamente por el sector las 24 horas del día, los 365 días del año, y que a menudo viene acompañada de olores nauseabundos. Esta problemática, que consideran un problema técnico sencillo de solucionar y que no demandaría una gran inversión, está afectando a más de medio centenar de frentistas.

A pesar de la gravedad y la duración del inconveniente, los vecinos señalan que no han logrado obtener una solución a pesar de haber agotado diversas instancias de comunicación. Entre los avisos realizados se encuentran gestiones a través de Tabi, el chat virtual del Municipio y también en Inspección General, Desarrollo Humano y Hábitat, Obras Sanitarias y la Defensoría del pueblo.

Además, presentaron el caso ante un legislador oficialista y enviaron una carta formal al intendente, pero la respuesta o la acción correctiva no ha llegado. Ante la falta de respuestas, los vecinos han apelado a los medios para solicitar una vez más al Ejecutivo municipal que intervenga rápidamente por el bien del barrio.

Subrayan que tienen el derecho a vivir saludablemente, destacando que en la zona residen niños, abuelos y embarazadas. Los reclamantes manifestaron ser familias trabajadoras que aprecian mucho la ciudad, y recordaron que por el área circulan tanto turistas como estudiantes de otras localidades. Con buena voluntad, argumentan, esta problemática podría encararse de manera sencilla.

Luego de que vecinos de Los Charitos, Smata y Cabildo hayan hecho pública la compleja situación que atraviesan por no contar con cloacas en el barrio –entre otras cosas, viven con aguas servidas que corren por las calles-, desde el Municipio actualizaron los costos de un proyecto que estaba listo desde el año 2023 y harán gestiones con Nación y Provincia para que la iniciativa se concrete.

El Eco de Tandil dialogó con los vecinos quienes se mostraron “entusiasmados” por la primera respuesta a su reclamo. También con el secretario de Planeamiento y Obras Públicas –Luciano Lafosse-, quien se refirió al impacto de los recortes de parte del gobierno nacional en cuanto a obras públicas, y señaló que la Secretaría de Integración Sociourbana –a cargo del referente de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja-, cuenta con fondos asignados para tal fin, pero que al momento no ejecutó.

El funcionario explicó que el proyecto de cloacas para Los Charitos, Smata y Cabildo supone un predio de aproximadamente 30 manzanas. La actualización de costos dio un valor de 643.453.814, 44 de pesos que buscarán que Nación o Provincia financien. En el caso de hacerlo con recursos municipales –estimó-, supondría unos cinco años de asignación completa del Fondo de Obras Sanitarias destinado solamente a esa obra.

-A partir del reclamo vecinal, lo que realizaron desde el Municipio fue actualizar los costos de un proyecto que estaba casi completamente listo a octubre de 2023, ¿Fue así?

-Luciano Lafosse: Nosotros a partir de fines del año 2023 pudimos empezar a contar con un proyecto para todo este sector. Este sector ya estaba destinado como barrio Renabp, con lo cual la Secretaría de Integración Sociourbana financió para la realización de ese proyecto ejecutivo.

En septiembre pasado nos juntamos con vecinos del barrio y les contamos que sí, que teníamos efectivamente ese proyecto. No lo teníamos actualizado al valor, así nos comprometimos en ese momento a dos cosas. Una, a actualizar el presupuesto de ese proyecto de la realización de las cloacas para todo ese polígono que involucra casi 30 manzanas. Cosa que efectivamente hicimos a partir de los primeros días de octubre, y es un presupuesto de 645 millones de pesos casi.

Y también en ese momento nos comprometimos a que, como Municipio no podemos contar con una cifra de esas características, es a que cuando ya tuviéramos el proyecto con el valor actualizado, se iban a hacer las solicitudes pertinentes a Nación, que es quien tiene el compromiso de realizar las obras de infraestructura en barrios, y para ello hasta inclusive cuenta con fondos afectados, que son fondos que vienen de organismos multilaterales de crédito, como es el caso del BID.

Lo que vamos a hacer son las presentaciones en Nación. Lo estuve hablando con el Intendente y está con la voluntad de ponerse a la cabeza del reclamo de la financiación de este proyecto para poder materializarlo.

-¿Por qué si el proyecto estaba listo y hay fondos afectados, Nación no otorgó el dinero para hacer esto antes?

-Cuando nosotros estábamos terminando el proyecto este, fue el último coletazo del gobierno de Alberto Fernández, hubo dificultades económicas y que entiendo se tradujeron en complicaciones políticas, en que no se podía dar demasiada respuesta a estos pedidos.

Mientras tanto, las comunicaciones que nosotros hemos tenido con Nación no han sido muy fructíferas, solamente hemos recibido comunicaciones por parte de Nación en lo que hace a la caída de los distintos convenios que nosotros tenemos firmados. Por ejemplo el caso del Centro de Desarrollo Infantil al cual hoy está el Municipio tratando de terminarlo. O también la baja del convenio de los consultorios externos que tenían ya iniciado y que estamos en un 50 por ciento del avance de obra y que no lo podemos terminar con recursos municipales.

Con lo cual, las intervenciones que nosotros hemos tenido con Nación no tenemos forma de generar un vínculo, además todos sabemos lo que piensa la Nación de las obras públicas que no tienen que hacerlas, que las tienen que hacer otros organismos. Lo cual es una contradicción porque inclusive el día de hoy en la página del PISU -el Programa de Integración Sociourbana- menciona que sigue existiendo el financiamiento por parte del BID.

-Este reclamo de parte del Municipio a Nación, ¿podría haberse hecho antes?

-De hecho, nosotros hemos hecho algunos reclamos. Recién en estos momentos estamos encontrando algunos canales que son canales exclusivamente electrónicos para la presentación de proyectos y lo vamos a hacer ahora.

También entendemos que como es un proyecto en el que tiene algún tipo de vínculo organizaciones sociales que tienen vínculos con Provincia, también vamos a ir a reclamar a la Provincia a ver si tiene los recursos suficientes. Lo que entendemos es que teniendo el proyecto se puede pedir los recursos en distintas puertas.

-¿Pudieron recorrer el barrio? Los vecinos mostraron aguas servidas en la calle, un caño de tres cuartos que lleva agua a toda la zona, una situación compleja...

-Por eso la voluntad de realizar estas obras y por eso también la necesidad de un programa de las características del Renabap que hace que vayan de la mano la regularización dominial con la posibilidad de tener la tenencia definitiva de esos predios para los vecinos y también simultáneamente la realización de estas obras para poder tener la seguridad de que vas a seguir viviendo ahí y a su vez ir construyendo para mejorar el hábitat.

-El reclamo recae ahora sobre el Municipio, pero la plata que está asignada para las obras es Nación quien no la ejecuta…

-Sí, es parte de lo que estamos viviendo. Hay un ajuste que lo vemos en cosas de estas características que son muy grandes o que son altamente costosas pero también lo vemos hasta en cosas muy elementales como es el corte de pasto de una ruta.

Son cuestiones que Nación en función de generar un equilibrio de las cuentas macroeconómicas a nivel nacional se dedica a recortar los servicios, entonces afecta a los servicios entonces el municipio tiene que terminar haciéndose cargo de muchas de las cosas.

En el caso de una obra de estas características obviamente que excede lo que el Municipio puede llegar a tener. Nosotros haciendo una cuenta, y tendríamos que disponer del fondo de obras sanitarias a lo largo de cinco años para poder financiar esta obra y no haríamos ninguna obra de extensión ni de agua ni de cloacas en ningún lado de la ciudad.

En diálogo con El Eco de Tandil, Fátima y José, dos de los vecinos referentes del grupo Los Charitos, Cabildo y Smata, contaron que desde el barrio están “entusiasmados” con los recientes avances tras su reclamo. “Los vecinos están entusiasmados, pero como que siempre se nos ha postergado”, plantearon.

Luego de que desde Obras Públicas les hayan informado de la actualización del costo de la obra de cloacas, elevaron una carta al Intendente Miguel Lunghi para solicitar que interceda ante autoridades provinciales y nacionales para la concreción de la obra, pero también para ponerlo en conocimiento de la compleja situación del barrio.

“Desde el año 1996 que se fueron haciendo reclamos, nunca fueron atendidos y van a estar junto a lo que se presentará a Provincia. La nota fue al Intendente Miguel Lunghi para que acompañe este proyecto, porque está aprobado y no lo queremos perder”, destacaron.

Sumaron también que “es un proyecto totalmente barrial, que no tiene ningún armado político. Es bien del barrio, es el esfuerzo del barrio y por lo que estamos luchando. Ya que se aprobó en el en el 2023, que esto no se pierda, que esto que esto sigue y que se ejecute”.

Vecinos del barrio Procrear se perciben intranquilos y muy preocupados por el incremento de los robos en los garajes de las viviendas. Con cámaras de seguridad privadas y en permanente alerta, han visualizado a grupos de jóvenes que permanentemente violentan portones y se llevan lo que pueden. Entre los principales faltantes figuran motos y bicicletas. En tanto, aseguraron que llaman a la Policía pero no consiguen respuesta inmediata de la patrulla y mucho menos, recorridas preventivas.

Silvina Santos, integrante de la comisión vecinal del Procrear y miembro de los dos grupos de WhatsApp que funcionan en el barrio, contó que enfrentan una ola delictiva. “La realidad es que sentimos que es tierra de nadie, es un desastre”, concluyó en diálogo con El Eco de Tandil y repasó que a principios de año habían atravesado una situación similar, lo que llevó a representantes de la zona a participar del Foro de Seguridad.

Contó que en su casa, ubicada en Calvo al 1300, los hechos se sucedieron en el último mes, siempre durante la madrugada. “Hay un montón de cámaras privadas que observan a grupos de adolescentes que siempre van encapuchados, con gorritas. En mi caso puntual, entraron tres veces. Levantan los portones; ya no hay bisagra que sirva; rompen cadenas. En mi caso tengo el auto y en ese momento tenía una moto. No pasó nada, la perra ladró”.

La vecina lamentó que “ahora le pasó a los chicos de la esquina”, en relación a un robo ocurrido el domingo por la madrugada. En ese hecho, desconocidos violentaron un portón y se llevaron una moto Honda GLH 150cc, con dominio colocado A199YQF.

“Yo estoy en un departamento abajo, pero hay unos compartimentos que van a los departamentos de arriba. Esos son más seguros, tienen una puerta más fuerte”, dijo y señaló que ese tipo de cerramiento no fue impedimento para que entraran y se llevaran la moto.

En tanto, advirtió sobre una “nueva modalidad”, donde los jóvenes pasan por las calles, revuelven la basura y rompen las bolsas. “Uno entiende que quizás sea una necesidad; pero a veces es simplemente maldad”, resumió.

Silvina Santos aseguró que la ola de robos en el Procrear ya afectó a vecinos de distintas cuadras y enumeró que en calle Del Río –paralela a Calvo- la semana pasada se llevaron dos bicicletas; y también violentaron una casa ubicada sobre Marzocca y Sanllorenti.

“Usan la misma modalidad, entran por los portones”, refrendó y agregó que muchos propietarios han reforzado con candados, trabas y cerraduras, pero nada alcanza para detener a los ladrones.

“En mi caso puntual, lo vi por cámaras; fui e hice la denuncia, pero al no haber robo... En la comisaría súper predispuestos”, reconoció y aclaró que “alentamos a todos los vecinos a que denuncien porque realmente lo que necesitamos es que pongan más cámaras. Entendemos que los patrulleros ahora están más limitados, pero está la patrulla Centinela y muchos tenemos la aplicación en uso; pero la realidad es que no se los puede agarrar ni hacer nada”.

En ese sentido, expresó que “no tengo ganas de vivir con miedo. Entonces, te da mucha impotencia el hecho de saber que hubo alguien que entró, revisó, así sea en la puerta de tu casa”, al ratificar que los episodios de inseguridad se producen con ellos durmiendo dentro de los domicilios.

“Nos vamos avisando entre vecinos y estamos en alerta, por eso muchas veces logramos ahuyentarlos”, relató.

Consultada sobre la reacción de las fuerzas de seguridad cuando llaman por la presencia de estos grupos, fue contundente: “La policía no viene, no hay móviles, no vemos el Centinela cerca tampoco”.

Refirió que los propietarios se despiertan por los ruidos de los portones violentados, observan las cámaras, llaman a la policía y alertan en el grupo de WhatsApp. Sin embargo, no logran que la policía, que cuenta con apoyo del Centro de Monitoreo, intercepte a los autores.

En igual sentido, consignó que se reiteran los mensajes de los vecinos que advierten situaciones y llaman a la policía, pero el patrullero no llega. Mientras tanto, prenden luces y gritan para que los jóvenes se dispersen sin cometer ilícitos.

La vecina lamentó que por las noches no tienen derecho a descansar ni relajarse. “La verdad es que es una pena porque pretendemos ser un barrio tranquilo”, dijo y apostó a que se lograría “con un poco de seguridad”.

Añadió que “somos todos vecinos laburadores, como todo el mundo, y no está bueno que con total impunidad, entren, se lleven una moto, una bicicleta. Uno de los vecinos pedía por favor, era su medio de trabajo, labura con la moto. En este último mes fueron un montón los casos y siempre con la misma metodología: vienen en grupitos y no se los puede identificar porque están encapuchados, o son menores”.

Frente a la inseguridad reinante en el barrio, los vecinos integrados en la comisión del Procrear van a solicitar una reunión con autoridades de la Secretaría de Protección Ciudadana. El objetivo es plantear acciones de prevención de los hechos de inseguridad y vandalismo para poder recuperar la calma.

En ese sentido, ratificó que entre los damnificados, “muchos van, hacen la denuncia, pierden tiempo; pero sí sabemos que para que se haga algo tienen que estar las denuncias. Eso es real”, y reiteró que sería interesante que la policía pudiera contar con más capacidad de respuesta.  

A través del Decreto Nº 3145/2025, publicado en el Boletín Oficial Municipal, el Municipio de Tandil resolvió desestimar el reclamo administrativo presentado por una vecina, que había denunciado daños a su automóvil durante un procedimiento de secuestro vehicular realizado el 28 de junio de 2025.

El caso se originó cuando el vehículo de la vecina, que se encontraba en posesión de su hija, fue secuestrado por agentes de tránsito en el marco del Acta de Infracción N° 042452 (causa 320070/25). Durante el traslado, el rodado sufrió daños al desengancharse de la grúa municipal, hecho que motivó el reclamo por parte de la propietaria.

La vecina intimó al Municipio mediante Carta Documento Andreani N° 4240179-4, solicitando el ingreso con personal técnico para constatar los daños y reclamar la eximición del pago por acarreo y guarda, además del resarcimiento por daños materiales, morales, psicológicos, lucro cesante y daño emergente. También pidió que se instruyera una investigación sobre la actuación del personal interviniente, denunciando supuestos malos tratos hacia su hija ante la justicia penal (I.P.P. N° 2996/25).

En el expediente electrónico EX-2025-00167449-MUNITAN-DCV#SPC, consta que el Director de Control Urbano Vehicular informó mediante IF-2025-00167525-MUNITAN-DCV#SPC que el siniestro fue denunciado ante la aseguradora Federación Patronal Seguros S.A.U., bajo el número 102-4-505646, dejando constancia de los daños visibles en la parte delantera del automóvil. Asimismo, indicó que desde el área se autorizó el ingreso con una persona especializada para evaluar el vehículo y que la titular fue eximida del pago de traslado y estadía.

Posteriormente, se verificó que la denunciante retiró el vehículo el 17 de septiembre de 2025, según la Nota NO-2025-00210315-MUNITAN-DCV#SPC, sin que se le aplicaran cargos, dado que el siniestro fue reconocido como “destrucción total”.

El Municipio también informó que el hecho fue denunciado ante la aseguradora Mercantil Andina S.A., compañía de la propia reclamante, la cual confirmó la existencia de cobertura por daños totales mediante la Póliza N° 015667303 y la denuncia de siniestro N° 5-0103-384-0051 del 4 de julio de 2025. La empresa comunicó que el trámite se encontraba en gestión y que la falta de pago de la indemnización respondía a documentación pendiente de presentación por parte de la titular del vehículo.

En los considerandos, la administración comunal concluyó que, si bien se verificó la ocurrencia del hecho —el desenganche del vehículo durante su traslado—, no se acreditó responsabilidad directa del Municipio, dado que el riesgo estaba cubierto por pólizas de seguro tanto de la comuna como de la interesada. Además, se señaló que no existió negligencia ni omisión por parte del personal municipal, ya que el siniestro fue denunciado en tiempo y forma, se permitió el acceso solicitado, y se eximió a la vecina del pago de los costos asociados.

Respecto de la denuncia penal por presuntos malos tratos y abuso de autoridad, el Municipio informó que se dispusieron actuaciones presumariales, conforme a la Ley N° 14.656 y el Convenio Colectivo de Trabajo N° 09/2019, con el fin de determinar posibles responsabilidades administrativas o disciplinarias del personal interviniente.

Finalmente, con el dictamen favorable de la Dirección de Asuntos Legales de la Secretaría Legal y Técnica, que aconsejó la desestimación del reclamo indemnizatorio, el intendente interino Juan Pablo Frolik dictó el Decreto Nº 3145/2025, refrendado por el secretario de Gobierno, Miguel Ángel Lunghi (H), disponiendo su publicación en el Boletín Municipal y la notificación correspondiente a la interesada.

Un vecino de Villa Laza hizo público su reclamo para que sus dos sobrinos diagnosticados con esquizofrenia sean internados en Salud Mental y reciban una atención prolongada. Se trata de un caso de larga data, marcado por el hecho de que los chicos de 26 y 28 años produjeron reiterados casos de violencia en el barrio e incluso exhibicionismo, de acuerdo al relato del propio vecino. Este realizó una campaña de firmas y obtuvo la adhesión de más de 100 frentistas de la zona. El pedido expone la necesidad de contar con dispositivos públicos que permitan la continuidad de tratamientos tras las externaciones.

“Quiero que sean atendidos como corresponde. Acá en Salud Mental me dijeron que la atención era ambulatoria, o sea que más de quince o veinte días no van a estar, hasta que se estabilicen y se van para su casa. Estos chicos necesitan una atención prolongada por todo lo que está pasando”, transmitió el vecino, de nombre Vicente.

De acuerdo a su relato, sus sobrinos –hijos de su hermana- fueron diagnosticados con esquizofrenia unos ocho años atrás, tras una pérdida familiar. “Hasta ahí eran chicos normales. Jugaron al fútbol en Ferro y en Grupo, uno de ellos hacía artesanías de madera. Eran chicos normales y de a ratos son chicos normales pero de a ratos no. Y eso es lo que nos preocupa. Por la vida de ellos, por la vida de mi hermana y mi sobrina y de todo su entorno, hasta vecinal”, señaló.

Según lo que contó Vicente, sus sobrinos comenzaron a involucrarse y producir situaciones de violencia. “Estos hechos violentos se vienen repitiendo desde hace cuatro años atrás. Pero ya están muy agresivos, hasta el límite que ya mi hermana se tuvo que ir de la casa”, precisó. Entre otros aspectos mencionó que los jóvenes arrojan piedras por el barrio y hasta amedrentaron a otros vecinos con cuchillos, fierros y elementos punzantes.

“Me duele”

Vicente relató además que observa que si bien sus sobrinos se encuentran bajo tratamiento, la medicación no logra estabilizarlos. “Le hace efecto unos días y después ya no. Mientras estaban internados los chicos las toman diariamente y salen calmos”, explicó. Por los reiterados hechos de violencia, él mismo colaboró con su hermana para construir una pieza apartada de la vivienda que compartían. 

En busca de una respuesta a la situación de su familia, Vicente recorrió diferentes instituciones, desde Salud Mental hasta el Juzgado de Familia, Fiscalía y comisarías. “Ya no se puede más. Escuché el reclamo de los vecinos, y el tema es la vida de mi hermana. Y hasta la de ellos mismos, porque incluso se golpearon entre sí, y ya están al límite de pasar a una desgracia”, sumó.

Vicente agregó que los mismos vecinos le habían planteado desde hace tiempo la complejidad de la situación. Tras recorrer diversos organismos judiciales y sanitarios  comenzó una campaña de firmas por la que ya obtuvo la adhesión de más de un centenar de frentistas del barrio que se sumaron a pedir una intervención que permita abordar el caso.

Si bien el Juzgado de Familia había emitido una orden para la internación de uno de los hermanos, la concreción de la medida llevaba por lo menos 72 horas de demora cuando se produjo otro hecho de violencia. Al concurrir la Policía al barrio, Vicente les facilitó la orden con la que contaba y poco después el menor de sus sobrinos fue internado.

Sin embargo, el reclamo por un tratamiento profundo continúa. “Van a buscarlos pero están quince días y después salen más enojados, lamentablemente es así, y me duele”, contó. El caso de Vicente expone la situación de muchas otras familias de la ciudad que no pueden acceder a tratamientos prolongados que permitan brindar una continuidad a las intervenciones del Sistema Público.