El Municipio de Tandil rechazó el reclamo administrativo presentado por un vecino que solicitó el reintegro de los gastos derivados de la rotura de un neumático de su automóvil, en un episodio que atribuyó al estado de la calzada en la intersección de Hudson y Los Tamarindos.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto Nº 3161/2026, firmado el 14 de octubre por el intendente Miguel Lunghi, luego de analizar los informes técnicos y la documentación aportada por el reclamante.

El hombre había denunciado que el hecho ocurrió el 11 de abril de 2026, alrededor de las 10.20, cuando circulaba con su Ford Ka por ese sector de Tandil. Según su presentación, el daño se produjo por un descalce o desperfecto en la transición entre la calle arenada, el badén y el inicio del cordón cuneta.

Sin embargo, el Ejecutivo consideró que los elementos reunidos durante el trámite administrativo no permitían establecer una relación causal suficiente entre la irregularidad detectada en la vía pública y el daño denunciado.

Para evaluar el reclamo, intervino la Dirección General de Vialidad, que inspeccionó el sector señalado. Según el informe incorporado al expediente, el cordón cuneta se encontraba en buen estado de conservación, sin roturas ni patologías visibles, mientras que la calle Hudson presentaba condiciones generales adecuadas de transitabilidad.

No obstante, el área técnica identificó un leve descalce puntual en la transición entre el tramo arenado, el badén y el comienzo del cordón cuneta, en la esquina indicada por el vecino.

El informe advirtió que la posibilidad de que esa irregularidad provocara un daño como el denunciado dependía de distintas variables, entre ellas, la velocidad de circulación, las maniobras realizadas y el ángulo de contacto del neumático con el cordón.

Esas circunstancias no pudieron verificarse con la información disponible. Además, el área técnica señaló que, a velocidades acordes con las de circulación en una calle arenada urbana, eran bajas las probabilidades de que se produjeran daños de la magnitud descripta, aunque no fue posible confirmar ni descartar de manera concluyente la mecánica del episodio.

Entre los elementos aportados por el vecino había fotografías del sector y del vehículo con un neumático aparentemente dañado. Sin embargo, el Municipio entendió que esas imágenes no documentaban el momento del hecho ni permitían determinar el punto de contacto del neumático con la calzada o el cordón cuneta.

Tampoco permitían establecer el estado previo del neumático ni las condiciones concretas en las que se habría producido el episodio.

En el decreto se indicó que la proximidad entre la irregularidad constatada y el daño denunciado constituía un indicio atendible, pero insuficiente para acreditar que el desperfecto del vehículo se hubiera originado en ese lugar y como consecuencia del estado de la vía pública.

Asimismo, se señaló que la afirmación del reclamante acerca de que circulaba a baja velocidad no estaba corroborada por elementos independientes. El Ejecutivo aclaró que esa observación no implicaba atribuirle una conducta inadecuada, sino que las condiciones de circulación no habían podido determinarse a partir de las pruebas reunidas.

Si bien la documentación permitía conocer los importes correspondientes a los conceptos cuyo reintegro se pretendía, tampoco se consideró acreditado que todos esos gastos derivaran del episodio denunciado.

Otro de los fundamentos de la resolución estuvo vinculado con la eventual responsabilidad municipal por el mantenimiento de la vía pública.

El decreto sostuvo que la irregularidad detectada no bastaba para acreditar una falta de servicio, ya que no se había podido determinar su antigüedad, evolución o entidad en relación con las condiciones de circulación, ni establecer que respondiera a una deficiencia de conservación imputable al Municipio.

En ese sentido, el Ejecutivo planteó que el deber municipal de mantener las calles en condiciones adecuadas no constituye una garantía absoluta frente a cualquier irregularidad, sino que la atribución de responsabilidad requiere demostrar una deficiencia concreta y su relación causal con el perjuicio denunciado.

La Dirección de Asuntos Jurídicos Administrativos de la Secretaría Legal y Técnica aconsejó desestimar la presentación por considerar que no estaban acreditados los presupuestos necesarios para atribuir responsabilidad patrimonial a la Municipalidad de Tandil.

Finalmente, mediante el artículo primero del Decreto Nº 3161/2026, el intendente resolvió rechazar el reclamo administrativo del denunciante y dispuso notificar formalmente al interesado.

La situación en la calle San Lorenzo al 1400 se ha vuelto insostenible para los vecinos, quienes desde hace cuatro años mantienen un reclamo constante ante las autoridades municipales y la Defensoría del Pueblo. 

El conflicto central gira en torno a un sauce de gran porte que, según los residentes, ha provocado el levantamiento de la vereda y daños estructurales en el asfalto, además de afectar las cañerías subterráneas. 

La preocupación de los frentistas se ha intensificado debido a que la vivienda donde se ubica el ejemplar se encuentra deshabitada tras el fallecimiento de su propietario, dejando a la comunidad sin un interlocutor directo que pueda hacerse cargo del mantenimiento del espacio.

Los vecinos detallaron a El Eco los inconvenientes que generan las raíces y las ramas del árbol en cuestión. Indicaron que en cada jornada de lluvia se profundiza el inconveniente, ya que la deformación del terreno provoca una acumulación de agua que impide el tránsito normal por la zona. 

Según relataron, los peatones se ven obligados a desviar su camino o regresar sobre sus pasos al no poder sortear los charcos que se forman, una problemática que afecta especialmente a personas con movilidad reducida. 

En este sentido, los habitantes del barrio recordaron una ocasión reciente en la que debieron asistir a una mujer que circulaba en silla de ruedas, quien no podía superar el obstáculo generado por la infraestructura deteriorada.

El impacto en la vida cotidiana es constante. Los residentes explicaron que, cuando llueve, el agua estancada alcanza niveles que dificultan incluso el descenso de los vehículos, ya que los conductores no pueden estacionar cerca del cordón sin quedar sumergidos en el agua acumulada. 

A esto se suma el riesgo que representan las ramas durante los días de viento, lo cual genera temor entre quienes transitan habitualmente por la cuadra. La falta de mantenimiento y la ausencia de una solución definitiva han convertido a este sector de la calle San Lorenzo en un punto de conflicto permanente para los vecinos, quienes ven cómo el deterioro de la calzada avanza sin que se implementen medidas correctivas eficaces.

Ante las reiteradas denuncias presentadas ante la Municipalidad, la única intervención realizada por las autoridades fue una poda superficial del ejemplar hace tiempo, una medida que los vecinos calificaron de insuficiente. 

Tras insistir con la presentación de notas, fotografías y videos que documentan el estado del árbol y los daños en la vía pública, los vecinos lograron que personal de la Dirección de Parques y Paseos se acercara al lugar para realizar una inspección técnica. 

Sin embargo, la respuesta recibida por parte del organismo fue negativa respecto a la solicitud de extracción del árbol, argumentando que el ejemplar se encuentra en condiciones estructurales sanas y que, bajo la normativa provincial vigente, no es posible proceder a su remoción.

Los vecinos manifestaron su profundo malestar ante esta respuesta, cuestionando los argumentos esgrimidos por los funcionarios. Según expresaron, desde el área técnica se mencionó un supuesto "contexto histórico" del árbol para justificar su permanencia, un argumento que los residentes rechazaron categóricamente al asegurar que el ejemplar tiene menos de 30 años de antigüedad. 

Para los habitantes de la zona, esta justificación carece de sustento real y no aborda el problema de fondo: la destrucción progresiva de la vereda y el asfalto. La comunidad insiste en que, más allá de la salud del árbol, la prioridad debe ser la seguridad y la transitabilidad de los vecinos, factores que hoy se encuentran gravemente comprometidos.

La frustración de los vecinos se acrecienta al notar que la situación empeora con el paso de los meses. La rotura de una caja de servicios en la zona agravó el panorama, generando una pérdida de agua continua que se suma a los problemas de drenaje durante las precipitaciones. 

La exigencia es clara: los vecinos solicitan la extracción del árbol y la reparación urgente del asfalto y la vereda. Argumentan que, aunque el árbol fuera retirado, el daño estructural ya existente en la calzada requiere una obra de reparación inmediata para evitar accidentes y mayores complicaciones para los peatones y conductores que circulan por San Lorenzo al 1400.

Desde hace un tiempo a esta parte se instaló en la agenda pública una preocupante problemática: la crisis de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (hoy OSFA, antes Iosfa). La situación involucra recortes en las prestaciones y complicaciones que se replican en todo el país, y de la cual Tandil no es la excepción.

Una vecina afiliada a la obra social dialogó con El Eco y contó su caso, uno de los tantos entre los más de 3500 afiliados con los que OSFA cuenta en la ciudad. Gabriela espera desde hace dos años por una prótesis de rodilla, y al momento no obtuvo respuesta para poder acceder a la práctica.

Pero además, la afiliada dio cuenta de otras preocupantes situaciones: según lo que transmitió, hay militares tandilenses que deben trasladarse a Mar del Plata para realizarse diálisis u otros tratamientos complejos. En los últimos días, también se cortó la cobertura para medicamentos en farmacias locales.

“Hace dos años que estamos sin obra social, esa es la realidad. Y no solamente en Tandil, los militares de Fuerza Aérea y el Ejército de la ciudad, sino también de Azul y Olavarría. El tema es la obra social, pero también el Círculo Médico”, planteó Gabriela, la vecina que relató su situación.

“No puedo caminar, estoy todo el tiempo con dolor. Y entre el hueso y la rodilla no tengo nada, por eso necesito la prótesis”, señaló la afiliada, quien ya cuenta con varias operaciones y problemas derivados de una rotura de meniscos.

Crisis en la obra social militar

Desde que le indicaron la necesidad de operarse, la vecina realizó reclamos y averiguaciones respecto a la posibilidad de contar con cobertura para la práctica. En los últimos días solicitó ser derivada al Hospital Militar Central, pero le transmitieron que la obra social no cuenta actualmente con recursos para hacerlo. 

A lo largo de estos últimos dos años, precisó, la cobertura en general fue intermitente: “Había momentos en los que había obra social, y que el Círculo Médico te cubría, pero no cubría el Sanatorio. Ahora me enteré que ya no hay deuda con el Sanatorio, pero que el Círculo Médico no quiere arreglar”, señaló.

La vecina consideró que la crisis en la obra social militar se remonta a cuando gestiones nacionales anteriores agruparon las coberturas de cada fuerza. Hasta ese momento, sostuvo, “era una muy buena obra social”.

Pero desde entonces, la situación empeoró. A nivel local se llevaron a cabo manifestaciones de trabajadores de la oficina de la obra social en la ciudad advirtiendo por el “vaciamiento” de la cobertura. La problemática se replicó en diferentes localidades y provincias, y el caso tomó estado público.

En ese marco el gobierno nacional anunció la división de Iosfa y la creación de OSFA. Pero todavía se define su puesta en marcha, con una problemática central: la deuda que la obra social mantiene con prestadores y que asciende a 200 mil millones de pesos.

En los últimos días, Nación anunció que OSFA comenzaría a cancelar dicha deuda. Sin embargo, en la oficina local hay sospecha. De hecho, también recientemente se confirmó el corte de la cobertura en farmacias a nivel local, que se sumó a otras medidas similares en diferentes ciudades.

El pasado miércoles 30 de septiembre se sumó un capítulo al tema. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), llevó a cabo una toma de la sede nacional de OSFA. Fue en el marco de un reclamo para exigir la continuidad laboral de trabajadores de la entidad. La medida de fuerza tuvo un resultado positivo: las autoridades de la obra social extendieron los contratos del conjunto de las fuentes laborales hasta el 5 de febrero próximo.

La toma se realizó tras el anuncio de despidos, pero también del cierre de 13 hoteles y dos recreos ubicados en ciudades como Mar del Plata, Córdoba y Bariloche que pertenecían a OSFA. Luego de la manifestación, también se anunció la continuidad laboral de los trabajadores de las entidades turísticas. Los contratos del personal afectado se extendieron por 60 días.

En el último tiempo se instaló en la agenda pública de Tandil una problemática preocupante: la proliferación de estafas por la venta de lotes bajo la figura de condominios en Zona Protegida. Se trata de una modalidad para la que la ley vigente no permite la subdivisión de los terrenos, por lo que los compradores no pueden luego acceder a su título de propiedad. 

Pero atrás de cada operación irregular hay historias, y un vecino estafado mediante la compra de un lote bajo la modalidad condominio dialogó con El Eco y contó la suya: vio el terreno por Marketplace, y hasta firmó el boleto en una inmobiliaria céntrica con certificación de escribano. 

Todo parecía en regla, pero una vez concretada la compra, y por otros casos que se hicieron públicos, comenzó a desconfiar. Consultó al Municipio y confirmó su sospecha: le mostraron un mapa de Tandil y le dijeron que el lugar forma parte de la Zona Protegida, y que no se puede subdividir. 

“Lo cuento para que a otro no le pase”, dijo el vecino, que prefirió no dar a conocer su nombre. Su caso es uno de tantos por los que el Concejo Deliberante aprobó recientemente un proyecto presentado por el concejal Rogelio Iparraguirre, que estableció que los vendedores deben contar con un Certificado de Aptitud Urbanística para que los compradores tengan información concreta de qué puede hacerse y qué no en cada lugar.

El caso vuelve a poner la lupa sobre la efectividad de los controles municipales. Si bien desde la Comuna informaron que sumaron agentes para relevar este tipo de posibles operaciones, lo cierto es que el lote en cuestión continúa siendo ofrecido a la venta por internet. 

Si bien el tema tomó relevancia en los últimos meses, no se trata de algo nuevo. Los loteos irregulares bajo la modalidad de condominio en Zona Protegida vienen siendo denunciadas desde hace tiempo por la Asamblea por la Preservación de las Sierra: uno de los lugares señalados fue el de unos terrenos ubicados a metros de la avenida Juan B. Justo, en la zona de La Elena. Un lote de ese lugar fue el que compró el vecino que contó su historia.

El vecino buscaba un lote por dos motivos, a modo de inversión y para contar con un espacio verde propio. Había visto otras opciones en diferentes zonas, hasta que dio en Marketplace con un terreno de poco más de 500 metros cuadrados en la zona de La Elena y se decidió a ir a conocerlo.

Escribió al número que figuraba en el sitio y concretó una visita. En el lugar lo esperaba un vendedor quien le informó de la modalidad de la venta: el valor total del terreno –sin gas y sin agua- era de alrededor de 20 mil dólares con una parte a pagar en cuotas. Si bien otras ofertas se encontraban en precios similares –incluso con acceso a servicios- la posibilidad de financiamiento terminó de definir al vecino. El único servicio con el que cuenta la zona es con luz, y algunos lotes ya cuentan con postes y medidores.

La transacción se hizo en una inmobiliaria céntrica. “No te da a dudar. Me dieron el sobrecito, todo, ¿Qué me iba a imaginar?”, contó. 

En paralelo a la compra y por publicaciones en diarios y portales empezaron a conocerse casos de estafas por ventas bajo la modalidad condominio: el más resonante fue el de calle Israel, donde luego de un pedido de informe de Fuerza Patria la Justicia de Faltas ordenó demoler casas, y otro también en la zona de La Helena, donde hubo un vecino agredido.

Entonces el vecino empezó a sospechar. Escribió un correo electrónico al área municipal de Catastro: “Me contestaron que era un loteo irregular y que no se podía subdividir”, relató.

Al enterarse de los pormenores de la situación en la que estaba envuelto, el vecino fue en persona a Obras Públicas. “En mesa de entradas me mostraron un plano enorme que tiene la zonificación, pero no te dan mucha información”, sostuvo.

A su vez se dirigió también a la inmobiliaria. “Esta persona me dijo como que a él no lo querían en el Municipio y que por eso le ponían trabas, y que la mitad de Tandil no está declarado, y que esto era un proceso que a la larga iba a salir. Las cosas irregulares no me gustan así que le pedí la seña”, señaló.

Con el paso del tiempo, el vecino tomó contacto con otros compradores. Algunos de ellos ya contaban con postes de luz habilitados por la Usina, e incluso habían comenzado a construir.

Sin embargo, a través del diálogo con ellos conoció que la situación variaba en cada caso. “Yo había firmado por cuotas, pero algunos otros pagaban otros montos, porque hay gente muy necesitada. Cualquier cosa le venía bien”, marcó en referencia al vendedor.

El caso del vecino no llegó a instancia judicial, y pese a las demoras, le fue devuelto lo que había pagado a modo de seña. Sin embargo, relató su historia con el ánimo de informar y prevenir a otros posibles compradores. Mientras tanto, en sitios en línea se siguen ofreciendo terrenos del mismo loteo, aunque ahora el valor es de 15 mil dólares. “Lote en oportunidad”, dice la publicación al alcance de todos.

El Municipio rechazó un reclamo administrativo presentado por un vecino, quien había solicitado la restitución de una motocicleta que había sido secuestrada preventivamente por personal del Programa Centinela y posteriormente constatada como faltante del corralón municipal.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 2812/2026, firmado el 14 de septiembre, en el que el Ejecutivo analizó tanto la situación del rodado como la legitimidad del hombre que había realizado la presentación.

Según surge del expediente, la motocicleta era una Mondial LD 110 MAX, que había sido secuestrada el 7 de diciembre de 2025 en la intersección de Actis y Argerich, en el marco de la causa contravencional 326968/25, tramitada ante el Juzgado Municipal de Faltas N° 2.

El denunciante sostuvo que, luego de realizar las gestiones necesarias para obtener el levantamiento del secuestro, tomó conocimiento de que la moto ya no se encontraba en el corralón municipal y que habría sido sustraída del establecimiento.

Por ese motivo, solicitó que se le entregara el rodado o, en caso de no ser posible, que el Municipio abonara su valor. También pidió la anulación de la multa vinculada con la causa contravencional.

Durante la investigación administrativa se determinó que el 18 de diciembre de 2025 la Dirección de Control Urbano Vehicular había constatado el faltante de la motocicleta.

El expediente identificó el rodado mediante su cuadro —8CMML11A1R212224— y su número de motor —CVRA00A162388—. También dejó constancia de que, al momento del secuestro, la moto no tenía colocado el dominio.

Posteriormente, el 30 de diciembre, el Juzgado Municipal de Faltas N° 2 libró el oficio mediante el cual se levantaba el secuestro. En esa oportunidad se presentó el titular registral de la motocicleta, pero no pudo concretarse el retiro debido a que el vehículo ya no se encontraba en el depósito.

Ante esa situación, se realizó una denuncia policial en la Comisaría Tercera de Tandil, identificada como FD00001494-0364976/2025.

La historia tuvo un nuevo giro el 17 de enero de 2026, cuando la motocicleta fue recuperada. Con intervención de la Comisaría Tercera, el rodado fue entregado a quien era el tenedor y encargado del depósito donde se encontraba al momento de su recuperación.

De acuerdo con el Municipio, desde entonces la moto quedó a disposición para ser retirada.

Además de considerar que la motocicleta había sido recuperada, el Ejecutivo puso el foco en quién había presentado el reclamo.

El reclamo había sido presentado y firmado por un vecino quien no figuraba como titular de la motocicleta ni había presentado un poder, autorización, mandato u otro instrumento que demostrara que estaba habilitado para actuar en representación del verdadero titular.

Tampoco se encontró documentación que acreditara que el denunciante en cuestión tuviera un derecho propio sobre el vehículo o un interés jurídico personal que le permitiera reclamar una indemnización por su eventual pérdida.

Por ese motivo, el Municipio entendió que el presentante no tenía legitimación para reclamar en nombre propio la entrega del vehículo ni una compensación económica por su valor.

A la falta de legitimación se sumó otro elemento determinante para la resolución.

La pretensión original se había basado en la ausencia de la motocicleta y buscaba, en primer término, su restitución y, subsidiariamente, el pago de su valor. Pero el rodado había sido recuperado y se encontraba nuevamente a disposición para su retiro.

Para el Ejecutivo, esa circunstancia modificó sustancialmente el escenario que había dado origen al reclamo.

En consecuencia, consideró que la cuestión había devenido abstracta, ya que había desaparecido el presupuesto fáctico sobre el cual se sustentaba el pedido de restitución o resarcimiento.

El decreto recordó que los pronunciamientos de la Administración deben referirse a cuestiones concretas y actuales.

Distinta fue la situación respecto del pedido para anular la multa correspondiente a la causa contravencional 326968/25.

En ese punto, el Municipio señaló que cualquier planteo relacionado con la procedencia, revisión o cobro de la multa debía ser realizado por quien estuviera legitimado ante el Juzgado Municipal de Faltas N° 2.

Ese organismo es el que tiene competencia para resolver las cuestiones vinculadas con la causa contravencional.

Con esos fundamentos, la Dirección de Asuntos Jurídicos Administrativos de la Secretaría Legal y Técnica consideró que correspondía desestimar el reclamo.

Finalmente, mediante el Decreto 2812/2026, Miguel Lunghi rechazó formalmente la presentación del vecino, al considerar que el pedido referido a la restitución o al resarcimiento había devenido abstracto y que, además, el reclamante no había acreditado legitimación para formularlo. La resolución dispuso también notificar al interesado y archivar posteriormente las actuaciones.

Vecinos de los barrios Mirage y Metalúrgico, Villa Galicia y Villa Italia Norte pidieron recuperar el recorrido original del colectivo blanco, luego de que comenzara a regir un nuevo esquema para la línea.

Durante la mañana del martes 22 presentaron su reclamo a la comisión de Transporte y Tránsito del Concejo Deliberante, donde les manifestaron que derivaron su reclamo al Ejecutivo, ya que se encuentra vigente la emergencia del transporte, y que ellos mismos pueden también plantear su petición ante el Intendente.

Como el cambio en la línea 502 tuvo que ver con la necesidad de que el transporte pase por el Jardín 928, los vecinos explicaron que no pretenden dejar sin servicio al establecimiento, sino no perder como barriada la conexión con escuelas, hospitales, comisarías y otras instituciones.

“Hay una vecina que vive en Lunghi y Doering, que va al Sanatorio. Antes lo tomaba a media cuadra de su casa, y ahora tiene que ir a tomarlo a Duffau y Magallanes, son como trece cuadras que hace”, transmitió Paula, una de las representantes barriales que formó parte de los vecinos que presentaron el reclamo ante la comisión de Transporte.

Más de 120 firmas

“Somos vecinos de Mirage/Metalúrgico , Villa Galicia y Villa Italia Norte los que les pedimos por favor que vuelva el colectivo blanco a su recorrido de Lunghi y Doering , Doering y Lisandro de la Torre , Doering y Figueroa , Maritorena y Ugarte , Maritorena y Quintana que son las 5 paradas de nuestros barrios”, expresaron los frentistas en un pedido que reunió más de 120 firmas.

“Desde los 3 barrios te pedimos que no nos dejen solos, vos que sos vecino y sabes que el  blanco es algo fundamental para nosotros por favor necesitamos  que vuelva el recorrido original del colectivo”, sumaron.

Cabe recordar, la modificación del recorrido de la Línea 502 se hizo efectiva a partir del pasado lunes 14 de septiembre. Fue luego de que el Concejo Deliberante aprobara el cambio, que además de intervenir sobre el trayecto, incorporó paradas.

“Nos dejó a los tres barrios sin poder volvernos, sin el colectivo por cualquier urgencia, para ir al Hospital de Niños, Salud Mental, Sanatorio. Son un montón de complicaciones”, lamentaron.

Uno de los puntos a partir del cual se estableció la modificación del recorrido fue la necesidad de que el servicio pasar en cercanías del Jardín 928. Sin embargo, los vecinos que presentaron el pedido no pidieron quitarle esa posibilidad a la institución, sino que se contemple la creación de dos alargues especiales en horario escolar.

“La idea es que siga pasando por el jardín, no queremos exclusividad del recorrido”, planteó Paula.

“No pedimos que dejen al jardín 928 sin recorrido. Que hagan un alargue para ese jardín solo en horario escolar. Serían solo un par de colectivos nada más para las entradas de las 8 y las 13 y para las salidas de las 12 y las 17”, propusieron.

“A la opción que hay (siempre hablando en horarios específicos que es donde todos los necesitamos), el colectivo azul viene saturado desde Cerro Leones y La Movediza y no para. Han dejado a muchos esperando dos o tres colectivos porque  vienen llenos y no pueden parar y además no es el mismo recorrido”, explicaron.

“Nos perjudicaron, nunca vinieron al barrio a ver el movimiento y ver los cientos de vecinos que han dejado a pie sin tener ningún tipo de consideración. Somos tres barrios”, concluyeron.

El cambio del recorrido, informaron desde el Municipio de Tandil, fue aprobado oportunamente por el Honorable Concejo Deliberante y alcanza al recorrido Blanco A-B La Porteña – Centro – Hospital – Maggiori, cuya cabecera de origen se encuentra en Arrillaga y avenida Juan B. Justo y que tiene como destino final el Parque Industrial.

La modificación también contempló el recorrido Blanco Alargue Granja, destinado especialmente a mantener la conectividad de la comunidad educativa de la zona rural con la Escuela Agrotécnica Nº 1 “Ramón Santamarina”.

La preocupación por la inseguridad en el barrio Don Bosco alcanzó un punto crítico. Ante la reiteración de hechos delictivos, un grupo de 150 familias decidió conformar un foro vecinal para reclamar respuestas concretas a las autoridades.

La problemática fue abordada en La Mañana, programa que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1, donde los vecinos José Luis Rato, David Regairas y Lorena Candia expusieron la situación de desprotección que atraviesan.

David Regairas, uno de los impulsores de la iniciativa, explicó que la zona experimentó un importante crecimiento demográfico durante los últimos años y consideró necesario actualizar las políticas de seguridad.

“Empezamos a organizarnos para sugerir respuestas y pedir soluciones a las autoridades, que al día de hoy no han dado una respuesta al problema”, señaló.

El área delimitada por el foro comprende desde la rotonda del Dique hasta el complejo Don Bosco, incluyendo sectores próximos a la calle Alemania y la zona de la sierra.

José Luis Rato, comisario retirado y vecino del sector, brindó un análisis sobre las limitaciones que enfrenta la Policía en Tandil. Según explicó, la Comisaría Primera, encargada de cubrir cinco cuadrículas, no cuenta con los móviles ni el personal necesarios para garantizar una prevención efectiva.

“La Comisaría Primera, que es la cara visible de la ciudad, está situada a dos cuadras del Municipio y le ingresan no más de cinco efectivos por día de servicio”, detalló.

El excomisario remarcó que la prevención constituye uno de los principales déficits actuales.

“A mí no me sirve que la Policía llegue después de que ocurrió el hecho. Tandil ha perdido una cantidad muy importante de efectivos policiales en los últimos años”, afirmó.

Los vecinos también señalaron que, luego de hechos de gran repercusión pública, suelen reforzarse los patrullajes durante un período determinado, pero posteriormente esos recursos son retirados y el sector vuelve a quedar expuesto.

Además de la inseguridad, los residentes plantearon deficiencias de infraestructura que dificultan la vida cotidiana y también complican la llegada de los móviles policiales.

Lorena Candia, vecina de la zona desde hace 18 años, relató las dificultades que genera la falta de señalización en algunas calles.

“Muchas calles no tienen nombre y hay arroyos que cortan el paso. Me ha pasado de tener que guiar yo misma al móvil policial para que lleguen a un lugar”, contó.

El foro también presentó reclamos formales ante el Municipio por la falta de iluminación en calles transversales y la necesidad de realizar podas correctivas para mejorar la visibilidad.

A estos planteos se suma la preocupación por el tránsito en la avenida Don Bosco. Los vecinos advierten que, pese a tratarse de una zona urbana con una velocidad máxima permitida de 60 kilómetros por hora, algunos vehículos circulan a velocidades que consideran peligrosas, especialmente para deportistas y familias que transitan por el sector.

Frente a este escenario, la comunidad comenzó a organizarse para implementar medidas de prevención. Recientemente, ante la propuesta de una empresa privada, más de 100 familias se inscribieron en un sistema de alarmas vecinales en menos de una semana.

“Es un dato alarmante que marca la necesidad de sentirse un poquito más seguros”, sostuvo Candia.

Los representantes del foro aseguraron que continuarán realizando gestiones ante las autoridades municipales y policiales mediante notas formales respaldadas por las firmas de los vecinos.

Los integrantes del grupo remarcaron que su objetivo es recuperar la tranquilidad y garantizar que los niños y las familias puedan circular por el barrio con mayor seguridad.

“Queremos que se entienda que somos gente de bien que solo busca soluciones. Vamos a seguir trabajando todo lo que sea necesario, utilizando las vías legales correspondientes para que el barrio Don Bosco reciba la atención que merece”, concluyeron.

El Municipio rechazó un reclamo administrativo presentado por una mujer que había solicitado un resarcimiento económico por los daños que, según denunció, sufrió uno de los neumáticos de su vehículo al circular en Pinto al 400.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 2817/2026, firmado el 14 de septiembre, a partir de una presentación realizada por una vecina, quien había señalado que el hecho ocurrió el 21 de abril de este año, alrededor de las 15.25.

De acuerdo con su relato, la vecina circulaba por Pinto, a la altura aproximada del 459, en inmediaciones de una parada de colectivos. Según manifestó, se encontraba aguardando el arribo de una unidad de la línea 500 en la que se trasladaba su hijo cuando impactó contra un pozo existente en la calzada.

Como consecuencia del impacto, afirmó que se produjo la rotura del neumático delantero derecho de su Fiat Siena 1.4 ELX Active,  por lo que inició un reclamo administrativo para obtener una compensación económica.

La presentación incluyó fotografías del sector de la calzada y del neumático dañado, documentación personal y del vehículo, constancias de cobertura de seguro, una factura correspondiente a la compra de cuatro neumáticos —de fecha 21 de enero de 2026— y presupuestos relacionados con la eventual reposición de la cubierta.

Uno de los elementos analizados durante el expediente fue el estado de la calzada. La Dirección General de Vialidad realizó una constatación y confirmó la existencia de un hundimiento del empedrado en calle Pinto, en la intersección con Yrigoyen.

El informe ubicó la irregularidad específicamente en el sector de transición y delimitación con la dársena de hormigón destinada al arribo del transporte público. En el punto de mayor afectación, el desnivel alcanzaba aproximadamente los cuatro centímetros.

Sin embargo, Vialidad advirtió que la eventual producción de un daño podía depender de diferentes variables, entre ellas la velocidad a la que circulaba el vehículo, las maniobras realizadas y el ángulo de contacto entre el neumático y el borde de la dársena.

Para el Ejecutivo, la existencia de esa irregularidad no alcanzaba por sí sola para demostrar que el daño denunciado hubiera sido provocado en ese lugar.

El decreto sostuvo que las fotografías aportadas mostraban, por separado, el sector de la vía pública y un neumático dañado, pero no permitían establecer que la cubierta perteneciera al Fiat Siena identificado en el reclamo, que estuviera colocada en ese vehículo al momento del episodio ni que su deterioro hubiera sido consecuencia del hundimiento de la calzada.

Otro de los elementos considerados fueron las imágenes del Centro de Monitoreo local.

A partir del reclamo, la Subsecretaría de Protección Ciudadana puso a disposición de la Dirección interviniente las grabaciones correspondientes al lugar, la fecha y la franja horaria señalados por la reclamante.

Según se desprendió del análisis realizado por el Municipio, en esas imágenes no se observó ningún automóvil que reuniera las características del vehículo denunciado ni una maniobra compatible con el episodio relatado durante el período indicado.

El decreto aclaró que la ausencia del vehículo en las grabaciones no fue considerada, por sí sola, como una prueba concluyente de que el hecho no hubiera ocurrido. Sin embargo, fue valorada junto con otros elementos: la falta de una constatación contemporánea del supuesto daño y las limitaciones de las fotografías para acreditar la pertenencia del neumático, su ubicación y la mecánica de la rotura.

En ese marco, el Municipio entendió que no se había logrado demostrar con el grado de certeza requerido que el hecho hubiera sucedido el 21 de abril, a las 15.25, en el lugar indicado y bajo las circunstancias descriptas.

El decreto también incorporó otro elemento al análisis: el lugar en el que, según la presentación, se encontraba la conductora.

El relato de la denunciante ubicaba el episodio frente a una parada de colectivos, mientras que el informe de Vialidad situaba el hundimiento en el sector de transición con la dársena destinada al transporte público.

A partir de ello, el Municipio citó el artículo 49, inciso b), apartado 3, de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, aplicable en la provincia de Buenos Aires mediante la Ley 13.927.

Esa normativa establece restricciones para estacionar sobre la calzada y en los diez metros anteriores y posteriores a las paradas del transporte de pasajeros, y dispone que en esos sectores tampoco se admite la detención voluntaria.

Por ese motivo, el Ejecutivo señaló que, aun tomando como válido el relato de la reclamante respecto de que esperaba la llegada del colectivo, la permanencia voluntaria o maniobra de espera dentro del espacio funcionalmente reservado al transporte público resultaba contraria a las reglas de circulación y estacionamiento.

El decreto aclaró que esa circunstancia no reemplazaba la falta de acreditación del hecho ni del vínculo causal, pero que debía ser considerada al analizar integralmente la conducta desplegada y la mecánica denunciada.

Con todos esos elementos, la Dirección de Asuntos Jurídicos Administrativos de la Secretaría Legal y Técnica concluyó que no correspondía hacer lugar al reclamo.

El Municipio consideró que no estaban acreditados la ocurrencia del hecho en las condiciones denunciadas, la concreta mecánica mediante la cual se habría producido el daño ni el nexo causal entre la rotura del neumático y una acción u omisión atribuible a la Municipalidad.

En consecuencia, mediante el Decreto 2817/2026, Miguel Lunghi resolvió desestimar el reclamo administrativo presentado por la vecina  y dispuso que la Secretaría Legal y Técnica notificara la decisión a la interesada y procediera posteriormente al archivo de las actuaciones.

Un vecino de la zona de avenida Colón compartió con este medio un video y un mensaje donde manifestó su preocupación por el estado de la cartelería de colectivos luego del arreglo de las veredas del lugar.

Hace varias semanas, y meses, que el Municipio, junto a la Cámara Empresaria de Tandil, vienen trabajando en el lugar para darle un nuevo impulso a la zona comercial. La primera intervención, en avenida Colón entre avenida España y Garibaldi, fue presentada hace algunos días.

🤳 Preocupación de vecino de la zona de avenida Colón por el estado de la cartelería de la parada de colectivos tras el arreglo de veredas del lugar pic.twitter.com/6aXi6n4YrM

La preocupación crece en el barrio Villa Aguirre, donde los vecinos comenzaron a autoconvocarse ante una seguidilla de hechos de inseguridad que alteraron la tranquilidad histórica de la zona. La problemática fue expuesta durante La Mañana, programa que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1, cuando una vecina relató el complejo escenario que atraviesan los residentes.

Según detalló la entrevistada, el barrio, caracterizado por ser un lugar donde todos se conocen, sufrió un cambio drástico en los últimos tiempos. “Estamos muy preocupados. Fue un barrio muy tranquilo, todos nos conocemos, somos gente de años, pero últimamente estamos teniendo una ola de robos que es tremenda”, expresó. La angustia se apoderó de las familias, que optaron por instalar cámaras de seguridad particulares ante la sensación de desprotección.

Los hechos delictivos adoptaron modalidades que generan gran temor, especialmente durante la madrugada. La vecina explicó que los ladrones ingresan a las viviendas por los techos mientras los moradores se encuentran durmiendo. Además, señaló que los comercios también fueron blanco de robos y mencionó el caso de un kiosco que funciona las 24 horas, donde sustrajeron mercadería. “Ya no podemos vivir tranquilos, estamos con temor, no tenemos seguridad, necesitamos algo urgente”, enfatizó.

Según el testimonio brindado en el programa, el punto crítico es la falta de iluminación adecuada, lo que genera condiciones de inseguridad para quienes deben transitar a pie, en bicicleta o en moto, sobre todo durante la madrugada, cuando los trabajadores se dirigen a sus empleos.

Respecto de la presencia de las fuerzas de seguridad, la vecina manifestó que el patrullaje es insuficiente. “Yo veo que la única pasada que hacen es por la colectora, porque es la única entrada que tiene Villa Aguirre, pero después, durante la noche, es muy escaso”, sostuvo. Asimismo, reclamó que, ante la presencia de personas sospechosas merodeando las viviendas, los efectivos intervengan y realicen controles preventivos.

Aunque existen cámaras del sistema de monitoreo en el sector del puente, los residentes aseguran que su eficacia es limitada frente a la frecuencia de los robos. “Me he enterado de chicos que han cruzado el puente y los traen corriendo para robarles la billetera o carteras, y ahí está la cámara y no pasa nada”, lamentó la mujer.  Agregó que, pese a los esfuerzos individuales por registrar los movimientos, los responsables actúan con total impunidad.

Ante este panorama, los residentes decidieron comenzar a movilizarse para elevar sus reclamos ante la Secretaría de Protección Ciudadana. La intención es coordinar acciones conjuntas para visibilizar la problemática y exigir una respuesta concreta que permita recuperar la tranquilidad del barrio. “Nos vamos a juntar entre todos para ver qué podemos hacer”, concluyó la vecina, dejando en claro que la comunidad no está dispuesta a acostumbrarse a vivir con miedo.

Vecinos del pasaje Fournier, en pleno centro de Tandil, volvieron a manifestar su preocupación por una serie de situaciones que, según denunciaron, se repiten desde hace años en inmediaciones de la Plaza de la Música y las Artes. El último episodio ocurrió durante la tarde del sábado, cuando, de acuerdo con el relato de los frentistas, un grupo de aproximadamente 30 jóvenes que circulaba en bicicleta desprendió por completo uno de los portones de hierro del espacio público.

El hecho ocurrió en el final del pasaje, a unos 50 metros de 9 de Julio. Las imágenes compartidas por los vecinos muestran la estructura metálica desprendida y caída sobre uno de los accesos a la plaza.

Sin embargo, remarcaron que lo ocurrido el sábado no constituye un episodio aislado. “¿El problema comienza hoy? Claro que no”, expresaron al hacer público el reclamo y aseguraron que desde hace años deben convivir con hechos de vandalismo, ruidos molestos, gritos, corridas y roturas de vidrios.

También señalaron la presencia habitual de grupos numerosos de jóvenes en bicicleta que realizan maniobras que consideran peligrosas y denunciaron episodios de agresividad hacia los frentistas. Según indicaron, la problemática se profundiza especialmente durante los períodos de receso invernal y las vacaciones de verano.

“Sobre este pasaje convivimos comerciantes, profesionales de la salud, viviendas familiares, entre otros, y esto nos está afectando en nuestra calidad de trabajo, nuestras economías y nos pone en riesgo de ser lastimados, atropellados o insultados”, plantearon.

Reclamos y cuestionamientos por la respuesta

Los vecinos aseguraron que el último reclamo colectivo ante el Municipio se produjo durante el verano pasado, cuando alrededor de 40 personas presentaron una nota que posteriormente fue derivada al área de Protección Ciudadana.

De acuerdo con su relato, la respuesta demoró varias semanas y no derivó en una reunión formal para abordar la problemática. Incluso señalaron que una de las vecinas concurrió en tres oportunidades durante un mes y medio para solicitar novedades.

Según sostuvieron, desde el área municipal caracterizaron la situación como un “conflicto vecinal” y manifestaron que no podían intervenir. Los frentistas cuestionaron además que, entre las alternativas que recibieron, se les habría sugerido intentar dialogar con los padres de los menores involucrados.

“Los vecinos ya no sabemos qué hacer”, expresaron y aseguraron que recurren habitualmente a la Policía frente a los distintos episodios.

En ese sentido, indicaron que los agentes de tránsito les explicaron que no cuentan con facultades para secuestrar las bicicletas en estas circunstancias, mientras que, según su relato, la intervención policial también encuentra limitaciones por tratarse de menores de edad.

Los vecinos describieron además que, ante la llegada de los efectivos, los grupos suelen retirarse rápidamente en bicicleta y advirtieron que en esas ocasiones se producen maniobras a alta velocidad que generan riesgos para peatones y automovilistas, particularmente sobre 9 de Julio.

Un nuevo episodio que profundizó el malestar

El hecho registrado el sábado volvió a poner la situación en primer plano. Según denunciaron, alrededor de 30 jóvenes arrancaron el portón de la Plaza de la Música y las Artes y posteriormente se retiraron a alta velocidad y en contramano por 9 de Julio.

Para quienes viven y trabajan en el sector, el daño ocasionado al espacio público terminó por profundizar un malestar que, aseguran, se acumula desde hace tiempo.

“Esto es diario, estamos cansados de la falta de respuesta municipal. ¿Cuánto más tenemos que tolerar?”, concluyeron los vecinos, que volvieron a reclamar una intervención que permita encontrar una solución a la problemática y recuperar condiciones de tranquilidad y seguridad en el pasaje Fournier.

El Municipio de Tandil desestimó un reclamo administrativo presentado por un vecino que solicitaba una indemnización por los daños materiales y las lesiones que, según manifestó, había sufrido luego de que una rama de un árbol cayera sobre su vehículo.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto Nº 2489/2026, firmado el 12 de agosto, a partir de la presentación realizada por un vecino, quien había denunciado el episodio ocurrido al arribar a su domicilio de calle Azucena al 1800 a bordo de un Ford Fiesta 1.6, modelo 2007.

De acuerdo con lo expuesto en el expediente, el vecino sostuvo que una rama se desprendió de un árbol y cayó sobre el rodado, ocasionándole distintos daños materiales. También reclamó por lesiones personales que habría sufrido como consecuencia del episodio.

Sin embargo, luego de analizar la documentación incorporada al expediente, el Ejecutivo municipal entendió que no se encontraban acreditados los elementos necesarios para atribuir responsabilidad patrimonial a la comuna.

Uno de los principales argumentos estuvo relacionado con la prueba presentada. El decreto señaló que, si bien el reclamante había acompañado fotografías, documentación y presupuestos vinculados con los daños, esos elementos no permitían establecer con suficiente certeza las circunstancias en las que se produjo el hecho.

En particular, se indicó que las fotografías no contaban con fecha cierta, georreferenciación u otros elementos objetivos que permitieran vincular la rama fotografiada con el árbol señalado ni los daños del vehículo con el episodio denunciado.

También se cuestionó la documentación utilizada para justificar los costos de reparación. Según el Municipio, los presupuestos y las impresiones obtenidas de Mercado Libre podían acreditar valores de reparación o reposición, pero no permitían demostrar que esos daños hubieran sido consecuencia de la caída de la rama.

Otro de los aspectos considerados estuvo relacionado con la mecánica del episodio. El decreto señaló que tanto ante la Administración como ante su compañía aseguradora el reclamante había atribuido los daños a la caída de una rama sobre la parte superior del vehículo.

Sin embargo, además de los daños en esa zona, se habían reclamado desperfectos en los amortiguadores, el tren delantero y el paragolpes.

Para el Ejecutivo, no existían elementos técnicos que permitieran establecer una relación entre esos daños y la caída de la rama, lo que generaba incertidumbre respecto del vínculo causal entre el episodio denunciado y la totalidad de los perjuicios reclamados.

Una situación similar fue planteada respecto de las lesiones personales. Aunque el vecino había presentado constancias de atención médica y fotografías, el Municipio consideró que no se había incorporado un informe médico legal o una pericia que permitiera relacionar esas lesiones de manera directa con el hecho denunciado.

Más allá de las dificultades para acreditar la mecánica del episodio y los daños, el decreto estableció otro argumento central para rechazar el reclamo: el árbol no formaba parte del arbolado público municipal.

Según un informe de la Dirección General de Espacios Verdes Públicos, el ejemplar se encontraba emplazado dentro de un inmueble de propiedad privada.

En ese sentido, el Municipio sostuvo que los árboles ubicados en terrenos particulares son responsabilidad de sus propietarios, quienes deben realizar las tareas de mantenimiento, poda o extracción que resulten necesarias.

El Ejecutivo señaló que la normativa provincial sobre arbolado público, junto con las regulaciones locales, no establece para la Municipalidad obligaciones de mantenimiento, conservación o custodia respecto de ejemplares ubicados en inmuebles privados.

El reclamante había realizado posteriormente nuevas presentaciones en las que sostuvo que el árbol se encontraba parcialmente sobre la vereda pública y parcialmente sobre un terreno privado, además de señalar que sus ramas invadían la calzada.

También había planteado que el Municipio debía ejercer tareas de vigilancia sobre el ejemplar y ofreció prueba testimonial.

No obstante, la Administración consideró que esos argumentos no modificaban la situación jurídica del árbol, al entender que su emplazamiento correspondía a un inmueble privado y que la Municipalidad no era su propietaria ni ejercía sobre él funciones de uso, dirección, control o aprovechamiento.

El decreto también hizo referencia al Código Civil y Comercial de la Nación, particularmente a los artículos 1757 y 1758, que establecen un régimen de responsabilidad objetiva por el riesgo o vicio de las cosas y determinan la responsabilidad concurrente del dueño y del guardián.

Desde la perspectiva municipal, al no ser propietaria del árbol ni ejercer sobre él su uso, dirección o control, la comuna no reunía las condiciones para ser considerada guardiana del ejemplar.

Por ese motivo, el Ejecutivo concluyó que no se había demostrado una falta de servicio municipal ni el incumplimiento de un deber jurídico concreto que pudiera comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado.

Finalmente, el Decreto Nº 2489/2026 dispuso desestimar el reclamo administrativo presentado por el vecino y ordenó notificarlo a través de la Secretaría Legal y Técnica, para posteriormente archivar las actuaciones.

Un vecino de la calle Massini al 400 alertó sobre el peligroso estado de la calzada, donde un pozo de gran profundidad afecta la normal circulación y pone en riesgo a los conductores. El reclamo se canalizó a través de AMA, la herramienta de inteligencia artificial desarrollada por El Eco de Tandil para fortalecer el vínculo con la comunidad y brindar una vía rápida de comunicación ante las problemáticas urbanas.

Según precisó el denunciante, el bache atraviesa todo el ancho de la calle, lo que obliga a automovilistas y motociclistas a realizar maniobras bruscas o frenar casi a cero para evitar impactos severos. A pesar de la magnitud del desperfecto, el vecino aclaró que hasta el momento no se registraron daños materiales de gravedad ni accidentes personales, aunque advirtió que la situación representa un peligro inminente.

El problema se ve agravado por las condiciones ambientales de esa zona del barrio. El pozo se encuentra permanentemente con agua, lo que oculta su verdadera profundidad a la vista de quienes circulan por el lugar. Esta acumulación de líquido no responde únicamente a las precipitaciones, sino a la abundante vegetación que caracteriza a la cuadra: las copas de los árboles impiden que la luz solar seque la humedad, manteniendo el terreno inestable.

Al tratarse de una grieta que ocupa toda la extensión transversal, no existe posibilidad de esquivarlo. Esta situación, además del daño potencial en el tren delantero o los neumáticos, incrementó el temor de los frentistas por posibles choques por alcance entre quienes transitan desprevenidos.

La utilización de la plataforma AMA permitió que la queja llegara de forma inmediata a la redacción para visibilizar una situación que preocupa a las familias del sector. Este sistema de asistencia ciudadana fue diseñado por El Eco de Tandil para procesar las inquietudes de los tandilenses y darles un tratamiento periodístico profesional, actuando como un puente directo entre el vecino y la agenda pública.

El Concejo Deliberante respondió a vecinos de calle Los Huesos, quienes habían denunciado que un loteo podría provocar la inundación del barrio. Desde la comisión de Obras Públicas y Urbanización les informaron a los frentistas que el proyecto inmobiliario debió modificarse y les brindaron detalles de la nueva propuesta. 

Por su parte los vecinos continúan con el seguimiento del caso y presentaron documentación a Hidráulica de Provincia, donde crearon un expediente por la denuncia. Desde la Dirección bonaerense les transmitieron a los frentistas que funcionarios del área asistieron al lugar para llevar a cabo una inspección.

La denuncia de vecinos de calle Los Huesos tomó estado público a comienzos de mayo pasado. “Nos hicieron un dique”, plantearon entonces en diálogo con El Eco. Fue en referencia al loteo impulsado por la Asociación para la No Automedicación entre las calles Pedersen, La Merced, Segundo Sombra y Chapaleofú. Cabe recordar, desde el gobierno local confirmaron que el expediente en cuestión se encuentra aprobado.

Los frentistas compartieron con este Diario su preocupación, mostrando cómo  –luego de la elevación del nivel de calles públicas y de los terrenos que se proyectan lotear-, quedaron “abajo”, en un área inferior incluso que un caño de desagüe pluvial.

Por tal motivo presentaron notas al Ejecutivo local y al Concejo Deliberante. A fines de julio pasado, desde la comisión de Obras Públicas y Urbanización transmitieron la respuesta, con precisiones sobre el futuro del proyecto y las modificaciones realizadas.

La nueva propuesta

“Tras recibir la nota presentada por Ud. y los vecinos linderos al proyecto de urbanización correspondiente al loteo Asociación por la No-Automedicación, se solicitó al Departamento Ejecutivo información al respecto”, marca la respuesta emitida desde la comisión de Obras Públicas.

En la nota, los concejales explican que el pasado 12 de mayo recibieron al secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, y al director Gral. de Vialidad, Mauro Ortega “quienes relataron los hechos cronológicamente hasta llegar a la aprobación del proyecto de loteo”.

El punto central de la respuesta del Legislativo hace referencia a la preocupación vecinal por posibles inundaciones. “En base al eje crítico y principal punto de debate, las autoridades explicaron que, sobre la propuesta original de manejo de los escurrimientos se debieron realizar modificaciones ya que no fue posible obtener las cesiones y autorizaciones necesarias para ejecutarla”.

El planteo vecinal

En diálogo con El Eco en mayo pasado, los vecinos habían manifestado su preocupación por el loteo. “El proyecto no contempla que la calle Los Huesos es existente. Es una calle consolidada, con la mayoría de sus lotes construidos con viviendas unifamiliares de ocupación permanente que se construyeron legalmente con planos presentados en la Municipalidad de Tandil”, señalaron entonces sobre una de las principales objeciones a la iniciativa.

Los frentistas ya tenían conocimiento de ciertas modificaciones con respecto al proyecto original, pero al respecto marcaron que  las cotas previstas forzarían la necesidad de que los terrenos circundantes tengan que elevarse, y “las viviendas actualmente construidas quedarían en una situación relativa más baja”.

“En el plano no sólo figura ´Calle a abrir´, sino que en ambos proyectos presentados y aprobados en la municipalidad proponen rellenarla entre 18 y 20 cm o quitarle relleno para cambiar el sentido de la pendiente, dejando algunos de nuestros frentes por debajo de la línea de vereda”, sumaron al hacer pública la denuncia.

Por el tema también fueron consultados funcionarios del Ejecutivo local, quienes plantearon que  la iniciativa no modificará la escorrentía de la zona, que el lugar ya sufrió inundaciones con anterioridad y que el expediente está aprobado.

La Municipalidad de Tandil dispuso el pago de una indemnización de 175.928 pesos a un vecino que sufrió daños en su vehículo como consecuencia del desplazamiento de un cordón de vereda provocado por el crecimiento de un ejemplar de fresno.

La medida quedó establecida mediante el Decreto Nº 2429/2026, firmado el 5 de agosto por Miguel Lunghi y el secretario de Servicios Públicos, Claudio Fuentes.

Según se detalló en el expediente administrativo, el reclamo fue presentado por un vecino, propietario de un automóvil Fiat Cronos. De acuerdo con las actuaciones realizadas por distintas áreas municipales, los daños se produjeron en la cubierta delantera izquierda del vehículo.

Un informe elaborado por la Dirección General de Espacios Verdes Públicos constató que el desperfecto fue ocasionado por el desplazamiento del cordón de la vereda en Quintana al 800, situación atribuida al crecimiento de las raíces de un fresno ubicado en ese sector.

Posteriormente, la Dirección de Compras y Suministros analizó los presupuestos incorporados al expediente y concluyó que los valores presentados se ajustaban a los precios de mercado vigentes al momento de iniciarse el trámite. El organismo estimó los daños en 175.928 pesos.

A partir de esa evaluación, las partes firmaron el 20 de julio un convenio de compensación mediante el cual la comuna se comprometió a abonar esa suma en concepto de resarcimiento único, total y definitivo por el hecho denunciado.

El decreto también consignó que el vecino manifestó su conformidad con el acuerdo alcanzado y renunció a efectuar futuras denuncias, reclamos o acciones judiciales contra la Municipalidad vinculadas con el siniestro.

De esta manera, la normativa autorizó a la Contaduría General a emitir la correspondiente orden de pago para concretar la indemnización.

La situación que atraviesan los vecinos del barrio Arco iris y sectores aledaños, como el barrio San Juan, fue expuesta en el programa La Mañana, que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1. Azucena, vecina y referente de la biblioteca Paula Albarracín de Sarmiento, relató la angustia que viven las familias ante cada temporal, señalando que la falta de una intervención hidráulica integral convierte a las calles en verdaderos ríos.

“Donde más se siente el correr del agua, que parece un río, es en la calle Américo Reinoso y Quintana”, explicó la vecina. Según detalló, el problema se agrava por la topografía del lugar, ya que el barrio se encuentra en una ladera de bajada que recibe el caudal proveniente de la ruta 226, la calle Quintana y la avenida Lunghi, sumado al agua que baja desde el barrio Movediza.

La vecina enfatizó que esta problemática no es nueva, sino que persiste desde la creación del barrio en la década del 80. Aunque el sector ha crecido y se ha urbanizado, la infraestructura de drenaje no ha acompañado ese desarrollo. “Las bocas de tormenta están tapadas e inútiles totalmente. No es el pésimo entubamiento, sino que simplemente se llenaron de tierra y arena que trae el agua”, sostuvo.

El impacto en la vida cotidiana es profundo. Según el testimonio brindado en el programa, los vecinos no solo sufren daños materiales en sus viviendas, sino que también ven afectada su movilidad. “Si no tenés vehículo, realmente se complica muchísimo más. La gente que manda sus hijos a la escuela 14 o a la salita padece todo eso”, describió, remarcando que quienes no cuentan con transporte propio deben caminar por veredas anegadas o embarradas.

El debate actual en el ámbito político gira en torno a la autorización de un crédito para financiar estas obras hidráulicas. Mientras algunos sectores de la oposición cuestionan las condiciones del préstamo, los vecinos subrayan la urgencia de una solución definitiva. “Si vivieran acá, yo creo que estarían preocupados y deseosos de recibir ese crédito como lo estamos todos los vecinos de esta zona”, afirmó Azucena.

La vecina recordó que, a lo largo de los años, diversos funcionarios han prometido la obra, pero la realidad es que el municipio debe intervenir de manera constante tras cada lluvia con maquinaria pesada para retirar piedras, arena y escombros. “Es una deuda pendiente. Deberían haber entregado el barrio con esa obra para no tener estos problemas”, sentenció.

El crecimiento demográfico de la zona ha hecho que cada vez más familias se vean afectadas por el desborde del agua. La construcción de nuevas viviendas, como las 24 unidades entregadas recientemente en la calle Catamarca, no ha venido acompañada de las mejoras hidráulicas necesarias, lo que, según la vecina, condena a los nuevos residentes a padecer la misma situación.

“Cada vez que llueve, el municipio viene con sus máquinas, recoge la tierra, la arena y las piedras que trajo el agua y limpia los laterales de la calle. Pero esto es un río”, concluyó, haciendo un llamado a la responsabilidad de los dirigentes para que se priorice esta intervención que, de haberse realizado años atrás, habría evitado el desgaste y el costo que implica el mantenimiento constante ante cada tormenta.

Los vecinos de la zona del pasaje 1ero de Mayo, comprendida entre las calles Belgrano y Pinto, atraviesan días de extrema tensión debido a una seguidilla de robos e intentos de ingreso a domicilios particulares y comercios. Los frentistas, que han comenzado a organizarse para intentar prevenir nuevos episodios, advirtieron que la situación se ha vuelto insostenible y que la sensación de vulnerabilidad es constante en el día a día.

Una vecina del sector, quien prefirió mantener su identidad bajo reserva por motivos de seguridad, relató la angustia que atraviesa el barrio ante la falta de soluciones concretas. Al respecto, la mujer manifestó:

“Hubo un par de reuniones presenciales para ver qué se hacía, porque muchas veces se llama la policía, no vienen, no sabemos por qué. No sabemos si es zona liberada o qué. Es terrible. Uno no sabe en qué momento le va a tocar”, lamentó.

La modalidad delictiva, contaron, ha sido variada, aunque con un patrón común: los delincuentes fuerzan portones e intentan ingresar a las viviendas, retirándose al detectar la presencia de alarmas o sistemas de videovigilancia. 

No obstante, el daño material y la invasión a la propiedad privada han generado un clima de alerta permanente. Los objetos hurtados suelen ser televisores y dispositivos de tecnología. En los comercios de la zona, la situación no es distinta; los delincuentes han intentado ingresar en reiteradas oportunidades, llegando incluso a romper las cámaras de seguridad y luminarias externas para evitar ser identificados. 

Un caso reciente ocurrió la semana pasada, cuando desconocidos ingresaron a un autoservicio mientras el empleado se encontraba trabajando en su interior.

Ante la recurrencia de los hechos, los habitantes de la zona decidieron fortalecer sus lazos de comunicación. La entrevistada recordó el inicio de este proceso: "Hace un año ya empezamos a preocuparnos más y empezamos a hablar entre nosotros. Se formó el grupo de WhatsApp, y hubo reuniones."

Este canal de comunicación se ha vuelto vital para alertar sobre movimientos sospechosos, aunque los vecinos sienten que sus esfuerzos no son acompañados por las fuerzas de seguridad ni por los organismos municipales correspondientes.

La frustración aumenta al intentar canalizar los reclamos. Sobre este punto, la vecina detalló: "Desde la Policía la verdad es que no hay muchas explicaciones. Hablamos con Protección Ciudadana, y nos dijeron lo de la Aplicación Centinela. En un caso sospechoso llamamos a Centinela, y nos dijeron que había que llamar a la Policía directamente, y después avisar en Centinela para que quede registro. Pero la verdad no hay respuestas."

Otro punto de conflicto señalado por los residentes es la existencia de lugares que facilitan la huida de los delincuentes. Los vecinos expresaron que en la intersección de Roca y el pasaje 1ero de Mayo existe un asentamiento hacia donde, según los registros de las cámaras, suelen dirigirse personas en situaciones sospechosas. 

Asimismo, en la esquina de 11 de Septiembre y el pasaje, se encuentra un terreno baldío que forma parte del predio del Jardín de Infantes 905, ubicado en Roca al 300. Este espacio, al no estar debidamente cerrado, es utilizado por los delincuentes para esconderse o escapar rápidamente. 

Los vecinos ya han puesto en conocimiento de esta situación a las autoridades del establecimiento educativo, con la esperanza de que el Consejo Escolar intervenga para cercar el predio y evitar que siga siendo utilizado como vía de escape.

La Municipalidad de Tandil rechazó un reclamo administrativo mediante el cual un vecino solicitó ser indemnizado por los daños sufridos en su automóvil tras un accidente ocurrido el 14 de abril de este año en el Camino Provincial 103-01.

El pedido había sido presentado por un vecino, quien manifestó que mientras circulaba con un Peugeot 306 impactó contra una roca que sobresalía de la calzada en un sector donde se realizaban trabajos de reparación. Según el reclamo, el lugar carecía de la señalización preventiva correspondiente, lo que habría provocado el siniestro.

Sin embargo, a través del Decreto 2306/2026, el Ejecutivo resolvió desestimar la solicitud al considerar que no existía una conducta atribuible al Municipio que permitiera responsabilizarlo por los daños denunciados.

En los fundamentos del decreto se indicó que, de acuerdo con un informe de la Dirección General de Vialidad, el tramo del camino donde ocurrió el hecho estaba siendo intervenido por la Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos de Tandil Limitada, concesionaria encargada del mantenimiento y reparación de ese corredor vial en virtud del contrato firmado con la Municipalidad el 27 de diciembre de 2024.

El convenio, con vigencia entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2036, establece que la cooperativa tiene a su cargo la ejecución de las tareas de conservación y mantenimiento del camino, además de asumir la responsabilidad civil por los daños que puedan ocasionarse durante la prestación del servicio.

En ese sentido, el decreto remarcó que la actividad material vinculada al hecho denunciado no era desarrollada por la Municipalidad sino por la concesionaria, por lo que no podía acreditarse una acción u omisión municipal como causa adecuada del perjuicio invocado.

Además, el Ejecutivo señaló que el contrato obliga expresamente a la cooperativa a mantener indemne a la Municipalidad frente a eventuales reclamos de terceros derivados de la ejecución de los trabajos.

Otras observaciones

Más allá de la cuestión de fondo, el decreto también señaló una serie de deficiencias formales en la presentación.

Por un lado, advirtió que no se acompañó documentación que acreditara la representación invocada por la abogada respecto del reclamante. Asimismo, indicó que tampoco se encontraba acreditada la legitimación del propio vecino para reclamar por los daños del vehículo, ya que de la documentación presentada surgía que el titular registral del automóvil era otra persona.

Según el Ejecutivo, ambas circunstancias constituían obstáculos adicionales para la procedencia del reclamo, ya que quien pretende una indemnización debe acreditar tanto la representación con la que actúa como la titularidad del derecho cuya reparación solicita.

Con esos argumentos y tras el dictamen favorable de la Dirección de Asuntos Jurídicos Administrativos de la Secretaría Legal y Técnica, Miguel Lunghi firmó el decreto que rechazó el reclamo administrativo y dio por concluida la instancia en el ámbito municipal.