El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, elevó el proyecto para dar curso a la reforma de la Constitución provincial a la legislatura, que introduce cambios con el objetivo es proteger a futuros posibles nuevos inversores y, a su vez, evitar subas impositivas.

Se prevé la introducción de un artículo nuevo al texto que fue aprobado en 1994, con la finalidad de aportar nuevas garantías para aquellas personas y empresas que deseen invertir en la provincia, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Planteada la idea, la tarea legislativa estará enfocada en conseguir los votos necesarios para poder llevar adelante la reforma y, para ello, se deben reunir los sufragios de forma total de los 32 diputados provinciales.

Desde la bancada oficialista chaqueña, aunque no son tan optimistas, argumentan que será fundamental el acompañamiento del peronismo porque el objetivo es anteponer los intereses de los ciudadanos del Chaco por sobre cuestiones políticas partidarias. Al momento, el peronismo no se pronunció. NA

Alrededor de un millón de ciudadanos italianos residentes en la Argentina, la mitad de ellos en suelo bonaerense, deberán ir a las urnas para decidir una causa que divida al país europeo: se votará en referéndum qué tipo de justicia tendrá la tercera economía de Europa para las próximas décadas.

El sufragio se llevará adelante el domingo 22 y el lunes 23 de marzo. En el caso de quienes viven fuera de Italia, el voto se emitirá por correo. Los sobres están llegando a los domicilios declarados ante cada consulado y tienen que ser devueltos al mismo lugar por correo (antes del 16 de marzo) o personalmente (hasta el 19 de marzo a las 16 horas).

El texto, conocido como “Riforma della Magistratura” y que impulsa la primera ministra Giorgia Meloni, está en agenda por la falta de debate que tuvo en Italia pero también por las eventuales consecuencias que tendrá en caso de aprobarse. Modifica artículos clave del Título II de la Constitución Italiana, al introducir cambios estructurales en el ordenamiento judicial.

Mientras que los defensores de la iniciativa aseguran que este cambio será clave para que la nación que tiene como presidente Sergio Mattarella tenga una “justicia justa”, para sus detractores, el objetivo de fondo es someter a los fiscales al poder político.

En el bando del SÍ, además de la coalición de gobierno (Fratelli d’Italia, Lega y Forza Italia), el apoyo más ferviente proviene de la Unione delle Camere Penali Italiane (la asociación que nuclea a los abogados penalistas). Del otro lado, el frente del NO tiene como columna vertebral a la Asociación Nacional de Magistrados (ANM), que representa a casi el 90% de los jueces y fiscales del país.

A diferencia de otros referéndums italianos, éste es de carácter constitucional, y no requiere alcanzar el quórum. Es decir, el 50% del padrón. Como gana el que saca un voto más que el otro, sin importar la cantidad de sufragios, pasa a jugar un papel fundamental el voto de los ciudadanos en el exterior.

Argentina aparece entonces como un actor fundamental para estas elecciones porque acumula un millón de votos, un 25% de la cantidad de sufragantes que hay en América Latina. De hecho, de acuerdo con datos de su instituto nacional de estadísticas (ISTAT), es la mayor comunidad de italianos en el mundo fuera de Italia. Se supera a Alemania (822.251), Suiza (637.417), Brasil (562.871), Francia (465.339) o Reino Unido (464.951).

El núcleo de la reforma consiste en la separación de las carreras entre magistrados y fiscales. Actualmente, los dos pertenecen al mismo cuerpo y pueden transitar entre ambas funciones a lo largo de su carrera, aunque bajo condiciones restrictivas. Se puede hacer solo una vez y en los primeros diez años de ejercicio, con obligación de cambiar distrito de procedencia, lo que en verdad hace ese tránsito poco común.

En concreto, se busca crear dos trayectorias profesionales diferenciadas, para lo que argumenta que la finalidad es fortalecer la imparcialidad de los jueces y evitar conflictos de interés inherentes a la figura del “fiscal-juez”, pero hay dudas sobre cómo se organizará y si la separación será absoluta y efectiva.

Además, la reforma divide el Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) en dos órganos autónomos: uno para jueces y otro para fiscales. Introduce el sorteo para parte de los componentes del CSM, reduciendo el peso de las elecciones corporativas, que, según los promotores, favorecen la influencia de corrientes políticas o ideológicas en el cuerpo.

El asunto más polémico de la reforma es la creación de una “Alta Corte Disciplinare” independiente para los procedimientos disciplinarios, con lo que se sustrae esta competencia a la sección disciplinaria del CSM actual.

Este último aspecto resulta especialmente crítico porque no son pocas las voces que entienden que, además del enorme coste económico que conllevará, supone un incremento de la presencia política respecto de la actual CSM, con serias dudas de compatibilidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Constitución.

El presidente Alberto Fernández llamó este martes a la "unidad nacional" para aprovechar las oportunidades del país y el "viento que sopla a favor", y señaló que "un crecimiento sin justicia social es un crecimiento que trae conflicto".Al exponer en el 59° Coloquio de IDEA que se realiza en la ciudad de Mar del Plata, el mandatario planteó que "el tiempo que se viene es el de la unidad nacional", y auguró un futuro promisorio para el país "si logramos ponernos de acuerdo en las cosas básicas" como la minería, energía y producción de alimentos."A 40 años de democracia estamos reclamando esto, y notamos las carencias, pero es hora de que lo hagamos porque las oportunidades son muchas y esta vez el viento sopla a favor de la Argentina", expresó el mandatario ante los empresarios, aunque matizó que resta "resolver" cuestiones como la deuda con el FMI y "soportar las turbulencias que estamos viviendo por la carencia de dólares".Pero, subrayó, "las oportunidades son muchísimas y no debemos desaprovecharlas".Al respecto, insistió: "Debemos estar discutiendo de aquí en adelante cómo nos unimos para aprovechar esas oportunidades. Si lo hacemos, vamos a ser un gran país".En su exposición en coloquio 'Argentinos: volvámonos a ilusionar. Hagamos que valga la pena', Fernández señaló que "un crecimiento sin justicia social es un crecimiento que trae conflicto" porque la "distribución del ingreso" es un "tema central para lograr una sociedad en armonía", un fenómeno que, dijo, vislumbró "en sociedades muy desarrolladas".También observó que "si una deuda tiene la democracia en 40 años es hacer una reforma judicial que haga que la Justicia funcione correctamente", tras lo cual admitió que todos los intentos de su Gobierno en ese sentido "fracasaron" porque ese servicio del Estado está "colonizado" y "entonces es muy posible producir cambio".

"No hablo sólo del fuero federal penal, que funciona muy mal, con la excepción de algunos jueces, sino de la Justicia civil, comercial y laboral", dijo ante los empresarios, y alertó: "El problema es que hoy lo padecemos nosotros, pero mañana lo pueden padecer ustedes".Por otro lado, sostuvo que "estar con los BRICS, trabajando con China, no quiere decir que uno no pueda trabajar con Estados Unidos o Europa", por lo que pidió "desideologizar" los análisis sobre la incorporación de Argentina a ese bloque comercial.Además expuso que "en este tiempo de globalización lo que tenemos que hacer es integrar las regiones y hacer más fuerte el Mercosur", un bloque que, subrayó, debe ser "más efectivo y hay que mantenerlo, sostenerlo e impulsarlo".Así, reveló que estuvo analizando con su par de Brasil, Lula Da Silva, si se "puede firmar antes de fin de año el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea".En el plano doméstico, destacó que "a pesar de todos los problemas" que atravesó el país, como la pandemia, la guerra en Ucrania y la sequía, "todavía seguimos creciendo", al reseñar que la actividad industrial del primer semestre de 2023 fue "12,8 más alta" que en el primer semestre de 2019, cuando inició su gestión.Aunque admitió que "se genera empleo" pero "los sueldos no acompañan como corresponde", un "fenómeno que ocurre no sólo en Argentina" porque, por ejemplo, lo vivió el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en 2008, cuando "los empleos se pagaban de una forma antes de la crisis y de otra forma después".

El femicidio de Úrsula Bahillo, la joven de 19 años asesinada a puñaladas por su exnovio policía en la localidad bonaerense de Rojas, desató una fuerte reacción de la sociedad –sobre todo de las mujeres- que una vez más volvió a cuestionarse la reproducción de prácticas violentas y machistas, y las graves falencias que presenta el entramado institucional, que en vez de cuidar a las víctimas avala a los femicidas.

El Eco de Tandil conversó con Yanina Venier y Rocío Liébana, integrantes del dispositivo de abordaje de las violencias Casa Violeta, y miembros de la colectiva Mala Junta, para desandar el camino de la violencia institucional y conocer cómo se trabaja en la ciudad para desarticular las lógicas que impiden realizar abordajes con perspectiva de género en los distintos poderes y niveles del Estado.

-¿Con qué dificultades institucionales se topan cuando se acompañan casos de violencia?

Yanina:- En principio, no tenemos que naturalizar lo de contar las horas entre un femicidio y otro, porque cada femicidio da cuenta de que llegamos tarde o de que estamos jugando contrarreloj para salvar vidas o eliminar la violencia. Es difícil de prevenir algo que está estructuralmente anclado en la sociedad, desde las crianzas hasta las instituciones estatales. Encima, cuando un agresor es parte de una fuerza de seguridad, eso le agrega complejidad a cada caso, se haya denunciado o no. Esto sin duda da cuenta de que hubo intervenciones que fallaron.

Tenemos que ver cuáles son los poderes que están reacios a incorporar la perspectiva de género, que no han hecho ningún tipo de formación en la Ley Micaela ni esfuerzos por aggiornar el ejercicio profesional. Esto sucede en lugares claves donde se administra la justicia y la ley, porque allí siguen enquistados sectores que no están dispuestos a incluir esta perspectiva y administran justicia con prejuicios y sin formación. Esta es la traba más grande.

La reiteración de denuncias es un desaliento muy importante y lo que pasa después de la denuncia es lo que todavía no tiene respuesta: qué pasa en términos de seguridad y de mecanismos de protección. En Tandil se radican cerca de 150 denuncias mensuales.

Todo esto es insuficiente porque se sigue apelando a poner toda la responsabilidad en la víctima, que es la que tiene la responsabilidad de pedir ayuda y no se hace nada con quien agrede. Es una de las grandes fallas centrales de todo el abordaje institucional, y encima el agresor va cambiando de víctimas.

-¿Cómo se articula con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio con competencia exclusiva en materia de Violencia Familiar y de Género que funciona en Tandil?

Yanina: -No hay formación en género ni del fiscal (doctor Guillermo Vaticano) ni del equipo. En 2020 no atendieron de forma presencial y tampoco buscaron algún mecanismo para que la atención se garantice. Difícilmente se podía acercar una persona a denunciar a la Fiscalía. Entonces a veces hay recursos pero están desaprovechados.

Los fiscales, que son quienes tiene que defender a la víctima y otorgar credibilidad a quien sufre violencia, en general tienden a desestimar o minimizar los riesgos, y es lo que sucede en estos casos como el de Úrsula. No consideraron el riesgo en el que se encontraba para tomar otro tipo de medidas.

El Poder Judicial puede condicionar a las instituciones para que esa persona inicie un proceso terapéutico con perspectiva de género, puede condicionar su salario o que el agresor tenga que resarcir de alguna manera a la víctima. La Justicia tiene las herramientas para hacer otras cosas y ser creativos a la hora de intervenir, pero en cambio responden automáticamente y de igual modo ante cualquier denuncia. No creemos que punitivamente se pueda controlar la violencia o que con una sentencia se vaya a lograr que esa persona cambie. Pero sí tiene que haber un abordaje y una comprensión acerca de cómo se configuran las relaciones de desigualdad y se marca la subjetividad en las víctimas. El punto es que no logramos que la Justicia comprenda lo que le pasa a las personas que sufren violencia de género.

-¿Dónde se falla entonces?

Rocío: -El Poder Judicial analiza esa situación en clave de conflictos interpersonales y desconoce que esos vínculos no dejan de ser personas insertas en una sociedad donde hay relaciones desiguales de poder. Si identificamos cómo nos mira la Justicia, nos damos cuenta de que no reconoce esos procesos en las subjetividades de quien vive en la violencia sistemática y no logra elaborar sus circunstancias, o lo hace en otros tiempos, que no son los de la primera instancia. Se deben generar instancias intermedias para ampliar las denuncias en otro momento y poder narrar lo que sucedió, traducir lo vivido. Hay que eliminar ciertos patrones de estigmatización, de las buenas y malas víctimas.

Nos ha tocado acompañar situaciones donde se toman denuncias y al escuchar cómo se formulan las preguntas o el tono que se emplea, resulta violento. Se preguntan cosas muy fuertes y las víctimas se sienten cuestionadas constantemente a la hora  explicar por qué pasó lo que pasó. Hay resabios de eso.

-Como la pregunta de una famosa conductora de televisión, ¿y vos qué hiciste para que te pegara?

Rocío: -Claro. La Justicia que se pretende neutra está cargada de valoraciones, prejuicios y estereotipos que se traducen después en la ponderación de riesgo o no de las situaciones.

Yanina:- También hay una condena hacia la mujer que vuelve con el agresor. Y hay que pensar a ese sujeto que agrede también y hay que nombrar la violencia institucional, porque no es sólo las fuerzas reprimiendo en una marcha o el gatillo fácil, la violencia son todas estas prácticas que desalientan el ejercicio pleno de derechos de las mujeres y disidencias. Es esta complicidad para con los agresores y el maltrato para con la víctima.

-¿Cómo se pueden empezar a desarmar estas lógicas institucionales para poder revertir el problema?

Yanina: -Con políticas públicas no se subvierten relaciones estructurales, pero se avanza. De 2015 (el primer Ni una Menos) a 2019 hubo un movimiento social fuerte que plantó una agenda, pero no hubo política ni recursos; había cada vez más conciencia en la sociedad, pero no se propuso un tratamiento estatal. Con los ministerios en Provincia y Nación vamos ganando territorio y existe un diálogo interinstitucional. Además del reconocimiento de otra agenda que tiene que ver con los cuidados, las desigualdades de la crianza, la vulneración de la población trans. Los movimientos seguimos acompañando y marcando la agenda porque también nos encargamos, de algún modo, de lograr que las instituciones cumplan las leyes. Es una conciencia de derechos que hemos ganado. En Tandil seguimos batallando contra diversos poderes que se encargan de trabar derechos. En la Justicia es muy fuerte y deciden el destino de las personas, eso no va a cambiar de un día para el otro.

Rocío: -Las intervenciones de los poderes del Estado están atravesadas por miradas cargadas de clasismo, racismo, estereotipos. Tenemos que pensar cuáles son las situaciones que atraviesan al conflicto que se presenta frente a una denuncia. Nunca hay una mirada neutral, y tiene que haber una mirada interseccional para construir en conjunto.

-¿Les ha tocado acompañar casos de violencia a nivel local en los que el agresor haya sido un miembro de las fuerzas de seguridad?

Yanina: -Es importante no pensar linealmente que ese concepto abarca sólo a un policía, porque hay diversos agentes, empleados administrativos y profesionales. El poder de la institución y la confraternidad que hay al interior, se cuidan entre ellos y es distinto lo que pasa con las mujeres policías que sufren violencia en su ámbito de trabajo y también en sus vínculos.

Con agentes de la fuerza de seguridad ha sido muy difícil desarrollar la denuncia y una vez hecha, fue imposible lograr un resultado judicial favorable. La complicidad entre poderes se vio crudamente ahí, cuando había resoluciones simples y hasta automáticas que fueron imposibles de garantizar. Los compañeros de trabajo del agresor, miembros de la fuerza, también amedrentaban a la mujer. Fue muy complejo y frustrante, y la situación no cesó.

-¿Hay herramientas concretas que sirvan para contener una situación de violencia antes del estallido?

Rocío: -Se pueden implementar dispositivos como la tobillera electrónica, pero cada situación amerita soluciones distintas. La restricción perimetral sirve en algunos casos pero no en todos. La tobillera lo interesante es que pone la carga en el agresor, pero se usa en casos muy puntuales y debería haber más tobilleras disponibles en los municipios. En función del riesgo se piensan los dispositivos. También hay que reparar en cómo el Estado le comunica al agresor las medidas en su contra.

Ese hecho se constituye en un corte y también tiene una función pedagógica, de explicar por qué se dispone esa restricción, pero en esto hay un vacío y la persona interpreta lo que quiere. Cada situación amerita intervenciones diferentes y cortar con ese vínculo violento, poder rehacer una vida, requiere otra reacción del Ejecutivo. Se deben poner a disposición recursos como vivienda, alimentación y demás que hagan posible sostenerlo en el tiempo. La mujer o disidencia violentada tiene que poder rehacer su vida económica, patrimonial, laboral, para llegar como Estado antes de que pase algo más grave. Si la persona que se acerca al Estado no ve que está eso a disposición, se pone en juego la subsistencia del grupo familiar y las decisiones a veces son otras.

Yanina: -Lo importante es poder pensar que la violencia de género no es algo que sucede entre dos personas, sino algo que se inscribe en un entramado social e institucional. Es una relación social, no se sufre sólo en una pareja, cuando empezamos a comprender eso se habilitan otras formas de pensamiento, y las mujeres pueden reflexionar y desnaturalizar las violencias, estos son cambios previos para pensar los vínculos socioafectivos hoy. Es posible y ha sucedido que la toma de conciencia de una situación de determinados tipos de violencia -por supuesto no de todos- ha podido reconfigurar una relación.

También la respuesta tiene que ser repensar los vínculos y reconstruirlos desde otro lugar, batallar contra el amor romántico que nos coloca en lugares horrorosos. Son procesos que se dan de manera comunitaria y cuando podemos poner en palabras lo que nos hace mal y entender que no es algo individual, nos puede ayudar a identificar situaciones de riesgo que demandan una denuncia o a tomar decisiones que modifiquen ese contexto y que ayuden a no repetir esas lógicas. Todo esto forma parte de un proceso de cambio cultural. Eso también es construir posibilidades.

Dónde pedir ayuda

Casa Violeta: San Lorenzo 67. Teléfono 249 154 286797.

Comisaría de la Mujer: Alem 1073 Teléfono para emergencias 101.

Línea 144: contención y asesoramiento en situaciones de violencia de manera gratuita las 24 horas los 365 días del año.

Los rechazos de los bloques opositores al proyecto de reforma en el Poder Judicial de la Nación siguen su curso. Ahora, el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, volvió a remarcar que desde Consenso Federal no acompañarán la iniciativa.

“Creemos que es necesaria en la Argentina una modificación y reorganización de la Justicia en sus dimensiones administrativas y de funcionamiento jurídico. Pero creemos que no es el momento”, sostuvo Rodríguez en diálogo con El Eco Multimedios.

Para el diputado nacional el proyecto “requiere más consenso, más diálogo, más tiempo. Nosotros no hemos decidido a partir de una marcha. Hace ya bastante tiempo venimos teniendo esta posición. Yo tengo personalmente ciertas reflexiones críticas de dirigentes políticos alentando una marcha en medio de la pandemia”.

“Respecto de la reforma judicial hay que encontrar los tiempos, un debate extendido. Por qué no discutir este tema en todas las universidades nacionales y privadas de todo el país. Por qué dar una discusión rápida del tema. No es oportuno hacerlo ahora”, cuestionó.

En el análisis si hay una doble intención con el proyecto, el legislador nacional consideró que “si alguien está interesado en usar la Justicia para un beneficio propio yo tendría en cuenta a distintos líderes políticos que están involucrados, de distintos partidos, en una situación de esas. No quiero tener prejuicios. Si hay apuro, es objetivo lo que hay. Creo que hay otros temas que apuran. Es importante, pero se debe buscar el tiempo adecuado”.

“Nosotros no somos ni decisivos ni fundamentales. Tenemos un bloque de Diputados pequeño pero que trabaja intensamente. Nuestra postura es definitiva, y creo que el Gobierno hoy no tiene ninguna posibilidad de hacer aprobar la reforma judicial en la Cámara de Diputados y debería dejarlo para otro momento y abocarnos a los temas de la producción y empleo”, remarcó.

Además Rodríguez recordó que “acompañamos cada crítica con una propuesta. Por ejemplo, avancemos con darle a las pymes cero impuesto a las ganancias durante tres años y que reinviertan en equipamiento y bienes de capital. Demósle al Consejo Agroindustrial Argentina la posibilidad de desplegar sus propuestas con una normativa que garantice mayores exportaciones. Son temas importantes que van a tener nuestro apoyo”.

El proyecto

Entre los puntos salientes de la normativa presentada a finales de julio por el propio Alberto Fernández, se destacan:

* Creación la Justicia Federal Penal con asiento en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico. Cada uno de esos Tribunales actuarán en lo sucesivo con una ‪de las dos‬ secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero

* Se propicia que el nuevo fuero Federal Penal comience a funcionar cuanto antes. Por ese motivo ha previsto un sistema de subrogancias que busca la máxima transparencia en la designación transitoria de los magistrados y magistradas en el que intervendrán la  Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación que deberá dar los Acuerdos correspondientes para quienes resulten subrogantes

* La unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías para que se sumen al nuevo esquema que hemos diseñado y le otorguen el mejor funcionamiento

* Transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio, completando de este modo el proceso de transferencia de competencias penales que aún hoy se encuentra pendiente.

* La unificación plena de la materia Civil y Comercial Federal con la que es propia del Contencioso Administrativo

* Fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país

Marcos Nicolini, concejal mandato cumplido y excandidato a intendente municipal por Juntos por el Cambio, dialogó con “Tandil Despierta” por la 104.1 Tandil FM y ECO TV y se refirió a la marcha que se desarrolló el pasado lunes en diferentes lugares del país y que tuvo su versión local.

“Estuve participando de la marcha. Creo que el motivo por el cual fue convocado, o al menos por el que fui yo, es la reforma judicial que se ha planteado por el gobierno nacional en un contexto muy complicado para poder discutirlo. Es muy complejo abordar algo tan extenso como lo que se pretende hacer, incluso con ampliación de miembros de la Corte Suprema que es la modificación total de uno de los poderes del Estado. Requiere de un amplio consenso y no de pocos votos de diferencia para lograr imponer una reforma de esas características”, analizó Nicolini.

El referente del Ateneo del Tercer Siglo respondió las críticas que se hicieron desde el oficialismo nacional y provincial a los manifestantes. “En nuestra ciudad estamos en una instancia de distanciamiento y no de aislamiento, son cuestiones distintas. Manteniendo las distancias y con uso de barbijo y la gran mayoría estaba cuidando esos aspectos. Es una forma de manifestarnos porque si no se impulsan proyectos delicados para las instituciones y no se puede demostrar que no está de acuerdo con una cuestión clara de la democracia como es la participación ciudadana”, aseguró.

“Me parece que al querer modificar la Corte Suprema puede haber una segunda intención, más, cuando el presidente y el vicepresidente fueron impulsores de reducir el número de integrantes. Hoy esas mismas personas están tratando de ampliar ese número. Es una cuestión que llama la atención”, cuestionó.

El debate del proyecto de reforma judicial volverá a analizarse esta semana en forma virtual en el Senado, en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, al que asistirá la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

El proyecto, que busca la reorganización de las competencias de la Justicia Federal de todo el país, será defendido el martes por la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien abrirá la tercera reunión remota para debatir la iniciativa que abrió la semana pasada su colega de Justicia, Marcela Losardo.

Losardo manifestó que el proyecto del Gobierno busca “cambiar la imagen de la Justicia” para que “los ciudadanos reciban un servicio de justicia eficiente”.

“Con nuestro proyecto de ley creemos que debe cambiar la imagen de la justicia, la confianza en la justicia”, afirmó al presentar la iniciativa.

Durante la segunda jornada, la mayoría de los expositores, especialmente funcionarios judiciales o representantes de asociaciones de magistrados, cuestionaron la iniciativa y consideraron que no resolvía los problemas de la administración de justicia; indicaron que se había presentado a destiempo y cuestionaron la creación de nuevos juzgados en detrimento de las fiscalías, ya que el nuevo Código de Procedimiento Penal busca reemplazar el sistema inquisitorio por uno acusatorio.

Gómez Alcorta participará por segunda vez de una reunión por videoconferencia con los legisladores de la Cámara alta, ya que en junio había brindado un informe sobre el desempeño de la cartera ministerial a su cargo en el contexto de la pandemia de coronavirus.

El plenario que abrirá la funcionaria se hará este martes desde las 14.

Gómez Alcorta abrirá la jornada, que continuará con la ponencia de otros oradores invitados por el bloque oficialista del Frente de Todos y del interbloque de Juntos por el Cambio.

La decena de invitados, a excepción de la ministra, tendrá un tiempo limitado de exposición que ronda los diez minutos.

Luego de Gómez Alcorta será el turno de la directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky.

A continuación se presentará el fiscal en lo Criminal y Correccional Federal Carlos Rívolo, quien además es el presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, uno de los integrantes del consejo asesor creado por el Poder Ejecutivo para impulsar cambios en la justicia y en la forma de trabajo de la Corte Suprema de Justicia, será parte de la jornada del martes.

También fueron convocados a la audiencia por videoconferencia Jorge Rizzo, de Espacio Gente de Derecho del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y el exconsejero de la Magistratura, Alejandro Fargosi, quien presentará sus opiniones como parte del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Además fueron convocados a la audiencia la fiscal de los Tribunales Federales de Comodoro Py Gabriela Baigún; el presidente del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, Fernando Díaz Cantón, y la fiscal Mónica Cuñarro.

El proyecto de Ley que se debate en el Senado crea el fuero Federal Penal, mediante la unificación de los fueros Criminal y Correccional Penal y Penal Económico.

Cada uno de los juzgados actuará con una de las dos secretarías que actualmente tienen, en tanto que la restante pasará a trabajar en coordinación con los nuevos 23 tribunales que se sumarán a la administración de justicia.

Se reformará el sistema de subrogancias para darle máxima transparencia a la designación de los jueces, en la que intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación.

Finalmente, y entre otros aspectos, también se prevé la unificación de las Cámaras de Apelaciones y la creación de nuevos tribunales orales. (Télam).

El diputado nacional por Juntos por el Cambio, el tandilense Carlos Fernández, sentó su posición particular y la del bloque que integra ante la presentación realizada, en la jornada del jueves, de la reforma del Poder Judicial por parte del Gobierno nacional.

Para Fernández, el proyecto “nace viciado a partir de la propia conformación de la Comisión que asesora al Presidente que está integrada por abogados defensores en casos de corrupción”.

“Pareciera que toda la reforma judicial se circunscribe a un nodo central que tiene que ver en los cambios en la composición de la Corte Suprema, con ampliaciones. Suena más a un proyecto que tiene que ver con la impunidad de algunas causas judiciales que con una verdadera reforma judicial, que obviamente todos los gobiernos lo han planteado. Esta en particular genera algunas contradicciones, inclusive con algunas cuestiones que se venían planteando a nivel nacional”, analizó.

Si bien el diputado nacional reconoció que “no he tenido oportunidad de leer a fondo el proyecto, hice una primera lectura”, para el legislador “genera sospechas todo lo relacionado a los planteos de subrogancias” puesto que “genera dudas con relación a la independencia de la Justicia que se está generando”.

“No es el momento”

En otro apartado de la entrevista que Fernández brindó a “Cosas que pasan” por la 104.1 Tandil FM, el diputado opositor dijo que el bloque “ha planteado que no se va a prestar a ningún cambio en la Corte Suprema y eso genera el impedimento de nuevos nombramientos de jueces en ese órgano. Obligará a re-discutir todo este tema”.

“Tampoco es el mejor momento para hacerlo. Hoy la gente no está pensando en eso. Estamos en medio de una pandemia y tenemos que ver cómo salimos de este proceso. Pareciera un sinsentido, en medio de las urgencias en las que estamos”, resaltó.

Fernández puntualizó que “estamos hablando de que el déficit de este año será de 42 millones de dólares. Parece una locura en medio de esta locura en la que estamos, no tenemos que empatarnos en esta discusión. Pareciera que tiene que ver con necesidad de muy poca gente y no con toda la sociedad”.

El proyecto

El proyecto tiene como columna vertebral la creación de la Justicia Federal Penal con asiento en la ciudad de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico.

Cada uno de esos Tribunales actuarán en lo sucesivo con una ‪de las dos‬ secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero.

Propicia que el nuevo fuero Federal Penal comience a funcionar cuanto antes. Por ese motivo ha previsto un sistema de subrogancias que busca la máxima transparencia en la designación transitoria de los magistrados y magistradas en el que intervendrán la  Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación que deberá dar los Acuerdos correspondientes para quienes resulten subrogantes.

Del acto participaron los once miembros del Consejo Consultivo: Carlos Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo (por videoconferencia), Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanián, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo.

Los once juristas asesorarán al Presidente en varios aspectos del servicio judicial, como la composición de la Corte Suprema, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la implementación del sistema acusatorio, entre otros.

El diputado nacional por Juntos por el Cambio, el tandilense Carlos Fernández, sentó su posición particular y la del bloque que integra ante la presentación realizada, en la jornada del jueves, de la reforma del Poder Judicial por parte del gobierno nacional.

Para Fernández, el proyecto “nace viciado a partir de la propia conformación de la Comisión que asesora al Presidente que está integrada por abogados defensores en casos de corrupción”.

“Pareciera que toda la reforma judicial se circunscribe a un nodo central que tiene que ver en los cambios en la composición de la Corte Suprema, con ampliaciones. Suena más a un proyecto que tiene que ver con la impunidad de algunas causas judiciales que con una verdadera reforma judicial, que obviamente todos los gobiernos lo han planteado. Esta en particular genera algunas contradicciones, inclusive con algunas cuestiones que se venían planteando a nivel nacional”, analizó.

Si bien el diputado nacional reconoció que “no he tenido oportunidad de leer a fondo el proyecto, hice una primera lectura”, para el legislador “genera sospechas todo lo relacionado a los planteos de subrogancias” puesto que “genera dudas con relación a la independencia de la Justicia que se está generando”.

“No es el momento”

En otro apartado de la entrevista que Fernández brindó a “Cosas que pasan” por la 104.1 Tandil FM, el diputado opositor dijo que el bloque “ha planteado que no se va a prestar a ningún cambio en la Corte Suprema y eso genera el impedimento de nuevos nombramientos de jueces en ese órgano. Obligará a re-discutir todo este tema”.

“Tampoco es el mejor momento para hacerlo. Hoy la gente no está pensando en eso. Estamos en medio de una pandemia y tenemos que ver cómo salimos de este proceso. Pareciera un sinsentido, en medio de las urgencias en las que estamos”, resaltó.

Fernández puntualizó que “estamos hablando de que el déficit de este año será de 42 millones de dólares. Parece una locura en medio de esta locura en la que estamos, no tenemos que empatarnos en esta discusión. Pareciera que tiene que ver con necesidad de muy poca gente y no con toda la sociedad”.