Con la proximidad del cierre del año, muchos trabajadores comienzan a planificar su descanso anual. En este escenario, la reforma laboral sancionada y promulgada a inicios de 2026 introduce cambios significativos en la normativa, aunque mantiene pilares fundamentales como el cálculo del pago y la cantidad de días correspondientes según la antigüedad.

Las modificaciones centrales se concentran en el fraccionamiento de las vacaciones, la posibilidad de pactar fechas fuera del período habitual y la actualización de los plazos de aviso previo. Según lo establecido en la modificación del artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo, la organización del descanso requiere, en varios casos, un acuerdo mutuo entre el empleador y el empleado.

Uno de los puntos más relevantes es la facultad de dividir el período vacacional en distintos tramos. Esta modalidad permite distribuir los días a lo largo del año, siempre que cada tramo tenga una duración mínima de una semana. Por ejemplo, un trabajador con 21 días disponibles puede optar por tomar 14 días en una fecha y los siete restantes en otro momento, o bien dividir el total en tres períodos de siete días cada uno. Esta decisión no es unilateral por parte de la empresa, sino que requiere consenso.

Asimismo, aunque la legislación mantiene el período general de vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril, la reforma permite acordar fechas fuera de este lapso. Esta flexibilidad, al igual que el fraccionamiento, debe contar con la conformidad de ambas partes.

En cuanto a la comunicación del inicio de la licencia, el plazo general de aviso previo se redujo de 45 a 30 días, debiendo realizarse la notificación por escrito. No obstante, es fundamental considerar que los convenios colectivos de trabajo pueden establecer plazos específicos, como ocurre en el caso de los empleados de comercio, donde se prevé un aviso de 60 días.

Finalmente, la cantidad de días de descanso continúa determinada por la antigüedad del trabajador al 31 de diciembre del año en curso. Cabe recordar que, al calcularse de manera corrida, los sábados, domingos y feriados se encuentran incluidos dentro del período de licencia.

En el marco de la reciente reglamentación de la ley de modernización laboral, las empresas argentinas ya cuentan con una nueva herramienta financiera para gestionar sus recursos humanos y previsionales, el Fondo de Asistencia Laboral.

Sebastián Di Nucci, gerente de Inversión del Banco Ciudad, una de las entidades habilitadas para la recepción y administración de este mecanismo, que permite que una porción de las cargas patronales vigentes se transforme en un activo financiero dentro de las organizaciones, destinado exclusivamente a dar cobertura a los costos de indemnización.

“Es positivo que bajo esta ley de modernización laboral, hoy las empresas con parte de lo que pagan los aportes mensuales patronales, se capitaliza en lo que va a ser una nueva inversión dentro del balance de las empresas”, señaló el ejecutivo.

Una de las principales ventajas del instrumento es su especificidad y su protección legal ante contingencias judiciales. El fondo funciona como un patrimonio separado que quita presión a la caja diaria de las compañías ante una eventual reducción o recambio de personal.

“El Fondo de Asistencia Laboral se va a usar únicamente para las desvinculaciones o el pago indemnizatorio que tengan con sus empleados”, aclaró Di Nucci.

En ese sentido, remarcó dos aspectos clave para la tranquilidad jurídica de las firmas: “Esa es la única característica de este Fondo, va a ser inembargable, y cuando lo recibe el Banco Ciudad, que es la entidad habilitada, va a estar invirtiendo ese Fondo”.

Desde la perspectiva del balance corporativo, el objetivo central es calzar el activo invertido con las obligaciones futuras de la empresa. “Lo que busca es cubrir lo que tenemos del lado de los balances, que es el pasivo por despidos, y lo que va a buscar es darle cobertura a la evolución de ese pasivo”, explicó el especialista.

El gerente de Inversión precisó la hoja de ruta regulatoria y comercial: “Los instrumentos elegibles para este tipo de fondos son bonos soberanos, letras del Tesoro, también pueden participar bonos provinciales únicamente de la mejor categoría”, destacó.

Finalmente, Di Nucci le puso números a la meta de rendimiento que se trazaron para defender el poder adquisitivo de los aportes de los empleadores, en un entorno económico que exige sintonía fina. “Vamos a estar buscando ganar inflación más un margen, después depende de la dinámica que tenga en el mes a mes las inversiones, pero hoy sí se puede alcanzar ese objetivo con un ancla muy importante que es manejarlo con la menor volatilidad posible”, cerró. NA

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, celebró el acuerdo alcanzado entre Renault y Smata para implementar un sistema de banco de horas en la planta de Santa Isabel, Córdoba, en el marco de la Ley de Modernización Laboral.

“Gracias a la Ley de Modernización Laboral, Renault y Smata acordaron un banco de horas para mejorar la competitividad de 1.200 trabajadores de la planta Santa Isabel, en Córdoba, y sostener los puestos de trabajo”, expresó la funcionaria a través de su cuenta en la red social X.

Pettovello explicó que el mecanismo permitirá que las horas adicionales realizadas durante períodos de mayor producción se acumulen como crédito y luego sean compensadas cuando disminuya la demanda.

El acuerdo entre la automotriz y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) alcanza a unos 1.200 trabajadores de la fábrica cordobesa y será implementado de manera gradual. La medida apunta a adaptar las jornadas laborales a las variaciones de la producción y evitar suspensiones durante los períodos de menor actividad.

El convenio se conoce además en medio del proceso de transformación productiva de la planta de Santa Isabel. Renault realizó una inversión superior a los 400 millones de euros vinculada con la fabricación de la nueva pick-up Niagara, que se produce en Córdoba de manera exclusiva a nivel mundial.

El presidente y CEO de Renault Argentina, Pablo Sibilla, había señalado que la compañía trabaja junto al gremio para incorporar mayor flexibilidad ante la volatilidad del mercado argentino y acercar el funcionamiento de la planta a esquemas utilizados por la automotriz en otros países, como Brasil.

Cómo funciona el banco de horas

El banco de horas funciona como un sistema de compensación: cuando las necesidades productivas requieren extender la jornada, ese tiempo adicional puede acumularse para ser utilizado posteriormente mediante jornadas reducidas o descansos cuando la actividad disminuye.

De esta manera, el mecanismo busca reemplazar el pago inmediato de determinadas horas extras por una compensación posterior y, al mismo tiempo, reducir la necesidad de recurrir a suspensiones cuando cae la producción.

El esquema quedó contemplado dentro del nuevo marco laboral nacional. La Ley 27.802 de Modernización Laboral fue sancionada el 27 de febrero de 2026 y promulgada el 5 de marzo, con su publicación en el Boletín Oficial al día siguiente.

En febrero, antes de la sanción de la norma, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había defendido la incorporación de este tipo de mecanismos como una herramienta para adaptar la organización de las jornadas a nuevas modalidades de trabajo.

El acuerdo entre Renault y Smata se convirtió así en uno de los primeros casos de aplicación del banco de horas dentro de la industria automotriz tras la reforma laboral, aunque esquemas similares ya habían sido utilizados mediante acuerdos particulares en otras terminales del país.

A finales de este año comenzará a regir el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los capítulos aprobados dentro de la reforma laboral, que creará un “fondo” en donde se depositará parte de las cargas patronales.

El esquema, de carácter obligatorio, sostiene la creación de un FAL por cada empleador, el cual deberá girar una parte de sus aportes que realiza al Estado hacia el mercado de capitales. Para las grandes empresas es del 1%, mientras que para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) asciende al 2,5% el aporte mensual sobre masa salarial.

Dará inicio formal en noviembre y, durante seis meses, el aporte mensual quedará depositado en cada fondo de las compañías. Es decir, recién en mayo de 2027 se podrá comenzar a usar para efectuar las indemnizaciones.

Este esquema seguramente derivará en una disputa que tendrá lugar entre los bancos o las sociedades de bolsa, que serán los encargados de administrar el Fondo Común de Inversión (FCI) o el Fideicomiso Financiero (FF), según lo que decida el empleador.

Ambas opciones deberán estar constituidas en el país y contar con autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en el mercado adelantan que las grandes empresas y multinacionales utilizarán los FF, mientras que las PyMEs se inclinarán por el FCI.

En ese escenario aparece TMF Group, la empresa multinacional de origen holandés, que busca instalarse como fiduciaria y manejar los fondos de las compañías a partir de noviembre.

“Constituir el FAL en un fideicomiso financiero le da a cada empresa un patrimonio propio, trazable y protegido”, sostuvo la firma de Países Bajos.

El límite en las inversiones

Al momento de colocar el dinero, la cartera de inversiones se diversifica entre cuatro posibles instrumentos: títulos públicos a nivel nacional como provincial y CABA (estos últimos con tope de hasta 15%), plazos fijos (15%) y obligaciones negociables (20%).

Sin embargo, la compra de deuda del Estado no tiene un tope establecido, por lo que se puede invertir el 100% del FAL en ese instrumento.

Algunos especialistas señalaron que, de esta manera, el Gobierno podrá captar hasta US$ 4.000 millones por las colocaciones en los títulos públicos y tener un caudal más armado de cara al año electoral.

Además, las pautas para adquirir deuda de provincias y empresas son exigentes: únicamente se podrá en aquellas jurisdicciones y compañías calificadas con la nota de deuda “AAA” por dos de las tres agencias crediticias (S&P, Fitch y Moody’s).

“El esquema regulatorio diseñado por el Gobierno termina otorgando un tratamiento particularmente favorable a los títulos nacionales: son activos elegibles, no tienen el límite porcentual específico que sí tienen provincias, bancos y empresas, y tampoco están sujetos al requisito de calificación de triple AAA”, había dicho Alejandro Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, a esta agencia.

Son cero las provincias que califican con esa nota de deuda —a excepción de la Ciudad de Buenos Aires— y solo ocho empresas: los bancos Macro, Galicia, BBVA y Santander; YPF, Pampa Energía, Pan American Energy (PAE) y Adecoagro.

Próximos pasos

Si bien ya se definió la fecha de inicio, la CNV lanzó una consulta pública sobre la reglamentación del FAL, en busca de “seguir recibiendo aportes” sobre el mecanismo para realizar contribuciones destinadas a afrontar las indemnizaciones.

El plazo comenzó a partir del 13 de agosto y se extenderá por 15 días hábiles, terminando el 2 de septiembre, donde los interesados podrán presentar sus opiniones y propuestas completando el formulario modelo de la resolución a través del portal institucional de la CNV.

“Además de las reuniones que venimos manteniendo con los distintos actores involucrados, consideramos fundamental abrir esta instancia para seguir recibiendo aportes que nos permitan tener la mejor norma posible para estos instrumentos, que pueden convertirse en un claro ejemplo del tipo de inversor de largo plazo que el mercado de capitales argentino necesita para seguir expandiendo su crecimiento”, precisó Roberto Silva, presidente del organismo. (NA).

El fallo de la Sala I firmado por los jueces Enrique Catani y Gabriela Vázquez, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, remarcó que el artículo 55 de la Ley 27.802 aprobada por el Congreso Nacional viola los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Nacional, como también el artículo 14 bis.

La sentencia fue emitida en relación al despido de un trabajador de un lavadero, y establece que el apartado de la reforma laboral “no supera el examen de constitucionalidad”.

Catani explicó que la norma “lesiona el derecho de propiedad privada del acreedor”, ya que “aún aplicando el piso mínimo contemplado en la propia disposición -el 67 por ciento por ciento del importe que resultaría de actualizar el capital conforme la variación del IPC con más una tasa del tres por ciento anual- el régimen conduce necesariamente a la pérdida de una parte sustancial del valor del crédito”.

Por otro lado, remarcó que la ley coloca en “peor situación” a quienes “se vieron obligados a promover una demanda judicial para obtener la satisfacción de su derecho” con respecto a las indemnizaciones. “La distinción es irrazonable, porque no se funda ni en la naturaleza del crédito ni en la fecha de su devengamiento, sino exclusivamente en su judicialización”, agregó.

También explayó que el artículo 55 “somete a un régimen menos favorable a quienes recurrieron al Poder Judicial para obtener tutela”, pese a que la Constitución establece la “prohibición de imponer cargas o perjuicios por el solo hecho de ejercer legítimamente”.

El juez consideró también que en este caso no cabe invocar la “doctrina del esfuerzo compartido”, ya que “la Constitución no autoriza a distribuir la pérdida entre acreedor y deudor”.

De esta forma, el fallo sentó un precedente sobre el artículo 55. Sin embargo, Catani afirmó que esto no implica que se aplique el régimen anterior a la ley 27.802, sino que se establecen los parámetros establecidos en el artículo 54 de la misma. Este dice: “Los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados por la variación que resulte del Índice de Precios al Consumidor (IPC)-Nivel General, elaborado por el Indec, con más una tasa de interés del tres por ciento (3%) anual sobre el capital actualizado, desde que cada suma sea debida y hasta el momento del efectivo pago”. NA

En el marco de la implementación de la nueva Ley de Modernización Laboral, se alcanzó un acuerdo de productividad negociado entre un gremio y dos cámaras clave del sector hidrocarburífero. La medida involucra al Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, junto a la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE).

El entendimiento establece la puesta en marcha de un Programa de Incentivo Variable por Resultados Operativos, destinado específicamente a la actividad de perforación en la Cuenca Neuquina. Este esquema contempla incentivos vinculados al cumplimiento de objetivos operativos que fueron definidos como medibles y verificables. El propósito central es fomentar mejoras en la productividad, la eficiencia operativa, la seguridad, el desempeño y la capacitación de los trabajadores.

Para garantizar el cumplimiento de lo pactado, las partes conformaron una Comisión de Seguimiento. Este órgano, integrado por representantes tanto del gremio como de las cámaras, tendrá la responsabilidad de monitorear la implementación del programa, evaluar su evolución y gestionar acciones de capacitación y desarrollo de recursos humanos para fortalecer las capacidades del sector.

Desde el Gobierno nacional celebraron la iniciativa y la calificaron como un avance significativo. Al respecto, destacaron que el acuerdo representa "un paso concreto" hacia la "consolidación de un modelo de relaciones laborales orientado a promover la productividad, la competitividad, la capacitación y el empleo formal, a través del diálogo entre trabajadores y empleadores".

Cabe recordar que esta nueva disposición, que habilita a las partes a acordar convenios de manera directa, se encuentra contemplada dentro de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

El Gobierno nacional dispuso este lunes, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, una modificación en los criterios para el cálculo de los aportes y contribuciones sindicales previstos en los convenios colectivos de trabajo. La medida limita la base de cálculo a las sumas remunerativas normales, habituales y de pago mensual, con el objetivo de unificar criterios y brindar mayor claridad sobre la aplicación de la normativa vigente.

La decisión se enmarca en la implementación de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 e introduce precisiones que, según el Ejecutivo, facilitarán el control de legalidad de los acuerdos paritarios antes de su homologación.

De acuerdo con el decreto, la base sobre la que se calcularán los aportes estará integrada por el salario básico convencional correspondiente a la categoría del trabajador y por las sumas remunerativas de carácter normal, habitual y mensual que tengan origen en el convenio colectivo.

En contrapartida, quedarán excluidos de ese cálculo diversos conceptos salariales, entre ellos los premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, el sueldo anual complementario (SAC), el plus vacacional, las sumas no remunerativas y cualquier otro adicional que no sea percibido de manera habitual y mensual.

La norma también establece que las contribuciones y aportes que los empleadores acuerden realizar en el marco de los convenios colectivos no estarán alcanzados por la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo (Ley N° 14.250), sino que pasarán a regirse por la Ley de Asociaciones Sindicales (Ley N° 23.551).

En ese sentido, el decreto dispone que los recursos obtenidos mediante esos aportes deberán destinarse exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural en beneficio de los trabajadores representados por la organización sindical correspondiente.

Asimismo, las asociaciones sindicales estarán obligadas a administrar esos fondos de manera diferenciada del resto de su patrimonio, mediante una contabilidad y documentación separadas, conforme a la reglamentación vigente.

En los fundamentos de la medida, el Gobierno sostuvo que las modificaciones apuntan a otorgar mayor seguridad jurídica respecto del alcance de las disposiciones vigentes, al tiempo que buscan fortalecer el control estatal sobre los convenios colectivos antes de su homologación.

La Asociación de Adultos Mayores en Lucha (Amalu) se movilizó este miércoles 19 en Tandil para dar inicio a una campaña de recolección de firmas que se extenderá durante los próximos dos meses. La actividad, que se enmarca en el denominado Jubilazo Federal, buscó visibilizar la crítica situación que atraviesan los jubilados y pensionados en todo el país, exigiendo respuestas concretas ante el Congreso de la Nación.

Celia Sucurado, referente de la organización, explicó los alcances de esta iniciativa que busca presionar por una ley de emergencia para el sector. “En Tandil, Amalu adhirió y se sumó a esta tarea. Es una tarea que nos vamos a dar a lo largo de 2 meses, de visibilizar la situación de los jubilados y pensionados, y juntar firmas que acompañen el petitorio que se va a volver a hacer en el Congreso de la Nación ante diputados”, sostuvo.

La dirigente agregó que la convocatoria al Congreso será “para que se dé tratamiento a una ley de emergencia, como se hizo con discapacidad y el financiamiento universitario”.

A su vez detalló que "en Tandil nos hemos sumado a esta movida y vamos a trabajar todos estos 2 meses. Se arrancó hoy con una mesa para que firmaran frente a la puerta de del PAMI y otra mesa frente al centro cívico de Villa Italia. Iremos también rotando e invitando a los centros de jubilados a que junten firmas. El petitorio contiene cuatro puntos básicos", indicó. Tal como informó, durante la mañana del viernes 19, los jubilados se convocaron a la oficina local de la obra social y a la delegación de Villa Italia, donde recolectaron firmas e intercambiaron con pares sobre la situación.

Los ejes del reclamo y la situación del PAMI

El petitorio presentado por Amalu planteó sobre cuatro puntos principales. En primer lugar, que el haber jubilatorio mínimo alcance a cubrir la canasta básica. A esto se sumó la demanda por la restitución de la cobertura del 100 por 100 en medicamentos para todos los afiliados, rechazando la segmentación actual de los vademécum.

Asimismo, la organización reclamó la restitución de la moratoria previsional o la sanción de una nueva ley que permita el acceso al sistema a quienes no cuentan con los años de aportes suficientes. Finalmente, el documento exigió la declaración de inconstitucionalidad del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), argumentando que la reforma laboral vigente perjudica tanto a los trabajadores activos como a los jubilados, al desviar fondos que deberían fortalecer el sistema previsional hacia el sector empresarial.

Respecto a la gestión local, Celia Sucurado señaló que la falta de normalización en el PAMI impide que los adultos mayores accedan a información clara sobre sus prestaciones. Por este motivo, la organización busca que la institución vuelva a ser administrada por los propios jubilados a través de elecciones democráticas.

En cuanto a las acciones inmediatas, la referente de Amalu confirmó que ya se han iniciado gestiones con la nueva jefa de la agencia local del PAMI. Se prevé que una delegación de la asociación mantenga una reunión el próximo lunes para entregar formalmente el petitorio y solicitar una respuesta oficial sobre los puntos planteados, manteniendo así la presión durante los 60 días que durará la campaña de recolección de firmas en la ciudad.

Las acciones en el marco del Jubilazo Federal fueron una más de las manifestaciones públicas que Amalu impulsó en el último tiempo a nivel local para visibilizar el complejo presente del sector. Entre otras convocatorias, los jubilados llevaron a cabo un cortejo fúnebre simbólico a las puertas de la oficina local de PAMI.

La obra social estuvo casi seis meses sin funcionario a cargo de la jefatura, hasta la reciente asunción de María José Terreros, quien antes se desempeñaba en IOMA.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó este jueves el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER). La medida, formalizada mediante la Resolución 5862/2026 publicada en el Boletín Oficial, se enmarca en la Ley de Modernización Laboral y busca facilitar la regularización de relaciones laborales no declaradas o con registración deficiente en el sector privado.

El programa alcanza a aquellas relaciones laborales iniciadas hasta el 5 de marzo de 2026 que se encuentren vigentes al momento de la adhesión. Los empleadores tendrán tiempo hasta el 28 de noviembre de 2026 para inscribirse e incluir obligaciones vencidas hasta el período de octubre de 2026. Quedan excluidas de esta normativa las relaciones laborales del sector público.

La quita de deuda por aportes y contribuciones a la seguridad social se segmenta según el tamaño de la empresa. Las micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro accederán a una condonación del 90% de lo adeudado. Por su parte, las medianas empresas de los tramos 1 y 2 obtendrán un 80%, mientras que el resto de los empleadores recibirá una quita del 70%. En caso de cancelar el saldo restante al contado, se aplicará una reducción adicional del 50 por ciento.

Para el Fondo del Sistema Nacional del Seguro de Salud, Riesgos del Trabajo y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio, la condonación será del 100% tanto en capital como en intereses. La deuda remanente podrá financiarse con una tasa preferencial del 1% mensual. Las micro y pequeñas empresas podrán acceder a planes de hasta 72 cuotas, las medianas hasta 48 y el resto de los empleadores hasta 36 cuotas, con montos mínimos de 50.000 pesos.

La iniciativa surge en un escenario donde la informalidad laboral alcanzó al 43% de los trabajadores en el cuarto trimestre de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), con más de 5,6 millones de asalariados fuera del sistema previsional. Sectores como la construcción y el servicio doméstico presentan las tasas más elevadas, con 52,6% y 78% respectivamente.

El trámite de adhesión se realizará a través del servicio con clave fiscal Simplificación Registral y el plan de facilidades mediante Mis Facilidades, herramientas que estarán operativas a partir del próximo martes 16 de junio. La regularización también implica beneficios penales, extinguiendo la acción por delitos tributarios vinculados a las obligaciones incluidas, siempre que no exista sentencia firme.

El Gobierno nacional revisó su decisión inicial de intimar a la renegociación de 150 convenios colectivos de trabajo que se encuentran vencidos. Según se anunció oficialmente, la medida alcanzará finalmente a 446 convenios, en lo que representa uno de los efectos más significativos de la reglamentación de la reforma laboral puesta en marcha este jueves.

El secretario de trabajo, Julio Cordero, será el encargado de intimar a los sectores empresariales y sindicales para rediscutir las cláusulas vinculadas tanto a las condiciones de trabajo como a las cuotas solidarias o aportes compulsivos pactados entre las partes.

Esta extensión en el número de convenios responde a una interpretación estricta de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Esta normativa dinamitó la ultraactividad, un principio que permitía la vigencia de un convenio colectivo incluso después de su vencimiento hasta que fuera reemplazado por uno nuevo. Dicho mecanismo era considerado por los gremios como una garantía de estabilidad, ya que evitaba la pérdida de derechos adquiridos ante el estancamiento de las negociaciones.

No obstante, la nueva ley mantiene la ultraactividad para las denominadas cláusulas normativas, que son aquellas que definen las condiciones de trabajo. Por el contrario, las cláusulas obligacionales, como las cuotas solidarias y aportes especiales, pierden vigencia al momento del vencimiento del convenio.

A través del decreto 407, que reglamenta la Ley 27.802, el Gobierno abre la puerta para que, en esta etapa de diálogo, las empresas y los sindicatos renegocien la totalidad de las cláusulas posibles, permitiendo así una actualización integral de las condiciones laborales actuales y futuras.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), una iniciativa diseñada para regularizar relaciones laborales mediante importantes condonaciones de deuda y planes de pago de hasta 72 cuotas. 

La medida fue formalizada este jueves a través de la Resolución General 5862/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se establecieron los requisitos y plazos para que los empleadores del sector privado normalicen situaciones de trabajadores no registrados o con datos declarados de forma deficiente.

El esquema alcanza a los vínculos laborales iniciados hasta el 5 de marzo de 2026 inclusive, siempre que se encuentren vigentes al momento de la adhesión. Los empleadores tendrán tiempo hasta el 28 de noviembre de 2026 para realizar el registro formal de su personal, pudiendo incluir obligaciones devengadas hasta el período de octubre de este año.

La normativa contempla tanto a las relaciones laborales totalmente no registradas como a aquellas que presentan irregularidades, tales como una fecha de inicio posterior a la real o una remuneración declarada inferior a la efectivamente percibida. El régimen incluye la condonación parcial de deudas de capital e intereses correspondientes a aportes y contribuciones destinados a los subsistemas de seguridad social, tales como el SIPA, PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares.

Asimismo, se otorga una condonación del 100% de la deuda vinculada a aportes y contribuciones al Sistema Nacional del Seguro de Salud, Ley de Riesgos del Trabajo (ART) y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio. Para saldar la deuda remanente, ARCA ofrece dos vías de cancelación que deberán concretarse antes del 28 de noviembre de 2026.

Para adherirse, los empleadores deberán utilizar el servicio con Clave Fiscal denominado Simplificación Registral, aplicando los códigos de modalidad de contratación específicos según el tamaño de la empresa. En los casos de rectificación de remuneraciones, se deberá emplear el sistema Declaración en Línea o las versiones actualizadas de los aplicativos de seguridad social.

La norma aclara que quedan excluidas las relaciones laborales del Sector Público nacional, provincial o municipal. Del mismo modo, no podrán adherirse aquellos empleados que ya hubieran sido regularizados previamente bajo la Ley de Bases. Si bien la resolución general entró en vigencia de forma inmediata, ARCA informó que los sistemas informáticos específicos estarán plenamente disponibles a partir del 16 de junio de 2026.

Hugo Alconada Mon es uno de los periodistas de investigación más destacados de los últimos años. Con motivo de su visita a Tandil –donde brindó una charla a sala llena en la Cámara Empresaria-, y en coincidencia con el Día del Periodista, el prosecretario de La Nación dialogó con El Eco: sobre la tensión entre periodismo y poder, sobre nuevas tecnologías, sobre los cambios en el oficio, sobre el rol de los medios de enfoque local y sobre la posible derogación del Estatuto de la profesión. Todo en el marco de cambios profundos por el avance de la Inteligencia Artificial, y un contexto político en el que el propio presidente de la Nación suele repetir que “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.

“El periodismo local es clave. Primero porque hay múltiples zonas, no digo pueblos, digo regiones enteras de Provincias en las que no hay periodistas. No periodistas de investigación, sino periodistas. Hay zonas enteras donde no hay nadie que escriba o averigüe sobre  el intendente, los gastos de la ciudad o los gastos del Concejo Deliberante. Y la calidad de la información que hay en esa zona decrece de una manera sustancial. Pueden aumentar los riesgos de corrupción, pero no es solamente es eso. No hay nadie que provea de información a la comunidad, y ahí baja la calidad”, planteó en el programa Diálogos.

Como parte de La Nación, Alconada Mon trabajó en casos de gran impacto público –Ciccone, Odebrecht, y más cerca en el tiempo, en el caso Libra-, pero también es autor de novelas históricas –La cacería de hierro-, y entre muchos otros libros, el reciente “Topos, La historia real de los espías rusos que tomaron Buenos Aires como base de operaciones”. Uno de los ejes centrales de su trayectoria es el vínculo entre periodismo y poder, y desde ese lugar partió la entrevista con El Eco.

-Toda tu trayectoria profesional ha estado vinculada a esa tensión constante entre periodismo y poder. La pregunta inicial es ¿Hay una tensión particular entre medios y poder, o siempre estuvo latente y hoy está más expuesta?

- Hugo Alconada Mon: Creo que cada etapa ha tenido sus chisporroteos y la relación entre prensa y poder siempre ha tenido esta cosa tensa. A lo largo de las décadas ha sido así no solamente desde el retorno de la democracia, ni te digo durante tiempos de la dictadura.

Hay un muy buen académico, Fernando Ruiz, que ha dedicado todo su trabajo profesional a abordar la relación entre periodistas y gobiernos. Y cruje, todo el tiempo cruje.

Desde el retorno a democracia hemos tenido momentos más calmos, en tiempos de Menem se derogó el desacato, pero después estuvieron evaluando una Ley Mordaza, mataron a José Luis Cabezas, y el kirchnerismo tenía los retratos de unos cuantos colegas en Plaza de Mayo para que la gente fuera a escupirlos.

La característica especial de este gobierno es esta impronta de “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, ya como grupo, como como sector. Es un concepto ya por lo menos complejo. Si vas por el lado de la ironía, como dice Carlitos Pagni, “¿Después que viene? ¿No vamos a odiar lo suficiente a los plomeros, o a todos los barrenderos municipales?” Ya empieza mal la relación, ya arranca mal.

-Y además, esto viene de un contexto global, no es tampoco un invento argentino…

-Tal cual, ni siquiera es original, es un plagio. Esto viene replicado de Estados Unidos, con un matiz. Donald Trump allá habla de “We don't hate the media enough” es decir no odiamos lo suficiente a los medios de comunicación, a las empresas periodísticas.

Acá en cambio Javier Milei excluye a los medios de comunicación o a las empresas, o a los empresarios dueños de medio y se concentra en los periodistas. Y carga más las tintas sobre determinados periodistas. De manera muy astuta, creo que carga las tintas y los dardos sobre aquellos periodistas que pueden hablarle al electorado que eventualmente podría votar por él en una elección, sea en primera o en segunda vuelta.

-¿Cómo ha cambiado a lo largo de los años la trayectoria, el trabajo periodístico?

-Yo empecé en la redacción que todavía había computadoras y todavía había colegas veteranos que escribían con dos dedos, en máquinas de escribir, y fumando. Y no para cargar una medalla, sino simplemente porque se me dio, la primera nota que se escribió con un teléfono inteligente en la historia de La Nación fue mía.

Yo vivía en los Estados Unidos, estaba como corresponsal ante la Casa Blanca. Tenía uno de los primeros teléfonos que se podía escribir y era un acto de campaña en Denver, Colorado, de Barack Obama.

Escribí el texto completo en mi telefonito y lo mandé. Ahora ya estamos en la fase de inteligencia artificial. Esto yo no lo tomo ni como el final de los tiempos, ni nada, es parte del recorrido. Es un proceso al cual tenemos que adaptarnos y que hay que aprovecharlo. Y yo lo uso de manera intensiva en mi trabajo.

- Pensando en el periodismo de investigación ¿Qué pesa más hoy? ¿El uso de determinadas herramientas de IA, o tomarse un café con una fuente?

-Es la combinación. Por un lado, la importancia del teléfono. Por otro, como dijo Bob Woodward, el legendario periodista de Washington Post que investigó el caso Watergate cuando le preguntaron por un consejo para un periodista joven, él dijo “Get good shoes”, es decir conseguite buenos zapatos, empezá a caminar.

Ahora, por ejemplo, para el procesamiento de grandes volúmenes de datos, si yo tuviera que abordar como hemos tenido que abordar en nuestro trabajo, volúmenes como lo que fue Wikileaks o Panamá Papers o Pandora Papers, lo abordaría muy distinto.

De hecho es lo que me pasa en algunas investigaciones en desarrollo. Por ejemplo la justicia ordena el secuestro de todos los teléfonos celulares de todos los investigados y les descargan todo el contenido de todos los WhatsApp. Hay una cantidad de material inmenso.

En lo de Novelli (Libra), tuvimos que conseguir un disco externo porque no podías meter todo el material en un pendrive. Si después tuvieras que ver uno por uno todos los documentos, no terminás nunca. Ahí es donde la inteligencia artificial te permite ir buscando, indagando, procesando, buscando patrones. Cuando hay algo que salta, eso sí lo revisas de manera manual. Se te puede escapar la tortuga, pero es  menos probable que se te escape la tortuga que si fueras a revisar uno por uno los documentos.

-¿Trabajan en equipo los casos de esas dimensiones?

-Hacemos un juego muy flexible. Hay investigaciones que Nicolás Pizzi tiene por su lado, Ignacio Grimaldi por otro, y yo por mi lado. Pero después hay investigaciones que por volumen o por complejidad, nos vamos sumando.

Por ejemplo AFA. Fue también uno de estos trabajos donde accedimos a mucho material bancario y eran decenas de miles de transferencias bancarias. Ahí nos pusimos los tres, más Ricardo Brom que es el primer ingeniero en sistemas que pasa a trabajar adentro de la redacción tiempo completo. De hecho su escritorio está frente al mío.

-Qué bueno que haya medios que permitan eso, que el periodista no sea un mero redactor que tiene que sacar volumen, sino que le da espacio y tiempo a las investigaciones. De ahí sale el periodismo de calidad…

-Sí. Por supuesto que es una situación de frazada corta. Me van a decir “Hugo ¿Frazada corta en La Nación, que son 400 tipos?”, y me dirán que con esa cantidad de gente no puede ser una frazada corta. Pero después hay una elección presidencial y no importa si vos trabajás en deportes o en espectáculos. Todo el mundo va a la redacción a procesar Excels, a poner infografías, a poner el hombro. Y cuando hay algo muy sensible, yo dejo de costado mi trabajo y pregunto en qué ayudo. Me he puesto a llenar cajas como cualquiera, es parte del trabajo.

Pero también coincido en que cuando tenés la oportunidad, hacés la diferencia, ese valor añadido. Una vez estuve charlando con el director y dueño del New York Times, Arthur Sulzberger. Justo ellos acababan de ganar un Pulitzer a la mejor cobertura en profundidad, y era porque habían destinado un periodista a seguir la vida de los colibríes del estado de Florida durante un año.

En la charla, él me hablaba de la calidad y del valor añadido. Y me salió del alma decirle que podía decir eso porque podía destinar un tipo a seguir los colibríes. Se empezó a reír y me dijo que ellos tenían 1800 personas trabajando. Pero que lo que hacían era no hacer lo que hacían todos.

En ese momento Bush estaba en China y acababa de tener una conferencia de prensa. Ningún periodista del New York Times estaba en esa conferencia. Los cuatro que habían mandado estaban del otro lado de la cortina, hablando con funcionarios chinos y norteamericanos, extrayendo información. Porque lo que estaba diciendo Bush lo podían tomar de agencia de noticias, o desde Nueva York por televisión. Por eso, a veces la frazada es corta, o a veces se están colocando mal los recursos.

¿Qué es lo que hace distintivo a un periodista de Tandil? Aquello que pueda abordarlo de un modo que ningún otro periodista pueda abordar.

-Recorrés el país, y volviendo también sobre este marco general de redes sociales, ¿Qué lugar crees que tiene el periodismo local hoy?

-Es clave. Primero porque hay múltiples zonas, no digo pueblos, digo regiones enteras de Provincias en las que no hay periodistas. No periodistas de investigación, sino periodistas. Hay zonas enteras donde no hay nadie que escriba o averigüe sobre  el intendente, los gastos de la ciudad o los gastos del Concejo Deliberante. Y la calidad de la información que hay en esa zona decrece de una manera sustancial. Pueden aumentar los riesgos de corrupción, pero no es solamente es eso. No hay nadie que provea de información a la comunidad, y ahí baja la calidad.

Entonces es clave y a su vez, esto no pasa muchas veces por una cuestión de súper esfuerzos. En un momento pude hacer un entrenamiento especial que duró semanas en Estados Unidos. Fui a entrenarme en periodismo de investigación con gente del New York Times, del Wall Street Journal, del Chicago Tribune. Ese año el premio Pulitzer a la mejor investigación lo había ganado el Willamette Week, un semanario gratuito de Portland, Oregon. Me fui a verlos.

Le ganó al New York Times que tiene 1800 tipos, porque los tipos obtuvieron el dato de que al parecer el intendente de Portland tenía un caso de abuso de una muchacha que había sido baby sitter, que había cuidado de sus hijos. Cuando empiezan a averiguar y a tirar de la cuerda, había un antecedente. Tiraron de la cuerda y para cuando publicaron, lo tumbaron.

Entonces ahí vos tenés la relevancia de un diario local, de un semanario local que a su vez expone algo de interés público, de relevancia pública, con pocos recursos. Les tomó más tiempo, pero lo hicieron.

-Hiciste mención a 678. ¿Qué mirada tenés, no de 678, sino de que el periodismo también aporte su mirada o su perspectiva sobre las cosas que pasan, sobre la vida periodística?

-Mientras que se divida qué es información y qué es opinión… Siempre y cuando tu mirada, tu visión, tu sesgo ideológico, tu afinidad partidaria, no te nuble y no te lleve a ocultar información. Y que vos estés en condiciones de contarla completa.

Yo soy de Estudiantes de La Plata, voy a la cancha, me encanta Estudiantes. Pero cuando hablo de Estudiantes lo hago con el corazoncito. Ahora si después me encuentro con algo desagradable, y tengo una de dos, y una es decir que no estoy en condiciones de opinar porque mi corazón es de Estudiantes y me compromete.

Incluso ahora con lo de mi cuñada, yo no estoy en condiciones de poder hablar de una manera correcta, y que a su vez el otro tenga la seguridad de que yo estoy siendo imparcial, prolijo, y aportando otra información. Por respeto a los que me están viendo, cierro el pico.

En Argentina se ha puesto en tela de juicio al periodismo, y me parece genial. ¿Por qué vamos a quedarnos nosotros exentos de las críticas como sector, como oficio? Más de una vez somos injustos, y más de una vez hablamos con ligereza. Lo he vivido cantidad de veces del otro lado del mostrador. Han escrito sobre mí y yo digo, “Eso no es verdad”.

Cuando han hecho periodismo sobre nosotros nos hemos dado cuenta que se han cometido errores. Entonces también nosotros tenemos decir, mirando para el otro lado decir ¿Qué error pude haber cometido? ¿Qué debería corregir? ¿Qué debería mejorar?

En el diario La Nación había una máxima, una de las mayores del diario, en un cartelazo. Que decía “Siempre que vayamos a escribir sobre alguien tenemos que llamarlo”, y con mayúsculas y subrayado, la palabra “ANTES".

-¿Qué mirada tenés sobre la derogación del Estatuto del Periodista?

-Para mí es peligroso. Por supuesto que hay una necesidad, y creo que es necesario modernizar la legislación laboral argentina sin duda. Tenemos una legislación que tiene más de 70 años. No existen las redacciones de hace 45, 50, o 60 años, eso es cierto.

Al mismo tiempo aquí la pregunta que yo también me hago es si las reformas que se están haciendo son para mejor, y si se han hecho previa consulta con las personas que saben, o las han hecho de una manera, bien intencionada no lo dudo, pero sin la información suficiente para tomar las decisiones correctas. ¿A quiénes les preguntaron?

Me da la sensación que se apuran más por el título que por la verdadera reforma.

La Unión Industrial Argentina (UIA) defendió la reforma laboral que impulsó el Gobierno nacional, aunque advirtió que la estabilidad económica “por sí sola no alcanza”.

El presidente de la entidad, Martín Rappallini, resaltó la necesidad de promover el empleo formal y acompañar la transformación tecnológica, donde explicó que la tecnología “por sí sola no genera bienestar”, sino que lo hace “cuando aumenta la productividad y se transforma en inversión, empleo y salarios mejores”.

“Argentina llega a esta Conferencia desde una realidad concreta. La tasa de desocupación alcanzó el 7,5% durante 2025, llevamos 15 años sin crecimiento del empleo privado, y la informalidad laboral se encuentra en torno al 43%. Estos datos representan un desafío que compartimos trabajadores, empresas y gobiernos: cómo construir más empleo formal y de calidad en un escenario atravesado por profundas transformaciones tecnológicas, económicas y geopolíticas”, destacó durante su discurso en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En la misma línea, destacó los avances impulsados por la reforma laboral del Gobierno. Según Rappallini, representa “un punto de inflexión” y “un paso concreto hacia la modernización de las relaciones laborales”.

“Promueve la contratación y la adecuación de los equipos de trabajo a las nuevas tecnologías, refuerza el sistema de riesgos del trabajo y genera previsibilidad jurídica para quienes quieren invertir y contratar”.

También subrayó la estabilidad económica y la baja de la inflación como otro de los pilares de la recuperación macroeconómica.

Los reclamos

Sin embargo, el sector industrial alertó que la estabilidad económica, por sí sola, “no alcanza” para afrontar el proceso de transformación tecnológica.

Entre varios reclamos, Rappallini pidió un cambio en los marcos regulatorios e impositivos que “permitan adaptarse y competir en igualdad de condiciones con el resto del mundo”.

También enumeró el acceso al crédito productivo, el cierre de las brechas digitales, la capacitación continua de trabajadores y empresarios y el impulso hacia los sistemas educativos.

Por último, el empresario reclamó un mayor “diálogo social” de la clase política con los trabajadores y empleadores.

“El tripartismo no es solamente una metodología de trabajo; es una herramienta indispensable para construir consensos duraderos en tiempos de cambio”, sostuvo.

Y concluyó: “Construir sociedades donde empresarios y trabajadores puedan desplegar plenamente su potencial, aumentar su productividad y fortalecer sus capacidades para generar más oportunidades para las próximas generaciones”. (NA).

El cosecretario general de la CGT Jorge Sola presentó durante la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se realiza en Ginebra, Suiza, una denuncia contra el gobierno de Javier Milei por presuntos incumplimientos de normas internacionales que regulan el mundo del trabajo, a partir de la reciente reglamentación de la reforma laboral.

“En Argentina, el tripartismo ha sido reemplazado por la imposición. (Se pretende) redefinir de raíz el modelo de relaciones laborales del país, basado en una premisa tan equivocada como peligrosa: ‘que la protección de los trabajadores es un obstáculo para el desarrollo económico'”, se quejó en su alocución en la cumbre en el país europeo.

“Esto no es una disputa sobre tecnicismos administrativos o simples ajustes presupuestarios; es la denuncia formal del desmantelamiento sistemático de un modelo democrático de gobernanza del trabajo que nos tomó décadas construir y que el actual Gobierno Nacional está demoliendo desde diciembre de 2023”, agregó Sola.

En paralelo, otro de los cosecretarios generales de la central, Cristian Jerónimo, sostuvo que existen antecedentes internacionales que respaldan la posición de las organizaciones gremiales y no la del Gobierno.

“No cumplen con el derecho internacional, la Corte de La Haya le dio la razón a los trabajadores sobre que el derecho a huelga es un derecho adquirido en las bases de todos los trabajadores”, afirmó en una entrevista radial.

Consultado sobre la posibilidad de avanzar con medidas de fuerza, Jerónimo dijo que “no se descarta un paro general”, tras los cuatro que la CGT ya realizó desde que gobierna Milei.

Hace unos días el Gobierno reglamentó aspectos centrales de la reforma laboral mediante el decreto 407, publicado en el Boletín Oficial, fijando así el alcance de distintos artículos de la Ley vinculados con la registración del empleo, los recibos de sueldo, las licencias médicas, las desvinculaciones laborales y los trámites jubilatorios, entre otras cuestiones. (NA).

El Poder Ejecutivo Nacional oficializó ayer la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una de las herramientas centrales derivadas de la ley de reforma laboral.

Mediante el Decreto 408, publicado en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei fijó las bases operativas, los mecanismos de financiamiento y el alcance técnico que regulará este nuevo sistema de coberturas para despidos.

La normativa establece que el esquema entrará en vigencia efectiva a partir del 1ro. de noviembre de este año, postergando la aplicación inicial prevista para este mes debido al impacto fiscal de la medida. El sistema estará destinado con exclusividad a los empleadores del sector privado y se instrumentará a través de fideicomisos financieros o fondos comunes de inversión, bajo la supervisión directa de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Cada firma empleadora dispondrá de una cuenta individual donde acumulará las contribuciones mensuales. El incentivo principal para las empresas radica en una reducción de las contribuciones patronales ordinarias destinadas al sistema de seguridad social, la cual resultará equivalente a los recursos económicos volcados por la compañía dentro del FAL.

Requisitos, operatividad y exenciones

La reglamentación dispone que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) centralizará la recaudación y posterior derivación de los fondos hacia las cuentas de inversión. Los recursos acumulados se utilizarán para abonar futuras indemnizaciones, siempre y cuando el trabajador registre un vínculo laboral debidamente formalizado con un mínimo de 12 meses de antigüedad previos a la desvinculación.

Asimismo, el decreto introduce un período de carencia obligatorio de seis meses continuos, contados a partir del primer pago realizado por la empresa, antes de que el empleador quede habilitado para solicitar la cobertura del fondo ante un despido.

“Las inversiones de los FAL se limitarán exclusivamente a instrumentos financieros emitidos y negociados en la Argentina”, detalla el texto oficial respecto del destino de los activos del fideicomiso.

Con el objetivo de fomentar la adhesión empresaria y evitar sobrecostos, las cuentas bancarias utilizadas por estos vehículos de inversión colectiva quedarán exentas del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios. Por otra parte, la norma prevé que aquellos empleadores que demuestren un saldo suficiente para cubrir la totalidad de sus contingencias laborales potenciales podrán solicitar la suspensión temporal de sus aportes mensuales.

El decreto otorga un plazo de 45 días hábiles para que la Secretaría de Trabajo, la CNV, ARCA y la Secretaría de Finanzas dicten las normas complementarias y aclaratorias necesarias para la puesta en marcha definitiva del sistema en el penúltimo mes del año. (NA).

La reglamentación de la reforma laboral introdujo modificaciones en los formatos de los recibos de sueldo. El objetivo central de la medida es permitir que los trabajadores conozcan en detalle el desglose de los distintos ítems que componen sus haberes.

El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, aseguró que se busca transparentar los costos laborales y las retenciones aplicadas a los salarios. La modificación implementada pretende que el trabajador identifique, mediante una lectura en cascada, la diferencia real entre lo que paga la empresa y lo que finalmente percibe el empleado en su cuenta.

“Todo aquello que le sacan al trabajador va a quedar registrado, explicitado y hecho visible”.

Sobre este punto, el ministro explicó que el nuevo diseño permitirá exponer todo lo que se recauda por encima del sueldo neto y hacia dónde fluye exactamente ese dinero. El propósito de la medida es que el ciudadano identifique el destino del fruto de su trabajo y el funcionamiento del sistema recaudatorio.

Sobre este último punto, el ministro explicó que el diseño permitirá exponer "todo lo que se recauda por encima del sueldo neto y hacia dónde fluye exactamente ese dinero".

El propósito de la medida es que el ciudadano identifique el destino del fruto de su trabajo y el funcionamiento del sistema recaudatorio

A pesar de las reformas impulsadas por el Gobierno para frenar a la industria del juicio, la cantidad de conflictos y demandas judiciales entre empleados y empleadores continúa con una tendencia alcista y alcanzó casi los 40 mil casos en abril.

Con respecto al primer cuatrimestre de 2025, se encuentra un 2,3 por ciento por encima, lo que confirma el crecimiento de las demandas que alcanza volúmenes desproporcionados respecto de cualquier comparación internacional con sistemas similares.

De acuerdo con los últimos datos notificados en el sistema de Riesgos del Trabajo en abril de 2026, durante los primeros cuatro meses se acumularon 39.687 nuevos casos, con una proyección de 138.600 demandas para todo el año.

Solamente en abril, los casos registrados ascienden a 12.727 juicios en todo el sistema. Tomando en cuenta la medición año vs. año, ingresaron 135 mil demandas al sistema.

Dentro de las provincias, la litigiosidad también se presenta como un problema grave a resolver.

Santa Fe fue la jurisdicción con la mayor variación interanual entre las cinco grandes, presentando un aumento del 24,9 por ciento en comparación con los ingresos y marcando nuevamente el fuerte contraste del acontecer de la provincia respecto del total nacional.

Entre las nueve provincias con mayor volumen de juicios, Entre Ríos presenta el mayor aumento del acumulado de 12 meses con una variación del 33 por ciento. Por su parte, Chubut comienza a mostrar bajas interanuales tras los altos registros de 2025, pero continúa como la segunda jurisdicción con mayor crecimiento (24 por ciento).

Si bien en otras provincias se reflejan variaciones más altas en la medición contra el mismo mes del último año, el territorio que gobierna Maximiliano Pullaro registró 2.241 juicios en abril y acumuló 6.535 nuevos casos en el primer cuatrimestre (19,5 puntos por encima del mismo período en 2025).

La provincia de Buenos Aires, por el contrario, presentó una baja mensual del 4,9 por ciento, aunque en términos acumulados se encuentra en los mismos niveles de 2025. NA

La jornada laboral en buena parte de Europa, establecida bajo un límite de ocho horas diarias desde hace más de un siglo, enfrenta un cambio de paradigma en Alemania. El gobierno alemán proyecta una reforma ambiciosa que busca eliminar el tope diario como métrica principal para instaurar una jornada semanal flexible.

Según adelantó el diario alemán Welt, el proyecto de ley llegará al Bundestag en junio de 2026. La iniciativa no pretende que los empleados trabajen más horas en total, sino que el cómputo de 48 horas semanales que establece la legislación sea la referencia legal. Esto permitiría a los trabajadores distribuir su carga horaria de manera desigual a lo largo de la semana, facilitando la conciliación familiar o permitiendo a las empresas reforzar la actividad en días de alta demanda y reducirla cuando la carga de trabajo baje.

Actualmente, la Arbeitszeitgesetz (Ley de Jornada Laboral) establece que ningún empleado puede superar las ocho horas de labor por día, con excepciones de hasta diez horas en días puntuales. La reforma propuesta por la ministra de Trabajo, Bärbel Bas, busca adaptar la normativa a la Directiva europea sobre el tiempo de trabajo y a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2019, que obliga a registrar las horas diarias de forma efectiva.

Para evitar posibles abusos, Bärbel Bas incluyó en el proyecto la obligatoriedad del registro horario electrónico. Sin este control, la funcionaria advirtió que la flexibilidad podría derivar en un mecanismo de explotación en sectores con poca representación sindical, como el reparto de última milla y la paquetería.

La propuesta no cuenta con el aval de todos los sectores. La Confederación Sindical Alemana (DGB) manifestó su rotunda oposición a través de su presidenta, Yasmin Fahimi, según lo publicado por el medio Handelsblatt.

"Estamos viendo intentos de cuestionar la jornada laboral de ocho horas o de socavar los sistemas de seguridad social. No toquen la jornada laboral de ocho horas", declaró la dirigente.

Los sindicatos aseguran que, sin un límite diario, los trabajadores que no cuenten con un convenio colectivo fuerte quedarán expuestos a jornadas cada vez más largas, lo que pone en riesgo los derechos laborales conquistados históricamente.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la vigencia de 81 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en una causa iniciada por la CGT contra el Estado Nacional. La resolución fue firmada por la jueza federal Macarena Marra Giménez, quien sostuvo que el magistrado laboral que había dictado la cautelar carecía de competencia y que no estaban reunidos los requisitos legales para mantener la suspensión de la norma.

Según se desprende del fallo, la magistrada resolvió: “Dejar sin efecto la medida cautelar otorgada mediante resolución del 30/3/2026, que suspendió 81 artículos de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802”.

El dictamen recordó que la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal había definido previamente que la competencia correspondía al fuero contencioso administrativo y no al laboral. En ese marco, Macarena Marra Giménez citó la Ley 26.854 de medidas cautelares contra el Estado, que establece que los jueces deberán abstenerse de decretar medidas cautelares cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia.

La resolución cuestionó además el alcance de la cautelar dictada originalmente por el Juzgado Nacional del Trabajo N°63, que había suspendido artículos vinculados con contratos laborales, indemnizaciones, negociación colectiva, huelga, actividad sindical, vacaciones, jornada laboral y modalidades de contratación.

La jueza señaló que la accionante persigue la suspensión de una amplia gama de cuestiones cuya complejidad excede el ámbito de apreciación del remedio preliminar deducido. Asimismo, remarcó que analizar la constitucionalidad de ese conjunto de normas en una instancia cautelar implicaría adelantar criterio sobre la cuestión de fondo y sostuvo que realizar un examen de este tipo sobre una ley dictada por el Congreso Nacional resultaría un claro abuso del instituto cautelar.

La magistrada también enfatizó que las leyes gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y consideró que el planteo de la CGT requiere un examen profundo de estudio sobre los derechos involucrados. El fallo añadió que no existía peligro en la demora que justificara mantener la suspensión de la ley, debido a que la causa tramita bajo el procedimiento sumarísimo.

Finalmente, Macarena Marra Giménez aclaró que la decisión no implica adelantar opinión sobre la constitucionalidad de la reforma laboral ni sobre la legitimación de la CGT para impulsar la demanda colectiva, cuestiones que serán resueltas en la sentencia definitiva.

El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una medida enmarcada en la reforma laboral que reduce las contribuciones patronales por un período de cuatro años para quienes incorporen nuevos trabajadores. La normativa fue oficializada mediante el decreto 315/2026 publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Sandra Pettovello y Luis Caputo.

La implementación de esta medida se produce tras un fallo judicial favorable al Ejecutivo, en el cual la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal se declaró competente para intervenir en la demanda de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral, ordenando que el expediente sea remitido desde el fuero laboral.

El objetivo central del RIFL es impulsar las contrataciones en el sector privado de personas que no contaran con una relación laboral registrada al diez de diciembre de 2025. El beneficio alcanza a quienes hayan estado desempleados en los seis meses previos al alta laboral, a los inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) o a aquellos cuyo último empleo haya sido en el sector público nacional, provincial o municipal.

Bajo este nuevo esquema, el empleador pagará menores contribuciones patronales por cada nuevo trabajador, fijándose una alícuota de solo el ocho por ciento, que incluye el tres por ciento destinado al Fondo de Indemnizaciones. Según la reglamentación, esta reducción podrá ser aplicada por quienes hayan adquirido el carácter de empleador inscripto ante la ARCA a partir del diez de diciembre de 2025, con un tope máximo del 80% de su nómina de trabajadores.

En cuanto a la distribución de los fondos, las contribuciones que se determinen por la aplicación de la alícuota del dos por ciento se repartirán entre el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares. Por otro lado, las contribuciones del tres por ciento restante tendrán como destino el subsistema regido por el INSSJP. Finalmente, el decreto aclara que los ingresos adicionales que perciba el trabajador tras el inicio del vínculo laboral no afectarán los beneficios otorgados al empleador.