En una entrevista exclusiva, la actriz Valentina Bassi analizó la reforma de la Ley de Discapacidad impulsada por el oficialismo y advirtió que la iniciativa representa un retroceso de 30 años en materia de derechos. Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, expuso su preocupación por los cambios propuestos.

Para la artista, el punto más crítico es la intención de liberar el nomenclador único, herramienta que consideró la columna vertebral del sistema. Según explicó, este mecanismo garantiza que todas las personas accedan a terapias y centros educativos en igualdad de condiciones, independientemente de sus recursos económicos.

"Es una ley nefasta. Quiero hacer la salvedad que no solo la votó la oposición, sino que fue transversal absolutamente. Para ganarse el 70 por ciento de los votos a favor de las personas con discapacidad en el Congreso tiene que ser completamente transversal", remarcó.

Bassi advirtió que la desregulación abriría la puerta a que las obras sociales y prepagas decidan arbitrariamente qué prestaciones cubrir. Esta fragmentación, aseguró, dejaría a muchas familias sin acceso a tratamientos básicos y afectaría especialmente a las entidades con menor capacidad financiera, como la Obra Social de Actores.

Asimismo, la actriz relató las dificultades cotidianas que enfrentan las familias y las instituciones. Mencionó que la escuela especial a la que asiste su hijo se encuentra en riesgo de cierre tras haber contraído diez deudas para sostenerse. A esta situación se suma la crisis en el transporte: "La mitad de la escuela no tiene transporte. La mitad de los transportistas ya se fueron a trabajar a otro rubro porque no pueden ni prender la camioneta", detalló.

Finalmente, subrayó que el Estado fija aranceles tan bajos que no alcanzan para cubrir los costos operativos, lo que pone en jaque la permanencia de los servicios. "Cuando se discute discapacidad, se discute un modelo de país, porque realmente son los más frágiles de los frágiles", concluyó.

El Gobierno oficializó este jueves el otorgamiento del bono previsional de $ 70.000 en agosto para jubilados que perciban el haber mínimo, mediante el Decreto 523/2025, publicado en el Boletín Oficial. Así, el monto del bono sigue sin actualizarse desde marzo de 2024.

Las jubilaciones mínimas durante agosto serán de $ 384.305, ya que el haber inicial para el octavo mes del año fue fijado en $ 314.305,37, a partir del aumento del 1,6%, determinado en línea con la inflación de junio.

En tanto que para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $ 314.305 pero queden por debajo de los $ 384.305, el monto máximo del Bono Extraordinario Previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar esa cifra. De esta manera, en el caso de que por ejemplo, un jubilado perciba un haber de $ 350.000 sólo recibirá como bono $ 34.305.

Con la ayuda previsional confirmada, las jubilaciones más bajas pasarán de $ 379.298 a $ 384.305, lo que implica una suba de apenas $ 5.000.

Según el decreto, el bono previsional será otorgado a titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y también a personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES.

En los considerandos de la normativa, para justificar la medida, el Ejecutivo aludió al Índice de Movilidad Jubilatoria aplicado desde marzo de 2021 por la Ley N° 27.609. En este sentido, el texto oficial puntualizó que “la fórmula allí establecida presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario que afectaba los beneficios de los adultos mayores, puesto que no contemplaba la variación de los precios y presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes, entre otras cuestiones”.

Ante ese diagnóstico, se fueron implementando distintas ayudas económicas previsionales en los últimos meses. Desde que asumió la presidencia Javier Milei, se otorgaron dos bonos de $ 55.000 en los primeros dos meses del 2024 y desde marzo del año pasado en adelante se actualizó a $ 70.000.

Al respecto, el Decreto señaló que “la Ley N° 27.609 implicó efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, pero principalmente respecto de aquellos de menores ingresos, resultando necesario acudir a su sostenimiento mediante el otorgamiento de ayudas económicas previsionales y/o bonos extraordinarios previsionales mensuales por diferentes montos, desde el mes de enero de 2024 y hasta julio de 2025, inclusive”.

Continuando esa línea, expresó que “a modo de compensación por los efectos adversos ocasionados por la aplicación de la Ley N° 27.609 en los haberes previsionales de los adultos mayores de menores ingresos, para el mensual de agosto 2025 se considera oportuno el otorgamiento de un Bono Extraordinario Previsional”.

El Senado convirtió hoy en ley el proyecto que aumenta los haberes jubilatorios en un 7,2 por ciento y eleva el bono de 70.000 pesos a 110.000, además del proyecto que extiende la moratoria previsional, con lo que aplicó un duro golpe al gobierno del presidente Javier Milei, quien ya había advertido que vetaría esas iniciativas por atentar contra el equilibrio fiscal. Además, dieron el si a la emergencia en discapacidad.

El proyecto que incrementa las jubilaciones y el bono fue sancionado por 52 votos y 4 abstenciones; los votos fueron aportados por peronistas, radicales y partidos provinciales, con lo que se superaron los dos tercios de los sufragios. Del mismo modo, la moratoria resultó aprobada por 39 votos afirmativos, 14 negativos y una abstención.

Una de las tantas particularidades de la sesión fue que se cayó el sistema, lo que podría abrir más frentes de discusión.

Antes de la votación, La Libertad Avanza (LLA), el grueso del PRO y otros representantes de partidos provinciales decidieron ausentarse: los libertarios no reconocen la sesión y sostienen que la judicializarán.

La sesión inició pasadas las 14:15, luego de que la oposición lograra reunir el quórum aportado por los 34 senadores del interbloque peronista, a los que se sumaron el presidente del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, y sus pares de bancada Martín Lousteau, Favio Fama, Pablo Blanco y Maximiliano Abad.

También lo hicieron el jefe de la bancada Las Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola; la cordobesa Alejandra Vigo y la rionegrina Mónica Silva; se sumaron los santacruceños que responden al mandatario Claudio Vidal, Natalia Gadano y José Carambia.

Después de una hora y media de discusión para imponer el temario, primó la iniciativa del peronista José Mayans, que también impuso con mayoría su criterio de considerar válidos los despachos -objetados por los libertarios-, por lo que de esa manera se inició el debate por los proyectos aprobados.

El primero en tomar la palabra fue el senador peronista Mariano Recalde, que defendió el proyecto aprobado por Diputados, aunque reconoció que esa mejora “es mínima” ya que alcanza a “cubrir solo” para pequeños gastos, aunque destacó que ese incremento está solventado con las propuestas de financiamiento que se han incluido en esa iniciativa.

“El proyecto cuenta con fuente de financiamiento propia que permitiría llevar un pequeño alivio a los jubilados y responder fiscalmente a esta necesidad. También se plantea el redireccionamiento de las partidas que el Poder Ejecutivo asignó para la SIDE”, agregó Recalde.

A su turno, la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero expresó su rechazo al proyecto aprobado en la Cámara de Diputados y dijo que se deben estudiar otras propuestas si se quiere ayudar a los jubilados, como la situación del empleo, para tratar el problema del trabajo sin registrar.

Señaló que le “preocupan los jubilados y si de verdad queremos ayudarlos debemos tomar el toro por las astas y resolver entonces el problema de diez millones de trabajadores argentinos que están en la informalidad y no aportan”.

Por su parte, Tagliaferri se lamentó de que el año pasado un grupo de diputados hayan avalado el veto Milei y sostuvo: “La casta para el Gobierno son los jubilados. Por más que digan desde el relato cosas distintas”, aunque votó contra la moratoria previsional.

A su vez, la senadora Silva indicó que “es muy importante que hoy logremos la aprobación de esta ley y apelemos a la sensibilidad del Gobierno para que sea aplicable”.

El proyecto de jubilaciones ratificó el decreto presidencial 274/2024, que establece que las jubilaciones y pensiones se actualizarán de acuerdo al índice inflacionario.

En su paso por la Cámara baja, a propuesta del diputado de Encuentro Federal Nicolás Massot, se incorporaron artículos para financiar el aumento de las jubilaciones y del bono.

En ese sentido, se propone incorporar un artículo para establecer la derogación de la exención del impuesto del IVA a los directores de empresas, de ganancias a las sociedades de garantías recíprocas, y establece que se deben readecuar las partidas para utilizar los 32.616 millones de pesos que le corresponden a la SIDE.

También propone usar el ahorro de la baja de tasa del FMI y la nacionalización de los recursos que se recaudan por los registros del automotor.

Otro punto del proyecto se refiere a las cajas jubilatorias y en ese sentido dispone que la Anses transferirá antes del 20 de cada mes a las Provincias que no cedieron sus cajas previsionales a la Nación un anticipo mensual equivalente a una doceava parte del último año.

La moratoria previsional establece que las personas en edad jubilatoria -hombres desde 65 años y mujeres desde 60- sin llegar a los 30 años de aportes puedan regularizar sus deudas previsionales y, de esa manera, cobrar la jubilación mínima, con el descuento correspondiente al plan de facilidades de pago en cuotas.

Sin la moratoria, solo podrán acceder a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM) a los 65 años y pasar a percibir el 80% del haber mínimo jubilatorio, sin derecho a recibir pensiones por viudez, en tanto accederán a este plan unos 440 mil trabajadores en dos años, ya que solo podrán acceder quienes cumplan determinados requisitos.

El Senado también convirtió en ley la declaración de emergencia en materia de atención pública a las personas con discapacidad. Fue por unanimidad de los 56 legisladores presentes.

La iniciativa fue sancionada luego de un breve debate en el que se destacó la intervención de Luis Juez (Pro-Córdoba), que con la voz quebrada, es padre de una niña que tiene parálisis cerebral, abogó por el voto a favor de actualizar los valores que perciben transportistas, terapeutas y maestras integradoras.

“El estado tiene que hacerse responsable y esto no es un gasto. No importa cuanto afecta, nuestros hijos no son un numero, no son parte de una contabilidad”, sentenció Juez, rebatiendo los argumentos del Poder Ejecutivo en defensa del equilibrio fiscal.

El pasado 23 de marzo terminó el plazo para quienes querían jubilarse a través de la moratoria previsional sin contar con los 30 años de aportes a raíz de la decisión del Gobierno de no prorrogar la ley.

En diálogo con El Eco Multimedios, el abogado especialista en derecho previsional Diego Blundo analizó el esquema y compartió detalles de la alternativa para acceder a la jubilación y sobre la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80 por ciento de la jubilación mínima.

Al analizar el esquema en términos generales, planteó que para que un sistema previsional se sostenga se requieren “cuatro trabajadores en actividad que aporten para abonar un haber jubilatorio a un jubilado”.

El enfoque “está estudiado en el todo el mundo: Cuatro trabajadores en actividad, un jubilado”, subrayó. En contraposición, alertó que en Argentina “tenemos un trabajador y medio en actividad por cada jubilado”.

En consecuencia, considero que es “imposible que se sostenga” con esos indicadores, por lo que advirtió sobre la generación de impuestos que se derivan para su funcionamiento.

La moratoria y una situación “gravísima”

Planteado el tema, el letrado contextualizó que “la gran moratoria beneficiaba especialmente a las mujeres porque si les faltaban años de aportes al llegar a los 60, en muchas circunstancias podían completarlos mediante el descuento de los aportes que le faltaban de la jubilación”.

A partir del 23 de marzo caducó la vigencia de la ley, por lo que “hoy ya no está esa herramienta”.

Blundo alertó que “el grave problema que hay es que el año pasado, según autoridades de Anses, de cada 10 beneficios jubilatorios que se tramitaron, siete tuvieron que recurrir a una moratoria previsional”.

Es decir que, si una persona alcanzó la edad jubilatoria -en mujeres los 60 años y en los hombres los 65 años- y no le alcanzaban los años de aportes, “con la moratoria más o menos podían acceder” al beneficio mediante el cual “les iban descontando del haber” un porcentaje para cubrir ese faltante.

El año pasado “había tres beneficiarios solamente cada 10 que cumplían con los 30 años de aporte requeridos por la ley”, enfatizó el profesional al volver sobre el registro del año pasado y para dimensionar el estado de situación. “Estamos en una situación gravísima”, definió y agregó que “estamos hablando de gente que puede estar en muy buenas condiciones de salud, pero a los 60, 65 años las posibilidades de trabajo no son tantas como cuando uno tenía 30”.

Alternativa

¿Qué perciben ahora?

-Hoy lo único que queda básicamente es la posibilidad de un plan de pago de deuda previsional, que es para aquellos trabajadores que están en actividad todavía y le faltan 10 años o menos de 10 años para jubilarse. Por ejemplo, una mujer entre los 50 años y los 59 puede no jubilarse, pero entrar a este plan de pago de deuda previsional y “comprar” los años de aportes que le van a faltar. Eso se puede hacer. Sirve si le faltan años. Si tenés cero años de aporte, es altamente probable que no llegues. Puede servir para completar años, aunque es caro.

-En pos del beneficio, hay que evaluar las posibilidades de cada caso

-Por ejemplo, una señora desde los 50 años hasta los 59 puede ingresar a este plan. Un señor se jubila a los 65 años puede ingresar al plan desde los 55 años, 10 años antes, hasta los 64. Un señor de 50 años no puede, tiene que esperar hasta los 55. Sin embargo, un señor de 60 años está en plena actividad, pero sabe que le van a faltar diez años de aportes. Para jubilarse, se requieren 30 años de aportes. La cantidad de años de aporte tanto en el hombre como en la mujer son 30 años de aportes. Eso no cambia. Volviendo al caso, le aconsejaría que trabaje hasta los 65 años que es la edad jubilatoria para seguir aportando. Si tiene 20 y llega 25 podría ingresar al plan de pago de deuda previsional y en actividad hará un doble aporte mensual: A la jubilación normal como activo y todos los meses pagará una cuota para completar esos años. A los efectos de obtener una jubilación, me parece que no es tanto. Mientras esté en actividad lo podría afrontar.

La cuestión de fondo

En otro pasaje de la entrevista televisiva, Blundo brindó detalles sobre los alcances de la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM), que es para aquellas personas que alcanzaron los 65 años (tanto hombres como mujeres) y no cuentan con los años de aportes necesarios para jubilarse.

En detalle, dijo que se realiza una evaluación socioeconómica y que equivale al 80 por ciento de una jubilación mínima. Destacó que no genera derechos de pensión, por lo que si el beneficiario fallece, su cónyuge no podría cobrar una pensión por viudez. “Se considera más como un subsidio o una asistencia que como una jubilación en sí misma”, observó.

Desde su perspectiva, el abogado sostuvo que “el problema que tenemos es estructural en la Argentina. Las moratorias son parches. No soluciones”.

-¿Y acá cuál es la cuestión de fondo?

-La cuestión de fondo es que siete de cada 10 beneficios el año pasado tuvieron que recurrir a una moratoria. La pregunta que nos tenemos que hacer todos es ¿y por qué siete de cada 10 personas, adultos mayores, no tienen aporte? Tenés una economía en la Argentina casi de un 50 por ciento en la actualidad es trabajo en negro. El otro mensaje es hoy un chico de 30 años va a decir ¿y para qué voy a aportar? ¿Para después cobrar una jubilación indigna prácticamente? Bueno, entonces desalienta el aporte.

Moratoria

La ley de moratoria fue sancionada el 28 de febrero de 2023 permitía comprar aportes a hombres y mujeres que no alcanzaron los 30 años de trabajo registrado, que es el mínimo que se requiere para acceder al beneficio previsional.

La iniciativa sancionada concluyó el 23 de marzo y se había previsto que puedan jubilarse alrededor de 800 mil ciudadanos que ya tienen la edad para acceder al beneficio, que les falten 10 años para jubilarse y tengan una cantidad de aportes verificables hasta el 2008.

La iniciativa ofrecía un plan de pagos para comenzar a cancelar sus deudas previsionales para así llegar a la edad de retiro sin pasivos por atender.

La vigencia de esa moratoria se extendió en el Gobierno de Alberto Fernández, y se estableció como fecha tope el 23 de marzo de 2025.

En 2023 se estima que obtuvieron su jubilación un promedio de 480 mil personas, de las cuales el 85 por ciento lo hicieron con la reforma previsional.

Por Federico Martínez (*)

En una reciente declaración, Gonzalo Santamarina se expresó en contra de la reforma jubilatoria aprobada por el Congreso nacional. Aunque sus argumentos pueden parecer legítimos desde su perspectiva, es necesario un análisis más profundo que considere la realidad de miles de jubilados y pensionados que, hoy en día, sobreviven con ingresos mínimos en un contexto económico cada vez más difícil.

Santamarina cuestiona la necesidad de una reforma que, según él, podría comprometer la sostenibilidad del sistema previsional. Sin embargo, la sostenibilidad (que debe debatirse con profunda responsabilidad democrática si queremos construir una gran nación) no puede lograrse a expensas de la dignidad de quienes dependen de este sistema. La situación actual es insostenible para los jubilados y pensionados, que ven cómo su poder adquisitivo se reduce mes a mes, atrapados entre una inflación creciente y un bono congelado desde noviembre de 2023.

La reforma jubilatoria no es sólo una cuestión de números o cálculos macroeconómicos, es una respuesta urgente para garantizar que nuestros mayores puedan vivir con dignidad. Estas son personas que dedicaron su vida al trabajo y al desarrollo del país, y que hoy merecen algo más que la indiferencia de un Estado que debe protegerlos. Como señaló el papa Francisco: "Dejar de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato es muy mal negocio para la sociedad". Esta afirmación refleja con precisión la realidad de nuestros jubilados.

Cuando uno indaga en los datos sobre las condiciones de vida de nuestros jubilados y pensionados encuentra que son alarmantes y que refuerzan la urgencia de esta reforma. La fórmula de movilidad previsional vigente, implementada en marzo de 2021, no ha sido suficiente para proteger a los jubilados de la aceleración inflacionaria. El Gobierno nacional anterior de Alberto Fernández no sólo no cumplió las expectativas, sino que de la recomposición prometida del 20 por ciento perdido durante el gobierno de Mauricio Macri sólo recompuso el 11 por ciento, por eso se implementaron los bonos para paliar la cruda situación. Ahora bien, desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2024, la jubilación mínima acumuló una caída del 21 por ciento en términos reales, y del 16 por ciento si se consideran los bonos otorgados por el Poder Ejecutivo. 

Este deterioro del poder adquisitivo es inaceptable, especialmente cuando se considera que representa el 44 por ciento del ajuste del gasto primario real interanual del primer bimestre de 2024.  La actualización derivada de la ley vigente alcanzaría un 29,8 por ciento en marzo de 2024, mientras que la inflación proyectada para ese período se estima cercana al 60 por ciento, lo que demuestra la insuficiencia de la recomposición y la exageración del ajuste.

El incremento del 8,1 por ciento en las jubilaciones, aprobado por el Congreso, es un paso esencial para corregir la pérdida del poder adquisitivo que los jubilados han sufrido durante meses. Además, el ajuste retroactivo a abril busca compensar el daño causado por meses de ajuste insuficiente. Sin estas medidas, estaríamos condenando a miles de jubilados a una pobreza aún más profunda, a medida que los costos de vida siguen aumentando, impulsados por tarifazos en servicios esenciales y la eliminación de subsidios vitales como el Plan Hogar.

Es comprensible que cualquier cambio en el sistema previsional genere debates y tensiones, los sistemas jubilatorios son deficitarios económicamente en todos los países del mundo, porque son solidarios y traen consigo un superávit social y humano. Sin embargo, es esencial que el debate se base en la realidad de los afectados y no en meras proyecciones económicas inconsistentes desde la perspectiva creativa que implica gobernar, es decir, cualquier sistema económico es insostenible si se basa en la premisa de ser fuerte con los débiles y sumiso con los poderosos, fundamentalmente porque en medio de estas displicencias están los argentinos que trabajan con la expectativa de que una vida mejor es posible si trabajan y producen. La reforma jubilatoria es una oportunidad para corregir injusticias, para garantizar que el sistema sea no sólo sostenible, sino también justo y equitativo. La alternativa que Santamarina parece preferir es mantener un ajuste sostenido en el tiempo en base a los que trabajaron toda su vida y perpetuar la precariedad de nuestros mayores.

Invito a Gonzalo Santamarina a reflexionar sobre las verdaderas implicancias de su postura y a considerar el impacto humano de mantener el sistema actual sin cambios. La reforma jubilatoria no es perfecta, pero es un avance necesario para proteger a quienes más lo necesitan. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que nuestros jubilados vivan con la dignidad que se merecen, y esta reforma es un paso en esa dirección.

El veto presidencial que Santamarina parece apoyar no sería un golpe contra una ley, sino contra miles de jubilados que, hoy más que nunca, necesitan de un Estado que los proteja y les garantice una vida digna. Es momento de poner las necesidades de las personas por encima de los intereses económicos. Es momento de actuar con justicia y humanidad para reconstruir una expectativa sobre nuestro modelo democrático, que ningún argentino se sienta desamparado frente a las decisiones coyunturales de ajuste. 

Ningún debate público de la política puede ser endeble frente a las crueldades que se pongan de moda, hay que establecer una base sólida de acuerdos estructurales por los que caminar para tomar las mejores decisiones posibles. Todos deben consumir lo que producen, todos deben recibir la remuneración justa en función de sus esfuerzos, el Estado debe tender a disminuir las injusticias y ser equitativo, debemos construir una Argentina fuerte en materia de seguridad jurídica, la política debe responder a los intereses de las mayorías y por sobre todo cuidar a nuestros mayores cuando hay contextos de crisis, como debería haber sido siempre por herencia cultural y mandato nacional. Y por sobre todas las cosas, porque ya pudimos hacerlo, el déficit fiscal cero es con la gente adentro y participando activamente. 

*(Presidente del Bloque de Concejales de Unión por la Patria)

Después de que el presidente Javier Milei anunciara a la medianoche que vetará la ley sancionada por el Senado, y que establece un aumento el 8,1 por ciento las jubilaciones desde abril, los bloques opositores comenzaron a tallar una nueva estrategia.

La bancada de Unión por la Patria (UxP) prefirió no contar su estrategia porque espera que se publique el veto en el boletín oficial, aunque el diputado Itai Hagman señaló a la Agencia Noticias Argentinas que la idea es insistir con los dos tercios para que quede firme la ley jubilatoria.

En cambio, fuentes de la UCR señalaron a esta agencia que buscarán insistir con la sanción del proyecto jubilatorio ya que fueron promotores del dictamen que se aprobó junto a Encuentro Federal y la Coalición Cívica.

Así, anticiparon que el primer paso que darán cuando se haya comunicado el veto es convocar a la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que conduce la radical Gabriela Brouwer.

Por su parte, el bloque de Encuentro Federal, que conduce Miguel Pichetto, expresó su “apoyo a la ley que busca recomponer los ingresos de los jubilados y darles previsibilidad, que fuera aprobada por una amplia mayoría en el Congreso y que, a pesar de ello, Milei anunció que vetará”.

“Estamos comprometidos con la búsqueda del equilibrio fiscal, por el que hemos militado y trabajado desde que el hoy presidente era un comentarista mediático. Pero creemos que no hay un único camino para alcanzarlo. Por eso, en reiteradas ocasiones puntualizamos sobre la necesidad de que exista proporcionalidad en el sendero de baja del déficit”. agregó ese bloque en un comunicado.

Desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro señaló que “la decisión de Milei de vetar la ley de movilidad jubilatoria revela un gobierno indiferente tanto a los jubilados como a la representación de los argentinos que ejercen ambas cámaras”.

“Licuar las jubilaciones es una estafa moral profunda; es atacar la capacidad de uno de los sectores más vulnerables y desprotegidos de la Argentina para acceder a alimentos y medicamentos, personas que han trabajado y contribuido con sus impuestos durante toda su vida”, advirtió Ferraro desde sus redes sociales.

El Congreso solo podrá rechazar esta medida luego de que el Gobierno haya publicado el veto, para lo cual el Poder Ejecutivo tiene diez días hábiles desde la comunicación del Senado de la sanción de la ley, y luego tendrá que informar su decisión al Parlamento. NA

La jubilación mínima en Argentina rondaría los 290.000 pesos si se aplicara la fórmula que se votó ayer en diputados y que podría convertirse en ley pese al anuncio de veto que lanzó el presidente Javier Milei. Hoy, ese mismo haber está en 206.000 pesos, más el bono de 70.000 fijado a discreción por el Ejecutivo.

El posible nuevo esquema quedó fijado en el proyecto que fue aprobado por Diputados por una mayoría superior a los dos tercios (169 votos a favor, contra 72 en contra y 8 abstenciones) y podría ser también respaldado por Senadores, incluso por una diferencia mayor.

Esa mayoría relativiza el veto que anunció el presidente Javier Milei, ya que en el Congreso ya se conformó una mayoría lo suficientemente numerosa como para rechazar una decisión en contra del presidente y dejar en pie el proyecto del Congreso de la Nación.

Ese articulado dispone una actualización mensual de las jubilaciones a través del índice de precios al consumidor (IPC), la inflación mensual que calcula en Indec. Hasta ahí, es similar  a que ahora está vigente a través de un decreto de Milei que actualiza por IIPC con dos meses de rezago. Es decir, ahora la jubilación de julio se paga con el aumento del IPC de mayo, que fue 8,8%.

Pero la fórmula votada ayer agrega una actualización anual a través del RITPE, el índice de variación salarial que establece el ministerio de Trabajo. Eso, para el caso en que en algún momento los sueldos de los trabajadores formales activos le ganen a la inflación las jubilaciones y pensiones no tengan un techo de incremento. A la vez, se establece un piso que es de 1,09% de la Canasta Básica Total de un adulto. Y, por única vez, se paga un plus del 8,1% en concepto de “empalme”, dado que el gobierno otorgó un 12,5% de recomposición en abril que no cubre el 20,6% de inflación de enero, mes que quedó fuera de la actualización con la nueva fórmula.

En junio, la jubilación mínima se ubica en $206.931, monto al cual se le sumó un bono de $70.000. Suponiendo que la inflación de mayo fue del 4,5%, según las estimaciones de inflación de las consultoras privadas, los jubilados con los haberes más bajos cobrarían $216.242 en julio y si el gobierno decidiera otorgar otro bono del mismo monto, ascendería a $286.242.

En cambio, con la fórmula aprobada en Diputados, a valores de junio y teniendo en cuenta la canasta básica total de abril que fue de $268.012, la jubilación mínima rondaría los $292.000 para aquellos que tengan un solo ingreso. Con una diferencia importante: sin tener en cuenta ningún bono.

La sesión especial pedida por Hacemos Coalición Federal para tratar los proyectos vinculados a la sanción de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria se cayó ayer por falta de quórum. 

A las 12:31, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, contabilizó 119 legisladores sentados en sus bancas, diez menos de la mayoría simple necesaria para habilitar la sesión. La sesión se desarrolló con expresiones en minoría, de forma testimonial. Un puñado diputados que no dieron quórum inicialmente se sumaron al recinto a escuchar el debate. En un momento dado, había 126 legisladores.   

El elemento decisivo para que se frustrara la convocatoria al recinto fue la decisión del bloque de la UCR, que mayoritariamente decidió vaciar el recinto. Apenas cinco diputados díscolos encabezados por Facundo Manes se sentaron en los escaños.   

Desde temprano se sabía que el bloque conducido por Rodrigo de Loredo, quien se desvive por tender puentes hacia el oficialismo después del llanto culposo por no haber podido ayudar más al Gobierno con la primera ley ómnibus, iba a retacear el quórum.   

Tampoco ayudaron las inclemencias climáticas que forzaron la suspensión de vuelos desde varias provincias. Y claramente pesó en varios legisladores que decidieron ausentarse el temor a quebrar la inestable tregua lanzada por el Javier Milei con los gobernadores en torno a la convocatoria del Pacto de Mayo en Córdoba, donde se discutirá un nuevo pacto fiscal que le de oxígeno a las provincias.   

Un nuevo desaire hacia el presidente podría haber detonado los puentes de diálogo, y el jefe de Estado ya demostró después de la ley ómnibus que no le tiembla el pulso a la hora castigar con represalias a las provincias.   

Por esta razón, no bajaron al recinto los nueve diputados de Innovación Federal, el interbloque que reúne diputados sueltos que responden a los gobiernos de Salta, Misiones, Neuquén y Río Negro.   

El objetivo de la sesión, según había explicitado Hacemos Coalición Federal en un comunicado, era emplazar a la comisión de Previsión y Seguridad Social para que defina un cronograma de trabajo y ponga perentoriamente una fecha para dictaminar. 

Antes de ayer, el oficialismo había convocado a la comisión de Previsión y Seguridad Social para constituirse en la tarde del miércoles, con la finalidad de hacer caer la sesión y no perder la iniciativa a manos de la oposición en un asunto que impacta de manera directa en la cuenta fiscal del Gobierno.   

El Poder Ejecutivo no quiere perder el manejo de los tiempos del debate y pretende introducir la reforma jubilatoria dentro de la nueva ley de Bases, que podría ingresar al Parlamento en los próximos días.   

La versión que circula es similar al proyecto de la Coalición Cívica, basada en la indexación mensual por inflación, pero con una recomposición del piso de haberes de apenas el 10%. La iniciativa que iba a debatirse en el recinto, que tiene como autor a Juan Manuel López (HCF), contempla una compensación del 20,6% para resarcir las pérdidas de ingresos reales de los primeros meses del año.   

La estrategia de presión oficialista sobre sus socios de la "oposición" moderada rindió sus frutos ya que logró que la UCR, el PRO e Innovación Federal no se plegaran a la convocatoria realizada por Hacemos Coalición Federal, que contaba con el apoyo de Unión por la Patria. (NA).

El Frente de Todos (FdT) solicitó una sesión especial en la Cámara de Diputados para el miércoles a fin de debatir un conjunto de iniciativas, entre las que figuran el proyecto de moratoria previsional, la creación de nueve universidades y acuerdos internacionales.

Se tratará del último debate del año ya que las sesiones ordinarias se prorrogaron hasta el 31 de diciembre y significará la reanudación de la actividad parlamentaria tras la fuerte controversia entre el oficialismo y la oposición por la integración del Consejo de la Magistratura.

El presidente del bloque del FDT, Germán Martínez, solicitó la sesión para el miércoles a las 13 para tratar de convertir en ley el proyecto de moratoria previsional, que busca que unas 800 mil personas que tienen la edad jubilatoria pero no tienen los 30 años de aportes, puedan acceder a ese derecho, y la aprobación de la creación de ocho Universidades.

De todos modos, Juntos por el Cambio (JxC) aún no definió si dará quórum en esta sesión, bajo el argumento de que el temario no fue acordado con esa fuerza política, aunque la decisión final recién se tomará en las próximas horas, señalaron fuentes de la alianza opositora.

Con el pedido de la sesión especial el FDT busca retomar el temario de la frustrada sesión del 1 de diciembre, donde estaba previsto tratar la creación de nuevas casas de estudio en la provincia de Buenos Aires y el interior del país, que terminó en un escándalo porque JXC cuestionaba su validez, ya que se había postergado en tres oportunidades.

Se trata de las Universidades del Delta, que comprenderá a los partidos de Tigre, Escobar y San Fernando; de Saladillo, de Pilar, de la Cuenca del Salado; de Ezeiza que estarán ubicadas en la provincia de Buenos Aires.

También se armará la Universidades de Madres de Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires; de Río Tercero, en Córdoba, y en Entre Ríos, la Universidad Juan Laurentino Ortiz, con sede en la ciudad de Paraná. (Télam)