Trabajadores, vecinos de barrios populares, organizaciones sociales y gremiales, instituciones académicas y cooperativas de Tandil difundieron un comunicado público  y realizaron esta mañana una conferencia de prensa en el que manifestaron su “profunda preocupación” y su rechazo ante el cierre y vaciamiento de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) a nivel nacional.

Señalaron que la situación “no es nueva” y recordaron que en mayo del año pasado utilizaron la Banca XXI para alertar al Municipio y a la comunidad sobre el impacto local de una decisión de alcance nacional.

Según indicaron, la política de integración socio urbana surgió a partir del relevamiento nacional de barrios populares (RENABAP) impulsado en 2016 por organizaciones sociales, la Iglesia y vecinos, y luego se consolidó con la sanción unánime de la Ley 27.453 en 2018, ratificada en 2022. Aseguraron que entre 2019 y 2023 más de 772.000 personas fueron alcanzadas por los programas y obras implementadas por la SISU, con auditorías de organismos como la SIGEN, el BID, la UCA y CIPPEC.

En el plano local, detallaron que la política permitió realizar más de 800 conexiones intradomiciliarias de servicios en barrios como La Unión, Villa Gaucho, Movediza 1 y 2 y Villa Laza. Entre ellas, mencionaron 407 conexiones de agua potable, 300 instalaciones de electricidad segura, 151 conexiones cloacales y más de 4.100 metros de veredas, además de arbolado y espacios recreativos.

También destacaron que 400 mujeres tandilenses accedieron al programa Mi Pieza para mejorar sus viviendas y que las obras generaron trabajo para más de 80 cooperativistas locales, con un ingreso estimado en más de 600 millones de pesos para la ciudad durante ese período.

En el comunicado subrayaron que “la integración socio urbana funciona” y remarcaron que la Ley 27.453 “sigue plenamente vigente”. En ese sentido, afirmaron que el acceso al agua potable, cloacas, electricidad segura y un hábitat digno “no es un favor ni una concesión política: es un derecho reconocido por ley”.

Asimismo, advirtieron que la dotación de personal de la Secretaría se redujo de 585 trabajadores en 2023 a 290 en diciembre de 2025, afectando equipos técnicos y profesionales especializados.

Indicaron además que en Tandil aún hay más de 2.000 familias registradas en 11 barrios populares donde el 75% no accede a la red formal de agua, el 73% no tiene cloacas y casi el 100% carece de gas natural. Según expresaron, las obras en curso o ya comprometidas fueron paralizadas por el Gobierno nacional.

Entre los puntos exigidos, solicitaron al Gobierno nacional el cumplimiento efectivo de la Ley 27.453, la ejecución de los recursos ya recaudados, la restitución del FISU o la garantía de financiamiento por otras vías, además de la reincorporación de trabajadores despedidos.

También pidieron la reactivación de las obras paralizadas en la ciudad y el compromiso activo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del Municipio de Tandil, que aprobó por mayoría en el Concejo Deliberante el pedido de restitución del FISU.

“El acceso a derechos básicos no puede depender de decisiones políticas coyunturales”, sostuvieron, y concluyeron que “la integración socio-urbana no es un gasto, es una inversión en desarrollo, trabajo y futuro”.

En un operativo con efectivos policiales, la Usina volvió a cortar las conexiones irregulares en el barrio popular La Movediza 1, conocido como “la toma”. El Eco de Tandil estuvo en el lugar, donde un reducido grupo de vecinos se acercó a los agentes y autoridades para manifestar su descontento con la intervención. Si bien hubo un momento de breve tensión, la misma no escaló y la situación fue contenida por los agentes de la Policía.

Por su parte el presidente del directorio de la Usina, Oscar Teruggi, manifestó que, tras la resolución de incluir al lote en el Registro Nacional de Barrios Populares, es el gobierno nacional el que debe hacer cumplir la ley, habilitar los pasos para lotear el macizo y así generar las condiciones para que la zona pueda contar con servicio formal.

“Nación es quien tiene que resolver el problema. El gobierno de La Libertad Avanza es quien tiene que resolver el problema. Porque además, una de las cuestiones que hemos escuchado fuertemente es el resguardo a la propiedad privada. Bueno, tienen que resolver qué van a hacer con esa propiedad privada, que es del señor Moauro”, planteó Teruggi.

El presidente del directorio señaló además que el propio Oceba consideró que no están dadas las condiciones para dotar de servicio a la barriada, y que el Municipio pidió al ente regulador que convoque a Nación a las reuniones en las que se aborda el tema. Además, calculó que la empresa municipal destina unos 2 millones de pesos mensuales en términos de gasto que producen las conexiones clandestinas en el lugar.

El operativo partió  alrededor de las 9 del Espacio Nido de La Movediza. Además de operarios de la Usina se hicieron presentes autoridades, junto a un grupo de efectivos policiales. Los cortes comenzaron por los postes de la esquina de calle Misiones y Navarro, y luego continuaron por Piccirilli. En el último tramo, un grupo de vecinos se acercó y manifestó a los operarios su intención de conectarse legalmente al servicio. La policía debió intervenir para calmar los ánimos en el lugar.

-Hubo un nuevo operativo de corte de las conexiones clandestinas en La Movediza 1, lo que se conoce como “la toma”. ¿Cuál es la postura de la Usina con respecto a este tema?

-Oscar Teruggi: La postura de la Usina es la de siempre, la que hemos manifestado inclusive en reuniones que hemos tenido con el ente regulador Oceba. No estamos habilitados ni jurídica ni administrativamente para dar servicio reglamentariamente.

De hecho, hemos recibido una nota recientemente donde el Oceba reconoce que no están dadas las condiciones para dar el servicio. De cualquier manera, nosotros tenemos poca injerencia en lo que tiene que ver con la toma. No depende nosotros el perfeccionar todos los instrumentos que son necesarios y de acuerdo a lo que marca la ley, que es lotear ese macizo de tierra, identificarlo catastralmente como corresponde. En esa circunstancia nosotros estamos obligados a dar luz. No es que depende de nosotros dar luz o no.

Ese es un macizo para nosotros y reglamentariamente, si es un macizo, tiene que tener un servicio eléctrico normal y lo tiene. Después, la resolución de indemnizar al dueño por las tierras, lo tiene que hacer Nación y luego eso pasar a Provincia para que se lotee. Es un tema que le excede absolutamente a la Usina.

-¿Qué tiene que pasar para que esas familias tengan luz?

-Nosotros, si están dadas las condiciones, no tenemos manera de no dar luz. Aparte, estamos perdiendo todos los meses un montón de plata en relación a la energía que se consume producto de la de las conexiones clandestinas. No se recupera, o sea que nosotros somos los más interesados en poder dar luz, lo que sí tienen que estar dadas las condiciones para poder hacerlo.

-Que son estas que menciona…

-Lo que marca la ley, y creo que se debe cumplir la ley. Lo que pasa es que se han tomado muchas decisiones y no se ha avanzado con el proceso. En una reunión que tuvimos en la que el Oceba convocó a la Usina y convocó también al Municipio, claramente el Municipio le pidió a Oceba que interceda y que sume a Nación.

Porque Nación es quien tiene que resolver el problema. El gobierno de La Libertad Avanza es quien tiene que resolver el problema. Porque además, una de las cuestiones que hemos escuchado fuertemente es el resguardo a la propiedad privada. Bueno, tienen que resolver qué van a hacer con esa propiedad privada que es del señor Moauro.

-La Justica archivó la causa…

-Hay que perfeccionar todos los instrumentos para que eso se lotee. Después, cada uno tendrá las responsabilidades del caso en todo el proceso, pero nosotros no somos quienes tenemos que dar el primer paso.

-Las conexiones irregulares producen además un deterioro en la red de la Usina…

-Y todas las conexiones clandestinas producen una irregularidad en la línea de los usuarios reconocidos, que tienen la conexión legal. Todas estas conexiones clandestinas producen una irregularidad en el sistema eléctrico, y además todo lo que se está dañando en nuestra infraestructura, porque cada colgada también produce un problema en los materiales.

Entonces, no tenemos otra chance que ir y desconectar. Y además que lo hemos advertido desde el primer día, los riesgos que tiene para las personas, para los chicos, para la gente que vive ahí y para los vecinos también.

Es lo que tenemos que ir a hacer. Por supuesto que produce incomodidades, lo entiendo, entiendo a la gente, pero también entiendan que la Usina tiene que cumplir un rol y que no es el principal actor para que ellos puedan resolver el problema.

-Mencionó que la conexión irregular en el lote genera un gasto mensual para la Usina. ¿Cuál es el monto aproximado?

-No lo tengo ahora, pero hace unos meses eran alrededor de 2 millones de pesos mensuales.

Durante la noche del miércoles 28 y la madrugada del jueves 29 se produjo un incendio en  La Movediza 1 –el barrio popular que se originó con la ocupación de un lote en calle Piccirilli al 1000-, y el hecho generó la destrucción total de tres casillas del lugar. Un trabajador de la construcción y una pareja perdieron no solo su vivienda sino también todas sus pertenencias.

El Eco de Tandil estuvo en el barrio durante la mañana del jueves, cuando una decena de vecinos colaboraba con la limpieza de las cenizas y escombros. De acuerdo a lo relatado por testigos, el foco ígneo se habría producido pasadas las 22, tras escucharse un estruendo que correspondería a la explosión de una garrafa en una de las viviendas.

Los trabajos en las estructuras afectadas –que implicó la intervención de dos dotaciones de bomberos con seis efectivos-, se prolongaron hasta después de las 3 de la madrugada. Los vecinos marcaron que la ayuda demoró alrededor de 40 minutos en llegar, y que hubo intoxicados que debieron atravesar la mitad del lote para ser atendidos ,ya que fuerzas de seguridad no permitieron el acceso al predio.

“La verdad que me quedé sin nada. Salí con una toalla nomás”, contó uno de los vecinos afectados. Se trata de un trabajador de la construcción, de 59 años, que se desempeña en una empresa local. Instalado en el barrio desde hace casi tres años, comenzó con una casilla de chapa que luego pudo mejorar con madera. En el incendio perdió no solo sus pertenencias materiales, sino también a su perro.

La casilla lindera pertenecía a una pareja joven que pudo rescatar algo de ropa de las llamas. Al momento del hecho no se encontraban en el lugar, por lo que debieron trasladarse cuando recibieron el aviso. En la mañana del jueves, junto a allegados, trabajaron en el movimiento de las cenizas y los restos de chapa y madera, para volver a instalarse.

El trabajador de la construcción que resultó afectado por el incendio contó que tras culminar su jornada laboral se dirigió a comprar medicación. “A las diez y media me acosté y sentí como una explosión”, relató, sobre el ruido que escuchó de la casilla cercana. “Quería sacar mi garrafa pero me agarró la gente y me llevó”, sumó, sobre la ayuda de los vecinos que lo resguardaron de volver a su vivienda, donde las llamas se propagaron en segundos.

“A la hora de la verdad no había agua”, indicaron los vecinos, quienes comenzaron a apagar el fuego con baldes que llenaban desde las piletas de lona, o algunas mangueras caseras. De acuerdo a lo que precisaron, el primer móvil de Bomberos se quedó sin agua, por lo que debieron esperar a que arribe el siguiente.

La Movediza 1 es un barrio inscripto en el Renabap, que se originó a partir de una ocupación en febrero de 2023. A la fecha residen en el lugar casi 200 familias. Si bien comenzó como una zona en la que predominaban las casillas de cartón, chapa y madera, con el tiempo muchas familias fueron levantando viviendas de materiales.

Tras la confirmación de su incorporación al registro de barrios populares y el posterior archivo de la causa penal por usurpación, el dueño original del lote, un pequeño empresario que viven en el terreno lindero, continuó el reclamo por la vía administrativa.

En paralelo, los vecinos de la zona comenzaron un proceso de integración socio urbana, y desde entonces solicitan contar con el acceso al servicio eléctrico para cesar con las conexiones clandestinas.

Luego de que vecinos de Tarraubella –junto a organizaciones que forman parte de la Mesa Barrial de Villa Aguirre-, hayan solicitado al Municipio la factibilidad para extender la red de agua de calle Lavalle hacia calle Rosales, desde la Comuna plantearon que existe la posibilidad de que las conexiones se realicen a la red ya existente –tanto de agua como de cloacas-, bajo la modalidad multifamiliar. Además, plantearon su mirada sobre el estudio que arrojó que el agua en el lugar está contaminada, y sobre las obras para los barrios populares.

“Lo que se debería hacer es como cualquier multifamiliar, una extensión interna dentro de la parcela para poder conectarse a la red”, sostuvo Luciano Lafosse, secretario de Planeamiento y Obras Públicas, en diálogo con El Eco de Tandil. “Lo que nosotros estamos planteando es que ya se tiene la red que pasa por el edificio de Tarraubella, entonces lo que hay que hacer es extender esas redes internas hacia el interior de lo que se denomina el llano”, agregó el funcionario.

Cabe recordar, el reclamo por el acceso al agua en Tarraubella es de larga data. En verano la problemática se acrecienta, y los vecinos deben recurrir a llenar botellas y bidones por la noche para poder contar con suministro durante el día.

A través de fondos provinciales, el barrio sumó obras de infraestructura en el último período. Entre otras, se formalizaron las conexiones intradomiciliarias para los vecinos de la torre del lugar. Sin embargo, las familias del llano continúan con conexiones precarias.

Dentro del financiamiento provincial existe la posibilidad de que el gobierno bonaerense no solo costee las conexiones intradomiciliarias, sino la extensión de la red desde Lavalle hacia calle Rosales y Patagonia. Por eso los vecinos elevaron una nueva solicitud formal para obtener el aval municipal para avanzar con la iniciativa. Sin embargo desde la Comuna consideraron que las conexiones pueden realizarse mediante la red ya existente.

“Sin la necesidad de hacer una extensión de la red”

-Hubo un pedido de vecinos del llano de Tarraubella, junto a organizaciones que trabajan en el barrio, para solicitar la factibilidad para la extensión de red, y que Provincia pueda financiar esa obra. ¿Cómo es la situación respecto a eso?

-Luciano Lafosse: En realidad, hay una parcela que involucra tres calles, Lavalle, Rosales y Patagonia. Y para esa parcela lo que nosotros planteamos es que las factibilidades se dan en función de la estructura parcelaria.

El 2 de octubre fue contestada esa nota en la que se nos solicitaba la factibilidad, en el que se les planteaba que esa parcela ya tiene la factibilidad tanto para cloacas como para agua, existiendo ya conexiones realizadas a la red municipal, a la red pública en ambas redes de infraestructura.

-Redes que pasan por Lavalle…

-Exactamente. La red nuestra, las dos redes van por Lavalle hasta Rosales.

-¿La gente que vive en el llano de Tarraubella podría conectarse tanto a esa red de agua como a la red cloacal sin necesidad de una extensión de red?

-Sin la necesidad de hacer una extensión de red por vía pública porque esa parcela ya tiene una las conexiones por una calle. Lo que se debería hacer es como cualquier multifamiliar, una extensión interna dentro de la parcela para poder conectarse a la red.

-Lo regular suele ser que los caños pasen por los frentes de las viviendas…

-Ahí hay un hay una cuestión que tiene que ver con que eso es una urbanización informal en el que ni siquiera por red pública se podría llegar a todas las viviendas. Entonces, siempre va a tener que existir una red multifamiliar interna.

Lo que nosotros estamos planteando es que ya se tiene la red que pasa por el edificio de Tarraubella, entonces lo que hay que hacer es extender esas redes internas hacia el interior de lo que se denomina el llano.

-¿La gente que tiene frente sobre Patagonia también podría llegar hasta la red pública por red interna?

-Sí, la otra parcela que da sobre Patagonia también tiene factibilidad. Es un galpón que tiene la conexión por calle Darragueira.

-Hay un proyecto provincial que financia obras para villas y asentamientos. ¿Estas conexiones intradomiciliarias se podrían hacer a través de la red de calle Lavalle?

-Se podrían hacer, sí. Se podrían hacer como un proyecto de cualquier proyecto multifamiliar en el que lo que se debería prever algún tipo de tanque de reserva para poder contar con el servicio.

-Recibieron un informe que daba cuenta de contaminación en el agua por conexiones precarias. ¿Qué lectura hacen desde el Municipio?

-Planteamos la necesidad de regularizar esa situación. Porque por lo que se ven en las imágenes  de la nota del otro día, y por cosas que nosotros teníamos presentes, lo que uno infiere de lo que está sucediendo si es que están tomando agua de la red nuestra, o que pueda llegar a haber algún tipo de contaminación que generen las propias conexiones.

Lo que tendríamos que tener son mayor cantidad de detalles respecto del estudio que hizo la Facultad de Veterinarias. Nosotros tuvimos conocimiento de eso a partir del expediente que empezó la semana pasada.

Obras para barrios populares

-Tarraubella es un barrio popular, ¿Cuál es la postura del Municipio con respecto a las obras de infraestructura?

-Tomamos la decisión de que en este tipo de urbanizaciones, no hacemos obras. De la misma manera que el Intendente, la semana pasada, lo planteó en relación a la toma, que es también un proyecto de Renabap. El Municipio no hace obras de infraestructura para este tipo de urbanizaciones, porque los recursos con los que realizamos obras son recursos de las tasas que se pagan por los distintos servicios que se brindan.

Nosotros hemos hecho obras en barrios Renabap de Tandil con recursos que aportaba Nación. Lo que no hacemos nosotros son obras en estos barrios porque entendemos que hay otros barrios en los que el Municipio tiene déficit en el servicio. Priorizamos algunas otras obras.

El Municipio de Tandil reiteró su postura respecto a la ocupación del macizo privado ubicado en el barrio Movediza y volvió a señalar que la responsabilidad de intervenir en ese predio corresponde al Gobierno Nacional, luego de que la propia Nación lo incorporara al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) en 2023.

Desde la comuna recordaron que el Municipio viene participando de las instancias de diálogo convocadas por la Justicia junto a la Defensoría Oficial y organismos del Gobierno provincial. Sin embargo, en ninguna de esas reuniones estuvo presente representantes del Gobierno Nacional, a pesar de ser la autoridad competente para definir la situación del macizo incorporado al Renabap.

En este marco, el pasado jueves el jefe de Gabinete, Julio Elichiribehety, presentó de forma presencial dos notas ante la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía de la Nación y ante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia. En ellas, el Municipio pidió definiciones urgentes sobre el macizo y solicitó que Nación y Provincia asuman las responsabilidades que les asigna la Ley 27.453.

Desde el Ejecutivo local reiteraron que el terreno continúa a nombre de su propietario debido a que el proceso de expropiación no está concluido, y remarcaron que el Municipio no destinará recursos públicos de los tandilenses para urbanizar, mejorar o dotar de servicios a una toma ubicada en un predio privado, una postura que mantiene desde el inicio del conflicto.

A esta situación se suma la falta de respuesta del Gobierno Nacional a las notas enviadas previamente por la comuna, en las que se solicitó la revisión del caso y el pedido formal de remoción del macizo del Renabap.

Asimismo, el Municipio remarcó que los principales afectados por esta situación siguen siendo los vecinos lindantes, quienes conviven desde hace más de dos años y medio con los impactos de la ocupación y reclaman definiciones claras a las autoridades nacionales responsables.

Mientras tanto, la intervención municipal continuará restringida a situaciones vinculadas a la salud y a la atención de grupos en riesgo, sin asumir obligaciones que competen a la órbita nacional y provincial.

Finalmente, el Ejecutivo local adelantó que seguirá reclamando al Gobierno Nacional —a través de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana— el cumplimiento de la legislación vigente en materia de barrios populares, teniendo en cuenta que la Justicia consideró válida la inclusión del macizo en el Renabap.

La ocupación del macizo comenzó en febrero de 2023 sobre un predio privado cuyo propietario denunció la usurpación del inmueble. Durante los primeros meses, la Justicia dispuso medidas de no innovar, solicitó un censo y ordenó el desalojo que finalmente no fue efectivizado.

En diciembre de 2023, la Secretaría de Integración Socio Urbana del Gobierno Nacional incorporó formalmente el predio al Renabap. Meses más tarde, la Cámara de Apelaciones de Azul declaró inconstitucional esa incorporación y ordenó avanzar con el desalojo.

Sin embargo, el 19 de junio de 2024, el nuevo Subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, emitió un acto administrativo que ratificó la inclusión del macizo en el Renabap y solicitó levantar la medida de no innovar relativa a la provisión de servicios. Esta decisión reafirmó la postura del Gobierno Nacional respecto al predio.

A pesar de esa ratificación, el proceso de expropiación no concluyó y el terreno continúa inscripto a nombre de su propietario, lo que mantiene el conflicto sin una resolución definitiva.

En paralelo, el Municipio envió diversas notas pidiendo la remoción del macizo del Renabap y solicitando definiciones formales, pero no obtuvo respuesta. Durante todo el proceso, la comuna mantuvo su postura de no destinar fondos locales para urbanizar una toma y de intervenir solo ante situaciones de salud o riesgo en las poblaciones más vulnerables.

El Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Humanas elaboró un nuevo informe sobre el estado actual La Movediza 1 (lo que fue la toma en el lote de calle Piccirilli al 1000), en el que se registraron en particular las problemáticas originadas en el barrio por no contar con acceso formal a la energía eléctrica, pero en el que también relevaron la voluntad de las más de 130 familias por regularizar su situación.

“Creemos fundamental que las familias que viven allí sean escuchadas e incorporadas en un espacio participativo, una mesa participativa para discutir particularmente de qué manera se pueden desarrollar en este barrio. Las demandas no son nuestras, sino de las personas que viven en el lugar, y la principal es poder formalizar su situación. Dijeron que no quieren vivir más en la clandestinidad, y eso implica poder tener servicio de energía eléctrica, poder pagar su terreno, y un montón de aspectos vinculados a la regularización dominial, a los cuales tienen voluntad de contribuir”, transmitieron Dana Valente Ezcurra, Jésica Esparza y Paloma Draghi, parte del equipo de Hábitat y Derecho a la Ciudad del Observatorio Social.

El informe se denomina “Situaciones problemáticas a considerar para el acceso a la energía eléctrica en el Barrio Popular La Movediza I – Tandil”, y llevó meses de trabajo, visitas al barrio, relevamientos casa por casa y análisis de datos. Incluyó también talleres participativos no solo con adultos sino también con niños y adolescentes, quienes entre otros aspectos manifestaron que la oscuridad es uno de sus principales temores.

Tras la ocupación del lote de calle Piccirilli al 1000 en febrero de 2023, comenzó un proceso penal que se agotó en julio pasado, cuando la Justicia determinó que no existió delito de usurpación –porque el terreno forma parte del Registro Nacional de Barrios Populares-, por lo que archivó la causa. El hasta entonces particular damnificado –el vecino dueño de un vivero que contaba con la titularidad del macizo- inició un nuevo juicio por vía administrativa, para obtener una indemnización.

De acuerdo al Renabap, el barrio es actualmente La Movediza 1 (ID 608), y según el relevamiento de la Unicen cuenta con 130 parcelas por las cuales casi un 80 por ciento de los habitantes posee Certificado de Vivienda Familiar. Sin embargo, estos continúan sin acceso formal a los servicios básicos, y en particular a la energía eléctrica.

El sábado 15 por la mañana, El Eco de Tandil volvió al barrio. Mientras algunos vecinos seguían avanzando con la edificación de sus viviendas, moviendo ladrillos y levantando paredes, otros cortaban el pasto. Muchos ya instalaron los postes de luz reglamentarios, a la espera de dejar las conexiones irregulares.

El objetivo principal del mencionado informe fue el de “caracterizar las situaciones problemáticas en torno al acceso a la energía”. Además de relevar los datos sobre la cantidad de parcelas y constatar la tenencia de Certificados de Vivienda, el texto también se propuso considerar la situación de los vecinos en relación a los requerimientos de parte de la Usina para dotar del servicio, y dar cuenta de situaciones problemáticas “advertidas en relación al agravamiento de las condiciones de vida como resultado de la precariedad socio habitacional y la exclusión sociourbana”.

El informe concluye señalando la “situación de emergencia habitacional y social crítica” en el barrio, en particular en relación al acceso a servicios. Si bien hace mención a que de acuerdo a la normativa vigente el Certificado de Vivienda es suficiente para poder solicitar la conexión eléctrica formal, indica que desde la Usina se incorporaron requisitos que “desconocen la obligatoriedad del cumplimiento de los derechos de habitantes de barrios populares”.

Las integrantes del Observatorio Social que dialogaron con El Eco de Tandil destacaron del informe las recomendaciones “para el diseño marco de la resolución no punitiva del conflicto”. En principio el acceso a los servicios urbanos, no solo electricidad sino también agua, cloacas, recolección, apertura de calles y pasajes, entre otros.

Pero las recomendaciones señalan además la necesidad de “adoptar un enfoque de derechos reconociendo la normativa vigente en materia de derechos humanos fundamentales y acceso justo al hábitat”, “incentivar la desestigmatización de la ciudadanía que habita en asentamientos precarios capacitando a agentes públicos y efectores de áreas de atención”, “impulsar de manera urgente la intervención articulada entre instituciones y organismos pertinentes de cara a garantizar el acceso formal a la energía eléctrica”, y “promover la implementación de abordajes integrales y participativos en el desarrollo de las políticas de hábitat e integración sociourbana”.

En ese marco el informe propone crear una “Mesa de Gestión Interinstitucional” con participación de organismos nacionales, provinciales, municipales y vecinos, así como también co-diseñar un Plan para la Integración Sociourbana de la extensión del barrio popular La Movediza 1 que incluya la apertura de calles, la extensión de redes de servicios y la instalación de espacios públicos seguros.

Lo que fue la ocupación de una manzana en calle Piccirilli al 1000 de La Movediza, hoy es un barrio inscripto en el Renabap. El Eco de Tandil consultó a las autoridades de la Usina por el futuro del acceso al servicio eléctrico para las casi 200 familias que viven en el lugar, y desde la empresa señalaron que el mismo no se otorgará hasta que no se determinen los lotes individuales y cada vivienda cuente con la numeración correspondiente.

Además, indicaron que destinan más de 1 millón y medio de pesos mensuales en el consumo del barrio. También que continuarán con los operativos de corte de conexiones clandestinas, aunque al momento deban pagar a la Policía el servicio extra.

“Hasta que no estén los lotes individuales y las calles abiertas, nosotros no podemos dar servicio. Para nosotros están en una chacra, en un solo lote”, expresó Oscar Teruggi, presidente de la Usina Popular y Municipal de Tandil. La inclusión al Renabap, agregó, “se tiene que trasladar para ver dónde vive el vecino, en qué calle, qué número de altura es, cómo lo identificamos nosotros acá para darle una factura, para darle el medidor”.

Fue en julio pasado cuando se conoció el archivo de la causa penal iniciada en febrero de 2023 tras la ocupación del lote. Quien fuera el propietario –vecino del terreno, y dueño de un vivero en el lugar-, comenzó por su parte el juicio por expropiación, en la vía administrativa.

Desde junio del 2024 la Usina lleva a cabo operativos de corte por conexiones clandestinas en el barrio. La empresa elevó una nota al juez que estaba a cargo de la causa penal para alertar por la situación, y los cortes de servicio continúan realizándose periódicamente.

“Hay un riesgo para la sociedad en su conjunto que circula por ahí y para los habitantes de la toma también. No queremos quedar como responsables de cualquier hecho que ocurra producto de esas conexiones clandestinas”, indicó Teruggi al respecto.

“La Usina está teniendo una pérdida de alrededor 1 millón quinientos mil pesos mensuales de la pérdida de energía que hay en ese lugar. Es energía que se brinda y no se paga, porque la Usina compra esa energía, no es que la producimos nosotros. Con lo cual la Usina tiene un perjuicio económico, no solamente de la energía, sino de lo que se está produciendo en los cables. Porque esas conexiones clandestinas van destruyendo el material, que en algún momento se va a resentir”, explicó Teruggi.

Consultado por cómo serían los pasos para que el barrio cuente con el servicio, el presidente de la Usina indicó que se procede por parcela. “Si no están los lotes identificados catastralmente como parcela, con un número de nomenclatura, nosotros no podemos entregarles la luz. Para nosotros eso es una única parcela, y tiene luz”, precisó.

Estimó que “ARBA tendrá que hacerlo, como con cualquier urbanización”, y que “no es un tema que nos corresponda a nosotros, ni se puede hacer a nivel local”. Si bien hubo vecinos del barrio que se acercaron a la Usina para incorporarse al servicio, Teruggi sostuvo que la documentación presentada no era suficiente ya que “no están dentro  de un lote identificado”.

El presidente de la empresa aseguró que continuarán con los operativos de corte, ya que “hay vecinos al lado que pagan su factura rigurosamente todos los meses, y no puede haber una situación A para unos vecinos y una situación B para otros. Eso es lo que la Justicia no evaluó en su momento”.

El funcionario repasó los vaivenes judiciales de la causa y la incorporación del lote al Renabap. Sobre la ocupación consideró que “nadie quisiera que vecinos tengan que tomar estas decisiones para para poder tener acceso a la vivienda”, y que “sabemos con el censo que una gran mayoría de las personas que viven ahí ni siquiera son de nacionalidad argentina. No digo que no tengan derecho a tener un techo. Lo que digo es que la manera de acceder al techo son otras, no tomando tierras privadas y que después se convaliden”, concluyó.

Tras asegurar que continuarán con los operativos de cortes de conexiones irregulares, Teruggi señaló que “ya la Policía no nos quiere acompañar y tenemos que pedir un servicio adicional para hacerlo. Porque al estar cerrada la causa, no podemos pedirle al Fiscal ni al Juez ni a nadie que nos acompañen a hacer una desconexión clandestina de este tipo”.

Al respecto agregó que “ahora estamos pidiendo hacer otro operativo y la Policía lo que nos dice es que no nos puede acompañar en esta situación porque no puede descuidar otras zonas y porque la causa está cerrada. La policía, en este caso, lo que nos dice es que tenemos que hacer un pedido de un servicio adicional que sale alrededor de 400 mil pesos. Lo pedimos, pero no hemos tenido respuesta todavía”.

El conflicto por la toma de los terrenos ubicados en Lavalle y Rosales suma un nuevo capítulo a partir de la presentación de los legítimos propietarios en la Defensoría del Pueblo. Allí denunciaron la construcción del obrador por parte de la arquitecta de la cooperativa que lleva adelante las obras de urbanización sobre los departamentos construidos, el cual entienden que se está levantando en una parte que no está dentro del Renabap.

La semana pasada, los legítimos propietarios alzaron la voz ante una denuncia vecinal sobre la posibilidad de que los terrenos colindantes al edificio de Tarraubella sean tomados. Desde la Secretaría de Protección Ciudadana se descartó cualquier tipo de toma y se explicó que se trataba de un obrador para la arquitecta de la organización social que tendrá a su cargo la urbanización de los departamentos ya construidos.

La explicación que brindó Alejandra Marcieri en estas páginas no satisfizo al grupo de personas que invirtió en los 90’ en dichos terrenos y en la mañana de ayer se dirigieron a las oficinas de la Defensoría del Pueblo para realizar una denuncia. Si bien no pudieron hablar con Paula Lafourcade, responsable del área, se realizaron un par de denuncias presenciales y otras tantas a través de whatsapp.

Una de las denunciantes contó a El Eco de Tandil que no entendía “cómo se le da permiso a una arquitecta o a una organización que está usurpando terrenos”. Resguardando su identidad, también comentó que ya se está avalando una usurpación y que ahora el obrador lo están armando en otros terrenos. “¿Por qué no lo armaron donde están los departamentos? Cada vez están tomando más terreno”, señaló.

En cuanto a la denuncia presentada en las oficinas de Maipú al 200, se lamentaron no poder ser atendidos en persona por Lafourcade, quien, según contaron, estaba en una reunión. A su vez, quienes les tomaron las denuncias, aseguraron que las mismas iban a ser recibidas en la inmediatez por la responsable del área. A partir de esta presentación, otros adjudicatarios también tomaron la decisión de apoyar la movida y realizar sus denuncias.

Uno de los damnificados recurrió al mapa de catastro de ARBA, el cual es de alcance público, y aseguró que la construcción del obrador está por fuera del área comprendida por el Registro Nacional de Barrios Populares. A partir de ahí es donde se centra el miedo sobre el avance en otros terrenos y la desconfianza sobre lo dicho por la Secretaría de Protección Ciudadana.

“Si lo hubiesen puesto en la otra parte, donde está el complejo, te lo acepto porque ya eso la Provincia lo declaró dentro del Renabap. El problema es que están dentro de los terrenos, no donde están usurpando. Se están apropiando de la otra parte”, aseguró una de las personas que ganó el juicio que la reconoce como una de las legítimas propietarias de las tierras.

Los denunciantes aseguran que el obrador que se empezó a montar la semana pasada está ubicado en la esquina de Lavalle y Rosales, en frente del terreno que ARBA comprende como dentro del registro. “A nosotros nos habían dicho que eran solo los departamentos, en ningún momento nos habían dicho que los terrenos también estaban en el Renabap”, contaron.

Esos terrenos son los que este grupo de más de cien personas comenzaron a pagar en los 90’. Luego se sucedió la estafa, el litigio legal, el cual tuvo un fallo positivo para los legítimos propietarios, pero nunca se encontró una solución a un conflicto que se complicó aún más para los denunciantes a partir de la declaración de los departamentos dentro del Renabap y la posibilidad de urbanización al ingresar dentro del Registro Provincial de Villas y Asentamientos.

“Si ellos autorizan a que una arquitecta use un terreno que no es ni de la Municipalidad, ni de la Provincia, ni de ellos, es como que son cómplices también”, comentaron y luego agregaron que si se instala una arquitecta que seguridad pueden tener de que no se va a instalar más gente.

En ese aspecto, Marcieri había asegurado a este medio que, entre las condiciones que se pusieron para la urbanización del predio, quedó establecido que no se podía asentar nadie más y que cualquier intrusión iba a impedir continuar con ese mejoramiento de infraestructura. 

A pesar de esta afirmación, los damnificados dejaron en claro su desconfianza y aseguraron: “Ya no sabemos qué hacer, están todos de acuerdo a que nosotros perdamos esos terrenos. Desgraciadamente no sabemos que más hacer”.

Cuando comenzó la toma en La Movediza, Juliana Teerink era subsecretaria de Desarrollo Humano y Hábitat del Municipio de Tandil. Dos años después se encuentra al frente del área, por lo que desde el inicio del conflicto estuvo vinculada a la ocupación en el terreno de calle Piccirilli al 1000, y a la respuesta municipal con respecto a la problemática.

En diálogo con El Eco de Tandil, la funcionaria trazó un balance del tema. Afirmó –frente al “corrimiento del Estado Nacional”- el rol de apoyo y asistencia de parte del Municipio, se refirió a la tipificación de los ocupantes desde una concepción penal, sostuvo que desde el gobierno comunal se atendió y escuchó al propietario del lote –“Legal y técnica, Protección Ciudadana acompañaron desde el inicio”, y consideró que “la designación del espacio como Renabap desde el gobierno nacional anterior y la validación del gobierno actual hizo también que hoy sigamos hablando del tema”.

En concreto, Teerink reafirmó la posición comunal sobre el conflicto al plantear que “la postura del Municipio es siempre que cada una de las personas que no cuenta con una vivienda propia y que requiere, debe anotarse en el Registro de Demanda Habitacional”.

-¿Qué balance trazan desde el Municipio a dos años del comienzo de la toma en La Movediza? 

-Desde el inicio de toda esta situación empezamos a generar la articulación entre las áreas para poder de alguna manera empezar a actuar, empezar a abordar la temática. 

El primer abordaje tuvo que ver con tomar contacto e con las primeras familias ocupantes del lugar que no eran más de 20 si yo mal no recuerdo. La gran mayoría de ellas eran mujeres con niños que plantearon que la intención tenía que ver con hacer visible un déficit habitacional que estaban atravesando.

A partir de un diálogo inmediato se logró desestimar esa postura con respecto a seguir en esa ocupación. De hecho estas familias rápidamente dejan de ser parte de la ocupación de este terreno entendiendo a lo que se exponían en términos legales y entendiendo que la necesidad de resolver las situaciones particulares en términos habitacionales podía tener digamos otros circuitos.

Desde ahí nosotros empezamos fuertemente a tener una presencia no solamente con esta familia sino en todos los espacios donde se empieza a abordar la ocupación de este predio. 

-Abro un paréntesis. Si mal no recuerdo, esas primeras ocupantes que mencionás estuvieron casi seis meses hasta que se retiraron…

-Estuvieron en un primer tiempo hasta que pudimos buscar la situación particular. Desde Desarrollo Humano trabajamos la particularidad de cada situación. Estuvieron instaladas con una fuerte presencia esos primeros meses, pero siempre con una actitud de diálogo.

Al principio hubo cierta resistencia pero eso se disolvió rápidamente cuando pudimos generar un intercambio más allá del relevamiento nominal que nosotros requerimos para poder intervenir en cada situación.

Fue la policía la que en un primer momento se acerca a hacer este relevamiento y estas primeras familias fueron convocando al resto que en un principio no hacían no hacían eco s a nuestra convocatoria. Después entendieron que la intención del Municipio era justamente acompañar cada situación.

-Eso fue la primera etapa…

-Eso fue la primera etapa y rápidamente fue creciendo el número. Desde la Secretaría de Desarrollo Humano y de la gestión municipal fue de alguna manera acompañar en una decisión que no los perjudique en términos legales. 

Porque es una ocupación. Es un delito el que se está cometiendo. Rápidamente se iban retirando familias pero se iban incorporando otras y ahí es donde empieza a generarse un escenario mucho más complejo con respecto a la posibilidad de tener acceso al diálogo.

-En el medio hubo instancias de negociación…

-Obviamente en este tiempo hubo mesas de trabajo donde no solamente el Municipio formó parte sino también por supuesto todo el poder judicial, las defensorías del pueblo, la misma Universidad, el propietario por supuesto con su posicionamiento.

Se empezó a trabajar fuertemente en la posibilidad de no llegar a una instancia de desalojo. Siempre es importante instar a las partes a no llegar a estos momentos de tensión. Hubo muchas cuestiones de avances y retrocesos con respecto a gestiones y posiciones. Hoy estamos hablando de un segundo aniversario de una situación de toma en la ciudad de Tandil.

-En esa mesa que mencionás surgió la chance de avanzar en un convenio urbanístico o con un loteo, con un beneficio incluso para el propietario. ¿El Municipio se retiró de esa mesa ante esa posibilidad?

-Exacto. Pero surgió esa posibilidad después de muchas discusiones. Se analizaron muchas situaciones, donde el Municipio siempre marcó desde el minuto uno a que no está a favor de la toma y por supuesto estábamos a favor de que se desalojara de la manera más pacífica para evitar un conflicto mayor.

Esta fue la postura del Municipio no solamente a partir de esta toma sino en otras situaciones similares que hubo en la ciudad de Tandil. La posición del Municipio es siempre a favor del desalojo en el caso de una toma y nunca a favor de la ocupación de un terreno o de una vivienda privada.

Entonces nosotros nos retiramos en el momento en el que se plantea la posibilidad de generar algún acuerdo urbanístico. Ahí ya no fuimos parte porque no estábamos de acuerdo con lo que se proponía en primera instancia, que era que quienes estaban ocupando quedaran en esta ocupación.

La postura del Municipio es siempre que cada una de las personas que no cuenta con una vivienda propia y que requiere, debe anotarse en el Registro de Demanda Habitacional que el Municipio tiene hace ya varios años.

El sorteo de esos lotes debía ser para todas las personas de ese registro, no solamente para aquellos quienes estaban o están ocupando el predio todas las personas deberían tener la misma posibilidad de ser parte de un sorteo.

-A dos años del inicio de la toma, en el lugar hay casas de material, está más cerca de ser un barrio consolidado. ¿Considerás que hubiese sido otro el rumbo si el Municipio no se retiraba de esa mesa?

-Si se hubiera evitado esa pausa que en algún momento inclusive se propone de 30 días para no generar el desalojo, en esta primera intención de desalojo - no vamos a hacer futurología- pero sí por ahí en función de las expectativas de intervención nuestras como de la propia ciudad de Tandil y de los propios vecinos de ese lote que presentan una gran inquietud con respecto a lo que estaba sucediendo, posiblemente se podría haber evitado la escalada en términos de ocupación y de generación de malestar en el entorno del predio de la toma. 

Eso no me cabe duda porque es el Municipio de Tandil quien está recepcionando permanentemente notas, informes que elevan los propios vecinos planteando la necesidad de algún tipo de solución.

La designación del espacio como Renabap desde el gobierno nacional anterior y la validación del gobierno actual hizo también que hoy sigamos hablando del tema. 

La funcionaria hizo mención al informe elaborado sobre la población de la toma, del que participó la Universidad. “Las familias que estaban ocupando no provenían de situaciones de extrema vulnerabilidad. No había situaciones de calle registrada que hubieran requerido que la persona, al no contar con alguna solución habitacional, se instalara precariamente en un espacio como es este. La gran mayoría de las familias contaban con trabajo, todos los niños de estos grupos familiares están escolarizados, las atenciones de salud que requirieron mayor complejidad algunas estaban siendo ya atendidas previamente a la toma en el Sistema Público como también en el sistema privado, esto lo dan cuenta las mismas personas que requerían este tipo de asistencia”, señaló Teerink.

 -Lo que se desprende de ese planteo es una situación mucho más compleja. Porque estamos hablando de gente con trabajo que, sin embargo, tiene un déficit habitacional. 

-Sí, ellos plantean en esos términos. Nosotros no hemos podido corroborar fehacientemente el trato porque no son personas que hubieran estado en situación de calle previa. 

-No en situación de calle, pero sí de hacinamiento, compartiendo vivienda, con complejidades para pagar el alquiler…

-Exactamente, pero son las mismas dificultades que presentan la mayoría de las personas que hoy estamos acompañando asistencialmente desde Desarrollo Humano con el aporte económico para un alquiler, el aporte económico para la compra de alimentos, el aporte económico para la cobertura de la factura de la luz, el aporte económico para el gas envasado.

El Estado Municipal en Tandil tiene un abanico muy amplio con respecto a la respuesta en términos de asistencia e inclusive atado a posibilidades de generar emprendimientos productivos de autogestión para aportar a esa economía familiar. 

Entonces, el déficit habitacional en términos de hacinamiento, de no tener un techo propio, de tener que compartir con el resto de la familia, no es motivo por el cual una persona deba tomar un terreno.

Condenamos que se exponen a una situación de legalidad, es un delito y hay una intervención judicial en todos los casos. 

-Una constante en las declaraciones públicas de parte de funcionarios municipales ha sido la de tipificar a los ocupantes desde una perspectiva penal. Siendo parte de Desarrollo Humano, ¿Hacés una mirada autocrítica con respecto a esto?

-Es una situación que tiene tantas aristas para ser analizado como la propia complejidad, de lo que estamos hablando. En primer lugar, que sea un delito la ocupación de un terreno, de una vivienda que tiene un dueño, eso no corre del plano de la discusión la necesidad de algún acompañamiento como Estado en términos de asistencia. Una cosa no limita a la otra. 

Digo, que una persona requiere asistencia no lo habilita a cometer algún acto que no sea legal, que es ilícito y que lo exponga en términos legales. Después, la designación, el concepto bajo el cual va a quedar catalogada la situación, eso queda en manos de la justicia. Por supuesto, no soy yo quien va a darle un título a la situación. 

Sí, reafirmar que tomar un terreno es un delito y es una acción ilegal que está haciendo una persona con respecto a la propiedad de otro. Está invadiendo el derecho de propiedad a la otra persona y eso está en la Argentina, como en cualquier lugar del mundo, está tipificado como un delito, es una acción ilegal. 

Desde lo social, hay muchas necesidades, pero el Estado tiene una fuerte presencia, con el corrimiento que hubo del Estado Nacional en términos de políticas sociales. Tuvimos que incrementar todo el acompañamiento. El Estado municipal es el que asumió el acompañamiento.

- ¿Cómo es el presente del vínculo entre el Municipio y los ocupantes?

-En los casos particulares, nosotros siempre hemos dejado muy claro en esto y lo hemos hablado inclusive en las reuniones que hemos mantenido con mucha frecuencia con el defensor oficial, que se les trasladara a las personas con quienes ellos están trabajando, que son los actuales ocupantes. 

El Municipio de Tandil, Desarrollo Humano y el Sistema Integrado de Salud estamos para poder dar alojamiento a las necesidades que se requieran desde cualquier persona que se encuentre en el predio. Con los límites de lo que podemos acompañar y de lo que no se va a acompañar, como por ejemplo el tema de materiales. Nosotros ahí no podemos ni siquiera alojar la inquietud sin atender las cuestiones de salud, en primera instancia.

No hemos tenido un incremento en términos de demanda de recursos en cuestiones alimentarias, por ejemplo, desde el sector de la toma. No tenemos ningún registro de un incremento desde ahí.

-¿Cómo sigue esto y si está abierta la posibilidad de algún otro tipo de resolución que no sea un desalojo? 

-La herramienta que más favorece que un desalojo no se desarrolle es que se valida desde el Gobierno Nacional actual algo que el Gobierno Nacional anterior había propuesto, la inclusión del predio al Renabap.

Mientras que el Gobierno Nacional tenga haya validado lo que el Gobierno Nacional anterior planteó, entiendo que se limitan bastante las posibilidades de poder avanzar en términos de desalojo. 

-¿Está abierta la posibilidad de que surja algún otro tipo de proyecto como el que surgió en su momento, de convenio urbanístico, loteo o similar? 

-Desconozco, nosotros desde el Municipio no lo promovemos. Si es una inquietud o una propuesta que el particular quiere retomar, lo hará en esos términos con las áreas de la Provincia, de la Nación, que lo puedan alojar y de alguna manera se avanzan en ese sentido. 

-¿Cuál sería una solución de este conflicto para el Municipio?

-Para el Municipio me parece que la opción ideal sería no llegar al punto de un desalojo compulsivo. Estamos hablando de muchas personas, de muchas familias. Repito, no son personas que hayan ingresado allí porque han estado en una situación de calle, ni mucho menos, por lo menos de las que teníamos conocimiento hasta el momento en que tuvimos intervención directa. 

La solución sería que cada una de las familias, de las personas, se puedan acercar al Municipio, a la Secretaría de Desarrollo Humano, a plantear la situación particular y ver de qué manera podemos acompañar esto. 

Me parece que eso garantizaría la no exposición a una situación que no es grata para nadie, para ninguna de las partes, pero mucho menos para ellos como familia.

“Propiedad privada. No pasar”, dicen los carteles en algunas de las casas del lote tomado desde hace 2 años sobre Piccirilli al 1000 en La Movediza. Desde aquel 23 de febrero del 2023, el paisaje cambió en el lugar. Muchas de las viviendas dejaron de ser ranchos de madera y nylon y pasaron a ser de ladrillo. Se abrieron nuevas calles, algunas ya señalizadas. El Eco de Tandil recorrió el barrio y dialogó con vecinos, parte de las casi 200 familias que viven en la toma. 

Anastasio tiene 38 años y el viernes por la mañana está en su casa de calle Navarro -pala en mano- moviendo tierra del jardín del frente. Ya compró materiales, y proyecta empezar a edificar él mismo. Dos habitaciones, un baño y una cocina, algo bastante más armado que el colchón que junto a su esposa tiraron “en los yuyos” y una sábana que sirvió de techo cuando llegaron al lugar, al inicio de la ocupación.

“Como dicen, todos tenemos un terreno de 3 metros por 3 metros de profundidad”, dijo al ser consultado por lo que significó para él llegar a un lugar que no le pertenecía. Antes alquilaba en una vivienda de calle Lisandro de la Torre, pero se le hizo difícil seguir afrontando el gasto. 

Fue el padre de un compañero de trabajo quien le contó que había empezado una toma. Estuvo unos meses con el colchón y las sábanas, hasta que un patrón le dio unas maderas de descarte, y unas amigas de su pareja le regalaron unas chapas. Después puso una cerca, unas plantas, y un cartel que indica el nombre de la calle y el número de la casa. 

Vivió 16 años en Capital Federal, en la zona de Retiro. Hace 8 años llegó a Tandil donde hace “carpintería y construcción, en su mayoría casas”, como contó. Aunque el desalojo parece ser una opción descartada, Anastasio todavía conserva temor por ser echado del lugar. “Nosotros los grandes no tenemos miedo de dormir en cualquier lado. ¿Pero una criatura dónde va a dormir? ¿En la calle?”, cerró.

María llegó hace un año a la toma, donde se instaló con su marido y 3 de sus hijos. Antes vivía en lo de su hija mayor, de 19 años, quien también tiene familia. Pero la joven le dijo que se trasladaba al terreno ocupado, donde se armó una casita. Entonces María le pidió a su hija que le cuente a las referentes del lugar que tenía intención de instalarse en el lote.

“Le dije que le comentara la situación mía, que me iba a ir para allá y que también necesitaba”, contó. La historia de María es otra de las que suelen escucharse repetida de parte de los vecinos en los dos años que lleva la toma. La de vecinos que vivía “de prestado”, compartiendo hogar con familiares o allegados, muchas veces con complejidades habitacionales, en particular dificultades para hacer frente al alquiler.

Un año después de que su hija se instaló, llegó el turno de María y su familia. “Con la llegada no tuve problema, me ayudó mucho la gente de acá mismo. Las líderes me cedieron un terreno y en dos días me hice el rancho”, relató. Vivió en Isidro Casanova y recaló en Tandil durante dos años. Después se fue a Santa Fe, donde residió un tiempo hasta su retorno a la ciudad.

“Miedo, sinceramente no tuve. Y si nos tienen que sacar, bueno, creo que no va a ser fácil tampoco que vengan y nos saquen porque somos una banda de gente. Hay chicos discapacitados. No es que pueden venir y sacarnos”, consideró la vecina. Consultada por aquellos primeros días viviendo en la toma y el miedo que pudo haber sentido, María respondió que “necesitaba tener un lugar para ellos (para sus hijos). Cuando vos necesitas algo, la verdad que no lo pensás. No podía estar en la casa de mi hija porque ella tiene familia, y yo también necesitaba el espacio para los míos. En el momento ese no pensaba, es como que te dan la oportunidad”, sumó.

María sigue teniendo el mismo rancho de chapa y nylon desde hace un año. Son dos estructuras, en una está la cocina, y en otra la pieza. El parlante con música, un cuadro de Marilyn Monroe, un televisor viejo y una estampita de la Virgen forman parte del paisaje interior de su vivienda de piso de tierra.

A diferencia de otros vecinos, todavía no compró ladrillos. “Por ahora voy a esperar a ver qué pasa con todo esto. No me quiero arriesgar. Después edificarme una casa como corresponde”, adelantó.

“No está bien agarrar una cosa que no es nuestra, pero siento que acá nos apoyamos entre todos. Si alguien necesita algo, tenemos un grupo y ahí nos ayudamos”, compartió. En paralelo, continúan reuniéndose para definir acciones comunes para el barrio, desde la apertura de las calles hasta el mantenimiento del lugar.

Con el proyecto de edificar con material, la vecina planteó que planea quedarse “hasta ganar”. Es decir, hasta que el lugar en el que se instaló sea suyo. Sus hijos juegan, su marido arregla algo sentado afuera en una silla. María tiene la palabra “Familia” tatuada en el cuello. “Si hay que pagar, creo que sería lo ideal”, cerró. 

En febrero de 2023, mediante el sistema de turnos, la Defensoría Oficial a cargo de Diego Araujo recibió la causa por usurpación iniciada tras la ocupación en el lote de Piccirilli al 1000 en La Movediza. Desde ese momento, y en base a la experiencia de intervenir en otras tomas similares, el defensor mantuvo una posición que puede resumirse en una frase. “Este tipo de conflictos sociales no encuentra una solución adecuada en el sistema penal”, tal como afirmó, otra vez, en un extenso diálogo con El Eco de Tandil.

Al cumplirse 2 años del inicio de la ocupación en la que hoy viven cerca de 200 familias –la toma más larga y más sostenida en el tiempo entre aquellas en las que el defensor debió intervenir-, el funcionario judicial brindó precisiones sobre el presente del caso, manifestó la necesidad de trabajar en pos de una “solución real, no una solución formal de expediente terminado”, y planteó la posibilidad de “profundizar el diálogo” entre los actores intervinientes –Municipio, Provincia, y otros estamentos estatales-, para arribar a una resolución de fondo.

En una entrevista a fondo con este Diario, el defensor oficial repasó los principales puntos vinculados a la toma, trazó un balance de los 2 años de inicio del conflicto, y adelantó que continuarán trabajando para que los vecinos del lugar cuenten con los servicios básicos esenciales.

-¿Qué balance realiza desde la Defensoría en relación a estos dos años desde el comienzo de la toma en La Movediza?

-Diego Araujo: Desde el inicio de esta causa, yo lo he manifestado siempre y lo sostengo ahora, este tipo de conflictos sociales no encuentra una solución adecuada en el sistema penal. Porque en el mejor de los casos, lo que puede llegar a hacer el sistema penal es resolver parcialmente una situación particular suspendiendo el conflicto, pero no lo resuelve.

Con esto quiero decir que quizás la causa penal pueda encontrar alguna resolución, pero que la causa que lo generó va a seguir existiendo.

Y este es un caso de esa naturaleza, es un conflicto social de gran envergadura que viene teniendo en el partido de Tandil recurrencia, porque no es la primera toma en la que hemos intervenido y seguramente tampoco será la última. Y hasta tanto no se haga el máximo esfuerzo para tratar de resolver las causas que generan este tipo de acontecimientos, es probable que sigan ocurriendo.

Yo he intervenido en distintas tomas masivas, cada una de ellas con su particularidad, y la respuesta que siempre se le ha dado han sido respuestas de índole social y económico, pero la aplicación pura del derecho penal nunca sirvió, se vio absolutamente desbordado.

De hecho, todas las causas que yo intervino en tomas masivas terminaron en archivos, pero tratando de encontrarle una solución real y concreta a la situación conflictiva.

-¿Cuál es la particularidad de esta toma?

-La particularidad que se tiene acá es que se ha prolongado mucho en el tiempo y que no hemos sabido encontrar o consensuar esas salidas sociales y económicas que en otras instancias, en otras tomas, sí han existido.

Acá en Tandil, por dar un ejemplo, cuando se fue la toma de Smata, hubo mucho trabajo en coordinación con organizaciones sociales, con la Universidad, con el Municipio. Trabajamos en forma armónica con el Municipio en el momento de clave de la resolución, con organismos nacionales, con la Anses, con organismos Provinciales. En ese caso, el remanente de familias que habían quedado en la ocupación se logró darles una vivienda.

Toda esta instrumentación de medidas, de correlación, de interacción con distintas instituciones, no conlleva una solución penal que implicaría la imposición de una pena a la persona a la cual se determine que es penalmente responsable. Las soluciones vienen desde otros ámbitos.

Y acá hemos fracasado hasta el momento, no hay que bajar los brazos, yo creo que hay una instancia que se puede profundizar en tratar de solucionar de la mejor manera para ambas partes del conflicto y para eso necesitamos seguir trabajando y obviamente que haya una voluntad sincera de todos los participantes para poder llevar a la mejor solución. Quizás no sea la solución ideal, sino la mejor solución atendiendo a las particularidades del caso.

-¿Por qué habla de fracaso?

-Porque nosotros, ni bien se inicia la causa penal, pedimos la instrumentación del protocolo que es de la Suprema Corte de la Provincia en caso de desalojos masivos, en situaciones de extrema vulnerabilidad. Eso se logró y comenzamos una serie de reuniones con distintas instituciones.

Y hubo allí un momento en que hubo una propuesta por parte de la Provincia para realizar un consorcio urbanístico. Era favorable para todos, para todas las partes y que lamentablemente no pudo llevarse a cabo por distintas razones.

Y creo que ese fue uno de los fracasos, porque luego siguen las instancias judiciales del proceso penal, con todas las dificultades que tiene un proceso penal en un conflicto de esta naturaleza.

Ahora estamos en una situación de stand-by con relación a la causa penal porque está pendiente de resolución un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de la Provincia, pero la situación es la que está vigente, es la resolución del juez de Garantía donde entiende que ya la justicia penal no tiene nada que hacer.

-¿Cómo actúa la Defensoría ante esta situación?

En función de eso, desde la Defensoría se solicitó la posibilidad del archivo de las actuaciones. La Fiscalía entendió que por el momento es prematuro ya que se encuentra todavía pendiente de resolución el recurso ante la Corte.

Y estamos en una situación donde los pobladores del barrio tienen problemas habitacionales o consecuencias de problemas habitacionales aún no resueltos con relación fundamentalmente a los servicios. Es decir, no hay una integración de vida de los pobladores como si fuese una población regular de cualquier otro barrio.

Creo que ese es un camino que tenemos que comenzar a transitar, tenemos que volver a intentar sentarnos con referentes del Municipio, con colaboración de todas las instituciones que vinieron participando en su momento, para tratar de realizar una integración socio comunitaria de los pobladores.

Proveyéndoles no sólo la luz en forma regular, sino también la posibilidad de la mejora de los accesos, la recolección de los residuos, y fundamentalmente atendiendo la alta población de mujeres y niños y personas enfermas que se encuentran en el lugar.

-¿De las tomas en las que le tocó intervenir, esta es la más grande?

-Esta es la más grande, la otra que tuvimos también de gran magnitud fue la de Smata, que eran 50 familias. Pero después se fue resolviendo la situación de cada una de ellas de manera particular, hasta que quedaron 10 u 11 familias en las cuales se pudo conseguir vivienda, pero esta es la más grande y la más larga, con todas las complicaciones que eso conlleva.

Y por otro lado, creo que también estamos en condiciones -en este tránsito- de tratar de volver a consensuar algunas políticas con el Municipio en torno a la población, y también ver qué mejor solución se le puede dar al titular de las tierras en este contexto.

-¿A qué se refiere?

-En su momento, el titular de las tierras participó en alguna de las reuniones, opinó qué es lo que estaba viviendo, sufriendo y demás. En función de eso se pudo hacer una propuesta de Provincia que después no prosperó. Pero bueno, la idea también sería de encontrar la mejor solución que de alguna manera satisfaga a todas las partes.

-¿Una opción es una indemnización por lo que fue la incorporación del lote al Renabap?

-Esa es por vía administrativa. Yo creo que por ahí se puede intentar ensayar algún otro tipo de solución. Siempre hubo una propuesta también alternativa por parte de los pobladores de comenzar a pagar esas tierras, así lo han manifestado en cada ocasión que han tenido oportunidad de hacerlo. Hay que ver esas distintas alternativas que se pueden dar.

En un momento en el que se discute la participación del Estado en las políticas públicas, sobre todo de índole social, me parece que el Estado es la figura adecuada para colaborar activamente en la resolución de este tipo de conflictos. Y sin el Estado es muy difícil hacerlo.

-El Municipio no ha dado demasiadas muestras de querer avanzar en ese sentido. ¿Observa otra actitud en el último tiempo?

-He tenido -no en los últimos tiempos- pero he tenido muy buenas conversaciones con el jefe de Gabinete. Se ha mostrado muy proclive a tratar de encontrar una solución. Obviamente es limitado por los avatares judiciales, que estamos limitados todos un poco con eso.

Pero no obstante, creo que hubo una posibilidad de diálogo que hay que profundizar. Y en este sentido me parece que es importante destacar eso. Independientemente del posicionamiento político, ideológico o estratégico que se tenga frente a determinada situación, nosotros tenemos normas que protegen, por un lado, a la posibilidad de la obtención de una vivienda digna, como es la Constitución misma, a través del artículo 75, inciso 22.

Y en leyes más cercanas, como la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que impone a otros órganos estatales como los Municipios, realizar gestiones de integración socio-comunitaria. Tenemos el marco normativo suficiente para poder avanzar en soluciones reales.

- De acuerdo a su experiencia, y en función de la solución que mencionó ¿Estima un plazo para que se concrete?

La causa penal está esperando la resolución de la Corte, creo que eso va a ser determinante. En este momento está vigente la resolución del juez de Garantías, que nos está diciendo que este no es el ámbito adecuado para tratar la problemática.

Quien puede torcer esa decisión es la Corte, en función de lo que se ha planteado allí, y que tiene que ver con la resolución del Tribunal de Casación, que confirma esta resolución del juez de Garantía.

Luego la solución, insisto, me parece que la solución real, no la solución formal de un expediente penal determinado, sino que la solución real del caso tiene que ver con la posibilidad de encontrar consensos y buscar las mejores alternativas para cada una de las partes.

-La incorporación del lote al Renabap se dio sobre el filo del cambio de gobierno a nivel nacional. ¿Cuál es su mirada sobre eso?

- Como Defensa penal no tuvimos ningún tipo de injerencia. Es una cuestión meramente administrativa. Obviamente al tomársela tuvo consecuencias en la causa penal, porque ha sido determinante esa incorporación en el Renabap a los fines de la continuidad del proceso penal.

Todo comenzó a discutirse en torno a esa incorporación. Son decisiones administrativas de carácter político, que conforme a la función que uno despliega, no puedo opinar más allá de tratar de comprender o de desandar las consecuencias.

-Si esta situación sigue su rumbo, ya no en el fuero penal, sino en el administrativo, ¿El trabajo de la Defensoría terminaría?

-El trabajo de la Defensoría penal cesa. Sin perjuicio, como lo hacemos en otros tipos de causas, trataremos de colaborar activamente para llegar a una solución lo más equilibrada posible.

La mañana del 23 de febrero de 2023, Daniel Moauro recibió un mensaje de un vecino, que le avisaba que había gente ingresando en su terreno de calle Piccirilli al 1000. Se acercó al lugar y estaba la Policía junto a un grupo reducido de personas, los ocupantes. Los agentes le dijeron que vaya al centro a hacer la denuncia, pero lo tuvieron “dando vueltas” y volvió a su casa a las 5 de la tarde. Para entonces, había decenas de familias instaladas en el lugar.

“Yo considero que el tema ya está como acabado. El tema de la Justicia es malísimo. No sabés quiénes son peores, si la Justicia o los políticos. Los de la Cámara de Azul estudiaron el tema, se pusieron detenidamente. Pero de la Casación, ni siquiera lo miraron. Ahora está este recurso extraordinario, pero hasta que salga, ya estamos en el horno”, dijo en diálogo con El Eco de Tandil.

Dos años después de aquella mañana de febrero, Moauro sigue viviendo en el mismo lote –donde se crio-, y donde tiene su vivero. Si bien inició una causa por usurpación, el desalojo que dictó la Justicia nunca se concretó. En la toma hay alrededor de 200 familias. Ni siquiera entrarían en las 156 viviendas que la Provincia construye en Sans Souci.

A fines de 2023, pocos días antes del cambio de gobierno, la administración nacional incorporó el terreno ocupado al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). La gestión de La Libertad Avanza reafirmó esa medida, y todo siguió igual. Tras idas y vueltas judiciales, Casación determinó que el conflicto debe resolverse no en el fuero penal sino en el administrativo. Moauro presentó un recurso extraordinario, pero en paralelo busca un nuevo abogado y avanzar con algo que “va para largo”, el cobro de una posible indemnización.

Moauro recibió a este Diario en su vivero de calle Chapeoruge. Desencantado con la política y la Justicia, contó que en dos años no se acercó nadie del Municipio, y que tampoco avanzó ninguna de las gestiones que hizo con funcionaros o referentes partidarios locales. 

“Santamarina vino al principio, porque él tiene relación con Pareja. Y bueno, nada”, sostuvo sobre el vínculo entre el referente local de La Libertad Avanza (LLA) y Sebastián Pareja, principal armador político de LLA bonaerense y subsecretario de Integración Socio Urbana, entidad a cargo de los barrios populares. En el mismo sentido mencionó a Florencia Arietto, con quien llegó a presentar una nota ante Renabap, de la cual también le reafirmaron la incorporación del lote. La ex funcionaria, indicó, tampoco continuó con el contacto.

Moauro se crio en ese mismo campo. Tuvo un vivero en el lugar, después lo mudó a otro barrio, y luego volvió. El proyecto, contó, era subdividir el terreno para repartirlo entre sus hijos. Pero la ocupación truncó esa iniciativa. El área a subdividir también fue incluida en el Renabap. 

“Es porque son impresentables. Se nos cagan de risa.  Y bueno, esto es un chiste para ellos, pero para nosotros no es un chiste”, manifestó recorriendo los pasillos del vivero, hasta llegar al alambrado que separa su casa de la toma.

“Cuando abrieron una calle al costado, se metieron como 4 metros adentro, y nos quedó en el borde. Y no podemos terminar de hacer los planos porque desde el Municipio no contestan. ¿Y sabés cuánto pago de tasas? 250 mil pesos, cuando no hacen nada”, sostuvo. “En estos dos años, si los repasás, son todos iguales. No es que hubo alguno y se la jugó, porque ni siquiera vino nadie. Del Municipio no han venido”, amplió.

“Nosotros cultivamos plantas”, dijo Moauro caminando por el vivero. Uno de los primeros reclamos que hizo al comenzar la toma fue que había perdido acceso al pozo de agua desde el cual abastecía su empresa.

“Acá se perdió el valor de todo. En aquel sector está el pozo de agua, y eso se lo quedaron ellos. Con esa agua regábamos. Nos tenemos que arreglar con un poco de agua corriente y de lluvia. Tuvimos que cambiar todas las plantas, pasar a hacer plantas de sequía, y sacar una parte del vivero”, contó.

Con un recurso extraordinario presentado ante la Suprema Corte, Moauro espera una última resolución en el fuero penal. En paralelo, busca un abogado administrativo. En el caso de que la causa cambie de fuero, tendrá la posibilidad de solicitar una indemnización por las tierras que fueron incorporadas al Registro Nacional de Barrios Populares. “Hay cosas para largo”, dijo antes de cerrar el portón. 

Nación adeuda al Municipio de Tandil más de 20 millones de pesos en concepto de certificados de obras de infraestructura. Las mismas fueron financiadas mediante el Fondo de Integración Socio Urbana –FISU, un fondo para solventar iniciativas en barrios populares y la creación de lotes con servicios-, y presentan diferentes grados de avance. Pese a cambios en la estructura nacional, desde la Comuna transmitieron que no fueron notificados de bajas de convenios, y que continuarán gestionando el cobro de los montos adeudados.

“El Municipio de Tandil continuará gestionando el cobro de los montos adeudados por el Gobierno Nacional en concepto de certificados de obra, con el objetivo de equilibrar los esfuerzos financieros realizados en pos del desarrollo de la ciudad, con un modelo que implica el retiro del Estado Nacional en muchos de los ámbitos de incumbencia, en el que el Municipio de Tandil debe asumir los compromisos contraídos con la comunidad”, señalaron desde la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas con respecto a la deuda de parte de Nación.

Cabe recordar, fue en los últimos días cuando el Ministerio de Economía de la Nación anunció la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. Entre otros programas clave de dicha cartera, se encontraban el Procrear y Casa Propia.

Pese a que hubo bajas de diferentes organismos ministeriales, el gobierno mantuvo la existencia de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, que pasará a depender de Obras Públicas. Cabe recordar, se trata de una cartera a cargo de Sebastián Pareja, referente del armado político de La Libertad Avanza en la Provincia.

Integración Socio Urbana tiene bajo su órbita la administración del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), así como también el mencionado FISU. Pese a los anuncios de Nación, desde la Comuna transmitieron que a la fecha no fueron informados de baja de los convenios. Los mismos permanecen vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025.

En la ciudad se desarrollan diversas obras con financiamiento del FISU. De parte de cooperativas y organizaciones que tienen iniciativas de este tipo a cargo, han manifestado en distintas ocasiones la preocupación por la continuidad de los proyectos, muchos de los cuales representan avances significativos para diferentes barrios de Tandil.

A partir de los convenios correspondientes, el Municipio lleva adelante dos obras con financiamiento de Integración Socio Urbana en barrios populares. “Estas intervenciones han significado una inversión considerable por parte del Municipio, en un esquema de financiamiento que debería haber sido compartido con el Gobierno Nacional”, sostuvieron desde la Comuna.

La primera de las obras es en La Unión –una extensión de red de agua-, con una inversión total de 22 millones de pesos, de los cuales Nación debía aportar 4 millones y medio. Al momento el Municipio adelantó certificados por casi 18 millones de pesos y a su vez hizo frente a las redeterminaciones de acuerdo a la inflación.

“La obra en el barrio La Unión fue comenzada con el gobierno nacional anterior quien no remitió los fondos de los certificados rendidos y finalizada con el actual gobierno el que dio de baja el financiamiento de estas obras, con una inversión mayoritariamente asumida por el Municipio, dado que aún quedan por percibir aportes comprometidos por el Gobierno Nacional”, precisaron desde el gobierno local.

Por su parte en La Movediza se realiza también una extensión de red. Se estipuló una inversión municipal de 43 millones y medio de pesos, y a la fecha Nación adeuda certificados por casi 20 millones de pesos.

“La red de esta obra se encuentra realizada en su totalidad y queda pendiente la ejecución de un pozo de captación de agua cuya materialización ha sido dificultosa por encontrarse un manto granítico en el sitio que estaba previsto su realización”, precisaron.

Desde el Municipio transmitieron la inversión realizada y el compromiso financiero asumido que “supera ampliamente los montos recibidos por parte del Gobierno Nacional”. Sin embargo aseguraron que los proyectos se están finalizando ya que representan “una mejora sustancial en la infraestructura y calidad de vida de los vecinos de estos barrios”.

La toma del macizo en el barrio La Movediza tuvo una novedad de las más importantes en los últimos tiempos. Este miércoles la Sala tercera del Tribunal de Casación Penal se expidió sobre el expediente de la usurpación masiva y dejó sin efecto el desalojo ordenado por la Cámara de Apelación y Garantías de Azul. 

Daniel Moauro, propietario de las tierras tomadas, habló en “La Mañana” (El Eco Streaming, Eco Tv y 104.1 Tandil FM) y afirmó sobre el revés judicial que recibió en su intención de recuperar su propiedad privada que “no nos tomó por sorpresa, era sabido desde el primer momento. Lo que no sé es porque lo estuvieron dilatando tanto tiempo”.

En ese sentido apuntó contra el Juez a cargo, Víctor Horacio Violini, quien junto al doctor Mario Kohan integran la Sala III del mencionado Tribunal, señalando que “desde el principio se podía ver que iba a votar en contra del desalojo, porque el Juez es el que había liberado presos en la pandemia. No podemos esperar que dé otra fruta el árbol”.

Entre los argumentos expuestos por Casación se indicó que el problema debe ser abordado y resuelto por la política ya que se trata de un conflicto de índole social que debe resolverse más allá del derecho penal. Cuestión que generó un poco más de indignación en el damnificado ya que consideró que "se tiran la pelota uno con otro”.

“No veo que tengamos muchos puntos a favor en lo Penal. Están hablando de temas sociales y entonces: ¿el famoso protocolo que había al principio? Había dos personas y no los sacaron porque había que cumplir todo un protocolo y se agregó más gente y más gente y construyeron. Entonces más vale que va a haber un conflicto social”, aseguró. 

Camino a los dos años de la ocupación en el macizo de Piccirilli al 1000, el crecimiento ha sido constante. El único dato oficial aportado por el Gobierno local sobre la población presente surgió a través de un censo realizado en abril del 2023 el cual señalaba la presencia de 283 personas y 50 emplazamientos. Desde entonces se estima que la población creció.

“Han construido más”, afirmó Moauro que luego explicó que esta situación solamente le genera ganas de irse de la ciudad ante un contexto que lo “desalienta” a vivir “en un lugar en el que realmente no se cumple la ley”. 

En cuanto a la decisión de Casación, fue contundente y declaró: “Ya es un robo completo, no quedan más palabra. En definitiva, nunca tendríamos que haber justificado nada porque vos vas a tu casa ahora y encontrás gente adentro, en lugar de sacar la gente tenés que ir a demostrar que es tuya la casa. Es al revés”. 

Resignado, ante otro revés de la justicia, el damnificado afirmó que ya no quiere saber más nada sobre el asunto y que solamente quiere que “me devuelvan lo que me corresponde”. En pos de lograr esto, comentó, que su abogado está preparando el recurso extraordinario para presentar en la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires.

“Tenemos que apelar a la Corte de la Provincia y empezaremos a hacer un juicio administrativo, que después lo van a terminar pagando todos los ciudadanos. El juicio administrativo tiene que ver por un lado con los perjuicios que nos ha generado esta toma y por otro lado sacar al terreno del Renabap”, explicó.

En este periplo, que en febrero del 2024 cumplirá dos años, la situación ha tenido en el medio un cambio de Gobierno nacional que también tuvo su incumbencia en el caso. 

La administración saliente, encabezada por Alberto Fernández, agregó en noviembre del 2023 el terreno en el Registro Nacional de Barrios Populares. Al mismo tiempo que, en casi un año de gestión, el gobierno de Milei no tomó decisiones en defensa de la propiedad privada, bandera de la campaña política.

Respecto a lo poco que se involucró el actual Gobierno nacional, Moauro opinó: “La verdad es que esperaba más. Hacen tantas cosas de un día para el otro, toman decisiones tan arriesgadas a veces, que bien podrían haber revisado esto”.

También la cuestión política la refleja en su opinión sobre la poca decisión de desalojar que se presentó. “Hay como una trama política, que va llevando desde el Defensor hasta arriba en el Poder Judicial. Es lo que hablamos siempre de la famosa corrupción, empieza en el Defensor, va subiendo y hay contactos con la gente que tiene que resolver estas cosas, por eso resuelve en contra”, afirmó el damnificado.

Por último, a pesar de este panorama que entiende de desprotección sobre la propiedad privada, aseguró que la presentación en la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires se realizará dentro de los diez días que indica la ley que tienen para realizarlo.

Al margen de todo lo que representa para la familia haber perdido la disponibilidad de sus tierras, la toma también trajo consecuencias al día a día de los propietarios. Los Moauro tienen sus dos viviendas y dos empresas chicas ubicadas en el medio del macizo usurpado.

La situación, definida como una “aberración” por el dueño de los terrenos, afecta al desarrollo del emprendimiento familiar. El vivero ya no dispone del pozo de agua de donde sacaban la materia prima para el riego de los productos y ahora se tienen que arreglar con agua de lluvia y lo que llega a través de la red.

“El único lugar donde había agua en todo el campo lo tienen ellos, me sacaron hasta el agua. Estás hablando de un vivero, es fundamental para mantener mi fuente de trabajo. No puede ser tan difícil administrar justicia cuando es algo tan claro, si fuera un conflicto entre partes, que está muy turbio, bueno, pero acá es muy claro el tema”, aseguró.

Por último, comentó que no pierde la esperanza de encontrar una solución a sabiendas que tendrá que tener mucha paciencia. “Nada es gratis, las cosas se terminan pagando de alguna manera. No me voy a quedar con los brazos cruzados ¿Qué es lo que va a pasar? No sé. No me preocupa que pase tiempo, en algún momento hay que hacer justicia”, concluyó.