Luego de que el Gobierno nacional oficializara en los últimos días la rebaja de retenciones anunciada por el presidente Javier Milei y detallada por el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, volvió a referirse al tema durante el acto de apertura oficial de Agroactiva.

El funcionario inició su discurso afirmando que en el Gobierno están “haciendo todo lo que podemos para que el campo vuelva a recuperar la competitividad que nunca debió haber perdido y que perdió por años, décadas de maltrato”.

“Estamos terminando con eso y cuesta, por supuesto que cuesta, porque al esfuerzo lo hacen los que trabajan, los que producen. Tienen que hacer el esfuerzo para salir de esa situación, para salir del pantano”, expresó.

Las retenciones, “al trote”

En ese marco, y al insistir en que “estamos haciendo lo imposible”, citó como ejemplo el anuncio de reducción de retenciones que hizo Milei durante el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

“El presidente y el ministro de economía están cumpliendo su palabra, están bajando las retenciones”, subrayó Iraeta.

Hábilmente, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, inició un aplauso en ese momento: pareció haber escuchado la queja que formuló el secretario de Agricultura en el Congreso Maizar sobre que no había suficientes elogios a la política oficial.

De todos modos, Iraeta recogió el guante y admitió: “Algunos me dicen que todavía falta y es verdad; por supuesto, lo sabemos y lo entendemos”.

“Pero otras veces se han tomado estas decisiones y después hubo que recular por problemas de caja, de presupuesto, y es muy frustrante para el productor”, continuó.

Por este motivo, hizo una comparación con una frase popular: “Entonces, siguiendo la frase del paisano, más vale trote que llegue que galope que canse. Así que vamos al trote, pero al trote firme. Vamos a seguir bajando las retenciones como lo dijo el presidente, esto es lo que se puede hacer ahora. Este es el cronograma que se pudo implementar y es lo que hicimos”.

Las retenciones y la mirada de Santa Fe

La alocución de Iraeta fue previa al discurso del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien precisamente insistió sobre la necesidad de un camino definitivo hacia la desaparición de las retenciones.

Tras subrayar que la Provincia lleva invertidos U$S 2.160 millones en los últimos dos años en infraestructura productiva, enfatizó: “Necesitamos que la baja de retenciones continúe de manera permanente y lo volvemos a pedir al gobierno nacional que lo pueda hacer, porque que las bajas de retenciones impactan de manera positiva en toda la región productiva de la República Argentina”.

“Si lo logramos hacer, ninguno de los hombres y mujeres que están aquí hoy, que vienen a ver una maquinaria, que vienen a ver cómo se produce, que vienen a ver una tecnología, se van a llevar esa plata o la van a dejar en el banco, todos la van a reinvertir y eso nos va a permitir tener un círculo que nuestra economía va a poder crecer”, continuó.

Por otro lado, pidió que se consolide la reducción de las tasas de interés, y citó el éxito que tuvo la línea lanzada por Santa Fe en Agroactiva por $ 116.000 millones y con una tasa desde el 8% en pesos.

Según Pullaro, en lo que va del año ya otorgaron casi $ 200.000 millones otorgados al sector productivo y, específicamente en la línea de Agroactiva, en pocas horas ya se llenaron carpetas por $ 70.000 millones y ya se prestaron $ 46.000 millones.

“Fíjense lo que es la potencia que tiene esta región. Entendemos que ese es el camino, seguir trabajando al lado del sector productivo, seguir bajando impuestos como lo hicimos en la última tributaria que tuvimos la baja de impuestos más grande de los últimos 30 años en Santa Fe, y así juntos trabajar para mostrarle al resto de la República Argentina que si al campo le va bien, si a la industria le va bien, si al comercio le va bien, Argentina crece y realmente es imparable”, completó. (Flavio Re/Infocampo).

El Gobierno nacional oficializó el esquema de reducción progresiva y permanente de los derechos de exportación (DEX) para los principales complejos agroindustriales, entre los que se encuentran el trigo, el maíz, la soja, el girasol, la cebada y el sorgo. La medida, que había sido anunciada por el presidente Javier Milei a mediados de mayo, fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante el Decreto 423/2026.

Al argumentar la decisión, el Ejecutivo sostuvo que “resulta necesario continuar fortaleciendo el impulso exportador del sector agroindustrial con medidas que fortalezcan los procesos de simplificación, reducción de trámites, facilitación del comercio, apertura de nuevos mercados y disminución de impuestos distorsivos”.

En el mismo sentido, el Gobierno remarcó que “esta gestión entiende a los derechos de exportación como un impuesto distorsivo que debe eliminarse y que, en la medida en que lo permita el superávit fiscal, se irán reduciendo hasta su desaparición”. 

Asimismo, consideró que “resulta necesario establecer un programa gradual, previsible y verificable de reducción de los derechos de exportación que permita materializar el compromiso asumido por esta gestión, otorgando certidumbre a los actores del sector agroindustrial, promoviendo la inversión, el incremento de la producción y la consolidación de una mayor inserción internacional de la República Argentina”.

El esquema se divide en dos componentes estratégicos. Para los cultivos de invierno, se establecieron alícuotas de aplicación inmediata: el trigo en grano tributará un 1%, la harina de trigo un 2,50% y la cebada un 5,50%.

Por otro lado, los cultivos de verano contemplan un cronograma mensual de reducción para los años 2027 y 2028. La soja en grano, que parte de una alícuota del 24% en 2026, iniciará un descenso mensual a partir de enero de 2027 hasta alcanzar el 15% en diciembre de 2028. En cuanto al aceite de soja, pasará de valores de entre 18% y 22% en 2026 a niveles de entre 11% y 14% hacia fines de 2028.

Respecto al maíz y el sorgo, las tasas pasarán de 8,5% en 2026 a 7,5% a fines de 2027 y a 5,5% desde diciembre de 2028. Finalmente, en el caso del girasol, algunas variedades quedarán exentas y el aceite de girasol tributará entre 1% y 3% hacia fines de 2028. 

En cuanto al biodiésel, el obtenido de colza, cártamo o camelina tendrá una alícuota del 0%, mientras que el derivado de soja descenderá desde el 21% hasta el 13% a fines de 2028.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) se pronunció recientemente sobre el cronograma de reducción de los Derechos de Exportación (DEX) anunciado por el Gobierno nacional. Si bien la entidad reconoció los avances, enfatizó que la meta final debe ser la supresión definitiva de estos tributos.

En un comunicado oficial, la entidad expresó: “Valoramos el anuncio realizado por el presidente de la Nación respecto al cronograma de reducción de los Derechos de Exportación. La decisión constituye una señal positiva y coherente con el camino que el Gobierno nacional viene impulsando en materia de reducción de la presión impositiva, apertura económica, libertad de comercio, ordenamiento macroeconómico y recuperación de los equilibrios fiscales”.

Desde Carbap sostuvieron que el equilibrio fiscal debe consolidarse como una política de Estado, subrayando que la estabilidad macroeconómica es una condición indispensable para el crecimiento. No obstante, advirtieron que la competitividad del agro no depende únicamente de los derechos de exportación, sino también de una estructura impositiva provincial y municipal que requiere una revisión profunda.

La entidad manifestó su preocupación por la carga tributaria diferencial que soporta el sector. Al respecto, señalaron: “La producción agropecuaria argentina continúa enfrentando una situación de clara desigualdad respecto de otros sectores de la economía. Mientras numerosas actividades han visto eliminados sus derechos de exportación o cuentan con regímenes específicos de promoción e incentivos, el agro sigue soportando una carga tributaria diferencial”.

Finalmente, la organización propuso que el cronograma anunciado no tenga como horizonte el año 2028, sino que establezca un camino explícito hacia la eliminación total. Asimismo, consideraron fundamental que esta hoja de ruta quede plasmada en una ley que otorgue previsibilidad y seguridad jurídica a largo plazo, evitando que futuras administraciones vuelvan a recurrir a este instrumento que, según indicaron, resulta perjudicial para el desarrollo productivo y exportador del país.

El anuncio de la baja en los derechos de exportación (DEX) para el trigo y la cebada representa un “alivio a los márgenes agrícolas”, ante el encarecimiento de los insumos y la logística, según destacó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El reporte sostuvo que la decisión gubernamental, que baja la alícuota del 7,5% al 5,5% a partir de junio, apuntala “decisiones de siembra e inversión de cara a la nueva campaña” y calculó que el impacto fiscal de la medida para el ciclo en curso sería de US$29 millones.

La medida llega en un contexto internacional complejo, marcado por un fuerte incremento en los costos de producción. Al respecto, la BCR remarcó que la suba en combustibles y fertilizantes por la guerra en Medio Oriente llevó “la relación urea/trigo al valor más alto de la historia”, lo que había “puesto en jaque la intención de siembra y las previsiones de inversión en paquetes tecnológicos”.

Para dimensionar el impacto, los fertilizantes y los fletes explican hoy el 54% de los costos totales de producción del trigo. Bajo el esquema anterior, el margen neto para un campo alquilado arrojaba una pérdida estimada de 103 US$/ha, mientras que en campo propio el margen apenas alcanzaba los 94 US$/ha.

Cuando la medida esté en marcha, el estudio espera una mejora directa en la capacidad de pago de la exportación (FAS teórico) de entre 4,8 y 4,9 dólares por tonelada.

Esto representa un incremento de entre el 2,2% y 2,3% en la capacidad de pago para las posiciones de descarga próxima y de la nueva cosecha.

Costo fiscal y proyecciones de siembra

A pesar de la reducción impositiva, el informe proyecta que el impacto en las arcas del Estado para el ciclo en curso será “relativamente acotado”, ya que “una buena proporción del total de exportaciones estimadas para la campaña en ambos cultivos ya ha sido vendida al exterior”.

De esta manera, calculó que “el costo fiscal para el trigo asciende a US$26,2 millones, mientras que para cebada totaliza US$3,3 millones” y planteó que el costo podría ser aún menor si la rebaja incentiva un mayor volumen de ventas externas estimando que “sería de apenas US$12,7 millones para el cereal de invierno”.

Para la campaña 2026/27, la BCR estima que el costo fiscal total de la medida rondaría los US$78 millones, asegurando que “podría ser compensado por el aumento en la producción y el comercio externo de cara a la campaña fina”.

El factor climático: el Niño en el horizonte

Al panorama económico se le suma el factor climático. Según las últimas actualizaciones, existe una probabilidad cercana al 100% de que el fenómeno de “El Niño” se mantenga hasta el próximo verano.

Si bien esto suele asociarse con lluvias por encima de lo normal en la región productora argentina, lo cual favorece el rendimiento de los granos, el informe indicó que “su impacto tiende a ser relativamente mayor sobre la cosecha gruesa que sobre la fina, y será positivo en tanto no ocurran excesos hídricos que pongan en jaque la producción o la logística”. (NA).

La UIA publicó un comunicado, en donde detalló los beneficios que traerá la quita definitiva de los Derechos de Exportación (DEX) para el sector en 2027.

La entidad que agrupa a empresas y cámaras sectoriales manifestó que fue uno de los planteos que le realizó al ministro de Economía, Luis Caputo, durante el encuentro que mantuvieron el pasado martes en el Palacio de Hacienda.

Sobre la decisión del Ejecutivo, expresó que “va en el sentido correcto” ya que “contribuirá a aliviar la carga tributaria sobre la producción y favorecerá la inserción internacional de la industria argentina”.

“Es una medida clave para mejorar la competitividad del sector transable industrial y potenciar las exportaciones con valor agregado”, señaló el documento.

El organismo que comanda Martín Rappallini explicó el aporte que genera el sector industrial en lo que se refiere a materia tributaria, donde afirmó que en promedio se ubica en el “26,6 por ciento del total de los principales impuestos del país”.

“Por eso, toda medida orientada a reducir distorsiones tributarias y mejorar las condiciones de competitividad resulta fundamental para un sector que compite globalmente y genera empleo, inversión y desarrollo federal”, manifestaron.

En otro tramo del comunicado, la UIA invitó a que los gobiernos provinciales y municipales se adhieran a la medida que implementó Nación: “La competitividad tributaria requiere del compromiso de los tres niveles del Estado. Así como el Gobierno avanza en la reducción de impuestos distorsivos sobre la producción y las exportaciones, resulta fundamental que provincias y municipios acompañen este proceso, revisando la carga tributaria que afecta a las empresas en cada jurisdicción”.

“Desde la UIA continuaremos trabajando junto a las autoridades nacionales, provinciales y municipales en una agenda que permita seguir reduciendo costos, eliminando distorsiones y fortaleciendo la competitividad de la industria argentina”, expresaron.

Durante su exposición en la Bolsa de Cereales, el presidente Javier Milei confirmó la baja de retenciones para distintos granos y, a su vez, para la industria automotriz, petroquímica y de maquinarias.

La reducción, según explicó el mandatario, estará anclada al nivel de recaudación que consiga el Estado. Sin embargo, durante una conferencia de prensa, Caputo despejó las dudas del esquema y confirmó que se realizarán de manera gradual y prefijada.

Para el sector, la baja de alícuota comenzará a partir de julio y se extenderá hasta junio de 2027. Será de 0,375 por ciento mensual, por lo que para el año próximo quedarán eliminadas de manera definitiva.

En este caso, la baja de retenciones tendrá un costo de 25 millones de dólares en 2026 y 115 millones en 2027. NA

El presidente Javier Milei anunció la baja de los derechos de exportación al trigo, la cebada y la soja hasta el 2028, como así también retenciones cero a la industria automotriz, petroquímica y maquinarias por un año.

En el caso del trigo y la cebada, la alícuota de retenciones pasará "del 7.5 al 5.5 por ciento a partir de junio" de este año, detalló el jefe de Estado al encabezar el acto por el 172º aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

"A partir de enero de 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar (las retenciones a la soja) entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta al año 2028 si nosotros reelegimos", precisó.

"No solamente vamos a bajar retenciones al sector agropecuario. También le vamos a bajar a la industria a partir de julio 2026 hasta junio 2027; a la industria automotriz, a la industria petroquímica y maquinarias vamos a ir a cero", anunció.

En este sentido, afirmó que desde el Gobierno seguirán "bajando retenciones" y "achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde".

"Que se achique el Estado y se agrande el mercado para que podamos tener más prosperidad", exhortó.

El Presidente volvió a sostener que "los impuestos son un robo" y que "nadie los paga por gusto".

"Entonces nuestra misión es achicar al Estado para bajar impuestos", declamó. Milei advirtió que para hacerlo "de manera sostenible necesitamos equilibrio fiscal y crecimiento económico".

"El equilibrio fiscal ya lo tenemos y lo vamos a sostener hasta las últimas consecuencias. El crecimiento lo estamos construyendo y fue deliberadamente saboteado", advirtió.

"En medio de un programa que funcionaba con una economía que venía creciendo al 7% mensual y la inflación cayendo 1,5% mensual, la oposición nos tiró 40 leyes para romper el equilibrio fiscal. Generó pánico y provocó una dolarización del 50 por ciento de los pesos que circulan en nuestra economía", repasó. NA

La eliminación de los Derechos de Exportación (DEX) redundaría en exportaciones por encima de los US$50.000 millones en 2036 y el Estado pasaría a recaudar US$296 millones adicionales en comparación con los ingresos del esquema actual.

La estimación surgió de un análisis de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en el que proyecta el horizonte productivo hasta la campaña 2035/36, reflejando que la eliminación gradual de las retenciones no solo es sostenible, sino que resulta fiscalmente rentable para el Estado en el mediano plazo.

El informe, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, compara un escenario de continuidad (“Baseline”) frente a uno de reducción gradual de las alícuotas de retenciones al agro en un plazo de dos años, hasta su eliminación total a partir de 2028.

El modelo Agmemod Argentina, sostiene que la quita de los DEX actuaría como un multiplicador directo sobre el área sembrada. Mientras que con las políticas actuales el área crecería apenas un 3% en una década, la eliminación del tributo llevaría la superficie implantada a 43,4 millones de hectáreas en 2036.

Este incremento de la superficie, sumado a una mayor inversión en tecnología por parte del productor, dispararía la producción total a 182,6 millones de toneladas. De esta manera, se daría un incremento del 10,1% respecto al escenario base, liderado principalmente por el complejo soja y seguido por el maíz.

En un contexto donde la acumulación de reservas es crítica para la macroeconomía, el estudio destacó que el complejo agroindustrial podría aportar un flujo de divisas significativamente mayor.

Al respecto, detalló que para el año 2036, las exportaciones bajo un esquema sin retenciones alcanzarían los US$50.500 millones anuales, superando en US$6.400 millones lo que se obtendría manteniendo el esquema actual.

La simulación desmiente la idea de que eliminar retenciones desfinancia al Estado de forma crónica, señalando que el fisco compensaría la pérdida inicial de recaudación en apenas dos años gracias al aumento en otros impuestos y la reactivación económica en las provincias.

A nivel nacional, el reporte expuso que “la pérdida de recaudación por DEX para la Nación es compensada por dos vías”. Por un lado menciona que la mayor rentabilidad del productor amplía la base imponible del Impuesto a las Ganancias y el impuesto a los Débitos y Créditos. Mientras que por otro, sostuvo que “la expansión de la producción y la mayor inversión se propaga al conjunto de la economía vía multiplicador”.

En este sentido, afirmó que “a partir del ciclo 2029/30, la recaudación total del Estado Nacional resulta superior en el escenario de eliminación de DEX que en el escenario base de continuidad de las alícuotas actuales”, indicando que “hacia el año 2036, la Nación recauda US$296 millones adicionales eliminando retenciones que en el escenario donde se mantienen constantes”.

Al referirse al efecto en las provincias, la BCR sostuvo que “resultan beneficiarias directas de la reforma desde el comienzo” al señalar que al ser los DEX un impuesto no coparticipable, su eliminación no les resta recursos, pero la mayor actividad en los pueblos y ciudades del interior dispara la recaudación de Ingresos Brutos y Sellos. Para 2036, las provincias recaudarían US$989 millones adicionales.

Al sumar Nación y Provincias, para la entidad el “punto de quiebre fiscal se alcanza en 2028”. El único año con saldo negativo sería 2027, cuando la primera reducción de alícuotas genera un costo de US$153 millones.

A partir de allí, el panorama se vuelve positivo y el informe estimó que “para el 2036, la recaudación consolidada del escenario de eliminación supera al escenario con derechos de exportación constantes en US$1.286 millones anuales”.

De esta manera, la BCR consideró que la eliminación de las retenciones “constituye una reforma con beneficios verificables y robustos en producción, divisas y recaudación fiscal de mediano plazo”, asegurando que “el costo de transición es marginal y temporal, mientras que los beneficios son permanentes, crecientes y se distribuyen entre todos los niveles de gobierno”. (NA).

La Asociación del Fútbol Argentino sufrió este martes un revés judicial en la causa impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por presunta retención indebida de tributos, luego de que la Sala A de la Cámara confirmara que la investigación debe continuar.

El tribunal ratificó lo resuelto en primera instancia y determinó que no corresponde cerrar el expediente en esta etapa, al considerar que no está acreditada de manera evidente la inexistencia de delito. Además, confirmó la imposición de costas a los imputados que promovieron el planteo.

La causa se originó a partir de una denuncia del organismo recaudador, que sostuvo que la AFA habría retenido tributos y aportes al sistema de seguridad social sin depositarlos dentro de los plazos legales correspondientes.

De acuerdo al requerimiento fiscal, los montos investigados corresponden a distintos períodos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, con cifras que superan ampliamente los umbrales de la ley penal tributaria.

En ese contexto, el juzgado interviniente ya había dictado el procesamiento de varios dirigentes, entre ellos el presidente de la entidad, Claudio Tapia, junto a otros responsables vinculados a la conducción.

La defensa argumentó que, al momento de los vencimientos, estaban vigentes resoluciones del Ministerio de Economía que suspendían el inicio de ejecuciones fiscales contra entidades sin fines de lucro. En base a ello, sostuvo que no existía una obligación exigible y, por lo tanto, tampoco delito.

Sin embargo, los jueces rechazaron esa interpretación. Señalaron que la suspensión de ejecuciones fiscales no altera los vencimientos ni elimina la obligación de pago, por lo que no resulta suficiente para descartar la posible comisión de un ilícito.

Asimismo, el tribunal remarcó que la inexistencia del hecho no surge de manera manifiesta, condición necesaria para admitir una excepción de falta de acción. Por este motivo, concluyó que la cuestión deberá ser analizada en profundidad durante la investigación principal.

Con este fallo, la Cámara confirmó la continuidad del proceso penal y dejó abierta la evaluación de fondo sobre la responsabilidad de los imputados, en una causa que podría derivar en sanciones por apropiación indebida de tributos y aportes a la seguridad social.

La Secretaría de Energía incrementará del 3,36% al 8% las retenciones a la exportación que se aplican al petróleo extraído en yacimientos convencionales de Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén. La medida responde a la suba del precio internacional del barril, que el pasado viernes volvió a superar los 100 dólares en medio del conflicto bélico en Oriente Medio.

La decisión oficial apunta a gestionar el impacto del alza del crudo Brent en los precios internos de los combustibles, al incentivar a los productores locales a vender el crudo pesado del país a un importe más bajo a las refinerías. En tanto, para el petróleo que se explota en Vaca Muerta no se registrarán cambios y la alícuota se mantendrá en un 8% del precio de exportación.

A fines de enero, el Gobierno nacional oficializó la baja de los derechos de exportación para el petróleo crudo proveniente de los campos convencionales. Lo hizo a través de un esquema variable de alícuotas con la intención de viabilizar la inversión en yacimientos maduros de la cuenca del Golfo San Jorge, Mendoza y Neuquén. El objetivo consistió en hacer más rentables estos espacios, que presentaron costos de extracción más elevados.

Con ese esquema previo, a fines de febrero se estableció una retención de 3,36% para el petróleo convencional, tomando en cuenta un precio promedio del crudo de 71,30 dólares. Sin embargo, debido a la disparada que experimentó la cotización del barril, esa retención volverá a subir al 8%.

El ajuste resulta automático y se basa en el artículo 7 del Decreto 488/2020, donde se aclara que el último día hábil de cada semana la Secretaría de Energía “evaluará las cotizaciones promedio de los días transcurridos del mes en curso y las comparará con la cotización promedio vigente. Si entre ambas existiera una diferencia superior al 15%, fijará una nueva cotización, la que será aplicable a partir del primer día hábil siguiente”.

La suba de las retenciones al crudo convencional alcanza a todos los productos incluidos en los decretos 488/2020 y 59/2026, que contemplan tanto al petróleo crudo como a derivados, tales como solventes, naftas vírgenes y combustibles pesados. La fórmula que rige establece que si el precio del barril Brent se encuentra por debajo de los 65 dólares la retención será de 0%, y si supera los 80 dólares ascenderá al 8%. Para valores intermedios, se utiliza una fórmula polinómica de ajuste que arroja una retención de 3,36% tomando como referencia una cotización de 71,30 dólares, surgida del promedio de los últimos cinco días de febrero.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, aseguró este martes que el Gobierno tiene la intención de "continuar con la baja de las retenciones en la Argentina”.

“Con responsabilidad fiscal, en la medida que nos permita el tema fiscal, vamos a continuar con la baja de las retenciones en la Argentina”, resaltó Iraeta.

Al respecto, continuó: "Ya lo hicimos de manera permanente, parcial para algunos productos y total en otros, pero ese es el camino. Este es solo un ejemplo de lo que piensa el gobierno nacional respecto de la carga impositiva al campo”.

En la primera jornada de Expoagro, el funcionario del gobierno de Javier Milei indicó: “No podemos negar que ha cambiado el paradigma respecto de la visión que tienen las autoridades nacionales con el sector agropecuario argentino”.

El secretario participó primero de la inauguración y el tradicional corte de cintas en el predio de San Nicolás, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, y el ex presidente Mauricio Macri, entre otros.

Desde primera fila lo escucharon también los integrantes de la Mesa de Enlace, Andrea Sarnari, titular de Federación Agraria Argentina (FAA); Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Lucas Magnano, presidente de Coninagro; y Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Iraeta destacó los principales acuerdos y negociaciones de la gestión nacional, como el tratado Unión Europea-Mercosur, la ampliación del cupo de exportación de carne a Estados Unidos, la baja de aranceles y otros puntos clave como las simplificaciones y desregulaciones destinadas al sector.

“Saben perfectamente todo lo que estamos haciendo por el campo, lo que pensamos del campo”, dijo el secretario, y agregó: “La pasión por la tierra que anida en el corazón de los productores”.

Con el tradicional corte de cintas quedó inaugurada en San Nicolás una edición histórica 20° edición de Expoagro, un escenario que reúne las últimas novedades para los productores y sirve de escenario para políticos. Con un discurso “anti grieta” y un llamado a que el Gobierno nacional termine con las retenciones al campo.

Sin Axel Kicillof, quien fue parte de la cena de gala del lunes a la noche, la muestra que reúne hasta el viernes 13 a más de 700 expositores, otros dirigentes como el expresidente Mauricio Macri o el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro destacaron con sus voces en apoyo al sector.

Del acto inaugural también participaron el intendente de la ciudad, Santiago Passaglia; el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta; el titular del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, y el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, entre otros.

Tras ironizar sobre el encuentro con Kicillof (“lo quiero mucho”) y asegurar que “hace rato” que no habla con Javier Milei, Macri sostuvo que el campo podría ampliar su capacidad de generación de empleo si se avanzara con reformas y mejores condiciones para la producción. “Uno soñaría con que lo antes posible no haya retenciones, que es un impuesto, ya lo hemos hablado, estúpido, que castiga al productor, al exportador, y que en ningún país del mundo existe. Generalmente, todos los países del mundo ponen subsidios”, dijo.

También Pullaro se plegó al reclamo histórico del sector ya que consideró que la carga impositiva sobre el agro limita el crecimiento de la economía real. “Nosotros entendemos que hay que terminar con las retenciones. Si las bajáramos a la mitad de lo que las tenemos hoy, estaríamos inyectando alrededor de 2.500 millones de dólares a la economía, a la microeconomía a nivel nacional”, explicó.

Mientras que el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, presente en la muestra se mostró optimista y sostuvo que esa baja “se va a dar”, aunque no puede precisar cuándo sucederá. “No me cabe duda que la promesa que hizo el Presidente la va a hacer”, insistió.

Las palabras formales de inauguración estuvieron a cargo de Passaglia, quien lanzó un llamado al diálogo frente a los presentes. “Mientras la grieta discute ideología, nosotros discutimos productividad. Mientras la grieta habla de agrandar o achicar el Estado, nosotros lo hacemos funcionar”, afirmó. Y ahondó que el rol del campo como motor del desarrollo: “Acá no hay relato ni grieta: hay tecnología, innovación y argentinos que trabajan todos los días para producir. Les guste o no, la grieta es la vieja política”.

En esa línea, durante su intervención, Cuattromo coincidió en que el país “debe superar algunas discusiones” y destacó el rol del financiamiento y de las políticas públicas para impulsar el desarrollo productivo. El titular del Banco Provincia sostuvo que la Argentina debe superar discusiones históricas que enfrentan al campo con la industria o a la ciudad con la ruralidad.

“No existe tal cosa como el campo contra la industria o la ciudad contra la ruralidad. Todo forma parte de una misma comunidad, de un mismo desafío y de un mismo proyecto de país”, afirmó. En ese sentido, remarcó que el desarrollo productivo necesita una estrategia nacional que combine la iniciativa privada con el acompañamiento del Estado.

El cierre de los discursos estuvo a cargo de Iraeta, quien destacó el cambio de enfoque del Gobierno nacional hacia el sector agropecuario y aseguró que la política oficial apunta a reducir la presión impositiva y ampliar las oportunidades de exportación.

El funcionario recordó las palabras del presidente Javier Milei durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando ratificó que el Gobierno continuará con la baja de retenciones en la medida en que lo permita el equilibrio fiscal. “Ya lo hicimos de manera permanente, parcial para algunos productos y total en otros, pero ese es el camino. Este es solo un ejemplo de lo que piensa el gobierno nacional respecto de la carga impositiva al campo”, afirmó.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes una reducción de entre 1 y 2 puntos porcentuales en las retenciones que pagan distintos complejos agropecuarios, entre ellos la soja, el maíz, el trigo, el girasol, otros cultivos y sus derivados.

Según explicó el funcionario a través de su cuenta de X, la iniciativa representa “un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario”, y forma parte de un esquema de “reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos”. Caputo destacó que “eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei” y aseguró que el Gobierno continuará trabajando para alcanzar ese objetivo “lo antes posible”.

El ministro remarcó que ya se dieron “muchos avances concretos” en esa dirección y que seguirán profundizándolos “en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”.

En la misma línea, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, celebró la decisión oficial al afirmar que “el camino siempre será el de bajar impuestos, siempre respetando el equilibrio fiscal”, y confirmó que la reducción comenzará a regir desde hoy. No obstante, la medida no será automática: recién entrará en vigencia cuando sea publicada en el Boletín Oficial, lo cual ocurrirá “en los próximos días. Lo antes posible”, indicaron fuentes oficiales a un reconocido medio nacional.

Las nuevas alícuotas quedarán fijadas de la siguiente manera:

Caputo aseguró que esta reducción apunta a “mejorar la competitividad de la agroindustria”, un sector que definió como “uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones”. Asimismo, valoró que la decisión reafirma la convicción de que “el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”.

“El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”, enfatizó. Según indicó el Ministerio de Economía, la reducción será permanente y busca dar respuesta al reclamo sostenido de las entidades agropecuarias para disminuir la carga tributaria, que en otras oportunidades había sido aliviada solo de manera temporal.

Así lo indicó el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes, donde explicó que la medida se acordó con las provincias productoras.

“Como primer paso, se firmó un acta de entendimiento entre el Ministerio de Economía y la provincia de Chubut, que se ha comprometido a rever sus cánones en un esfuerzo compartido entre la Nación y las provincias”.

Actualmente, los derechos de exportación (DEX) del petróleo convencional pueden llegar hasta ocho por ciento cuando el precio internacional superaba los 60 dólares por barril.

“Menos impuestos es más inversión y más trabajo para los argentinos. Fin”, concluyó Adorni.

El objetivo de la quita de los derechos de exportación es preservar la actividad en las cuencas maduras, dar previsibilidad a las inversiones y cuidar el empleo, indicaron desde la administración central.

En la reunión estuvieron presentes Adorni, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y su par del Interior, Diego Santilli, y el gobernador de Chubut Ignacio Torres. También estuvieron presentes el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, y el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Carlos Ormachea.

El acta de entendimiento contempla la adecuación del régimen de los DEX, en donde el Gobierno se compromete a llevarlo hacia un esquema en el que sean eliminados por completo. Chubut, por su parte, ratifica y profundiza sus políticas de acompañamiento mediante la revisión de regalías y cánones.

“El Gobierno Nacional continúa avanzando en la reducción de la carga impositiva sobre la producción y las exportaciones de energía, con el objetivo de aliviar al sector privado, promover nuevas inversiones y consolidar un crecimiento sostenido basado en reglas claras y previsibles”, detalló el Ministerio de Economía. NA

Mediante el Decreto 726/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional eliminó temporalmente las retenciones a las exportaciones del acero, aluminio y productos derivados.

La nueva normativa fijó la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) en 0% para una serie de productos vinculadas al sector industrial del acero y el aluminio “cuando se exporten con destino a aquellos países que al momento de la entrada en vigencia de esta medida, aplican a dichas mercaderías un arancel de importación “ad valorem” igual o superior al 45%”.

La medida será aplicable a las operaciones de exportación que se efectivicen entre el 9 de octubre y el 31 de diciembre de 2025 inclusive, o hasta que se formalice una reducción arancelaria respecto del arancel de importación igual o superior al 45%, lo que ocurra primero.

Al argumentar la decisión, el Ejecutivo sostuvo en el texto oficial que “la presente medida busca fortalecer la capacidad exportadora y dotar de una mayor competitividad a uno de los sectores productivos del país, alineando las políticas con los principios de la libertad y una mayor apertura del comercio que impulsen el crecimiento de las cadenas de valor industriales”.

En este sentido, remarcó que “la República Argentina cuenta con capacidades productivas relevantes en los sectores de aluminio y acero, los cuales revisten carácter estratégico en la estructura industrial del país, generando volumen de exportaciones, empleo y valor agregado”.

Al contextualizar la medida, la administración de Javier Milei puntualizó que “en los últimos años se han verificado prácticas de diversos países que, mediante la aplicación de aranceles de importación “ad valorem” de magnitud significativa, tienden a restringir el acceso de los productos de aluminio y acero al comercio internacional, configurando una forma de proteccionismo que afecta de manera directa la competitividad de las exportaciones argentinas”.

Ante este escenario, consideró que “resulta necesario adoptar medidas orientadas a mitigar los efectos adversos sobre el sector exportador argentino como consecuencia de la adopción de las mencionadas medidas de protección al mercado interno de dichos productos efectuada por otros países”.

El Gobierno utilizó casi US$1.000 millones de las divisas que logró comprar de la liquidación del agro, durante la quita temporal de las retenciones, en contener el dólar en los últimos días, cuando la presión sobre el tipo de cambio se volvió a incrementar.

Los informes de distintas consultoras privadas coinciden en remarcar que buena parte del flujo de dólares conseguidos gracias a la eliminación momentánea de los derechos de exportación (DEX) sobre los granos se esfumaron en mantener la cotización de la divisa estadounidense a raya.

El reporte de LCG detalló que “el volumen de ventas oficiales se acercó a los US$950 millones sobre un total previamente captado de US$2.228 millones, un desprendimiento del 42% de ese total”.

Al respecto, expuso que “según estimaciones de consultoras privadas, el Tesoro liquidó cerca de la mitad de las divisas que había acumulado gracias a la baja temporal de retenciones al campo”.

Al referirse a las motivaciones que reflejan este resultado, el informe hizo hincapié en que Economía y el Banco Central (BCRA) están actuando como "un tándem" con un menú de variantes para contener el tipo de cambio antes de las elecciones.

En este sentido, sostuvo que además de las ventas directas del Tesoro, o el BCRA si el dólar tocara el techo de la banda, hay otras maneras en las que el equipo económico busca incidir en la dinámica cambiaria.

Sobre este aspecto, puntualizó que “el Tesoro interviene en el spot (entendemos que el BCRA se mantiene al margen para no desgastar más el esquema de bandas), y el BCRA en la curva de futuros, pero ahora también, vendiendo títulos dólar linked".

En la misma línea, desde Wise Capital indicaron que “faltan 20 días para las elecciones y continúa fuerte la demanda de dólares”, afirmando que ante este panorama “el Gobierno, después de haber acumulado algo más de US$2.200 millones de los US$7.100 millones que dejó el campo, se vio en la necesidad de contener la cotización y lleva vendidos aproximadamente US$950 millones”.

El análisis sobre la postura interventora de la administración de Javier Milei en el mercado cambiario a pocas semanas de los comicios legislativos nacionales también es compartida por la consultora Econviews que asevera que “el Gobierno entró en modo supervivencia y está tomando algunos riesgos que pueden hipotecar el futuro”.

En este marco, señalaron que “el salvataje de Trump creó las condiciones para acumular dólares, especialmente porque fue acompañado por la eliminación temporaria de retenciones al campo”.

Sin embargo, remarcaron que “lo cierto es que el campo cumplió y se liquidaron 6,300 millones de dólares, pero sólo unos 2,300 millones entraron en las reservas”, asegurando que “el resto fue utilizado para bajar el tipo de cambio”.

Ante este escenario, la consultora que dirige Miguel Kiguel planteó que “seguramente no era el plan del FMI ni del Tesoro norteamericano y deja dudas sobre cuántos dólares quedarán para liquidarse en lo que queda del año”.

El ingreso de dólares del agro podría desplomarse hasta un 80% en los últimos dos meses del año, pasado el pico de liquidaciones bajo la quita temporal de las retenciones, según estimó en un informe la consultora LCG.

El reporte evidenció que en noviembre y diciembre se vería un notorio descenso en el ritmo de liquidación tras el récord de septiembre, influenciado por el final de la medida que eliminó temporalmente los derechos de exportación (DEX) a los granos.

Mientras en el noveno mes del año, se liquidaron US$7.100 millones, lo que representa un monto 3,4 veces por encima del promedio histórico del mes, en el último bimestre del año se ubicará en el mejor escenario por debajo de los US$1000 millones mensuales y en el peor caso rondará los US$ 300 millones al mes.

Los números del estudio surgen de tomar la liquidación esperada anual que calcula la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y restar las liquidaciones informadas hasta el momento por el Centro de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC).

Desde LCG explicaron que “como usualmente los datos de ambas fuentes difieren, el “piso” estimado de US$300 millones se calcula a partir de la relación histórica entre las dos, mientras que el techo se obtiene tomando la estimación directa anual de la BCR”.

Al respecto, analizaron que “cualquiera de los dos números es preocupante si se tiene en cuenta que el promedio mensual histórico para el último trimestre del año ronda los US$1.500 millones”.

Ante este panorama, plantearon que “entendemos que este ha sido uno de los factores que reforzó las expectativas de depreciación en los últimos días, aumentando la probabilidad de un cambio en el esquema cambiario tras las elecciones”.

En este marco, expusieron que la caída más notoria todavía no se visualiza al detallar que “con la liquidación de US$364 millones del miércoles pasado (resultantes todavía del cupo de retención 0%), octubre ya pareciera estar por encima del piso”. (NA).

Bajo la consigna “Somos productores, no esclavos del saqueo”, un importante grupo de chacareros realizará este sábado un denominado “tractorazo” para manifestar su reclamo contra el fin de las retenciones cero a los granos. La protesta se dará además en medio del reclamo de las enormes inundaciones, el mal estado de los caminos rurales y la falta de obra pública.

Gran número de productores junto al intendente de la ciudad de Castelli, Francisco Echarren, difundieron a través de las redes sociales la convocatoria para una movilización a realizarse este sábado a las 11 de la mañana en distritos del interior bonaerense tales como San Andrés de Giles, Chacabuco y Pigüé.

“Tractorazo contra Milei. El campo también se cansó. No queda nada”, manifiesta el mensaje que alienta la convocatoria. Tal como indican quienes están encargos de la organización, la jornada de reclamo será con “camiones y tractores al costado de la ruta”.

En simultáneo, se conocieron avisos similares sobre la movilización en la rotonda de acceso a San Andrés de Giles, Chacabuco, y en el cruce de las rutas 226 y 51, en Olavarría. En ambos casos llaman a manifestarse contra “la estafa de Caputo y las cerealeras” y se definen como “autoconvocados”, evidenciando el malestar del campo contra el Gobierno.

En medio del fuerte malestar de campo por la baja de retenciones por sólo dos días y mientras las inundaciones siguen castigando a miles de hectáreas bonaerenses, el Gobierno buscó tener un gesto con el sector y anunció que comenzó con las obras de Dragado en la Cuenca Interprovincial del Río Salado.

Este anuncio lo hizo en el marco de una reunión con la Mesa de Enlace, que llegó con críticas por lo que consideran una “estafa” lo que sucedió con la eliminación de las retenciones que hizo Nación la semana pasada.

Esta obra, clave para la provincia de Buenos Aires, permitirá prevenir inundaciones, mitigar sequías y mejorar el manejo del recurso hídrico a través del ensanche y profundización del cauce, reservorios y nuevas secciones de conducción.

La primera etapa de esta obra comprende 33,4 km de dragado entre el cruce del río con la Ruta Nacional N° 205 y la localidad de Ernestina, en el partido de 25 de Mayo. La obra de dragado en la Cuenca Interprovincial del Río Salado tiene una extensión de 760 km y se ha desarrollado en distintas etapas atravesando las provincias de San Luis, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires.

Según apuntaron desde el Gobierno, las obras de infraestructura generarán beneficios directos e indirectos para 59 municipios y 1,45 millones de habitantes y miles de productores agropecuarios, con mejoras en la urbanización, en las condiciones de habitabilidad y en la producción.

Esta noticia se da en medio del fuerte reclamo de los productores no sólo por el fallido anuncio de las retenciones, sino por el mal estado de los caminos rurales por las inundaciones que afectan al centro y oeste de la provincia de Buenos Aires desde marzo. Según el último relevamiento de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), la superficie anegada para la producción era de 3 millones de hectáreas.

"Un tema que venimos solicitando y trabajando con las autoridades pertinentes son las tan necesarias obras del dragado del Salado. Nos informaron desde el Gobierno que comenzaron a realizarlas en la Cuenca Interprovincial del Río Salado, lo que permitirá prevenir inundaciones, aplacar sequías y mejorar los recursos hídricos a través del ensanche y profundización del cauce, reservorios y nuevas secciones de conducción", dijeron desde la Sociedad Rural Argentina en un posteo.

"Doy fe que Nicolás Pino me ha pedido especialmente por esta obra, a la que consideran de vital importancia por las razones abajo mencionadas", señaló el ministro de Economía, Luis Caputo, en respuesta a la publicación de la entidad rural.

En una estocada política desde su cuenta de X, el economista tandilense y ex titular de Anses, Diego Bossio, bautizó a la reciente quita de retenciones como un simple "truco exprés". La maniobra, a su juicio, fue diseñada para el consumo rápido y efímero, resumiéndola con sarcasmo: "Un tuit, una foto, un aplauso y después... veremos".

Desde el seno de Provincias Unidas, un espacio peronista que se erige como alternativa ante los "dos extremos irreconciliables de la política argentina", Bossio fijó una postura crítica ante la política tributaria del Gobierno nacional.

El impacto de este giro económico fue, según su análisis, devastadoramente rápido y sembró la incertidumbre. Bossio asegura que los últimos virajes gubernamentales "dejaron más dudas que certezas en el complejo mapa económico".

El diagnóstico es contundente y utiliza una terminología sin filtros: el resultado de la medida incluyó "editoriales llenas de interrogantes" y provocó el "enojo del campo local -al que empomaron- y también del americano, que está en alerta".

La esperanza generada por la quita de impuestos no logró sostenerse ni en el tiempo ni en el mercado. Bossio arremetió contra la inestabilidad cambiaria generada: "El viernes volvió el cepo: bienvenida la brecha. La magia duró menos que un suspiro", posteó refiriéndose a la última noticia económica puesta a prueba por el mercado.

El economista no se opone al levantamiento de estos tributos, pues entiende que "las retenciones castigan al interior productivo y frenan al sector que más dólares puede generar". Sin embargo, el problema radica en la intención: advierte que la quita no puede perseguir solamente un fin recaudatorio y pasajero.

Para Bossio, la estrategia debe ser estructural y seria. Las retenciones, que actúan como un "ancla que la Argentina debe ir levantando para volver a crecer", deben bajarse "inteligentemente, de manera previsible".

Subraya que esta liberación del sector más competitivo no debe interpretarse como una dádiva política: "No es un regalo: es darle aire al sector más competitivo de nuestra economía para que recupere impulso y nos saque adelante".

El presidente del bloque de la CC, Juan Manuel López, pidió una reunión de las comisiones de Agricultura y de Presupuesto, que presiden el radical Atilio Benedetti y José Luis Espert (LLA), respectivamente, para tratar los proyectos que eliminan las retenciones y los “efectos del decreto” 682.

Esa norma de suspensión temporal tenía un cupo de 7.000 millones de dólares que solo fue utilizada por grandes empresas, lo que provocó la reacción de los pequeños y medianos productores.

Por ese motivo, desde la Cámara de Diputados hubo pedidos de informes presentados por el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdes, de la CC y se sumó uno de Democracia para Siempre pidieron explicaciones sobre esa medida.

En ese sentido, la CC pidió que el ministro de Economía, Luis Caputo, informe si se tomaron las medidas “para verificar que los bienes declarados existían y estaban en posesión del exportador en la fecha de la declaración”.

Por su parte, el presidente del bloque de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, aseguró que “necesitamos reglas de juego claras para la economía productiva”, al cuestionar la aplicación del decreto de baja temporal de las retenciones.

“Entre el lunes y el miércoles de esta semana, con el aval y la complacencia del Gobierno de Milei, las cerealeras se hicieron de un botín de más de 1.500 millones de dólares”, escribió en la red social X.

En ese sentido, Juliano destacó: “El Gobierno no les exigió ni siquiera anotar una declaración jurada de venta al exterior (DJVE) sin que antes se acreditara la tenencia de los granos, porque el ritmo de declaraciones hubiera sido el que corresponde y las grandes exportadoras deberían haber compartido esos 1.500 millones con los productores”.

Destacó además: “Eso no pasó y demuestra que el Gobierno ve al campo como un dador de dólares, pero que no le interesa la producción y sólo necesitaba hacer caja. Por eso, hoy presenté un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que brinde información al Congreso y a toda la sociedad”. NA