El Municipio logró que representantes de Nación accedan a recibir a funcionarios locales y entregar un pedido para desafectar del Renabap el lote de calle Piccirilli al 1000 de  La Movediza. El macizo fue ocupado en febrero de 2022, y a la fecha viven alrededor de 200 familias. La Justicia, cabe recordar, archivó la causa penal por usurpación y ratificó que el lugar es un barrio popular.

El Eco consultó a referentes de los principales espacios políticos locales –Juan Salceda, de la UCR; Rogelio Iparraguirre, de Fuerza Patria; Gonzalo Santamarina, de Acción Tandilense / La Libertad Avanza; y Marcos Nicolini de Alternativa Tandil/Hechos- para conocer su mirada al respecto de la solicitud y a la continuidad del caso.

Con matices y observaciones, hubo coincidencia en marcar la necesidad de abordar la situación, y de parte de la oposición críticas a la celeridad de la iniciativa municipal para elevar el pedido a Nación. Desde Fuerza Patria plantearon a su vez la posibilidad de que se avance en una solución conjunta en pos de la “reparación de los derechos patrimoniales” de quien fuera propietario del lote, mientras que desde Hechos indicaron que “no se pueden tolerar tomas como mecanismo de generación de suelo urbano, ya que así se arruinaron varias ciudades, como Mar del Plata”.

Más allá del canal de diálogo abierto con Nación –desde la Comuna suelen transmitir la dificultad para dar con la respuesta de funcionarios en temas como infraestructura urbana, Ruta 226 y otros-, en el caso de que la desafectación se concrete, resta ver la posible continuidad de la causa penal, ya que la misma fue archivada.

Quien fuera propietario del lote ocupado y luego incluido en el Renabap continúa vía administrativa el reclamo por expropiación inversa, sin confianza en anuncios políticos o en que la Justicia pueda llegar a revertir lo dictaminado a la fecha.

Cabe recordar, habían transcurrido casi 10 meses del inicio de la ocupación cuando el gobierno nacional de Alberto Fernández, a días de finalizar la gestión, incorporó el lote al Registro Nacional de Barrios Populares. La medida fue ratificada luego por el gobierno de Javier Milei, vía el secretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja. Con la intervención de Provincia se había avanzado en la posibilidad de generar un acuerdo urbanístico –con el aval de las partes-, pero el Municipio se retiró de la mesa de negociación.

Tras idas y vueltas, en julio de 2025 la Justicia archivó la causa y dictaminó que a partir de la inclusión del lote en el mencionado Registro, no existió delito de usurpación. Los vecinos del lugar comenzaron entonces a manifestar públicamente la necesidad de avanzar con la integración socio urbana del barrio, que no cuenta con acceso a los servicios básicos.

Jefe del bloque de la UCR y referente principal del oficialismo en el Concejo Deliberante, el concejal Juan Salceda se manifestó en sintonía con lo planteado por el Municipio tras anunciar la presentación del pedido a Nación: no convalidar ni el mecanismo de la ocupación, ni la inclusión en el Renabap.

“Nosotros como gobierno, y con las responsabilidades que tenemos no convalidamos la toma. Nunca lo hicimos desde un principio y lo seguimos sosteniendo. Primero porque no convalidamos un mecanismo ilegal que vulnera los derechos de todos, de una ciudad y de una comunidad que no quiere siquiera resignarse a este antecedente lamentable”, sostuvo Salceda.

“No convalidamos desde el inicio la inclusión en el Renabap de una parcela con un dueño conocido y presente. Es una inclusión forzada y contra toda normativa que es una responsabilidad conjunta primero del gobierno de Alberto Fernández y luego convalidada por La Libertad Avanza, por Sebastián Pareja y el gobierno de Javier Milei”, sumó el concejal, quien concluyó marcando que “no creemos que este mecanismo sea la forma correcta de hacerse de un terreno en Tandil”.

El jefe del bloque de Fuerza Patria, Rogelio Iparraguirre, señaló en primer término la necesidad de que la premisa del debate sea la reparación de los derechos patrimoniales afectados, el “derecho a la propiedad del dueño”.

Manifestó que de acuerdo a su mirada estuvo mal la inclusión del lote en el Renabap, pero que más allá de las posiciones partidarias, la dirigencia política debía demostrar la capacidad para construir una salida en conjunto.

“Si vamos a hacer algo, hagámoslo todos juntos, porque si no es difícil creer que por las partes se obtenga éxito, y que de verdad haya un espíritu de resolver el problema y no una intención de construir alguna especie de ventaja o fortaleza política electoral”, sostuvo.

Consideró que cada uno de los principales espacios políticos cuenta con parte de razón: el sector libertario cuando marca la inclusión “a las apuradas y mal” del lote en el Renabap durante el gobierno de Alberto Fernández, pero también Fuerza Patria cuando señala que durante el primer año la ocupación pasó de 20 familias a 200 “frente a las narices del Municipio”, y la propia Comuna cuando hace referencia a que la gestión de Milei convalidó la inclusión en el Registro.

“Si nos quedamos cada uno contentos, aunque tengamos parte de razón, flaco favor le estamos haciendo a la posibilidad de resolver o abordar el problema”, concluyó.

Consultado sobre el pedido del Municipio, Marcos Nicolini, de Alternativa Tandil / Hechos, se manifestó a favor del mismo pero marcó también que el gobierno local “se quedó un poco en el tiempo para hacerlo, pero está bien que se haga, que se intente”.

Recordó que en 2024 su bloque presentó un proyecto que luego se trabajó en Comisión de Interpretación y finalmente obtuvo dictamen conjunto, a partir del cual el Concejo hizo una solicitud para que Nación revise la incorporación del lote al Renabap.

A su vez –contextualizando a partir de manifestaciones públicas anteriores en el mismo sentido-, el concejal sostuvo que “hay que estar de acuerdo en que hay que sacarlo. Porque no se pueden tolerar tomas de ninguna naturaleza como mecanismo de generación de suelo urbano. Así se arruinaron varias ciudades, como Mar del Plata”, sentenció.

El referente de Alternativa Tandil se refirió además a que la continuidad de la solicitud tendrá que ver también con el recorrido que pueda tener en la Justicia, ya que el desalojo fue suspendido por ser el loteo parte del Renabap, y la posible intención del propietario al respecto.

“El Municipio llega tarde”

“Lo que está haciendo el gobierno municipal lo planteamos nosotros en varias entrevistas ya hace tiempo, que era usar la presencia de focos marcados de delincuencia, venta de drogas con participación de extranjeros en la toma para evaluar la activación del protocolo de deportación que está empezando a implementar acertadamente el Ministerio de Seguridad de la Nación”, expresó Gonzalo Santamarina.

El referente de Acción Tandilense / La Libertad Avanza hizo mención a que mantuvieron encuentros con funcionarios judiciales para “confirmar la presencia delictiva en la toma”, y marcó –en sintonía con lo planteado desde la Comuna en el mismo sentido – que “es un camino que puede aportar”.

Sin embargo, consideró que “si esta voluntad política la hubiese tenido el Municipio en las primeras horas de la toma en febrero de 2023, otra hubiese sido la historia. Lamentablemente el Municipio llega tarde. Pero vemos con buenos ojos que se busquen mecanismos para limpiar la toma de delincuencia y después evaluar cómo seguir, porque la causa de desalojo fue archivada y el titular del predio pidió ser indemnizado”.

Concluyó marcando que “a pesar de haber sostenido siempre esta idea, luego lamentablemente sucedió lo que temíamos. Un territorio que traumatiza a los vecinos del barrio, con gente que no conocen, que no son del barrio, donde se producen día a día hechos de inseguridad y de violencia. No podemos  legitimar este mecanismo ni este antecedente en Tandil si queremos cuidar a nuestros vecinos y si queremos cuidar la ciudad que entre todos construimos”.

La política nacional, los problemas estructurales de Tandil y la discusión por la Zona Fría fueron algunos de los temas que abordó el concejal de Fuerza Patria, Rogelio Iparraguirre, durante una extensa entrevista en el programa Calle Belgrano. En un análisis que combinó la coyuntura con una mirada de largo plazo, sostuvo que la ciudad atraviesa un momento “bisagra” y cuestionó la falta de planificación del gobierno local frente al crecimiento experimentado durante la última década.

“El gran problema de la Argentina es que lo urgente posterga lo importante”, planteó el dirigente, al describir una dinámica en la que las necesidades inmediatas impiden proyectar políticas de desarrollo sostenidas en el tiempo. En ese sentido, observó que el Gobierno nacional todavía conserva un importante respaldo social, aunque advirtió señales de desgaste luego de dos años y medio de gestión de Javier Milei.

“No puedo desconocer la realidad. Hay una mayoría circunstancial de vecinos que acompañó este rumbo y eso hay que respetarlo. Pero también percibo cierto agotamiento. La gente trabaja más, gana menos y empieza a preguntarse si el sacrificio tiene un horizonte”, señaló.

Al referirse a la realidad local, Iparraguirre afirmó que Tandil vivió un proceso de expansión urbana notable, pero consideró que el Municipio no logró anticiparse a las consecuencias de ese crecimiento.

“Hace una década que venimos señalando problemas que hoy son estructurales. Los efluentes cloacales, el relleno sanitario, la movilidad, la provisión de agua, las rutas. Hubo crecimiento, pero no desarrollo”, aseguró.

Según sostuvo, durante años se alertó sobre la necesidad de ampliar la planta de tratamiento de efluentes y de planificar una solución para la disposición final de residuos. “La actitud del gobierno fue negar los problemas hasta que se volvieron urgentes”, afirmó.

También cuestionó la ausencia de mecanismos para capturar parte de la valorización inmobiliaria generada por decisiones del propio Estado municipal. Puso como ejemplo la habilitación para construir en altura en las avenidas Brasil, Avellaneda y Bolívar.

“Se generó una enorme oportunidad de negocios para el sector privado, algo legítimo, pero el Estado no captó nada de esa renta para financiar infraestructura. Ahí hay recursos que podrían haberse destinado a obras fundamentales”, sostuvo.

Pese a las diferencias políticas con el oficialismo, el concejal insistió en la necesidad de construir acuerdos amplios.

“No creo en la lógica del ‘con este no’. Si Tandil no es capaz de convocar a todos los actores para resolver los problemas complejos, va a fracasar. La intolerancia es inversamente proporcional a la inteligencia”, afirmó.

En ese sentido, reivindicó una característica histórica de la ciudad. “Tandil no tuvo grieta durante muchos años. Eso es un capital que hay que defender. Cada vez que tuve la oportunidad de acercar una obra o un programa para la ciudad, trabajé con el Municipio porque es el intendente que eligieron los vecinos”, expresó.

Sin embargo, advirtió que la irrupción de La Libertad Avanza introdujo una lógica de confrontación permanente que, a su criterio, no forma parte de la cultura política local.

Uno de los temas centrales de la entrevista fue el proyecto impulsado por el Gobierno nacional que modifica el régimen de Zona Fría.

Iparraguirre aseguró que la iniciativa implica, en los hechos, la eliminación del beneficio para millones de usuarios y rechazó los argumentos oficiales.

“La Zona Fría no es un subsidio. Es una corrección de una desigualdad estructural. En Tandil se necesita consumir casi un 50 por ciento más de gas que en otros lugares para alcanzar la misma temperatura en una vivienda”, explicó.

Además, remarcó que el sistema se financia mediante un fideicomiso sostenido por distintos actores del mercado gasífero y no con recursos del Tesoro Nacional. Según advirtió, si la ley se aprueba el impacto se sentirá con fuerza en las boletas del invierno.

“Ojalá no se sancione. Pero si ocurre, en agosto habrá que mirar la factura y ver quién les explica a los vecinos que esto no era una eliminación”, sostuvo.

En ese marco, pidió una mayor intervención de los intendentes radicales y apuntó al senador nacional Maximiliano Abad.

“Estamos a pocos votos de frenar la ley y sería importante saber si va a defender los intereses de los bonaerenses”, planteó.

En el marco del ciclo Tandil Despierta, el concejal de La Libertad Avanza, Gonzalo Santamarina, brindó detalles sobre el debate legislativo en torno a la ley de Zona Fría. El edil aclaró que el espíritu de la normativa no es la eliminación del subsidio, sino su transformación hacia un modelo de mayor focalización. Según explicó, el objetivo es que los recursos del Estado lleguen efectivamente a quienes presentan mayores necesidades económicas, dejando de lado criterios geográficos que, a su entender, resultaban indiscriminados.

Santamarina argumentó que el esquema anterior permitía que hogares con alto poder adquisitivo, incluso aquellos con piletas climatizadas o residentes en propiedades de gran valor, accedieran a beneficios que deberían estar destinados a los sectores más postergados. Al respecto, el concejal señaló que la técnica legislativa utilizada para el nuevo proyecto implica una derogación de artículos específicos para dar paso a una nueva estructura de subsidios, la cual mantendría el apoyo para hogares con ingresos inferiores a 4.3 millones de pesos mensuales.

No obstante, el concejal admitió que la implementación final dependerá de la reglamentación que realice el Poder Ejecutivo una vez que la ley sea sancionada. Entre los criterios que podrían determinar la exclusión del beneficio, mencionó la posesión de vehículos modelo 2023 en adelante, aunque subrayó que los detalles técnicos serán definidos en la etapa posterior a la aprobación parlamentaria.

Durante el intercambio, se puso sobre la mesa la realidad climática de Tandil y el impacto del consumo de gas en la región. Santamarina sostuvo que es necesario comparar la situación local con la de otros puntos del país, como La Matanza, donde jubilados con menores recursos debían afrontar costos elevados sin contar con los beneficios de la Zona Fría. Para el concejal, la equidad debe primar sobre la generalización del subsidio.

Un momento de tensión en la entrevista se produjo al abordar el recargo del 7,5 por ciento en las facturas, destinado al fondo fiduciario. Si bien inicialmente el concejal puso en duda la aplicación de este cargo en Tandil, tras una revisión en vivo de una factura, se confirmó la existencia del ítem denominado "Fondo Artículo 75 - Ley 25565". Ante esto, Santamarina propuso realizar un análisis comparativo con otras provincias para determinar si dicho componente representa una carga adicional en zonas que no gozan del beneficio.

En cuanto al contexto económico, el edil destacó que el Gobierno Nacional implementó una bonificación adicional del 25 por ciento en el valor del metro cúbico de gas para los meses de mayo y junio. Esta medida, según indicó, busca mitigar el impacto del aumento de los hidrocarburos derivado del actual escenario de guerra mundial, una situación que, remarcó, afecta a la economía global y no es exclusiva de la Argentina.

Santamarina también se refirió a una reciente charla mantenida con el concejal Rogelio Iparraguirre. Según relató, durante el encuentro, el diputado habría reconocido que la ley de Zona Fría vigente desde 2021 resultó ser una medida "insostenible" y que, en aquel momento, "se fueron al pasto" con la amplitud de la normativa. A pesar de este reconocimiento, Santamarina aclaró que el legislador mantiene sus propias preocupaciones respecto a la futura reglamentación de la nueva ley en el Senado.

Finalmente, el concejal de La Libertad Avanza fue tajante al responder a las declaraciones del concejal Matías Civale. Ante la afirmación de Civale, quien aseguró que ningún concejal de la provincia de Buenos Aires había renunciado a los subsidios de los servicios públicos, Santamarina desmintió la versión de manera directa.

El edil libertario afirmó que "Civale miente" y aseguró que él mismo no recibe subsidios desde hace tiempo. Según detalló, realizó la renuncia formal al beneficio a través de la plataforma habilitada para tal fin durante la gestión presidencial anterior, desestimando así los dichos del concejal opositor sobre la conducta de los representantes locales en materia de beneficios estatales.

Rogelio Iparraguirre fue uno de los concejales que participó del encuentro que se llevó a cabo en el Congreso de la Nación para defender Zona Fría. Tras la reunión, el referente de Fuerza Patria dialogó con El Eco: dijo que el régimen no es un beneficio para los vecinos de la ciudad y si bien valoró la campaña de firmas que inició el Municipio, planteó que el Foro de Intendentes Radicales podría ejercer presión positiva sobre el senador radical Maximiliano Abad para que defina su voto en favor de los tandilenses.

“Reconocemos la labor del intendente de Tandil. No hay muchos intendentes radicales que hayan hecho esto, pero nosotros lo que necesitamos es asegurar votos en el Senado”, señaló en referencia a lo planteado por Juliana Di Tullio, quien coordinó el encuentro.

“En este caso puede hacer un aporte, el intendente Lunghi, muy importante porque uno de los senadores que hasta acá viene votando todo con el gobierno de Milei es el senador Maximiliano Abad de Mar de Plata. Entonces, ya que el Foro de Intendentes Radicales manifestó su preocupación en torno a la posible eliminación o inminente eliminación de Zona Fría, bueno, que trabajen sobre su senador, ejerciendo presión positiva, como hay que hacer en estos casos”, expresó Iparraguirre.

El encuentro en el Congreso tuvo el objetivo de “analizar estrategias destinadas a evitar que avance en el Senado el proyecto de ley que modifica el régimen de Zona Fría”. Junto a Iparraguirre estuvieron los concejales Severiano Mon y Marcelo Valle.

“Fue para darnos a escuchar a los intendentes en relación al impacto que produce nuestras comunidades”, precisó el jefe de la bancada peronista local.

“Nosotros vemos con muy buenos ojos el haber hecho una junta de firmas”, sostuvo Iparraguirre, quien agregó que el bloque radical cuenta con “un senador que en principio no manifestó la voluntad de votar en contra”, por lo que “puede ser de mucha ayuda” la presión positiva para que defina su postura.

“No es ningún beneficio”

“Acá no estamos hablando de ningún beneficio”, manifestó Iparraguirre sobre Zona Fría. Al respecto, desarrolló tres aspectos para argumentar su posición.

El primero, la diversidad bioclimática “inmensa” del territorio argentino, que Zona Fría morigera. A modo de ejemplo, sostuvo que para lograr una temperatura de 18 o 19 grados en un hogar residencial de Tandil, hay que consumir alrededor de un 40 por ciento más de lo que consume un hogar similar en Capital Federal.

El segundo punto es que mantener el régimen no pone en peligro al “sacrosanto superávit fiscal”, ya que “no hay emisión de moneda y no son fondos del Tesoro, sino que es un fondo fiduciario que sostienen la totalidad de los abonados al servicio de gas del resto del territorio”.

A su vez señaló que la modificación de Zona Fría, “no elimina el fondo fiduciario, con lo cual todo da a pensar que van a hacer algo muy parecido con el subsidio al impuesto al combustible, que eliminaron el subsidio al sistema de transporte público de pasajeros este del interior del país, pero el impuesto lo siguen cobrando”.

Por último hizo mención a que Argentina se encuentra en “pleno tránsito” en materia energética, “gracias a decisiones acertadas como fueron la recuperación de YPF”. En el presente, marcó, el país pasó de importar a exportar materia prima energética, y se proyecta un superávit de miles de millones de dólares para el año en curso.

“El problema es qué se hace con esos millones, si son todos para los mismos cinco que se la llevan siempre y para el Fondo Monetario Internacional o para, como están haciendo en este contexto todos los países del mundo, generar soberanía energética”, concluyó.

El concejal Rogelio Iparraguirre dialogó con El Eco Multimedios y planteó su mirada sobre las reuniones que el Ejecutivo municipal convocó para debatir el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), en vistas de modificarlo.

“Inicia una discusión que durante 23 años no dio”, expresó el referente de Fuerza Patria en diálogo con Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1.

Iparraguirre hizo mención a que la convocatoria se limitó solo a los colegios técnicos y no a los concejales, pero también dio cuenta de una serie de críticas a la gestión territorial del gobierno local, en particular por herramientas e instrumentos que el PDT habilita pero que “no han sido muy utilizados”. 

Además, sostuvo la necesidad de elaborar en primer término un diagnóstico preciso sobre la realidad local y el impacto del Plan a dos décadas de su sanción, antes de avanzar en cualquier modificación normativa. 

“Debiéramos pasar en limpio dónde estamos parados los tandilenses en cuanto a los procesos internos que ha venido viviendo nuestra ciudad para poder poner en contexto la discusión que vamos a tener, más allá de que Lunghi o quien sea convoque o no convoque ”, manifestó Iparraguirre, enfatizando que "esto tiene que ver con el presente y con el futuro de Tandil".

En relación con la metodología de trabajo elegida por el Gobierno municipal, el concejal fue tajante al señalar que la exclusión de los sectores políticos es un error estratégico. "Si ahora podemos hacerlo sin convocar a fulano o a mengano créanme que es una tontera a esta altura y quien tiene esa intención se va a chocar contra la pared", advirtió.

Asimismo, el referente de Fuerza Patria cuestionó la gestión de los instrumentos previstos en la normativa vigente. "Nosotros entendemos que el PDT contiene un montón de instrumentos y herramientas muy virtuosos el problema es que no han sido utilizados", afirmó. Según su visión, omitir un balance del proceso interno que ha vivido la ciudad llevaría a "errar al viscachazo" en la rediscusión del plan.

Iparraguirre identificó dos fenómenos críticos que, a su entender, han marcado la última década en Tandil y que generan tensiones los objetivos originales del ordenamiento territorial. 

El primero es la "fractura y desintegración social". Al respecto, describió que se trata de una "fractura social que nosotros llamábamos ‘el cristal roto’ hace ya mucho tiempo, casi en soledad. Hoy es innegable,  inocultable que coexisten dos realidades ya demasiado diametralmente opuestas borroneando una de las características más distintivas y potentes de Tandil históricamente que fue la integración social".

El segundo proceso señalado fue  “el crecimiento sostenido sin planificación”. Al respecto sostuvo que "hubo una autoridad municipal que creyó que su único rol frente al crecimiento innegable de Tandil era sentarse a aplaudir y en realidad quien gobierna, quien gestiona frente a procesos de crecimiento es entender la oportunidad de lo que eso significa. Para planificar y ejercer autoridad y control sobre ese crecimiento. Ninguna de esas cosas ocurrieron", sentenció.

En cuanto a las herramientas técnicas, Iparraguirre enumeró instrumentos como el Banco Municipal de Tierra, el Fondo de Desarrollo Urbano, los convenios y consorcios urbanísticos, y los planes especiales. "La enorme mayoría de estas, no han sido utilizadas o han sido utilizadas de manera muy pobre", lamentó. 

Sobre el Fondo del Desarrollo Urbano, explicó que su eficacia depende de que se afecten fondos específicos para financiar infraestructura. Y planteó que el municipio dejó pasar oportunidades de captar renta urbana que “fondee” al mencionado recurso. 

En ese sentido puso como ejemplo el cambio de normativa para determinadas avenidas de la ciudad -Avellaneda, Brasil, Alvear-, " para que tuvieran indicadores que permiten construir hasta 15 metros de altura”, explicó. Según Iparraguirre, en los últimos años se han iniciado más de 50 carpetas en ese sector. 

"Sin el Estado eso no se podía hacer. A partir de esa decisión del sector público, el metro cuadrado se ha multiplicado por 10 o por 15  en la avenida Brasil que hace no tantos años era una avenida de tierra", agregó, marcando que desde el gobierno local se podría haber intervenido en los desarrollos, activando las herramientas del PDT, para reinvertir en infraestructura para el conjunto de la ciudad.

El referente Rogelio Iparraguirre puso el foco en la necesidad de rediscutir el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), una herramienta que, a su juicio, ha sido subutilizada durante las dos décadas que lleva vigente. Según el edil, el PDT es el instrumento fundamental para la gestión y planificación del territorio urbano, rural y ambiental de Tandil, aunque persisten importantes deudas en su implementación.

"Estamos hablando de un plan que cumplió 20 años de la sanción de su ordenanza madre en noviembre del año pasado", recordó Iparraguirre, al señalar que aún no se concretaron iniciativas previstas desde hace años, como el plan especial de manejo de la zona protegida de las sierras.

Desde su punto de vista, el problema central radica en que la gestión municipal ha actuado "a contracorriente" de los objetivos del plan. En ese sentido, identificó dos fenómenos que marcaron la última década: una creciente fractura social y territorial, y un proceso de expansión urbana sin la planificación necesaria.

"Hubo una autoridad municipal que creyó que su único rol frente al crecimiento innegable de Tandil era sentarse a aplaudir", afirmó. Según sostuvo, esa falta de intervención estatal derivó en infraestructura exigida al límite y en distintos problemas de ordenamiento local.

También destacó que el PDT contempla instrumentos que podrían haber contribuido a un desarrollo más equilibrado de la ciudad, entre ellos el Banco Municipal de Tierras, el Fondo de Desarrollo Urbano y los convenios urbanísticos.

Como ejemplo, mencionó la habilitación de construcciones en altura sobre avenidas como Avellaneda y Brasil, donde la acción pública permitió una importante valorización del suelo sin que el Estado captara parte de esa renta para reinvertirla en obras o servicios para la comunidad.

"El metro cuadrado se ha multiplicado por 10, por 15, por 17. Cuesta creer que los responsables públicos de la toma de estas decisiones les haya pasado ese elefante por delante y no lo hayan notado", cuestionó.

Para el edil, el desarrollo inmobiliario es positivo, pero debe estar acompañado por mecanismos que permitan que una parte de los beneficios generados por decisiones públicas retorne a la comunidad.

En otro tramo de la entrevista, se refirió a la posible eliminación de la ley de zona fría, una medida que, de concretarse, tendría un fuerte impacto en Tandil y otras localidades de la región.

Rogelio Iparraguirre calificó esa posibilidad como una "injusticia muy grande" y cuestionó los argumentos esgrimidos por La Libertad Avanza respecto de los subsidios energéticos.

"La mentira tiene patas cortas. Si el Senado la sanciona, nos vamos a dar cuenta de que nos están mintiendo", sostuvo, al tiempo que pidió esperar el efecto que podrían tener los cambios sobre las facturas de gas. los próximos meses.

En el marco de una entrevista realizada en Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, el dirigente político Rogelio Iparraguirre realizó un diagnóstico crítico sobre el desarrollo urbano de la ciudad. Según el entrevistado, Tandil atraviesa un proceso de fractura social y territorial que ha borroneado históricamente su capacidad de integración, exacerbado por una década de crecimiento sostenido sin una planificación estatal adecuada.

Iparraguirre sostuvo que la gestión municipal ha adoptado una postura pasiva frente a las transformaciones urbanas. "Hubo una autoridad municipal que creyó que su único rol frente al crecimiento innegable de Tandil era sentarse a aplaudir", afirmó, subrayando que el rol del Estado debe ser el de ejercer autoridad, control y planificación ante los desafíos que presenta el desarrollo exponencial de la ciudad.

El dirigente hizo especial énfasis en la vigencia del Plan de Desarrollo Territorial (PDT), señalando que, a pesar de contar con 20 años de existencia, el instrumento no ha sido actualizado para responder a las nuevas realidades. Al respecto, citó las reflexiones de Eduardo Reyes, quien ya había advertido sobre la necesidad de tratar al PDT como un organismo vivo y dinámico, y no como una "foto" estática. En este sentido, Iparraguirre fue contundente al señalar: "El PDT conoce una sola gestión", en referencia a los años de gobierno de Miguel Ángel Lunghi.

Durante la charla, el entrevistado cuestionó por qué, teniendo herramientas previstas en el plan —como el Banco Municipal de Tierra, el Fondo de Desarrollo Urbano o los consorcios urbanísticos—, la mayoría no ha sido utilizada o se ha implementado de manera insuficiente. Para Iparraguirre, esta inacción ha permitido que el sector público vea pasar oportunidades de captar renta urbana generada por decisiones estatales, como ocurrió con la habilitación de nuevas alturas y factores de ocupación en diversas avenidas de la ciudad.

El dirigente detalló que, tras la aprobación de normativas que permitieron la construcción de edificios de alta performance en avenidas como Brasil, Avellaneda o Bolívar, el valor del metro cuadrado se multiplicó significativamente. "Eso es desarrollo si a la vez que lo permitís generás instrumentos para captar parte de esa renta que generó la acción pública", explicó, lamentando que no se haya aprovechado ese crecimiento para reinvertir en infraestructura para la comunidad.

Otro punto central de la entrevista fue la gestión de la zona protegida de la Sierra Central. Iparraguirre recordó que, ante la falta de consenso para un plan de manejo específico, se adoptaron medidas transitorias basadas en cotas de nivel que debían ser revisadas. Sin embargo, tras dos décadas, la falta de un plan integral sigue siendo una deuda pendiente que genera tensiones entre la protección ambiental y la presión urbanística.

Finalmente, el dirigente instó a que temas críticos como la problemática de la Ruta 226 se conviertan en una "causa común" de todos los tandilenses, independientemente de las gestiones de turno. Asimismo, destacó la importancia de avanzar en obras fundamentales, como la planta de efluentes, para permitir un desarrollo ordenado y sostenible. 

"La técnica es muy buena si está acompañada de conducción humana y voluntad política", concluyó Iparraguirre, abogando por un debate amplio que involucre a las fuerzas vivas de la ciudad para definir el futuro de Tandil.

El Concejo Deliberante autorizó la imputación de 428,5 millones de pesos a la cuenta especial de la Ordenanza 2.505 el recambio de luminarias en el perímetro de las avenidas Pujol, Luis María Campos, Lunghi, Eva Duarte, Ruta Provincial 30 y Ruta Nacional 226.  Además, le pidió que avance con obras similares sobre algunas cuadras de la calle Darragueira y de la avenida Suárez García.

La concejal Maridé Condino agradeció la firma del dictamen por parte de los integrantes de las comisiones de Economía y Obras Públicas, para avanzar con un expediente que consideró “muy importante” y destacó que el monto de recambio de luminarias supera los 428 millones de pesos.

“Estamos hablando del objetivo de que el ciento por ciento de Tandil complete su iluminación con led. Estas son transformaciones de sodio a led de 1.057 artefactos”, informó y concluyó que “es una muy buena noticia. Está muy bueno para los vecinos de barrio parque La Movediza y El Tropezón”.

En paralelo, también se aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación impulsado por Fuerza Patria, con el que le requirieron al Departamento Ejecutivo información sobre las condiciones en que se encuentra el alumbrado público en Darragueira entre Aeronáutica Argentina y Güemes Sur, y solicitaron “si es posible realizar un recambio a led que permita potenciar la capacidad lumínica del alumbrado público sobre esa arteria”.

En la sesión, el concejal Rogelio Iparraguirre pidió la incorporación a la ordenanza que el Ejecutivo evalúe avanzar con otras seis cuadras de la avenida Suárez García entre La Pastora y Navarro, sugerencia que realizó el radical Juan Salceda.

“Esto se sustenta, al igual que el pedido original de transformar a led la calle Darragueira -que es una vía comercial muy importante de nuestra ciudad-, para que no quede postergada Suárez García frente a los recambios de luminarias que se están haciendo, que también está concebida como avenida, con sus 14 metros de ancho, y donde además se están suscitando algunos problemas que padecen los vecinos”, explicó durante el tratamiento de la iniciativa.

Apuntó que el servicio en ambas calles se presta con vapor de sodio e incluso con artefactos de mercurio en algunos casos. 

En cuanto a Suárez García, remarcó que brindar mejor iluminación tiene que ver con la cuestión de la inseguridad pero también señaló que “es de público conocimiento que se han trasladado allí las picadas por las características de esa avenida, particularmente en sus cuatro cuadras de asfalto”.

En tanto, agradeció la intervención del presidente de la Comisión de Obras Públicas, Juan Salceda, quien propuso unificar los dos pedidos en el mismo proyecto de comunicación que se aprobó el último jueves.

El proyecto de ordenanza presentado por Rogelio Iparraguirre para crear el Certificado de Aptitud Urbanística continúa en revisión por parte del Ejecutivo municipal. En diálogo con El Eco, el concejal recordó la importancia de esta iniciativa como una herramienta para abordar una realidad preocupante en Tandil: el crecimiento de las estafas inmobiliarias que utilizan de manera ilegal la figura jurídica del condominio.

“En principio está el compromiso del Ejecutivo, y va a haber una devolución del proyecto de ordenanza. Entiendo que incluso con una propuesta mejorada, así que bienvenido sea, es la idea. Lo que no debemos permitirnos es no hacer nada, frente a un problema que todos estamos detectando”, expresó Iparraguirre.

La problemática, según explicó el edil, radica en el abuso de la figura del condominio, un modo de propiedad compartida previsto en el Código Civil de la Nación. Sostuvo que en Tandil se registran casos de usos ilegales de dicha herramienta, especialmente en la Zona Protegida, donde se comercializan lotes a precios llamativamente económicos ocultando información crucial a los compradores. Los particulares realizan importantes desembolsos económicos y luego descubren que no pueden escriturar sus parcelas individuales, ya que el condominio representa una propiedad indivisa.

El concejal detalló los tiempos legislativos y la urgencia de la situación actual: "Hace alrededor de tres meses que presentamos el proyecto y hace dos meses y medio fue al Ejecutivo. Porque si hay una opinión que nos parece importante recabar cuando trabajamos en el Concejo Deliberante, es la de quienes después van a tener que ejecutar esta herramienta." Asimismo, alertó sobre la vigencia del conflicto al revelar que “desde que presenté el proyecto a esta parte, me llegaron de primera mano cuatro estafados nuevos en lugares distintos. Esto está pasando en Tandil.”

El proyecto busca dotar al Municipio y a los ciudadanos de un instrumento de control preventivo,  el Certificado de Aptitud Urbanística. "Exige una declaración jurada de los comitentes, es decir, que aquellos que ofrecen y vuelcan este terrenos a la venta en el mercado. Y por supuesto establece todo un sistema de multas.", detalló Rogelio Iparraguirre sobre el funcionamiento técnico de la propuesta.

El concejal aclaró que el certificado funcionará como una suerte de documento de identidad para cada lote en comercialización, permitiendo que cualquier potencial comprador consulte si el vendedor cuenta con la habilitación correspondiente antes de realizar una transacción.  

“Es una herramienta para proteger a los tandilenses, no es que va a evitar la estafa, el estafador no deja de estafar porque sea ilegal el acto de la estafa”, explicó.

Para que la medida sea verdaderamente efectiva, Rogelio Iparraguirre remarcó que se requiere un rol activo por parte de la administración local. "No reemplaza a los controles que debe hacer el Ejecutivo municipal. Al contrario, solo funciona este aporte y sirve si es complementado por un eficiente y efectivo control del Municipio, que debe ejercer fuertemente su autoridad.", sostuvo el concejal.

En ese sentido, el edil fue crítico con el desempeño reciente de las áreas de control del gobierno local. "Esa es precisamente una de las cosas que nosotros creemos que ha flaqueado de un tiempo esta parte, particularmente en lo que hace a la administración del territorio, para que esto no sea tierra de nadie, donde cada uno haga lo que quiere. Hay que ejercer autoridad, control efectivo, eficiente. Y proyectos como este son el complemento de ese control efectivo.", sentenció.

Finalmente, el concejal destacó que la propuesta contempla una campaña de difusión para que la ciudadanía conozca la existencia de este requerimiento y evite caer en engaños. A su vez, se mostró optimista respecto al acompañamiento político en el Concejo Deliberante, asegurando que existe un consenso tácito entre los distintos bloques sobre la necesidad de intervenir de forma urgente para frenar las estafas inmobiliarias.

El presidente del bloque de concejales de Fuerza Patria, Rogelio Iparraguirre, expresó fuertes críticas al nuevo intento del Gobierno nacional de modificar el régimen de subsidios por Zona Fría, en el marco de la sesión especial que se desarrollará este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación.

En ese contexto, el dirigente sostuvo: “Hoy se debate en el Congreso un nuevo intento del gobierno de Milei para eliminar el beneficio de Zona Fría. No es un debate técnico, es un ataque directo al bolsillo de miles de familias en pleno invierno. Es una decisión política de ajustar sobre la vida cotidiana de la gente”.

Iparraguirre señaló, además, que en localidades del centro y sur de la provincia de Buenos Aires el uso de calefacción resulta indispensable durante gran parte del año. “Para ciudades como Tandil, la calefacción no es un lujo: es una necesidad básica de supervivencia. Vivimos inviernos largos y con temperaturas extremas. Sacar este beneficio es empujar a miles de vecinos y vecinas a tener que elegir entre calefaccionarse o comer”, sostuvo, subrayando que "no puede ser considerado un gasto suntuario".

Asimismo, cuestionó los argumentos del oficialismo nacional respecto al equilibrio fiscal y defendió el régimen actual de financiamiento. “Mienten cuando dicen que la eliminan para ‘reducir el déficit’. El beneficio se sostiene con un fondo fiduciario solidario y transparente que pagamos entre los propios usuarios de gas. No buscan equilibrio fiscal, buscan asfixiar el consumo de las familias”, expresó.

El dirigente tandilense consideró además que esta iniciativa forma parte de una postura reiterada por parte del Gobierno nacional. “Es la tercera vez que intentan avanzar contra este derecho. Tienen una obsesión con castigar a los que menos margen tienen, mientras los sectores más concentrados siguen recibiendo beneficios y exenciones”, indicó.

Finalmente, Iparraguirre convocó a los legisladores nacionales a impedir cualquier avance que implique la eliminación del subsidio. “Exigimos a los legisladores nacionales que tengan firmeza y defiendan a los argentinos”, concluyó.

El Municipio llamó a licitación para las obras de agua y cloacas del Desarrollo Urbanístico Sans Souci. Las mismas serán financiadas por el Ministerio de Infraestructura de la Provincia, y la noticia supone un paso más en la infraestructura de servicios para el barrio. También para la futura reanudación de los trabajos de las 156 viviendas del lugar, que ya presentan un 80 por ciento de avance. 

El secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, dialogó con El Eco e indicó que la apertura de sobres será el próximo 30 de junio y que tras la adjudicación, se contempla un plazo de 120 días para la finalización de la obra. En breve, marcó el secretario, llamarán a licitación para la red de gas, mientras que el tendido eléctrico se realizará por contratación directa.

Lafosse se refirió también al compromiso de Provincia -en concreto, el Ministerio de Hábitat y Vivienda-, para la apertura de calles y los desagües pluviales, y sostuvo que ambas obras “pueden coexistir”.

La Cooperativa Falucho está a cargo del trabajo del desarrollo de las 156 viviendas, cuya obra se encuentra neutralizada por pedido de Provincia. El gobierno bonaerense alegó meses atrás la necesidad de contar con infraestructura para continuar con el proyecto.  El futuro del barrio dependerá también de cómo se retome la construcción una vez que cese la mencionada neutralización.

Por otro lado, se encuentra paralizada la Planta de Tratamiento de Efluentes que se emplazó frente al Desarrollo Urbanístico. La misma tendrá impacto sobre Sans Souci, pero también sobre otros proyectos como el de Carrasco y los barrios de De Corazón Tandilense.

-La noticia es que se llamó a licitación para los servicios de Sans Souci…

-Luciano Lafosse: El 30 de junio se van a abrir los sobres de los servicios de agua y cloacas, que contempla 2950 metros de red de agua y 2175 de cloacas, con 156 conexiones domiciliarias. A su vez, la red de provisión de agua contempla dos perforaciones con sus bombas para poder tener un esquema de abastecimiento continuo, y una planta de ósmosis para bajar los niveles de nitratos que pueda llegar a tener el agua de ese sector, mejorar las condiciones químicas del agua.

Y son 1970 metros de red de cloacas y 16 bocas de registro. Obviamente son cañerías de determinada clases, y una cisterna de alrededor de 150 m cúbicos de almacenamiento de la cisterna.

Esta obra está presupuestada en con un valor oficial de 2200 millones de pesos, con un plazo de 120 días. La de gas son 190 millones de pesos.

-¿Cómo son los pasos?

-Se abren los sobres, se hace un proceso de pre-adjudicación por parte del Municipio. Como estos son recursos que provienen de Provincia, le enviamos la pre-adjudicación, y formaliza el convenio específico por un monto determinado. Cuando nos remite a nosotros ese convenio, nosotros adjudicamos y se empieza a realizar la obra.

-Esto significa un avance importante para un desarrollo de 156 viviendas…

-Sí, 156 viviendas, que están ya en construcción. Y paralelamente, en los próximos días también vamos a sacar la licitación de lo que es la red de gas.

También tenemos el compromiso por parte del Instituto de la Vivienda, o el Ministerio de Hábitat y Vivienda, de que ellos se van a encargar de los trabajos de la apertura de la de las calles y los desagües pluviales que requieren todo ese desarrollo urbanístico.

-¿Porqué no abrieron las dos licitaciones juntas, las de agua y gas?

-Por una cuestión de ordenamiento nuestro. Inicialmente la que estaba para salir era la de gas. Por cuestiones propias del gas inflamable, se genera la necesidad de tener mayores precisiones respecto a los niveles de vereda y preferimos iniciar con cloacas paralelamente a la apertura de las calles.

Agua, cloacas, calles y pluviales

-¿Se puede avanzar con la obra de agua y cloacas sin contar con los pluviales y la apertura de calles?

-Puede ser que coexistan las dos obras. Lo que nosotros tenemos son las precisiones respecto del proyecto ejecutivo, de cuáles van a ser los niveles de los cordones. Con lo cual tenemos los niveles de vereda y además ya tenemos los niveles de los umbrales de las viviendas.

-¿Pero no van a tener que abrir dos veces?

-No, las calles se abren, se hace un trabajo de apertura de caja, se le hace el aporte de los materiales, se le hace el cordón cuneta y paralelamente se pueden ir haciendo también las obras de agua y cloacas.

Lo que lo que sí se tiene que tener en consideración para los proyectos de agua, cloacas y de gas también, son los niveles del cordón.

-El compromiso de Provincia con respecto a los fondos está, pero no es la mejor situación económica, tampoco para el gobierno bonaerense…

-Para Provincia no. Pero hay un compromiso por parte del ministro Katopodis y estamos articulando con dos ministerios. Y también está la Cooperativa Falucho, que es la empresa adjudicataria de las viviendas, que está empujando para poder hacer las obras de apertura de las calles y poder avanzar con la obra. Las viviendas tienen un buen nivel de terminación.

-¿Qué pasa con el tendido eléctrico?

-Para esa instancia va a ser una adjudicación por compra directa a quien es el concesionario, a la Usina, de todo lo que es tendido eléctrico a través de un cable de pre-ensamblado y el alumbrado público.

En un contexto de profunda deliberación interna dentro del peronismo, Nicolás Carrillo, referente del Movimiento Evita de Tandil, brindó un pormenorizado análisis sobre el rumbo político de la provincia de Buenos Aires y las perspectivas electorales en la ciudad. En una entrevista con “Tandil Despierta” -por ECO TV y la 104.1 FM- el dirigente y exconcejal no solo ratificó su alineamiento con el proyecto que encabeza el gobernador Axel Kicillof, sino que también desmenuzó la crisis del modelo actual y el impacto social en los barrios tandilenses.

Para Carrillo, el estado actual del peronismo es una consecuencia directa del "fracaso rotundo" de la gestión anterior. 

Al respecto, señaló que el gobierno de Alberto Fernández, marcado por una inflación que superó el 200 por ciento, obligó a la fuerza política a entrar en un proceso de revisión. 

Sin embargo, fue tajante al afirmar que la salida a la crisis actual no puede venir de la mano de las políticas de Javier Milei. En ese tablero, el dirigente destacó que Axel Kicillof reúne los requisitos necesarios para liderar una alternativa superadora.

Uno de los puntos centrales del análisis de Carrillo fue la viabilidad financiera y política de la provincia de Buenos Aires. 

Según explicó, el territorio bonaerense ha sido históricamente perjudicado por la ley de coparticipación, aportando el 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y recibiendo menos del diez por ciento. "Siempre se fue suturando eso con aportes discrecionales de la Nación", recordó, al tiempo que denunció que actualmente la provincia se encuentra en una situación judicializada debido a que el gobierno nacional retiene billones de pesos que le corresponden.

A pesar de este escenario adverso, el referente del Movimiento Evita resaltó que la administración de Axel Kicillof se destaca por un valor escaso en la política contemporánea: la honestidad. 

"Se está administrando con mucha honestidad la gestión de Axel, algo para destacar frente a la corrupción que hubo en gobiernos anteriores y en el actual", subrayó. Para Carrillo, el gobernador bonaerense es una figura joven que ha demostrado su capacidad electoral al ganar todas las contiendas en las que participó, lo que lo posiciona como el conductor natural del espacio.

Respecto a la interna partidaria, Carrillo minimizó las tensiones con otros sectores. Sostuvo que bajo la conducción del gobernador conviven diversos espacios como La Cámpora, el Frente Renovador y el propio Movimiento Evita. 

En particular, mencionó que la figura más importante del peronismo local pertenece a La Cámpora, en referencia a Rogelio Iparraguirre, y descartó que deba producirse una ruptura. "No creo que tenga que romper con La Cámpora; creo que tiene que escribir una nueva historia para el peronismo que tenga que ver con los problemas actuales de nuestro país", afirmó.

El concepto de "nuevas melodías", acuñado por el gobernador, fue defendido por Carrillo como una necesidad imperiosa de actualización doctrinaria. 

Si bien rescató los valores históricos del peronismo, advirtió que la sociedad actual enfrenta problemas que no son los de décadas anteriores. "Nos parece importante empezar a escribir un nuevo libro para el presente y para el futuro", expresó, vinculando esta idea con el concepto de trasvasamiento generacional del que hablaba Juan Domingo Perón.

En su visión histórica, Carrillo planteó que el ciclo político iniciado tras la crisis de 2001, que tuvo como emergentes al kirchnerismo y al macrismo, se encuentra agotado en su esencia. En este sentido, calificó a la figura de Javier Milei no como algo novedoso, sino como "lo último de un país que nació en el 2001 y que ya está terminando". 

Frente a este agotamiento, el dirigente insistió en que Axel Kicillof tiene la voluntad de expresar una renovación dirigencial y de ideas que pueda ofrecer soluciones reales a la ciudadanía.

"Axel tiene una fuerte decisión de conducir y me parece que hay que dar vuelta una página. Cristina fue muy importante, pero la renovación política es un valor básico del peronismo", destacó Carrillo.

Al trasladar el análisis al plano local, Carrillo se mostró optimista respecto a las posibilidades del peronismo en Tandil. 

Según su visión, la hegemonía del radicalismo, que ha marcado los últimos 20 años de gestión, atraviesa un "declive muy pronunciado". Y si bien reconoció que la ciudad se modificó sustancialmente bajo la intendencia de Miguel Lunghi, consideró que el modelo está agotado, algo que quedó de relieve en los últimos resultados electorales y en el estado general de la ciudad.

Para el dirigente, la interna de la Unión Cívica Radical, personificada en figuras como Marcos Nicolini, debilita la continuidad del oficialismo. A esto se suma la irrupción de Gonzalo Santamarina (Acción Tandilense/LLA), quien disputa el voto de un sector que Carrillo definió gráficamente como "antiperonista". 

Esta fragmentación de la oferta electoral de centro-derecha le otorga al peronismo “muchas opciones de alzarse con la victoria el año que viene” -aseguró-, aunque aclaró que el final sigue siendo abierto.

En cuanto a las candidaturas internas, Carrillo reconoció la voluntad de Rogelio Iparraguirre de ser intendente, pero señaló que aún falta discutir qué tipo de gobierno pretende el peronismo para Tandil, con qué ideas y con qué actores. 

También dedicó unas palabras a Raúl Escudero, que anunció recientemente su candidatura a intendente para 2027 desde un espacio vecinalista y a quien definió como un "constructor" y un "hacedor", aunque cuestionó su falta de claridad respecto a qué proyecto de país suscribe. "Se posiciona en un lugar fácil que es decir que la política es una porquería, un perfil outsider similar al de Milei. Pero es un compañero y hay que ver cómo evoluciona su propuesta", analizó.

Finalmente, Carrillo abordó la cruda realidad social que percibe a través del trabajo territorial del Movimiento Evita. 

En ese sentido, informó sobre la realización de un censo reciente en comedores populares que alcanzó a aproximadamente 200 familias de Tandil. El estudio permitió verificar una caída drástica en lo que denominó "salario indirecto", es decir, las ayudas que el Estado canalizaba a través de iglesias o asociaciones civiles y que hoy han desaparecido por el recorte de la asistencia alimentaria nacional.

El dirigente alertó sobre un fenómeno económico preocupante: la saturación de los "empleos refugio". 

En ese marco explicó que, ante la insuficiencia de los ingresos registrados, una gran parte de la población recurre a actividades informales para subsistir. "Hoy en los barrios todo el mundo vende comida, vende ropa o hace mandados. Mucha gente está trabajando en Uber, aunque sea ilegal en Tandil, porque es más económico para el consumidor", describió.

Según Carrillo, este crecimiento de la economía de precariedad no representa una mejora en los índices de empleo, sino una saturación de estrategias de supervivencia que evidencia que la situación económica está empeorando. 

Con la participación de más de 70 representantes de instituciones locales, colegios y asociaciones profesionales, organizaciones de la sociedad civil, concejales de distintos bloques políticos y especialistas de la UNICEN, se llevó a cabo en el Centro Cultural Universitario el taller del proyecto “Diagnóstico y lineamientos para la gestión sustentable de la Zona Protegida Natural Sierras de Tandil”.

La actividad tuvo como objetivo poner en común distintas miradas, experiencias y conocimientos sobre la situación actual del sistema serrano y sus perspectivas futuras, en el marco de una investigación que busca generar un diagnóstico actualizado y formular propuestas para el manejo sustentable del área protegida establecida por el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) en 2005.

La iniciativa es impulsada por un equipo interdisciplinario de diez profesionales tandilenses y siete colaboradores, quienes desde noviembre del año pasado trabajan en la elaboración de información técnica y estratégica sobre el estado ambiental, territorial y normativo de las Sierras de Tandil.

La coordinadora del proyecto, María Nazabal, explicó que el trabajo apunta a evaluar la evolución de la zona protegida en las últimas dos décadas. “Habiendo transcurrido más de 20 años desde la sanción del PDT que crea la Zona Protegida, en estos meses nos dedicamos a estudiar cómo evolucionó, qué problemáticas enfrenta y qué lineamientos permitirían compatibilizar conservación ambiental con desarrollo económico, crecimiento urbano y bienestar social”, señaló.

La propuesta surgió a fines de 2025 por iniciativa del concejal Rogelio Iparraguirre, quien acercó la idea y la herramienta para su concreción. El trabajo se desarrolla en articulación con el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y cuenta con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El objetivo central es aportar evidencia científica y conocimiento estratégico para la protección de uno de los patrimonios naturales más importantes de la ciudad. Para ello, el proyecto busca generar información rigurosa e interdisciplinaria que sirva de base para la toma de decisiones y la planificación de largo plazo.

En las últimas décadas, Tandil experimentó un acelerado crecimiento urbano y demográfico, lo que incrementó la presión sobre el ecosistema serrano y generó tensiones entre el desarrollo de la ciudad, las actividades productivas, el turismo y la necesidad de preservar servicios ecosistémicos esenciales, como la regulación hídrica, la biodiversidad y el paisaje.

En ese sentido, Marcos Merello, integrante del equipo, sostuvo que “está en juego la posibilidad de que Tandil siga creciendo sin perder aquello que la hace única: su paisaje serrano, su equilibrio ambiental, su integración y su calidad de vida”.

Además, remarcó que el proyecto no pretende ofrecer respuestas definitivas, sino constituirse como un aporte técnico a un proceso de construcción colectiva más amplio para planificar el futuro de la ciudad.

La investigación se desarrolló a lo largo de seis meses en tres etapas. Primero, se realizó un relevamiento y sistematización de antecedentes históricos, normativa y fuentes académicas, junto con la construcción de una base de datos geográfica integral.

En una segunda etapa se elaboró un diagnóstico ambiental que abordó dimensiones ecológicas, urbanas, económicas y normativas, incluyendo la realización del taller participativo. Actualmente, el equipo trabaja en la formulación de lineamientos estratégicos y recomendaciones para el manejo sustentable de la Zona Protegida Natural Sierras de Tandil.

Los resultados finales serán presentados durante el mes de junio.

El proyecto reúne a expertos en gestión ambiental, ordenamiento territorial, urbanismo, recursos hídricos, biodiversidad y turismo, pertenecientes a distintos centros de investigación y unidades académicas de la UNICEN y del CONICET.

Entre los investigadores principales se encuentran María Nazabal, Santiago Linares, Claudio Colletta, Rosario Barranquero, Adriana Díaz, Agustina Cortelezzi, Marcos Merello, Valeria Capristo, Pedro Franceschetti y Natasha Picone, acompañados por un grupo de colaboradores especializados en diversas disciplinas.

Al cierre de la jornada, Nazabal destacó el compromiso de la comunidad tandilense con la planificación del territorio para las generaciones presentes y futuras.

“El sistema serrano le ha dado a Tandil una identidad singular, irrepetible y profundamente arraigada en la comunidad. Por eso, es fundamental pensar cómo queremos relacionarnos con aquello que hace de Tandil un lugar distinto”, expresó.

No obstante, también lamentó la ausencia de funcionarios del Departamento Ejecutivo municipal con responsabilidades directas en la gestión de la zona protegida.

“Es una pena que, habiendo sido convocados, no hayan participado de esta instancia tan valiosa los funcionarios de la Municipalidad de Tandil con responsabilidades directas en todos los temas que hacen a la gestión de la Zona Protegida y a la discusión de la elaboración de un Plan Especial de Manejo”, concluyó.

En una reciente intervención mediática, el concejal de Unión por la Patria, Rogelio Iparraguirre, realizó un pormenorizado análisis sobre la complejidad financiera que atraviesa el sistema de transporte público de pasajeros en la ciudad. El legislador local no ahorró críticas hacia la conducción de la Cámara de Transporte de Tandil y, en paralelo, desarrolló los fundamentos de una iniciativa legislativa que pretende otorgar un alivio económico sustancial a los clubes de barrio, entendidos hoy como los principales espacios de contención social frente a la crisis económica.

Iparraguirre advirtió que el sistema de transporte se encuentra en una situación de "encerrona", donde a las empresas no les alcanzan los ingresos para sostener la calidad del servicio y a los usuarios no les sobran recursos en sus bolsillos para afrontar un boleto más oneroso.

Según el concejal, esta coyuntura provocó un fenómeno que ya se refleja en las estadísticas locales: un salto exponencial en el patentamiento de motos, debido a que muchos vecinos optaron por abandonar el colectivo ante la imposibilidad de costear los viajes diarios.

El concejal fue particularmente severo al evaluar el rol de Daniel Albanese, presidente de la Cámara de Transporte de Tandil. Iparraguirre recordó que, en diciembre pasado, la entidad elevó un estudio de costos al Concejo Deliberante en el que, "sin que nadie se lo pidiera", incluyó valoraciones políticas que respaldaban el rumbo económico del Gobierno nacional. El legislador consideró una contradicción que la Cámara hablara de un "diagnóstico correcto" de la macroeconomía mientras el sistema local se desmoronaba por las mismas medidas celebradas.

Para el referente de Unión por la Patria, resulta paradójico que la Cámara de Transporte avalara el ajuste profundo de la economía y la liberación de los precios de los combustibles, para luego reclamar a los concejales y a la Municipalidad por la falta de fondos. "Albanese le puso el cascabel a los concejales, pero en ningún momento hizo mención al cambio estructural que ocurrió con el precio de los combustibles y la retirada de los subsidios nacionales", sentenció el edil.

Iparraguirre subrayó que, históricamente, el sistema de transporte se sustentaba mediante un criterio federal basado en el impuesto a los combustibles, un gravamen que los ciudadanos de Tandil continúan pagando pero que dejó de retornar a la ciudad.

En ese sentido, lamentó que la gestión nacional de La Libertad Avanza haya cortado ese flujo, dejando a los municipios y a las provincias en una situación de asfixia financiera sin precedentes.

La preocupación del bloque opositor radica en que la caída del consumo y el aumento de la desocupación redujeron el índice de pasajeros por kilómetro (IPK), parámetro esencial para el cálculo tarifario. Ante este escenario, Iparraguirre instó a los representantes de las empresas de transporte a reconocer cuál fue el factor real que puso al sistema en crisis, en lugar de trasladar la presión exclusivamente hacia el bolsillo de los trabajadores tandilenses.

En otro orden de temas, Iparraguirre detalló el proyecto de ordenanza presentado junto a su compañero de bloque, Federico Martínez, que busca reformar la actual política deportiva de la ciudad. El objetivo central es modificar la Ordenanza 12.130, vigente desde hace 15 años, para incrementar de manera significativa el aporte mensual que la Municipalidad de Tandil realiza a las instituciones deportivas.

El concejal explicó que la normativa actual afecta los recursos de la Tasa por Derecho de Publicidad y Propaganda para el fondo de los clubes, lo que representa apenas unos 124 millones de pesos anuales. Para Iparraguirre, ese monto resulta "marginal" dada la función social que cumplen hoy los clubes, los cuales, a su entender, ocupan el lugar que en otras épocas ocupaba la escuela pública en términos de red de contención comunitaria.

La propuesta legislativa consiste en duplicar el fondo de asistencia mediante la afectación de lo recaudado por las multas del Sistema Unificado de Movilidad Ordenada (SUMO). "Nos pareció justo afectar lo recaudado por las multas por falta de tarjeta en el estacionamiento medido. Que el vecino sepa que cuando paga esa multa, el dinero va cien por ciento destinado a los clubes de la ciudad", detalló el legislador, estimando que esto podría sumar más de 380 millones de pesos al presupuesto deportivo.

Un punto innovador del proyecto es la inclusión de una cláusula transitoria de dos años para aquellas instituciones que aún no cuentan con la personería jurídica al día. Iparraguirre señaló que muchas entidades, especialmente las pertenecientes al fútbol agrario, se encuentran excluidas de los beneficios municipales por dificultades administrativas. "Queremos que puedan recibir el equivalente al subsidio durante dos años mientras regularizan sus papeles", explicó.

Esta medida beneficiaría de forma directa a siete de las ocho instituciones del fútbol agrario que hoy no reciben asistencia económica estatal. El concejal remarcó que el espíritu de la iniciativa es "achatar la pirámide" para que el impacto del aumento presupuestario sea mayor en los clubes más pequeños, que son los que más sufren el incremento de las tarifas de servicios públicos y el mantenimiento de sus instalaciones.

Iparraguirre manifestó que la intención del bloque no es imponer el proyecto por la fuerza, sino abrir una mesa de diálogo con el oficialismo municipal. En un escenario donde el lunghismo perdió la mayoría absoluta en Concejo, el concejal apostó por la "honestidad intelectual" para encontrar puntos de acuerdo que prioricen el bienestar de las instituciones sociales de Tandil por encima de las disputas partidarias.

Sobre el cierre de sus declaraciones, el concejal reflexionó sobre la dinámica política local y su relación con el intendente Miguel Lunghi. A pesar de las críticas de sectores de la oposición más radicalizada, Iparraguirre defendió su postura de colaborar con el Ejecutivo en gestiones clave ante los Gobiernos nacional y provincial, citando como ejemplo el financiamiento para el edificio del IPAT y el Conservatorio de Música.

"A mí me daría mucha vergüenza hacer lo contrario. Cada vez que tuve la posibilidad de acercar una gestión, una solución o un financiamiento para mi ciudad, lo hice con orgullo", afirmó. No obstante, advirtió que la gestión local también deberá enfrentar el "momento de los balances", evaluando qué se logró en estos años de gestión nacional y cómo se defendieron los intereses de Tandil frente a las políticas de ajuste que hoy afectan al transporte y la salud.

Finalmente, el legislador expresó su frustración respecto a la situación de IOMA y otras obras sociales que atraviesan crisis profundas, asegurando que su compromiso es "hacerse cargo" de los problemas de los vecinos independientemente del color político de la gestión de turno. Para Iparraguirre, la política en Tandil debe alejarse de la lógica de la "grieta" para concentrarse en soluciones pragmáticas ante una realidad social y económica que se vuelve cada vez más exigente para la comunidad.

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó en el Concejo Deliberante de Tandil un proyecto de ordenanza que busca modificar la normativa vigente y reforzar el sistema de apoyo económico a los clubes de barrio de la ciudad y a instituciones deportivas de las localidades rurales del distrito.

La propuesta plantea cambios a la normativa 12.130 e incorpora una modificación central en la forma de financiamiento. Según indicaron, lo recaudado por las multas del Sistema de Estacionamiento Ordenado pasarían al financiamiento de los subsidios, que actualmente se sostienen con fondos de la tasa de publicidad y propaganda.

Desde el espacio impulsor de la iniciativa, el presidente del bloque, el concejal Rogelio Iparraguirre, sostuvo que la medida implicaría un incremento significativo en los recursos destinados a los clubes. “Este cambio significa llevar a poco más del doble el financiamiento del Municipio a los clubes de la ciudad”, manifestó. Según precisó, el fondo actual ronda los 125 millones de pesos, cifra que podría ampliarse de manera considerable con la incorporación de la nueva fuente de ingresos.

Otro de los puntos del proyecto apunta a modificar la distribución de los subsidios, con el objetivo de reducir las desigualdades entre instituciones de distinto tamaño e infraestructura. El esquema propuesto establece módulos vinculados al salario básico municipal, lo que permitiría ajustar los aportes según las necesidades de cada club.

“Los clubes más grandes pasarían de recibir tres módulos a cuatro, mientras que los más chicos, que hoy reciben medio módulo, pasarán a recibir un módulo y medio. Es decir, un aumento del 150%”, señaló Iparraguirre.

La iniciativa también prevé ampliar el alcance del sistema de subsidios a entidades que hasta ahora no estaban contempladas. En esa línea, el concejal Federico Martínez destacó la inclusión de organizaciones vinculadas al fútbol rural. “Con esta ordenanza vamos a incluir, entre otros, a los clubes del fútbol agrario, por el enorme trabajo que realizan en nuestra comunidad”, aseguró.

Para facilitar la incorporación de estas instituciones, el proyecto contempla la creación de un período de adecuación de hasta dos años —con posibilidad de prórroga— destinado a aquellas entidades que aún no cuenten con toda la documentación requerida. Durante ese plazo, podrían acceder a los aportes mientras regularizan su situación administrativa.

De acuerdo con los impulsores de la iniciativa, “esta medida permitiría sumar de manera inmediata a una decena de clubes rurales y de barrio”.

En el cierre del planteo, desde Fuerza Patria remarcaron el rol social de estas instituciones en la vida comunitaria. “Los clubes son un espacio fundamental para el desarrollo integral, un chico en el club es un chico menos en la calle o encerrado en su cuarto: muchas veces pensamos que están seguros por el solo hecho de que están en casa, pero están solos frente a las pantallas. El club es el lugar para sacarlos de ese aislamiento y que vuelvan a integrarse en comunidad”, concluyó Iparraguirre.

El concejal Gonzalo Santamarina, integrante del bloque Acción Tandilense-LLA, cruzó la publicación oficial del Municipio, que había informado una deuda millonaria de Pami con el Sistema Integrado de Salud Pública, y aseguró que la obra social de los jubilados está al día con los pagos. Como contrapartida, cuestionó una suerte de “blindaje” a IOMA e instó a su par Rogelio Iparraguirre a hacerse cargo de la situación, al tiempo que denunció públicamente a las gerenciadoras que realizan una intermediación para “armar la caja política del Gobernador”.

Entre otros temas, Santamarina le confirmó a La Mañana de El Eco (Eco Streaming y 104.1 Tandil FM) que el lunes el jefe de la UGL de Pami Mar del Plata vino a Tandil y que se comprometió a enviar a un comisionado “varias veces por semana” para el funcionamiento de la oficina local, hasta tanto se produzca el nombramiento del funcionario propuesto por el espacio a nivel local.

En principio, se refirió a la publicación que informó que entre Pami y IOMA la deuda con el SISP sumaba 450 millones de pesos. “Nos sorprendió que en el posteo del Municipio, que es una declaración pública, incorpore dentro de la deuda que tienen las obras sociales a Pami. El posteo es del lunes y el viernes se efectivizó (el pago de) la deuda que tenía Pami con el Sistema de Salud, que no era una deuda larga, la deuda operativa, exigible porque estaba vencida”, expuso.

Aclaró que el 26 de marzo pasado, Pami efectivizó un pago al SISP de 160 millones de pesos y el viernes 17 de abril canceló lo que quedaba, “exigible”, que eran 148 millones. “Entonces nosotros entendemos que el lunes, publicando esto, faltaron a la verdad”, lanzó visiblemente molesto.

Desde el Municipio habían explicado que el informe ventilado en el Instagram abarcaba hasta el 15 de abril, que era cierto que Pami canceló dos días más tarde y que recién el pago se acreditó el pasado lunes 20 de abril.

Santamarina remarcó que la obra social nacional venía de hacer un desembolso el 26 de marzo, con lo cual se preguntó “en qué país vivimos” y cuestionó la denuncia pública del Municipio.

Gonzalo Santamarina admitió que “empezamos el año con un retraso y lo fue saldando, y ahora estamos al día, a cero. Entonces yo quiero ahora la rectificación, quiero un posteo del Municipio que aclare ‘en este momento Pami no tiene deuda con el Sistema de Salud’. Tendrá la deuda operativa flotante de lo que está corriendo estos días pero no es deuda vencida, no es exigible”.

Como contrapartida, y tras el cruce entre Rogelio Iparraguirre y el Ejecutivo, el libertario celebró que “en hora buena que hayan incorporado el tema de IOMA, porque sí esa deuda es de más duración y hasta acá de IOMA no se hablaba. IOMA tiene una cobertura absoluta por parte de las autoridades municipales, a mi criterio”.

Dejó entrever que el Ejecutivo no le reclama públicamente al instituto provincial con la misma vehemencia que a Pami y ejemplificó que “nosotros hemos llevado proyectos de este tenor al Concejo Deliberante, iniciativas, y no nos han acompañado. Hasta ayer de IOMA no se hablaba”.

Indignado con la situación, ponderó que el pasivo de IOMA haya sido publicado, y consideró que “deberíamos votar” en la sesión de hoy “un proyecto donde se exprese preocupación y se le pida a la Provincia saldar la deuda de IOMA, porque la de Pami ya está”.

El concejal libertario anticipó que en la mañana de hoy, en el recinto, “vamos a volver a hablar de Pami porque la tienen con Pami, pero de IOMA no quieren hablar. Yo espero que haya un proyecto para que hablemos de IOMA porque sí le debe muchísimo dinero a los tandilenses y al Sistema Integrado de Salud. Entonces, pongamos las cosas en su lugar”.

En igual sentido, Santamarina evaluó que su par Rogelio Iparraguirre “se tiene que hacer cargo. Es el representante del Gobernador y de La Cámpora en esta ciudad” y remarcó que “no lo he escuchado casi nunca hablar de IOMA, parece que no tiene nada que ver con IOMA, que fuera otra cosa. Pareciera que fuera una obra social de otra provincia, gobernada por otro signo político”.

Entre grandes ademanes, expresó que “la doble vara llama mucho la atención. La hipocresía llama mucho la atención, porque te señalan con el dedo muy rápido, pero no se hacen cargo porque no solo es una deuda, es un abandono sistemático del afiliado de IOMA”.

Recordó que como bloque llevaron al Concejo, “dentro de nuestras capacidades, una propuesta muy concreta para los municipales que era básicamente des-adherir al Municipio de IOMA, como han hecho otros. Básicamente es la libre elección del municipal, que no sea rehén compulsivo de IOMA y que tengamos que todos aportar obligatoriamente a IOMA, ya que la mayoría de las veces no tenemos contraprestación, y transferirle esos recursos, que no son pocos, a cualquier otra obra social”.

En definitiva, indicó que se trata de dar “libertad” para que aquellos municipales que lo deseen se queden en IOMA y los que quieran elegir otra opción, puedan hacerlo.

Recordó que el proyecto lo presentaron en el período legislativo 2023-2025, pero “ningún bloque nos acompañó, ni el kirchnerismo, ni el PRO, ni Alternativa Tandil, ni el lunghismo”, y garantizó que seguirán insistiendo porque “beneficia al empleado municipal”.

Volviendo a la política, remarcó que “los que nos tenemos que hacer cargo, nos tenemos que hacer cargo de cada cosa. Es el momento de que el concejal Iparraguirre se haga cargo del desastre de IOMA, recordando que él trajo a la 23 de Diciembre que así como entró, se tuvo que ir por la puerta de atrás”.

Sobre la gerenciadora, definió que “le llamo negociado a cielo abierto. No vino a atender a la gente mejor, vino al enjuague, a la intermediación. Cuando hay una intermediación todos sabemos lo que hace”.

En tanto, explicó que “entre muchos, haciendo público esto, logramos que la 23 de Diciembre se tuviera que ir como vino, pero los descarados nos trajeron otra –la Aceapp- y estamos en la misma”.

Tras sus dichos, aclaró que “hay alguna denuncia penal en este sentido, yo creo que contribuye a armar la caja política del Gobernador. Por eso por nomenclador se anima a pagar los mayores valores, el doble que paga OSDE o cualquier otro, porque necesitan que los valores sean altos para poder retroalimentar el circuito de corrupción. De esto que digo ya hay denuncias que ojalá lleguen a buen puerto”.

Respecto del funcionamiento actual de Pami, el representante local de LLA sostuvo que la obra social “no escapa a la situación del sistema de salud, que quebró”, aunque añadió que “yo no tengo datos de que Pami haya abandonado a nadie, y cuando hubo un tema que se complicó, nosotros intervinimos y se solucionó”.

Por el contrario, defendió que “vemos que hoy la auditoría médica funciona a rajatabla. La auditoría médica que está en central y que ve todos los temas de tratamientos que insumen mucho dinero involucrado, hoy se estudia si corresponde o no el tratamiento que piden”.

En tanto, ratificó que “hoy hay control y obviamente el control toma un poco más de tiempo, pero la prestación la tenés” y ratificó que “Pami no abandona, Pami atiende, y me animo a decir que mucho mejor que otras obras sociales de la Argentina, pero por supuesto que tiene sus demoras, sus complejidades, está en un proceso de restructuración de recursos”.

Por último, Santamarina rechazó que haya habido un recorte en los medicamentos que cubre Pami y explicó que “tenemos que garantizar que tengan medicación todos los que necesitan, todos los crónicos. Hoy, si tenés un haber jubilatorio superior al haber y medio pero tu cuenta de Pami de medicamentos supera el 15 por ciento de tu haber, te lo reintegran, te lo reconocen, hay que hacer el trámite nada más, porque lo que se busca es que le llegue al que lo necesita. Yo creo que hicimos justicia. Ya no va más gente en cuatro por cuatro con campo a llevarse los medicamentos”.

Ante la consulta de un oyente por el paro de los médicos de cabecera de Pami y la posible fuga a partir de la modificación en los haberes, Gonzalo Santamarina argumentó que la resolución llegó “después de una auditoría exhaustiva en todo el país”, que “detectó una enorme cantidad de desvíos donde médicos pasaban consultas que no habían realizado, que duplicaban las consultas, etc., etc.”.

Explicó que antes de la reforma, “el honorario profesional que conviene Pami con cada médico de cabecera se constituía de un básico que eran 904 pesos por cada cápita –la cápita máxima son 700- y después había unos beneficios o ítems que eran por declaración jurada que tenían que ver con productividad”.

En tanto, agregó que ahora “más que se duplicó el básico, pasamos de 904 pesos por cápita a 2100, y va a estar claro que ese va a ser el básico que va a cobrar el médico”.

Reconoció que el nuevo régimen, “a los médicos de cabecera de Tandil, por lo menos a algunos, no les gustó e hicieron la medida de fuerza, pero hay que usar bien los recursos y es la idea, porque es la plata de los jubilados y de los argentinos”.

Miguel Ángel Lunghi (h), secretario de Gobierno, respondió con dureza a las críticas del concejal Rogelio Iparraguirre tras la difusión de un informe del Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) que reveló una deuda de 3.661 millones de pesos por parte de obras sociales y prepagas. El funcionario instó al legislador a utilizar sus vínculos políticos para regularizar los pagos de IOMA y AOMA con el Municipio, y rechazó la adhesión al sistema provincial SAMO.

La polémica se encendió luego de que el SISP diera a conocer un detallado estado de situación sobre la falta de pago de diversos prestadores. En diálogo con La Mañana (El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1), Lunghi (h) defendió la gestión administrativa del área de salud y salió al cruce de los cuestionamientos de la oposición. 

“Me gustaría saber qué comentario tiene él al respecto de la deuda que tiene IOMA con la Municipalidad de Tandil, porque quizás tiene reuniones para que se regularice. Es fácil ser comentarista porque uno no tiene la responsabilidad de gobernar todos los días”, disparó el secretario.

El informe oficial cuantificó la deuda exacta en 3.661 millones de pesos. El funcionario detalló el listado de las entidades deudoras, encabezado por el Instituto de Obra Social de la Provincia de Buenos Aires (IOMA), que adeuda aproximadamente 291 millones de pesos. 

Al respecto, Lunghi (h) aclaró que, si bien la obra social provincial realizó un pago en febrero de 2026, el mismo correspondió a prestaciones brindadas durante el 2024. “Esa deuda atrasada genera que, cuando vienen los pagos, la capacidad de reposición de insumos médicos no sea la misma producto de la inflación en salud, que ha sido superior al IPC”, explicó.

El listado de deudores se completa con cifras significativas: Ospac debe 272 millones; el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), 149 millones; Osecac, 146 millones; ATSA, 111 millones; OPAC, 110 millones; y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), 108 millones. También aparecen en el registro la obra social de personal de farmacia con 81 millones; Camioneros (Ochoca), con 79 millones; y OSPM, con 73 millones de pesos, entre otras.

Ante la magnitud de estos números, el secretario de Gobierno subrayó que no se trata de estimaciones al azar, sino de un trabajo riguroso realizado por un área específica del SISP: “Acá hay un área pertinente que se dedica a la facturación del sistema, con once empleados que gestionan, facturan e intiman permanentemente”.

La propuesta de Iparraguirre de adherir al Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), una herramienta provincial de recupero de costos, fue uno de los puntos centrales del debate. Lunghi (h) fue tajante al explicar por qué la gestión local decidió no adoptar ese camino.

“Ese sistema cobra una comisión del diez por ciento por la gestión y tiene un nomenclador inferior en más de un 30 por ciento respecto al nomenclador que utiliza el sistema público de Tandil”, precisó el funcionario. Según su visión, aceptar el SAMO significaría "no defender los intereses de los tandilenses", ya que las prestaciones se cobrarían por valores muy por debajo del mercado.

El secretario comparó la situación con un distrito vecino de menos de 40.000 habitantes que sí adhirió al SAMO y que, sin embargo, mantiene una deuda proporcionalmente mucho mayor con IOMA y otras obras sociales. “Nosotros hemos elegido otro camino, que es intentar conveniar con cada una de las prestadoras mediante nuestro propio nomenclador, que establece los costos reales de cada intervención”, afirmó.

Lejos de considerar la difusión de los datos como una mera queja, Lunghi (h) desafió al concejal Iparraguirre a pasar a la acción. “Ojalá más que ofrecerse, las gestione. Que llame por teléfono e intente conseguir la regularización de la deuda de IOMA”, reclamó, extendiendo el pedido a la situación con la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA).

Sobre este último punto, recordó que el Municipio paga el ciento por ciento de los recursos para los empleados de las canteras y que luego debería recuperar la mitad por parte de la Provincia de Buenos Aires. “A día de hoy, la Provincia nos debe 404 millones de pesos por los empleados de canteras”, denunció.

Asimismo, la situación con PAMI también fue objeto de análisis. El funcionario señaló que la obra social nacional adeuda 202.000 pesos (según el registro administrativo actual) y criticó la falta de interlocutores locales. “No tenemos responsable en el distrito. Habría que preguntarle a los concejales de La Libertad Avanza si van a lograr que se designe a alguien o si van a asumir ellos la responsabilidad”, sostuvo.

La decisión política de destinar el 40 por ciento de la recaudación de las tasas municipales al sostenimiento del SISP fue ratificada finalmente por el secretario de Gobierno. Ante las críticas de la oposición sobre este nivel de gasto, Lunghi (h) fue enfático: “Para nosotros no es un gasto, es una política de Estado. La salud es una prioridad y la sociedad lo ha ratificado cada cuatro años”.

El funcionario advirtió que el sistema público local está absorbiendo una demanda creciente debido a que muchas personas se dan de baja de las prepagas por los aumentos o pierden la cobertura de sus obras sociales sindicales por la situación económica. "El sistema público siempre intenta dar respuesta para que el problema de salud del vecino no se agrave. Nosotros nos hacemos cargo del problema y lo intentamos resolver todos los días”, concluyó.

El Municipio de Tandil salió al cruce de las declaraciones del concejal Rogelio Iparraguirre y defendió la gestión del sistema de salud pública local, en medio de la polémica por las deudas que mantienen obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Desde el Ejecutivo comunal consideraron “llamativo” que el edil, a quien identifican como referente del Gobierno provincial en la ciudad, adopte “un rol de comentarista” y descalifique la tarea de quienes —según remarcaron— sostienen diariamente la atención sanitaria de miles de vecinos.

En ese sentido, señalaron que mientras el Municipio afronta costos crecientes y garantiza prestaciones, no observan el mismo compromiso por parte de la Provincia en relación a las deudas acumuladas, especialmente a través de organismos como IOMA.

Rechazo al SAMO y críticas al “intermediario”

Uno de los puntos centrales de la respuesta oficial fue el cuestionamiento a la propuesta de incorporar al sistema local al SAMO, medida que Iparraguirre había defendido públicamente.

Desde el Municipio negaron que se trate de una solución eficaz y advirtieron que implicaría la intervención de un intermediario que retendría un 10% de comisión por la gestión de cobro. Además, sostuvieron que el nomenclador del sistema establece valores un 30% inferiores a los actuales, lo que significaría —según indicaron— una pérdida directa de recursos.

También citaron experiencias de otros distritos para reforzar su postura. Mencionaron el caso de la ciudad de General Juan Madariaga, donde —afirmaron— la adhesión al SAMO no resolvió los problemas de financiamiento, ya que IOMA mantiene allí deudas superiores a los 200 millones de pesos.

Otro eje del comunicado fue la defensa de la magnitud de la deuda provincial, que el concejal había calificado como “ínfima”. Desde el Municipio rechazaron esa definición y aseguraron que los montos adeudados tienen un impacto significativo en el funcionamiento del sistema.

Como ejemplo, detallaron que actualmente IOMA abona al Hospital Municipal Ramón Santamarina valores de 4.413 pesos por consultas con bono y 6.466 pesos por consultas de guardia, cifras que consideraron “muy por debajo” de los costos reales.

Para graficar la situación, indicaron que lo que se describe como una deuda menor equivale a más de seis años y medio de internación.

Acciones legales y reclamos en curso

En paralelo, el Ejecutivo informó que ya inició 86 demandas mediante cartas documento para avanzar en el recupero de los fondos adeudados. Según precisaron, el equipo legal del Sistema Integrado de Salud Pública trabaja de manera permanente en estos reclamos, logrando recuperar recursos esenciales para el sostenimiento del servicio.

Asimismo, destacaron la importancia de visibilizar la problemática como parte de una política de transparencia, informando tanto la situación financiera como las responsabilidades de los distintos actores involucrados.

Sobre el cierre, desde el Municipio remarcaron que “es fácil relativizar los problemas cuando no se tiene la responsabilidad de gestionarlos” y reafirmaron su compromiso de sostener el sistema de salud pública local, defender los recursos de la ciudad y exigir el cumplimiento de las obligaciones por parte de todos los niveles del Estado.

El presidente del bloque de concejales de Fuerza Patria, Rogelio Iparraguirre, expuso una mirada crítica sobre la situación que atraviesa el sistema de salud pública de Tandil, al sostener que la problemática actual no responde a un hecho aislado ni a una coyuntura reciente, sino a una serie de decisiones estructurales que modificaron el funcionamiento del sistema y que, según indicó, no fueron adecuadamente gestionadas a nivel local.

En ese marco, el edil vinculó el escenario actual con los cambios impulsados a nivel nacional por el gobierno de Javier Milei y el ministro Federico Sturzenegger, que derivaron en la desarticulación del esquema que centralizaba y facilitaba el cobro de prestaciones a obras sociales y prepagas a través de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Según planteó, la eliminación de ese sistema generó un modelo descentralizado en el que cada hospital municipal debe gestionar por su cuenta el recupero de costos, negociando individualmente con entidades que cuentan con mayor capacidad financiera y operativa. En ese contexto, describió un escenario “desigual” en el que los efectores públicos locales quedan en desventaja frente a grandes prestadores nacionales.

A esa situación se suma, de acuerdo a su análisis, un incremento sostenido de la demanda en el sistema público. El edil explicó que este crecimiento no solo responde a personas sin cobertura médica, sino también a usuarios que, aun teniendo obra social o prepaga, optan por el hospital público ante demoras, incumplimientos o deficiencias en la atención.

Este doble fenómeno —mayor demanda y dificultades para cobrar las prestaciones— genera, según indicó, una distorsión concreta: el sistema público atiende, pero no logra recuperar los costos en tiempo y forma. Esa brecha, advirtió, termina siendo cubierta con recursos municipales, es decir, con el aporte de los contribuyentes.

En ese sentido, remarcó que la deuda acumulada de obras sociales y prepagas con el sistema de salud pública de Tandil asciende a unos 3.600 millones de pesos, una cifra que calificó como determinante para entender la tensión financiera actual.

Frente a este panorama, el concejal cuestionó el rol del Municipio al considerar que no alcanza con exponer el problema. En su planteo, subrayó que la gestión debe rendir cuentas sobre las acciones concretas implementadas para enfrentar la situación, incluyendo detalles sobre estrategias de cobro, volumen de deuda reclamada, procesos judiciales iniciados y resultados obtenidos.

En esa línea, también puso el foco en decisiones que, a su criterio, no se tomaron a tiempo. Entre ellas, mencionó la posibilidad de adherir al Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) de la provincia de Buenos Aires, una herramienta que permite centralizar el recupero, mejorar la escala de negociación y optimizar los niveles de facturación.

Iparraguirre señaló que esta alternativa fue planteada en reiteradas oportunidades e incluso abordada en instancias de diálogo con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, pero que finalmente no se concretó. Según sostuvo, la decisión de continuar con un esquema de gestión individual derivó en un sistema más “artesanal”, con mayores costos administrativos y menor capacidad de respuesta.

En paralelo, advirtió que este modelo termina generando un efecto indirecto: el sistema público actúa como sostén financiero de obras sociales y prepagas, al brindar prestaciones que no son compensadas en tiempo oportuno, lo que profundiza el desequilibrio presupuestario.

A partir de este escenario, el bloque de Fuerza Patria presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante con el objetivo de acceder a información detallada y promover mayores niveles de transparencia en la gestión.

Por último, el edil planteó la necesidad de avanzar en una revisión más amplia del modelo sanitario local. En ese sentido, propuso explorar esquemas de regionalización por servicios en el Hospital Ramón Santamarina y destacó experiencias previas, como la reconversión del ex Dispensario en un centro regional para la atención de enfermedades crónicas, que permitió ampliar significativamente la capacidad de respuesta del sistema.

Desde su perspectiva, el desafío no se limita a diagnosticar la situación, sino a implementar medidas concretas que permitan garantizar la sustentabilidad del sistema, mejorar su eficiencia y resguardar los recursos públicos en un contexto cada vez más exigente.