El gobierno de la Provincia y la Cooperativa Falucho firmaron el acta para levantar la neutralización de Sans Souci y retomar la construcción de las 156 viviendas sociales del barrio. “Reiniciar la obra de referencia”, consta en el acuerdo al que arribaron las partes luego de meses en los que el proyecto estuvo en “stand by” a pedido de las autoridades bonaerenses.

“Acta de reinicio de obra”, se titula el breve texto firmado por autoridades del Instituto de la Vivienda de la Provincia y la Cooperativa Falucho, empresa a cargo de los trabajos en el lugar. En concreto, el acta establece “reiniciar a la obra de referencia” a partir del 16 de junio pasado. Desde entonces, las partes trabajan en la elaboración de un plan para determinar cómo se continuará con la construcción de las viviendas.

Durante la semana en curso, funcionarios del gobierno provincial viajarán a Tandil para realizar una inspección “casa por casa”. Será para constatar el estado en el que se encuentran actualmente las obras, paralizadas desde noviembre pasado. En la inspección se evaluará condiciones y eventuales deterioros, pero también cómo se encuentran los materiales como caños y otros insumos, muchos de estos con fecha de vencimiento.

De cara al futuro se trabajará en la logística y en la contratación del personal necesario. Cabe recordar, las viviendas cuentan con un estado de avance de un 80 por ciento. En vistas a que Provincia deposite el primer certificado a mediados de agosto, quedará acordar entre las partes establecer si existirá algún tipo de resarcimiento por los meses de pausa.

Futuro de Sans Souci

Si bien el acta estableció que el reinicio sea a partir del 16 de junio, lo cierto es que todavía restan los pasos mencionados para que se haga efectivo el retome del trabajo en el barrio, y volver a ver las máquinas activas en la construcción de las viviendas. Al acuerdo se arribó después de reuniones entre el gobierno de la Provincia –Gabinete, Instituto Provincial de la Vivienda- y la Cooperativa Falucho.

Fueron las propias autoridades bonaerenses quienes solicitaron, en noviembre pasado, la neutralización de las obras. Entonces, alegaron la falta de avance de los trabajos vinculados a la infraestructura del lugar: agua, cloacas, gas, tendido eléctrico y cordón cuneta. La Cooperativa Falucho no firmó la solicitud provincial, por la deuda que el gobierno con sede en La Plata mantenía con la empresa de la ciudad.

Sin embargo, en los últimos meses hubo dos avances: Provincia abonó lo adeudado con la Cooperativa, y en conjunto con el Municipio de Tandil se llamó a licitación para las obras de agua, cloacas y gas. La dotación de servicio eléctrico se hará por contratación directa.

De hecho el 28 de julio –tras una prórroga- se abrieron los sobres que determinaron cuáles serán las empresas que lleven a cabo las obras para brindar servicios al lugar.

“Se ha avanzado con el proceso licitatorio para la ejecución de la red cloacal, de la red de agua potable, de la red eléctrica, que permitirán a las viviendas contar con dichos servicios para su normal uso”, marca al respecto el acta de levantamiento de la neutralización.

Así, la esperada construcción de 156 viviendas del Desarrollo Urbanístico Sans Souci se encamina a retomarse. Se trata de una iniciativa que fue presentada por el propio gobernador Axel Kicillof, en un acto que el primer mandatario bonaerense compartió con el Intendente Miguel Lunghi y el entonces diputado Rogelio Iparraguirre. Este último fue quien impulsó el proyecto del barrio.

La propuesta original contemplaba mucho más que 156 viviendas, aunque el fin del programa Procrear –que dio de baja el gobierno nacional-, hizo que por el momento queden en pausa otras iniciativas. 

Por su parte, la subasta pública del predio de Santamarina al 400 –exCorralón Municipal, que terminó adquiriendo la empresa Faro Verde-, fue posible por un acuerdo político que estableció que parte de la venta sea destinada a generar suelo urbano e infraestructura para Sans Souci.

Más de 300 personas participaron de la conmemoración por el 74° aniversario del paso a la inmortalidad de Eva Perón, organizada por el Partido Justicialista de Tandil. La jornada reunió a militantes, dirigentes, representantes de organizaciones sociales, sindicales y vecinos de la ciudad.

Las actividades comenzaron en la Plaza Eva Perón, donde se realizó la tradicional colocación de una ofrenda floral y un acto conmemorativo. Posteriormente, el homenaje continuó con una cena en la Sociedad de Fomento del Barrio Belgrano, espacio en el que se desarrollaron los discursos centrales y un reconocimiento a mujeres militantes por su compromiso cotidiano con la comunidad y el peronismo local.

El presidente del Partido Justicialista de Tandil, Darío Méndez, fue el principal orador de la noche y vinculó el legado de Eva Perón con el contexto político y económico actual. En ese marco, sostuvo que el Gobierno nacional impulsa un modelo basado en "la flexibilización ambiental, laboral e impositiva", cuyo objetivo es "la concentración de la riqueza, la pérdida de derechos del pueblo argentino y poner nuestra patria al servicio del saqueo".

En un discurso de fuerte contenido político, Méndez afirmó que el peronismo debe asumir una posición de confrontación frente al rumbo del país. "No son matices lo que nos separan; no son adversarios políticos, son enemigos de la patria", expresó, al tiempo que llamó a recuperar a "esa Evita combativa, valiente, que estaba donde más dolía la patria". En esa línea, convocó a la militancia a seguir ese ejemplo: "Donde más duele la patria, ahí tenemos que estar".

El dirigente también se refirió a la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al sostener que su condena responde a las decisiones políticas tomadas durante sus gobiernos. Según señaló, "está presa porque enfrentó a esos poderes", y enumeró medidas como la estatización de las AFJP, la recuperación de YPF, la implementación de la Asignación Universal por Hijo, la defensa de las Islas Malvinas y la integración latinoamericana como parte de ese proceso. Además, reivindicó la histórica oposición al ALCA durante la Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata en 2005.

Durante la velada también hubo un reconocimiento especial a mujeres que, desde distintos ámbitos, sostienen una tarea cotidiana y muchas veces silenciosa en organizaciones barriales, sociales y políticas. Las homenajeadas fueron Anahí Marochi, María del Carmen Silva, Mabel Vacaroni, Sarita Graziano, Inés Palahi, Olga Manchado, Delia Muisse, Miriam Sea, Nélida Cabanne, Carmen Flores, Bety Harispe y, de manera póstuma, Elsa Fromulo, cuyo reconocimiento fue recibido por Dora Frumboli.

Al referirse a ellas, Méndez destacó que "la labor cotidiana e invisible es indispensable para construir el día a día" y aseguró que representan el espíritu solidario que caracterizó a Eva Perón. El presidente del PJ local sostuvo que recordar a Evita "es grato, pero también difícil" por la actualidad del país, y resaltó que la dirigente peronista "siempre sabía poner blanco sobre negro, sin titubear, marcando quiénes eran los enemigos del pueblo". Asimismo, valoró el rol de las mujeres en la sociedad y afirmó que "muchas hoy tienen que ponerse al hombro la patria, la olla de sus familias, las escuelas, la salud y la educación, porque el Estado les da la espalda".

El concejal de Fuerza Patria, Rogelio Iparraguirre, aseguró que una de las principales deudas de Tandil es contar con una estrategia integral de desarrollo productivo. sostuvo que el fuerte crecimiento registrado en los últimos años, especialmente tras la pandemia, no estuvo acompañado por una planificación estatal capaz de ordenar ese proceso.

"El crecimiento no es, por sí solo, sinónimo de desarrollo", afirmó. En ese sentido, advirtió que la ausencia de políticas de largo plazo favorece problemas como el aumento del valor del suelo, las dificultades de tránsito y otras tensiones urbanas.

Recordó además que desde 2018 su espacio político impulsa la conformación de equipos técnicos para proyectar el futuro de la ciudad. También cuestionó que hoy se priorice la comunicación por encima del diseño de políticas públicas. "Ese trabajo fue la primera síntesis de nuestros equipos técnicos", señaló, y remarcó que es momento de llevar esas propuestas a la gestión.

Iparraguirre destacó que en 2021 se concretó la escrituración del parque industrial y su inscripción en el Registro Nacional de Parques Industriales (Renpi), luego de más de dos décadas de gestiones, lo que permitió completar el predio existente.

Sin embargo, consideró que la creciente demanda empresarial hace indispensable avanzar con un nuevo espacio. "Tandil necesita un nuevo parque industrial, no cabe ninguna duda", afirmó.

Para el concejal, el principal obstáculo no es la falta de tierras sino la ausencia de decisiones para impulsar el proyecto. Por ello propuso abrir un concurso público de dos años para que inversores privados presenten iniciativas bajo requisitos definidos de infraestructura y servicios, garantizando transparencia e igualdad de condiciones.

Consultado sobre el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), rechazó la posibilidad de comenzar de cero y planteó revisar las herramientas vigentes para determinar cuáles dieron resultados y cuáles deben modificarse.

"No se trata ni de cambiarlo ni de dejarlo igual, sino de hacer un correcto balance de los instrumentos que prevé el plan", explicó. A su criterio, el acceso al suelo y a la vivienda constituye hoy el mayor desafío socioeconómico de Tandil.

En ese contexto, propuso implementar mecanismos de financiamiento como la captura de plusvalías urbanas, mediante los cuales el Estado obtiene recursos a partir del incremento del valor de la tierra generado por decisiones públicas o inversiones en infraestructura. Según declaró, esa herramienta podría haber financiado gran parte de obras estratégicas, como la ampliación de la planta de efluentes cloacales.

Por último, convocó a pensar proyectos de largo alcance, entre ellos el traslado de las vías del tren de carga que atraviesan Villa Italia y Villa Galicia para desarrollar un gran parque lineal.

"Si no empezamos a pensar Tandil de este modo, de manera más creativa, nos vamos a encontrar con una ciudad al borde del colapso de su infraestructura", concluyó.

El concejal de Fuerza Patria cuestionó la demora del Ejecutivo en responder los pedidos de informes y la parálisis en el tratamiento de una ordenanza clave para crear un “DNI de los lotes”. Advirtió sobre la proliferación de construcciones ilegales en zonas protegidas, criticó el rol de la Usina Municipal y Popular de Tandil y denunció una alarmante falta de control urbanístico por parte de la gestión del intendente Miguel Lunghi.

El concejal Rogelio Iparraguirre, referente del bloque justicialista, volvió a poner en el centro del debate la problemática de los desarrollos urbanísticos irregulares en las sierras de Tandil. En declaraciones al programa Ultimo Bondi de la radio El Eco, el legislador denunció que el Ejecutivo aún no respondió el pedido de informes presentado en la última sesión del Concejo Deliberante, ni ha avanzado en el tratamiento de una propuesta normativa orientada a transparentar la comercialización de tierras. Según el edil, esta situación de inercia municipal no solo fomenta la violación de la normativa vigente en la Zona Natural Protegida, sino que deja a los vecinos en una situación de vulnerabilidad frente a posibles estafas.

Iparraguirre señaló que la falta de respuestas por parte de la gestión local es una constante que se agrava ante la flagrancia de las infracciones. El foco de la crítica se centró en la proliferación de los denominados condominios clandestinos, una figura legal que se utiliza de forma distorsionada para subdividir parcelas en áreas donde el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) lo prohíbe.

"No hay semana en la que no le envíe a los funcionarios del Ejecutivo un caso nuevo de loteos irregulares", afirmó el concejal, resaltando que la incapacidad de ejercer control por parte del Estado municipal está socavando su propia autoridad institucional.

La propuesta central del bloque opositor, presentada originalmente a principios de marzo, consiste en la reimplantación del Certificado de Aptitud Urbanística. Esta herramienta, que funcionó en el municipio hasta el 2011, actuaría como un "DNI del lote". El objetivo primordial es que cualquier vecino, antes de adquirir una parcela, pueda exigir al vendedor este documento oficial que certifique que el terreno es subdividible y apto para construir según los indicadores del PDT.

Iparraguirre subrayó que muchos compradores actúan de buena fe y son engañados mediante figuras como el fideicomiso o el condominio en zonas donde la parcela mínima es de 1.500 metros cuadrados o directamente está prohibido urbanizar.

El proyecto de ordenanza lleva más de cuatro meses en manos del Ejecutivo para su evaluación técnica, sin que hasta la fecha haya retornado al Concejo para su debate. "Llevan más días reteniendo la ordenanza que renglones tiene el proyecto", ironizó el concejal, quien calificó la demora como una decisión política de "cajonear" una solución a un problema recurrente. Para el legislador, la ausencia de esta herramienta facilita que desarrolladores "osados" sigan comercializando lotes a precios accesibles en zonas protegidas, bajo la premisa de que "se construye primero y se pide permiso o excepción después".

La implementación de este certificado no solo brindaría seguridad jurídica a los ciudadanos, sino que obligaría a las dependencias municipales, como la Dirección de Obras Privadas, a tomar una postura activa antes de que el hecho consumado de la construcción sea irreversible. El edil recordó que el cumplimiento de la ley es lo que rige para la inmensa mayoría de los tandilenses y que resulta injusto que la osadía de unos pocos prevalezca sobre el patrimonio natural que es bien común de toda la comunidad.

Condominio ilegal: Demolición de las casas, multas y denuncia penal

Uno de los puntos más críticos que subrayó Iparraguirre se basó en un reciente fallo del juez de Faltas, el doctor Oliveto, respecto a una construcción ilegal en la calle Israel. Según el relato del concejal, en el 2022 la Justicia de Faltas ordenó la paralización de una obra en un condominio tras una denuncia de un propio particular. Pese a la existencia de una orden de paralización vigente y del conocimiento formal del Municipio, que actuó como parte en el proceso, se levantaron seis viviendas en el lugar.

"El juez Oliveto le hace un claro llamado de atención a la Municipalidad de Tandil", explicó Iparraguirre, detallando que el magistrado cuestionó duramente a áreas como Vialidad y Obras Públicas por no haber garantizado el cumplimiento de la orden de frenar los trabajos. El fallo judicial sienta un precedente importante al destacar que el ejercicio de la propiedad privada no es absoluto, especialmente cuando colisiona con el patrimonio natural y las normativas de planeamiento. En ese sentido, el legislador advirtió sobre el impacto ambiental que estas construcciones tienen sobre las cuencas y el escurrimiento de aguas en la ciudad.

La persistencia de las obras a pesar de las órdenes judiciales y administrativas evidencia, para la oposición, una falta de autoridad política alarmante. Iparraguirre manifestó que este descontrol genera un "clima de ley de la selva" donde el Estado municipal parece resignar su poder de policía frente a los desarrolladores privados. Esta situación, sostuvo, es la que motiva la necesidad urgente de reformar los mecanismos de habilitación y control de obras en todo el partido de Tandil.

La crítica del concejal también alcanzó a la Usina Municipal y Popular de Tandil. El proyecto de ordenanza propone que la empresa de economía mixta esté obligada a solicitar el Certificado de Aptitud Urbanística antes de realizar cualquier conexión eléctrica en nuevos desarrollos. Iparraguirre cuestionó que la prestataria brinde servicios a loteos que están claramente en flagrancia respecto a la normativa, facilitando así la consolidación de barrios informales en zonas no aptas. "Nuestra empresa municipal no puede ignorar que se está violando la norma", sentenció.

Finalmente, el debate se trasladó a la discusión de fondo sobre el Plan de Desarrollo Territorial y el Plan de Manejo de la Zona Natural Protegida, temas que calificó como los "grandes pendientes" de la ciudad. El concejal denunció que el gobierno de Miguel Lunghi está iniciando una rediscusión del PDT sin convocar a los bloques de la oposición ni a los concejales que integran la Comisión de Gestión Territorial.

Para Iparraguirre, Tandil atraviesa un fin de ciclo tras 23 años de gestión de la misma fuerza política, lo que se traduce en una pérdida de capacidad de planificación frente al crecimiento demográfico.

El legislador concluyó instando al Ejecutivo a abandonar la lógica de "gobierno hegemónico" y abrirse a una discusión seria sobre el ordenamiento del territorio. Aseguró que su bloque no busca ser obstruccionista, habiendo acompañado herramientas fundamentales como el Presupuesto, pero que no permitirán que se siga hipotecando el futuro ambiental de Tandil por la falta de gestión y transparencia en el control de las construcciones y los loteos serranos.

Las construcciones de calle Israel, sobre las que el concejal Rogelio Iparraguirre pidió informes al Municipio, fueron comercializadas bajo la modalidad de condominio, y el desarrollo pertenece a la firma que se vio involucrada en un hecho similar -violencia mediante- en La Elena. El caso había sido denunciado en noviembre de 2024 por la Asamblea por la Preservación de las Sierras.

“Es un lote complicado”, trascendió durante la mañana del viernes en la Municipalidad, en referencia al loteo de la parcela Partido 103 (Tandil), Circunscripción 1, Sección E, Chacra 142, Parcela 3 (partida 103-57685). 

Es que el desarrollo inmobiliario señalado estuvo a cargo de la firma Córica Gutiérrez Bienes Raíces y Otros, la misma que en enero pasado se vio envuelta en otro caso que tomó trascendencia pública: en un loteo a su nombre de la zona de La Elena, un vecino que se había acercado a consultar sobre los trabajos en el lugar fue brutalmente agredido.

Por comprobar luego tareas sin habilitación -apertura de trazas viales-, el Municipio detuvo los trabajos la esquina de Pavón y Chimango. Sin embargo,  funcionarios de la Secretaría de Legal y Técnica debieron hacerse presentes en un operativo que se llevó a cabo luego de registrar movimientos de tierra pese a la prohibición.

La titularidad del desarrollo del lote señalado fue confirmada a El Eco por fuentes municipales, lo mismo que otra de las sospechas que pesaba sobre la modalidad de comercialización: fue realizada bajo la figura de condominio, prohibida para subdividir en Zona Natural Protegida Sierras de Tandil.

De acuerdo a lo que expuso el concejal Rogelio Iparraguirre durante la sesión del jueves 25 en el Concejo Deliberante, la manzana cuestionada  tiene nueve lotes y unas seis construcciones importantes, situada en altura, entre las cotas 250 y 280 metros sobre el nivel del mar.

“Israel y Lanza del Vasto”, había publicado la Asamblea por la Preservación de las Sierras en noviembre de 2024, junto a una fotografía en la que se podía ver un portón negro. De acuerdo a lo denunciado entonces, la construcción en el lugar impedía el paso por la calle pública. Posteriormente, la entidad ciudadana volvió a hacer público el caso, y llegó a incluirlo en un pedido de informes presentado al Municipio. Sin embargo a la fecha no obtuvieron respuesta.

"La observación de imágenes satelitales, a la que podría acceder cualquier vecino, permiteidentificar al menos nueve lotes y varias viviendas ya construidas en una manzana donde solo podría haber una vivienda unifamiliar. ¿Cómo es posible que esto pueda ser tan fácilmente detectado y haya pasado por enfrente de las narices del departamento ejecutivo sin que se conozcan a la fecha acciones para evitarlo?", preguntó el concejal por Fuerza Patria, Rogelio Iparraguirre, en el proyecto de comunicación que presentó en la sesión del jueves 25 de junio.

En el mismo texto, el concejal señaló que el loteo cuestionado es “un nuevo caso en el que el gobierno municipal decide mirar para otro lado mientras se incumple la normativa referente a la construcción en las Sierras. No se trata de una discusión en abstracto sobre el ordenamiento territorial, sino que es la materialización de la falta de control y ejercicio de la autoridad”. El problema, agrego, “no es solo ambienta, es institucional”.

En el centro del tema está el grado de control que las autoridades comunales ejercen sobre la construcción en general, y sobre la que se lleva a cabo sobre Zona Natural Protegida en particular. 

En adelante restará que el Municipio determine acciones a tomar. Un caso con puntos en común es el de la manzana 187Q en la zona de Don Bosco, que se hizo público a mediados del 2024. El gobierno local también había paralizado las obras, sobre las que luego intervino la Justicia de Faltas.

Tras solicitar informes al gobierno municipal sobre construcciones en zona protegida, Rogelio Iparraguirre retomó su reclamo para que el Ejecutivo responda sobre el proyecto que presentó hace cuatro meses para profundizar los controles sobre las estafas mediante ventas inmobiliarias bajo la modalidad de condominios. “A esta altura es imposible no hacerse la pregunta de a quién beneficia que el proyecto siga cajoneado”, marcó.

"Nosotros presentamos un proyecto ordenanza el 4 de marzo, que entre otras cosas establece la obligatoriedad de la generación del Certificado de Aptitud Urbanística, que es lo que le va a permitir a cualquier comprador pedírselo al desarrollador. Es como el DNI habilitante del lote, para saber que hasta que no le muestren eso, no tiene que comprar. Es para cuidar y darle seguridad jurídica a los compradores y a su vez es una herramienta de control frente al acto ilegal de quien quiere este cometer estas estafas", señaló Iparraguirre.

El concejal del bloque Fuerza Patria, elevó recientemente un pedido de informe al Ejecutivo municipal con el objetivo de conocer en detalle las actuaciones administrativas frente a construcciones irregulares detectadas en la zona de la calle Israel. Según precisó el edil, se trata de una situación que involucra nueve lotes y seis viviendas ya edificadas por encima de la cota 250, un área donde la normativa del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) establece una subdivisión mínima de 10 hectáreas para vivienda unifamiliar.

Iparraguirre enfatizó que este caso no es un hecho aislado, sino que forma parte de una problemática recurrente que afecta la seguridad jurídica de los vecinos.  “Desmontaron una manzana entera”, planteó el concejal para marcar que  la obra no pudo haber pasado inadvertido para las autoridades. En el pedido de informe solicitó esclarecer qué medidas se han tomado para frenar las irregularidades que, a su entender, carecen de preexistencia legal respecto a la normativa vigente.

El proyecto para los condominios

El pedido de informe se vincula directamente con la mencionada iniciativa legislativa presentada por su bloque durante marzo. La misma busca dotar al Municipio de Tandil de nuevas herramientas para regular el uso de figuras como el condominio, el fideicomiso o la propiedad horizontal en zonas protegidas. 

El concejal advirtió que, semanalmente, se conocen nuevos casos de desarrolladores que adquieren macizos en áreas restringidas y, mediante la figura del condominio, comercializan lotes a precios tentadores que luego resultan imposibles de escriturar por tratarse de una propiedad indivisible.

“Lo presentamos el 4 de marzo, el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Juan Salceda, nos dijo de elevarlo al Ejecutivo, y por supuesto que nos interesa su opinión. Uno siempre está abierto y dispuesto a que la ordenanza sea mejorada si tuviera en que ser mejorada”, contó Iparraguirre. 

"Pero bajó el 6 de marzo, hoy es 26 de junio y duerme en un escritorio. No tuvimos más noticias. Mientras tanto, las estafas continuaron. Entonces a esta altura es imposible no hacerse la pregunta de a quién beneficia que el proyecto siga cajoneado", agregó el concejal.

El concejal insistió con que el problema es ampliamente conocido y que no existe una negación sobre la existencia de las mencionadas maniobras fraudulentas. Por ello, instó a las autoridades a dejar de dilatar la solución, argumentando que cada jornada de inacción legislativa termina beneficiando a los sectores que operan al margen de la ley.

"Cualquier vecino informado sabe que este problema es recurrente, y que hay una avanzada de determinados sectores escrupulosos que están usando esto. Si el problema es conocido y nadie lo niega, ¿por qué frenan la solución? Porque cada día que pasa sin tratar la ordenanza se favorece a los vivos de siempre", concluyó el referente de Fuerza Patria.

Aunque la construcción de 156 viviendas del proyecto urbanístico Sans Souci se encuentra paralizada desde fines de noviembre pasado, en los próximos días habrá reuniones que generaron expectativa por la posibilidad de que se destrabe la continuidad de la obra.

Autoridades del Instituto de la Vivienda de la Provincia recibirán a referentes de la Cooperativa Falucho –empresa a cargo del proyecto-, a los fines de tratar el cese de la neutralización. Cabe recordar, el propio gobierno bonaerense había solicitado un “stand by” del trabajo alegando la necesidad de que se desarrolle primero la infraestructura de servicios para el barrio.

Sin embargo entonces, la empresa local no firmó el pedido provincial, ya que las autoridades le adeudaban unos 900 millones de pesos en concepto de certificados atrasados. En enero, Provincia comenzó a activar el pago, que se saldó en su mayor parte a mediados de marzo.

Pero a su vez hubo otro elemento que comenzó a destrabar la neutralización: a fines de mayo, el Municipio inició el proceso de licitación para desarrollar la infraestructura de la urbanización. Se trata de una serie de obras que se llevarán a cabo con financiamiento provincial. En abril, el propio gobierno bonaerense había dado el aval para que se habiliten los fondos para agua, cloacas, gas y tendido eléctrico. El llamado a oferentes se encuentra activo.

La reunión convocada por Provincia generó expectativas por la continuidad del proyecto. Se trata nada menos que de 156 viviendas sociales que serán adjudicadas mediante sorteo entre inscriptos.

El próximo 30 de junio es la fecha estipulada para la apertura de sobres de la licitación para las obras de agua y cloacas para el barrio, de acuerdo a lo que informaron a mediados de mayo pasado desde el Municipio.

“Hay un compromiso del ministro Katopidis”, aseguraron desde el gobierno local con respecto al financiamiento para dotar de infraestructura al proyecto urbanístico. En concreto, se contemplan 2950 metros de red de agua y 2175 de cloacas, con 156 conexiones domiciliarias.

La red de provisión de agua contempla dos perforaciones para dotar al esquema de abastecimiento continuo, y una planta de ósmosis destinada a disminuir los niveles de nitrato. Se trata de una obra presupuestada en 2200 millones de pesos, con un plazo estimado de 120 días de finalización. La obra de gas, por su parte, tiene un presupuesto de 190 millones de pesos. El tendido eléctrico se llevará a cabo mediante contratación directa.

“Se abren los sobres, se hace un proceso de pre-adjudicación por parte del Municipio. Como estos son recursos que provienen de Provincia, le enviamos la pre-adjudicación, y formaliza el convenio específico por un monto determinado. Cuando nos remite a nosotros ese convenio, nosotros adjudicamos y se empieza a realizar la obra”, informó en mayo el secretario de Planeamiento, Luciano lafosse.

Además de las mencionadas obras, el proyecto urbanístico deberá contar con apertura de calles y pluviales. Las obras, señalaron desde Planeamiento y Obras Públicas, podrían llevarse a cabo en paralelo, contando con precisiones de los niveles de cordones.

Sans Souci fue presentado a comienzos de mayo de 2023, en un acto del que participaron el gobernador Axel Kicillof, el intendente Miguel Lunghi y el hoy concejal Rogelio Iparraguirre. Este último fue uno de los principales impulsores de la iniciativa que contempla además otros desarrollos: centro de salud, jardín de infantes y una escuela secundaria.

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto de comunicación en el Concejo Deliberante de Tandil para solicitar al Departamento Ejecutivo información sobre el estado de implementación de dos ordenanzas sancionadas durante 2024: la adhesión a la Ley Nacional de Montañismo y la creación y regulación de la figura de Guía en Deporte de Aventura en el partido de Tandil.

Según señalaron desde el espacio político, ambas normativas continúan con aspectos pendientes relacionados con su reglamentación y puesta en funcionamiento efectiva, por lo que consideran necesario conocer qué acciones concretas desarrolló el Municipio desde su aprobación.

En ese contexto, la Comisión de Deportes del Concejo Deliberante recibió al reconocido montañista tandilense Pablo Reguera, uno de los impulsores de la ordenanza. Del encuentro también participaron el presidente del Centro de Montaña de Tandil, Pablo López Larssen, y el vicepresidente de la institución, Diego Rivas.

Durante la reunión se abordaron los avances pendientes en la aplicación de las normas y la necesidad de fortalecer las políticas de planificación, seguridad y preservación del sistema serrano, en un escenario marcado por el crecimiento sostenido de las actividades de montaña y el turismo de naturaleza en la ciudad.

Al respecto, el presidente del bloque de Fuerza Patria, Rogelio Iparraguirre, sostuvo que “esta es otra más de las tantas razones para que de una vez por todas los tandilenses, y ahora sobre todo que se está discutiendo el PDT, saldemos esa deuda histórica que tenemos que es elaborar el Plan de Manejo de la Zona Protegida Sierras de Tandil”.

Por su parte, el concejal Federico Martínez remarcó que “es fundamental que las herramientas aprobadas por el Concejo se conviertan en políticas concretas que acompañen el crecimiento de las actividades de montaña y garanticen condiciones adecuadas para quienes las practican”.

Los pedidos de informes impulsados por Fuerza Patria buscan determinar si las ordenanzas fueron reglamentadas y conocer cuáles son las medidas que aún restan implementar. Entre los puntos consultados figuran la conformación de la mesa de trabajo prevista por la ley de montañismo, la categorización de senderos y circuitos, la elaboración de protocolos y planes de evacuación, así como la creación de registros, habilitaciones y mecanismos de control para los guías de deportes de aventura.

Desde el bloque señalaron que la aplicación integral de estas herramientas resulta clave para garantizar la protección del ambiente serrano y consolidar a Tandil como uno de los principales destinos del país para la práctica de actividades de montaña y el desarrollo del turismo de naturaleza.

El Municipio logró que representantes de Nación accedan a recibir a funcionarios locales y entregar un pedido para desafectar del Renabap el lote de calle Piccirilli al 1000 de  La Movediza. El macizo fue ocupado en febrero de 2022, y a la fecha viven alrededor de 200 familias. La Justicia, cabe recordar, archivó la causa penal por usurpación y ratificó que el lugar es un barrio popular.

El Eco consultó a referentes de los principales espacios políticos locales –Juan Salceda, de la UCR; Rogelio Iparraguirre, de Fuerza Patria; Gonzalo Santamarina, de Acción Tandilense / La Libertad Avanza; y Marcos Nicolini de Alternativa Tandil/Hechos- para conocer su mirada al respecto de la solicitud y a la continuidad del caso.

Con matices y observaciones, hubo coincidencia en marcar la necesidad de abordar la situación, y de parte de la oposición críticas a la celeridad de la iniciativa municipal para elevar el pedido a Nación. Desde Fuerza Patria plantearon a su vez la posibilidad de que se avance en una solución conjunta en pos de la “reparación de los derechos patrimoniales” de quien fuera propietario del lote, mientras que desde Hechos indicaron que “no se pueden tolerar tomas como mecanismo de generación de suelo urbano, ya que así se arruinaron varias ciudades, como Mar del Plata”.

Más allá del canal de diálogo abierto con Nación –desde la Comuna suelen transmitir la dificultad para dar con la respuesta de funcionarios en temas como infraestructura urbana, Ruta 226 y otros-, en el caso de que la desafectación se concrete, resta ver la posible continuidad de la causa penal, ya que la misma fue archivada.

Quien fuera propietario del lote ocupado y luego incluido en el Renabap continúa vía administrativa el reclamo por expropiación inversa, sin confianza en anuncios políticos o en que la Justicia pueda llegar a revertir lo dictaminado a la fecha.

Cabe recordar, habían transcurrido casi 10 meses del inicio de la ocupación cuando el gobierno nacional de Alberto Fernández, a días de finalizar la gestión, incorporó el lote al Registro Nacional de Barrios Populares. La medida fue ratificada luego por el gobierno de Javier Milei, vía el secretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja. Con la intervención de Provincia se había avanzado en la posibilidad de generar un acuerdo urbanístico –con el aval de las partes-, pero el Municipio se retiró de la mesa de negociación.

Tras idas y vueltas, en julio de 2025 la Justicia archivó la causa y dictaminó que a partir de la inclusión del lote en el mencionado Registro, no existió delito de usurpación. Los vecinos del lugar comenzaron entonces a manifestar públicamente la necesidad de avanzar con la integración socio urbana del barrio, que no cuenta con acceso a los servicios básicos.

Jefe del bloque de la UCR y referente principal del oficialismo en el Concejo Deliberante, el concejal Juan Salceda se manifestó en sintonía con lo planteado por el Municipio tras anunciar la presentación del pedido a Nación: no convalidar ni el mecanismo de la ocupación, ni la inclusión en el Renabap.

“Nosotros como gobierno, y con las responsabilidades que tenemos no convalidamos la toma. Nunca lo hicimos desde un principio y lo seguimos sosteniendo. Primero porque no convalidamos un mecanismo ilegal que vulnera los derechos de todos, de una ciudad y de una comunidad que no quiere siquiera resignarse a este antecedente lamentable”, sostuvo Salceda.

“No convalidamos desde el inicio la inclusión en el Renabap de una parcela con un dueño conocido y presente. Es una inclusión forzada y contra toda normativa que es una responsabilidad conjunta primero del gobierno de Alberto Fernández y luego convalidada por La Libertad Avanza, por Sebastián Pareja y el gobierno de Javier Milei”, sumó el concejal, quien concluyó marcando que “no creemos que este mecanismo sea la forma correcta de hacerse de un terreno en Tandil”.

El jefe del bloque de Fuerza Patria, Rogelio Iparraguirre, señaló en primer término la necesidad de que la premisa del debate sea la reparación de los derechos patrimoniales afectados, el “derecho a la propiedad del dueño”.

Manifestó que de acuerdo a su mirada estuvo mal la inclusión del lote en el Renabap, pero que más allá de las posiciones partidarias, la dirigencia política debía demostrar la capacidad para construir una salida en conjunto.

“Si vamos a hacer algo, hagámoslo todos juntos, porque si no es difícil creer que por las partes se obtenga éxito, y que de verdad haya un espíritu de resolver el problema y no una intención de construir alguna especie de ventaja o fortaleza política electoral”, sostuvo.

Consideró que cada uno de los principales espacios políticos cuenta con parte de razón: el sector libertario cuando marca la inclusión “a las apuradas y mal” del lote en el Renabap durante el gobierno de Alberto Fernández, pero también Fuerza Patria cuando señala que durante el primer año la ocupación pasó de 20 familias a 200 “frente a las narices del Municipio”, y la propia Comuna cuando hace referencia a que la gestión de Milei convalidó la inclusión en el Registro.

“Si nos quedamos cada uno contentos, aunque tengamos parte de razón, flaco favor le estamos haciendo a la posibilidad de resolver o abordar el problema”, concluyó.

Consultado sobre el pedido del Municipio, Marcos Nicolini, de Alternativa Tandil / Hechos, se manifestó a favor del mismo pero marcó también que el gobierno local “se quedó un poco en el tiempo para hacerlo, pero está bien que se haga, que se intente”.

Recordó que en 2024 su bloque presentó un proyecto que luego se trabajó en Comisión de Interpretación y finalmente obtuvo dictamen conjunto, a partir del cual el Concejo hizo una solicitud para que Nación revise la incorporación del lote al Renabap.

A su vez –contextualizando a partir de manifestaciones públicas anteriores en el mismo sentido-, el concejal sostuvo que “hay que estar de acuerdo en que hay que sacarlo. Porque no se pueden tolerar tomas de ninguna naturaleza como mecanismo de generación de suelo urbano. Así se arruinaron varias ciudades, como Mar del Plata”, sentenció.

El referente de Alternativa Tandil se refirió además a que la continuidad de la solicitud tendrá que ver también con el recorrido que pueda tener en la Justicia, ya que el desalojo fue suspendido por ser el loteo parte del Renabap, y la posible intención del propietario al respecto.

“El Municipio llega tarde”

“Lo que está haciendo el gobierno municipal lo planteamos nosotros en varias entrevistas ya hace tiempo, que era usar la presencia de focos marcados de delincuencia, venta de drogas con participación de extranjeros en la toma para evaluar la activación del protocolo de deportación que está empezando a implementar acertadamente el Ministerio de Seguridad de la Nación”, expresó Gonzalo Santamarina.

El referente de Acción Tandilense / La Libertad Avanza hizo mención a que mantuvieron encuentros con funcionarios judiciales para “confirmar la presencia delictiva en la toma”, y marcó –en sintonía con lo planteado desde la Comuna en el mismo sentido – que “es un camino que puede aportar”.

Sin embargo, consideró que “si esta voluntad política la hubiese tenido el Municipio en las primeras horas de la toma en febrero de 2023, otra hubiese sido la historia. Lamentablemente el Municipio llega tarde. Pero vemos con buenos ojos que se busquen mecanismos para limpiar la toma de delincuencia y después evaluar cómo seguir, porque la causa de desalojo fue archivada y el titular del predio pidió ser indemnizado”.

Concluyó marcando que “a pesar de haber sostenido siempre esta idea, luego lamentablemente sucedió lo que temíamos. Un territorio que traumatiza a los vecinos del barrio, con gente que no conocen, que no son del barrio, donde se producen día a día hechos de inseguridad y de violencia. No podemos  legitimar este mecanismo ni este antecedente en Tandil si queremos cuidar a nuestros vecinos y si queremos cuidar la ciudad que entre todos construimos”.

La política nacional, los problemas estructurales de Tandil y la discusión por la Zona Fría fueron algunos de los temas que abordó el concejal de Fuerza Patria, Rogelio Iparraguirre, durante una extensa entrevista en el programa Calle Belgrano. En un análisis que combinó la coyuntura con una mirada de largo plazo, sostuvo que la ciudad atraviesa un momento “bisagra” y cuestionó la falta de planificación del gobierno local frente al crecimiento experimentado durante la última década.

“El gran problema de la Argentina es que lo urgente posterga lo importante”, planteó el dirigente, al describir una dinámica en la que las necesidades inmediatas impiden proyectar políticas de desarrollo sostenidas en el tiempo. En ese sentido, observó que el Gobierno nacional todavía conserva un importante respaldo social, aunque advirtió señales de desgaste luego de dos años y medio de gestión de Javier Milei.

“No puedo desconocer la realidad. Hay una mayoría circunstancial de vecinos que acompañó este rumbo y eso hay que respetarlo. Pero también percibo cierto agotamiento. La gente trabaja más, gana menos y empieza a preguntarse si el sacrificio tiene un horizonte”, señaló.

Al referirse a la realidad local, Iparraguirre afirmó que Tandil vivió un proceso de expansión urbana notable, pero consideró que el Municipio no logró anticiparse a las consecuencias de ese crecimiento.

“Hace una década que venimos señalando problemas que hoy son estructurales. Los efluentes cloacales, el relleno sanitario, la movilidad, la provisión de agua, las rutas. Hubo crecimiento, pero no desarrollo”, aseguró.

Según sostuvo, durante años se alertó sobre la necesidad de ampliar la planta de tratamiento de efluentes y de planificar una solución para la disposición final de residuos. “La actitud del gobierno fue negar los problemas hasta que se volvieron urgentes”, afirmó.

También cuestionó la ausencia de mecanismos para capturar parte de la valorización inmobiliaria generada por decisiones del propio Estado municipal. Puso como ejemplo la habilitación para construir en altura en las avenidas Brasil, Avellaneda y Bolívar.

“Se generó una enorme oportunidad de negocios para el sector privado, algo legítimo, pero el Estado no captó nada de esa renta para financiar infraestructura. Ahí hay recursos que podrían haberse destinado a obras fundamentales”, sostuvo.

Pese a las diferencias políticas con el oficialismo, el concejal insistió en la necesidad de construir acuerdos amplios.

“No creo en la lógica del ‘con este no’. Si Tandil no es capaz de convocar a todos los actores para resolver los problemas complejos, va a fracasar. La intolerancia es inversamente proporcional a la inteligencia”, afirmó.

En ese sentido, reivindicó una característica histórica de la ciudad. “Tandil no tuvo grieta durante muchos años. Eso es un capital que hay que defender. Cada vez que tuve la oportunidad de acercar una obra o un programa para la ciudad, trabajé con el Municipio porque es el intendente que eligieron los vecinos”, expresó.

Sin embargo, advirtió que la irrupción de La Libertad Avanza introdujo una lógica de confrontación permanente que, a su criterio, no forma parte de la cultura política local.

Uno de los temas centrales de la entrevista fue el proyecto impulsado por el Gobierno nacional que modifica el régimen de Zona Fría.

Iparraguirre aseguró que la iniciativa implica, en los hechos, la eliminación del beneficio para millones de usuarios y rechazó los argumentos oficiales.

“La Zona Fría no es un subsidio. Es una corrección de una desigualdad estructural. En Tandil se necesita consumir casi un 50 por ciento más de gas que en otros lugares para alcanzar la misma temperatura en una vivienda”, explicó.

Además, remarcó que el sistema se financia mediante un fideicomiso sostenido por distintos actores del mercado gasífero y no con recursos del Tesoro Nacional. Según advirtió, si la ley se aprueba el impacto se sentirá con fuerza en las boletas del invierno.

“Ojalá no se sancione. Pero si ocurre, en agosto habrá que mirar la factura y ver quién les explica a los vecinos que esto no era una eliminación”, sostuvo.

En ese marco, pidió una mayor intervención de los intendentes radicales y apuntó al senador nacional Maximiliano Abad.

“Estamos a pocos votos de frenar la ley y sería importante saber si va a defender los intereses de los bonaerenses”, planteó.

En el marco del ciclo Tandil Despierta, el concejal de La Libertad Avanza, Gonzalo Santamarina, brindó detalles sobre el debate legislativo en torno a la ley de Zona Fría. El edil aclaró que el espíritu de la normativa no es la eliminación del subsidio, sino su transformación hacia un modelo de mayor focalización. Según explicó, el objetivo es que los recursos del Estado lleguen efectivamente a quienes presentan mayores necesidades económicas, dejando de lado criterios geográficos que, a su entender, resultaban indiscriminados.

Santamarina argumentó que el esquema anterior permitía que hogares con alto poder adquisitivo, incluso aquellos con piletas climatizadas o residentes en propiedades de gran valor, accedieran a beneficios que deberían estar destinados a los sectores más postergados. Al respecto, el concejal señaló que la técnica legislativa utilizada para el nuevo proyecto implica una derogación de artículos específicos para dar paso a una nueva estructura de subsidios, la cual mantendría el apoyo para hogares con ingresos inferiores a 4.3 millones de pesos mensuales.

No obstante, el concejal admitió que la implementación final dependerá de la reglamentación que realice el Poder Ejecutivo una vez que la ley sea sancionada. Entre los criterios que podrían determinar la exclusión del beneficio, mencionó la posesión de vehículos modelo 2023 en adelante, aunque subrayó que los detalles técnicos serán definidos en la etapa posterior a la aprobación parlamentaria.

Durante el intercambio, se puso sobre la mesa la realidad climática de Tandil y el impacto del consumo de gas en la región. Santamarina sostuvo que es necesario comparar la situación local con la de otros puntos del país, como La Matanza, donde jubilados con menores recursos debían afrontar costos elevados sin contar con los beneficios de la Zona Fría. Para el concejal, la equidad debe primar sobre la generalización del subsidio.

Un momento de tensión en la entrevista se produjo al abordar el recargo del 7,5 por ciento en las facturas, destinado al fondo fiduciario. Si bien inicialmente el concejal puso en duda la aplicación de este cargo en Tandil, tras una revisión en vivo de una factura, se confirmó la existencia del ítem denominado "Fondo Artículo 75 - Ley 25565". Ante esto, Santamarina propuso realizar un análisis comparativo con otras provincias para determinar si dicho componente representa una carga adicional en zonas que no gozan del beneficio.

En cuanto al contexto económico, el edil destacó que el Gobierno Nacional implementó una bonificación adicional del 25 por ciento en el valor del metro cúbico de gas para los meses de mayo y junio. Esta medida, según indicó, busca mitigar el impacto del aumento de los hidrocarburos derivado del actual escenario de guerra mundial, una situación que, remarcó, afecta a la economía global y no es exclusiva de la Argentina.

Santamarina también se refirió a una reciente charla mantenida con el concejal Rogelio Iparraguirre. Según relató, durante el encuentro, el diputado habría reconocido que la ley de Zona Fría vigente desde 2021 resultó ser una medida "insostenible" y que, en aquel momento, "se fueron al pasto" con la amplitud de la normativa. A pesar de este reconocimiento, Santamarina aclaró que el legislador mantiene sus propias preocupaciones respecto a la futura reglamentación de la nueva ley en el Senado.

Finalmente, el concejal de La Libertad Avanza fue tajante al responder a las declaraciones del concejal Matías Civale. Ante la afirmación de Civale, quien aseguró que ningún concejal de la provincia de Buenos Aires había renunciado a los subsidios de los servicios públicos, Santamarina desmintió la versión de manera directa.

El edil libertario afirmó que "Civale miente" y aseguró que él mismo no recibe subsidios desde hace tiempo. Según detalló, realizó la renuncia formal al beneficio a través de la plataforma habilitada para tal fin durante la gestión presidencial anterior, desestimando así los dichos del concejal opositor sobre la conducta de los representantes locales en materia de beneficios estatales.

Rogelio Iparraguirre fue uno de los concejales que participó del encuentro que se llevó a cabo en el Congreso de la Nación para defender Zona Fría. Tras la reunión, el referente de Fuerza Patria dialogó con El Eco: dijo que el régimen no es un beneficio para los vecinos de la ciudad y si bien valoró la campaña de firmas que inició el Municipio, planteó que el Foro de Intendentes Radicales podría ejercer presión positiva sobre el senador radical Maximiliano Abad para que defina su voto en favor de los tandilenses.

“Reconocemos la labor del intendente de Tandil. No hay muchos intendentes radicales que hayan hecho esto, pero nosotros lo que necesitamos es asegurar votos en el Senado”, señaló en referencia a lo planteado por Juliana Di Tullio, quien coordinó el encuentro.

“En este caso puede hacer un aporte, el intendente Lunghi, muy importante porque uno de los senadores que hasta acá viene votando todo con el gobierno de Milei es el senador Maximiliano Abad de Mar de Plata. Entonces, ya que el Foro de Intendentes Radicales manifestó su preocupación en torno a la posible eliminación o inminente eliminación de Zona Fría, bueno, que trabajen sobre su senador, ejerciendo presión positiva, como hay que hacer en estos casos”, expresó Iparraguirre.

El encuentro en el Congreso tuvo el objetivo de “analizar estrategias destinadas a evitar que avance en el Senado el proyecto de ley que modifica el régimen de Zona Fría”. Junto a Iparraguirre estuvieron los concejales Severiano Mon y Marcelo Valle.

“Fue para darnos a escuchar a los intendentes en relación al impacto que produce nuestras comunidades”, precisó el jefe de la bancada peronista local.

“Nosotros vemos con muy buenos ojos el haber hecho una junta de firmas”, sostuvo Iparraguirre, quien agregó que el bloque radical cuenta con “un senador que en principio no manifestó la voluntad de votar en contra”, por lo que “puede ser de mucha ayuda” la presión positiva para que defina su postura.

“No es ningún beneficio”

“Acá no estamos hablando de ningún beneficio”, manifestó Iparraguirre sobre Zona Fría. Al respecto, desarrolló tres aspectos para argumentar su posición.

El primero, la diversidad bioclimática “inmensa” del territorio argentino, que Zona Fría morigera. A modo de ejemplo, sostuvo que para lograr una temperatura de 18 o 19 grados en un hogar residencial de Tandil, hay que consumir alrededor de un 40 por ciento más de lo que consume un hogar similar en Capital Federal.

El segundo punto es que mantener el régimen no pone en peligro al “sacrosanto superávit fiscal”, ya que “no hay emisión de moneda y no son fondos del Tesoro, sino que es un fondo fiduciario que sostienen la totalidad de los abonados al servicio de gas del resto del territorio”.

A su vez señaló que la modificación de Zona Fría, “no elimina el fondo fiduciario, con lo cual todo da a pensar que van a hacer algo muy parecido con el subsidio al impuesto al combustible, que eliminaron el subsidio al sistema de transporte público de pasajeros este del interior del país, pero el impuesto lo siguen cobrando”.

Por último hizo mención a que Argentina se encuentra en “pleno tránsito” en materia energética, “gracias a decisiones acertadas como fueron la recuperación de YPF”. En el presente, marcó, el país pasó de importar a exportar materia prima energética, y se proyecta un superávit de miles de millones de dólares para el año en curso.

“El problema es qué se hace con esos millones, si son todos para los mismos cinco que se la llevan siempre y para el Fondo Monetario Internacional o para, como están haciendo en este contexto todos los países del mundo, generar soberanía energética”, concluyó.

El concejal Rogelio Iparraguirre dialogó con El Eco Multimedios y planteó su mirada sobre las reuniones que el Ejecutivo municipal convocó para debatir el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), en vistas de modificarlo.

“Inicia una discusión que durante 23 años no dio”, expresó el referente de Fuerza Patria en diálogo con Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1.

Iparraguirre hizo mención a que la convocatoria se limitó solo a los colegios técnicos y no a los concejales, pero también dio cuenta de una serie de críticas a la gestión territorial del gobierno local, en particular por herramientas e instrumentos que el PDT habilita pero que “no han sido muy utilizados”. 

Además, sostuvo la necesidad de elaborar en primer término un diagnóstico preciso sobre la realidad local y el impacto del Plan a dos décadas de su sanción, antes de avanzar en cualquier modificación normativa. 

“Debiéramos pasar en limpio dónde estamos parados los tandilenses en cuanto a los procesos internos que ha venido viviendo nuestra ciudad para poder poner en contexto la discusión que vamos a tener, más allá de que Lunghi o quien sea convoque o no convoque ”, manifestó Iparraguirre, enfatizando que "esto tiene que ver con el presente y con el futuro de Tandil".

En relación con la metodología de trabajo elegida por el Gobierno municipal, el concejal fue tajante al señalar que la exclusión de los sectores políticos es un error estratégico. "Si ahora podemos hacerlo sin convocar a fulano o a mengano créanme que es una tontera a esta altura y quien tiene esa intención se va a chocar contra la pared", advirtió.

Asimismo, el referente de Fuerza Patria cuestionó la gestión de los instrumentos previstos en la normativa vigente. "Nosotros entendemos que el PDT contiene un montón de instrumentos y herramientas muy virtuosos el problema es que no han sido utilizados", afirmó. Según su visión, omitir un balance del proceso interno que ha vivido la ciudad llevaría a "errar al viscachazo" en la rediscusión del plan.

Iparraguirre identificó dos fenómenos críticos que, a su entender, han marcado la última década en Tandil y que generan tensiones los objetivos originales del ordenamiento territorial. 

El primero es la "fractura y desintegración social". Al respecto, describió que se trata de una "fractura social que nosotros llamábamos ‘el cristal roto’ hace ya mucho tiempo, casi en soledad. Hoy es innegable,  inocultable que coexisten dos realidades ya demasiado diametralmente opuestas borroneando una de las características más distintivas y potentes de Tandil históricamente que fue la integración social".

El segundo proceso señalado fue  “el crecimiento sostenido sin planificación”. Al respecto sostuvo que "hubo una autoridad municipal que creyó que su único rol frente al crecimiento innegable de Tandil era sentarse a aplaudir y en realidad quien gobierna, quien gestiona frente a procesos de crecimiento es entender la oportunidad de lo que eso significa. Para planificar y ejercer autoridad y control sobre ese crecimiento. Ninguna de esas cosas ocurrieron", sentenció.

En cuanto a las herramientas técnicas, Iparraguirre enumeró instrumentos como el Banco Municipal de Tierra, el Fondo de Desarrollo Urbano, los convenios y consorcios urbanísticos, y los planes especiales. "La enorme mayoría de estas, no han sido utilizadas o han sido utilizadas de manera muy pobre", lamentó. 

Sobre el Fondo del Desarrollo Urbano, explicó que su eficacia depende de que se afecten fondos específicos para financiar infraestructura. Y planteó que el municipio dejó pasar oportunidades de captar renta urbana que “fondee” al mencionado recurso. 

En ese sentido puso como ejemplo el cambio de normativa para determinadas avenidas de la ciudad -Avellaneda, Brasil, Alvear-, " para que tuvieran indicadores que permiten construir hasta 15 metros de altura”, explicó. Según Iparraguirre, en los últimos años se han iniciado más de 50 carpetas en ese sector. 

"Sin el Estado eso no se podía hacer. A partir de esa decisión del sector público, el metro cuadrado se ha multiplicado por 10 o por 15  en la avenida Brasil que hace no tantos años era una avenida de tierra", agregó, marcando que desde el gobierno local se podría haber intervenido en los desarrollos, activando las herramientas del PDT, para reinvertir en infraestructura para el conjunto de la ciudad.

El referente Rogelio Iparraguirre puso el foco en la necesidad de rediscutir el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), una herramienta que, a su juicio, ha sido subutilizada durante las dos décadas que lleva vigente. Según el edil, el PDT es el instrumento fundamental para la gestión y planificación del territorio urbano, rural y ambiental de Tandil, aunque persisten importantes deudas en su implementación.

"Estamos hablando de un plan que cumplió 20 años de la sanción de su ordenanza madre en noviembre del año pasado", recordó Iparraguirre, al señalar que aún no se concretaron iniciativas previstas desde hace años, como el plan especial de manejo de la zona protegida de las sierras.

Desde su punto de vista, el problema central radica en que la gestión municipal ha actuado "a contracorriente" de los objetivos del plan. En ese sentido, identificó dos fenómenos que marcaron la última década: una creciente fractura social y territorial, y un proceso de expansión urbana sin la planificación necesaria.

"Hubo una autoridad municipal que creyó que su único rol frente al crecimiento innegable de Tandil era sentarse a aplaudir", afirmó. Según sostuvo, esa falta de intervención estatal derivó en infraestructura exigida al límite y en distintos problemas de ordenamiento local.

También destacó que el PDT contempla instrumentos que podrían haber contribuido a un desarrollo más equilibrado de la ciudad, entre ellos el Banco Municipal de Tierras, el Fondo de Desarrollo Urbano y los convenios urbanísticos.

Como ejemplo, mencionó la habilitación de construcciones en altura sobre avenidas como Avellaneda y Brasil, donde la acción pública permitió una importante valorización del suelo sin que el Estado captara parte de esa renta para reinvertirla en obras o servicios para la comunidad.

"El metro cuadrado se ha multiplicado por 10, por 15, por 17. Cuesta creer que los responsables públicos de la toma de estas decisiones les haya pasado ese elefante por delante y no lo hayan notado", cuestionó.

Para el edil, el desarrollo inmobiliario es positivo, pero debe estar acompañado por mecanismos que permitan que una parte de los beneficios generados por decisiones públicas retorne a la comunidad.

En otro tramo de la entrevista, se refirió a la posible eliminación de la ley de zona fría, una medida que, de concretarse, tendría un fuerte impacto en Tandil y otras localidades de la región.

Rogelio Iparraguirre calificó esa posibilidad como una "injusticia muy grande" y cuestionó los argumentos esgrimidos por La Libertad Avanza respecto de los subsidios energéticos.

"La mentira tiene patas cortas. Si el Senado la sanciona, nos vamos a dar cuenta de que nos están mintiendo", sostuvo, al tiempo que pidió esperar el efecto que podrían tener los cambios sobre las facturas de gas. los próximos meses.

En el marco de una entrevista realizada en Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, el dirigente político Rogelio Iparraguirre realizó un diagnóstico crítico sobre el desarrollo urbano de la ciudad. Según el entrevistado, Tandil atraviesa un proceso de fractura social y territorial que ha borroneado históricamente su capacidad de integración, exacerbado por una década de crecimiento sostenido sin una planificación estatal adecuada.

Iparraguirre sostuvo que la gestión municipal ha adoptado una postura pasiva frente a las transformaciones urbanas. "Hubo una autoridad municipal que creyó que su único rol frente al crecimiento innegable de Tandil era sentarse a aplaudir", afirmó, subrayando que el rol del Estado debe ser el de ejercer autoridad, control y planificación ante los desafíos que presenta el desarrollo exponencial de la ciudad.

El dirigente hizo especial énfasis en la vigencia del Plan de Desarrollo Territorial (PDT), señalando que, a pesar de contar con 20 años de existencia, el instrumento no ha sido actualizado para responder a las nuevas realidades. Al respecto, citó las reflexiones de Eduardo Reyes, quien ya había advertido sobre la necesidad de tratar al PDT como un organismo vivo y dinámico, y no como una "foto" estática. En este sentido, Iparraguirre fue contundente al señalar: "El PDT conoce una sola gestión", en referencia a los años de gobierno de Miguel Ángel Lunghi.

Durante la charla, el entrevistado cuestionó por qué, teniendo herramientas previstas en el plan —como el Banco Municipal de Tierra, el Fondo de Desarrollo Urbano o los consorcios urbanísticos—, la mayoría no ha sido utilizada o se ha implementado de manera insuficiente. Para Iparraguirre, esta inacción ha permitido que el sector público vea pasar oportunidades de captar renta urbana generada por decisiones estatales, como ocurrió con la habilitación de nuevas alturas y factores de ocupación en diversas avenidas de la ciudad.

El dirigente detalló que, tras la aprobación de normativas que permitieron la construcción de edificios de alta performance en avenidas como Brasil, Avellaneda o Bolívar, el valor del metro cuadrado se multiplicó significativamente. "Eso es desarrollo si a la vez que lo permitís generás instrumentos para captar parte de esa renta que generó la acción pública", explicó, lamentando que no se haya aprovechado ese crecimiento para reinvertir en infraestructura para la comunidad.

Otro punto central de la entrevista fue la gestión de la zona protegida de la Sierra Central. Iparraguirre recordó que, ante la falta de consenso para un plan de manejo específico, se adoptaron medidas transitorias basadas en cotas de nivel que debían ser revisadas. Sin embargo, tras dos décadas, la falta de un plan integral sigue siendo una deuda pendiente que genera tensiones entre la protección ambiental y la presión urbanística.

Finalmente, el dirigente instó a que temas críticos como la problemática de la Ruta 226 se conviertan en una "causa común" de todos los tandilenses, independientemente de las gestiones de turno. Asimismo, destacó la importancia de avanzar en obras fundamentales, como la planta de efluentes, para permitir un desarrollo ordenado y sostenible. 

"La técnica es muy buena si está acompañada de conducción humana y voluntad política", concluyó Iparraguirre, abogando por un debate amplio que involucre a las fuerzas vivas de la ciudad para definir el futuro de Tandil.

El Concejo Deliberante autorizó la imputación de 428,5 millones de pesos a la cuenta especial de la Ordenanza 2.505 el recambio de luminarias en el perímetro de las avenidas Pujol, Luis María Campos, Lunghi, Eva Duarte, Ruta Provincial 30 y Ruta Nacional 226.  Además, le pidió que avance con obras similares sobre algunas cuadras de la calle Darragueira y de la avenida Suárez García.

La concejal Maridé Condino agradeció la firma del dictamen por parte de los integrantes de las comisiones de Economía y Obras Públicas, para avanzar con un expediente que consideró “muy importante” y destacó que el monto de recambio de luminarias supera los 428 millones de pesos.

“Estamos hablando del objetivo de que el ciento por ciento de Tandil complete su iluminación con led. Estas son transformaciones de sodio a led de 1.057 artefactos”, informó y concluyó que “es una muy buena noticia. Está muy bueno para los vecinos de barrio parque La Movediza y El Tropezón”.

En paralelo, también se aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación impulsado por Fuerza Patria, con el que le requirieron al Departamento Ejecutivo información sobre las condiciones en que se encuentra el alumbrado público en Darragueira entre Aeronáutica Argentina y Güemes Sur, y solicitaron “si es posible realizar un recambio a led que permita potenciar la capacidad lumínica del alumbrado público sobre esa arteria”.

En la sesión, el concejal Rogelio Iparraguirre pidió la incorporación a la ordenanza que el Ejecutivo evalúe avanzar con otras seis cuadras de la avenida Suárez García entre La Pastora y Navarro, sugerencia que realizó el radical Juan Salceda.

“Esto se sustenta, al igual que el pedido original de transformar a led la calle Darragueira -que es una vía comercial muy importante de nuestra ciudad-, para que no quede postergada Suárez García frente a los recambios de luminarias que se están haciendo, que también está concebida como avenida, con sus 14 metros de ancho, y donde además se están suscitando algunos problemas que padecen los vecinos”, explicó durante el tratamiento de la iniciativa.

Apuntó que el servicio en ambas calles se presta con vapor de sodio e incluso con artefactos de mercurio en algunos casos. 

En cuanto a Suárez García, remarcó que brindar mejor iluminación tiene que ver con la cuestión de la inseguridad pero también señaló que “es de público conocimiento que se han trasladado allí las picadas por las características de esa avenida, particularmente en sus cuatro cuadras de asfalto”.

En tanto, agradeció la intervención del presidente de la Comisión de Obras Públicas, Juan Salceda, quien propuso unificar los dos pedidos en el mismo proyecto de comunicación que se aprobó el último jueves.

El proyecto de ordenanza presentado por Rogelio Iparraguirre para crear el Certificado de Aptitud Urbanística continúa en revisión por parte del Ejecutivo municipal. En diálogo con El Eco, el concejal recordó la importancia de esta iniciativa como una herramienta para abordar una realidad preocupante en Tandil: el crecimiento de las estafas inmobiliarias que utilizan de manera ilegal la figura jurídica del condominio.

“En principio está el compromiso del Ejecutivo, y va a haber una devolución del proyecto de ordenanza. Entiendo que incluso con una propuesta mejorada, así que bienvenido sea, es la idea. Lo que no debemos permitirnos es no hacer nada, frente a un problema que todos estamos detectando”, expresó Iparraguirre.

La problemática, según explicó el edil, radica en el abuso de la figura del condominio, un modo de propiedad compartida previsto en el Código Civil de la Nación. Sostuvo que en Tandil se registran casos de usos ilegales de dicha herramienta, especialmente en la Zona Protegida, donde se comercializan lotes a precios llamativamente económicos ocultando información crucial a los compradores. Los particulares realizan importantes desembolsos económicos y luego descubren que no pueden escriturar sus parcelas individuales, ya que el condominio representa una propiedad indivisa.

El concejal detalló los tiempos legislativos y la urgencia de la situación actual: "Hace alrededor de tres meses que presentamos el proyecto y hace dos meses y medio fue al Ejecutivo. Porque si hay una opinión que nos parece importante recabar cuando trabajamos en el Concejo Deliberante, es la de quienes después van a tener que ejecutar esta herramienta." Asimismo, alertó sobre la vigencia del conflicto al revelar que “desde que presenté el proyecto a esta parte, me llegaron de primera mano cuatro estafados nuevos en lugares distintos. Esto está pasando en Tandil.”

El proyecto busca dotar al Municipio y a los ciudadanos de un instrumento de control preventivo,  el Certificado de Aptitud Urbanística. "Exige una declaración jurada de los comitentes, es decir, que aquellos que ofrecen y vuelcan este terrenos a la venta en el mercado. Y por supuesto establece todo un sistema de multas.", detalló Rogelio Iparraguirre sobre el funcionamiento técnico de la propuesta.

El concejal aclaró que el certificado funcionará como una suerte de documento de identidad para cada lote en comercialización, permitiendo que cualquier potencial comprador consulte si el vendedor cuenta con la habilitación correspondiente antes de realizar una transacción.  

“Es una herramienta para proteger a los tandilenses, no es que va a evitar la estafa, el estafador no deja de estafar porque sea ilegal el acto de la estafa”, explicó.

Para que la medida sea verdaderamente efectiva, Rogelio Iparraguirre remarcó que se requiere un rol activo por parte de la administración local. "No reemplaza a los controles que debe hacer el Ejecutivo municipal. Al contrario, solo funciona este aporte y sirve si es complementado por un eficiente y efectivo control del Municipio, que debe ejercer fuertemente su autoridad.", sostuvo el concejal.

En ese sentido, el edil fue crítico con el desempeño reciente de las áreas de control del gobierno local. "Esa es precisamente una de las cosas que nosotros creemos que ha flaqueado de un tiempo esta parte, particularmente en lo que hace a la administración del territorio, para que esto no sea tierra de nadie, donde cada uno haga lo que quiere. Hay que ejercer autoridad, control efectivo, eficiente. Y proyectos como este son el complemento de ese control efectivo.", sentenció.

Finalmente, el concejal destacó que la propuesta contempla una campaña de difusión para que la ciudadanía conozca la existencia de este requerimiento y evite caer en engaños. A su vez, se mostró optimista respecto al acompañamiento político en el Concejo Deliberante, asegurando que existe un consenso tácito entre los distintos bloques sobre la necesidad de intervenir de forma urgente para frenar las estafas inmobiliarias.

El presidente del bloque de concejales de Fuerza Patria, Rogelio Iparraguirre, expresó fuertes críticas al nuevo intento del Gobierno nacional de modificar el régimen de subsidios por Zona Fría, en el marco de la sesión especial que se desarrollará este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación.

En ese contexto, el dirigente sostuvo: “Hoy se debate en el Congreso un nuevo intento del gobierno de Milei para eliminar el beneficio de Zona Fría. No es un debate técnico, es un ataque directo al bolsillo de miles de familias en pleno invierno. Es una decisión política de ajustar sobre la vida cotidiana de la gente”.

Iparraguirre señaló, además, que en localidades del centro y sur de la provincia de Buenos Aires el uso de calefacción resulta indispensable durante gran parte del año. “Para ciudades como Tandil, la calefacción no es un lujo: es una necesidad básica de supervivencia. Vivimos inviernos largos y con temperaturas extremas. Sacar este beneficio es empujar a miles de vecinos y vecinas a tener que elegir entre calefaccionarse o comer”, sostuvo, subrayando que "no puede ser considerado un gasto suntuario".

Asimismo, cuestionó los argumentos del oficialismo nacional respecto al equilibrio fiscal y defendió el régimen actual de financiamiento. “Mienten cuando dicen que la eliminan para ‘reducir el déficit’. El beneficio se sostiene con un fondo fiduciario solidario y transparente que pagamos entre los propios usuarios de gas. No buscan equilibrio fiscal, buscan asfixiar el consumo de las familias”, expresó.

El dirigente tandilense consideró además que esta iniciativa forma parte de una postura reiterada por parte del Gobierno nacional. “Es la tercera vez que intentan avanzar contra este derecho. Tienen una obsesión con castigar a los que menos margen tienen, mientras los sectores más concentrados siguen recibiendo beneficios y exenciones”, indicó.

Finalmente, Iparraguirre convocó a los legisladores nacionales a impedir cualquier avance que implique la eliminación del subsidio. “Exigimos a los legisladores nacionales que tengan firmeza y defiendan a los argentinos”, concluyó.

El Municipio llamó a licitación para las obras de agua y cloacas del Desarrollo Urbanístico Sans Souci. Las mismas serán financiadas por el Ministerio de Infraestructura de la Provincia, y la noticia supone un paso más en la infraestructura de servicios para el barrio. También para la futura reanudación de los trabajos de las 156 viviendas del lugar, que ya presentan un 80 por ciento de avance. 

El secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, dialogó con El Eco e indicó que la apertura de sobres será el próximo 30 de junio y que tras la adjudicación, se contempla un plazo de 120 días para la finalización de la obra. En breve, marcó el secretario, llamarán a licitación para la red de gas, mientras que el tendido eléctrico se realizará por contratación directa.

Lafosse se refirió también al compromiso de Provincia -en concreto, el Ministerio de Hábitat y Vivienda-, para la apertura de calles y los desagües pluviales, y sostuvo que ambas obras “pueden coexistir”.

La Cooperativa Falucho está a cargo del trabajo del desarrollo de las 156 viviendas, cuya obra se encuentra neutralizada por pedido de Provincia. El gobierno bonaerense alegó meses atrás la necesidad de contar con infraestructura para continuar con el proyecto.  El futuro del barrio dependerá también de cómo se retome la construcción una vez que cese la mencionada neutralización.

Por otro lado, se encuentra paralizada la Planta de Tratamiento de Efluentes que se emplazó frente al Desarrollo Urbanístico. La misma tendrá impacto sobre Sans Souci, pero también sobre otros proyectos como el de Carrasco y los barrios de De Corazón Tandilense.

-La noticia es que se llamó a licitación para los servicios de Sans Souci…

-Luciano Lafosse: El 30 de junio se van a abrir los sobres de los servicios de agua y cloacas, que contempla 2950 metros de red de agua y 2175 de cloacas, con 156 conexiones domiciliarias. A su vez, la red de provisión de agua contempla dos perforaciones con sus bombas para poder tener un esquema de abastecimiento continuo, y una planta de ósmosis para bajar los niveles de nitratos que pueda llegar a tener el agua de ese sector, mejorar las condiciones químicas del agua.

Y son 1970 metros de red de cloacas y 16 bocas de registro. Obviamente son cañerías de determinada clases, y una cisterna de alrededor de 150 m cúbicos de almacenamiento de la cisterna.

Esta obra está presupuestada en con un valor oficial de 2200 millones de pesos, con un plazo de 120 días. La de gas son 190 millones de pesos.

-¿Cómo son los pasos?

-Se abren los sobres, se hace un proceso de pre-adjudicación por parte del Municipio. Como estos son recursos que provienen de Provincia, le enviamos la pre-adjudicación, y formaliza el convenio específico por un monto determinado. Cuando nos remite a nosotros ese convenio, nosotros adjudicamos y se empieza a realizar la obra.

-Esto significa un avance importante para un desarrollo de 156 viviendas…

-Sí, 156 viviendas, que están ya en construcción. Y paralelamente, en los próximos días también vamos a sacar la licitación de lo que es la red de gas.

También tenemos el compromiso por parte del Instituto de la Vivienda, o el Ministerio de Hábitat y Vivienda, de que ellos se van a encargar de los trabajos de la apertura de la de las calles y los desagües pluviales que requieren todo ese desarrollo urbanístico.

-¿Porqué no abrieron las dos licitaciones juntas, las de agua y gas?

-Por una cuestión de ordenamiento nuestro. Inicialmente la que estaba para salir era la de gas. Por cuestiones propias del gas inflamable, se genera la necesidad de tener mayores precisiones respecto a los niveles de vereda y preferimos iniciar con cloacas paralelamente a la apertura de las calles.

Agua, cloacas, calles y pluviales

-¿Se puede avanzar con la obra de agua y cloacas sin contar con los pluviales y la apertura de calles?

-Puede ser que coexistan las dos obras. Lo que nosotros tenemos son las precisiones respecto del proyecto ejecutivo, de cuáles van a ser los niveles de los cordones. Con lo cual tenemos los niveles de vereda y además ya tenemos los niveles de los umbrales de las viviendas.

-¿Pero no van a tener que abrir dos veces?

-No, las calles se abren, se hace un trabajo de apertura de caja, se le hace el aporte de los materiales, se le hace el cordón cuneta y paralelamente se pueden ir haciendo también las obras de agua y cloacas.

Lo que lo que sí se tiene que tener en consideración para los proyectos de agua, cloacas y de gas también, son los niveles del cordón.

-El compromiso de Provincia con respecto a los fondos está, pero no es la mejor situación económica, tampoco para el gobierno bonaerense…

-Para Provincia no. Pero hay un compromiso por parte del ministro Katopodis y estamos articulando con dos ministerios. Y también está la Cooperativa Falucho, que es la empresa adjudicataria de las viviendas, que está empujando para poder hacer las obras de apertura de las calles y poder avanzar con la obra. Las viviendas tienen un buen nivel de terminación.

-¿Qué pasa con el tendido eléctrico?

-Para esa instancia va a ser una adjudicación por compra directa a quien es el concesionario, a la Usina, de todo lo que es tendido eléctrico a través de un cable de pre-ensamblado y el alumbrado público.