El Colegio de Psicólogos del Distrito VIII se excusó de intervenir en torno al caso de los incidentes que se produjeron a fines de mayo pasado en las instalaciones del Tiro Federal. Tras expedirse, derivaron la causa al Consejo Directivo del colegio geográficamente más cercano, en concreto el Colegio de Piscólogos del Distrito VII de Chivilcoy.

Las autoridades del Tiro habían elevado una nota al Colegio de Psicólogos del Distrito VIII, ya que uno de los vecinos involucrados en los incidentes se desempeñaba como presidente de la entidad. En paralelo, y estando al tanto de dicha situación, hicieron lo propio con el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, con asiento en La Plata.

Desde el Distrito VIII acusaron recibo de lo presentado por la institución de calle Lobería y Sandino. El Consejo Directo se reunió y analizó el pedido, aunque “por mantener con el denunciado, en su carácter de Presidente de la Institución, frecuencia de trato”, resolvió excusarse de intervenir y derivar el caso al colegio de Chivilcoy.

La nota que recibieron desde el Tiro Federal fue firmada por la actual psicóloga a cargo del Colegio, la secretaria general y la pro secretaria. Cabe recordar, el vecino involucrado se encuentra de licencia en el cargo que ocupaba en la entidad.

El caso del Tiro Federal

El hecho que motivó que el Tiro Federal presente una nota al Distrito VIII y al Colegio Bonaerense de Psicólogos fue el ingreso de vecinos a la institución, en una jornada de tensión que terminó con un asociado herido y roturas en las instalaciones. El conflicto –de larga data-, surgió a raíz de un reiterado reclamo por ruidos molestos.

Los frentistas denunciaron en diversos ámbitos las complicaciones derivadas de la práctica en el polígono de tiro: interrupción del descanso, el impacto sonoro en las mascotas, y hasta el hallazgo de restos de proyectiles por la zona. “No damos más”, fue lo que expresaron en una de las ocasiones. Tras la jornada de violencia, asumieron la responsabilidad de lo ocurrido, aunque plantearon que “somos gente desesperada”.

Desde el Tiro Federal aseguraron que cuentan con la habilitación correspondiente, que expide el Registro Nacional de Armas, hasta el año 2028. El lugar, indicaron, no requiere de habilitación municipal. Tras un pedido de la Secretaría de Protección Ciudadana –antes del mencionado hecho-, los horarios de práctica se establecieron de lunes a sábado de 9:30 a 13 y de 15:30 a 19.

También antes del hecho, desde el Concejo Deliberante elevaron un pedido a autoridades del gobierno nacional para que inspeccione el predio. Sin embargo, al momento no obtuvieron respuesta. De acuerdo a lo que pudo saber este Diario, el Legislativo local también solicitó al Colegio Sábato un informe sobre la existencia de dificultades por ruidos molestos de la actividad de la institución.

En paralelo, desde el propio Tiro Federal manifestaron su voluntad de trasladarse, en particular porque el lugar con el que cuentan ya no les permite dar espacio al conjunto de las prácticas de los socios. “Esto nos quedó chico”, habían transmitido a El Eco de Tandil a comienzos de mayo pasado.

Para avanzar con la posibilidad de mudarse, desde la institución de calle Lobería y Sandino llevan a cabo gestiones con autoridades del gobierno nacional, en particular con el Ministerio de Capital Humano. Habilitar una venta o permuta del predio requiere un paso previo, la toma de posesión plena por parte de las autoridades de la entidad.

El proyecto del Tiro a mediano plazo es el de avanzar con los trámites y gestiones de regularización de la titularidad que les posibilitaría la mudanza a un espacio rural de mayores dimensiones.

Fundado en 1924, el Tiro Federal funciona actualmente como una asociación civil sin fines de lucro. Cuenta con casi 400 socios, y un promedio de 15 personas que concurren diariamente a practicar en el polígono. Se trata de una institución vinculada con otras de nivel local, y posee convenios con la Unicen, el Instituto de Educación Física, veteranos de Malvinas, y fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. También otorgan al idoneidad para la portación de armas, que actualmente certifica el Registro Nacional de Armas.

La UFI 3 notificó a los vecinos involucrados en la jornada de tensión que se vivió en el Tiro Federal a fines de mayo pasado. Las autoridades de la institución aportaron pruebas, y aguardan porque el avance de la causa. Por otra parte, el Concejo Deliberante espera la respuesta de Nación al pedido de inspección y solicitaron al Colegio Sábato un informe sobre la actividad en el lugar.

Desde el Tiro aportaron pruebas a Fiscalía, mientras que en paralelo presentaron una nota al Colegio de Psicólogos de Azul. Como la organización es presidida por uno de los vecinos involucrados en la denuncia, evalúan hacer lo propio en el Consejo Superior de La Plata.

La causa se tramita en la UFI 3, a cargo de Luis Piotti. Menos una de las participantes de los incidentes, el resto de los vecinos involucrados en el hecho fueron notificados de su imputación. La mencionada Unidad Fiscal será quien lleve adelante la investigación. Los próximos pasos serán posibles descargos de los imputados, para luego determinar si se avanza en procesamientos.

“Las pruebas son sobreabundantes”, transmitieron desde el Tiro sobre lo que dirigieron a Fiscalía. De acuerdo a lo que pudo saber El Eco, los elementos aportados fueron más allá de lo ocurrido durante la jornada de tensión.

Desde la institución marcaron que las consecuencias podrían haber sido más graves para los socios presentes en el lugar, quienes pese a lo sucedido “se portaron como unos caballeros”. Tras lo ocurrido, afirmaron, “se sigue operando con las medidas de seguridad óptimas” y de acuerdo a los horarios que habían sido establecidos tras el pedido de Protección Ciudadana: de lunes a sábado, de 9:30 a 13 y de 15:30 a 19.

En paralelo, desde el Tiro Federal continúan con las gestiones con Nación –en concreto, con el Ministerio de Capital Humano- para regularizar la escritura del predio a nombre de la entidad, y poder a mediano plazo permutarlo para trasladarse a un ámbito más grande. Con anterioridad al ingreso vecinal al lugar, autoridades del Tiro habían transmitido que se encontraban en búsqueda de un lugar de mayor amplitud para poder desarrollar las actividades con el volumen actual de socios.

El Concejo, a la espera

Por otra parte, luego de haber presentado un pedido de inspección al predio, el Concejo Deliberante no recibió a la fecha respuestas de las autoridades nacionales. El legislativo local aborda el tema en el marco de la Comisión de Derechos Humanos, Género, Garantías y Seguridad.

Desde dicho ámbito solicitaron al Colegio Sábato –que comparte predio con el Tiro Federal-, que se informe sobre la existencia o no de dificultades vinculadas a ruidos molestos que puedan provenir desde la institución. El establecimiento educativo sistematiza información para poder elevarla a la Comisión del Concejo.

Cabe recordar, fue a fines de mayo pasado cuando un grupo de vecinos ingresó al Tiro Federal para reclamar por ruidos molestos de la actividad en el lugar. El conflicto es de larga data –años-, y al momento no se arribó a una solución conjunta.

Desde la institución, precisaron, cuentan con la habilitación correspondiente –del Renar-, hasta el año 2028. Por pedido del Municipio establecieron un horario de prácticas, limitando los días domingos y la franja entre las 13 y las 15:30.

La jornada de tensión que se vivió en el predio tras el ingreso de los vecinos incluyó la rotura de un vidrio y lesiones leves en uno de los asociados. El vecino referente del barrio, Ángel Orbea, admitió la responsabilidad de lo ocurrido, pero ubicó el hecho en el marco de un reclamo sostenido: “Está mal lo que hicimos y pido disculpas. Pero somos gente desesperada”, sostuvo en diálogo con El Eco Multimedios  días atrás.

La posibilidad de que el Tiro Federal se traslade, depende en parte de que las autoridades de la institución cuenten con la propiedad definitiva del predio. Tal avance les permitiría acceder a una venta o permuta que les posibilite una mudanza. Para ese fin, gestionan con el gobierno nacional.

Tras los hechos ocurridos el pasado sábado, cuando un grupo de vecinos ingresó a las instalaciones del Tiro Federal para reclamar por las molestias causadas por la actividad de tiro y se produjo un intercambio violento, Ángel Orbea admitió la responsabilidad por el incidente, pidió disculpas públicas y remarcó que la medida fue producto de la desesperación ante la falta de respuestas del Estado.

La situación fue abordada en La Mañana, programa que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1. Durante la entrevista, Ángel Orbea, vecino de la zona, explicó los motivos que llevaron a un grupo de personas a presentarse en la institución el pasado fin de semana, jornada en la que se produjo la rotura de un vidrio y un intercambio de palabras con los presentes.

Al respecto, Orbea fue contundente sobre su accionar y el de sus vecinos: "Está mal lo que hicimos y pido disculpas. Pero somos gente desesperada". El vecino aclaró que no hubo intenciones de ejercer violencia física, sino de visibilizar una problemática que, según sostiene, afecta la salud y el descanso de quienes residen en las inmediaciones del polígono.

“No insulté, no amenacé. Lo único que les dije, es ‘paren, muchachos, no damos más’. Hay un solo camino, que no haya más estampidas en nuestras casas. Ese es el único camino. Ellos dicen que prefieren el diálogo. Perfecto, nosotros también, pero sin tiros. Lo único que queremos que se terminen las estampidas en nuestras casas”, manifestó Orbea durante la entrevista.

El vecino detalló que el conflicto central radica en las "estampidas" generadas por el uso de armas, las cuales, según su testimonio, se han incrementado en horarios que coinciden con el dictado de clases en el colegio Sábato. Orbea describió cómo esta situación afecta a los residentes, mencionando el caso de una docente que vive frente al predio, cuya hija pequeña sufre por el estruendo de los disparos, así como el impacto en las mascotas del barrio.

“Pasó este acontecimiento. No salimos a patotear como barras bravas, con palos o con cadenas. Salimos para hablar. Lamentablemente la tensión es tan grande que se produjo un incidente. Un incidente de violencia, desde el punto de vista penal, muy menor. Ni siquiera creo que amerite una causa, pero si tenemos que estar encausados, lo vamos a asumir. Y digo que estuvimos muy mal y yo me hago cargo”, enfatizó.

Orbea también cuestionó el rol de las autoridades municipales. Según relató, en octubre enviaron una nota a la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, solicitando una entrevista para tratar la problemática de los ruidos molestos, pero aseguró que nunca recibieron una respuesta. 

“Le pedimos al gobierno que haga algo que proteja a los ciudadanos, porque acá la protección pareciera que fuera para este lugar que genera el problema. Está todo invertido”, señaló.

El vecino subrayó que la intención del grupo no es la clausura arbitraria, sino una solución definitiva a las molestias. “Vamos a ir por la justicia. Acá esto lo tiene que resolver el Estado. Los tres poderes del Estado. Alguno lo tiene que resolver. Esto es una cuestión entre vecinos que no puede seguir en un barrio como este, no puede seguir”, sostuvo Orbea, reafirmando que continuarán buscando vías legales para proteger su derecho al descanso y la tranquilidad en sus hogares.

El conflicto entre vecinos del barrio y el Tiro Federal es otro de los focos problemáticos vinculados a los ruidos molestos en la ciudad. Un caso emblema al respecto fue la de las canteras dentro de la poligonal, las cuales debieron cesar su actividad tras la sanción de la Ley de Paisaje Protegido.

Pero otros hechos recientes tomaron estado público en el mismo sentido, como el despliegue de motocicletas en la zona del Parque Independencia, La misma motivó un debate legislativo y la posterior aprobación de la ordenanza de ruidos molestos y escapes modificados.

Orbea hizo énfasis en ubicar el reclamo de los vecinos del Tiro como una problemática de salud pública. En referencia a la mencionada ordenanza que reguló la actividad de motociclistas, expresó que “acá tiene que tomar este tienen que terminar ruidos molestos. ¿Qué se hace a un pibe? Le sacan la moto y le hacen una contravención. ¿Pero acá qué le hacen a esta gente?”.

En ese sentido, relató situaciones que los vecinos debieron afrontar a raíz de la práctica de tiro, desde haber encontrado restos de municiones en sus viviendas, a sentir el temblor en ventanas. Pero también, situaciones de nerviosismo derivado de los ruidos constantes, complicaciones con la salud de las mascotas y alteración de los niños del barrio.

En los últimos días volvió a instalarse en el debate público una polémica de larga data, la queja de vecinos del Tiro Federal sobre los ruidos provocados por la práctica en el polígono. El Eco de Tandil dialogó con las autoridades de la institución, quienes manifestaron su mirada con respecto al reclamo, desmintieron que vainas o esquirlas puedan terminar en casas de la zona, aseguraron que cuentan con habilitación hasta el 2028, y adelantaron que se encuentran realizando gestiones para tomar posesión plena del predio y poder trasladarse. Además, destacaron al lugar como un ámbito de formación de deportistas de nivel nacional.

“Se están haciendo gestiones a nivel político, a ver si se consigue la documentación faltante. Para lograr reunir todos los requisitos y tomar la posesión definitiva", dijeron sobre los trámites para que el Estado Nacional les reconozca la titularidad del predio. "Entendemos a los vecinos, pero por nuestro lado esto nos quedó chico para desarrollar todas las disciplinas que nosotros queremos. La idea sería, en un mediano plazo, estar en una zona rural periférica de Tandil”, sumaron Luis Barzaghi, presidente, Horacio Ulloa, secretario y Javier Piva Flos, también parte de la comisión directiva y encargado de la Escuelita de Tiro.

Fundado en 1924, el Tiro Federal funciona actualmente como una asociación civil sin fines de lucro. Cuenta con casi 400 socios, y un promedio de 15 personas que concurren diariamente a practicar en el polígono. Se trata de una institución vinculada con otras de nivel local, y posee convenios con la Unicen, el Instituto de Educación Física, veteranos de Malvinas, y fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. También otorgan al idoneidad para la portación de armas, que actualmente certifica el Registro Nacional de Armas.

En el lugar funciona una Escuela de Tiro a la que concurren alrededor de 20 alumnos, entre menores y adolescentes –con autorización-, y adultos. “Esto es una escuela de formación de deportistas. Se da instrucción a la gente para que maneje un arma de forma segura y no tenga accidentes ni nada de eso. Tenemos un grupo de tiradores que se destaca a nivel nacional, y el Municipio nos invita a la terna de la Fiesta del Deporte”, señalaron.

Durante la charla con El Eco de Tandil, las autoridades del Tiro Federal se refirieron a los diferentes reclamos presentados por los vecinos de la zona. A su vez, hicieron mención al pedido de inspección que el Concejo Deliberante se dispone a aprobar, y al acuerdo con la Secretaría de Protección Ciudadana para realizar las prácticas de lunes a sábado de 9:30 a 13 y de 15:30 a 19.

“A esto lo maneja el Registro Nacional de Armas (Renar). Y el año pasado salió una disposición de ese organismo, que estableció que la habilitación de los tiros federales en el país no requiere de una habilitación municipal. Igualmente, no es una actividad que esté contemplada entre las cosas que el Municipio habilita. Hoy estamos habilitados hasta el 2028 por una inspección que se hizo en agosto del año pasado”, explicaron.

Aseguraron que dicha habilitación contempló “las condiciones de seguridad óptimas del Manual de Tiro”, y que las mismas son controladas con frecuencia semanal por el director de tiro del lugar.

“Queremos desmentir las denuncias de vecinos que encontraron esquirlas y vainas. Es imposible. Primero que las esquirlas corresponden a un explosivo, y nosotros no trabajamos con explosivo. En todo caso se refieren a un proyectil, pero es imposible que se fugue un proyectil porque el tiro está diseñado para que el proyectil no salga de acá", sostuvieron. Las áreas de tiro, mostraron, se encuentran por debajo del nivel de la calle, lo que restringe el posible escape de restos de proyectiles.

"También escuchamos que encontraban vainas. Las vainas son parte del cartucho que salen de las armas. Son eyectadas hacia un lateral, a no más de un metro y medio o dos. Es imposible que una vaina salte tantos metros, y hacia el otro costado. Físicamente es imposible”, indicaron.

Agregaron que la habilitación del Renar no tuvo en cuenta la cuestión sonora “porque las medidas óptimas de los polígonos no contemplan ruidos molestos”. A su vez, marcaron que años atrás –alrededor del 2008-, se realizó un estudio de ruidos molestos pero arrojaron resultados negativos: “Puede ser que a los vecinos les moleste el ruido. Eso es entendible. Ahora, que se sea ruido molesto legalmente, no encuadra”. Argumentaron que, de acuerdo a normas IRAM, el análisis mencionado no fue favorable para determinar que el sonido de los disparos pueda considerarse ruido molesto.

“Tenemos una comisión, y más de la mitad somos profesionales. No somos ningunos improvisados. Licenciados en seguridad ciudadana, instructores, abogados, escribanos, contadores. Nos manejamos a rajatabla con las reglamentaciones y todos los aspectos legales”, expresaron.

En el marco de la normalización de la institución, las autoridades del Tiro Federal de Tandil contemplan la posibilidad de un traslado, y gestionan políticamente en ese sentido.

“El predio es del Estado Nacional”, explicaron los referentes del Tiro, quienes detallaron que hubo tratativas para la cesión del lugar a la institución, pero que las mismas se truncaron a comienzos de los años ´80. “Eso quedó congelado y es lo que estamos tratando de recuperar ahora, para que pertenezca a la institución”, indicaron.

La posibilidad de contar con la posesión del predio –cuyo edificio principal forma parte de las propiedades patrimoniales del Municipio-, permitiría a la institución disponer del lugar para la venta que active el traslado.

“Más allá de la queja de los vecinos, que es entendible, nosotros somos conscientes que el casco urbano nos absorbió, nos envolvió. Y para las actividades que nosotros quisiéramos desarrollar, el lugar nos quedó chicos ya”, dijeron sobre el proyecto de una mudanza “a mediano plazo”.

“Es una disciplina olímpica”

Las autoridades de la institución remarcaron que en el lugar funciona también una Escuela de Tiro en la cual se forman más de 20 alumnos, entre menores, adolescentes y adultos. “Los sacamos un poco del mundo virtual. Funciona los jueves y domingo, porque eso no emite ruido. Es una disciplina olímpica. Es un deporte. No tiene contacto físico, te enseña autocontrol, superación, disciplina. Aporta formativamente”, sostuvo Javier Piva Flos, uno de los instructores.

El interés de civiles por la práctica de tiro, explicaron los integrantes de la comisión directiva, creció en el último tiempo. Además de la posibilidad de practicar el deporte, muchas de las personas que se acercan por primera vez al Tiro Federal lo hacen “por cuestiones de legítima defensa”, transmitieron.

“Nosotros estamos en línea y en frecuencia con los preceptos constitucionales de la defensa de vida, la libertad, la propiedad y capacitamos a las personas para eso”, precisaron.

Pese a que otorgan la aptitud para el manejo de armas e inician trámites para acceder a la portación legal, indicaron que desde septiembre pasado no tienen registro de solicitudes nuevas.

“Las puertas están abiertas para que vengan, miren, se interioricen”, invitaron los integrantes de la comisión directiva del Tiro Federal.

“El ruido es terrible, es un desastre vivir acá", dijeron vecinos y vecinas del Tiro Federal. Reunidos frente la institución de calle Lobería y Sandino, los frentistas dialogaron con El Eco de Tandil y contaron (otra vez), los motivos de su reiterado reclamo: ruidos molestos que afectan al descanso de todo el barrio, esquirlas halladas en sus propias viviendas y las preocupantes consecuencias que la contaminación sonora genera en la salud de niños, adultos mayores y mascotas de la zona.

Si bien hicieron reiteradas denuncias públicas, los vecinos marcaron que a la fecha no tuvieron mayores respuestas, y que incluso las jornadas de prácticas se incrementaron en el último tiempo. "Vienen durante la semana, miércoles, jueves, viernes e incluso los domingos. Nosotros trabajamos toda la semana, y no tenemos derecho al descanso", sentenciaron.

Además, señalaron que la intensidad de las detonaciones es tal que impacta directamente en la estructura de las viviendas linderas y en la cotidianeidad de los hogares. Los vecinos describieron escenas donde el estruendo interrumpe las comidas y el descanso mínimo. "El ruido es impresionante. Estamos comiendo y tiemblan las ventanas", relataron.

Cabe recordar, el reclamo vecinal es de larga data. Uno de los puntos de debate con la propia institución es la antigüedad de la misma, ya que el Tiro se encuentra en el lugar desde hace más de 100 años. Sin embargo, los frentistas plantearon que los tiempos cambiaron y en el presente rigen criterios diferentes para pensar la convivencia pública.

“Ellos dicen que están desde antes. Pero hay que entender un poco, en 2026 no podés tener un lugar a cielo abierto contaminando sonoramente”, sostuvieron, proyectando la necesidad de una solución definitiva a corto plazo. Entre otras iniciativas, los vecinos presentaron denuncias ante el Concejo Deliberante y el gobierno local.

A su vez, uno de los puntos más sensibles del reclamo fue la comparación con otras normativas locales sobre ruidos. Los habitantes del barrio cuestionaron la disparidad por parte del Municipio al momento de regular eventos sonoros. "Tenemos los mismos derechos que tiene todo Tandil. ¿O acaso no se paró el Tandil Brilla por el ruido? ¿O nosotros somos ciudadanos de segunda?", se preguntaron, haciendo alusión a la suspensión de los fuegos artificiales en los festejos locales para proteger a personas sensibles y animales.

Más allá de la contaminación acústica, desde el barrio dieron cuenta de su preocupación por la seguridad física. Los vecinos denunciaron haber encontrado restos de proyectiles en sus propiedades, lo que representa un riesgo de vida constante. Relataron episodios como el de un niño que halló una cabeza de bala mientras jugaba en una pileta, o el impacto de un proyectil en la ventana de una vivienda. La presencia de esquirlas es una constante que han intentado documentar ante las autoridades.

"Nosotros con el tema de balas específicamente hemos hecho un montón de denuncias. Se han juntado frascos enteros con esquirlas, y como toda respuesta, fíjate que levantaron unos esos tablones que hicimos con ellos. Eso fue una mediación porque se salían las balas. Y cuando tiran escuchás el ruido en las columnas de hierro", detallaron sobre las precarias medidas de seguridad que se han implementado tras procesos de mediación que resultaron insuficientes.

A este panorama sumaron su preocupación por el  abandono de la infraestructura externa del predio. Los vecinos señalaron que la falta de mantenimiento no solo afecta la estética del barrio, sino que produce accidentes concretos en la vía pública. "No tienen ni veredas y el otro día se cayó una señora", denunciaron, remarcando que la desidia de la institución impacta en el tránsito de los peatones que circulan por la zona.

En cuanto a las gestiones administrativas, los vecinos han recorrido diversas instancias sin obtener respuestas satisfactorias. Mencionaron reuniones en el Concejo Deliberante con la comisión de Seguridad y Derechos Humanos, y contactos directos con la concejal Domenighini y la concejal Condino. Incluso destacaron que el Colegio Sábato ha presentado denuncias formales por la situación. Sin embargo, las más de 60 firmas recolectadas y las presentaciones judiciales parecen perderse en la burocracia.

Finalmente, los habitantes del barrio hicieron hincapié en la falta de habilitación municipal adecuada para un establecimiento de estas características en una zona urbana. Según indicaron, el lugar contaría con autorizaciones de organismos nacionales, pero no con los permisos locales pertinentes que se le exigen a cualquier otro comercio o emprendimiento del barrio. "Este Tiro tiene 100 años. Acá hay gente que hace 50 años que está acá, aguantando esto. Y en los últimos meses se ha incrementado", concluyeron, reafirmando que la situación es insostenible: "El ruido es terrible. Es un desastre vivir acá".

 El diputado provincial Manuel Passaglia presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense que busca autorizar la compactación inmediata de motovehículos secuestrados por ruidos molestos. La iniciativa, basada en la experiencia en San Nicolás, fue recogida a nivel local por los referentes del espacio Hechos, quienes trabajan en una ordenanza similar para ser aplicada en el partido de Tandil.

En una entrevista brindada al programa Ultimo Bondi por la radio de El Eco, el diputado Manuel Passaglia detalló los alcances de una propuesta legislativa que generó un fuerte impacto en la opinión pública. La medida se centró en una problemática recurrente en las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires: la proliferación de motos con escapes modificados que alteran la tranquilidad de los vecinos durante la noche.

El legislador fue categórico al definir la política que busca implementar: "Moto que se secuestra con escape libre, moto que se compacta".

El proyecto nació del análisis de los controles policiales y municipales realizados durante los últimos años, donde se detectó que las multas tradicionales no resultaron efectivas para desalentar estas conductas. Según explicó el legislador, el objetivo es dotar a los municipios de una herramienta definitiva para combatir lo que calificó como un "flagelo" que afecta la salud de las personas con autismo, el bienestar de las mascotas y el derecho al descanso de los trabajadores.

Consenso legislativo para la ordenanza contra ruidos molestos

Durante su gestión como intendente de San Nicolás, Passaglia impulsó una ordenanza que permitió la compactación de los vehículos. El diputado recordó que, al inicio de los controles, los infractores se burlaban de las autoridades. "Al principio les hacíamos multas y nos decían que era para recaudar. Después se fue haciendo como una moda donde, mientras más ruido hace la moto, parece que son más machos", relató con preocupación.

Ante la ineficacia de las sanciones económicas, el municipio decidió avanzar primero sobre el secuestro y destrucción de los caños de escape. Sin embargo, al ser elementos de bajo costo y fácil adquisición, los usuarios volvían a colocarlos en pocos días. La solución definitiva llegó con la compactación total de la unidad, incluyendo el escape libre y el resto del vehículo. "Fue la única vez que hubo un quiebre y donde se empezó a solucionar el tema de los ruidos molestos", aseguró el legislador.

El proceso legal descrito por Passaglia se inicia con el operativo de control en la vía pública. Una vez que la moto es secuestrada, la causa pasa a disposición del juez de Faltas, quien tiene la potestad de ordenar la compactación. El diputado subrayó que no hubo reparos legales significativos en su distrito durante los seis años de aplicación, ya que la medida se fundamenta en el respeto hacia el resto de la comunidad.

La problemática de los decibeles excedidos no es ajena a nuestra ciudad. Durante el último fin de semana, se desarrollaron fuertes operativos policiales y de inspectores municipales para intentar mitigar esta situación en diferentes puntos del radio urbano. En este contexto, el legislador confirmó que los referentes locales de su espacio, Juan Manazzoni y el concejal Marcos Nicolini, se encuentran trabajando en la redacción de un proyecto de ordenanza para Tandil.

La intención es no esperar a que la Ley provincial avance en sus tiempos legislativos, sino dar una respuesta inmediata a través del Concejo Deliberante. Passaglia destacó la labor de los dirigentes tandilenses en la búsqueda de soluciones a "problemas reales" de los vecinos. Según el diputado, el video de presentación del proyecto alcanzó más de 15 millones de reproducciones, lo que reflejó la magnitud del descontento social frente a los ruidos molestos en todo el país.

Uno de los puntos más debatidos de la propuesta fue el destino de los vehículos. Ante la consulta de por qué no se optó por la subasta de las unidades para recaudar fondos públicos, Passaglia fue tajante al señalar que se buscó evitar que el mensaje se desvirtuara. "Si las vendés, se toma como algo recaudatorio. Nosotros no queremos sacarle la moto a nadie para ganar plata; queremos que los chicos usen la moto, se diviertan, pero sin joderle la vida al resto de los vecinos", argumentó.

Para el diputado provincial, el eje de la discusión debe ser el respeto. En sus conversaciones con jóvenes a los que se les compactó el vehículo, les manifestó que el límite es el derecho de los demás. "Es cuestión de prioridades: si querés elegir a la familia que labura o al que hace ruido y molesta", sentenció durante la entrevista radial.

El bloque de concejales de la Unión Cívica Radical, con el respaldo del resto de las bancadas que integran el Concejo Deliberante, elevó un proyecto de resolución que busca dar respuesta a una problemática de larga data en la ciudad: el impacto de la actividad del Tiro Federal de Tandil en su entorno urbano. La iniciativa solicita formalmente al Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que lleve adelante una evaluación integral del funcionamiento de la institución.

El pedido surgió a raíz de las constantes manifestaciones de preocupación por parte de vecinos y vecinas de la zona, quienes han denunciado ruidos de alta intensidad generados por las prácticas de tiro. Según se detalla en los considerandos del proyecto, estas emanaciones sonoras afectan de manera directa el descanso, la tranquilidad y la calidad de vida cotidiana de las familias que residen en las inmediaciones del predio.

“Solicitar al Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que lleve adelante una evaluación integral del funcionamiento del Tiro Federal de Tandil, a fin de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de habilitación, seguridad y condiciones de operación del polígono de tiro, especialmente en lo referido a las prácticas desarrolladas al aire libre, incluyendo el análisis del impacto sonoro que dicha actividad genera en la población circundante y la eventual adopción de medidas correctivas o de mitigación que correspondan”, formula el texto del proyecto.

La concejal Andrea Pezzi, integrante del bloque de la UCR y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Género y Seguridad, explicó los alcances de la propuesta y la necesidad de recurrir a estamentos nacionales. "Nuestro bloque de la UCR, con el acompañamiento del resto de los bloques, presentamos una resolución para que el organismo de nivel nacional venga a hacer una inspección del lugar, una evaluación del funcionamiento y las condiciones edilicias", señaló la legisladora local.

La normativa que rige la actividad de tiro con armas de fuego en el país es la Ley Nacional N° 20.429. Este marco legal establece que la Agencia Nacional de Materiales Controlados es la autoridad competente para ejercer el control sobre el uso, tenencia y disposición de armas, así como para garantizar que las entidades habilitadas mantengan condiciones adecuadas de seguridad y mantenimiento en sus polígonos.

En ese marco, el proyecto de resolución no solo se enfoca en los aspectos técnicos de la seguridad, sino que introduce el concepto de seguridad integral. Esto implica que la actividad no solo debe prevenir accidentes dentro del predio, sino también minimizar los impactos negativos sobre la población circundante. La exposición prolongada a ruidos de alta intensidad es considerada por los ediles como un problema que excede lo administrativo para transformarse en una cuestión de salud pública, debido a los efectos adversos que puede generar en la salud física y psíquica de las personas.

Bajo esta premisa, el texto legislativo invoca el principio preventivo y el principio precautorio, pilares de la legislación ambiental argentina. Estos principios obligan a las autoridades a adoptar medidas anticipatorias frente a posibles daños, incluso cuando no exista una certeza científica absoluta sobre las consecuencias a largo plazo de la contaminación sonora en contextos periurbanos.

"Tenés una cuestión repartida. La actividad en sí, y el reclamo de los vecinos. Entonces, para buscar un equilibrio, empezamos el camino a transitar para que el organismo venga y haga un control de lugar", sostuvo Andrea Pezzi, subrayando la búsqueda de un punto de encuentro entre el derecho de la institución a funcionar y el derecho de los ciudadanos al bienestar.

La evaluación solicitada a la Agencia Nacional de Materiales Controlados deberá verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de habilitación y condiciones de operación, con especial énfasis en las prácticas desarrolladas al aire libre. El objetivo final es que el organismo nacional determine si es necesario adoptar medidas correctivas o de mitigación sonora para reducir el impacto en el vecindario.

No obstante, el horizonte de una solución definitiva parece estar vinculado a la relocalización de la actividad, una posibilidad que ya se baraja entre las partes involucradas. Al respecto, la concejal Andrea Pezzi fue cauta pero optimista sobre el futuro del predio y la resolución del conflicto.

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense busca endurecer las sanciones contra las motos con escapes adulterados, una práctica cada vez más extendida, y muy presente en Tandil que genera ruidos molestos en zonas urbanas. La iniciativa plantea que los vehículos detectados produciendo los conocidos “cortes” puedan ser decomisados e incluso compactados.

El autor del proyecto, el diputado provincial Ismael Passaglia, sostuvo que las multas actuales resultan insuficientes para frenar estas conductas. “La realidad es que no funcionó. Hay conductas que son deliberadas, que buscan generar ruido y molestar. Frente a eso, el Estado tiene que dar una respuesta más firme”, afirmó.

La propuesta apunta a modificar el enfoque vigente: no solo sancionar, sino eliminar el problema de raíz. En ese sentido, establece que los escapes ilegales sean decomisados y destruidos, y que, en los casos más graves, la Justicia pueda ordenar la compactación del vehículo.

La problemática tiene fuerte presencia en distintos distritos bonaerenses, especialmente con motos de baja cilindrada. A esto se suman las caravanas nocturnas, en las que participan decenas o incluso cientos de jóvenes, generando un impacto directo en el descanso de los vecinos.

Passaglia remarcó que el tema no se limita a la convivencia urbana, sino que también involucra cuestiones de seguridad vial y contaminación ambiental. “Es una medida fuerte, sí. Pero también es proporcional al daño que se genera. Estamos defendiendo algo básico: el derecho de los vecinos a vivir tranquilos”, sostuvo.

El proyecto no solo prohíbe la circulación de vehículos con escapes antirreglamentarios, sino que también alcanza a toda la cadena vinculada: fabricación, venta, distribución e instalación de estos dispositivos en la provincia.

Además, prevé el secuestro preventivo de los vehículos, la destrucción inmediata de los escapes ilegales y la posibilidad de aplicar sanciones más severas según distintos criterios, como el nivel de ruido generado, la intencionalidad y el lugar de la infracción.

En particular, se contempla un agravamiento de las penas cuando estos hechos ocurran en zonas densamente pobladas, cercanías de escuelas, centros de salud o eventos públicos, donde el impacto social es mayor.

El músico local Juan Olano acaba de publicar nuevo material con La Cofradía Variopinta y lo primero que se escucha al darle play a la canción es aquel sonido que nadie en la ciudad parece querer oír, el de las motos acelerando a fondo con escapes tirando cortes.  Así, hundiendo el dedo en la llaga (otra vez), Olano lanzó “Motorizado”.

Parte de la banda sonora de los que fuimos adolescentes a principios de los 00', fue Bersuit Vergarabat. El grupo era súper popular pero tenía además un perfil contestatario a tono con el cambio de siglo y la crisis que terminó de explotar el 19 y 20 de diciembre de 2001. Pero en Tandil había también propuestas que cruzaban el rock y los ritmos latinoamericanos con impronta política, y una de ellas fue Autofagia.

Era una banda que buscaba movilizar, y lo lograba. En principio porque editaron un disco con un nombre inquietante, “Una gillette en el tobogán”. Para muchos pibes de entonces las plazas estaban dejando de ser lugares de juegos infantiles para ser un espacio de encuentros de otros tipos, y ese título capturaba ese espíritu de transformación. 

Pero también Autofagia tenía de particular que el cantante dedicaba temas a Bepo Ghezzi y agitaba al público a saltar en los conciertos, y después acompañaba al presidente Néstor Kirchner en el ingreso a un acto en el Club Independiente. ¿No era que los políticos eran todos un desastre? Más allá de lo musical, esa actitud generaba preguntas, ponía en crisis cierta comodidad del rock supuestamente anti sistema. Y lo hacía desde Tandil. El cantante de esa banda era Juan Olano.

Autofagia se disolvió en el 2006 y tuvo un retorno hace unos años, pero Olano siguió con la música por su cuenta. Formó La Cofradía Variopinta y editó el disco Polirrubro Tandil. Como el escritor Raúl Echegaray, parte principal del imaginario de Juan Olano es la propia ciudad, sus barrios y su gente.  En particular la de aquellos y aquellas que “llegaron tarde a cuando daban la suerte”. Por ejemplo, uno de sus temas se llama Carolina de Movediza.

En Motorizado, lo nuevo de La Cofradía Variopinta, el protagonista es Santi y podría llegar a ser uno de los hijos de la Carolina de la otra canción. El título juega con el nombre del líder de la banda “El mató a un policía motorizado”, pero también con el pibe de 18 años que falleció en un accidente de tránsito cuando iba en moto y tras escapar de un control, en septiembre pasado.

En tiempos de “ordenanzas de motos” y otra medidas que buscan desde el castigo hacer frente a que cientos de chicos de la ciudad encuentran casi como único espacio de pertenencia el largarse a fondo por las avenidas -sin casco-, Olano encuentra la situación no como la causa de un problema, sino como la consecuencia de una exclusión. “Santi va con su motito, porque lo echaron del carnaval”, dice al comienzo. 

En la misma línea, los cortes y ruidos de escape no son para el músico la expresión de una voluntad de daño, sino un llamado de atención. "Quiero hablar y que me escuchen. Si no me escuchan, voy a gritar. Voy a entrar ahí en tu siesta, ahí en tu casa, en tu propiedad", canta en Motorizado. Sancionar es una posibilidad, pero escuchar es otra. Sobre todo si no queremos, como en algunas concepciones de la autofagia, comernos a nosotros mismos.

MOTORIZADO  fue grabado durante el mes de noviembre y diciembre de 2025 en estudios VERDEMAR de Hernán Fuentes. Participaba Andrés Bossio en bajo, David Ferraggine en guitarra eléctrica, Hernán Fuentes en teclados, acústicas y producción musical, Juan Olano en voz principal y composición, Martin Palladino en batería, German Menacho en sicus y Tom Ranchero en voz rapeada. La canción cuenta con un videoclip producido por la joven artista ayacuchense Malena Olano.

En entrevista con El Eco de Tandil, la secretaria de Protección Ciudadana -Alejandra Marcieri-, brindó detalles de dos iniciativas municipales recientes vinculadas al control de los ruidos molestos generados en particular por motociclistas. La primera, la instalación de una dependencia policial -del Comando de Patrullas-, en la casona del Parque Independencia donde funcionó la Asociación de Hoteles. La segunda, los avances vinculados a la implementación de la llamada ordenanza de motos.

Marcieri marcó que la presencia del Comando en el Parque se lleva a cabo a los fines de “recuperar ese espacio”, y que se trata de una estrategia diferente a otras que se pusieron en práctica, como el cierre del paso en el lugar. Por otra parte, adelantó que en los operativos recientes tomaron capturas de imágenes y preparan elevaciones a la Justicia de Faltas para que determine posibles allanamientos.

“Tenemos capturas, tenemos videos, tenemos fotografías de motovehículos que huyeron de los controles”, señaló la secretaria, quien agregó que se “estaría en condiciones de empezar a elevar en el marco de la norma. De ahí en más será la Justicia de Faltas la que determine si con esas pruebas alcanzan para dictar un allanamiento o no”.

-Desde Protección Ciudadana solicitaron  que la casona del Parque donde funcionaba la Asociación de Hoteleros pasara a ser una nueva dependencia de la Policía…

-Sí. En el mes de septiembre el intendente le solicitó una reunión a la Asociación de Hoteleros y Cabañeros de la ciudad que tenía hace 27 años en comodato ese chalet que está abajo de la portada del Parque.

Fue con la intención de poder ofrecerlo al Ministerio de Seguridad para que se instale y se descentralice parte del Comando de Patrullas. El Comando es el que está funcionando actualmente en el en la zona del Paseo de los Españoles, que de hecho va a seguir funcionando parte ahí.

Tiene dos grupos. Uno motorizado, y otro de patrullas específicamente. La idea es que haya una descentralización en ese espacio para poder retomar el control de la vía pública en relación a la diagonal Illia, por todos los desmanes que venimos sufriendo cada vez que hay una noche linda o una tarde linda ya que es utilizada para realizar maniobras peligrosas, picadas en motos, ruidos molestos. En ocasiones hemos visto picadas de autos.

Es para recuperar un espacio emblemático. En gestiones policiales anteriores hubo estrategias que tenían que ver con cortar el ingreso al Parque. Nosotros consideramos que tenemos que acompañar al turismo y al sector gastronómico. Entonces dijimos que la solución no es impedir que el visitante llegue, sino que teníamos que promover acciones para desalentar (las concentraciones de motos y demás) y que la mejor acción era recuperar ese espacio. Y poner fuerzas de seguridad que desalentaran la presencia de ciudadanos con la intención de alterar el espacio público.

-¿Cómo va a funcionar ese espacio?

-El Comando de Patrullas es el que va a reacción, la fuerza que está para la reacción ante un evento, ante un llamado de emergencia. Y además tiene tareas de prevención, en cuanto a hacer patrullaje activo, tanto en ese lugar como en la zona del centro, en la zona del barrio Tunitas. Vamos a tener más presencia policial en la zona.

-La presencia policial ya existía en la zona…

-Sí, pero simplemente en operativos estáticos o dinámicos los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Acá estamos hablando de recuperar un espacio para para que esté fijo en el lugar.

-¿Las 24 horas?

-Sí, abierto 24 horas. Pero no es una comisaría y no se toman denuncias. Obviamente es un espacio que se puede atender cualquier inquietud de la comunidad. Como cualquier espacio de la fuerza de seguridad tiene que estar a disposición del vecino. Pero no es un lugar para tomar denuncias, no es una comisaría.

 -En sintonía con lo del Comando de Patrullas en la casona del Parque, hace días se sancionaron las modificaciones de la “ordenanza de motos”. ¿Cómo viene la implementación de esa normativa?

-La ordenanza está en plena vigencia con las modificaciones que los jueces de falta de nuestra ciudad. Ellos entendían que había algunas cuestiones que mejorar en la norma para poder tener la posibilidad de llegar al allanamiento, secuestro y decomiso en el caso de que nosotros presentáramos o la policía o tránsito presente algún expediente solicitando que se aplique la norma.

De hecho, este fin de semana con todo el procedimiento que tuvimos y la semana anterior, estuvimos haciendo a diario la toma de las imágenes y demás, y ya estamos en condiciones de procesar algunas imágenes y mandar en el marco de la de la ordenanza.

Más allá de todos los procedimientos y operativos, en los que se vio a las fuerzas policiales en conjunto con Tránsito, el sistema de videovigilancia y monitoreo fue captando y extrayendo imágenes que nos van a permitir dar los primeros pasos en la aplicabilidad de la ordenanza.

-¿Cómo sería específicamente?

-Tenemos capturas, tenemos videos, tenemos fotografías de motovehículos que huyeron de los controles. Tenemos que elevar aquellos casos donde se pueda comprobar que huyeron de los controles y que en esa huida provocaron algún tipo de riesgo para inspectores o para terceros. Eso lo tenemos documentado.

Así que estaría en condiciones de empezar a elevar en el marco de la norma. De ahí en más será la Justicia de Faltas la que determine si con esas pruebas alcanzan para dictar un allanamiento o no.

-Se allana y decomisa solo el vehículo identificado, ¿Es así?

-Obviamente vas por la moto, pero si cuando entrás, encontrás por ejemplo plantas de marihuana, la policía tiene la obligación de documentar eso y tramitar en paralelo una causa penal.

De la misma manera que si encuentra en el lugar otras motos o vehículos, los puede identificar y si alguno de ellos tiene la nominación limada o tiene pedido de secuestro en el marco de alguna causa, automáticamente puede iniciar tareas que tienen que ver con la justicia penal.

Una convocatoria que circuló con fuerza en redes sociales y en ciudades vecinas bajo la consigna “vamos que Tandil explota” encendió las alertas en el Municipio y derivó en uno de los operativos de seguridad más importantes desplegados en la ciudad en el último tiempo. 

Fue, también, la oportunidad para aplicar por primera vez y de manera masiva, las modificaciones en la denominada "Ordenanza de las motos" aprobada días atrás de forma unánime por el Concejo Deliberante.

Durante el fin de semana, y de manera sostenida entre el viernes y el domingo, la Secretaría de Protección Ciudadana local coordinó un dispositivo especial junto a fuerzas provinciales para contener la llegada de motovehículos y cuatriciclos que, según advertían los mensajes difundidos en redes sociales, planeaban realizar maniobras peligrosas y generar desorden en la vía pública.

El resultado del operativo fue contundente: más de cien motos secuestradas, diez personas detenidas y más de 250 actuaciones vinculadas a infracciones de tránsito y contravenciones.

Además, se iniciaron causas penales en aquellos casos en los que los rodados presentaban pedidos de secuestro o captura, mientras que otras 24 infracciones deberán ser ahora evaluadas por el Juzgado de Faltas Municipal.

La secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, detalló los alcances del operativo en una entrevista en “Tandil Despierta”, por ECO TV y la 104.1 FM, donde explicó que el tenor de la convocatoria obligó a una respuesta diferente a la aplicada en otros eventos similares.

“Lo que nos preocupaba era el explote y las motos que vienen de afuera”, señaló la funcionaria, en referencia a la posible llegada de grupos organizados desde otras localidades; algunas vecinas, otras más alejadas.

Marcieri recordó que durante el transcurso del año la ciudad ya enfrentó situaciones complejas, como el aniversario del grupo de moteros “Moto Sierras”, que reunió a más de 300 vehículos, o los controles implementados durante la Fiesta del Queso. En esos casos –destacó-, los operativos fueron “discretos pero efectivos”. Y todo esto, sin contar los diversos desmanes sufridos –y denunciados- por la comunidad durante los restantes fines de semana.

Sin embargo, el tono de la convocatoria reciente, que hacía referencia explícita al descontrol, elevó el nivel de preocupación.

Durante las dos semanas previas al fin de semana, el Municipio trabajó en una mesa conjunta con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para diseñar un “gran dispositivo” que incluyó más de 80 efectivos policiales, alrededor de 20 inspectores de tránsito municipales y la participación del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

El despliegue contempló operativos cerrojo en los accesos a la ciudad y en los peajes, controles en rutas y en distintos sectores del ejido urbano, además de operativos dinámicos coordinados desde el Centro de Monitoreo. También hubo comunicación permanente con municipios vecinos para detectar los flujos de ingreso de motovehículos hacia Tandil.

Desde el Municipio informaron que para la implementación del operativo se realizó una inversión cercana a los 10 millones de pesos, financiada con fondos municipales. 

De ese total, $3.100.000 correspondieron a horas adicionales y apoyo a fuerzas de seguridad; $4.800.000 se destinaron a combustible para móviles de las fuerzas policiales, Control Urbano Vehicular y Centinela en Territorio; y $1.725.000 a horas extras de personal municipal.

En ese cálculo no se incluyeron los recursos aportados por el Ministerio de Seguridad bonaerense.

Participación a través de Centinela

Uno de los pilares del operativo fue la participación ciudadana a través de la aplicación Centinela.

Según explicó Marcieri, la herramienta cuenta actualmente con más de 9.000 usuarios activos y se consolidó como una fuente clave de información durante el fin de semana.

“Son ojos nuestros en la ciudad que colaboran todos los días, no solamente en este evento, sino desalentando otros delitos”, sostuvo la funcionaria en El Eco Multimedios.

Las alertas enviadas por vecinos permitieron un monitoreo constante y una respuesta rápida ante situaciones de riesgo. “Este trabajo mancomunado entre las fuerzas de seguridad y la comunidad nos permite anticipar hechos, ordenar la circulación y desalentar conductas que afectan la convivencia y la seguridad vial”, indicaron desde la Secretaría de Protección Ciudadana.

En el plano judicial, Marcieri anticipó un trabajo intenso tanto para la Justicia de Faltas como para la Justicia Penal. “Nosotros empezaremos a procesar las infracciones y todo lo recabado por monitoreo, y también elevaremos a la Justicia Penal aquellas cuestiones que consideramos de índole grave”, afirmó.

Entre los hechos más serios registrados durante el fin de semana, la funcionaria mencionó un cuatriciclo que intentó atropellar a inspectores municipales y efectivos policiales en la esquina de Vicente López y Avenida del Valle, y un automóvil con pedido de secuestro que, tras una persecución, fue interceptado en la intersección de Córdoba y Trabajadores Municipales.

“Los tenemos identificados, ahora vamos a iniciar las acciones legales. Son hechos que -entiendo yo- son graves y requieren una mirada especial de parte de la Justicia”, remarcó.

El rol de la nueva Ordenanza

En este contexto, Marcieri se refirió a la Ordenanza de control urbano vehicular recientemente aprobada por el Concejo Deliberante, impulsada por el Ejecutivo municipal, aunque con modificaciones respecto del proyecto original presentado por su área.

“La Ordenanza salió, pero no como nosotros la presentamos. Tuvo modificaciones que harán más dificultoso probar el hecho para llegar al allanamiento”, explicó la funcionaria.

Según la secretaria, la principal preocupación está vinculada a un artículo que condiciona la aplicación de la norma a la constatación de que la huida de un control haya puesto en riesgo la vida de terceros. 

“Nosotros creíamos que el mero hecho de huir del control y seguir haciendo maniobras peligrosas ya ponía en riesgo la vida, aunque no sea en ese lugar puntual”, argumentó.

La secretaria advirtió que la redacción actual obliga al Municipio a reunir pruebas más complejas, como testigos o elementos de posicionamiento, para demostrar no solo la evasión del control sino también el riesgo generado.

También sostuvo que el ruido molesto, por sí mismo, afecta la salubridad y la seguridad de la población, una mirada que -consideró- no quedó plenamente reflejada en la norma.

Pese a las críticas, Marcieri reconoció que la Ordenanza fue aprobada por unanimidad, incluido el bloque oficialista, y sostuvo que “antes de no tener nada, siempre una herramienta es buena”.

En ese sentido, aseguró que el Municipio trabajará con la normativa vigente y confió en que los jueces de Faltas evaluarán las pruebas con una comprensión integral de la problemática.

Robo de motos, el delito más frecuente

Durante la entrevista, la secretaria también abordó la situación delictiva en la ciudad y, en particular, el robo de motos, que continúa siendo el delito más frecuente en Tandil.

No obstante, destacó un descenso significativo en los últimos meses. “Estábamos teniendo entre 35 y 40 robos de motos mensuales. Este mes se bajó al 50% de eso”, precisó.

Marcieri atribuyó la mejora a un mayor trabajo policial en la calle, a un cambio en la cúpula de la fuerza y a una mejor coordinación entre los distintos estamentos. “No solo bajó la incidencia, sino que se están esclareciendo rápidamente los hechos”, señaló.

En ese esquema, volvió a destacar el rol de la aplicación Centinela, que pasó de tener unos 3.000 usuarios el año pasado a acercarse actualmente a los 10.000.

“Estamos creando una comunidad. Tener esta aplicación nos lleva a ser una comunidad más segura y a estar atentos como vecinos al bien común”, afirmó.

A diario –añadió-, la plataforma recibe alertas por motos circulando de manera sospechosa, personas merodeando o intentos de apertura de vehículos, lo que permite desalentar una gran cantidad de delitos gracias a la participación comunitaria y la articulación con el sistema multiagencia.

En El Eco Multimedios, Alejandra Marcieri hizo referencia a los recursos disponibles en materia de prevención y combate al delito y a las necesidades que están pendientes.

En ese marco reconoció que, pese a las mejoras, la ciudad aún presenta niveles bajos de patrullaje y que se continúa gestionando la incorporación de nuevo personal policial fijo. En ese sentido, confió en la llegada de agentes egresados, reclutados en Tandil, tal como lo anticipó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

En cuanto a la flota vehicular, anunció que próximamente se entregarán cuatro móviles (tres automóviles y una camioneta) y que, en los días siguientes, se sumarán cinco camionetas más.

Si bien, según comunicó, todos los vehículos cuentan con VTV, lamentó que durante el fin de semana dos móviles resultaran dañados en choques durante los operativos, lo que refleja —señaló— la complejidad y el riesgo que implican este tipo de controles.

Desde el Municipio indicaron que operativos de estas características volverán a realizarse cuando la situación lo requiera, con el objetivo de preservar el orden público, la seguridad vial y la convivencia ciudadana.

El Municipio de Tandil informó que, frente a la convocatoria que circula en redes sociales para la realización de un encuentro regional vinculado a motos que suelen realizar maniobras riesgosas en la ciudad, la Secretaría de Protección Ciudadana junto al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires activaron un esquema especial de prevención y coordinación con municipios de la región.

En los últimos días, el Municipio realizó gestiones formales ante las autoridades provinciales para solicitar el acompañamiento de distintas superintendencias y fuerzas especializadas, lo que permitió conformar un amplio dispositivo con unidades móviles, grupos tácticos, cuerpos motorizados, personal vial y rural, y operativos estáticos en rutas y accesos estratégicos.

Como parte del trabajo articulado, también se coordinaron operativos con municipios de la zona para evitar la salida hacia la ruta de motos que no cumplan con los requisitos obligatorios para circular. Paralelamente, en los ingresos a Tandil se reforzarán los controles a fin de prevenir ingresos irregulares y desalentar toda acción que pueda poner en riesgo la seguridad vial y la convivencia ciudadana.

Desde la Secretaría señalaron que se mantendrá un monitoreo permanente y que el dispositivo está orientado a anticipar cualquier escenario vinculado con concentraciones no autorizadas o maniobras riesgosas, protegiendo a los vecinos y ordenando la circulación tanto dentro como fuera del ejido urbano.

El Municipio recordó que estos encuentros sin autorización generan riesgos para quienes participan y para el resto de la comunidad, y subrayó la importancia del trabajo preventivo y coordinado para preservar la seguridad de todos.

En una sesión especial -y express, ya que duró apenas minutos- el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la modificación de dos artículos de la llamada “Ordenanza de motos”, normativa que prevé controlar ruidos y otras molestias ocasionadas por motociclistas.

El Concejo modificó los artículos 6 y 14 de la legislación a pedido de los jueces de Faltas ya que tales incisos refieren al accionar de los magistrados. En concreto, se eliminó el párrafo que marcaba que tras una orden de allanamiento, “el Juez/a de Faltas deberá someter la misma a control judicial competente”. Es decir, se sometía lo dispuesto por Faltas a la observación de la justicia ordinaria.

Los jueces habían solicitado el cambio “con el fin de mejorar la operatividad y adecuar su aplicación práctica”, en el marco de un encuentro con los integrantes de la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante. El concejal Manazzoni fue quien propuso la sesión especial para el tratamiento exclusivo de la modificación.

Tal como informó El Eco de Tandil, la mayor parte de los integrantes de la mencionada comisión, junto al presidente del cuerpo Juan Pablo Frolik, entendieron que la modificación evitará la reglamentación y la demora para otorgar la herramienta que reclamaba con vehemencia la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri.

La “ordenanza de las motos” faculta a los jueces de Faltas a “disponer medidas  de allanamiento con ocupantes en caso de evasión y/o fuga de los controles de tránsito o de la advertencia de la falta por parte del conductor”.  Además del cambio en el artículo 6, el Concejo Deliberante modificó el artículo 14, que refiere a la documentación requerida al titular para la recuperación del vehículo secuestrado.

De la sesión especial participaron los concejales Nicolás Carrillo, Severiano Mon, Noelia Domenighini, Federico Martínez –de Fuerza Patria-, Natalia Chacón –del MID-, Juan Manazzoni .del PRO-, Juan Salceda, María Haydeé Condino, Guillermina Cadona, Mario Civalleri, Matías Tringler, Andrea Pezzi –de UCR-, Luján Fiego –de Acción Tandilense/La Libertad Avanza-, y Rosana Florit y Matías Meli de Alternativa Tandil.

En diálogo con El Eco, Domenighini –parte de la Comisión de Seguridad-, marcó sus observaciones con respecto a la modalidad de la modificación votada, pero señaló también que más allá de disidencias, “uno tiene que poner como foco al ciudadano. Y hoy el ciudadano está con la necesidad de que este tema se resuelva, aspira que esta ordenanza va a ser una solución, y en ese sentido me parece que tenemos que corrernos del tecnicismo muy puntual, o de la interpretación de la norma, o de lo que opina cada uno para dar pie a la garantía de seguridad de los ciudadanos”.

La concejal sostuvo además que “había un apuro de parte del Ejecutivo por sacar la ordenanza. Y no está bueno cuando las cosas se hacen a las apuradas. Es una ordenanza y lleva su tiempo. Por más que hayan pasado cuatro meses, si tiene que llevar seis meses ¿Qué vas a hacer?”.

Señaló que si bien desde su bloque habían solicitado que la ordenanza no requiera de reglamentación sino que “directamente pudiera ser operativa”, agregó que “parece que el Ejecutivo la quería reglamentar, así que esperemos a qué pasa con esa sanción”.

Con respecto a la modificación indicó que “la aclaración se hizo porque el control de legalidad no era para que los jueces debieran pedir un permiso para realizar el allanamiento, sino que ellos el allanamiento lo tenían que disponer y por eso decía ‘a posteriori de disponer el allanamiento’. Y posteriormente a eso se solicitaba como una especie de control de legalidad de la justicia ordinaria para ver que hubiera sido dictado por los jueces de Falta de manera competente, de acuerdo a como lo decía la ordenanza que debía ser el procedimiento. Tanto para cubrirlos a ellos, por un lado, porque estaba tan discutido el tema del allanamiento y la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma, y también a los ciudadanos sobre los cuales recaía ese allanamiento. Ese era el objetivo puntual”.

En la misma línea explicó que “ellos interpretaban que en realidad ese control de legalidad debía ser anterior a hacer el allanamiento, como que le tenían que pedir un permiso. Ese no fue el espíritu de la ordenanza, o de ese artículo, puntualmente. No obstante eso, como directamente ya nos anticipaban que no la iban a aplicar tal como estaba redactada, más allá de las diferencias uno tiene que poner el foco en el ciudadano.”

Ayer por la mañana, tras recibir a los jueces de Faltas, integrantes de la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante resolvieron modificar la ordenanza de motos que fue sancionada hace un mes. Mañana, en sesión especial convocada para las 9.30, tratarán dos cambios en el articulado, con el objetivo de acelerar los tiempos y que la normativa se pueda aplicar de manera inmediata, sin necesidad de una reglamentación por parte del Departamento Ejecutivo.

“Los jueces de Faltas pidieron que la ordenanza no tenga la redacción que obliga a que los pedidos de allanamiento sean visados por la Justicia ordinaria”, informó el concejal del PRO Juan Manazzoni, tras un encuentro celebrado ayer con los dos magistrados que deberán llevar adelante los eventuales procedimientos.

La Comisión de Seguridad recibió, ayer a las 9, a los jueces municipales, quienes consideraron que no es necesaria una reglamentación de la ordenanza, en contraposición a lo que había anticipado el subsecretario de Protección Ciudadana, Juan Ibáñez.

Sin embargo, solicitaron que se modifique el artículo 6, reformulando o quitando el párrafo que establece: “A posteriori de disponer la orden de allanamiento, y en lo inmediato, el Juez/a de Faltas deberá someter la misma a control judicial competente”.

El argumento de los magistrados fue que esa disposición conspirará contra la celeridad de los procedimientos, lo que volverá compleja la implementación de los allanamientos que puedan ordenar en defensa de la salud pública ante casos de motociclistas que provoquen ruidos molestos y que evadan operativos de control.

“Vinieron los jueces de Faltas y dijeron que ellos con el artículo 6 no pueden ser efectivos, que necesitan se reforme o se quite, y que la ordenanza no necesita reglamentación, está perfecta para arrancar a trabajar”, ratificó la concejal del MID, Natalia Chacón, y agregó que “se acordó votarla este viernes para que se aplique con la celeridad que amerita la situación de los ruidos”.

La mayoría de los integrantes de la comisión, junto al presidente del cuerpo Juan Pablo Frolik, entendieron que la modificación evitará la reglamentación y la demora para otorgar la herramienta que reclamaba con vehemencia la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri.

“Propuse que convocáramos a una sesión especial el viernes por la mañana, antes de la sesión preparatoria que va a ser a las 9.30, donde solo tratemos la modificación”, anticipó Manazzoni.

Tras recibir la demanda de los magistrados, los integrantes de la comisión continuaron la discusión que versó sobre avanzar con los cambios para evitar “excusas” del Ejecutivo y que comience a hacer uso de la herramienta.

El encuentro lo llevó adelante el presidente de la Comisión de Seguridad, Nicolás Carrillo, que había convocado a los magistrados a partir de una demanda formal que efectuaron al cuerpo tras la sanción de la normativa.

En ese marco, los concejales Carrillo, Manazzoni y Luján Fiego (Acción Tandilense-LLA) acordaron con sus pares del oficialismo y con el presidente del cuerpo, Juan Pablo Frolik, para llevar adelante la sesión especial mañana y poner un cierre definitivo al asunto que comenzó a debatirse en junio.

En segundo lugar, en el encuentro legislativo se modificará un término del artículo 14 de la ordenanza, referido a los requisitos para recuperar el vehículo secuestrado en el marco de los allanamientos que pudiera ordenar la Justicia de Faltas.

En concreto, se trata del inciso b que establece que “a los efectos de la entrega al titular de dominio, poseedor y/o tenedor del vehículo secuestrado, si lo hubiere, se deberán cumplimentar los siguientes requisitos” y enumera “acreditar titularidad de dominio, posesión y/o tenencia del vehículo, con título del automotor y/o boleto de compraventa con fecha cierta, que acredite tal condición y la póliza de seguro vigente sobre dicho rodado”.

En ese caso, se reemplazará título automotor o boleto de compraventa por Formulario 08, que es el trámite que acredita transferencia entre las partes ante la compraventa de un vehículo.

El Municipio y Policía desplegaron un operativo de prevención y control luego de la convocatoria a una caravana de motos al cumplirse el segundo mes del fallecimiento de Santiago López, el chico de 18 años que murió en un accidente en septiembre pasado. Fue durante la noche del lunes 17 y la madrugada del martes 18 de noviembre en diversos puntos de la ciudad. ““La convocatoria se disuadió", expresó Walter Villarruel, director de Control Urbano Vehicular.

En concreto intervinieron 14 agentes de Tránsito de la comuna, quienes junto a personal de las comisarías 1era, 2da, 3era, 4ta, Comando, Unidad de Prevención Local, Caballería, Infantería, GAD y comunales limítrofes coordinadas por la Departamental, labraron 69 infracciones y secuestraron 15 motovehículos.

Las infracciones fueron en particular por falta de licencia, cédula y seguro, pero también por circular sin chapa patente, sin casco, o sin espejos. De las 15 motos retenidas, cuatro dieron positivo en el control de altos decibeles, y en las restantes los conductores “no pudieron prenderla o no quisieron arrancarla, pero tenían modificado el escape”, indicó Villarruel. 

“La mayoría son motos que vemos en diferentes lugares o que se escapan de algún control. Esta vez, con la disposición del personal policial, se pudieron retener y hacerle el control correspondiente y aquellos que tuvieron los decibeles hacerles el control de sonido”, sumó el funcionario.

Villarruel precisó que el operativo se desarrolló en diferentes puntos de la ciudad, desde la zona del Parque Independencia –tradicional epicentro de las convocatorias de motociclistas-, pero también en la plaza del Barrio Palermo, y la esquina de 14 de Julio y 25 de Mayo, donde se produjo el accidente en el que falleció Santiago López.

Cabe recordar, Santiago López tenía 18 años cuando en septiembre pasado falleció en un accidente registrado en la mencionada esquina. El deceso se produjo luego de que un grupo de motociclistas se dispersara ante la llegada de efectivos policiales a la zona del Parque Independencia. López fue uno de los que emprendió la fuga, y en el marco de la misma impactó contra una camioneta Renault Kangoo que circulaba por 14 de Julio. El chico de 18 años falleció producto del choque, mientras que su acompañante –de 15 años-, debió ser trasladado al Hospital.

Grupos de motociclistas locales son los que –a través de las redes sociales-, convocan a las diferentes caravanas que se llevan a cabo regularmente en Tandil. Alertados por el llamado a una nueva concentración, que por tratarse de un aniversario de la muerte de López se preveía masiva, las autoridades municipales y policiales de la ciudad llevaron a cabo el operativo.

“La convocatoria se disuadió. Si bien había algunos chicos y se veía que estaban esperando la llegada de las motos”, sostuvo Villarruel, quien sumó que “uno apela a que tal vez, ya que el Municipio había hecho un comunicado para desalentarlo, ojalá que más allá de la presencia del control y de la policía o de Tránsito, hayan entendido que estas cosas no se hacen y que además no solo perjudican a los demás, sino también ponen en riesgo su propia vida con las maniobras y, por supuesto, la molestia que ocasionan con el ruido”.

El funcionario indicó que las 15 motos retenidas se sumaron a las casi 50 que secuestraron en la primera quincena de noviembre. “Algunas, por supuesto, son muchas más las que se retienen, algunas vuelven a hacer con su dueño, una vez que regularizan la situación del juzgado familiar, pero hay una cantidad más que importante y se siguen acumulando. Es decir, nosotros vamos trabajando, vamos tratando de controlar. Lamentablemente, muchos de aquellos que hacen el disturbio, muchas veces evaden. Y tratamos de no poner en riesgo ni la vida del que evade, porque sabemos cuáles son las consecuencias, y tampoco exponernos nosotros”, concluyó.