A partir del 1 de enero de 2027, las estaciones de peaje en todo el país dejarán de aceptar pagos en efectivo y pasarán a operar únicamente con sistemas automáticos. El cambio, dispuesto por el decreto 733/2025, establece que todas las rutas nacionales concesionadas deberán contar con vías automatizadas o con el sistema free flow, el cual elimina las cabinas y barreras físicas para permitir el tránsito fluido.

El proceso de adaptación ya se encuentra en marcha y la fecha límite para completar la transformación es el 31 de diciembre de 2026. Durante los últimos meses, diversas estaciones incorporaron dispositivos para abonar mediante tarjeta de débito, crédito o código QR a través de NFC en teléfonos celulares, consolidando al TelePASE como el método principal de pago.

El sistema prevé dos modalidades: las vías canalizadas con barrera pero sin cabina, y las vías free flow, que carecen de barreras y cabinas, utilizando pórticos de cobro que permiten circular sin frenar. En este escenario, ya no habrá personal cobrando en las cabinas. Los sensores y cámaras instalados en los pórticos leerán la patente y detectarán el TelePASE, procesando el pago de manera automática.

Desde Vialidad remarcaron que la red TelePASE debe cubrir la totalidad de las concesionarias, ya sean públicas o privadas. En las zonas donde el sistema aún no está completamente implementado, algunas concesionarias mantienen el cobro manual de forma excepcional o liberan el paso. No obstante, en los peajes free flow, la circulación solo está permitida si el vehículo cuenta con el dispositivo. En caso contrario, las cámaras registrarán la infracción y la multa podría alcanzar los 150.000 pesos.

La adhesión al sistema se realiza de manera digital a través de la página oficial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o mediante aplicaciones de pago electrónico. Aunque algunas autopistas concesionadas por las provincias pueden presentar diferencias en la implementación, el objetivo central es que para fines de 2026 todas las estaciones operen bajo el sistema automático.

El Gobierno nacional anunció que se completaron trabajos de puesta en valor sobre aproximadamente 99 kilómetros de la Ruta Nacional 226 y otros 78 kilómetros de la Ruta 205, y presentó los resultados como una muestra del funcionamiento del sistema de concesiones viales con inversión privada.

El comunicado de Vialidad Nacional, publicado el 30 de octubre, sostuvo que las tareas se ejecutaron con financiamiento privado y que permitieron completar en pocos meses trabajos que estaban previstos para el primer año del contrato. Sin embargo, detrás del anuncio aparece una distinción importante: intervenir en 99 kilómetros de una ruta no significa necesariamente haber reparado integralmente esos 99 kilómetros.

La información oficial enumeró tareas de bacheo, repavimentación, señalización y desmalezado, entre otras, pero no discriminó cuántos kilómetros correspondieron a cada tipo de trabajo ni qué proporción de la calzada recibió una reparación de mayor profundidad.

Según Vialidad Nacional, las tareas fueron ejecutadas por la empresa Corresur en la sección Estación Hinojo, correspondiente al subtramo Atlántico de la Ruta Nacional 226. La intervención abarcó aproximadamente 99 kilómetros, desde el puente sobre el arroyo La Pastora hasta el empalme con la ex Ruta Provincial 60.

En paralelo, el organismo informó que se completaron trabajos sobre otros 78 kilómetros de la Ruta Nacional 205, entre la Ruta Provincial 6, en Cañuelas, y el empalme con la Ruta Provincial 30. En conjunto, ambas intervenciones sumaron más de 175 kilómetros.

El anuncio se apoyó en la Resolución 1330/2026, que aprobó el Acta de Finalización de las Obras Iniciales de Puesta en Valor. De acuerdo con el comunicado, el detalle de las tareas fue presentado por la empresa concesionaria y certificado mediante inspecciones técnicas de Vialidad Nacional.

Sin embargo, el organismo no publicó una discriminación que permita conocer qué trabajos se realizaron en cada sector de la Ruta 226, qué extensión recibió bacheo, cuántos kilómetros fueron repavimentados o en qué puntos se ejecutaron tareas de mantenimiento.

La diferencia entre los términos no es menor. Una intervención puede comprender trabajos de distinta magnitud, desde el arreglo de deterioros puntuales hasta la renovación de sectores de la calzada. Por eso, la extensión de un tramo alcanzado por tareas no permite establecer, por sí sola, el grado de recuperación de la infraestructura.

El bacheo permite reparar daños localizados. El sellado de fisuras busca evitar que determinados deterioros se profundicen. La repavimentación, en tanto, supone trabajos sobre la superficie del pavimento, aunque su alcance y profundidad pueden variar. La señalización y el desmalezado mejoran las condiciones de circulación y visibilidad, pero no constituyen una reparación de la calzada.

Por esa razón, el dato de los 99 kilómetros intervenidos no permite concluir que toda esa extensión haya sido repavimentada ni que se haya reconstruido integralmente el pavimento.

Para dimensionar el resultado concreto de las obras sería necesario conocer el detalle de las tareas por sector, la cantidad de kilómetros alcanzados por cada una y las condiciones en que quedó la ruta una vez finalizados los trabajos iniciales. Esa información no fue desagregada en el anuncio oficial.

El otro aspecto central del comunicado fue el énfasis puesto en el financiamiento privado. El Gobierno presentó las intervenciones como un resultado del sistema de concesiones viales y destacó que las tareas se completaron en pocos meses, antes del plazo de un año contemplado originalmente.

La comunicación se inscribió en el discurso de la administración de Javier Milei sobre la reorganización de la infraestructura vial nacional, con un modelo que busca trasladar al sector privado el financiamiento de las inversiones, la operación y el mantenimiento de las rutas concesionadas.

La Red Federal de Concesiones contempla que las empresas asuman esas responsabilidades durante el período contractual, dentro de un esquema que incluye la explotación de los corredores y el cobro de peajes. En ese marco, la inversión privada no equivale a una donación ni a una obra realizada sin contraprestación: forma parte de un contrato que establece obligaciones para la concesionaria y derechos vinculados con la explotación del servicio.

Por eso, además de destacar quién financia los trabajos, resulta relevante conocer qué obras se ejecutaron efectivamente, cuáles eran las obligaciones asumidas por la empresa y qué condiciones de transitabilidad deben garantizarse en el corredor.

Vialidad Nacional aseguró que certificó los trabajos mediante inspecciones técnicas y que se completaron las tareas iniciales previstas para esta etapa. No obstante, el comunicado no incluyó información detallada que permita evaluar la magnitud de las reparaciones realizadas sobre la Ruta 226.

La diferencia es importante para interpretar el anuncio: una cosa es establecer que se trabajó sobre un tramo de 99 kilómetros y otra, determinar qué extensión fue repavimentada, qué sectores recibieron reparaciones puntuales y cuál fue el resultado sobre el estado general de la calzada.

El Gobierno puso el acento en la inversión privada y en el cumplimiento anticipado de las tareas. Para evaluar el alcance concreto de esa intervención, en cambio, resulta necesario contar con información más precisa sobre los trabajos realizados y las condiciones en que quedó cada sector de la ruta.

Las estaciones de peaje de Hinojo, sobre la Ruta Nacional 226, y Uribelarrea, en la ruta nacional 205, duplicaron sus tarifas, como consecuencia de una actualización autorizada por la Dirección Nacional de Vialidad. En otros puntos del corredor, entre ellos Vasconia y El Dorado, el incremento aplicado fue considerablemente menor, del 0,86 por ciento.

El nuevo esquema establece diferencias entre las estaciones administradas por Corresur, la concesionaria que comenzó a operar el 1 de julio. Según explicó la empresa, los ajustes responden a dos mecanismos contemplados en el contrato: la actualización trimestral y la aplicación de un nuevo régimen tarifario por la finalización de obras iniciales.

En Hinojo, ubicado en el kilómetro 276 de la Ruta 226, en el partido de Olavarría, y Uribelarrea, en el kilómetro 82,5 de la ruta 205, en Cañuelas, la variación informada ronda el 100 por ciento.

La concesionaria vinculó ese incremento con la conclusión de las primeras intervenciones de puesta en valor comprometidas, cuya ejecución, de acuerdo con lo comunicado, fue verificada y aprobada por Vialidad Nacional.

Para los vehículos de hasta dos ejes, hasta 2,30 metros de altura y sin rueda doble, la tarifa en esas dos estaciones pasó a $3.608,24 con TelePASE y a $7.216,49 mediante pago electrónico manual.

El cuadro también contempla una categoría para motocicletas, con un valor de $1.804,12 con TelePASE y de $3.608,24 con pago electrónico manual.

En el caso de Vasconia, situada en el kilómetro 153 de la Ruta 226, en Tandil, y de El Dorado, en el kilómetro 31,32 de la misma ruta, se aplicó únicamente la actualización trimestral del 0,86 por ciento.

Con ese ajuste, los vehículos de hasta dos ejes, hasta 2,30 metros de altura y sin rueda doble abonan $1.802,46 con TelePASE y $3.604,93 mediante pago electrónico manual.

El mismo mecanismo de actualización alcanzó a la estación de Cañuelas, sobre la ruta nacional 3, y a los peajes de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas.

De esta manera, aunque Hinojo, Vasconia y El Dorado forman parte del corredor de la ruta 226, la magnitud de los aumentos fue diferente, de acuerdo con el régimen aplicado en cada estación.

Otro aspecto central del esquema es la diferencia entre los medios de pago. La concesionaria aclaró que el pago electrónico manual equivale al doble de la tarifa de TelePASE.

Por lo tanto, para calcular el costo de un viaje resulta necesario considerar tanto las estaciones que se atravesarán como la modalidad utilizada para abonar. En el caso de los automóviles, pasar por Hinojo representa actualmente un desembolso de $3.608,24 con TelePASE, mientras que quienes utilizan el pago electrónico manual deben abonar $7.216,49 por pasada.

Corredores Viales del Sur (Corresur), la nueva concesionaria de las rutas nacionales 3, 205 y 226, informó nuevos valores para las tarifas de los peajes de El Dorado y La Vasconia, sobre la Ruta Nacional 226, como así también de Cañuelas, en la Ruta Nacional 3.

La actualización alcanza a las estaciones de El Dorado, ubicada a la altura del kilómetro 31,32 de la Ruta 226; Vasconia, en el kilómetro 153 de la misma traza; y Cañuelas, sobre la Ruta 3, a la altura del kilómetro 76,26.

Los nuevos valores varían según la categoría del vehículo y la modalidad de pago. Además, el sistema TelePASE mantiene tarifas inferiores a las del pago electrónico manual, una diferencia que impacta especialmente en quienes utilizan estos corredores de manera habitual.

Para los vehículos livianos de hasta dos ejes, con una altura de hasta 2,30 metros y sin rueda doble, la tarifa quedó en $1.802,46 con TelePASE, mientras que quienes abonen mediante pago electrónico manual deberán pagar $3.604,93.

El cuadro tarifario informado por Corresur establece los siguientes valores para las distintas categorías de vehículos:

- Categoría 1: $1.802,46 con TelePASE y $3.604,93 con pago electrónico manual.

- Categoría 2: $3.604,93 con TelePASE y $7.209,86 con pago electrónico manual.

- Categoría 3: $5.407,39 con TelePASE y $10.814,79 con pago electrónico manual.

- Categoría 4: $7.209,86 con TelePASE y $14.419,72 con pago electrónico manual.

- Categoría 5: $9.012,32 con TelePASE y $18.024,64 con pago electrónico manual.

La categoría 2 comprende vehículos de hasta dos ejes que superan los 2,30 metros de altura o tienen rueda doble, además de determinados vehículos de hasta cuatro ejes que no superan esa altura y no cuentan con rueda doble.

La categoría 3 incluye vehículos de hasta cuatro ejes que superan los 2,30 metros de altura o tienen rueda doble. Por su parte, la categoría 4 corresponde a vehículos de más de cuatro y hasta seis ejes, mientras que la categoría 5 comprende aquellos que tienen más de seis ejes.

La actualización tarifaria impactará en quienes circulan por la Ruta Nacional 226, uno de los principales corredores de conexión de Tandil con otras localidades de la región, y por la Ruta Nacional 3, una vía central para el tránsito de pasajeros y cargas en la provincia de Buenos Aires.

El jueves, el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, y la defensora del Pueblo, Paula Lafourcade, declararon ante la Justicia federal en el marco de una acción de amparo contra el Estado nacional presentada por vecinos de los barrios Palermo, Villa Gaucho y Villa Aguirre para exigir una respuesta integral a la problemática de seguridad vial en la Ruta Nacional 226.

El objeto de la medida apunta a que la administración nacional ejecute obras de infraestructura que garanticen la integridad física de quienes transitan por la zona y la integración urbana de los sectores afectados.

Durante su declaración, Lafosse repasó los antecedentes de los reclamos del Municipio y cuestionó que las obras previstas en el esquema de concesión se concentren principalmente en la instalación de semáforos.

Señaló que el volumen de tránsito y la circulación entre distintos sectores de la ciudad requieren intervenciones de mayor alcance, entre ellas cambios en los cruces y soluciones a distinto nivel en puntos como la rotonda de las avenidas Actis y Espora (ver aparte).

Por su parte, Lafourcade expuso los planteos que la Defensoría del Pueblo recibe desde 2019 y describió las dificultades que genera la ruta para la movilidad cotidiana, en particular por la circulación de vehículos y peatones y la conexión con instituciones educativas, centros de salud y otros espacios de uso comunitario.

También cuestionó que las intervenciones contempladas resulten insuficientes para responder al conjunto de los problemas y reclamó una planificación integral que incluya cruces seguros, colectoras conectadas, iluminación y señalización adecuadas.

Las dos exposiciones coincidieron en señalar que la travesía urbana de la Ruta 226 requiere una respuesta que contemple tanto el volumen de tránsito como su impacto en la vida cotidiana de Tandil.

Así, los planteos quedaron incorporados a la causa judicial, en la que se busca establecer el alcance de las responsabilidades y las medidas necesarias para mejorar la seguridad vial.

La defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, reclamó la ejecución de obras de infraestructura para mejorar la seguridad vial en el tramo urbano de la Ruta Nacional 226 y advirtió que las intervenciones previstas en el proceso de concesión no alcanzan para resolver los problemas actuales.

La funcionaria realizó estos planteos durante su declaración testimonial en la causa judicial iniciada por vecinos de los barrios Palermo, Villa Gaucho y Villa Aguirre, junto con la Defensoría Federal de Tandil, contra el Estado Nacional.

El expediente tramita ante la Justicia Federal de Azul y busca que se ejecuten obras para reducir los riesgos viales y mejorar la conexión entre distintos sectores de la ciudad.

Durante su exposición, Lafourcade describió el impacto que tiene la ruta en la vida cotidiana de los tandilenses y mencionó, entre otros puntos, los desplazamientos de más de 13.500 estudiantes que concurren al Campus, el acceso a 17 establecimientos educativos, cuatro centros de salud comunitarios y cuatro centros comunitarios, además de clubes, asociaciones civiles y la Sociedad Rural.

También advirtió sobre las dificultades que las condiciones de circulación pueden generar para las ambulancias y otros servicios de emergencia.

Cuestionamientos a las obras previstas

Uno de los ejes de la declaración fue el análisis de las intervenciones contempladas para el tramo urbano en el proceso de concesión de rutas nacionales.

Entre ellas se encuentran la extensión de aproximadamente 1,1 kilómetros de una colectora, la instalación de semáforos en determinados sectores, la construcción de cruces peatonales sobre elevados vinculados con esa intervención y tareas de mantenimiento de la iluminación.

Lafourcade consideró que esas medidas resultan “insuficientes” frente a la magnitud de los problemas existentes.

También cuestionó que la documentación analizada no permita establecer “dónde se instalarán los semáforos, cuántos serán ni cómo se ejecutarán las obras”.

La objeción central es que las intervenciones previstas “no conforman una solución integral para ordenar la circulación de larga distancia y el tránsito propio de la ciudad”.

Entre las alternativas planteadas por la defensora se encuentran la construcción de distribuidores a distinto nivel; la separación del tránsito pesado y el urbano; la finalización e integración de las colectoras y el rediseño de las rotondas.

También propuso cruces peatonales seguros y accesibles, carriles protegidos para bicicletas y motocicletas, y mejoras en iluminación, señalización, demarcación y banquinas.

El financiamiento y la responsabilidad del Estado

Durante la declaración también se abordó la respuesta de la Dirección Nacional de Vialidad. Lafourcade cuestionó que “las razones económicas vinculadas con el costo de las obras no resuelven la necesidad de garantizar una infraestructura segura y adecuada a la realidad de Tandil”.

En ese marco, se refirió al financiamiento de la red vial nacional y al destino de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Según los datos citados en la exposición, mientras se contempla una asignación específica del 14,29 por ciento de la recaudación para obras y mantenimiento vial, “en el último mes se ejecutó el 2,9 por ciento”.

La funcionaria sintetizó su planteo con una frase: “La vida de las personas no puede quedar supeditada al ahorro del gasto público”.

El planteo de fondo apunta a que la infraestructura vial acompañe el crecimiento de Tandil y permita conectar sus barrios sin sumar riesgos para quienes circulan diariamente. Para la Defensoría, la solución requiere obras planificadas, inversión y coordinación entre los organismos competentes.

“La demanda de fondo es clara: que la infraestructura vial deje de ser una barrera para Tandil y se convierta en una herramienta para integrar sus barrios, diferenciar los distintos tipos de tránsito, acompañar el crecimiento de la ciudad y proteger la vida de quienes la transitan todos los días”, concluyó.

La Defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, se presentó recientemente ante la Justicia Federal de Azul para brindar un testimonio crucial en el marco de la causa que busca la ejecución de obras de infraestructura necesarias en la ruta nacional 226. 

La participación, que se dio a conocer a través de Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, permitió detallar ante el juzgado, a cargo del doctor Martín Bava, los motivos por los cuales la traza actual resulta obsoleta e insuficiente para las necesidades reales de la ciudad.

Durante la audiencia virtual, que se extendió por cerca de 40 minutos, Lafourcade estuvo acompañada por el secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse. 

Ambos funcionarios explicaron que el reclamo por el estado de las banquinas, la falta de luminarias LED y la precariedad de las colectoras tiene antecedentes que se remontan al año 2019. 

Según detalló la defensora, “la ruta fue diseñada originalmente como un camino de tránsito pasante, pero en la actualidad ha quedado integrada al tejido urbano, soportando un flujo diario de 60.000 personas que deben cruzarla para acceder a centros de salud, escuelas y al Campus Universitario”.

La funcionaria subrayó que “el pliego de licitación actual para el tramo atlántico es sumamente deficiente”. Entre las falencias señaladas, se destaca la falta de precisiones sobre la cantidad de semáforos y puentes peatonales, además de la ausencia de una ampliación de calzada necesaria. 

"Para nosotros, las obras planificadas son extemporáneas y no resultan razonables para el crecimiento proyectado de nuestra ciudad", afirmó Lafourcade. 

Asimismo, cuestionó que, “a pesar de existir un fondo específico para el mantenimiento de rutas nacionales, el mismo presenta una subejecución preocupante, alcanzando apenas un 2,9 por ciento de utilización sobre el total disponible”, describió.

El impacto humano de esta problemática se refleja en las estadísticas de siniestralidad aportadas por la organización Estrellas Amarillas. Los datos oficiales dan cuenta de 19 siniestros fatales en la última década y más de 15 lesiones graves registradas entre el 2021 y el 2023. 

Estas cifras, que no contemplan los incidentes menores ni los choques sin heridos, “evidencian un riesgo constante para los vecinos de barrios como Villa Gaucho, Villa Aguirre, la Rural y Palermo, entre otros puntos, quienes a diario deben atravesar la ruta en condiciones de inseguridad vial extrema”, resaltó la defensora.

Lafourcade también hizo hincapié en las dificultades que enfrentan los servicios de emergencia. “Las ambulancias sufren demoras significativas debido al colapso del tráfico en las rotondas, especialmente en la intersección de la avenida Espora”, describió. 

La defensora comparó la situación de Tandil con el tramo oriental de la ruta 14, donde se implementaron soluciones integrales como rotondas a desnivel, terminación de banquinas y señalética adecuada. "Nos parece que las obras previstas son insuficientes y necesitamos que Vialidad proyecte soluciones acordes a un flujo de 60.000 personas", enfatizó durante su intervención.

La causa judicial se encuentra actualmente en la etapa de apertura a prueba, aguardando el informe pericial que deberá realizar el ingeniero designado por el tribunal. 

La expectativa de la Defensoría del Pueblo es que, tratándose de un recurso de amparo, la sentencia pueda dictarse antes de finalizar el presente año. Este proceso cuenta con un fuerte respaldo ciudadano, ya que la presentación fue iniciada por la defensa pública junto a vecinos de diversos sectores de la ciudad que exigen una respuesta definitiva ante la peligrosidad de la traza.

Finalmente, la defensora recordó que la institución continúa trabajando en la recepción de reclamos y consultas de los vecinos. La oficina se encuentra ubicada en la calle Maipú 253 y atiende al público de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14. 

Además, Lafourcade invitó a la comunidad a seguir las redes sociales oficiales del organismo, donde se difunde información útil y se mantienen actualizadas las novedades sobre las gestiones en curso para mejorar la infraestructura vial de Tandil.

El Gobierno nacional anunció la finalización de trabajos de reparación y recuperación en más de 1.000 kilómetros de rutas nacionales, en el marco del programa de privatización vial denominado Red Federal de Concesiones (RFC). Las intervenciones abarcan distintos corredores estratégicos del país y tienen como objetivo mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, las tareas comprenden sectores de las rutas nacionales 5, 12, 14, 35 y 174, además de corredores vinculados con el Mercosur. El esquema contempla la participación de empresas concesionarias responsables de ejecutar las obras y mantener las trazas.

Uno de los principales avances se registró en el denominado Tramo Pampa, donde la empresa Corredor Vial 5 S.A.U. completó la totalidad de los trabajos de recuperación previstos sobre las rutas nacionales 5 y 35, que atraviesan las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

En total, fueron restaurados 546,65 kilómetros entre Luján y Santa Rosa, mediante intervenciones destinadas a mejorar el estado de la infraestructura vial.

Las tareas incluyeron bacheo, fresado, sellado de fisuras, reparación y hormigonado de losas, además del perfilado y calce de banquinas en distintos sectores.

Si bien el plazo original para completar estas intervenciones era de un año desde el inicio de la concesión, los trabajos finalizaron en apenas tres meses, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno.

"El nuevo sistema de concesiones sigue mostrando resultados concretos con el objetivo de transformar la infraestructura vial argentina", expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, al destacar los avances del programa.

A estas obras se suman más de 360 kilómetros recuperados en las rutas nacionales 12 y 14, correspondientes al Tramo Oriental, y otros 59 kilómetros de la Ruta Nacional 174 y el puente Rosario-Victoria, incluidos en el Tramo Conexión.

El plan de concesiones tiene especial relevancia para Tandil, debido a que la Ruta Nacional 226 forma parte de la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones, dentro del denominado Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur.

Este corredor también comprende las rutas nacionales 3 y 205, junto con las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.

La inclusión de la 226 resulta significativa para la región, ya que constituye una de las principales vías de conexión de Tandil con otras localidades bonaerenses y concentra un importante movimiento de vehículos particulares, transporte de cargas y tránsito turístico.

Sin embargo, el anuncio de los más de 1.000 kilómetros reparados no implica que se hayan ejecutado obras sobre la Ruta 226, sino que confirma avances en otros corredores comprendidos dentro del mismo programa nacional.

Por el momento, la información difundida no precisa fechas de intervención ni trabajos específicos sobre el tramo de la 226 que atraviesa Tandil.

La Red Federal de Concesiones está organizada en tres etapas, que comprenden distintos corredores viales distribuidos en buena parte del territorio argentino.

La primera etapa incluye el Tramo Oriental, integrado por las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que recorren sectores de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. También contempla el Tramo Conexión, correspondiente al puente Rosario-Victoria, sobre la Ruta Nacional 174.

La segunda etapa abarca el Tramo Pampa, compuesto por las rutas nacionales 5 y 35, y el Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur, que incluye las rutas 3, 205 y 226, además de los principales accesos viales del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La tercera etapa contempla ocho corredores adicionales. Entre ellos se encuentran el Tramo Centro, con 681 kilómetros sobre las rutas 9, 19 y 34; el Mesopotámico, con 276 kilómetros sobre las rutas 12 y 18; y el Centro-Norte, con 536 kilómetros de la Ruta 34.

También se incorporan el Tramo Noroeste, con 596 kilómetros; el Litoral, con 547 kilómetros; el Noreste, con 456 kilómetros; el Chaco-Santa Fe, con 497 kilómetros; y el Tramo Cuyo, que comprende 329 kilómetros de la Ruta Nacional 7 en Mendoza.

Con este esquema, el Ejecutivo nacional busca avanzar en un nuevo modelo de gestión de la infraestructura vial, mediante concesiones privadas que contemplan tareas de mantenimiento, recuperación y operación de las rutas.

Mientras el Gobierno destaca los primeros resultados del programa, en Tandil la atención está puesta en las futuras intervenciones sobre la Ruta Nacional 226, una vía fundamental para la conectividad regional y la actividad económica.

La defensora del pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, visitó los estudios de El Eco Streaming para abordar la compleja situación que atraviesan los usuarios de gas ante la reciente modificación en el esquema de subsidios. Durante el programa La Mañana, que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1, la funcionaria explicó que la eliminación de la Zona Fría ampliada representa un golpe directo al bolsillo de gran parte de la comunidad tandilense.

Lafourcade detalló que, si bien el beneficio no desaparece por completo, su alcance se ha reducido drásticamente. "Lo que hay que entender ahora es que se redujo el universo que estábamos cobrando el 30 o el 50 por ciento. Ahora, la decisión sobre qué ciudades y qué porcentajes se subsidian queda en manos del Poder Ejecutivo nacional", señaló. Según la defensora, esta discrecionalidad genera una profunda incertidumbre, ya que lo que hoy es un beneficio garantizado podría variar en el futuro.

Actualmente, solo un grupo reducido mantendrá el subsidio: personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), veteranos de Malvinas y aquellos grupos familiares cuyos ingresos no superen las 3,2 canastas básicas, lo que equivale a unos 5 millones de pesos. Además, se establecieron criterios de exclusión, como la tenencia de un vehículo de menos de tres años de antigüedad, salvo excepciones vinculadas a personas con CUD.

Uno de los puntos más críticos del análisis de Lafourcade fue la exclusión de las asociaciones civiles. "Para nosotros, este es uno de los reclamos más genuinos. Las bibliotecas, los clubes y los comedores perdieron automáticamente el subsidio del 50 por ciento que recibían por estar en zona fría", lamentó. Además, subrayó que estas entidades no tienen margen para absorber incrementos tarifarios, ya que sus cuotas sociales son limitadas.

Asimismo, advirtió que el impacto será significativo para la clase media trabajadora. "El 66 por ciento de los tandilenses tenía el 30 por ciento de subsidio por zona fría y ahora lo pierde. Esto va a impactar en el bolsillo de las familias, que además enfrentan un consumo mayor por razones climáticas", afirmó. La Defensora del Pueblo local enfatizó que el sistema energético argentino debe contemplar la realidad climática de cada región con criterios de razonabilidad, evitando contraponer las necesidades del norte del país con las del centro o el sur.

Sobre la modalidad de cálculo, Lafourcade aclaró que el impacto no será menor incluso para quienes conserven el beneficio. "El sistema anterior aplicaba el descuento sobre el total de la factura. Ahora, el cálculo es diferente y se aplica solo sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte. Esto significa que, aunque se mantenga el subsidio, el impacto en la factura final será de al menos un 30 por ciento", explicó.

Ante este escenario, instó a los vecinos a monitorear sus consumos y a acercarse a la Defensoría del Pueblo en Maipú 253, de 8 a 14, ante cualquier irregularidad. "Tenemos acceso a la base de datos mediante un convenio con la Secretaría de Energía. Podemos chequear si el usuario mantiene el subsidio y realizar los reclamos pertinentes", aseguró. La funcionaria también recordó que, ante cambios en la situación familiar o de ingresos, los usuarios deben actualizar su declaración jurada a través de la página oficial del Gobierno nacional.

Finalmente, la defensora se refirió al reciente plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) en Río Cuarto, donde se abordaron problemáticas nacionales como el estado de las rutas y la protección de las infancias en entornos digitales. "Presentamos informes contundentes sobre la siniestralidad vial y la necesidad de que los fondos recaudados por impuestos a los combustibles se traduzcan en obras reales. En Tandil, el estado de la Ruta 226 es una preocupación central que seguiremos exigiendo ante las autoridades competentes", concluyó.

Quienes circulen por la Ruta Nacional 226 y atraviesen el peaje La Vasconia sin contar con TelePASE tienen ahora distintas opciones para abonar el cruce y regularizar eventuales pagos pendientes. La estación, ubicada a la altura del kilómetro 153, incorporó tótems de autogestión que permiten realizar la operación de manera electrónica, mientras que también existe una herramienta online para consultar las pasadas asociadas a un vehículo.

Los nuevos dispositivos forman parte del proceso de modernización del sistema de cobro implementado en el corredor por la empresa concesionaria Corresur. Con su puesta en funcionamiento, las cabinas de La Vasconia dejaron de recibir pagos en efectivo, por lo que los conductores que no utilizan telepeaje deben recurrir a las opciones electrónicas disponibles.

En los tótems es posible abonar el importe del paso mediante tarjetas de crédito o débito con tecnología contactless. También se puede utilizar una billetera virtual a través del escaneo de un código QR.

La situación es diferente para quienes atravesaron una estación sin TelePASE y no realizaron el pago correspondiente. En esos casos, Corresur cuenta con una herramienta que permite consultar las pasadas registradas y regularizar las que hayan quedado pendientes.

La gestión se realiza desde el sitio oficial de la empresa, ingresando a la opción “Consultá y regularizá tus viajes”. Allí, el usuario puede verificar los cruces asociados al dominio de su vehículo y comprobar si existen importes pendientes.

En caso de registrar una deuda, el pago puede realizarse de manera remota. Así, el conductor no necesita regresar a la estación de peaje para resolver una pasada que no haya sido abonada en el momento.

Los conductores que utilizan habitualmente la Ruta 226 también pueden optar por adherirse al sistema Telepeaje Plus. La inscripción se realiza online y no tiene costo.

Para completar el trámite es necesario asociar el vehículo a un medio de pago válido. Una vez registrado, las antenas instaladas en las estaciones identifican automáticamente el automóvil cuando atraviesa una vía habilitada para el cobro electrónico.

De esta manera, el conductor puede pasar por el peaje sin detenerse para efectuar el pago. El importe se procesa a través del medio de pago asociado y, según las condiciones vigentes, la modalidad también permite acceder a una tarifa diferencial.

El funcionamiento de los tótems y la posibilidad de gestionar pagos pendientes por internet amplían las opciones para quienes todavía no cuentan con telepeaje, en un corredor que avanza hacia un esquema de cobro cada vez más automatizado y con menor utilización de efectivo.

En una jornada marcada por la conmoción tras el fallecimiento de un tandilense en un incidente vial sobre la Ruta 226, la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, brindó detalles sobre las acciones que lleva adelante el Municipio de Tandil. Durante su participación en Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, la funcionaria confirmó que el hecho fue registrado por cámaras de seguridad y que el material ya está a disposición de la fiscalía para esclarecer lo sucedido.

Expresó su pesar por la pérdida de un trabajador municipal que, según la Policía, fue identificado como Carlos Lautaro Llanos. Además, aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la peligrosidad de los cruces a nivel en la traza nacional. "Es un día triste y angustiante. Hemos trabajado con el barrio, colocando cartelería de reducción de velocidad y cámaras, pero la infraestructura de la ruta nacional requiere una intervención mayor", señaló

La secretaria enfatizó que, si bien el Municipio ha realizado gestiones para mejorar la seguridad vial en la zona, la competencia sobre la ruta corresponde a la jurisdicción nacional. "Hace rato que se viene reclamando y presentando proyectos. Esperemos que esto motorice un cambio. La Nación va a tener que tomar cartas en el asunto y, ahora que tenemos una nueva concesión vial, apelar a que se hagan las obras necesarias para que la ruta se transforme en una vía segura", afirmó.

Más allá de la tragedia, Alejandra Marcieri se centró en la evolución del Programa Centinela. Marcieri anunció la incorporación de nuevos vehículos para cubrir todas las cuadrículas de la ciudad, además de unidades destinadas a la zona rural y un móvil de respaldo. "La idea es contar con un vehículo por cuadrícula y empezar a trabajar acompañando a los vecinos del área rural", explicó.

La aplicación Centinela, que ya cuenta con más de 13.000 usuarios, se posiciona como una herramienta clave para la seguridad y la gestión de riesgos. Según detalló la funcionaria, se trabaja en la integración de alertas tempranas ante fenómenos meteorológicos, como medida preventiva frente al posible impacto del fenómeno climático conocido como "El Niño".

Al respecto, Marcieri aclaró: "La idea es que estemos atentos y bien informados. Las alertas naranjas se emitirán 48 horas antes, permitiendo a la comunidad tomar decisiones preventivas. Estamos diseñando un sistema de notificaciones oficiales que llegará directamente al celular del usuario, con guías de acción ante distintas contingencias".

La funcionaria destacó el trabajo conjunto con Defensa Civil y diversas organizaciones de la comunidad para el diseño del Plan Integral de Gestión de Riesgo. Este esquema contempla la identificación de sectores vulnerables, la disposición de refugios transitorios y la coordinación de recursos ante emergencias extremas.

"La devolución de la comunidad ha sido sumamente rica. Instituciones barriales, del sector industrial y turístico han puesto a disposición recursos, desde embarcaciones hasta viandas, para colaborar en caso de ser necesario", subrayó Marcieri. Asimismo, adelantó que próximamente se realizará un simulacro de escritorio para evaluar la capacidad de respuesta de todas las áreas involucradas.

Finalmente, sobre la problemática de la venta ambulante y la presencia de cuidadores informales en la vía pública, la secretaria reiteró que el Municipio actúa ante situaciones de coacción o infracciones a las normativas vigentes. "Cuando detectamos que se transgrede el límite de lo voluntario, enviamos a las fuerzas de seguridad. Estamos trabajando junto al Concejo Deliberante para avanzar en una normativa que permita desalentar estos sucesos y garantizar el orden en el espacio público", concluyó.

Los tótems de autogestión instalados en las vías del peaje La Vasconia, ubicado en el kilómetro 153 de la Ruta Nacional 226, ya se encuentran operativos y permiten realizar el pago de manera electrónica a los conductores que no están adheridos al sistema de telepeaje.

De esta manera, la estación avanza hacia un esquema de cobro sin efectivo, en el marco del proceso de modernización implementado por la empresa concesionaria Corresur.

A partir de la puesta en funcionamiento de los dispositivos, las cabinas que anteriormente recibían pagos manuales dejaron de aceptar billetes físicos.

Los usuarios que no cuenten con TelePASE podrán cancelar el costo del paso directamente en los tótems mediante tarjetas de débito o crédito con tecnología contactless o a través del escaneo de códigos QR para utilizar billeteras virtuales.

El nuevo mecanismo introduce además una diferencia en el costo del peaje según la modalidad de pago. Los usuarios adheridos a TelePASE mantienen una tarifa 50 por ciento menor respecto del valor correspondiente al pago electrónico realizado en los tótems.

En consecuencia, quienes utilicen estos dispositivos de autogestión deberán abonar el doble que aquellos que cuentan con el sistema automático.

Desde Corresur recomendaron a los usuarios frecuentes realizar la adhesión a TelePASE, tanto por la diferencia en el costo de cada paso como por la posibilidad de atravesar las estaciones sin detenerse para efectuar el pago.

La implementación forma parte del proceso de transformación tecnológica de las estaciones del corredor y apunta a reducir los tiempos de espera y agilizar la circulación.

A su vez, la eliminación del efectivo busca reducir el manejo de dinero en las operaciones cotidianas de las cabinas.

La adhesión al sistema Telepeaje Plus se realiza de manera online y sin costo. El trámite requiere asociar el vehículo a un medio de pago válido para que pueda ser identificado automáticamente al atravesar las estaciones.

Una vez completado el registro, las antenas instaladas en los peajes detectan el vehículo y efectúan el cobro sin intervención del conductor. De esta manera, además de acceder a una tarifa menor, se evita la detención en las vías destinadas al pago electrónico.

El nuevo esquema busca así concentrar el tránsito en un sistema automatizado, con alternativas para aquellos conductores que todavía no cuentan con el dispositivo.

La empresa también habilitó una herramienta para los conductores que hayan atravesado una estación sin TelePASE y no hayan realizado el pago correspondiente en los tótems.

A través del sitio oficial de Corresur, los usuarios pueden ingresar a la opción “consultá y regularizá tus viajes”, donde es posible verificar las pasadas registradas asociadas al dominio del vehículo y efectuar el pago de las deudas pendientes.

La herramienta permite regularizar esos cruces de manera remota, sin necesidad de concurrir personalmente a una estación de peaje.

Con los tótems ya operativos en La Vasconia, el corredor de la Ruta Nacional 226 incorpora así el nuevo esquema de cobro electrónico, con el objetivo de avanzar hacia la eliminación del efectivo y una mayor automatización del paso por las estaciones.

La empresa Corresur informó que ya se encuentran operativos los tótems de autogestión instalados en las vías que anteriormente funcionaban con cobro manual.

La medida forma parte del proceso de modernización tecnológica que la firma implementó en las estaciones del corredor, con el objetivo de eliminar definitivamente el uso de dinero en efectivo y agilizar el tránsito en la región.

Los dispositivos permiten que aquellos conductores que no estén adheridos al sistema de telepeaje puedan cancelar el costo del paso en la misma estación. Para ello, se habilitó el uso de tarjetas de débito o crédito con tecnología contactless y el escaneo de códigos QR para el pago con billeteras virtuales. Según comunicó la empresa, las cabinas ya no recibirán pagos con billetes físicos.

Con la implementación de este nuevo esquema, se estableció una marcada diferencia en los costos de circulación. Los usuarios que se encuentren adheridos a TelePASE mantendrán una tarifa un 50 por ciento menor en comparación con el pago manual electrónico.

De esta manera, quienes opten por utilizar los tótems de autogestión deberán abonar el doble de lo que pagaron aquellos que cuentan con el dispositivo automático.

Debido a esta brecha económica, desde la compañía recomendaron a los usuarios frecuentes realizar el trámite de adhesión para evitar el sobrecosto. Además de la conveniencia financiera, el sistema permite el paso por las estaciones de manera automática, sin la necesidad de detenerse, lo que favorece la circulación.

Ventajas del sistema y proceso de registro

La transición hacia el cobro ciento por ciento electrónico busca reducir los tiempos de espera y mejorar la experiencia del usuario en el camino.

Los responsables de la firma destacaron que la transformación tecnológica de las estaciones está orientada a reducir el uso de efectivo, un factor que también impacta en la seguridad de las operaciones diarias.

Para acceder a la tarifa más económica, los interesados deberán gestionar el dispositivo a través del sitio oficial de Telepeaje Plus. El proceso de adhesión es gratuito y se realiza de manera online.

Los usuarios deben ingresar a la plataforma telepeajeplus.com y asociar su vehículo a un medio de pago válido para comenzar a operar con el beneficio del descuento.

Una vez completado el registro, el sistema habilita la detección del vehículo por las antenas de las estaciones sin intervención del conductor. Este método no solo garantiza el pago de la tarifa, sino que también evita las filas en las vías de autogestión.

Regularización de deudas y consultas online

En el caso de aquellos conductores que atravesaron una estación sin contar con TelePASE y que, por diversos motivos, no efectuaron el pago en los tótems de autogestión, la empresa dispuso de un mecanismo de regularización posterior.

La intención es evitar multas y permitir que el usuario pueda poner al día sus deudas de manera sencilla y remota a través de las herramientas digitales de la concesionaria.

Para cumplir con este trámite, los usuarios deberán ingresar al sitio web oficial corresur.com.ar. En la parte superior de la página principal, se habilitó el acceso denominado “consultá y regularizá tus viajes”.

Dentro de esta sección, el sistema permite verificar las pasadas registradas que quedaron asociadas al dominio del vehículo y brinda las opciones para efectuar el pago correspondiente.

Con la puesta en funcionamiento de los tótems, Corresur “continúa avanzando en la transformación tecnológica de las estaciones de peaje, orientada a agilizar las operaciones, reducir el uso de efectivo y favorecer una circulación más fluida y segura”.

El crecimiento demográfico y territorial de Tandil sigue mostrando dos caras. Mientras la ciudad se expande y consolida su perfil turístico, empresarial y de servicios, otros barrios enfrentan un déficit estructural que impacta directamente en la calidad de vida de miles de vecinos. Así lo revelan los recientes informes de diagnóstico territorial elaborados por los Puntos de Extensión Territorial de la Secretaría de Extensión Unicen, documentos que trazan una cruda radiografía de las deudas pendientes en materia de urbanismo y salud pública, entre otros aspectos.

El análisis de cinco zonas clave (La Movediza, Villa Aguirre, Villa Gaucho, Villa Laza y Cerro Leones) demuestra que las problemáticas de infraestructura no son simples incomodidades urbanas. Son el primer eslabón de una cadena de exclusión territorial que termina tensionando el sistema y condicionando el desarrollo social.

Asimismo, parte de la evidencia utilizada para la confección de los informes fue producida por el relevamiento estadístico que la Práctica Socioeducativa de la cátedra Probabilidad y Estadística de la Facultad de Ciencias Exactas de la Unicen realizó el año pasado. Vale reseñar que los dispositivos territoriales de la Universidad tienen presencia permanente en los barrios y articulan con los diferentes actores institucionales a través de mesas barriales y otros espacios.

Barreras urbanas 

Uno de los puntos más críticos que arrojan los informes es la consolidación de "barreras urbanas" que fragmentan a Tandil, dividiendo a la ciudad entre un centro integrado y una periferia aislada. Estas barreras no son sólo simbólicas, sino obstáculos físicos severos que alteran la dinámica cotidiana de miles de familias.

El caso más emblemático es la Ruta Nacional 226, que opera como una verdadera "cicatriz urbana". Para los habitantes del Corredor Norte —que engloba a populosos barrios como Villa Aguirre y Villa Gaucho—, la ruta representa una frontera hostil. Cruzarla a pie o en bicicleta para acceder a escuelas, lugares de trabajo o centros de mayor complejidad médica implica un riesgo vial constante. Esta desconexión física se traduce en aislamiento: la ruta retrasa el ingreso de ambulancias, patrulleros y bomberos ante emergencias, dejando a los vecinos en una situación de extrema vulnerabilidad.

Pero la ruta 226 no constituye la única barrera territorial identificada en el relevamiento. La propia configuración geográfica de algunos sectores, sumada a la falta de planificación y a la presencia de espacios degradados, genera obstáculos que dificultan la circulación y profundizan el aislamiento de determinados barrios.

En Cerro Leones, por caso, las cavas de piedra abandonadas y sin reacondicionar interrumpen la continuidad de las calles y generan sectores de baja visibilidad, además de constituir un riesgo físico, especialmente para los niños y niñas que transitan por la zona.

En sectores de Villa Aguirre, el arroyo Langueyú también funciona como una barrera dentro del territorio. A los problemas históricos vinculados al saneamiento y la contaminación se suma una integración deficiente del curso de agua a la trama urbana, que termina dificultando los desplazamientos y la conexión entre distintos sectores del barrio.

Estas dificultades se combinan, además, con las limitaciones del transporte público. La frecuencia y los recorridos disponibles resultan insuficientes para garantizar una adecuada conexión entre los distintos puntos de la ciudad, lo que incrementa la dependencia de vehículos particulares o de alternativas de movilidad más precarias. Para quienes no cuentan con transporte propio, esta situación puede traducirse en mayores costos, dificultades para acceder a servicios y oportunidades y un mayor aislamiento territorial.

Inseguridad y conflictividad social 

La noción de inseguridad en los barrios de la ciudad trasciende el mero hecho delictivo para entramarse con déficits de infraestructura urbana, barreras físicas y problemas de convivencia. Los recientes diagnósticos socioterritoriales exponen cómo cada sector de la periferia local vive y padece la falta de seguridad desde aristas muy diferentes.

En zonas como Villa Gaucho y Cerro Leones, el peligro cotidiano está marcado por el asfalto y el entorno físico. Las rutas Nacional 226 y Provincial 30 operan como barreras que obligan a los vecinos a cruzar tramos de alta peligrosidad a diario. En el caso del Corredor Norte, el puente peatonal luce subutilizado debido a que sus condiciones materiales y de iluminación no garantizan un cruce seguro. En Cerro Leones, en tanto, el riesgo vial se cruza con el histórico pasivo ambiental de las cavas. Durante el verano, la circulación masiva de personas hacia estos antiguos recintos picapedreros altera la tranquilidad vecinal y genera un foco de conflicto constante que alimenta los temores del barrio.

Por su parte, en el Corredor Oeste, la sensación de vulnerabilidad se nutre del deterioro del espacio público. En barriadas como Villa Laza, General Belgrano y Charitos, la escasez de alumbrado público, la falta de mantenimiento de los terrenos y la proliferación de animales sueltos por falta de controles conforman un escenario hostil. Este déficit estructural es tan agudo que afecta directamente la movilidad: un 20 por ciento de los adultos mayores de la zona manifestó tener dificultades para desplazarse por el barrio, señalando a la inseguridad y al estado de las calles como los motivos principales.

Sin embargo, el tejido social exhibe su punto de mayor tensión en La Movediza, donde la inseguridad encabeza por amplio margen el ranking de preocupaciones de los hogares, acumulando más de 145 menciones en los relevamientos recientes. En este sector, el reclamo vecinal tiene dos caras bien definidas: por un lado, la preocupación por la venta de estupefacientes, que demanda una intervención policial directa; y por el otro, un alarmante aumento en los conflictos vecinales y situaciones de violencia de género. Esta última dimensión de la violencia exige, más allá del patrullaje, redes de contención institucional y respuestas comunitarias urgentes.

Los servicios básicos, un lujo a medias 

A este aislamiento geográfico se suma el acceso desigual a los servicios. En La Movediza, por ejemplo, si bien la luz eléctrica tiene un alcance casi total, el 59,9 por ciento de los hogares carece de red de gas natural. Esta dependencia del gas envasado golpea la economía familiar y fomenta el uso de métodos de calefacción alternativos que incrementan los cuadros respiratorios durante el invierno. En cuanto al agua, persisten situaciones de acceso precario, especialmente en La Movediza 2, la Cava y la extensión de La Movediza 1.

En la zona de Villa Laza, particularmente en el sector de Los Charitos, el reclamo histórico por la falta de presión y acceso regular a la red de agua potable sigue vigente. A esto se suma la deficiencia en el saneamiento y la falta de cloacas en áreas de reciente expansión, lo que eleva el riesgo de enfermedades infecciosas.

En Villa Aguirre, el complejo Tarraubela, que forma parte del Registro Nacional de Barrios Populares, presenta infraestructura limitada. El relevamiento específico señala que el abastecimiento de agua depende de una manguera compartida, con roturas frecuentes, mientras que los efluentes se disponen sin infraestructura adecuada, configurando un riesgo sanitario.

La empresa concesionaria informó la finalización de las tareas de mantenimiento y reparación previstas sobre la Ruta Nacional 226, específicamente en el tramo urbano que atraviesa la ciudad. Las intervenciones se concentraron en los sectores correspondientes a las rotondas de los cruces con las avenidas Espora y Actis y Reforma Universitaria.

A partir de la conclusión de los trabajos, la circulación vehicular se encuentra completamente normalizada en los sectores mencionados. De esta manera, quedaron sin efecto los desvíos y las modificaciones transitorias que se habían implementado semanas atrás para permitir el despliegue de las cuadrillas y la maquinaria pesada en la calzada.

Desde la firma prestataria señalaron que estas intervenciones formaron parte de un plan de tareas que lleva adelante sobre la Ruta Nacional 226 con el objetivo de recuperar y mejorar la infraestructura vial.

Las obras apuntaron no solo a optimizar la carpeta asfáltica, sino también a garantizar mejores “condiciones de seguridad y circulación” para los usuarios que transitan diariamente por el corredor, según indicaron.

Detalles de la intervención y seguridad vial

Los trabajos realizados incluyeron el bacheo y la repavimentación de sectores que presentaban un avanzado estado de deterioro debido al constante flujo de vehículos de distinto porte. La intervención permitió actuar sobre distintos sectores de la calzada que presentaban deformaciones y deterioro, además de avanzar sobre la señalización horizontal en uno de los puntos intervenidos.

En la rotonda de Reforma Universitaria, el tránsito permaneció restringido durante poco más de dos semanas, plazo en que se extendieron las tareas para mejorar la traza en un sector clave por su conexión con el Campus de la Unicen y uno de los accesos de mayor flujo vehicular de la ciudad.

La finalización de los trabajos permitió restablecer la circulación habitual en el sector, luego de un período en el que los conductores debieron adaptarse a las modificaciones dispuestas para posibilitar el desarrollo de las obras.

Sin embargo, la intervención sobre la calzada no estuvo acompañada, al menos hasta el momento, por precisiones de la empresa concesionaria respecto de posibles cambios en el diseño de la rotonda. El lugar concentra un historial de accidentes que generó reclamos a lo largo de los años, vinculados principalmente al radio de giro que presenta el cruce. Hasta el momento, Corresur no brindó precisiones vinculadas a la existencia de algún plan para reducir la peligrosidad estructural del punto.

De esta manera, las tareas recientemente finalizadas estuvieron centradas en la recuperación y el mantenimiento de la infraestructura existente, sin que se informaran modificaciones sobre la configuración de la intersección.

En el caso de la intersección con las avenidas Actis y Espora, las labores permitieron corregir las deformaciones en el pavimento y avanzar sobre la señalización horizontal, dos aspectos vinculados directamente con las condiciones de circulación en uno de los principales accesos y corredores de tránsito de la ciudad.

Este nudo vial es considerado uno de los más transitados del sistema urbano tandilense, con registros que reflejan una circulación diaria de alrededor de 40 mil vehículos. 

Con la finalización de las tareas, los dos sectores intervenidos recuperaron la circulación normal. El mantenimiento permite atender las condiciones del pavimento y de la señalización en puntos de alta demanda vehicular, mientras que permanece abierto el interrogante respecto de eventuales intervenciones futuras sobre el diseño de las rotondas, particularmente en aquellos cruces que acumulan antecedentes de siniestralidad y reclamos.

El pliego oficial correspondiente al Tramo Atlántico de la Ruta Nacional 226 ha definido el esquema de obras obligatorias, tareas de mantenimiento y rehabilitación que deberán llevarse a cabo en toda la traza. Estas intervenciones, que abarcan desde el bacheo profundo hasta la modernización de sistemas de iluminación, buscan mejorar la seguridad y la transitabilidad en una de las vías más importantes de la región.

Dentro de las obligaciones contractuales, se destaca la ejecución de una obra de “Ruta Segura” que se desarrollará entre el empalme con la Ruta Provincial 55 y el empalme con la Ruta Provincial 227, cubriendo un tramo de 55,98 kilómetros. Si bien este sector se ubica en la zona de Balcarce, forma parte integral del plan de mejoras proyectado para el corredor concesionado.

El plan de puesta en valor es extenso y abarca la totalidad del tramo concesionado. Entre las tareas prioritarias se encuentran el bacheo superficial y profundo con mezcla bituminosa, el sellado de grietas y fisuras, el fresado de deformaciones de borde y la reparación de sistemas de iluminación. Asimismo, el pliego exige la reposición de señalización vertical y horizontal, la limpieza de alcantarillas y puentes, y el mantenimiento de los espacios verdes mediante el corte de pasto y malezas.

Para garantizar la durabilidad de la calzada, el pliego divide la Ruta Nacional 226 en tres secciones, que van desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 404,32. En estos sectores, la concesionaria deberá realizar trabajos de rehabilitación que incluyen la aplicación de bases asfálticas, la colocación de carpetas de concreto asfáltico y la reconstrucción de banquinas pavimentadas.

Estas tareas de mantenimiento no solo se limitan a la superficie de rodamiento, sino que contemplan la reparación de dársenas, refugios de transporte público y pasarelas peatonales, asegurando así una infraestructura más segura para los usuarios y los peatones que circulan por las zonas aledañas a la ruta.

El pliego pone especial énfasis en la conservación y mantenimiento de la iluminación en puntos críticos de la traza. En el caso de Tandil, se han identificado sectores clave donde se realizarán trabajos de reparación y puesta en funcionamiento de luminarias. Estos puntos incluyen la estación de peaje Vasconia, la rotonda de la Ruta Provincial 74, la rotonda de la calle Falucho y la intersección de la calle Dinamarca con la avenida Aeronáutica Argentina.

Además, se contempla la iluminación del acceso a Tandil en la intersección de la Ruta Nacional 226 con la Ruta Provincial 30. Estas acciones son fundamentales para mejorar la visibilidad nocturna en los accesos urbanos, reduciendo los riesgos de siniestralidad en zonas de alto flujo vehicular.

El esquema de trabajo también contempla el fortalecimiento de la seguridad vial y el control de pesos. Se ha estipulado el mantenimiento y la reposición de sensores en los puestos permanentes de conteo de tránsito ubicados en los kilómetros 8, 76, 147, 268 y 398. Asimismo, se prevé el uso del puesto de pesaje de Hinojo y la utilización del subcampamento de Vialidad Nacional ubicado en Tandil, a la altura del kilómetro 166,34, como base operativa para las tareas de mantenimiento.

Finalmente, el pliego exige la presencia de al menos un móvil de seguridad vial destinado al tramo que conecta Mar del Plata con Balcarce, reforzando la capacidad de respuesta ante emergencias y el monitoreo constante de las condiciones de circulación en el corredor.

El Gobierno nacional formalizó la adjudicación de la concesión de ocho tramos de rutas nacionales, en el marco del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales. La medida fue establecida mediante la Resolución 1379/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

La resolución aprueba lo actuado en la segunda etapa de la licitación pública para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de las rutas bajo el régimen de concesión por peaje por un plazo de 20 años. Los corredores concesionados suman más de 3.900 kilómetros y completan un total superior a los 9.000 kilómetros adjudicados en distintos tramos.

Las rutas incluidas en esta etapa atraviesan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco. Durante el proceso, la Comisión Evaluadora declaró inadmisible la propuesta del consorcio integrado por Lemiro Pablo Pietroboni S.A., Merco Vial S.A. y Frontera S.A. para los tramos Centro Norte y Noroeste. Asimismo, se desestimaron otras ofertas, entre ellas la de la firma CPC S.A., que había pujado por la totalidad de los tramos.

Para fomentar la competencia, se aplicó el régimen de incompatibilidades previsto en los pliegos generales, el cual limita la cantidad de tramos que un mismo oferente puede adjudicarse. Esta adjudicación se enmarca en la Ley Bases, que declaró a la empresa Corredores Viales como sujeta a privatización, y en el Decreto 97/2025, que autorizó el procedimiento bajo la modalidad de concesión de obra pública.

El objetivo del Ejecutivo es delegar en el sector privado la gestión de estos nodos viales para atender las crecientes quejas por el estado de las rutas, buscando mejorar el mantenimiento, la seguridad y permitir la ampliación de la infraestructura junto con explotaciones complementarias.

En el marco de un plan de modernización de su infraestructura vial, la empresa concesionaria Corresur instaló dispositivos de autogestión en las estaciones de peaje de Agüero, Tristán Suárez, Uribelarrea e Hinojo. Esta última, situada sobre la Ruta Nacional 226, resulta un punto para los usuarios tandilenses que transitan habitualmente hacia el centro y el sur de la provincia.

Según informaron desde la prestataria, que el pasado 1 de agosto asumió la administración de las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y J. Newbery, además de las rutas nacionales 3, 205 y 226, la medida continuará de manera progresiva durante todo agosto.

La implementación del sistema de pago manual electrónico tiene como objetivo agilizar la circulación vehicular y disminuir los tiempos de espera en las vías de cobro.

Actualmente, los nuevos tótems de autogestión se encuentran operativos en la estación de Hinojo, específicamente en las vías cuatro y cinco en sentido ascendente, y en las vías uno y dos en sentido descendente.

Además de la mencionada ruta nacional, el equipamiento tecnológico se distribuyó en otros puntos clave de la red vial bajo administración de la firma.

En la estación Agüero de la Autopista Riccheri, los dispositivos se ubicaron en sentido ascendente, abarcando las vías que van desde la 33 hasta la 39. En tanto, en Tristán Suárez (Autopista Ezeiza-Cañuelas), se habilitaron en las vías 80, 81 y 82 ascendentes, y 94, 95 y 96 descendentes. Por su parte, en Uribelarrea, sobre la Ruta Nacional 205, el sistema rige en las vías seis y siete ascendentes y uno y dos descendentes.

El sistema y alternativas de pago

Los usuarios que ya se encuentran adheridos al sistema TelePASE pueden continuar utilizando la lectura automática habitual para efectuar sus pagos de forma directa.

No obstante, para aquellos conductores que no cuentan con la adhesión, los tótems de autogestión reemplazaron a las antiguas vías de pago manual. Estos dispositivos permiten realizar la transacción mediante el uso de tarjetas de débito, crédito o billeteras virtuales a través de la lectura de un código QR.

Desde la empresa destacaron que la habilitación de estos puntos de cobro será gradual.

El cronograma previsto para el mes en curso contempla la incorporación de tecnología en el resto de las estaciones que integran el corredor administrado por Corresur.

Esta transición busca facilitar la experiencia del usuario, eliminando la necesidad de manejar dinero en efectivo en las cabinas y brindando mayores opciones digitales.

Por otro lado, la concesionaria contempla una modalidad para aquellos conductores que atraviesen una estación sin utilizar el TelePASE ni realizar el pago en los tótems.

En estos casos, los usuarios deberán regularizar posteriormente las pasadas registradas a través de los canales digitales oficiales de la empresa. Para cumplimentar este trámite, deben ingresar al sitio web corresur.com.ar y seleccionar la opción “Consultá y regularizá tus viajes”.

Una vez dentro del portal, el sistema permite controlar las pasadas asociadas al dominio del vehículo y efectuar el pago pendiente de manera remota. Si bien esta alternativa permite saldar la deuda, la prestataria recomendó la adhesión a TelePASE por tratarse de la alternativa más ágil y contar con una tarifa más conveniente.

Cabe destacar que la inscripción a este servicio es gratuita y se realiza de manera online, vinculando el vehículo a un medio de pago para que el cobro se efectivice automáticamente en cada viaje.

La empresa Corresur, actual concesionaria de la Ruta Nacional 226, informó que la próxima semana comenzarán las tareas de reparación en la rotonda ubicada en la intersección con la avenida Reforma Universitaria.

Esta nueva etapa se sumará a los trabajos de infraestructura que se desarrollan actualmente en el cruce con las avenidas Espora y Actis, lo que obliga a implementar un esquema de desvíos temporales para garantizar la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito en uno de los puntos con mayor flujo vehicular de la ciudad.

Las intervenciones, que se mantendrán durante el mes de agosto, forman parte de un plan integral que la compañía lleva adelante para mejorar la infraestructura y las condiciones de circulación en la travesía urbana de Tandil tras asumir la concesión de las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y J. Newbery, junto a las rutas nacionales 3, 205 y 226 desde el 1 de julio.

Ante el inicio de estas nuevas tareas, se mantendrá la sectorización del tránsito con cartelería específica y la presencia de personal en cada sector para asistir a los conductores en las zonas intervenidas.

Los cambios en la rotonda de Espora y Actis

En el sector de las avenidas Espora y Acis, la empresa confirmó que se mantiene la sectorización del tránsito con modificaciones obligatorias en los recorridos habituales.

Según el esquema de circulación vigente, aquellos conductores que circulen en sentido este - oeste por la Ruta Nacional 226, provenientes de la rotonda de Salceda, deberán abandonar la calzada principal y continuar su marcha por la Colectora norte Luis María Macaya.

Por su parte, para el sentido oeste - este, quienes ingresen desde la rotonda de la avenida Espora encontrarán una restricción ya que no podrán atravesar el interior de la rotonda para acceder de forma directa a la avenida Actis.

En este caso, los automovilistas deberán utilizar obligatoriamente el desvío que se encuentra señalizado en el lugar para completar su trayecto.

Desde la prestataria destacaron que estas maniobras son esenciales para permitir el avance de las máquinas sobre la calzada y señalaron que la señalización preventiva fue reforzada para minimizar los trastornos en la circulación.

Se recomendó a los usuarios prever posibles demoras, especialmente en las horas pico, cuando el tránsito en el acceso se intensifica por la actividad comercial y el transporte público.

Intervención en Reforma Universitaria

A partir de la próxima semana, según informaron desde la empresa, el frente de obra se ampliará hacia la rotonda de la Ruta Nacional 226 y Reforma Universitaria, un sector clave por su conexión con el Campus de la Unicen.

En este punto, el avance de las tareas de reparación requerirá la implementación de nuevos desvíos que serán comunicados progresivamente.

La empresa explicó que los trabajos buscan elevar los estándares de seguridad vial y asegurar una transitabilidad más fluida en el mediano plazo.

Mientras duren las tareas, Corresur solicitó a los conductores reducir la velocidad y respetar las indicaciones de los banderilleros presentes. Se espera que la circulación habitual se vaya restableciendo a medida que las capas asfálticas y las losas de hormigón alcancen el fraguado necesario para soportar el peso de los vehículos pesados que transitan por el corredor.

Finalmente, la compañía agradeció la colaboración de la comunidad y recordó que estas acciones son fundamentales para la puesta en valor de la red vial nacional, priorizando la seguridad de quienes utilizan diariamente esta arteria.

El Municipio de Tandil intensificó sus acciones para reclamar ante los organismos nacionales una respuesta integral a la problemática que representa la traza urbana de la Ruta Nacional 226. Con la reciente colocación de un cartel en la intersección de la ruta y la avenida Espora, las autoridades locales buscan poner en agenda la necesidad de una obra que trascienda los trabajos de mantenimiento recientemente comenzó a ejecutar la empresa Corresur, la nueva concesionaria del corredor vial.

Desde la administración comunal subrayaron que, si bien las tareas de repavimentación son necesarias, resultan insuficientes para abordar la complejidad de una vía que atraviesa el corazón de la ciudad. Al respecto, desde el Municipio enfatizaron: "La intervención que se realiza actualmente en la Ruta Nacional 226 puede ser el comienzo, pero la seguridad vial requiere una solución integral".

La Ruta Nacional 226 se ha consolidado como la principal barrera urbana de Tandil, afectando a una zona de expansión demográfica constante. Actualmente, más de 20.000 vecinos residen al norte de la traza, lo que genera un flujo constante de personas y vehículos. Según datos oficiales, por la intersección de la ruta y la calle Espora circulan diariamente más de 40.000 vehículos, mientras que cuatro líneas del transporte público deben cruzar la calzada para cumplir con sus recorridos habituales, exponiendo a los usuarios a riesgos constantes.

Un reclamo sostenido con más de una década de historia

El Municipio planteó su demanda a partir de un repaso de las diferentes acciones que llevó adelante en el mismo sentido. Desde el año 2012, la Comuna ha impulsado diversos estudios y proyectos técnicos con el fin de adaptar la ruta al crecimiento sostenido de Tandil. A diferencia de otras localidades del mismo corredor, como Azul o Balcarce, cuyas áreas urbanas se encuentran alejadas de la ruta, u Olavarría, que cuenta con una autovía y cruces a distinto nivel, Tandil presenta una configuración que exige una respuesta específica y adaptada a su realidad geográfica y social.

A lo largo de los años, el Municipio ha presentado múltiples alternativas ante las autoridades nacionales. Entre las propuestas más destacadas se encuentran el corrimiento de la traza, la elevación de la misma en el sector urbano, la construcción de un paso bajo nivel en el eje Espora - Monseñor Actis, la instalación de semáforos y la adecuación geométrica de las rotondas existentes para mejorar la fluidez y seguridad.

El compromiso del gobierno local manifestó en una serie de presentaciones formales que marcan la hoja de ruta de este pedido. En 2018, la Comuna presentó en audiencia pública un proyecto para elevar la traza en un tramo de 8.400 metros. Posteriormente, en 2021, propuso la semaforización para calmar el tránsito, seguida en 2022 por la iniciativa del paso bajo nivel. Incluso en 2023, ante el anuncio de repavimentación por parte de Vialidad Nacional, se insistió en la modificación de la geometría de las rotondas.

A pesar de estas gestiones, la reciente licitación y adjudicación de la concesión del corredor vial para los próximos 20 años no incluyó las obras de travesía urbana solicitadas por Tandil. Esta decisión fue cuestionada tanto por el Ejecutivo municipal como por la Defensoría del Pueblo y el Honorable Concejo Deliberante, quienes habían solicitado formalmente la incorporación de estas mejoras durante el proceso licitatorio.

Ante este escenario, el Municipio de Tandil reafirmó su voluntad de continuar con las gestiones necesarias. El objetivo sigue siendo claro: lograr una solución de fondo que permita integrar ambos sectores de la ciudad, mejorar la seguridad de los miles de vecinos que transitan diariamente por la zona y acompañar el desarrollo urbano de Tandil con una infraestructura vial acorde a las necesidades del siglo 21.