En el marco del proceso de privatización de rutas nacionales que lleva adelante el gobierno del presidente Javier Milei, unos 70 trabajadores de la estación de peaje de Hinojo, en el partido de Olavarría, fueron cesanteados. La medida, que se hará efectiva a partir de julio, genera incertidumbre entre el personal afectado sobre su futuro laboral.

La empresa Corredores Viales SA avanzó con un proceso de retiros voluntarios con las indemnizaciones correspondientes para los empleados que se desempeñan en la ruta nacional 226. Las cesantías alcanzan a trabajadores de balanza, operadores viales, maestranza, cajeros, supervisores y soportes técnicos.

“Ahora hay que ver qué va a pasar después con la empresa nueva. Hay que esperar a ver con qué personal va a contar. Pueden ser los mismos, que necesite menos o que quizás que necesite emplear más”. Desde el sector manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que el consorcio integrado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA requiera una menor cantidad de operarios para la nueva etapa. Cabe recordar que, el 22 de abril, el Gobierno dio un paso clave en el proceso al abrir las ofertas económicas para la concesión de corredores estratégicos en las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

El consorcio mencionado presentó la tarifa más económica para los 1.325 kilómetros de autopistas que comprenden la avenida General Paz, la ruta 3 hasta Bahía Blanca, la 205 hasta Bolívar y la 226 hasta Mar del Plata. Si bien se estima que la futura administración profundizará la automatización del sistema de cobro mediante el uso de TelePASE, también se prevé el avance en la instalación de nuevas estaciones de peaje.

Un colectivo de la empresa Vía TAC que trasladaba pasajeros desde Olavarría con destino a Tandil y Mar del Plata protagonizó un incidente vial durante la noche del lunes, cuando finalizó sobre la banquina de la Ruta Nacional 226 luego de que su conductor sufriera una aparente descompensación mientras manejaba.

Según informó el medio LU32, el hecho se registró a la altura del kilómetro 211 de la mencionada ruta, a unos 50 kilómetros de la ciudad de Tandil. La unidad había partido desde la terminal de Olavarría a las 18:30 y tenía previsto arribar a Tandil a las 20:45, tras realizar una escala en Azul.

De acuerdo con las primeras versiones, el chofer habría experimentado una indisposición compatible con un cuadro cardíaco mientras se encontraba al volante. Ante la emergencia, el acompañante logró tomar el control del vehículo y efectuar una maniobra que permitió llevar el colectivo hacia la banquina, evitando consecuencias de mayor gravedad.

Durante esa maniobra, la unidad habría cruzado momentáneamente hacia el carril contrario de circulación. Sin embargo, no se registraron vehículos transitando en sentido opuesto en ese momento, por lo que no se produjo ninguna colisión.

Tras el incidente, intervino personal de la Patrulla Rural de Tandil, que colaboró con el ordenamiento del tránsito en la zona. Asimismo, la empresa dispuso el envío de otro colectivo para que los pasajeros pudieran continuar viaje hacia sus respectivos destinos.

El conductor fue asistido en el lugar por personal de emergencias y posteriormente trasladado en ambulancia al Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos, donde permanece internado fuera de peligro.

Por su parte, todos los pasajeros resultaron ilesos y se encuentran en buen estado de salud.

En el marco de un control de rutina llevado a cabo por efectivos de la Gendarmería Nacional, se logró detectar el transporte ilegal de un ejemplar de cardenal copete rojo, una especie protegida por la legislación argentina. El operativo tuvo lugar el pasado sábado, alrededor del mediodía, en el kilómetro 48 de la Ruta Nacional 226.

Según informó el medio 0223, el ave viajaba en una jaula ubicada en el asiento trasero de un automóvil particular que se dirigía desde Mar del Plata hacia Tandil. Al inspeccionar el rodado, los uniformados constataron la presencia del animal, identificado técnicamente como Paroaria coronata.

Esta especie se encuentra protegida por la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, normativa que prohíbe taxativamente su captura, cautiverio y transporte. El cardenal copete rojo es reconocido por su plumaje llamativo y su canto, características que lo convierten frecuentemente en una víctima del tráfico ilegal, lo cual representa una de las amenazas más graves para la preservación de esta especie en su hábitat natural.

Tras confirmar la infracción, se dio intervención a la Fiscalía de Delitos Culposos de Mar del Plata. Desde la dependencia judicial se ordenó la liberación inmediata del ave y el inicio de las actuaciones legales correspondientes para determinar las responsabilidades del conductor del vehículo. 

Si bien el operativo no culminó con personas detenidas, la causa judicial continuará su curso para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la captura y el traslado del ejemplar.

El Gobierno nacional rechazó este lunes el recurso presentado por Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) para suspender la licitación de distintos corredores viales nacionales, entre ellos la Ruta Nacional 226, una de las principales vías de comunicación para Tandil y la región.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 411/26, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, y permite que continúe el proceso de concesión de las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas.

La resolución ratifica el camino adoptado por la administración libertaria a mediados de mayo, cuando adjudicó nuevas concesiones viales y dejó afuera a Aubasa, la empresa controlada por el Gobierno bonaerense que había manifestado su interés en operar esos corredores.

Desde la Nación sostuvieron que la exclusión de la firma provincial respondió a “cuestiones técnicas y objetivas derivadas del incumplimiento de requisitos esenciales establecidos en el pliego que rige la licitación”, argumento que fue reiterado al momento de rechazar el recurso administrativo presentado por la compañía.

Con esta medida, el Ejecutivo nacional dio por concluida la instancia administrativa del reclamo, por lo que el proceso licitatorio podrá seguir adelante sin modificaciones.

La decisión tiene especial relevancia para Tandil debido a que la Ruta 226 constituye uno de los principales corredores productivos y turísticos del centro de la provincia de Buenos Aires. La traza conecta a la ciudad con destinos estratégicos como Mar del Plata, Balcarce, Azul y Olavarría, además de ser una vía clave para el transporte de mercaderías y la circulación de miles de vehículos cada día.

A pesar del revés administrativo, Aubasa todavía conserva la posibilidad de acudir a la Justicia para intentar revertir la decisión del Gobierno nacional. De hecho, semanas atrás el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, había anticipado una posible ofensiva judicial al considerar que la gestión nacional busca excluir a la empresa estatal de licitaciones consideradas estratégicas para el sistema vial.

Mientras tanto, el proceso de concesión de la Ruta 226 y del resto de los corredores incluidos continuará su curso, en una definición que vuelve a poner en evidencia las diferencias entre la administración nacional y el Gobierno bonaerense en torno al manejo de la infraestructura vial.

La administración nacional llevó adelante la apertura de sobres correspondiente a la licitación de los tramos que integran la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. Este proceso, que se basa en un modelo de inversión 100% privada, contó con la presentación de 17 oferentes interesados en la gestión de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales.

El anuncio fue liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien detalló que la convocatoria abarca corredores estratégicos situados en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis. El objetivo primordial de este esquema es optimizar la conectividad y reforzar la seguridad vial en trayectos claves para la logística, el comercio y el turismo nacional.

Según la información oficial brindada por el Ministerio de Economía, la Etapa II-B se divide en cuatro segmentos principales:

El ministro Luis Caputo remarcó que el proceso se ejecuta sin subsidios estatales, reemplazando el gasto público por capitales privados para alcanzar una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Al respecto, el funcionario manifestó:

“Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”

Durante su intervención, el titular de la cartera económica vinculó estas obras con un repunte en la actividad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el sector de la construcción registró un crecimiento interanual del 12,7% en marzo. Luis Caputo proyectó que los mejores 18 meses para la economía comenzarán entre mayo y junio.

“Si pensamos en la construcción, para junio o julio ya van a estar en obra los 9.000 kilómetros de corredores viales, eso le va a dar un impulso más. También vamos a estar empezando el proceso de licitación para otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales”

Asimismo, el ministro destacó que se están entregando rutas nacionales a las provincias para que inicien obras con financiamiento propio o créditos de organismos como el Banco Mundial, el BID y la CAF. Según su visión, esto permitirá ganar productividad en términos de logística.

No obstante, desde el ámbito privado surgieron matices sobre el impacto de estas medidas. Una fuente del sector consultada por Infobae advirtió que las concesiones viales inciden sobre el 30% de la obra pública, mientras que el 70% restante de la actividad sectorial corresponde a la obra privada.

El diputado bonaerense de Fuerza Patria, Alejandro Acerbo, presentó un proyecto de ley que busca modificar el régimen actual sobre el uso de las banquinas de rutas provinciales. La iniciativa tiene como objetivo central que los municipios puedan administrar los permisos y disponer de los fondos recaudados por la actividad agrícola en estos sectores.

La propuesta apunta a derogar la Ley 10.342, sancionada en 1985, para reemplazarla por un esquema que otorgue mayor autonomía a los intendentes en el manejo de los recursos. Según los fundamentos del escrito, la normativa vigente responde a un modelo centralizado que ya no se ajusta a la realidad de las localidades.

“El presente proyecto propone la derogación de la Ley 10.342 y su reemplazo por un régimen más adecuado a las actuales exigencias institucionales, ambientales y de gestión territorial”,  sostuvo Acerbo en el documento.

En la actualidad, los jefes comunales que alquilan las banquinas para siembra deben destinar un 60% de los ingresos a los Consejos Escolares, un 20% a asociaciones de bomberos voluntarios o entidades de bien público, y el 20% restante al mantenimiento de la red vial. La modificación introducida por Alejandro Acerbo establece que los fondos pasen a una cuenta municipal para ser utilizados según lo determine cada ordenanza local, con la condición de destinar al menos un tercio de los recursos al mantenimiento de los caminos.

Otro de los puntos clave del articulado que ingresó a la Cámara de Diputados es la extensión de los plazos de los permisos. Mientras que la norma actual fija un límite de un año, el nuevo proyecto propone llevarlo a un máximo de tres años, con posibilidad de renovación sujeta al cumplimiento de las condiciones establecidas.

El ex intendente de Daireaux aclaró que la propuesta no implica una cesión total de competencias, ya que la provincia de Buenos Aires conservará la facultad de convalidar o rechazar los permisos por razones de seguridad vial o interés público.

“Se establecen reglas claras sobre las características de los permisos otorgables y las formas de contratación, al tiempo que se incorpora un mecanismo de plazo cierto para la convalidación provincial”, enfatiza el legislador.

En paralelo, el diputado nacional del PRO, Javier Sánchez Wrba, impulsó una iniciativa similar a comienzos de abril. Aunque ambos proyectos coinciden en permitir la utilización agrícola de tierras ociosas junto a las rutas, existen diferencias en la administración de los recursos y la centralidad del mando.

Mientras que la propuesta de Alejandro Acerbo busca descentralizar la gestión en favor de los municipios, el proyecto de Javier Sánchez Wrba mantiene la centralidad en el Estado nacional. En este último caso, el Poder Ejecutivo Nacional sería el encargado de otorgar los permisos y los fondos obtenidos se destinarían exclusivamente al mantenimiento de la red vial nacional.

“Tenemos que recuperar una práctica que supo generar valor, sumando hectáreas productivas para potenciar el desarrollo económico”, sostuvo Sánchez Wrba al referirse a su propuesta.

El Gobierno nacional dio un paso clave en el proceso de privatización de rutas y autopistas al abrir las ofertas económicas presentadas por empresas interesadas en la concesión de corredores estratégicos, entre ellos la Ruta Nacional 226, que atraviesa Tandil.

La licitación corresponde a la Etapa II - A de la Red Federal de Concesiones e incluye el mantenimiento y operación de 1.871 kilómetros de caminos en las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Entre los tramos involucrados figuran las rutas nacionales 3, 5, 205 y 226, además de las autopistas Ricchieri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.

Según los datos oficiales difundidos a través del sistema Contrat.Ar, el consorcio integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco presentó la oferta de peaje más baja para el principal paquete de corredores. La tarifa propuesta asciende a $997 más IVA, y abarca 1.325 kilómetros que incluyen tramos desde la avenida General Paz, la ruta 3 hasta Bahía Blanca, la 205 hasta Bolívar y la ruta 226 hasta Mar del Plata, eje clave para Tandil.

En tanto, para el tramo de la ruta 5, que une Luján con Santa Rosa (La Pampa) a lo largo de 546 kilómetros, la oferta más económica fue presentada por Construcciones Electromecánicas del Oeste, con un peaje de $2.355,37 más IVA.

La inclusión de la ruta 226 en este esquema de concesión genera expectativa en la región, ya que se trata de una de las principales vías de conexión de Tandil con ciudades como Mar del Plata, Olavarría y Bolívar. La eventual implementación de nuevos peajes podría modificar los costos de circulación para vecinos, transportistas y turistas que utilizan este corredor de forma habitual.

Polémica y disputa judicial

El proceso licitatorio no estuvo exento de controversias. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, impugnó la licitación a través de Autopistas de Buenos Aires (Aubasa), aunque su presentación fue desestimada. Desde la administración bonaerense denunciaron irregularidades, entre ellas la presunta filtración anticipada de su oferta económica, y anticiparon que el conflicto continuará en la Justicia.

Además, la propuesta ganadora desplazó a históricos actores del negocio vial, como los grupos vinculados a Roggio, Panedile y Cristóbal López, lo que reconfigura el mapa de concesiones en el país.

Un sistema en transformación

Actualmente, la red de rutas nacionales cuenta con unos 40.000 kilómetros, de los cuales cerca de 10.000 ya estaban concesionados. Con este proceso, el Gobierno avanza en la privatización de otros 9.000 kilómetros, mientras que para el resto habilitó a gobernadores aliados a implementar sistemas de peaje para garantizar su mantenimiento.

La adjudicación final aún no fue oficializada, pero con las ofertas ya abiertas, el esquema de nuevos peajes en rutas clave como la 226 comienza a tomar forma y anticipa cambios concretos para la circulación en Tandil y la región.

El gobierno nacional llevó a cabo la apertura de sobres de las licitaciones para definir las concesiones privadas de diferentes rutas, entre ellas la 226. El consorcio integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco –que había presentado la tarifa de peaje más baja-, quedó en primer lugar, aunque no se descarta que haya impugnaciones al procedimiento. Una de ellas, la anunciada por la Provincia, que fue excluida de la licitación y denunció que “cambiaron la contratación cuando ya estaba iniciada”.

Entre las empresas presentadas, Concret Nor S.A, Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A habían propuesto la tarifa de peaje más económica para los 1.325 kilómetros del tramo “Sur-Atlántico-Acceso Sur”. El mismo contempla la traza urbana de la Ruta Nacional 226 que pasa por Tandil. La oferta del grupo fue de 997 pesos más IVA, lo que arroja un valor de 1206 pesos.

Cabe recordar, el gobierno nacional había lanzado la concesión de más de 1800 kilómetros de rutas nacionales. El primero en el mencionado tramo, y otro el tramo Pampa, que se extiende por casi 550 kilómetros. Desde la administración central anunciaron en septiembre pasado que una vez asignadas las empresas a cargo, pasarán a disolver a la actual concesionaria, la estatal Corredores Viales.

De acuerdo a los detalles de los pliegos que dio a conocer Vialidad Nacional, quien asuma la concesión del tramo que involucra a la 226 deberá construir una pasarela peatonal en la localidad de Sierra de los Padres, una colectora entre el kilómetro 163 y 164,1 desde Pedersen a Reforma Universitaria, y concretar la semaforización de la traza urbana de Tandil entre el kilómetro 162,7 y el 171,7.

Desde  Estrellas Amarillas Tandil habían valorado que se hayan incorporado dichas obras, pero también cuestionaron los plazos para la ejecución de las mismas. De acuerdo a lo planteado por la organización, durante el primer año de concesión no habría avances significativos en infraestructura y las empresas deberán limitarán a tareas de bacheo y mantenimiento general, mientras que los trabajos estructurales recién comenzarían en el segundo y tercer año. “El plazo es muy pobre”, había expresado Hernán Mansilla -parte de la entidad- quien además cuestionó que se priorice la rentabilidad privada por sobre las necesidades de seguridad vial.

El gobierno bonaerense cuestionó el proceso licitatorio para asignar la concesión de los tramos de las rutas nacionales, e incluso funcionarios de primera línea anunciaron que avanzarán con acciones al respecto. Cabe recordar, la Provincia se había presentado como oferente a la licitación. Fue a través de la empresa Autopistas de Buenos Aires (Aubasa), pero finalmente resultó excluida.

“Ante la preocupación sobre la transparencia del proceso, hoy solicitamos al Ministerio de Economía de la Nación —bajo cuya órbita se lleva adelante esta licitación— la intervención de las Defensorías del Pueblo de la Nación y de la Provincia para que hagan de veedores y garanticen la transparencia. Venimos observando modificaciones y decisiones que marcan una arbitrariedad manifiesta en la asignación de concesionarios. Una semana antes, modificaron 33 de 34 artículos y cambiaron una contratación cuando ya estaba iniciada”, había publicado el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.

Sin embargo, Aubasa resultó “desestimada” a través de la resolución 537/26 del Ministerio de Economía de Nación. En el mismo comunicado, Nación definió que el martes 21 de abril a las 20 horas se lleve a cabo la apertura de sobres de las ofertas preclasificadas. 

En dicha instancia fue que el consorcio integrado por Concret Nor S.A, Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A resultó en primer lugar. Fuentes consultadas por El Eco de Tandil no descartaron que las acciones provinciales avancen hacia la impugnación judicial del proceso.

El Gobierno nacional dio un paso fundamental en el proceso de privatización de rutas nacionales y autopistas al realizar la apertura de las ofertas económicas presentadas por las constructoras interesadas en la concesión de corredores estratégicos. La licitación, que corresponde a la Etapa II - A de la Red Federal de Concesiones, abarca el mantenimiento y la operación de un total de 1.871 kilómetros de caminos, incluyendo las rutas 3, 5, 205 y 226, además de diversas autopistas.

Según los datos publicados en el portal Contrat.Ar, el consorcio integrado por las firmas Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco fue el que propuso la tarifa de peaje más económica para el tramo de 1.325 kilómetros que comprende la Ruta Nacional 226 hasta Mar del Plata, la Ruta 3 hasta Bahía Blanca y la Ruta 205 hasta Bolívar. La oferta presentada por este grupo fue de 997 pesos más IVA.

En tanto, para el corredor de 546 kilómetros sobre la Ruta 5, que une Luján con Santa Rosa, la propuesta más baja fue de 2.355,37 pesos más IVA, por parte de la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste. Con estos resultados, el consorcio ganador se posiciona por delante de competidores históricos del sector vial como Roggio, Panedile de Hugo Dragonetti y Cristóbal López.

El proceso licitatorio no estuvo exento de conflictos políticos. La convocatoria fue impugnada por la gestión del gobernador Axel Kicillof, que participó a través de la empresa Autopistas de Buenos Aires (Aubasa) y resultó descalificada. Diversos funcionarios bonaerenses denunciaron que se filtró su oferta económica antes de tiempo y aseguraron que la disputa legal continuará en la Justicia.

Actualmente, la red de rutas nacionales cuenta con unos 40.000 kilómetros, de los cuales 10.000 ya estaban concesionados y otros 9.000 se encuentran en proceso de privatización. Para el resto de las trazas, el Gobierno nacional autorizó a nueve gobernadores aliados para que implementen el cobro de peajes y garanticen la viabilidad de los caminos.

La defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, se sumó a los cuestionamientos en torno a la licitación de la Ruta Nacional 226 y expresó su preocupación por el impacto que podría tener el proyecto si no se contemplan las particularidades del tramo que atraviesa la ciudad.

En el marco del debate que ya había sido impulsado por distintos actores políticos y sociales —entre ellos el concejal Iparraguirre—, la funcionaria remarcó la necesidad de que la obra contemple una mirada integral, que priorice la seguridad vial, la conectividad urbana y la calidad de vida de los vecinos.

En diálogo con El Eco Multimedios, explicó que según se viene señalando en distintos ámbitos, la traza urbana de la ruta representa una de las principales problemáticas estructurales de Tandil, tanto por su condición de barrera física como por los riesgos que implica para quienes la transitan a diario. En ese sentido, distintos sectores vienen advirtiendo que el crecimiento de la ciudad, especialmente hacia el norte, profundizó las dificultades de circulación y multiplicó los puntos críticos.

En esa línea, Lafourcade advirtió que cualquier proceso licitatorio debe contemplar no sólo la circulación vehicular, sino también la realidad de quienes viven, trabajan o estudian a ambos lados de la ruta. “No se trata solamente de mejorar el tránsito, sino de pensar cómo se integra esa traza a la ciudad”, planteó, en sintonía con los reclamos que vienen sosteniendo vecinos y organizaciones.

En ese marco, Lafourcade también puso el foco en posibles irregularidades en el proceso de licitación, y advirtió sobre la necesidad de extremar los controles institucionales. Según señaló, existen inquietudes respecto a la transparencia, los plazos y las condiciones en las que se lleva adelante el llamado, en línea con cuestionamientos que ya habían sido planteados por otros actores.

La defensora del Pueblo sostuvo que es fundamental que toda la información vinculada al proceso sea clara, accesible y pública, y que se garantice el cumplimiento de los mecanismos legales correspondientes. “Cuando se trata de una obra de esta magnitud, no puede haber dudas. La transparencia es clave para generar confianza en la comunidad”, remarcó.

La titular de la Defensoría del Pueblo recordó que el organismo viene acompañando el reclamo histórico por obras en la 226 y que incluso ha participado en instancias como audiencias públicas y reuniones con vecinos, donde se expusieron las dificultades cotidianas para cruzar la traza, la falta de infraestructura adecuada y los reiterados siniestros viales.

Además, remarcó la importancia de incorporar obras complementarias que permitan mejorar la seguridad, como accesos controlados, cruces seguros, iluminación y señalización adecuada. En ese sentido, insistió en que las soluciones parciales o de corto plazo no resuelven el problema de fondo.

Otro de los puntos que subrayó fue la necesidad de que el proceso sea transparente y contemple instancias de participación ciudadana. Según indicó, las decisiones que se adopten en esta etapa tendrán consecuencias durante décadas, por lo que consideró fundamental que la comunidad pueda expresar sus necesidades y preocupaciones.

Asimismo,  señaló que el Estado nacional mantiene la responsabilidad sobre la infraestructura, independientemente del modelo de gestión o concesión que se adopte, y remarcó que debe garantizarse una respuesta acorde a la magnitud del problema.

Finalmente, planteó que este proceso representa una oportunidad clave para avanzar en una solución definitiva, pero advirtió que si no se contemplan las demandas históricas de la comunidad, existe el riesgo de repetir errores del pasado. Por eso, insistió en la necesidad de avanzar en un proyecto que no sólo mejore la circulación, sino que también integre la ruta a la vida urbana de Tandil y dé respuesta a una problemática que lleva años sin resolverse.

El Gobierno Nacional informó que, tras el cierre del período previsto para la presentación de impugnaciones, continúa el avance de la Red Federal de Concesiones. Este proceso licitatorio tiene como objetivo modernizar y poner en valor más de 9.000 kilómetros de corredores estratégicos de la red vial nacional a través de inversión privada.

En esta instancia, se progresa con la Etapa II A, que contempla la concesión de más de 1.900 kilómetros de rutas nacionales divididos en dos tramos. El primero de ellos, denominado Sur Atlántico - Acceso Sur, cuenta con una extensión de 1.325,17 kilómetros e integra tramos de la Ruta Nacional 226, la Ruta Nacional 3, la Ruta Nacional 205 y diversos accesos críticos como la Autopista Ricchieri y la Autopista Ezeiza-Cañuelas.

Para este sector que involucra a la Ruta Nacional 226, se recibieron diez ofertas, de las cuales seis fueron aprobadas y cuatro resultaron rechazadas. Una de las empresas desestimadas fue Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa), debido al incumplimiento de requisitos técnicos y financieros esenciales establecidos en los pliegos que rigen la licitación.

Según detalló el comunicado oficial, las empresas deben acreditar capacidad para la ejecución directa de las obras y no solo para la operación de las mismas. En el caso de AUBASA, la documentación presentada no acreditó la ejecución material con recursos propios. Asimismo, se verificó una situación de fragilidad financiera, con un índice de endeudamiento de 3,75 que superó ampliamente el límite de 1,50 fijado para asegurar que los concesionarios asuman el riesgo sin recurrir a asistencia estatal.

El proceso es supervisado por la Secretaría de Coordinación de Infraestructura y Transporte del Ministerio de Economía, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la SIGEN. De las 19 ofertas totales presentadas para la Etapa II A, 12 fueron admitidas y siete fueron desestimadas bajo criterios de transparencia y rigor técnico.

El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con un modelo de infraestructura basado en reglas claras, competencia genuina y responsabilidad técnica, donde la inversión privada asuma el riesgo de la operación y el sistema vial pueda avanzar hacia estándares de mayor eficiencia, calidad y previsibilidad.

El exdiputado nacional Rogelio Iparraguirre volvió a poner el foco sobre la situación de la Ruta Nacional 226 y cuestionó el proceso de licitación impulsado por el Gobierno nacional, en medio de denuncias por presuntas irregularidades.

A través de sus redes sociales, el ahora concejal sostuvo que la traza “vuelve a ser noticia” no por las obras que Tandil necesita desde hace años, sino por “denuncias de irregularidades en su licitación”, en línea con lo expuesto recientemente por el gobierno bonaerense.

“Grave, pero ya no sorprende”, expresó, al tiempo que advirtió sobre cambios de último momento en los pliegos, falta de reglas claras y sospechas de un posible negociado en torno a un tema que consideró central para la ciudad.

En ese sentido, Iparraguirre planteó interrogantes sobre el trasfondo del proceso y apuntó a un modelo que podría derivar en concesiones privadas con mayor carga de peajes, nuevos puntos de cobro y tarifas más altas. “Básicamente, un modelo de negocio pensado para recaudar”, remarcó.

El edil también puso el eje en las consecuencias para la comunidad local y señaló que, mientras se desarrollan estas controversias, Tandil continúa esperando mejoras estructurales en una vía clave para la conectividad regional, como mayor seguridad vial e integración.

En un tono crítico, el dirigente afirmó que, de confirmarse estas sospechas, “no es un error: es una forma de hacer política que pone los negocios por encima de la gente”, y lanzó un mensaje directo a los referentes locales del oficialismo nacional.

“¿Qué tienen para decir los representantes del Gobierno nacional en Tandil? ¿Van a defender a los tandilenses o a mirar para otro lado?”, cuestionó.

Las declaraciones se dan en un contexto de creciente tensión en torno a la licitación de distintos corredores viales, entre ellos la Ruta 226, donde desde la provincia de Buenos Aires ya se habían señalado posibles irregularidades en el proceso administrativo.

En el marco de la privatización de corredores viales impulsada por el Gobierno nacional, la empresa estatal bonaerense Aubasa quedó en el centro de una disputa administrativa y política. El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, denunció públicamente una serie de irregularidades en el proceso de licitación y solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo, tanto nacional como provincial.

La controversia surgió luego de que las autoridades nacionales modificaran 33 artículos del pliego apenas una semana antes del vencimiento del plazo para presentar las ofertas. Según explicó el funcionario provincial en conferencia de prensa desde la Gobernación, estos cambios sustanciales alteran las condiciones originales y desvirtúan la competencia entre los oferentes.

El objetivo de la presentación ante los organismos de control es garantizar la plena transparencia en la adjudicación de las concesiones. Katopodis señaló que pretenden que la Defensoría del Pueblo actúe como veedora en todo el proceso de selección, ante la sospecha de posibles arbitrariedades que podrían favorecer a ciertos sectores.

El conflicto tiene un impacto directo en la región, ya que la provincia de Buenos Aires, a través de Aubasa, se postuló para administrar tres tramos de rutas nacionales estratégicas. Entre ellas se encuentran la Ruta 226, la 3 y la 205, además de la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas.

La empresa pública provincial formalizó su participación tras verificar que los pliegos no prohibían la postulación de compañías estatales. En este sentido, el ministro defendió el perfil de la firma bonaerense, calificándola como superavitaria y destacando los estándares de servicio que mantiene en la Autopista Buenos Aires–La Plata y la Ruta 2.

Finalmente, el funcionario advirtió sobre la posibilidad de que el nuevo esquema licitatorio esconda un modelo de negocios basado en el incremento de la recaudación mediante peajes más caros y la instalación de nuevos puntos de cobro. Actualmente, el proceso de evaluación continúa con al menos diez ofertas en condiciones de ser adjudicadas.

En una jornada clave para la infraestructura vial que afecta directamente a Tandil, el Gobierno Nacional confirmó este viernes la apertura de los sobres con las ofertas para la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones (RFC). Este proceso de privatización, que busca reemplazar el gasto público por inversión privada, incluye corredores estratégicos para la región, específicamente la Ruta Nacional 226 y la Ruta Nacional 3.

El acto administrativo contó con la participación de 15 oferentes distintos, quienes presentaron sus propuestas divididas en dos instancias: una relativa a la calidad técnica y otra con la oferta económica, la cual definirá la tarifa de peaje que se propone cobrar a los usuarios. Según informaron desde el Ministerio de Economía, este tramo denominado “Sur - Atlántico - Acceso Sur” abarca un total de 1.325,17 kilómetros.

Para los tandilenses, la noticia es de suma relevancia ya que la Ruta 226 es una vía vital para la conectividad productiva y turística. El segmento incluido en esta licitación se extiende desde el empalme con la Ruta Nacional 2 hasta la intersección con la Ruta Provincial 65, en el partido de Bolívar, atravesando el corazón de la ciudad, con un tramo urbano que presenta múltiples falencias en lo que refiere a la seguridad vial, con varios fallecimientos en el historial.

Además, el mismo corredor contempla la Ruta Nacional 3, otra arteria fundamental para el centro y sur bonaerense, en el tramo que va desde Cañuelas hasta el empalme con la variante Bahía Blanca. En total, la Etapa II de este plan de concesiones abarca más de 1.871 kilómetros distribuidos entre las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó a través de sus redes sociales que este esquema funciona “sin subsidios”, lo que permitirá "más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos". No obstante, el mantenimiento y la seguridad de los caminos seguirán bajo la lupa estatal: Vialidad Nacional será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento de los contratos mediante un sistema de control por resultados para garantizar niveles de servicio adecuados.

Aunque el proceso avanza a paso firme tras la firma de los contratos de la Etapa I en enero —que incluyó el Puente Rosario-Victoria y rutas del Mercosur—, en Tandil persiste la expectativa sobre los detalles finales. Resta conocer con precisión cuáles serán las obras y mejoras específicas incluidas en los contratos definitivos para la Ruta 226, un tema que ya ha generado alertas por parte de organizaciones locales como Estrellas Amarillas respecto a los plazos de inversión.

Este viernes por la mañana se concretó un operativo de levantamiento, secuestro y decomiso de importantes cantidades de bolsas de papa, cebolla y zapallo en distintos puntos del partido de Tandil. La intervención se enmarcó en un operativo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, realizado en colaboración con el Municipio de Tandil. 

La actuación responde a una presunta contravención al Código de Faltas provincial, cuya competencia corresponde al Juzgado Correccional de Tandil, y se inscribe en las acciones orientadas al despeje de la ruta, solicitado en julio del año pasado por el fiscal federal de la ciudad.

Los controles se desplegaron en la Ruta Nacional 226 y la intersección con Falucho; la misma vía y Reforma Universitaria, y en la zona del Cruce Scarminachi, en la intersección de las rutas 30 y 74.

Durante el procedimiento se incautaron bolsas de papa y cebolla que eran comercializadas de forma irregular en las banquinas Desde el Municipio señalaron que se trata de “una práctica que representa riesgos para la seguridad vial y que no cumple con las normativas vigentes en materia de transporte, comercialización y trazabilidad de alimentos”.

El operativo se desarrolló a partir de actuaciones promovidas por la Defensoría del Pueblo de Tandil, con intervención del Juzgado de Garantías competente. Participaron efectivos de la Policía Vial y del Comando de Prevención Rural Tandil de la fuerza provincial, junto con el acompañamiento de distintas áreas municipales.

Por parte del Municipio, la Secretaría de Protección Ciudadana colaboró en territorio mediante la participación de Defensa Civil y del sistema Centinela, poniendo a disposición un galpón municipal para el acopio provisorio de la mercadería secuestrada. Los productos permanecerán al resguardo hasta que el Juzgado interviniente resuelva su destino final, que podrá contemplar la devolución, destrucción o entrega, de acuerdo con el criterio judicial.

Además, colaboró en el operativo el Comando de Prevención Rural de Tandil, reforzando las tareas de control en zonas rurales y periurbanas.

Desde el Municipio destacaron la importancia del trabajo conjunto entre el Estado local, la Provincia y el Poder Judicial, orientado a prevenir prácticas irregulares, proteger a los consumidores y garantizar condiciones seguras tanto para la circulación vial como para la comercialización de productos alimenticios.

Finalmente, indicaron que estas acciones continuarán desarrollándose de manera coordinada en distintos puntos del partido.

El próximo viernes 27 de febrero se llevará a cabo la apertura de sobres para conocer los oferentes presentados al llamado a licitación para la concesión de lo que se conoce como Tramos Sur Atlántico Acceso Sur, que integra la Ruta Nacional 226. En ese marco, desde la Unión de Usuarios Viales volvieron a manifestarse a favor de la semaforización en el tramo urbano local

“Insisto con que debería haber semaforización, eso ayudaría muchísimo”, planteó Carlos Castilla, integrante de Usuarios Viales, en diálogo con El Eco. El vecino expuso también sobre la necesidad de apertura de calles y la extensión de la colectora, aunque de cara a una nueva concesión –y el desguace de la empresa Corredores Viales-, sostuvo que no cuenta con expectativas de grandes obras.

“Vialidad Nacional informa que, en el marco del desarrollo de la Red Federal de Concesiones (RFC), se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 112/2026 que efectúa, mediante el proceso 504-0015-LPU25 de la plataforma Contrat.Ar, el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción, la explotación, administración y mantenimiento de la Etapa II – B”, publicó el gobierno nacional el pasado miércoles 11 de febrero.

“Cabe aclarar que la Etapa II-A fue licitada en el mes de enero y la apertura de sobres se realizará el 27 de febrero. Incluyó los Tramos Sur Atlántico Acceso Sur (RN 3, RN 205; RN 226, Au. Ezeiza - Cañuelas, Au. Riccheri y Au. Newbery) y Pampa (RN 5 y RN 35)”, precisó el texto oficial, en referencia al tramo que afecta a Tandil.

“Nuestras entradas a la ciudad no son fáciles. La Ruta 226 como siempre es muy peligrosa. Se sigue utilizando a mucha velocidad y hay lugares muy peligrosos. Hay que tratar de manejar con cuidado. La 226 sigue siendo problemática hasta que no haya otro tipo de obras que la modifiquen”, sostuvo Castilla.

En la misma línea, el integrante de Usuarios Viales volvió a plantear la posibilidad de la semaforización, pero también la “apertura de calles, la continuidad de Garibaldi, la continuidad de Caseros, con cruces semaforizados, porque eso mejoraría mucho”.

Destacó que si bien tuvo dudas iniciales con respecto a la colocación de las señalizaciones de la prioridad de paso en las rotondas, observó que a la fecha se las está respetando.

Consultado por el futuro llamado a licitación de la Ruta 226, sostuvo que “no hay expectativas, lamentablemente de grandes obras, pero por lo menos va a haber una concesión nueva, no va a estar Corredores Viales Sociedad Anónima, que es una empresa del Estado que la están desarmando, desguazando y va a pasar a un privado”.

Ante la llegada de un privado que concesione la ruta, Castilla estimó que “está lejos lo de la semaforización” y que  “la única lucecita o ventanita que veo es que al haber un nuevo concesionario privado, es que tendremos un diálogo. Tanto Usuarios Viales, como Estrellas Amarillas, como el Municipio podríamos tener diálogo con gente a cargo de la ruta y por ahí logremos algo”.

Consideró a su vez que entre las obras prioritarias deberían estar no solo los posibles semáforos sino también las extensiones de las colectoras a ambos lados de la arteria principal. “Mínimo tendrían que estar desde El Paraíso hasta la rotonda de la Ruta 30 en ambos lados. Eso también ayudaría muchísimo”, expuso.

Además, manifestó que la llegada de un privado a la concesión de la ruta, “va a ser algo distinto, no sé si superior, mejor, o inferior, pero por lo menos son otras voces con las cuales hablar, discutir e intentar. Porque esta empresa Corredores Viales, es lamentable, un desastre”.

Al respecto, agregó que “en estos días contesté una consulta que se hizo sobre el aumento de peajes. Es graciosísimo. Las rutas están mal, la concesión es mala, no se corta el pasto, no se mantiene, no se señaliza, no se demarca como corresponde, y sin embargo el gobierno nacional quiere aumentar los peajes. Más que aumentar los peajes debería abrir la barrera hasta que no hagan una obra que justifique que se pague peaje, sino es una vergüenza”.

El Gobierno nacional avanzó esta semana con una nueva etapa del esquema de concesión de rutas y confirmó que corredores clave para Tandil y la región, como la Ruta Nacional 226 y la Ruta Nacional 3, serán incluidos en el próximo llamado a licitación de la Red Federal de Concesiones.

Luego de la firma de los contratos correspondientes a la Etapa I, anunciada el pasado martes 6 de enero, se habilitó formalmente la Etapa II de la Red Federal de Concesiones (RFC). Sus pliegos preliminares ya pueden consultarse en el sitio oficial argentina.gob.ar. En esta fase se licitarán dos grandes corredores viales, uno de los cuales impacta de manera directa en el centro y sudeste bonaerense.

En ese marco, la Ruta Nacional 226 forma parte del denominado Tramo Sur Atlántico Acceso Sur. El tramo incluido va desde el empalme con la Ruta Nacional 2, en cercanías de Mar del Plata, hasta la intersección con la Ruta Provincial 65, en el partido de Bolívar.

También se encuentra contemplada en este mismo corredor la Ruta Nacional 3, otra vía estratégica para la región, que atraviesa el centro de la provincia de Buenos Aires y conecta el área metropolitana con el sur bonaerense y la Patagonia. En la Etapa II, la concesión abarca más de 600 kilómetros de esta ruta, desde Cañuelas hasta el empalme con la variante Bahía Blanca.

Desde el Gobierno señalaron que la concesión contempla la posesión, administración y mantenimiento de los corredores, aunque aún resta conocer en detalle qué tipo de obras y mejoras estarán incluidas en los contratos definitivos.

Además del corredor que incluye a las rutas 3 y 226, la Etapa II de la Red Federal de Concesiones incorpora otros tramos viales del país. Entre ellos se encuentra el denominado Tramo Pampa, que comprende la Ruta Nacional 5 entre Buenos Aires y Santa Rosa, La Pampa.

En total, los dos tramos que salen a licitación suman 1.871,8 kilómetros, de los cuales más de 1.300 corresponden al corredor Sur Atlántico.

Autopista Ezeiza-Cañuelas

- Desde el final de la Au. Newbery (Buenos Aires) hasta la intersección con la RN 205 y RN 3 (Buenos Aires).

- 30,39 km.

Au. Riccheri

- Desde Av. General Paz (Buenos Aires) hasta el acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Buenos Aires).

- 13,86 km.

Au. Newbery

- Desde la Autopista Riccheri (Buenos Aires) hasta el inicio de la Autopista Ezeiza-Cañuelas (Buenos Aires).

- 6,05 km.

Ruta Nacional 3

- Desde el final de la Autopista Ezeiza-Cañuelas (Buenos Aires) hasta el empalme con la RN 1V03 Bahía Blanca (Buenos Aires).

- 615,52 km.

Ruta Nacional 205

- Desde la RP 6 en Cañuelas (Buenos Aires) hasta el empalme con la RN 3 en Cañuelas (Buenos Aires).

- 1,21 km.

Ruta Nacional 205

- Desde el empalme de la RN 3 en Cañuelas (Buenos Aires) hasta el empalme con la RP 65 en Bolívar (Buenos Aires).

- 253,82 km.

Ruta Nacional 226

- Desde el empalme de la RN 2 en Mar del Plata (Buenos Aires) hasta el empalme de la RP 65 en Bolívar (Buenos Aires).

Ruta Nacional 5

- Desde Luján (Buenos Aires) Km 65 hasta Luján (Buenos Aires) Km 73.

- 8 km.

Ruta Nacional 5

- Desde el empalme del Acceso Oeste (Buenos Aires) hasta el empalme con la RN 35 en Santa Rosa (La Pampa).

- 538,65 km.

El cruce de las rutas 226 y 74 fue escenario este viernes por la mañana de un accidente vial de amplia magnitud, tras el vuelco de un camión cisterna que transportaba gas butano. El siniestro se produjo cuando el vehículo intentaba realizar la maniobra de giro en la rotonda que une ambas arterias nacionales y provinciales.

Como consecuencia del incidente, el camión terminó recostado sobre uno de sus laterales en la zona de banquina, lo que motivó la inmediata activación de un protocolo de emergencia. El transporte involucrado es un Iveco Cursor, dominio NOZ 759, perteneciente a la firma Dolores Gas y operado por la empresa de logística Transporte Cerrudo, que remolcaba una cisterna de la compañía Grupecológica, especialmente diseñada para el traslado de gases licuados a presión.

El conductor, un hombre de 37 años oriundo de Bahía Blanca, logró salir de la cabina por sus propios medios. Fue asistido en el lugar por personal sanitario, que constató que no presentaba lesiones y se encontraba en buen estado de salud general.

En el lugar trabajaron intensamente efectivos de la Policía Vial, personal del Cuartel Central de Bomberos, Policía Ecológica y trabajadores del área de seguridad vial del peaje.

Según explicó Martín Tifner, titular de la delegación de Policía Ecológica, en diálogo con El Eco de Tandil, el vehículo se desplazaba desde Bahía Blanca con destino a la ciudad de Buenos Aires. Al momento del accidente, “según declaraciones propias del chofer, se quedó sin frenos”.

Una de las primeras medidas adoptadas dentro del operativo fue la desconexión de las baterías del camión, además de la intervención sobre el tanque de combustible del propio rodado, que presentaba un pequeño orificio con pérdida de gasoil. “Se suturó la rotura con un material especial y se colocó material absorbente alrededor, además de arena, para encapsular el combustible y evitar cualquier riesgo de ignición”, detalló.

Respecto a la carga principal, Tifner confirmó que la cisterna transportaba aproximadamente 24.000 kilos de gas butano y que, tras las primeras inspecciones, no se detectaron fisuras ni pérdidas. “No se percibe olor en el ambiente ni se observa daño visible en el tanque. Se están controlando periódicamente la presión y la temperatura a través de los relojes que posee la cisterna”, explicó. Asimismo, destacó que este tipo de unidades cuenta con paredes protectoras reforzadas y válvulas de escape que liberan presión en caso de aumento de temperatura.

Como parte del operativo, las autoridades mantienen un monitoreo constante cada 20 a 30 minutos. En caso de que la temperatura se eleve de manera significativa, se prevé la intervención de Bomberos para enfriar el sistema mediante una cortina de agua. No obstante, al momento del reporte, los valores se mantenían dentro de parámetros normales, en torno a los 20 y 30 grados.

En cuanto a la logística para retirar el vehículo siniestrado, se informó que durante el mediodía se realizará un corte total del tránsito en ambas rutas para llevar adelante la operatoria de trasvaso del gas butano a otro camión. Posteriormente, se procederá al levantamiento de la cisterna con grúas de gran porte. Según las estimaciones, los trabajos podrían extenderse hasta al menos las 18 horas, dado que cada trasvaso demanda aproximadamente una hora y media, dependiendo del equipamiento utilizado.

Mientras tanto, el tránsito permanece parcialmente habilitado con restricciones intermitentes, y se solicita a los conductores extremar las precauciones al circular por la zona. Desde el Municipio de Tandil y los organismos intervinientes remarcaron que la situación se encuentra bajo control, aunque se mantendrán las medidas preventivas necesarias hasta la finalización total del operativo.

Las concesiones viales impulsadas por el gobierno de Javier Milei sobre decenas de rutas nacionales continúan generando una fuerte polémica en Tandil y en otros distritos de la provincia de Buenos Aires. Las críticas se centran en la precariedad de los pliegos licitatorios y en la extensión de los permisos de concesión por varias décadas, sin que se contemple un plan claro de inversiones por parte de las empresas privadas.

En el caso de Tandil, la preocupación se focaliza principalmente en la Ruta Nacional 226, una vía estratégica para el turismo y la conectividad regional. A este reclamo se suman cuestionamientos similares en torno a las rutas nacionales 3, 5 y 205, así como también a la situación de la autopista Riccheri–Ezeiza.

Bajo este contexto, en las últimas horas el intendente del partido de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó un amparo con medida cautelar al considerar inconstitucional la Resolución 1843/2025, que regula los denominados tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa de la Red Federal de Concesiones, dentro de la cual se incluyen las rutas mencionadas.

La acción judicial recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9, a cargo del juez Pablo Cayssials, y tiene como objetivo central solicitar la nulidad de dicha resolución. La presentación de Gray, referente del Partido Justicialista, coincide con los reiterados cuestionamientos formulados por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) respecto de la denominada Red Federal de Concesiones.

Desde el Conaduv expresaron su respaldo a la iniciativa judicial y señalaron que la misma busca “resguardar a los usuarios viales de los abusos que sufrirán con el plan del gobierno nacional”. 

Según el organismo, el esquema propuesto implica “la continuidad de un régimen de falso peaje que funciona como un impuesto al tránsito, claramente inconstitucional, injusto e inviable desde el punto de vista económico”. Asimismo, advierten que podría generar serios perjuicios sociales y económicos, tanto para los usuarios directos como indirectos de la red vial.

Desde el comité remarcaron que la acción judicial pone de relieve “la ausencia de un ente regulador creado por ley, con participación efectiva de los usuarios viales”, una falencia que consideran clave en el esquema planteado por el Ejecutivo nacional.

Finalmente, el Conaduv reiteró la necesidad de avanzar hacia “un proyecto vial libre de peajes que abarque la totalidad de la red caminera del país” y exhortó al Gobierno a reasignar de manera efectiva los recursos provenientes del impuesto a los combustibles para el mantenimiento y la mejora de las rutas nacionales.