Los empleados bancarios percibirán un incremento salarial del 2,6 por ciento correspondiente al mes de abril. Esta actualización fue acordada entre la Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, y las cámaras empresarias, con el objetivo de mantener la paridad con el último índice de inflación, que registró la misma cifra.

El ajuste se aplicará de manera retroactiva con los salarios de junio sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto normales como habituales. De esta forma, en los primeros cuatro meses del año, la suba acumulada alcanza el 12,3 por ciento respecto a los sueldos de diciembre de 2025, igualando la variación de precios acumulada en dicho período.

Con esta nueva actualización, el salario inicial de los bancarios se ubicará en $2.319.195,20. Asimismo, el convenio establece que, con motivo del Día del Bancario, se abonará un monto mínimo de $2.067.482,29, valor que podrá ser modificado en función de futuros acuerdos salariales que se alcancen en el sector.

Cabe destacar que, según datos de la Secretaría de Trabajo a marzo, los trabajadores del sector registraron un aumento real cercano a cero en el último año, debido a que las actualizaciones se vienen pactando en sintonía con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Desde la organización gremial confirmaron que las negociaciones continuarán en el corto plazo siguiendo la pauta establecida. A través de un comunicado, la Asociación Bancaria señaló: "Según lo acordado oportunamente, se continuará de igual manera con la actualización del mes de mayo, siguiendo el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales que se realizaron hasta el momento. Asimismo, se retomará la negociación paritaria en la segunda quincena de junio de 2026",

Es importante destacar que en junio los trabajadores percibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, el cual se abona en dos cuotas anuales. La primera de ellas debe cancelarse hasta el 30 de junio y representa el 50 por ciento de la mayor remuneración mensual bruta percibida durante el semestre.

Para un sueldo de $2.319.195,20, el monto del aguinaldo ascendería a $1.159.597,60. En los casos donde el empleado no registre seis meses de antigüedad, el pago será proporcional al tiempo trabajado, tomando como referencia el sueldo más alto, multiplicándolo por los meses cumplidos y dividiendo el resultado por 12.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Instituto Nacional de Estadística y Censos) informó que el índice de salarios aumentó 3,4 por ciento en marzo de 2026 respecto del mes anterior, en línea con la inflación registrada durante ese mismo período.

De acuerdo con el organismo estadístico, la mejora mensual estuvo impulsada por incrementos de 2,1 por ciento en el sector privado registrado, 5 por ciento en el sector público y 4,7 por ciento en el sector privado no registrado.

En la comparación interanual, el índice total mostró una suba de 36,4 por ciento, producto de aumentos de 27,5 por ciento en el sector privado registrado, 29,6 por ciento en el sector público y 74,4 por ciento en el sector privado no registrado.

En tanto, durante el primer trimestre de 2026 los salarios acumularon una mejora de 8,6 por ciento frente a diciembre de 2025. En ese período, el sector privado registrado avanzó 5,9 por ciento, el sector público 9,4 por ciento y el sector privado no registrado 14,3 por ciento.

Dentro del sector público, el informe del Indec detalló que en marzo el subsector nacional registró una suba mensual de 5,8 por ciento, mientras que el subsector provincial mostró un incremento de 4,7 por ciento.

En términos interanuales, los salarios del sector público nacional aumentaron 24,4 por ciento, mientras que los del sector público provincial crecieron 31,8 por ciento.

Por su parte, en el acumulado del año, el subsector nacional registró un alza de 8,6 por ciento y el provincial de 9,7 por ciento.

El dato de marzo mostró un empate entre la evolución de los salarios y el Índice de Precios al Consumidor, ya que ambos avanzaron 3,4 por ciento.

No obstante, en el balance del primer trimestre los salarios quedaron levemente rezagados frente al costo de vida: entre enero y marzo los ingresos subieron 8,6 por ciento, mientras que la inflación acumuló 9,2 por ciento.

En la comparación interanual, en cambio, los salarios lograron ganarle a la inflación, al crecer 36,4 por ciento frente a un aumento de precios del 32,6 por ciento.

Los salarios pretendidos por los argentinos mostraron en abril una nueva señal de desaceleración. Según el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, la remuneración promedio solicitada por quienes buscan empleo fue de 1.784.840 pesos brutos por mes, una cifra que implicó una baja de 0,09 por ciento respecto de marzo y que volvió a ubicarse por debajo de la inflación proyectada para el período.

El dato confirma una tendencia que comenzó a observarse hacia fines de 2025: las pretensiones salariales crecieron cada vez menos e incluso alternaron meses de retrocesos nominales. En otras palabras, el mercado laboral empieza a reflejar una moderación en las expectativas de ingresos de los postulantes. Los números muestran un fenómeno llamativo, ya que las remuneraciones pretendidas avanzaron 13,44 por ciento en los últimos 12 meses, mientras que la inflación interanual se ubicó en 32,4 por ciento.

El informe también refleja fuertes diferencias salariales según el nivel de experiencia. Mientras un postulante junior pretende en promedio 1.354.695 pesos brutos por mes, el monto sube a 1.814.084 pesos para posiciones semi senior y senior, y alcanza los 2.407.033 pesos en los cargos de jefe o supervisor. La diferencia entre el promedio junior y el de posiciones jerárquicas supera así el millón de pesos mensuales, lo que evidencia la distancia salarial que todavía existe dentro del mercado laboral formal.

Sin embargo, la evolución reciente no fue igual para todos los segmentos. Los puestos junior mostraron una suba mensual de 1,87 por ciento y las posiciones senior y semi senior aumentaron 1,42 por ciento, mientras que los cargos de jefe y supervisor registraron una caída de 7,30 por ciento. Según los especialistas, ese comportamiento puede interpretarse como una señal de mayor cautela en los segmentos jerárquicos, donde las empresas suelen tener procesos de contratación más lentos.

Al analizar las pretensiones salariales por áreas, Recursos Humanos aparece como uno de los sectores con mejores remuneraciones promedio tanto en posiciones junior como en los niveles semi senior y senior. En el segmento junior, esta área encabezó el ranking con un salario pretendido promedio de 1.528.125 pesos mensuales. Detrás quedaron Administración y Finanzas, con 1.449.028 pesos, y Producción, Abastecimiento y Logística, con 1.440.179 pesos. En cambio, el sector Comercial fue el que tuvo menor remuneración pretendida para puestos junior, con un promedio de 1.154.688 pesos.

El informe también identifica cuáles son los cargos específicos con mayores pretensiones salariales dentro de cada segmento. En las posiciones de jefe y supervisor, el puesto con el salario requerido más alto fue Auditoría, con una pretensión promedio de 4.125.000 pesos mensuales. En los niveles semi senior y senior, Ingeniería en Petróleo y Petroquímica lideró el ranking con 3.650.000 pesos por mes.

Mientras tanto, en el segmento junior el puesto mejor remunerado fue Ingeniería de Procesos, con un salario pretendido de 2.550.000 pesos. Los datos muestran que las actividades vinculadas a energía, petróleo, ingeniería y finanzas siguen concentrando las remuneraciones más altas del mercado laboral argentino. Del otro lado aparecen sectores con salarios considerablemente menores: entre los puestos junior, el cargo de camareros tuvo la pretensión salarial más baja, con 850.000 pesos mensuales, mientras que para los niveles semi senior y senior, Gastronomía se ubicó en el piso del ranking con un millón de pesos.

Según el Indec la inflación de marzo fue de 3,4 por ciento, mientras que la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) que publica el Ministerio de Capital Humano registró un crecimiento de 2,4 por ciento.

Cuando se observa el trimestre la tendencia es la misma. La inflación acumulada a marzo fue de 9,4 por ciento, mientras que la evolución de los salarios fue de 8,6.

Esto demuestra que los salarios perdieron terreno contra la inflación, lo cual agudiza la escasez de recursos de las familias.

Además, como el “sueldo disponible” luego del pago de obligaciones básicas también se redujo, la capacidad de comprar bienes se deterioró y afecta a comercio e industrias.

El Gobierno señala que el Ripte no es un buen indicador de la evolución de los salarios por su conformación, no obstante ello, para elaborarlo se toman una serie de factores que dan una idea de valores que sirven para marcar la tendencia.

El RIPTE tiene estas características: 

Los salarios evaluados son los correspondientes a los puestos de trabajo con una antigüedad de 13 meses o más; considera los salarios de los puestos de trabajo del sector privado y del sector público nacional, provincial y municipal que hayan transferido sus cajas previsionales SIPA; y solo cuantifica los componentes remunerativos del salario (imponibles al sistema de seguridad social).

Además, tiene en cuenta el monto salarial hasta el tope imponible definido para los aportes personales al sistema de seguridad social.

Pero al margen de las consideraciones técnicas, esta diferencia es un indicador que es concordante con las estadísticas privadas de caída del consumo. NA

El poder adquisitivo de los salarios del empleo registrado privado mostró un nuevo retroceso en marzo. Según los registros oficiales, el salario promedio del sector privado perdió un 0,3 por ciento de su capacidad de compra respecto al mes anterior, mientras que el salario conformado medio de los principales Convenios Colectivos de Trabajo experimentó una contracción real del 0,5 por ciento en el mismo período.

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Trabajo, la evolución salarial presenta matices al observar el desempeño en el mediano plazo. En marzo, el poder adquisitivo del salario medio registrado se ubicó tres puntos porcentuales por encima del nivel alcanzado en noviembre de 2023. Sin embargo, la remuneración promedio pactada en los principales convenios colectivos acumuló una caída real de seis puntos porcentuales desde esa fecha.

La comparación interanual muestra una dinámica diferenciada. Entre marzo de 2025 e igual mes de 2026, el salario promedio de convenio perdió cinco por ciento de poder adquisitivo, mientras que la merma en el salario medio registrado del SIPA fue de uno por ciento. La dispersión sectorial se mantiene como una de las características más notorias del escenario actual.

Un grupo reducido de convenios logró mantener incrementos reales, con Aceiteros encabezando la lista con un aumento del 12,7 por ciento, seguido por Encargados de edificio (5,6 por ciento) y Transporte automotor (3,8 por ciento). Estos sectores pudieron recomponer ingresos por medio de ajustes nominales que superaron la evolución de los precios.

En el extremo opuesto, algunos rubros sufrieron pérdidas reales significativas. Los convenios de Textiles registraron una baja de 12,3 por ciento, Gastronómicos 9,5 por ciento, Calzado y Seguridad 8,4 por ciento, Alimentación ocho por ciento e Indumentaria 7,9 por ciento. El informe oficial señala que la disparidad en la evolución de los salarios reales está asociada al diferente poder de negociación de los sectores.

Desde la Secretaría de Trabajo analizaron que, desde la reactivación de la negociación colectiva a mediados de la década de los 2000, existía un consenso sobre la importancia de las paritarias.

"Durante varios años, la evidencia empírica corroboró esta relación: en promedio, la variación de los salarios definidos en las paritarias presentó valores muy similares a la de los sueldos pagados por los empleadores", explicaron desde el organismo.

Sin embargo, advirtieron que desde principios de 2021, y fundamentalmente desde inicios de 2025, los salarios de convenio presentaron un comportamiento cada vez más diferenciado de los salarios efectivos. "La evidencia sugiere posibles cambios en la determinación salarial en Argentina", remarcó la institución, sugiriendo que los acuerdos colectivos habrían perdido parte de su centralidad para determinar las remuneraciones percibidas.

No obstante, el organismo concluyó que la negociación colectiva conserva su rol trascendental dentro del sistema de relaciones laborales para establecer umbrales mínimos, condiciones de trabajo y la organización de la producción.

El presidente Javier Milei utilizó este miércoles sus redes sociales para fijar su postura luego de la masiva movilización en defensa de la universidad pública que se realizó el martes en Plaza de Mayo. Lejos de tender puentes con los sectores que participaron de la protesta, el mandatario compartió una publicación en la que comparó su salario con el de los rectores de las universidades nacionales.

Según el posteo difundido por el jefe de Estado en la red social X, Milei percibe un sueldo bruto de 4 millones de pesos mensuales. En contraposición, la publicación sostuvo que los rectores de las casas de altos estudios cobran “hasta cuatro veces más que el Presidente”, con ingresos que podrían alcanzar los 18 millones de pesos por mes.

A lo largo de la jornada, el mandatario también replicó distintos mensajes críticos hacia la convocatoria universitaria. En esa línea, insistió en que la protesta no respondió únicamente a un reclamo académico, sino que estuvo atravesada por intereses partidarios y políticos.

En sus publicaciones, Milei lanzó fuertes cuestionamientos a los sectores de la oposición que participaron de la Marcha Federal Universitaria. Sostuvo que los dirigentes opositores buscan preservar “sus cajas” y que utilizan la defensa de la educación pública como una bandera para encubrir intereses económicos.

Desde el oficialismo, el discurso se mantuvo en sintonía con las expresiones del Presidente. La cuenta oficial de La Libertad Avanza difundió un comunicado en el que aseguró que el Gobierno nacional cumple regularmente con la transferencia de los fondos presupuestarios destinados a las universidades.

En ese documento, el espacio político rechazó las acusaciones de desfinanciamiento deliberado y afirmó que la administración nacional realiza mes a mes los giros correspondientes. En el mismo sentido se expresó la Subsecretaría de Políticas Universitarias, encabezada por Alejandro Álvarez, que defendió durante toda la jornada la política del Ejecutivo en materia de financiamiento universitario.

El vicepresidente de la Federación Argentina de Almaceneros, Fernando Savore, aseguró que, aunque la inflación de abril podría mostrar una desaceleración respecto del 3,4 por ciento registrado anteriormente, los incrementos acumulativos en los alimentos continúan afectando con fuerza el bolsillo de los consumidores.

“Seguramente va a dar un poco más bajo que el 3,4. Yo calculo que será un 2,6 o un 2,8”, estimó. Sin embargo, explicó que el verdadero problema radica en que los aumentos se suceden mes tras mes y terminan generando subas significativas en los precios finales.

Como ejemplo, mencionó el caso de los lácteos. “Aumentaron un 2,5 por ciento en enero, 2,7 en febrero, 3 por ciento en marzo y ahora nos envían un 4 por ciento. Si a un valor base de 100 le agregamos todos esos porcentajes, da aproximadamente un 13 por ciento”, detalló.

Savore sostuvo que esta dinámica se replica en prácticamente todos los rubros y que los salarios no acompañan ese ritmo. “La mercadería cambia de valor todos los meses, pero el sueldo del trabajador no acompaña. Evidentemente, el ingreso se va debilitando mes a mes”, afirmó.

En ese contexto, indicó que los consumidores modificaron sus hábitos de compra y comenzaron a reemplazar las marcas tradicionales por alternativas de menor costo elaboradas por pequeñas y medianas empresas.

“No me gusta hablar de segunda marca, yo les llamo marcas pyme”, explicó. Según señaló, las grandes marcas “pierden cada vez más espacio en la góndola” debido a la importante diferencia de precios.

Para ilustrarlo, comparó algunos productos de consumo cotidiano. “Una gaseosa de primera marca de dos litros hay que venderla en casi 5.000 pesos, mientras que una gaseosa pyme puede costar entre 1.000 y 2.000 pesos. Un pan lactal de primera marca ronda los 6.000 pesos y uno de una pyme se consigue entre 2.500 y 2.700”, precisó.

El dirigente destacó que muchos consumidores prueban estas alternativas y continúan comprándolas. “La diferencia es notable y la gente lo lleva porque es bueno y mucho más accesible”, sostuvo.

Savore también cuestionó la política de aumentos de algunas empresas. Citó el caso del café de una reconocida marca, que aplicó dos incrementos consecutivos del 6 por ciento en pocos meses. “En febrero aumentaron un 6 por ciento y ahora otro 6. Estamos hablando de casi un 12 por ciento acumulado”, advirtió.

El vicepresidente de la Federación Argentina de Almaceneros explicó que también se modificó la estrategia comercial de los almacenes. Durante períodos de alta inflación, los comerciantes solían acumular stock para resguardarse ante futuras subas de precios.

“En el gobierno anterior nuestros depósitos estaban llenos de mercadería porque era la forma de resistir los golpes de precios. Uno se capitalizaba con el stock”, recordó.

Actualmente, esa práctica prácticamente desapareció. “Hoy nuestros negocios no tienen stock de mercadería en depósito. Podemos tener reposición para una semana, pero no para meses”, señaló.

Según explicó, esta decisión responde directamente al comportamiento del consumidor. “Si la gente ya no compra cinco paquetes de fideos porque los ve baratos, nosotros tampoco vamos a sobrecargarnos de mercadería. Además, no hay que olvidar que todos nuestros productos tienen fecha de vencimiento”, concluyó.

El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se actualiza nuevamente en mayo, en el marco de un esquema de incrementos escalonados que el gobierno nacional dispuso para los primeros ocho meses de 2026. Si bien este valor suele definirse a partir del consenso entre el Estado, los sindicatos y el sector empresario dentro del Consejo del Salario, la falta de acuerdo a fines de 2025 llevó al ejecutivo a establecer los nuevos montos por decreto.

Este indicador fija el ingreso mínimo que debe percibir un trabajador por su jornada laboral y funciona como una referencia clave para distintos aspectos de la economía. El salario mínimo correspondiente a mayo se estableció en 363.000 pesos mensuales. En tanto, para quienes cobran por jornada, el valor de la hora quedó fijado en 1.815 pesos.

En comparación con abril, cuando el salario mínimo era de 357.800 pesos, el incremento fue de 5.200 pesos, lo que equivale a una suba del 1,5 por ciento. A pesar de esta actualización, el aumento sigue por debajo de la inflación. Cabe señalar que, a diferencia de las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales, el SMVM no cuenta con un mecanismo de ajuste automático por el Índice de Precios al Consumidor.

Además de estar contemplado como un derecho en la Constitución Nacional, el salario mínimo también se encuentra regulado por la Ley de Contrato de Trabajo. En junio, el monto volverá a incrementarse según lo dispuesto en la Resolución 9/2025.

Este valor impacta directamente en el monto de las jubilaciones, programas sociales, becas, subsidios y cuotas alimentarias. Se utiliza tanto para definir los límites de ingresos necesarios para acceder a asignaciones o ayudas estatales de la ANSeS, como para actualizar valores y calcular distintos beneficios en todo el territorio nacional.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares acordó un nuevo esquema de aumentos salariales para el sector de las empleadas domésticas, estableciendo subas escalonadas y acumulativas que se aplicarán entre los meses de abril y julio de 2026.

Según lo dispuesto, el cronograma de incrementos se divide en cuatro tramos: un 1,8 por ciento en abril, un 1,6 por ciento en mayo, un 1,5 por ciento en junio y un 1,4 por ciento en julio. Este acuerdo busca actualizar los haberes mínimos de las trabajadoras de casas particulares de manera progresiva durante el próximo cuatrimestre.

Además de los porcentajes mencionados, se definió la incorporación al salario básico del 50 por ciento de la suma no remunerativa correspondiente a marzo durante el mes de abril, mientras que el 50 por ciento restante se integrará en julio. Esta suma había sido fijada previamente en valores de 20.000, 11.500 y 8.000 pesos, dependiendo de la cantidad de horas trabajadas por cada empleada. Desde el sector aclararon que este traslado al básico no representa un aumento adicional, sino una modificación en la modalidad de pago de un monto que ya se percibía.

Otro de los puntos destacados del acuerdo es el ajuste en el adicional por zona desfavorable. El importe total de este beneficio se fijó en un 31 por ciento sobre los salarios mínimos correspondientes a cada categoría, lo que representa un incremento de un punto porcentual respecto al 30 por ciento que regía con anterioridad.

En cuanto a la dinámica de las negociaciones, la comisión asumió el compromiso de volver a reunirse en julio para evaluar la situación salarial. Respecto a la aplicación de estos pisos, fuentes sindicales señalaron:

“Además, se mantiene la posibilidad de negociar salarios por encima del mínimo. En muchos casos, ese piso se toma como único aumento, aunque en la práctica los valores suelen ser más altos”.

Con este nuevo esquema, el Gobierno confirmó los aumentos que regirán para el personal de casas particulares, manteniendo abierta la instancia de diálogo para la segunda mitad del año y garantizando la revisión de las escalas según la evolución del sector.

El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una medida enmarcada en la reforma laboral que reduce las contribuciones patronales por un período de cuatro años para quienes incorporen nuevos trabajadores. La normativa fue oficializada mediante el decreto 315/2026 publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Sandra Pettovello y Luis Caputo.

La implementación de esta medida se produce tras un fallo judicial favorable al Ejecutivo, en el cual la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal se declaró competente para intervenir en la demanda de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral, ordenando que el expediente sea remitido desde el fuero laboral.

El objetivo central del RIFL es impulsar las contrataciones en el sector privado de personas que no contaran con una relación laboral registrada al diez de diciembre de 2025. El beneficio alcanza a quienes hayan estado desempleados en los seis meses previos al alta laboral, a los inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) o a aquellos cuyo último empleo haya sido en el sector público nacional, provincial o municipal.

Bajo este nuevo esquema, el empleador pagará menores contribuciones patronales por cada nuevo trabajador, fijándose una alícuota de solo el ocho por ciento, que incluye el tres por ciento destinado al Fondo de Indemnizaciones. Según la reglamentación, esta reducción podrá ser aplicada por quienes hayan adquirido el carácter de empleador inscripto ante la ARCA a partir del diez de diciembre de 2025, con un tope máximo del 80% de su nómina de trabajadores.

En cuanto a la distribución de los fondos, las contribuciones que se determinen por la aplicación de la alícuota del dos por ciento se repartirán entre el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares. Por otro lado, las contribuciones del tres por ciento restante tendrán como destino el subsistema regido por el INSSJP. Finalmente, el decreto aclara que los ingresos adicionales que perciba el trabajador tras el inicio del vínculo laboral no afectarán los beneficios otorgados al empleador.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se manifestó optimista respecto de la evolución de la inflación y sostuvo que durante abril el índice de precios volverá a mostrar una tendencia a la baja, luego del incremento registrado en marzo.

El funcionario explicó que el repunte inflacionario del mes pasado estuvo vinculado a factores puntuales, entre ellos ajustes en algunos rubros específicos, y remarcó que la dinámica general continúa siendo de desaceleración. En ese sentido, aseguró que los indicadores que maneja el equipo económico permiten prever una mejora en el corto plazo.

Caputo defendió además el rumbo económico del Gobierno y afirmó que las políticas implementadas apuntan a consolidar la estabilidad macroeconómica. Según indicó, la disciplina fiscal y el control de la emisión monetaria son pilares clave para reducir la inflación de manera sostenida.

En la misma línea, el ministro destacó que el Ejecutivo continuará avanzando con medidas orientadas a fortalecer el equilibrio de las cuentas públicas y generar previsibilidad, al tiempo que reconoció que el proceso de desinflación “no es lineal” y puede presentar oscilaciones mensuales.

Las declaraciones se dan en un contexto de atención sobre la evolución de los precios, luego de que marzo mostrara una suba mayor a la esperada, lo que generó preocupación en distintos sectores. Sin embargo, desde el Palacio de Hacienda insisten en que se trata de un desvío transitorio dentro de una tendencia descendente.

De esta manera, el Gobierno busca transmitir confianza en que la inflación retomará su sendero de baja en abril, en línea con los objetivos planteados en su programa económico.

Las tarifas para la contratación de servicio doméstico permanecen sin cambios respecto al mes previo, ante la falta de un nuevo acuerdo salarial en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Los valores actuales provienen del ajuste pactado a principios de año para este sector y se mantienen vigentes por la ausencia de una actualización en las paritarias.

En la categoría de tareas generales, el valor por hora es de $3.348,37 con retiro y $3.599,86 sin retiro. En el caso de una jornada completa bajo esta modalidad, el salario mensual alcanza los $410.773,52 con retiro y los $455.160,14 sin retiro. Estos montos sirven como referencia principal para la mayoría del personal de casas particulares.

En lo que respecta a asistencia y cuidado de personas, el valor por hora es de $3.599,86 con retiro y $4.012,14 sin retiro, mientras que el salario mensual se ubica en $455.160,14 con retiro y $505.578,34 sin retiro. Por su parte, quienes realizan tareas específicas —como cocina, jardinería o conducción— perciben $3.807,87 por hora con retiro y $4.161,54 sin retiro, con salarios mensuales de $466.154,67 y $517.277,03, respectivamente.

Para caseros, tanto el valor por hora como el salario mensual se fijan en $3.599,86 y $455.160,14, respectivamente, sin diferencia entre modalidades con o sin retiro. En cuanto al personal de supervisión, la remuneración por hora es de $4.013,30 con retiro y $4.382,63 sin retiro, mientras que el salario mensual alcanza los $500.649,26 y $556.024,76, respectivamente.

El régimen de trabajo en casas particulares incluye, además, dos adicionales de carácter obligatorio. Por un lado, el adicional por antigüedad, que implica un incremento del 1% sobre el salario por cada año de servicio con el mismo empleador. Por otro, el adicional por zona desfavorable, que supone un 30% extra sobre el salario mínimo y se aplica a quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como en el partido bonaerense de Patagones.

Las trabajadoras del sector aún se encuentran a la espera de la firma de una nueva paritaria para recomponer sus remuneraciones. El último acuerdo se concretó en febrero, con un ajuste de 1,5% para ese mes y para marzo. Asimismo, se pactó el pago de un bono según la cantidad de horas de prestación del servicio.

Vale mencionar que la registración del vínculo laboral de las empleadas domésticas es obligatorio y requiere inscribir a la trabajadora en el sistema de ARCA. El trámite debe realizarse de forma digital por parte del empleador, independientemente de la cantidad de horas trabajadas o de la modalidad de contratación. El procedimiento comienza con el ingreso del CUIL del empleado, lo que permite cargar automáticamente sus datos personales y completar la información laboral requerida.

En el marco del conflicto por el programa Volver al Trabajo y la decisión del Gobierno nacional de apelar el fallo judicial que ordena garantizar los pagos, desde organizaciones sociales de Tandil expresaron preocupación por la situación del salario social complementario y denunciaron recortes en la economía popular.

En diálogo con El Eco, la vocera local de UTEP y MTE, Valeska Galaz, explicó que el beneficio tiene origen en la Ley 27.345 de Emergencia Social, sancionada en 2016, que establece un ingreso equivalente a la mitad del salario mínimo, vital y móvil para trabajadores de la economía popular.

“Esto viene por ley. Cuando inicia el gobierno de Javier Milei, no solamente el salario queda inmóvil, sino que se desapega de esa referencia con el salario mínimo y además empiezan los recortes en todo lo que es la economía popular”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó la transformación del programa y la reciente decisión del Ministerio de Capital Humano. “Lo que presentó el Ministerio es la baja de lo que ellos denominan Volver al Trabajo, que nosotros seguimos insistiendo que es un salario social complementario, con la promesa de cursos de capacitación y vouchers de formación”, señaló.

Galaz consideró que la medida “es un arremetida contra derechos y garantías conquistadas”, especialmente en un contexto de crisis económica. “Esto impacta en el sector de cooperativas, en las compañeras que sostienen comedores en los barrios, que cumplen un rol clave en la contención social en los sectores más vulnerables”, afirmó.

En ese marco, recordó que las organizaciones sociales ya venían manifestándose en distintos puntos del país, y que en Tandil se realizó una asamblea y una conferencia de prensa abierta para visibilizar la problemática. “Venimos alertando sobre esta situación desde hace tiempo, porque vemos cómo se profundiza la crisis en los barrios”, indicó.

A nivel judicial, destacó que una medida cautelar dictada en Campana ordena al Ministerio cumplir con el pago durante mayo, lo que abre un compás de espera para miles de beneficiarios. Sin embargo, manifestó cautela: “El gobierno nacional es conocido por incumplimientos de lo que la Justicia le solicita, como ocurre con otras leyes vigentes”, advirtió.

Según detalló, el último pago se realizó en abril, y el correspondiente a mayo estaba en duda hasta la intervención judicial. Habitualmente, el ingreso se acredita entre los primeros días de cada mes, por lo que en los próximos días se definirá si efectivamente se cumple con la transferencia.

“Estamos en alerta y movilización, porque queremos que el Gobierno cumpla con lo que la Justicia le exige. Para muchas familias este ingreso es fundamental”, remarcó.

Por otra parte, Galaz cuestionó el discurso oficial respecto a posibles recortes para sostener el programa. “Nos quieren poner pobres contra pobres, diciendo que si se paga el salario social complementario se afecta la educación o la formación. Eso no es así”, afirmó.

En esa línea, planteó que “los ajustes no deberían recaer sobre los sectores más vulnerables” y pidió revisar otras áreas del gasto público. “No tenemos que sacar un carnet de pobre para demostrar que la situación es crítica. La crisis es evidente y atraviesa a toda la clase trabajadora”, expresó.

Finalmente, sostuvo que las organizaciones continuarán en estado de alerta y movilización, a la espera de definiciones del Gobierno nacional y del cumplimiento efectivo de la medida judicial. “Los cambios tienen que venir por otro lado, con una mejor administración de los recursos y sin enfrentar a los sectores más postergados”, concluyó.

El índice de los salarios creció un 2,4 por ciento en febrero, aunque se mantuvo por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese mismo período, que fue del 2,9 por ciento.

Se repitió la misma dinámica que en enero cuando aumentaron 2,5 por ciento y la inflación de ese mes avanzó al 2,9.

El único sector que le ganó a la inflación fue el privado no registrado, que se incrementó un 4,6 por ciento mensual.

El último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) arrojó una variación del 35,8 por ciento interanual, mientras que acumuló una suba del cinco por ciento en el primer bimestre del año.

De esta manera, el total de los salarios sigue sin poder ganarle a la inflación y acumula cuatro meses consecutivos con pérdida de poder adquisitivo.

La última vez que terminó por encima fue en octubre del 2025, cuando la inflación fue del 2,3 por ciento y el índice de salarios creció 2,5.

Desglosado por sectores, únicamente el informal tuvo mejor rendimiento contra la inflación. Al aumentar 4,6 por ciento, quedó 1,7 puntos porcentuales (p.p.) por encima del IPC de febrero.

El sector registrado (que incluye públicos y privados) sigue sin remontar y anotó su sexto mes consecutivo con una caída real: en febrero escaló 1,8 por ciento.

El privado registrado subió 1,6 por ciento (1,3 p.p. por debajo de la inflación) y el público lo hizo en 2,3 (0,6 p.p. por debajo de la inflación).

En cuanto a las variaciones año versus año, el sector privado registrado escaló 27,6 por ciento; el público registrado 27,4; y el privado no registrado 75,1.

“No obstante, los niveles de inflación comenzarían a ceder a partir de abril por lo que probablemente haya un segundo semestre donde los salarios puedan recuperar el terreno perdido. Más aún, podrían observarse niveles de inflación que empiecen con uno en algún momento del segundo semestre, lo que también colaboraría a volver a darle respiro a la evolución del salario real”, señaló Iván Cachanosky, economista jefe en Libertad y Progreso. NA

El especialista examinó el "tablero de control" que hoy rige la toma de decisiones tanto del Gobierno como de los ciudadanos, advirtiendo que, aunque hay señales positivas, el rumbo final aún no se ha consolidado.

Al describir el presente financiero, el profesional planteó un contexto de contrastes. "Hay preocupación en muchas personas por ciertos datos, pero también hay otros que antes nos alarmaban y ahora parecen haber quedado en segundo plano", explicó. Según su visión, el país atraviesa una etapa de transición donde algunos factores muestran una cara más favorable, aunque la estabilidad total se perciba lejana.

Uno de los ejes centrales de la charla fue el aumento sostenido de precios, fenómeno que calificó como un "clásico argentino" desde la creación del Banco Central. Al analizar el último registro mensual, Hoyos Maldonado advirtió que, si bien la cifra puede parecer baja comparada con los picos recientes, sigue siendo elevada en términos internacionales.

"El último dato dio un 3,4%. Es un número alto en cuanto a trayectoria histórica, pero dentro de los niveles que venía manejando el país, parece moderado", sostuvo. Además, destacó que el comportamiento de los valores no es homogéneo: mientras que en el noroeste las mediciones superaron el 4%, en Tandil los registros del IPC online arrojaron cifras por debajo del 3%.

Esta diferencia se explica por el peso de los servicios regulados y factores estacionales, como el inicio del ciclo lectivo. A futuro, el analista alertó que el próximo reporte podría captar los efectos del conflicto en el Golfo, particularmente en el costo de los combustibles.

El impacto de la macroeconomía en el bolsillo fue otro punto crítico. Reconoció que, a fines del año pasado, los sueldos evolucionaron por debajo de la inflación, con la única excepción del sector informal, que mostró una leve ,aunque precaria, recuperación.

"Hoy la canasta de la línea de pobreza se ubica en 1.400.000 pesos. Antes era impensado que un trabajador no llegara a ese valor; hoy son pocos los gremios que alcanzan esa cifra", sentenció. Para el experto, la única salida genuina es una baja drástica del costo de vida combinada con un crecimiento real impulsado por la reducción de impuestos.

En cuanto al sistema financiero, se explicó el cambio de paradigma que atraviesan las entidades. Durante mucho tiempo, su negocio principal fue prestarle al Estado bajo "riesgo cero". Sin embargo, con el actual superávit fiscal, el sector público dejó de competir con las empresas por el financiamiento.

Este retiro debería abaratar el costo del dinero para el ámbito privado. No obstante, el economista señaló que las tasas para el consumo aún no han bajado lo suficiente: "Al correrse el gobierno, emergen proyectos que antes no eran viables. El crédito privado crece, pero todavía no sustituye la dinámica que imponía el sector público".

Respecto al dólar, destacó una tendencia a la baja debido al superávit comercial. "El Banco Central ya compró el 57% de la meta comprometida con el Fondo Monetario Internacional", informó. Si bien esto fortalece las reservas, también implica una mayor circulación de dinero que podría presionar los precios si la actividad económica no despega.

Finalmente, lamentó que la "puja electoral" del próximo año ya genere ruidos que desenfocan las cuestiones urgentes. Según su análisis, el riesgo país sigue estando por encima de la región no por fundamentos técnicos, sino por la incertidumbre política. "Cuestiones como el superávit o la estabilidad monetaria deberían ser condiciones naturales e indiscutibles para cualquier gestión", concluyó.

La seccional local de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un encuentro abierto destinado a  trabajadores municipales bajo la consigna “DesayunATE en el Debilio”, que tendrá lugar este jueves 16 de abril, entre las 11 y las 13, en el SUM del Hospital Debilio Blanco Villegas.

La propuesta busca generar un espacio de diálogo directo entre compañeros y compañeras, donde se puedan compartir inquietudes, experiencias y problemáticas vinculadas al ámbito laboral. Según expresaron desde ATE, la iniciativa apunta a “mirarse a la cara y charlar sin vueltas” sobre distintos ejes que atraviesan la actualidad del sector.

Durante la jornada se abordarán temas como paritarias, condiciones de trabajo, salarios y la realidad de cada área, en un contexto que consideran clave para fortalecer la organización colectiva de los empleados municipales.

Desde el gremio remarcaron que se trata de un momento para escucharse, intercambiar y construir herramientas conjuntas que permitan defender los derechos laborales.

El encuentro se desarrollará en un formato distendido, compartiendo mates, y está dirigido a todos los trabajadores municipales que deseen participar.

El mercado de depósitos a plazo fijo en pesos presenta hoy una amplia dispersión de tasas entre bancos tradicionales, entidades digitales y compañías financieras. Los depósitos a 30 días, la opción más elegida por quienes buscan liquidez y certidumbre en el corto plazo, muestran que el monto de intereses devengados depende directamente de la tasa informada por cada entidad y del capital inicial invertido.

Un análisis sobre cuánto pagan las principales instituciones por un depósito de 1 millón de pesos revela diferencias que superan los 7.800 pesos en el resultado final. Este dato cobra relevancia en contextos de tasas descendentes, permitiendo a los ahorristas comparar alternativas y dimensionar el impacto de elegir una u otra institución para sus ahorros.

El relevamiento, que abarca bancos públicos, privados y regionales, arroja un promedio de 22,86 por ciento, una cifra que ubica al sistema en un nivel históricamente bajo. El Banco de la Nación Argentina publica para sus clientes una tasa nominal anual de 19 por ciento, lo que determina que un depósito de 1 millón de pesos a 30 días genere 15.616,44 pesos de intereses.

Otras entidades de gran volumen mantienen políticas similares. El Banco Santander Argentina S.A. informa una tasa de 18 por ciento y el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. un 18,25 por ciento. Esto equivale a un total de 1.014.794,52 y 1.015.000,00 pesos respectivamente al vencimiento del plazo.

La dispersión se acentúa al observar bancos regionales o plataformas digitales. El Banco Bica S.A. ofrece una tasa de 25 por ciento, mientras que el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y el Banco del Sol S.A. informan un 25,5 por ciento. En el segmento más alto, la Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. paga un 27,5 por ciento, el máximo relevado.

Por su parte, el Banco Macro S.A. otorga un 24 por ciento y el Banco Hipotecario S.A. publica una tasa de 24,5 por ciento. Otras instituciones como el Banco Meridian S.A. se posicionan con un 27,25 por ciento, mientras que el Banco VOII S.A. ofrece un 27 por ciento.

En las posiciones intermedias aparecen el Banco Credicoop Cooperativo Limitado, el Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., el Banco Mariva S.A. y el Banco de Formosa S.A. con tasas de 21 por ciento. Finalmente, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y el Banco Comafi Sociedad Anónima informan un 20 por ciento, y el Banco BBVA Argentina S.A. se ubica en un 20,5 por ciento.

Los niveles de morosidad de las familias y las empresas continúan en aumento, en una tendencia que se mantiene desde octubre de 2024 y que ya genera preocupación en el sistema financiero. Según un informe de la consultora 1816, basado en datos del Banco Central, la situación es especialmente delicada en el segmento de las billeteras virtuales, donde las deudas impagas alcanzaron el 29,9% en febrero.

El dato representa una suba de más de dos puntos respecto de enero y, además, implica que la morosidad en ese segmento se triplicó en apenas un año y medio, evidenciando un deterioro acelerado en la capacidad de pago.

En el sistema bancario tradicional también se registraron incrementos. En febrero, la irregularidad en los créditos a familias pasó del 10,6% al 11,2%, mientras que en el caso de las empresas subió del 2,8% al 2,9%. En términos generales, la morosidad del sector privado avanzó del 6,4% al 6,7%.

El informe destaca que este fenómeno no responde a políticas aisladas de alguna entidad en particular, sino que se trata de un problema de carácter macroeconómico. De hecho, en 28 de los 30 bancos analizados se registró un aumento en los préstamos con demoras en los pagos.

Uno de los casos relevantes es el de Mercado Pago, la billetera virtual más utilizada del país, que mostró un nivel de irregularidad del 14,7%. Si bien se ubica más cerca de los bancos tradicionales que de las financieras no bancarias, no logra escapar a la tendencia general.

Desde la consultora señalaron que el incremento de la morosidad está estrechamente vinculado con el alto nivel de las tasas de interés, particularmente en los préstamos personales y en aquellos otorgados por entidades no financieras.

En ese sentido, indicaron que, aunque el Gobierno logró estabilizar la tasa de referencia a un día en torno al 20%, eso no se tradujo en una baja de los costos del crédito para los usuarios.

Actualmente, la Tasa Nominal Anual (TNA) de los préstamos personales ronda el 70%, lo que implica una Tasa Efectiva Anual (TEA) cercana al 100%, sin contemplar el Costo Financiero Total, que incluye comisiones, seguros e impuestos y eleva aún más el peso de la deuda.

De acuerdo al informe, la relación entre las tasas de los préstamos personales y las tasas de corto plazo se encuentra en niveles prácticamente inéditos en la última década, lo que contribuye a explicar el deterioro en la capacidad de pago de familias y empresas.

Los empleados de comercio ya cuentan con la definición de su esquema salarial para el período comprendido entre abril y junio de 2026. Esto surge tras el acuerdo paritario firmado entre la FAECYS y las cámaras empresarias del sector, estableciendo una actualización para los trabajadores mercantiles de todo el país.

El esquema contempla un incremento total del cinco por ciento, el cual se aplicará de forma escalonada en tres tramos durante el segundo trimestre del año. A este porcentaje se le suman montos fijos no remunerativos que se mantendrán hasta el mes de junio, momento en el que se incorporarán formalmente al salario básico.

Para el mes de abril de 2026, se dispuso el primer tramo del aumento, correspondiente al dos por ciento, aplicado sobre los salarios básicos vigentes. Durante este período, además de las subas porcentuales, las sumas no remunerativas juegan un papel clave para elevar el ingreso mensual final de los trabajadores del sector.

En el caso de un cajero de la categoría A que cumple una jornada completa, el salario de referencia para abril se sitúa en 1.214.513 pesos. Por su parte, para aquellos que desempeñan tareas en una jornada de medio tiempo, equivalente a unas 80 horas mensuales (cuatro horas diarias, cinco días a la semana), el ingreso proporcional estimado se ubica en torno a los 607.000 pesos.

Es importante destacar que estos montos son estimativos y pueden presentar variaciones según el encuadre exacto del convenio, la antigüedad, el cobro de adicionales por categoría o acuerdos internos específicos de cada empresa. La suba forma parte del acuerdo paritario 2026 que busca recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores mercantiles.

Investigadores del sistema científico y representantes sindicales convocaron a una jornada de lucha a nivel nacional que tendrá su réplica en Tandil este jueves, con una concentración prevista para las 16 30 horas en la intersección de Pinto y Rodríguez.

La actividad incluirá una volanteada y una reunión abierta, en un contexto que, según describieron, atraviesa una situación “muy complicada” para el sector de ciencia y tecnología. Ignacio Simoi, investigador asistente del Conicet, advirtió que los salarios del sector vienen perdiendo poder adquisitivo de manera sostenida. “Ya registramos una pérdida de más del 40% en los últimos dos años”, afirmó.

A ese panorama se suma la falta de financiamiento para proyectos de investigación, lo que impacta directamente en el trabajo cotidiano. “No hay fondos para realizar investigaciones, lo que dificulta muchísimo la tarea del día a día”, explicó.

Por su parte, Emilse Bartoli, secretaria de formación de ATE, señaló que la situación se enmarca en un proceso más amplio de ajuste sobre el Estado. “Desde que asumió este gobierno no hemos tenido tregua: hubo recortes, cierres de organismos y degradación de ministerios a secretarías”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que la estrategia del sector ha sido articular con otros espacios sindicales para fortalecer las medidas de visibilización. En la actividad de este jueves participarán también gremios universitarios, como los docentes y no docentes, junto a la mesa intersindical local.

Uno de los puntos que remarcaron los referentes es el bajo nivel de acompañamiento social a estos reclamos. “El deterioro del sistema científico no afecta solo a los trabajadores, sino a toda la sociedad”, subrayaron, al tiempo que insistieron en la necesidad de generar mayor conciencia sobre el impacto de estas políticas.

Además, advirtieron que el problema no se limita al Conicet, sino que alcanza a múltiples organismos del sistema científico y tecnológico. En ese marco, mencionaron conflictos en áreas del Ministerio de Salud y posibles despidos en el Servicio Meteorológico Nacional.

“No se puede pensar la ciencia y la tecnología sin financiamiento estatal. Eso no sucede en ningún país del mundo”, enfatizaron.

Finalmente, alertaron sobre las consecuencias a mediano y largo plazo. La fuga de profesionales altamente calificados hacia el sector privado o el exterior. “Estamos perdiendo recursos humanos muy valiosos que después va a ser muy difícil recuperar”, concluyeron, al advertir sobre el riesgo de un Estado “desfinanciado, desarticulado y desprofesionalizado”.