El Gobierno nacional dio un repaso a la agenda legislativa y confirmó el próximo anuncio de un aumento salarial para los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La medida busca dar respuesta a un viejo reclamo de los uniformados, quienes han sufrido un deterioro en sus ingresos que, en muchos casos, los ha obligado a incurrir en el pluriempleo para subsistir.

Durante un encuentro celebrado en la Casa Rosada, encabezado por Karina Milei, se discutió el ajuste para los miembros de las tres armas y las fuerzas federales que dependen de la cartera conducida por Alejandra Monteoliva. Este incremento será el primero en lo que va de la gestión de Javier Milei, luego de que en enero de 2024 se congelara la jerarquización salarial que venía de la administración anterior.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, mantuvo reuniones técnicas por cuestiones presupuestarias para avanzar con la medida. Cabe recordar que, tras la postergación de las últimas dos cuotas de jerarquización impulsadas por el exministro Jorge Taiana, el sector solo recibió los ajustes generales de los estatales, perdiendo terreno frente a la inflación. Esta situación ha derivado en que muchos militares deban endeudarse o buscar ingresos extra en plataformas como Uber.

En la reunión también participaron el jefe de gabinete, Diego Santilli, la senadora Patricia Bullrich, el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, y los funcionarios Martín y Lule Menem. Además del tema salarial, el oficialismo analizó la agenda legislativa para la sesión del 26 de agosto, que incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y otros proyectos económicos clave.

Entre junio de 2025 y junio de 2026, los salarios pactados en los principales convenios colectivos de trabajo del sector privado presentaron resultados diversos frente a la inflación. Así lo detalla el informe Panorama mensual del trabajo registrado, correspondiente a agosto de 2026 y elaborado por la Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios Laborales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El documento destaca que, en junio de 2026, el salario medio del empleo registrado privado cayó 0,9% en términos reales, tras una contracción del 2,9% en mayo. Esta situación dejó al salario real por debajo del nivel de noviembre de 2023 por primera vez en 20 meses.

El análisis clasifica los convenios en tres categorías. Siete sectores lograron incrementos en su poder de compra, encabezados por Encargados de edificio, con una mejora del 5,9%. Le siguieron Camioneros (3,1%), Construcción y Farmacia (2,5% cada uno), Entidades deportivas y civiles (1,7%), además de Aceiteros y Seguros (1,6% cada uno).

En el extremo opuesto, el informe identifica a un grupo severamente afectado con caídas superiores a las diez unidades porcentuales. Entre ellos se encuentran Calzado (10,5%), Comercio (11,0%), Metalúrgicos (12,4%) y Textiles, que registró la mayor contracción con un 12,6%.

Más allá de la variación interanual, el relevamiento analizó la mediana salarial a marzo de 2026 mediante datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El sector de Bancos lidera el ranking con una mediana de 4.390.369 pesos. En contraste, Construcción registró 1.001.342 pesos y Gastronomía se ubicó al final de la tabla con 803.991 pesos.

El informe subraya que el nivel salarial no siempre guarda relación con el desempeño frente a la inflación, ya que sectores con salarios elevados tuvieron trayectorias dispares, mientras que otros con remuneraciones menores lograron recomponer su capacidad de compra durante el último año.

El gremio de los trabajadores bancarios cerró un nuevo aumento paritario y los empleados que se inician en el rubro cobrarán en julio más de 2.500.000 pesos de sueldo.

La Asociación Bancaria dio a conocer la actualización del orden del 2,1 por ciento sobre el mes de julio del presente año.

En consecuencia, el sueldo inicial de los empleados bancarios sobrepasa los 2.500.000 pesos. Lo propio sucede cuando al salario se le suma el monto por la participación en las ganancias.

Según La Bancaria, el sueldo inicial de un asalariado bancario en julio llega a los 2.463.354,74 pesos y se le suman 71.219,54 pesos en concepto de participación en las ganancias, redondeando el sueldo en los 2.534.977,22.

La información se dio a conocer a través de un comunicado oficial de la Asociación Bancaria que conduce el Secretario General, Sergio Palazzo, en el que expresan de este modo “garantizamos que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.

“Comunicamos los montos iniciales acordados con las cámaras empresariales bancarias para el mes de julio de 2026. Esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en estos siete meses del año un 19,3 por ciento sobre los salarios de diciembre de 2025”, planteó el comunicado. NA

El dato de inflación difundido este jueves por el INDEC tendrá un impacto directo en los haberes de los jubilados y pensionados en septiembre. Los ingresos se ajustarán un 2,11 por ciento, siguiendo el índice inflacionario de julio. Sin embargo, el beneficio real será menor para quienes perciben la mínima debido a que el bono de hasta 70.000 pesos permanece sin cambios desde marzo de 2024.

Esta situación provoca que casi la mitad de los jubilados y pensionados reciban un incremento efectivo del 1,81 por ciento. Por su parte, la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) tendrá una suba del 1,75 por ciento, mientras que las Pensiones No Contributivas registrarán un aumento del 1,7 por ciento.

En agosto, el haber mínimo es de 489.776 pesos, compuesto por 419.776 pesos de base más el bono. En septiembre, el haber mínimo subirá a 498.633 pesos, integrando los 428.633 pesos de base y los 70.000 pesos del bono. En el caso de la PUAM, el ingreso pasará de 405.821 pesos a 412.907 pesos, mientras que las Pensiones No Contributivas subirán de 363.843 pesos a 370.043 pesos.

El haber máximo, que no depende del bono, experimentará el incremento pleno del 2,11 por ciento, pasando de 2.824.694 pesos a 2.884.295 pesos.

El informe técnico señala que, si el bono se hubiera actualizado junto con el resto de los haberes, su valor actual debería ser de 223.170 pesos. Esto implica que el Poder Ejecutivo ha mantenido el monto congelado, provocando que el bono haya perdido el 70 por ciento de su valor original. De haberse ajustado, el haber mínimo total de septiembre debería ascender a 651.803 pesos, lo que representa una diferencia en perjuicio de los beneficiarios de 153.170 pesos.

La medida afecta a unos 3 millones de personas del SIPA, sumado a 1,5 millón de beneficiarios de la PUAM y pensiones no contributivas. Dado que el bono no integra el haber ni computa para el aguinaldo, su peso relativo sobre el ingreso total ha caído del 52 por ciento en marzo de 2024 al 16 por ciento proyectado para septiembre, una tendencia que continuará profundizándose de mantenerse el congelamiento.

El poder adquisitivo de los trabajadores del sector privado formal registró en junio una baja del 0,9 por ciento, situándose por debajo de los niveles de noviembre de 2023. Este retroceso profundiza la contracción observada en mayo, mes en el que la caída había alcanzado el 2,9 por ciento.

Según el informe Panorama mensual del Trabajo Registrado, elaborado por el Ministerio de Capital Humano en base a datos del SIPA, la evolución de los ingresos muestra que el salario medio real se ubica por debajo de los registros de hace dos años. Tras un período de estabilidad, el salario medio real de junio de 2026 se posicionó por debajo del registro de noviembre de 2023, con una caída del 0,6 por ciento.

La situación se explica porque, tal como detalla el documento, “el salario nominal desaceleró su crecimiento en mayor medida que el Índice de Precios al Consumidor (IPC)”, especialmente al considerar que el aumento nominal en abril y mayo solo alcanzó el 1,0 por ciento frente al 2,1 por ciento de los meses previos.

El informe también señala que las remuneraciones fijadas por convenios colectivos tuvieron una dinámica contractiva, reduciéndose un 0,7 por ciento en términos reales en la serie sin estacionalidad durante el último bimestre. Al respecto, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo recientemente que el crecimiento económico requiere impulsar la inversión para terminar “incrementando la productividad, los salarios reales y el crecimiento”.

Los datos del SIPA reflejan una marcada heterogeneidad entre los convenios colectivos. Mientras sectores como Encargados de edificio (+5,9 por ciento) y Camioneros (+3,1 por ciento) lograron mejoras, otros rubros sufrieron caídas pronunciadas. En el extremo inferior, los sectores más afectados por la pérdida de capacidad de compra son los Textiles (-12,6 por ciento), los Metalúrgicos (-12,4 por ciento) y el Comercio (-11,0 por ciento).

Tras una audiencia virtual convocada por la Secretaría de Trabajo, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) logró sellar un acuerdo salarial con las cámaras del sector metalmecánico. El entendimiento contempla una mejora del 23,5 por ciento que tendrá vigencia entre agosto y marzo de 2027, con el objetivo de revertir el atraso salarial acumulado tras el último convenio firmado en noviembre de 2025.

El esquema de recomposición se alcanzará mediante una combinación de porcentajes y bonos no remunerativos que se integrarán a los salarios básicos en abril de 2027. Asimismo, se pactó un bono adicional en concepto de retroactividad por el periodo que abarca de mayo a julio. Según fuentes sindicales, la urgencia del acuerdo radicaba en que cerca del 60 por ciento de los trabajadores de la actividad percibe un salario básico de 1.036.390 pesos, cifra que se sitúa por debajo de la línea de pobreza.

De la negociación participaron los delegados paritarios de la UOM Roberto Bonetti, Daniel Martínez, Adrián Pérez, Enrique Salinas y Edgardo Holstein, junto a representantes de las cámaras ADIMRA, CAMIMA, AFARTE, AFAC y FEDEHOGAR. Un actor clave en el proceso fue el interventor Alberto Biglieri, quien actuó como nexo entre las partes tras el aval de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

En paralelo, la rama siderúrgica cerró un acuerdo distinto que fue rechazado por la seccional Villa Constitución. Al respecto, el dirigente Pablo González manifestó su disconformidad con la oferta:

“Nosotros salimos de la negociación porque no estamos de acuerdo con el ofrecimiento ni mucho menos con este cierre. Si no llegamos a un aumento que vaya en línea con los porcentajes cercanos al IPC no vamos a aceptarlo y terminaremos en medidas de fuerza”.

La situación institucional del gremio permanece bajo intervención judicial por 180 días, luego de que el 22 de mayo los camaristas Víctor Pesino y María Dora González anularan las elecciones nacionales y de la seccional Zárate-Campana, desplazando de su cargo al titular Abel Furlán.

El presidente Javier Milei relativizó la situación de los argentinos que aún no llegan a fin de mes y aseguró que, pese a las dificultades económicas que persisten, el país atraviesa un escenario "mucho mejor" que el que encontró al asumir su mandato. Además, defendió los principales indicadores de su gestión y rechazó la intervención estatal para asistir a quienes tomaron préstamos y hoy enfrentan problemas para pagarlos.

En declaraciones a Radio Mitre, el mandatario sostuvo que "no somos Suiza, pero estamos mucho mejor. Si, hoy hay gente que no llega a fin de mes, pero es mucho menos que lo que había cuando iniciamos, con un país al borde del colapso".

Milei también fue consultado por la situación de las familias que recurrieron a créditos para cancelar otras deudas y ahora tienen dificultades para afrontar las cuotas. Al respecto, afirmó que se trata de una cuestión entre particulares y descartó una intervención del Estado. "Es una transacción entre privados, lo tienen que arreglar entre privados", respondió.

Sus declaraciones retomaron conceptos que ya había expresado durante una entrevista con el periodista Luis Majul en La Nación+, donde había sido aún más enfático. En esa oportunidad señaló: "La pregunta es: ¿les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo? No. Entonces, decir que lo tiene que arreglar el Estado es pasarles la cuenta a todos los demás: eso me parece que no está bien".

Los dichos del Presidente se producen en un contexto en el que la morosidad de las familias continúa siendo un motivo de preocupación. De acuerdo con datos del Banco Central, 20,9 millones de personas tienen actualmente algún tipo de financiamiento vigente en la Argentina y 5,8 millones registran atrasos superiores a los 90 días en sus obligaciones.

En paralelo, el Banco Nación informó que durante 2026 refinanció más de 62.000 deudas, por un monto superior a 310.000 millones de pesos, a través de un programa de asistencia destinado a clientes con dificultades financieras.

Pese a ese escenario, Milei destacó los indicadores que considera positivos de su gestión económica y afirmó que "los salarios en dólares son los más altos desde 2017".

Además, remarcó que "el PBI desde que llegamos los dos primeros años creció 11%, estamos en récord de PBI histórico, récord histórico de consumo, récord de exportaciones. No estoy diciendo que somos Suiza, estoy diciendo que estamos muchísimo mejor".

Por último, al ser consultado sobre el cierre de empresas en la provincia de Buenos Aires y su impacto sobre el empleo, el jefe de Estado aseguró que el mercado mantiene un proceso de renovación. "Así como se destruyen empresas, se crean empresas. El nivel de desempleo está prácticamente constante en un contexto donde aumentó la oferta y la cantidad de empleo subió", concluyó.

El Gobierno nacional advirtió a los gremios docentes que convocaron al paro nacional previsto para el próximo lunes que deberán garantizar el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, tal como establece la reforma laboral que declaró a la educación como actividad esencial.

La advertencia fue realizada por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Petovello, a través de dos comunicados. En uno de ellos recordó la vigencia de la normativa y, posteriormente, anunció que desplegará un operativo de control en establecimientos educativos de todo el país para verificar su cumplimiento.

Según informó la cartera, se realizará una "inspección muestral en escuelas de todo el país" con el objetivo de comprobar que las entidades sindicales respeten el piso mínimo del 75% de funcionamiento del servicio educativo durante la medida de fuerza. En caso de detectarse incumplimientos, el Gobierno aseguró que activará los protocolos correspondientes para aplicar las sanciones previstas.

La medida de fuerza fue convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y tendrá impacto en varias provincias, entre ellas Buenos Aires, donde se adherirá Suteba. También confirmaron su participación los demás gremios docentes bonaerenses, entre ellos FEB, Udocba, Sadop y Amet, además de docentes de algunas universidades nacionales, como la Universidad Nacional de La Plata.

El paro afectará el reinicio de las clases tras las vacaciones de invierno en distintas jurisdicciones del país.

Los sindicatos reclaman una recomposición salarial ante la pérdida del poder adquisitivo de los docentes y exigen la reapertura de la paritaria nacional. Además, solicitan la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), un complemento salarial vigente desde la década de 1990 que fue eliminado por el gobierno de Javier Milei al inicio de su gestión.

Se trata de la primera huelga docente que se desarrollará bajo la vigencia de la normativa que considera a la educación una actividad esencial, por lo que también servirá para evaluar el alcance de la nueva legislación. Los gremios cuestionaron judicialmente la constitucionalidad de la limitación al derecho de huelga, mientras que el Gobierno buscará comprobar el cumplimiento de la prestación mínima y la efectividad de las eventuales sanciones.

En ese contexto, el Ministerio de Capital Humano exhortó a "todos los agentes del sistema educativo, según sus responsabilidades, a priorizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes y a cumplir con la normativa vigente en materia de esencialidad de la educación a fin de llevar previsibilidad a las familias argentinas".

Los trabajadores de la construcción percibirán un nuevo incremento salarial en agosto como parte de un acuerdo escalonado entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). Según informaron las entidades, el convenio establece ajustes sucesivos que impactan directamente en los salarios básicos.

El esquema de actualización, acordado en mayo, dispuso un aumento del 2,1 por ciento en junio y del 2 por ciento en julio. Para el mes de agosto, el incremento pactado es del 1,9 por ciento sobre los salarios básicos de julio, con el objetivo de acompañar la evolución de los precios y mantener el poder adquisitivo del sector.

A partir del 1 de agosto de 2026, entrarán en vigencia los nuevos valores básicos diferenciados por zona geográfica. En la Zona A, que abarca gran parte del país incluyendo la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, el jornal de un oficial especializado será de 7.420 pesos, un oficial percibirá 6.348 pesos, un medio oficial 5.866 pesos y un ayudante 5.399 pesos. Los serenos, por su parte, tendrán una remuneración mensual de 980.858 pesos.

En la Zona B, que integra a La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut, el jornal de un oficial especializado alcanzará los 8.237 pesos, mientras que en la Zona C, correspondiente a Santa Cruz, el valor será de 11.392 pesos. Finalmente, en la Zona C Austral, en Tierra del Fuego, se aplicarán los valores más elevados, con un jornal de 14.841 pesos para el oficial especializado.

“Las partes convienen que el presente acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de agosto de 2026 y en el marco de la negociación colectiva, acuerdan mantener la COMISIÓN ESPECIAL para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socio económico”.

El acuerdo prevé una reunión para el 20 de julio de 2026 con el fin de definir los ajustes correspondientes a partir de septiembre. Esta actualización se da en un contexto donde el sector muestra un comportamiento de actividad en modo serrucho, con indicadores de julio que anticipan una retracción en el despacho de cemento y el Índice Construya.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó en las últimas horas el cronograma de pagos de los sueldos correspondientes al mes de julio para los docentes, policías y estatales bonaerenses. Los trabajadores percibirán la primera parte del aumento del 5 por ciento acordado en la última reunión paritaria.

De esta manera, los empleados que se desempeñan en los diversos ministerios, en el Poder Judicial, en la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), en el Poder Legislativo y en el Instituto de Previsión Social (IPS), entre otros, cobrarán sus haberes entre el próximo viernes 31 de julio y el 7 de agosto.

En detalle, los primeros en recibir el pago serán los agentes que cumplen funciones en la Dirección de Vialidad, el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia (OCEBA) y el Instituto de la Vivienda. Por el contrario, el último día de pago estará destinado a quienes se desempeñan en la Dirección General de Cultura y Educación y en la Dirección provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP).

Tras una extensa negociación, los gremios aceptaron a comienzos de mes la propuesta de aumento del 7 por ciento en dos tramos elevada por el gobierno de Axel Kicillof, que consistió en una suba del 5 por ciento en julio y un 2 por ciento adicional en agosto. Asimismo, el acuerdo tuvo como eje el pase a planta permanente de más de 8.000 trabajadores que se encontraban en planta temporaria.

En ese marco, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, valoró la continuidad del diálogo con las organizaciones sindicales para llegar a buen puerto en las negociaciones. “No solo dio respuesta a las condiciones salariales, sino que también incorporó avances fundamentales para los docentes y estatales en materia de derechos y condiciones laborales”, puntualizó el funcionario.

En cuanto a la escala salarial docente, un maestro de grado con 10 años de antigüedad y jornada simple pasará a percibir este mes 990.793 pesos, mientras que un maestro de grado con jornada completa recibirá 1.982.586 pesos. Finalmente, se informó que los empleados del Instituto de Previsión Social (IPS) cobrarán sus haberes según el cronograma establecido para la jurisdicción.

- Dirección de Vialidad

- OCEBA

- Instituto de la Vivienda

- Ministerio de Seguridad

- Servicio Penitenciario

- Ministerio de Desarrollo de la Comunidad

- Patronato de Liberados

- Instituto Provincial de Lotería y Casinos

- Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia

- Ministerio de Salud

- Caja de Policía

- Fiscalía de Estado

- Junta Electoral

- Tribunal de Cuentas

- Asesoría General de Gobierno

- Secretaria General

- Coordinación General Unidad Gobernador

- Ministerio de las Mujeres y Diversidad

- Ministerio de Economía

- Contaduría General de la Provincia

- Tesorería General de la Provincia

- Mrio. de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica

- Fondo Provincial de Puertos

- Mrio. De Desarrollo Agrario

- Mrio. de Infraestructura y Servicios Públicos

- Consejo de la Magistratura

- Mrio. de Justicia y Derechos Humanos

- Mrio. de Gobierno

- Mrio. de Trabajo

- Defensoría del Pueblo

- Mrio. De Comunicación Pública

- Agencia de Recaudación de Buenos Aires (A.R.B.A.)

- Autoridad del Agua

- Comisión de I. Científicas (CIC)

- Comisión por la Memoria

- Comité de Cuenca del Rio Recon. (COMIREC)

- Corp. de Fomento del Valle Bonaerense del R. Colorado (CORFO)

- Ente Adm. Astilleros Río Santiago

- Org. Prov. De Integración Social y Urbana (O.P.I.S.U)

- Poder Legislativo

- Universidad Pcial. del Sudoeste (U.P.S.O.)

- Universidad Provincial de Ezeiza

- Jefatura de Asesores del Gobernador

- Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires

- Ministerio de Ambiente

- Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano

- Ministerio de Transporte

- Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich

- Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo

- Poder Judicial

- Dirección General de Cultura y Educación

- Dirección provincial de Educación de Gestión Privada (DiPrEGeP)

(*) Los empleados del Instituto de Previsión Social (IPS) cobrarán sus haberes según el cronograma de la jurisdicción.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó una modificación en la normativa sobre cuentas sueldo que habilita a las empresas a acreditar salarios en dólares estadounidenses. La medida completa la implementación de lo dispuesto por la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, que ya había establecido la posibilidad de que las remuneraciones se paguen tanto en moneda nacional como extranjera.

La decisión fue formalizada mediante la Comunicación “A” 8460, que incorpora al dólar estadounidense como moneda admitida para la captación de depósitos en las cuentas sueldo. De esta manera, las entidades financieras ya cuentan con el marco regulatorio necesario para ofrecer este tipo de operatoria.

La actualización responde a la modificación del artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo, introducida por la reforma laboral, que habilita expresamente el pago de salarios en moneda extranjera cuando exista acuerdo entre las partes.

La normativa establece que los bancos deberán garantizar los depósitos y las extracciones de dólares en efectivo en la sucursal donde se encuentre radicada la cuenta sueldo. En tanto, la disponibilidad del servicio en otras sucursales, cajeros automáticos o terminales de autoservicio dependerá de que la entidad cuente con billetes suficientes para realizar la operación.

Además, el Banco Central aclaró que estas cuentas conservarán el mismo régimen de gratuidad que las tradicionales cuentas sueldo en pesos.

En ese sentido, precisó que la exención de comisiones alcanza hasta el monto de las acreditaciones provenientes de la relación laboral, incluso si esos fondos permanecen depositados durante un tiempo prolongado. Esto significa que el trabajador podrá mantener el dinero en la cuenta de manera indefinida sin pagar costos de mantenimiento sobre los importes acreditados como salario.

Pese a la adecuación normativa, especialistas consideran que el pago de salarios en dólares no se generalizará en el corto plazo.

Entre los principales motivos señalan que muchas empresas todavía enfrentan restricciones para acceder libremente al mercado cambiario, lo que dificulta adoptar esta modalidad de manera masiva.

Sin embargo, sostienen que la medida puede favorecer una práctica que ya comenzó a observarse en determinados sectores, especialmente en actividades vinculadas a la exportación de servicios, empresas con ingresos en moneda extranjera y profesionales que trabajan para clientes del exterior.

Con esta decisión, el Banco Central completa el marco regulatorio necesario para que empleadores y trabajadores que así lo acuerden puedan utilizar las cuentas sueldo en dólares como mecanismo de pago de las remuneraciones.

El Gobierno nacional dispuso la implementación de un esquema de remuneración diferencial para el personal militar que cuente con formación universitaria o terciaria. La medida, que rige desde el 1 de julio de 2026, busca reconocer la capacitación académica y evitar la pérdida de capital humano especializado en las fuerzas.

De acuerdo con lo establecido, quienes acrediten un título de posgrado percibirán un suplemento del 25 por ciento sobre su haber mensual. Por su parte, aquellos que posean un título universitario de grado recibirán un 15 por ciento adicional, mientras que para quienes cuenten con un título terciario o tecnicatura el plus será del 10 por ciento.

La normativa se formalizó a través del Decreto 473/2026, firmado por el presidente Javier Milei el 17 de julio. En sus fundamentos, el documento destaca la importancia de retener personal en áreas estratégicas como la ingeniería, la informática, el derecho internacional humanitario, la medicina, la logística avanzada y la ciberseguridad.

“Cada ciclo de egreso de oficiales y suboficiales titulados que no encuentran reconocimiento económico a su formación académica representa una pérdida irreversible de capital humano especializado que demanda años de formación y práctica para ser reconstituido”.

El beneficio alcanza a todo el personal en actividad del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como a la Policía de Establecimientos Navales. Asimismo, la medida se extiende al personal retirado y a los familiares con derecho a pensión, siempre que el título haya sido obtenido antes del pase a retiro.

En paralelo, la Resolución Conjunta 35/2026, suscripta por el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, fijó los haberes base para el trimestre junio-agosto, con un aumento acumulado del 4,1 por ciento respecto de mayo. Cabe señalar que el nuevo decreto deroga el inciso 2 del artículo 57 de la Ley 19.101 para unificar el régimen bajo este único esquema de suplementos.

El Gobierno nacional dispuso este lunes, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, una modificación en los criterios para el cálculo de los aportes y contribuciones sindicales previstos en los convenios colectivos de trabajo. La medida limita la base de cálculo a las sumas remunerativas normales, habituales y de pago mensual, con el objetivo de unificar criterios y brindar mayor claridad sobre la aplicación de la normativa vigente.

La decisión se enmarca en la implementación de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802 e introduce precisiones que, según el Ejecutivo, facilitarán el control de legalidad de los acuerdos paritarios antes de su homologación.

De acuerdo con el decreto, la base sobre la que se calcularán los aportes estará integrada por el salario básico convencional correspondiente a la categoría del trabajador y por las sumas remunerativas de carácter normal, habitual y mensual que tengan origen en el convenio colectivo.

En contrapartida, quedarán excluidos de ese cálculo diversos conceptos salariales, entre ellos los premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, el sueldo anual complementario (SAC), el plus vacacional, las sumas no remunerativas y cualquier otro adicional que no sea percibido de manera habitual y mensual.

La norma también establece que las contribuciones y aportes que los empleadores acuerden realizar en el marco de los convenios colectivos no estarán alcanzados por la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo (Ley N° 14.250), sino que pasarán a regirse por la Ley de Asociaciones Sindicales (Ley N° 23.551).

En ese sentido, el decreto dispone que los recursos obtenidos mediante esos aportes deberán destinarse exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural en beneficio de los trabajadores representados por la organización sindical correspondiente.

Asimismo, las asociaciones sindicales estarán obligadas a administrar esos fondos de manera diferenciada del resto de su patrimonio, mediante una contabilidad y documentación separadas, conforme a la reglamentación vigente.

En los fundamentos de la medida, el Gobierno sostuvo que las modificaciones apuntan a otorgar mayor seguridad jurídica respecto del alcance de las disposiciones vigentes, al tiempo que buscan fortalecer el control estatal sobre los convenios colectivos antes de su homologación.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la organización conformada por más de 100 gremios distanciados de la conducción de la CGT ratificó que la suma pedida representa “ocho veces más” que el sueldo básico actual que es “el más bajo de la historia argentina”.

Este frente lo integran la UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Aeronáuticos, Marítimos, Fluviales, Papeleros y Viales, entre otros sindicatos.

En la misma línea, indicaron que desde el comienzo de la gestión del presidente Javier Milei, se impulsó una serie de políticas para licuar salarios y combatir a las organizaciones sindicales; asimismo, los asalariados perdieron más de 67 billones de pesos en el acumulado de sus ingresos mensuales, situación que “se aceleró en los últimos siete meses: Los salarios reales del sector público cayeron más de seis por ciento, mientras que los sueldos del sector privado se deterioraron más de cinco por ciento”, aseguraron.

“Ese ataque, a quienes producimos, es parte de una política de destrucción de la industria nacional, concentración económica, desigualdad creciente y debilitamiento de la representación democrática. Ante esto, vamos a seguir luchando por el salario digno y los derechos laborales, sindicales y democráticos de las y los trabajadores argentinos, por el desarrollo y la soberanía nacional”, manifestaron desde del FreSU.

Paralelamente, sostuvieron que esta situación económica “obligó a los trabajadores a endeudarse para sostener la vida cotidiana” y esa deuda, que se refleja en cada una de las familias argentinas, “creció en 46 billones de pesos desde que Milei llegó a la Casa Rosada”. También explicaron que la morosidad “se multiplicó por cuatro sólo en el último año”, mientras que el mercado de crédito a los hogares “se saturó”.

Por último, detallaron que para determinar el valor del salario mínimo que exigen, se toman como referencia “los costos necesarios para cubrir las nueve necesidades vitales que establecidas por ley”: Alimentación adecuada (640.428 pesos); vivienda digna (596.339); educación (268.502); vestimenta (148.624); salud (365.553); transporte, esparcimiento y vacaciones (650.867); y previsión social (330.039 pesos).

“Reivindicamos el derecho al trabajo y a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo”, concluyeron. NA

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Tandil-Juárez anunció un paro de 24 horas para este miércoles 15 de julio, que alcanzará a las y los trabajadores de los organismos dependientes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en los distritos de Tandil y Benito Juárez.

Según informó el sindicato a través de un comunicado, la medida fue resuelta durante una asamblea de trabajadores ante la crítica situación salarial que atraviesa el sector. Desde la organización sostuvieron que los ingresos actuales "ya no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de las familias", motivo por el cual decidieron avanzar con una jornada de protesta.

En ese marco, ATE reclamó al Gobierno nacional que regularice el envío de fondos y de las partidas presupuestarias que, según señalaron, mantiene adeudadas con la Provincia de Buenos Aires. Desde el gremio afirmaron que esa situación repercute en el funcionamiento de los organismos públicos y limita las posibilidades de mejorar los salarios de los trabajadores estatales.

Al mismo tiempo, la organización sindical también dirigió un pedido al Gobierno bonaerense, al que le solicitó que evalúe e impulse alternativas que permitan recomponer de manera urgente los ingresos del sector, con el objetivo de garantizar salarios dignos frente al incremento sostenido del costo de vida.

La convocatoria está dirigida a todas las trabajadoras y trabajadores de las dependencias provinciales de Tandil y Benito Juárez, a quienes el gremio instó a sumarse a la medida de fuerza "en defensa del salario".

Bajo la consigna "Salarios dignos para vivir mejor", ATE remarcó que la protesta busca visibilizar la situación económica que atraviesan los empleados estatales y reclamar respuestas concretas de los distintos niveles del Estado para mejorar las condiciones salariales del sector.

La secretaria general de Suteba Tandil, Estela Sinopoli, realizó un balance de la última negociación paritaria docente en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que, si bien el acuerdo salarial "no alcanza" frente al contexto económico, representó "un avance" respecto de la propuesta inicial presentada por el Gobierno bonaerense.

En diálogo con El Eco, la dirigente explicó que la negociación fue "larga y muy difícil", con tres reuniones desarrolladas durante junio y los primeros días de julio, en un escenario condicionado por la situación financiera de la Provincia.

En ese sentido, atribuyó parte de las dificultades a la deuda que, según indicó, mantiene el Gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires en concepto de coparticipación. "Gran parte de nuestros salarios, de nuestros seguros de salud y de nuestras cuestiones jubilatorias están dentro de esa deuda", afirmó.

Sinopoli recordó que en el primer encuentro no hubo oferta salarial, mientras que en la segunda reunión la propuesta consistió en un incremento del 2,1%, equivalente al índice de inflación informado por el Indec, cifra que el gremio rechazó por considerarla insuficiente.

"La inflación que vivimos todos los días no es la que mide el Indec. Hay gastos como los alquileres, los servicios, el transporte o la conectividad que impactan mucho más en el salario de las trabajadoras y los trabajadores", señaló.

Tras ese rechazo, el Ejecutivo provincial presentó una nueva propuesta que finalmente fue aceptada por la mayoría de los sindicatos docentes.

Según detalló Sinopoli, el acuerdo contempla incrementos para julio y agosto, con una nueva instancia de negociación prevista para los primeros días de septiembre.

Los preceptores recibirán una recomposición del 8,9% en dos tramos, mientras que los maestros de grado, de nivel inicial y de educación especial alcanzarán un aumento cercano al 8%. En tanto, los docentes con horas cátedra o módulos percibirán un incremento del 7,5%.

La primera parte del aumento será de un 5% para todos los trabajadores, que se abonará con los salarios de julio, mientras que el porcentaje restante se liquidará con los haberes de agosto, a cobrarse en septiembre.

"Pasar de una propuesta del 2,1% a una de casi 8 o 9% nos pareció un número superador. Entendemos que no alcanza, pero era un avance y debía ser considerado por las bases", expresó.

La dirigente explicó que la oferta fue debatida en asambleas realizadas en los 135 distritos de la provincia y luego aprobada por amplia mayoría en el plenario de secretarios generales de Suteba.

Sinopoli remarcó que la negociación no se limitó a la cuestión salarial y destacó que el sindicato también impulsó el fortalecimiento de las condiciones laborales.

Entre los principales puntos, mencionó la necesidad de reforzar el acuerdo de erradicación, prevención, resguardo y reparación de las violencias en los contextos educativos.

"La violencia no es escolar, es social. La escuela es la caja de resonancia de lo que sucede en la sociedad y eso repercute en las instituciones educativas", sostuvo.

Asimismo, indicó que el gremio viene impulsando la campaña "Quiénes cuidan a quienes cuidan", en referencia a la protección de los trabajadores de la educación frente a situaciones de agresión.

La dirigente recordó que en Tandil se registraron episodios reiterados de violencia, entre ellos el caso de un docente que sufrió un hecho de extrema gravedad y que todavía continúa en proceso de rehabilitación. Según señaló, ese antecedente refuerza la necesidad de profundizar las medidas de prevención y protección para el personal educativo.

La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (Fesintras) llevó a cabo una reunión de su Consejo Ejecutivo Nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Durante el encuentro, los representantes analizaron la situación salarial y paritaria en las distintas provincias del país, estableciendo un plan de acción para el segundo semestre del año.

Del cónclave participaron referentes de diversas organizaciones, entre ellas CICOP (Buenos Aires), APUAP (Jujuy), APHEC (Hospital El Cruce), SER Salud (La Rioja), SUTEPA (PAMI), UTRASACH (Chaco), AGREMECH (Chubut), además de la ATE Junta Interna del Ministerio de Salud de la Nación y representantes de Entre Ríos.

De las exposiciones surgió un denominador común: el deterioro de los salarios y las condiciones laborales del equipo de salud se profundiza en todo el territorio nacional. En la mayoría de las jurisdicciones no existen paritarias efectivas y los incrementos otorgados resultan insuficientes para recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación. En este sentido, la provincia de Buenos Aires se presenta como una excepción relativa al haber logrado sostener la negociación y avanzar en una Mesa Técnica para discutir la recategorización de la estructura salarial de la Carrera Hospitalaria.

Al respecto, Pablo Maciel, secretario general de Fesintras, fue contundente sobre la realidad del sector: "La situación salarial del equipo de salud atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años. Para garantizar el derecho a la salud tiene que haber trabajadores y trabajadoras con derechos y salarios dignos".

El dirigente también manifestó la preocupación del sector ante las políticas actuales: "Las organizaciones miembro de Fesintras expresamos una fuerte preocupación por el desfinanciamiento del PAMI, la crisis del sistema de la seguridad social y el abandono del Estado Nacional de sus responsabilidades en materia sanitaria. Estas políticas de ajuste generaron una sobrecarga creciente sobre los efectores públicos provinciales y municipales, que deben responder a una demanda cada vez mayor con recursos insuficientes".

Finalmente, Maciel reafirmó la postura de la federación: “Desde Fesintras reafirmamos la necesidad de avanzar hacia una Paritaria Nacional de Salud que establezca un piso salarial para todas las provincias, genere mecanismos que reduzcan las profundas desigualdades entre jurisdicciones y promueva una Ley Nacional de Salud que garantice el financiamiento del sistema público y el acceso universal a la salud como un derecho humano fundamental”.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, afirmó ayer que los trabajadores de la educación “merecen reconocimiento, respeto y retribución acordes a la importancia de la tarea que realizan”, en un fuerte posicionamiento público que se produce a menos de un mes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara un recurso del Poder Ejecutivo y dejara firme una medida cautelar que ordenaba aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.

Las declaraciones de la titular del Senado se dieron en el marco de un saludo oficial por el aniversario del Instituto Social Militar Dámaso Centeno, establecimiento educativo del cual es exalumna y al que ponderó por su rol institucional.

A través de sus canales oficiales, la mandataria visibilizó su postura respecto de la situación salarial del sector en medio de las tensiones presupuestarias que mantiene la administración central con las universidades y los gremios docentes.

La reivindicación de la función pedagógica formó parte de una serie de publicaciones que la funcionaria realizó en la red social X para conmemorar la fecha fundacional de su antigua escuela. “Como egresada del Dámaso, guardo un enorme cariño por una institución que forma parte de mi historia personal. En sus pasillos aprendí lecciones que iban mucho más allá de los libros. Guardo los mejores recuerdos y amistades que trascienden las décadas”, sostuvo Villarruel ayer para rememorar su paso por las aulas de la entidad socio-militar.

En ese mismo sentido, según supo la Agencia Noticias Argentinas, la funcionaria enfatizó que el impacto formativo de los colegios se sostiene de manera directa sobre el esfuerzo sostenido de las plantas de profesores a lo largo de los años.

Al respecto, remarcó que “nada de eso sería posible sin generaciones de docentes que dedicaron su vida a enseñar” y concluyó que “quienes eligen la educación cumplen una misión fundamental para el futuro de la Nación”, vinculando directamente el progreso del país con el otorgamiento de condiciones laborales y salariales dignas para el personal de las escuelas de todo el territorio. (NA).

A partir de julio de 2026, los empleados de comercio perciben una actualización en sus haberes tras la reciente implementación del acuerdo paritario. La medida, impulsada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias, establece la integración de conceptos que anteriormente figuraban como sumas no remunerativas al salario básico.

Este ajuste responde a la necesidad de adecuar los ingresos del sector al contexto inflacionario. El esquema acordado contempló un incremento trimestral acumulativo del 5 por ciento, distribuido en tramos del 2 por ciento en abril, 1,5 por ciento en mayo y 1,5 por ciento en junio. Asimismo, se incorporó un bono extraordinario de 120.000 pesos, compuesto por una suma de 100.000 pesos preexistente y un adicional de 20.000 pesos.

La absorción de estos montos al salario bruto impacta de manera directa en el cálculo de los adicionales convencionales. Tanto el adicional por antigüedad, que equivale a un 1 por ciento por cada año trabajado, como el presentismo, cuentan ahora con una base de cálculo superior. De esta manera, todas las categorías iniciales, incluyendo maestranza, personal administrativo, cajeros, auxiliares y vendedores, superan los 1,2 millones de pesos como base remunerativa.

El acuerdo precisa que los trabajadores que desempeñan tareas a tiempo parcial o bajo regímenes discontinuos perciben estos importes de manera proporcional a las horas efectivamente trabajadas. Por otro lado, se aclaró que estos valores no resultan de aplicación obligatoria en la Ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, donde los convenios pueden presentar diferencias según lo pactado localmente.

Finalmente, las partes mantienen los canales de diálogo abiertos para realizar un monitoreo constante de la situación económica. La mesa paritaria se encuentra habilitada para revisar los montos en los próximos meses si la inflación supera los parámetros establecidos, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores del rubro.

En un contexto de menor ingreso disponible, cada vez más argentinos aseguran que tienen dificultades para llegar a fin de mes. La pérdida de poder adquisitivo continúa condicionando el consumo y la capacidad de ahorro de los hogares, en un escenario donde la mayoría percibe que los salarios siguen sin acompañar el aumento del costo de vida.

Según la consultora Zentrix, el 61% de los encuestados afirma que sus ingresos le alcanzan, como máximo, hasta el día 20 de cada mes, mientras que un 24,3% llega con lo justo, sin posibilidad de ahorrar. Apenas el 13% sostiene que logra cubrir todos sus gastos y generar algún ahorro.

La división por voto acentúa estas diferencias: entre quienes apoyan al oficialismo, el 45,3% declara que sus ingresos se agotan antes del día 20; entre los votantes de la oposición, esa proporción asciende al 71,3%.

La experiencia económica, aunque compartida en su existencia, golpea con mucho más fuerza a quienes ya desconfiaban del rumbo, remarcó la consultora.

El 64% de los argentinos califica como mala o muy mala la situación económica del país, mientras que el 41,7% hace esa misma evaluación sobre su propia economía. A su vez, el 86,1% de los encuestados sostiene que su salario no le gana a la inflación. Este registro es apenas inferior al máximo de la serie, que fue del 86,6% en abril.

Al analizar los datos por voto, el 70,2% de los oficialistas reconoce que su salario pierde frente a la inflación, cifra que trepa al 96,6% entre los votantes de la oposición. Por otro lado, el 68,8% de los consultados considera que el índice de inflación publicado por el Indec no refleja la variación de precios que percibe en su vida diaria.

Hacia adelante, el 55,1% de los encuestados cree que lo peor está por venir en materia económica, contra solo 24% que considera que lo peor ya pasó.

De acuerdo a un informe de la consultora Equilibra, después de siete meses consecutivos de caída, el ingreso disponible aumentó 0,8% mensual en abril de 2026. Sin embargo, el indicador aún se ubicó 1% por debajo del nivel de abril del año pasado y permanece 14,5% por debajo del promedio registrado entre enero y septiembre de 2023.

La mejora de abril se concentró exclusivamente en los asalariados privados formales, cuyo ingreso disponible creció 1,6% respecto del mes anterior. En contraste, los empleados públicos registraron una caída del 1,1% mensual, mientras que las jubilaciones mínimas con bono descendieron 0,7% en el mes.