El licenciado en psicología Matías Dalla Fontana, formado en la Universidad Católica Argentina, dialogó con La Mañana, programa que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1, sobre la situación que atraviesa la salud mental de niños y adolescentes en la actualidad. El profesional, quien cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito clínico y deportivo, llegará a Tandil para encabezar la charla titulada "Redes que atrapan o redes que liberan: instrumental, familia y comunidad".

El especialista hizo hincapié en la necesidad de revalorizar la autoridad familiar y el rol fundamental de las instituciones de la comunidad, tales como los clubes de barrio, las parroquias y los colegios. Según Dalla Fontana, estos espacios son los encargados de tejer una vida más integral frente a lo que definió como una "epidemia de trastorno de salud mental" que afecta a la población general, pero con mayor impacto en los jóvenes.

Explicó que los niños y adolescentes se encuentran en una etapa de constitución de sus capacidades, por lo que cualquier elemento nocivo, ya sea el consumo de sustancias o el uso inadecuado de la tecnología, resulta doblemente perjudicial. "Estamos enfrentando una epidemia de trastorno de salud mental en el mundo", advirtió, subrayando que la situación es extrema no solo por el drama personal de cada caso, sino por la escala que ha alcanzado el fenómeno.

Al ser consultado sobre el papel de los adultos, Matías Dalla Fontana propuso una mirada equilibrada, evitando tanto la tecnofobia como la idealización de las herramientas digitales. "Si el celular es una herramienta, es para determinados usos. La justificación de una herramienta se da en función de su finalidad", señaló, comparando el acceso a la tecnología con el manejo de un vehículo automotor.

Para fomentar un crecimiento más saludable, el especialista sugirió a las familias trabajar en la reestructuración de hábitos cotidianos. Entre las medidas clave, destacó la importancia de establecer límites claros respecto a las horas de sueño, recomendando apagar los dispositivos electrónicos a una hora determinada para garantizar un descanso reparador. Asimismo, enfatizó la necesidad de promover actividades físicas, artísticas y sociales que involucren el cuerpo y la mente.

Basándose en su experiencia personal como deportista y exintegrante del seleccionado nacional de rugby, Matías Dalla Fontana destacó la evidencia científica que respalda la importancia del deporte para el desarrollo intelectual, moral y social de los chicos. "Es una indicación clave para los papás: ordenar el sueño, proponer actividades donde el cuerpo, la mente y los valores estén involucrados", afirmó.

El encuentro, que se desarrollará el miércoles 19 de agosto a las 8:30, busca ser un espacio de diálogo y construcción colectiva más que una conferencia técnica. El profesional destacó que la charla está dirigida a docentes, dirigentes de clubes, voluntarios y padres interesados en obtener herramientas para abordar la problemática actual.

Finalmente, valoró las iniciativas locales que se llevan a cabo en Tandil, mencionando al clúster tecnológico y las jornadas de innovación como modelos de liderazgo proactivo. "La política pública incluye la participación social y la comunidad que se organiza. El Estado debe ser rector, planificador y coordinador, pero lo público incluye ese estado inteligente con la participación de las familias", concluyó Matías Dalla Fontana desde su centro de salud mental en la ciudad de Santa Fe.

Un tribunal del estado de Nuevo México ordenó el jueves a la empresa Meta pagar 567 millones de dólares en concepto de indemnización por los daños ocasionados a los jóvenes a través de sus plataformas digitales. Según consideró el juez, la compañía matriz de Instagram y Facebook creó una molestia pública, por lo que también se le ordenó implementar una serie de medidas de seguridad orientadas a proteger a los usuarios menores de edad.

El fallo se dictó durante la segunda fase de un juicio que la firma perdió en marzo. En la primera instancia, un jurado había ordenado a la empresa pagar 375 millones de dólares en sanciones civiles, tras determinar que la compañía infringió la ley estatal de protección al consumidor al tergiversar los niveles de seguridad de sus redes sociales para los niños.

Al respecto, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, celebró la resolución judicial:

“La decisión de hoy es una victoria para todos los padres que se han preocupado por lo que las redes sociales hacen a sus hijos y para todos los niños que merecen crecer en un entorno en línea más seguro”.

Por su parte, desde la empresa anunciaron a última hora del jueves que apelarán la sentencia. Un portavoz de la compañía afirmó en un comunicado: “Seguimos confiando en nuestra trayectoria de protección de los adolescentes en línea y continuaremos defendiéndonos frente a acusaciones que tergiversan los hechos”.

Un reciente informe reveló que las muertes por suicidio en la ciudad superaron a los homicidios y a los fallecimientos por siniestros viales, situando la tasa local por encima de la media nacional. El médico psiquiatra Jorge Garaguso analizó en los estudios de El Eco el aumento de los cuadros de depresión y ansiedad tras la crisis sanitaria, la vulnerabilidad de los adolescentes y adultos mayores, y la urgente necesidad de mayores recursos presupuestarios para un abordaje preventivo y comunitario.

Un trabajo de investigación realizado por La Vidriera encendió las alarmas en la comunidad al exponer una cruda realidad: en Tandil, el suicidio se consolidó como una de las principales causas de muerte violenta, superando incluso a los hechos delictivos y a la siniestralidad vial. Según los datos analizados, la tasa local de este fenómeno no solo es preocupante, sino que se encuentra por encima del promedio de la Argentina. Frente a este escenario, el médico psiquiatra Jorge Garaguso visitó el programa La Mañana de la radio de El Eco para desglosar los factores de riesgo y el contexto histórico de una problemática que, lejos de ser nueva, experimentó una explosión de casos post pandemia vinculada a la salud mental.

El profesional, quien posee una vasta trayectoria en el estudio del suicidio en la región, recordó que este tema ya había sido central en la agenda de la ciudad entre finales de la década del 90 y principios de los años 2000. En aquel entonces, Tandil competía en tasas de suicidio adolescente con San Martín de los Andes, lo que generó movimientos sociales históricos como la "Marcha por la Vida" impulsada por el padre Troncoso. Sin embargo, Garaguso advirtió que la actualidad presenta desafíos inéditos, especialmente por la fragilidad del tejido social y el aumento de los trastornos de ansiedad y consumo de sustancias tras el confinamiento.

Durante la entrevista, Garaguso describió que el suicidio no debe entenderse como un hecho aislado, sino como una problemática social y comunitaria. Al analizar la incidencia por edades, el médico utilizó una analogía visual para explicar quiénes son los más vulnerables hoy en día. "La vida es como una letra U; en los extremos, a los 15 años y a los 80, se encuentran las poblaciones de mayor riesgo que son los adolescentes y los adultos mayores", señaló el profesional, destacando que son precisamente estos grupos los que más sufren la soledad y la falta de escucha.

En relación con el género, el psiquiatra detalló que existe una disparidad marcada entre los intentos y las muertes consumadas. En Tandil, al igual que en la tendencia global, de cada cinco suicidios, cuatro fueron cometidos por varones y uno por mujeres. No obstante, en lo que respecta a los intentos —conocidos clínicamente como acting out—, la frecuencia es mayormente femenina. Garaguso explicó que, detrás de cada gesto o amenaza, hay una angustia que debe ser abordada con seriedad, desmitificando la idea de que "quien avisa no lo hace". Para el médico, cada señal es una oportunidad de intervención que la sociedad no debe dejar pasar.

La pandemia de Covid-19 marcó un punto de inflexión negativo en la salud mental de los tandilenses. Según el especialista, tras la emergencia sanitaria se produjo una proliferación de cuadros depresivos, irritabilidad y un incremento notable en el consumo de psicofármacos, alcohol y drogas ilegales. Esta situación afectó con especial dureza a los jóvenes, quienes se encuentran atravesados por una "doble vida": la real y la digital. Garabuso enfatizó que, si bien la tecnología es un medio, también se convirtió en un factor que acrecienta el aislamiento dentro del propio hogar.

"El teléfono móvil genera mayor soledad y una desconexión de las redes afectivas reales, como el diálogo en la cena familiar", advirtió el médico. En este sentido, comparó la situación de los adolescentes actuales, nativos digitales, con las generaciones de las décadas del 60 y 70, quienes crecieron bajo reglas más rígidas que, paradójicamente, otorgaban mayor seguridad y límites claros. El profesional celebró medidas como las adoptadas en países como Francia, donde se limitó el uso de dispositivos en menores de 16 años, considerándolo un paso necesario para fomentar el encuentro humano.

A pesar del panorama complejo, Tandil ha dado pasos importantes en materia de infraestructura de salud. Garaguso destacó la creación de un sector de prevención del suicidio y, fundamentalmente, la implementación de las guardias permanentes de salud mental tanto en el Hospital Municipal Ramón Santamarina como en el Hospital de Niños Dr. Debilio Blanco Villegas. Estos espacios resultan vitales para la contención de crisis inmediatas y el abordaje de la multicausalidad que rodea a cada paciente.

Sin embargo, el sistema de salud enfrenta una barrera económica crítica que limita su eficacia. El médico hizo hincapié en que ninguna ley de salud mental podrá ser plenamente efectiva si no se destinan los recursos necesarios. "Se recomienda que el diez por ciento del presupuesto de salud sea para salud mental, pero actualmente apenas se aporta un 1,6 por ciento", denunció, citando datos que reflejan la desatención estatal a nivel general. Sin fondos para personal, medicación y seguimiento, el trabajo de los profesionales se vuelve una tarea heroica frente a la demanda creciente de una sociedad angustiada.

Para Garaguso, el abordaje del suicidio no debe quedar encerrado exclusivamente en el consultorio médico. La prevención es una tarea que involucra a docentes, familiares, amigos y vecinos. El profesional insistió en que el entorno es el que tiene la capacidad de detectar el aislamiento temprano y brindar el espacio de diálogo necesario para que el sujeto pueda expresar su dolor. "La sociedad es la que salva vidas", sentenció, subrayando que la empatía y la observación del "otro" son las herramientas más poderosas contra el desencuentro y la desesperanza.

En su reflexión final, el psiquiatra abordó el impacto que el suicidio de un paciente tiene sobre el propio profesional de la salud. Relató su experiencia personal y cómo el duelo del médico es un proceso muchas veces invisibilizado, pero necesario para seguir ejerciendo con humanidad. "El profesional tiene que hacer también su duelo, porque se establece un vínculo muy importante", concluyó, reafirmando que la salud mental es un compromiso que requiere, ante todo, recuperar el sentido de pertenencia y comunidad en una ciudad que hoy se ve golpeada por estas cifras.

El senador provincial del PRO, Pablo Petrecca, presentó una iniciativa legislativa que busca establecer la incorporación obligatoria de profesionales de la psicología en todos los Equipos de Orientación Escolar (EOE) de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, en la provincia de Buenos Aires. 

El proyecto tiene como propósito principal fortalecer el carácter interdisciplinario de estos espacios y mejorar la capacidad de respuesta frente a desafíos como la violencia escolar, la salud mental y el impacto de las apuestas online en niños, niñas y adolescentes.

“El presente proyecto de ley tiene como objetivo prioritario fortalecer la salud mental y el bienestar socioemocional de las comunidades educativas en la provincia de Buenos Aires. La complejidad del escenario social actual impacta de manera directa en las aulas, manifestándose en un incremento de situaciones de violencia, ansiedad, depresión y dificultades en los procesos de socialización de los niños, niñas y adolescentes”, se indicó.

La propuesta busca modificar el funcionamiento de los EOE previsto en la Ley provincial de Educación. En el caso de las escuelas de gestión pública, el texto dispone que el ingreso y ascenso de los psicólogos se realice mediante “concursos públicos de antecedentes y oposición”, respetando lo establecido en el Estatuto Docente. Los postulantes deberán contar con título habilitante, formación docente y matrícula profesional vigente.

Entre las funciones asignadas, los profesionales deberán diseñar estrategias de detección temprana, brindar contención primaria en situaciones de crisis, asesorar a docentes y directivos, y coordinar derivaciones a centros de salud. Asimismo, desarrollarán talleres sobre Educación Sexual Integral (ESI) y prevención de adicciones. El proyecto aclara que los psicólogos no realizarán tratamientos clínicos individuales prolongados, circunscribiendo su labor a la prevención, el diagnóstico pedagógico y el abordaje institucional.

“La escuela, además de ser el espacio central de aprendizaje pedagógico, funciona como la principal red de contención social y comunitaria para miles de estudiantes. En los últimos años se registró un incremento alarmante de emergencias subjetivas en el ámbito escolar, tales como crisis emocionales, trastornos de la conducta alimentaria, autolesiones, violencias, acoso escolar y consumos problemáticos. El abordaje de estas realidades no puede quedar bajo la exclusiva responsabilidad del cuerpo docente, ni ser abordado de forma tangencial, requiere de profesionales formados, capaces de leer el malestar institucional y transformarlo en estrategias de prevención y cuidado”, declaró el senador provincial.

El exintendente de Junín enfatizó que la medida busca garantizar el derecho a una orientación integral sin convertir a la escuela en un consultorio clínico. “Es fundamental aclarar que este proyecto no busca transformar a la escuela en un consultorio clínico, sino que el rol propuesto es netamente preventivo e institucional, actuando como un puente entre la educación y el sistema de salud”, señaló el legislador. 

Finalmente, concluyó que “contar con profesionales de la salud mental estables dentro del cuerpo escolar permitirá detectar alarmas a tiempo, intervenir en crisis de convivencia y capacitar a los docentes que hoy se encuentran desbordados por realidades emergentes. La inversión en salud mental escolar es una deuda impostergable para proteger el futuro de nuestros jóvenes“.

Catalina Giraldo, una psicóloga colombiana de 30 años, falleció mediante el procedimiento de eutanasia tras enfrentar una prolongada lucha por su salud mental. Horas antes de concretar su decisión, la joven concedió una entrevista en la que expresó sentirse en paz con el camino elegido.

Me siento muy tranquila. Hace muchos años no sentía esta tranquilidad. Quita un peso inmenso saber que tu sufrimiento no va a prolongarse indefinidamente en el tiempo sino que más bien puedes pararlo, puedes detenerlo, puedes decir que es suficiente.

A los 20 años, Giraldo recibió diagnósticos de trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado. A lo largo de una década, se sometió a más de 40 tratamientos farmacológicos, tres ciclos de terapia electroconvulsiva, tratamiento con ketamina y nueve internaciones psiquiátricas debido a intentos de suicidio.

La joven relató que su última hospitalización resultó determinante para su decisión. Según explicó, no podía volver a estar en esa situación de restricción y supervisión constante. Ante este panorama, solicitó formalmente la Asistencia Médica al Suicidio, una práctica despenalizada en Colombia desde 2022. Sin embargo, la falta de reglamentación específica para estos casos impidió que pudiera acceder a esa vía, por lo que optó por la eutanasia, que sí cuenta con protocolos establecidos en el sistema de salud.

El caso de Giraldo enfrentó diversos obstáculos, ya que su Entidad Promotora de Salud le negó el acceso en reiteradas oportunidades al argumentar que la ley no especifica el alcance para los trastornos de salud mental. Durante el año 2024, 352 personas accedieron a la eutanasia en Colombia, una cifra que mantiene una tendencia creciente.

Antes de su fallecimiento, la psicóloga dejó un mensaje dirigido a la Corte Constitucional con el objetivo de que su lucha trascienda su caso personal. Lucas Correa, director de DescLAB, la organización que acompañó el proceso, señaló que el caso plantea una interrogante fundamental sobre si la asistencia médica al suicidio podrá ejercerse realmente como parte del derecho a morir dignamente o si continuará limitada por la negligencia y la falta de reglamentación del Ministerio de Salud.

Después de la pandemia, el departamento de salud de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires comenzó a detectar en las consultas de los estudiantes algunas señales que generaron preocupación. Cuadros de ansiedad, ataques de pánico y episodios depresivos encendieron las alarmas y fueron el punto de partida para la elaboración de una guía de salud mental, una herramienta diseñada para sistematizar la respuesta institucional y ofrecer un respaldo tanto a estudiantes como a docentes y no docentes.

En una entrevista con El Eco de Tandil, la directora del área dependiente de la Secretaría de Bienestar de la Unicen, Déborah Banda Noriega, explicó que este documento se comenzó a diagramar a inicios de 2024. La iniciativa surgió como una respuesta directa a la incidencia en el aumento de las consultas que el equipo reportó especialmente después de la vuelta a la presencialidad tras el período de aislamiento que impuso la emergencia sanitaria. “Veníamos visualizando este incremento en la ansiedad, ataques de pánico y depresión postpandemia”, repasó.

La realidad que motivó la guía se vinculó con la reinserción de los estudiantes a la presencialidad. “Muchos jóvenes se incorporaron a la vida universitaria en segundo o tercer año de sus carreras sin haber pisado nunca el edificio de su facultad”, lo que disparó emociones y niveles de estrés al momento de rendir un examen o interactuar en el Campus, explicó.

En paralelo, los profesionales se pusieron en contacto con otros departamentos de salud y secretarías de bienestar de universidades del país, como la Universidad Nacional de Cuyo (Uncuyo) y la de Rosario, además de algunas instituciones del conurbano bonaerense, para intercambiar experiencias y protocolos. De allí surgió la decisión de avanzar con la elaboración de una guía “acorde a nuestra realidad”, dijo.

El proceso no fue aislado, sino que contó con la participación activa de diversos especialistas que integran el plantel de la Secretaría de Bienestar. Entre los profesionales que aportaron su conocimiento se encuentran los psicólogos Ignacio Pastor y Gustavo Banda, así como la psicopedagoga Catalina González. También cumplieron un rol fundamental las trabajadoras sociales Constanza Albornoz y Luciana Pillado, quienes aportaron la mirada territorial necesaria para que el protocolo no fuera solo un documento teórico.

A este grupo se sumó la colaboración externa de Luciano Grasso, psicólogo y docente de la cátedra de Salud Mental Comunitaria de la Facultad de Medicina de Olavarría. La participación del exvicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública permitió alinear los objetivos de la guía con los estándares de la salud mental comunitaria, priorizando la detección temprana y el acompañamiento antes de que las situaciones deriven en crisis agudas.

El documento fue presentado ante el Consejo Superior de la universidad para avanzar en una difusión formal y que “llegue a toda la comunidad universitaria” para que “todos sepan actuar en una situación de urgencia y emergencia en salud mental”, resaltó la directora.

Uno de los puntos centrales giró en torno a la necesidad que la guía no fuera concebida como un protocolo rígido o estático. Según describió Banda Noriega, se buscó una estructura elástica que pudiera adaptarse a los tiempos y a los cambios. “La salud mental de hoy no es la misma que la de hace diez años, y seguramente dentro de una década la realidad será otra”, reflexionó.

Por ello, el texto contempla no solo situaciones de urgencia y emergencia, sino también a aquellas situaciones que “se comienzan a gestar de manera insidiosa” manifestándose a través de cambios de conducta detectados por compañeros o docentes.

“Son muchas las veces en las que un compañero se acerca con la preocupación por algo raro que le pasa a su par”, planteó la directora del departamento de salud, que enfatizó en el carácter de la guía en cuanto a que considera la realidad actual.

Un estudio liderado por el King's College de Londres, en el Reino Unido, y el Instituto de Investigación Médica QIMR Berghofer de Brisbane, Australia, logró identificar 74 variantes genéticas vinculadas a los trastornos de ansiedad. Estos cuadros clínicos presentan una frecuencia creciente, especialmente entre los jóvenes, según detalló la investigación publicada en la revista Nature Human Behaviour.

El trabajo, considerado el mayor realizado hasta el momento en este campo, contó con la participación de casi 700.000 personas de origen europeo. Del total de las variantes genéticas identificadas, 39 de ellas nunca antes habían sido relacionadas con este tipo de trastornos. El análisis permite comprender con mayor profundidad la base genética de la ansiedad y su interacción con factores como las experiencias vitales y el contexto social.

Los científicos, liderados por Thalia Eley, observaron que muchos de los genes identificados son particularmente activos en el cerebro y participan en la comunicación entre las células nerviosas. Además, el estudio halló diversas correlaciones entre la ansiedad y otras afecciones de salud mental y física.

Estas correlaciones ponen de relieve la interconexión entre la salud mental y la salud física. Nuestros hallazgos no revelan una relación de causa y efecto, pero plantean interrogantes importantes para futuras investigaciones.

Así lo afirmó Brittany Mitchell, autora principal del estudio junto con Megan Skelton. Por su parte, Skelton añadió: “Es importante señalar que una persona con un alto riesgo genético puede no desarrollar ansiedad, mientras que una persona con un bajo riesgo genético sí podría”.

Asimismo, la investigadora indicó que comprender este riesgo podría ayudar a identificar a las personas más susceptibles a las influencias ambientales, lo cual contribuiría al desarrollo de estrategias de prevención y tratamientos más eficaces.

Cartillas de las obras sociales que ofrecen muy pocos profesionales -y que generalmente tienen completo su cupo de pacientes- o prestadoras de servicios de salud que ya directamente no tienen convenio con los psicólogos: la historia es igual -o muy parecida- para los afiliados de casi todas las obras sociales y prepagas del distrito.

Las causas -aseguraron desde el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires Distrito VIII- hay que buscarlas principalmente en los bajos honorarios que están dispuestas a abonar las obras sociales y a las demoras en los pagos de esos valores, una vez que se efectiviza un convenio.

En el medio, los afiliados. Que para el sistema público, lógicamente, tienen cobertura del sector privado y por lo tanto deberían canalizar allí su demanda en salud mental, pero que a su vez se encuentran con que su obra social no ofrece prestadores y debe salir a buscarlos -y pagarlos al cien por ciento- por afuera.

Como muestra basta un ejemplo, que fue aportado por el Colegio de Psicólogos local: Hace cinco años eran 15 las obras sociales distritales que mantenían convenio con el Distrito VIII, que incluye a Tandil; en la actualidad son solo tres.

El dato refleja el progresivo retiro de profesionales de la atención por cobertura médica y expone, según señalaron desde el Colegio, una crisis que combina atrasos en los pagos y honorarios depreciados, sumado a una creciente demanda de atención en salud mental.

“Estamos totalmente en crisis”, resumió la licenciada Laura Beatriz Milocco -MN 28.514/M: 61.103-, integrante del Consejo Directivo del Colegio y coordinadora de la Comisión Obras Sociales del Distrito VIII. “Hacemos muchas tratativas para sostener los convenios, pero muchas obras sociales no los cumplen”, remarcó.

En diálogo con El Eco de Tandil, Milocco explicó que existen dos tipos de convenios: los distritales, que cada región negocia con obras sociales locales, y los provinciales, como el que se firma con IOMA, cuyas contrataciones son administradas por el Consejo Superior del Colegio a nivel bonaerense.

Según detalló la profesional -que además es consultora en Psicología Clínica de Adultos con Orientación en Psicoanálisis-, “el Colegio de Psicólogos busca que se firmen convenios adecuados, con prestaciones de calidad y profesionales que obviamente estén capacitados para la atención”.

En ese sentido, indicó que la institución también supervisa el funcionamiento de los tratamientos y el cumplimiento de las condiciones pactadas.

Actualmente el Distrito VIII -cuya cabecera está en Azul e incluye a Tandil, Olavarría, Bolívar, Rauch, Las Flores, Laprida, General La Madrid, General Alvear y Tapalqué- cuenta con 929 profesionales matriculados en actividad, de los cuales casi 400 ejercen en Tandil.

Sin embargo, cada vez menos psicólogos aceptan trabajar por obra social. “Obviamente esa es una de las posibilidades para quien está colegiado, pero no estamos todos obligados a ser prestadores mensualmente”, aclaró.

La dirigente explicó que hasta el año pasado había seis obras sociales distritales con convenio y que en 2021 eran 15. La reducción, sostuvo, se produjo luego de múltiples negociaciones fallidas por las condiciones de pago.

“Hubo un montón de tratativas y negociaciones para que ellos pudieran pagar; pero no lo hacen”, contó. “Y eso que los pagos son a 60, 90 y 120 días de la prestación de cada mes”, agregó.

“Se está tratando de sostener a las obras sociales que hay”

Desde la Comisión de Obras Sociales indicaron que el Colegio establece un “mínimo ético” para las prestaciones, regulado mediante la Unidad Psicológica (UP), que actualmente tiene un valor de 4.650 pesos. Cada sesión equivale a seis UP, por lo que el piso fijado para una consulta asciende hoy a 27.900 pesos. Ese monto se revisa trimestralmente.

“Tratamos de que las obras sociales lo cubran: que una parte la pague la prestadora y que la otra sea un copago mínimo para el afiliado”, explicó Milocco, aunque advirtió que “esto no se estaría cumpliendo”.

En algunos casos –señaló-, se negocian incrementos tanto en los honorarios como en los coseguros para acercarse al menos a los 25 mil pesos por sesión.

Sin embargo, sostuvo que las condiciones siguen siendo insuficientes frente a los costos que deben afrontar los profesionales. “Nosotros tenemos que pagar alquiler, luz, nuestra matrícula, la Caja del Colegio; gastos fijos que uno paga como profesional independiente”, enumeró.

“Se está tratando de sostener a las obras sociales que hay, pero todo el tiempo hay que estar muy atentos a que respeten el honorario mínimo”, destacó.

La situación con IOMA

La situación también impacta sobre IOMA, la obra social con mayor cantidad de afiliados en la provincia de Buenos Aires.

En este caso Milocco describió un escenario crítico con relación a la cobertura en salud mental, especialmente en sectores como educación, salud y fuerzas de seguridad.

“En este momento hay un escensario gravísimo porque hay muchas situaciones de suicidios en las fuerzas de seguridad y se están pidiendo desesperadamente tratamientos. Pero no hay”, manifestó.

El relevamiento actual del Colegio muestra que en todo el Distrito VIII quedan apenas 17 prestadores de IOMA, aunque solo 15 facturan efectivamente. En Tandil son seis los profesionales que atienden por esa cobertura.

Frente a la caída de prestadores, el Colegio flexibilizó el sistema de inscripción para todas las obras sociales. “El que quiere se anota. Desde el año pasado se pueden anotar mensualmente. Antes solamente se podían inscribir en los meses de marzo y septiembre”, explicó Milocco.

Sin embargo, reconoció que la medida no logró revertir la tendencia: “Como tantos prestadores se dieron de baja, lo tenemos abierto todo el año. Y ya ni siquiera con eso se suman”, aseguró.

Cobros indebidos y aumento de la demanda

La dirigente también se refirió a las denuncias de afiliados por cobros indebidos y señaló que los reclamos llegan al Colegio cuando un profesional percibe montos por fuera del copago autorizado.

“A nosotros nos llegan las denuncias porque no corresponde cobrar por fuera de lo que dice el copago”, advirtió. Y agregó que “quien se postula como prestador tiene que firmar un contrato y una de las cláusulas es la siguiente: le va a cobrar al afiliado lo que estipula el convenio de la obra social para la cual se inscribió”.

Para terminar, Milocco advirtió que la demanda de atención psicológica continúa en aumento. “En este momento estamos todos con mucho trabajo”, aseguró.

Y marcó la especial necesidad de contar con profesionales dedicados a niños y adolescentes.

“Las problemáticas se están viendo en la escuela. Esta crisis económica afecta muchísimo al interior de los hogares: los padres tienen que salir a trabajar más y hay familias que además se empiezan a distanciar, a separar. Y todo eso repercute muy fuerte en las infancias”, concluyó.

Matriculados en actividad: 929 distribuidos en los municipios que conforman la región.

Azul: 137

Alvear: 10

Bolívar: 68

General La Madrid: 16

Laprida: 14

Las Flores: 27

Olavarría: 239

Rauch: 14

Tandil: 394

Tapalqué: 10

El licenciado Ángel Orbea, quien también coordina el centro de día en el ámbito municipal, expresó su profunda preocupación respecto al proyecto de reforma de la ley de salud mental que actualmente se debate en el Senado de la Nación. Según el especialista, esta iniciativa no solo desconoce las complejidades del campo, sino que ratifica una línea de acción gubernamental basada en el ajuste y la desregulación.

"Cualquier especialista en salud pública sabe que estos dos procedimientos no tienen buenos resultados. Vemos que, a partir de la gestión actual, se viene dando en todo el sector salud cierres de instituciones, reducción de presupuestos y de proyectos", señaló. El profesional destacó que, en un contexto donde las consultas y las internaciones han aumentado a lo largo del país, la propuesta legislativa aparece como un factor que complica el panorama existente.

La maxima autoridad del  Colegio de Psicólogos fue enfático al señalar que la reforma posee un trasfondo "econométrico". En particular, cuestionó el artículo 41 del proyecto, el cual, según su análisis, eximiría al Estado nacional de cumplir con la partida presupuestaria que la ley vigente —la 26.657— estipula para el área de salud mental. "La ley de salud mental, desde que salió hace 13 años, nunca tuvo un correlato presupuestario acorde a lo que dice la norma, con distintos gobiernos. Esto ya no viene de ahora, es un remate", afirmó.

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la exigencia de la reforma de contar con la firma de un psiquiatra para cualquier internación o externación. Ángel Orbea advirtió que esta medida ignora la realidad territorial: "Está hecha sobre un desconocimiento del campo. ¿Dónde sacamos psiquiatras si no hay? En Tandil tenemos un lujo, contamos con cinco o seis en el ámbito público, pero en Rauch o La Prida no hay".

También alertó sobre el riesgo de colapso en el sistema de obras sociales. Al no existir paritarias que acompañen el aumento de los costos de salud, el desfase financiero se vuelve insostenible. "Ese desfase, ¿Quién lo paga? Lleva al colapso", sentenció. Asimismo, criticó el cambio de terminología en la ley, que sustituye el concepto de "padecimiento psíquico" por el de "trastorno", una visión que, a su juicio, se alinea con manuales psiquiátricos en desuso y carece de lógica asistencial.

Al abordar el enfoque humano y social de la salud mental,  analizó la creciente intolerancia a la frustración en niños y adolescentes. El especialista sostuvo que la digitalización y el uso excesivo de pantallas han modificado las coordenadas de la infancia. "El chico aprende a través de un programa educativo en la pantalla, pero no se acuerda de ningún contenido. La digitalización produce una satisfacción que va mucho más allá de lo cognitivo", explicó.

Para el psicólogo, el Estado no debería promover la tecnología digital en la infancia, ya que esta interfiere con la capacidad de los niños para insertarse en sistemas educativos que requieren una satisfacción más acotada. "Estamos complicados y esto hay que estudiarlo muy bien, porque forma parte de todo este mundo global", advirtió.

El profesional  se refirió al conflicto que mantiene con el Tiro Federal, institución ubicada cerca de su domicilio. Aclaró que los vecinos no se oponen a la actividad deportiva, sino a los ruidos molestos que afectan la vida cotidiana. "Es una actividad que nos embroma en nuestros domicilios. Durante 15 años, los días feriados empezaban a la mañana y a la tarde; no te interrumpe el descanso, te altera la neuroconductancia", explicó.

Respecto al incidente ocurrido el pasado fin de semana, donde se produjeron daños en la institución, el licenciado fue tajante: "No entramos por la fuerza, no rompimos nada. Fue un hecho deplorable y lamentable, pero no íbamos con ese objetivo. Queremos que esto se solucione, estamos dispuestos a colaborar y a hablar". Ángel Orbea concluyó haciendo un llamado al diálogo y a la intervención del Estado para resolver una situación que, según considera, también impacta en la salud pública del vecindario.

“Quiero demostrarle a las mamás que sí se puede”. La frase pertenece a Natalia Lorea, referente de Madres Territoriales en Tandil, y resume el eje del testimonio que compartió junto a Mónica Rodríguez durante una entrevista en “Plataforma Magazine”, por ECO TV y la 104.1 FM.

Ambas atravesaron durante años situaciones de consumo problemático con sus hijos y hoy forman parte de una red de acompañamiento para otras familias. Lejos de un relato derrotista, las dos mujeres eligieron poner el foco en la recuperación, en los procesos y en la necesidad de sostener redes comunitarias.

“Después de todo lo malo, se vinieron cosas buenas”, aseguró Lorea al contar que su hijo, hoy de 23 años, lleva cuatro años desde “el día uno”, como llaman dentro del grupo al inicio de la recuperación.

“Va a ser papá, formó su familia, sigue en su trabajo y gracias a Dios todavía se sigue manteniendo en pie, peleándola día a día”, relató.

Rodríguez, por su parte, contó que su hijo Gonzalo, de 26 años, atraviesa actualmente una internación y tratamiento. “Esta vez se interna y no voy a aflojar”, sostuvo al recordar las dificultades y retrocesos que atravesaron durante los últimos años.

Ambas integran Madres Territoriales, una organización conformada principalmente por madres y familiares de personas con consumos problemáticos, situaciones de vulnerabilidad social y exclusión.

En ese marco, días atrás anunciaron una charla abierta que brindarán este viernes desde las 17.30 junto al Municipio en el CIC de Movediza (La Pastora y Misiones) en la que se otorgarán herramientas y espacios de escucha para familias que atraviesan problemáticas similares.

“Una no lo puede creer”

Las historias de ambas comenzaron de manera similar: cambios de conducta por parte de sus hijos, ausencias prolongadas, violencia y faltantes en el hogar.

“Mi historia arranca con mi hijo en consumo desde muy chico, desde los 14, pero yo como mamá me di cuenta casi a los 18, cuando ya estaba todo más que complicado”, contó Lorea.

Según relató, las primeras señales aparecieron en modificaciones de comportamiento. “Las contestaciones, las llegadas tardes, todas las veces en que no sabés dónde está. Y a eso le sigue la falta de cosas en la casa”, enumeró.

“Al principio no lo querés aceptar”, reconoció. “Lo negué tanto que después, cuando me fue yendo bien, dije: ‘quiero demostrar que sí se puede’”, sostuvo.

Rodríguez atravesó un proceso similar. “Mi hijo Gonzalo se inició en el consumo más o menos a los 14 años, con marihuana”, recordó. “Una niega el estado del problema del nene. Mi hija me decía: ‘mamá, Gonzalo tal cosa’. Y yo le decía ‘no, no’. Una no lo puede creer”, relató.

Con el tiempo, explicó, comenzaron los episodios de violencia y hurtos. “Faltaban cosas en la casa. Yo tenía que trabajar y cuando venía encontraba que algo faltaba”, señaló. Incluso relató que en una oportunidad realizó una denuncia contra su propio hijo.

Internaciones y procesos judiciales

Las dos madres coincidieron en que el acceso a una internación compulsiva suele implicar un largo recorrido previo y múltiples gestiones familiares.

Lorea recordó que, tras “golpear muchísimas puertas”, logró obtener una internación compulsiva ordenada por un juez. “En mi caso, él tenía muchos problemas con la justicia: iba a terminar preso o me lo iban a matar”, sostuvo.

Rodríguez también recurrió a la vía judicial. “Esta es la segunda internación compulsiva que tiene, estuve buscando siempre la orden del juez, que no es muy fácil”, afirmó.

En Argentina rige la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, sancionada en 2010, que establece un enfoque de derechos humanos y promueve tratamientos comunitarios e interdisciplinarios, priorizando las alternativas ambulatorias por sobre las internaciones.

La normativa define que la internación involuntaria debe ser un recurso terapéutico excepcional y sólo puede aplicarse cuando exista una situación de riesgo cierto e inminente para la persona o terceros.

Además, la ley exige dictámenes profesionales interdisciplinarios, la constatación de que no existen otras alternativas eficaces y un informe sobre las estrategias previas implementadas.

“Un chico complicado no puede decidir”

Uno de los puntos sobre los que más insistieron las integrantes de Madres Territoriales fue en las dificultades que, según describieron, suelen aparecer luego de obtenida la autorización judicial.

“Yo te puedo decir que, hoy en día, no es tanto el juzgado”, sostuvo Lorea. “Generalmente tenemos fiscales y jueces que se toman el tiempito de leer los legajos de cada chico”, comentó.

Sin embargo, indicó que muchas veces los obstáculos aparecen en las evaluaciones posteriores dentro del sistema de salud. “El juez te puede firmar la autorización, pero muchas veces los llevan, los evalúan y, si el psicólogo o el psiquiatra considera que el chico está apto para la sociedad así esté drogado, haya tenido un intento de suicidio o una agresión en la casa, lo vuelven a mandar a la casa”, cuestionó.

“Un chico complicado no puede decidir”, afirmó.

En ese sentido, aclaró que el planteo de las familias no apunta contra los trabajadores de salud mental, sino a la necesidad de una evaluación más integral. “Muchas veces toman como que nosotros vamos contra el hospital o el área de salud mental. Y no vamos contra ellos, sino que a veces pedimos que se tomen un poquito de tiempo de evaluar al chico, pero también para hablar con la familia”, expresó.

“Hay chicos que realmente están en peligro y está en peligro su familia también”, agregó.

Redes de acompañamiento

Actualmente, el hijo de Rodríguez realiza tratamiento en la organización Vientos de Libertad, en Tandil, mientras que el hijo de Lorea continúa su proceso en Vencer para Vivir, en Zárate.

Además, mencionaron otros dispositivos de atención y destacaron el crecimiento de espacios comunitarios vinculados a la recuperación de personas con consumos problemáticos.

La propia articulación entre ellas surgió a partir de una entrevista periodística previa, también en El Eco Multimedios. “Yo la vi en la tele y mi hermana me pasó la nota. La busqué y le escribí”, recordó Rodríguez sobre el primer contacto con Lorea.

Desde entonces, ambas participan activamente de Madres Territoriales y de grupos de acompañamiento para familias y personas recuperadas. “Nada mejor que otro par para poder contenerse”, resumieron.

La organización mantiene abiertas distintas vías de contacto a través de Instagram, en la cuenta nobajo_losbrazos, y mediante WhatsApp al 249 421-7100, donde también funcionan grupos de apoyo para padres y jóvenes en recuperación.

La quinta edición de las jornadas laborales concluyó con un balance muy positivo y volvió a consolidarse como un espacio de referencia para el sector productivo y profesional de la región. La licenciada Norma Garrido, referente y organizadora del evento, compartió en el desayuno de Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, las principales conclusiones de dos días intensos de capacitación, debate y vinculación.

El encuentro estuvo dividido en dos ejes: una primera jornada destinada a empresas y sus desafíos actuales, y una segunda abierta al público general, especialmente orientada a quienes buscan insertarse laboralmente. Según explicó  la convocatoria superó las expectativas y generó una respuesta muy favorable de la comunidad. “Estamos muy satisfechos con el resultado final. Hemos recibido mensajes muy halagadores sobre el impacto de las temáticas tratadas”, señaló.

Uno de los puntos centrales fue la presentación de una investigación realizada junto a la consultora Enfoques, basada en una encuesta con más de 1.000 participantes. El relevamiento mostró cambios en los factores que hoy valoran los trabajadores al elegir o permanecer en un empleo. Aunque la remuneración continúa encabezando las preferencias con un 24 por ciento de las menciones, otros aspectos ganan cada vez más importancia.

Las oportunidades de aprendizaje y desarrollo alcanzaron el 22 por ciento, mientras que el clima laboral apareció como un elemento decisivo. “Hoy una buena propuesta económica debe complementarse con posibilidades de crecimiento y un entorno saludable. De lo contrario, existe el riesgo de que la persona continúe buscando otro lugar donde se sienta mejor”, advirtió.

La especialista también destacó el interés creciente por el asesoramiento profesional. Muchos asistentes participaron de sorteos para acceder a consultorías vinculadas al armado de currículum vitae y entrevistas laborales. Para Norma Garrido, esto refleja un cambio cultural positivo. “Está bueno entender que no tenemos por qué saber todo y que pedir ayuda fortalece y genera vínculos”, afirmó.

Otro de los temas abordados fue la convivencia de distintas generaciones dentro de las organizaciones. Los jóvenes de la generación Z, menores de 24 años, priorizan la formación constante, el bienestar y los beneficios relacionados con la salud. En ese marco tomó fuerza el concepto de salario emocional.

“El salario emocional implica preocuparse genuinamente por las personas. No se trata solo de cumplir tareas, sino de generar espacios cómodos y saludables”, explicó la licenciada, mencionando acciones simples como promover hábitos saludables o mejorar los espacios cotidianos.

En cambio, los millennials y la generación X valoran más el reconocimiento y las posibilidades de crecimiento profesional, mientras que quienes tienen entre 45 y 65 años priorizan el tiempo y el trato humano. sostuvo que las nuevas generaciones impulsan una mirada diferente, donde el empleo también debe disfrutarse y equilibrarse con la vida personal.

Durante las jornadas también se analizó la necesidad de mejorar la comunicación dentro de las organizaciones. A partir de exposiciones de especialistas como Gustavo Rech, se remarcó la importancia no solo de transmitir mensajes claros, sino también de fortalecer la escucha.

“Hay que verificar que lo que se quiso comunicar realmente haya sido entendido. Tal vez ya no alcanza con entregar manuales extensos y hay que buscar formas más dinámicas de inducción”, planteó.

La salud mental ocupó otro lugar destacado en la agenda. Tras la pandemia, cada vez más organizaciones comenzaron a prestar atención al bienestar emocional de sus equipos y a desarrollar estrategias vinculadas a esa problemática.

En relación con la tecnología, se debatió sobre el avance de la inteligencia artificial en los procesos de selección y gestión. Garrido consideró que debe incorporarse como una herramienta útil, aunque acompañada por capacitación constante y políticas de resguardo de datos.

La referente de Garrido y Asociados destacó el trabajo de firmas locales que avanzan en la profesionalización de sus áreas de recursos humanos, entre ellas Cagnoli y Faro Verde, además de pequeñas empresas familiares y emprendimientos agropecuarios donde el vínculo directo con los colaboradores sigue siendo fundamental.

Finalmente, agradeció al equipo organizador integrado por Camila, Maricel, Mariana y María del Carmen, además de los estudiantes Agustín Peiretes y Catalina Álvarez, quienes colaboraron durante las jornadas.

La iniciativa contó con el acompañamiento de la Cámara Empresaria, el Municipio de Tandil, Flama, las facultades de Ciencias Económicas y Veterinarias de la UNICEN y distintos institutos de formación. También participaron sponsors como Max Continental, Distribuidora Gama, Laboratorio Newtech, Farmacias CDG, Irisur, La Gándara Agropecuaria, Romera Hermanos, Estudio Címaro Torchelli, Hierro Sánchez, Posta Natural, Juana Rodríguez Negocios Inmobiliarios, Usina Tandil y OSDE, junto al aporte de Pedro Espondagaburu y Matías Ibarra en la moderación de los paneles.

Un alumno de 11 años ingresó a la Escuela Campaña del Desierto, situada en el Barrio Smata de San Juan, portando una pistola de aire comprimido. El hecho obligó a las autoridades escolares a activar de inmediato los protocolos de seguridad y motivó la intervención de personal policial de la Comisaría 27ª.

El suceso se registró aproximadamente a las ocho de la mañana, durante el ingreso habitual de los estudiantes al establecimiento ubicado en la intersección de Virgen de Lourdes y Perito Moreno. Según informó el portal Tiempo de San Juan, una docente fue alertada por el padre de otro alumno sobre la presencia de un arma en el bolsillo del menor involucrado, lo que permitió abordar la situación dentro del aula.

Al ser consultado, el estudiante entregó voluntariamente una pistola de material plástico color negro, presuntamente operada con CO2. El objeto fue puesto bajo custodia en la dirección del colegio para garantizar la seguridad de los alumnos y el personal. Posteriormente, la directora del establecimiento radicó la denuncia formal para dar inicio a la investigación judicial.

Dada la edad del alumno, la causa quedó bajo la órbita del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, con la supervisión del secretario Carlos Ponce. La justicia busca determinar la procedencia del arma y evaluar las responsabilidades en el marco del régimen de protección integral, contemplando la intervención de profesionales como psicólogos o trabajadores sociales para analizar el entorno familiar y escolar del niño.

Este hecho se produce en un contexto de alerta tras otros episodios de violencia en escuelas del país. Recientemente, la Policía Bonaerense realizó operativos en dos domicilios de José C. Paz vinculados a amenazas de tiroteos, investigaciones que se profundizaron luego de que un adolescente de 15 años matara de un disparo a un compañero de 13 en una escuela de San Cristóbal, provincia de Santa Fe.