La quinta edición de las jornadas laborales concluyó con un balance muy positivo y volvió a consolidarse como un espacio de referencia para el sector productivo y profesional de la región. La licenciada Norma Garrido, referente y organizadora del evento, compartió en el desayuno de Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, las principales conclusiones de dos días intensos de capacitación, debate y vinculación.

El encuentro estuvo dividido en dos ejes: una primera jornada destinada a empresas y sus desafíos actuales, y una segunda abierta al público general, especialmente orientada a quienes buscan insertarse laboralmente. Según explicó  la convocatoria superó las expectativas y generó una respuesta muy favorable de la comunidad. “Estamos muy satisfechos con el resultado final. Hemos recibido mensajes muy halagadores sobre el impacto de las temáticas tratadas”, señaló.

Uno de los puntos centrales fue la presentación de una investigación realizada junto a la consultora Enfoques, basada en una encuesta con más de 1.000 participantes. El relevamiento mostró cambios en los factores que hoy valoran los trabajadores al elegir o permanecer en un empleo. Aunque la remuneración continúa encabezando las preferencias con un 24 por ciento de las menciones, otros aspectos ganan cada vez más importancia.

Las oportunidades de aprendizaje y desarrollo alcanzaron el 22 por ciento, mientras que el clima laboral apareció como un elemento decisivo. “Hoy una buena propuesta económica debe complementarse con posibilidades de crecimiento y un entorno saludable. De lo contrario, existe el riesgo de que la persona continúe buscando otro lugar donde se sienta mejor”, advirtió.

La especialista también destacó el interés creciente por el asesoramiento profesional. Muchos asistentes participaron de sorteos para acceder a consultorías vinculadas al armado de currículum vitae y entrevistas laborales. Para Norma Garrido, esto refleja un cambio cultural positivo. “Está bueno entender que no tenemos por qué saber todo y que pedir ayuda fortalece y genera vínculos”, afirmó.

Otro de los temas abordados fue la convivencia de distintas generaciones dentro de las organizaciones. Los jóvenes de la generación Z, menores de 24 años, priorizan la formación constante, el bienestar y los beneficios relacionados con la salud. En ese marco tomó fuerza el concepto de salario emocional.

“El salario emocional implica preocuparse genuinamente por las personas. No se trata solo de cumplir tareas, sino de generar espacios cómodos y saludables”, explicó la licenciada, mencionando acciones simples como promover hábitos saludables o mejorar los espacios cotidianos.

En cambio, los millennials y la generación X valoran más el reconocimiento y las posibilidades de crecimiento profesional, mientras que quienes tienen entre 45 y 65 años priorizan el tiempo y el trato humano. sostuvo que las nuevas generaciones impulsan una mirada diferente, donde el empleo también debe disfrutarse y equilibrarse con la vida personal.

Durante las jornadas también se analizó la necesidad de mejorar la comunicación dentro de las organizaciones. A partir de exposiciones de especialistas como Gustavo Rech, se remarcó la importancia no solo de transmitir mensajes claros, sino también de fortalecer la escucha.

“Hay que verificar que lo que se quiso comunicar realmente haya sido entendido. Tal vez ya no alcanza con entregar manuales extensos y hay que buscar formas más dinámicas de inducción”, planteó.

La salud mental ocupó otro lugar destacado en la agenda. Tras la pandemia, cada vez más organizaciones comenzaron a prestar atención al bienestar emocional de sus equipos y a desarrollar estrategias vinculadas a esa problemática.

En relación con la tecnología, se debatió sobre el avance de la inteligencia artificial en los procesos de selección y gestión. Garrido consideró que debe incorporarse como una herramienta útil, aunque acompañada por capacitación constante y políticas de resguardo de datos.

La referente de Garrido y Asociados destacó el trabajo de firmas locales que avanzan en la profesionalización de sus áreas de recursos humanos, entre ellas Cagnoli y Faro Verde, además de pequeñas empresas familiares y emprendimientos agropecuarios donde el vínculo directo con los colaboradores sigue siendo fundamental.

Finalmente, agradeció al equipo organizador integrado por Camila, Maricel, Mariana y María del Carmen, además de los estudiantes Agustín Peiretes y Catalina Álvarez, quienes colaboraron durante las jornadas.

La iniciativa contó con el acompañamiento de la Cámara Empresaria, el Municipio de Tandil, Flama, las facultades de Ciencias Económicas y Veterinarias de la UNICEN y distintos institutos de formación. También participaron sponsors como Max Continental, Distribuidora Gama, Laboratorio Newtech, Farmacias CDG, Irisur, La Gándara Agropecuaria, Romera Hermanos, Estudio Címaro Torchelli, Hierro Sánchez, Posta Natural, Juana Rodríguez Negocios Inmobiliarios, Usina Tandil y OSDE, junto al aporte de Pedro Espondagaburu y Matías Ibarra en la moderación de los paneles.

Un alumno de 11 años ingresó a la Escuela Campaña del Desierto, situada en el Barrio Smata de San Juan, portando una pistola de aire comprimido. El hecho obligó a las autoridades escolares a activar de inmediato los protocolos de seguridad y motivó la intervención de personal policial de la Comisaría 27ª.

El suceso se registró aproximadamente a las ocho de la mañana, durante el ingreso habitual de los estudiantes al establecimiento ubicado en la intersección de Virgen de Lourdes y Perito Moreno. Según informó el portal Tiempo de San Juan, una docente fue alertada por el padre de otro alumno sobre la presencia de un arma en el bolsillo del menor involucrado, lo que permitió abordar la situación dentro del aula.

Al ser consultado, el estudiante entregó voluntariamente una pistola de material plástico color negro, presuntamente operada con CO2. El objeto fue puesto bajo custodia en la dirección del colegio para garantizar la seguridad de los alumnos y el personal. Posteriormente, la directora del establecimiento radicó la denuncia formal para dar inicio a la investigación judicial.

Dada la edad del alumno, la causa quedó bajo la órbita del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, con la supervisión del secretario Carlos Ponce. La justicia busca determinar la procedencia del arma y evaluar las responsabilidades en el marco del régimen de protección integral, contemplando la intervención de profesionales como psicólogos o trabajadores sociales para analizar el entorno familiar y escolar del niño.

Este hecho se produce en un contexto de alerta tras otros episodios de violencia en escuelas del país. Recientemente, la Policía Bonaerense realizó operativos en dos domicilios de José C. Paz vinculados a amenazas de tiroteos, investigaciones que se profundizaron luego de que un adolescente de 15 años matara de un disparo a un compañero de 13 en una escuela de San Cristóbal, provincia de Santa Fe.

El senador bonaerense Sergio Vargas, integrante del bloque libertario dialoguista, presentó en las últimas horas un proyecto de ley para crear un dispositivo de salud mental específico para el personal de las fuerzas de seguridad. La iniciativa surge ante el aumento exponencial de casos de suicidio que sacude a la provincia de Buenos Aires. 

Según fundamentó el legislador, "esta ausencia de políticas específicas no solo impacta en la vida personal de los agentes, sino que también repercute directamente en la calidad del servicio de seguridad que el Estado brinda a la ciudadanía".

En el último tiempo, se han vuelto habituales los episodios donde integrantes de las fuerzas deciden quitarse la vida. El trasfondo de estos casos suele estar marcado por hogares con dificultades económicas, salarios insuficientes y una sobrecarga de horas de servicio extra para cubrir gastos básicos.

 Al respecto, Sergio Vargas describió: "Durante años, quienes integran estas instituciones desempeñaron sus funciones en contextos de alta exigencia emocional, exposición a situaciones traumáticas y presión operativa constante, enfrentando lo que técnicamente se denomina riesgo psicosocial crítico".

El senador por la Sexta sección electoral advirtió que la provincia está perdiendo agentes no solo por el accionar del crimen organizado, sino por el desgaste postraumático y la carencia de una red institucional efectiva. "Se están perdiendo agentes no solo a manos del crimen organizado, sino a causa del desgaste postraumático y la falta de una red de contención institucional efectiva", señaló, agregando que "estos padecimientos permanecen muchas veces invisibilizados o silenciados por temor a sanciones".

El proyecto propone la creación del Programa Integral de Salud Mental para el personal de las fuerzas de seguridad y penitenciaria, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad bonaerense y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El dispositivo será obligatorio para los efectivos en actividad y podrá extenderse a retirados y familiares directos.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es resolver la pérdida de ingresos que sufren los agentes al manifestar problemas psicológicos. Actualmente, cuando se retira el armamento de forma preventiva, el uniformado deja de percibir las horas de Policía Adicional o las compensaciones por recargo de servicio. Sobre este nudo crítico, el senador explicó: "El resultado de esta ecuación es trágico pero previsible: el uniformado oculta su depresión y su estrés para no sufrir un recorte drástico en su salario, conviviendo con su arma reglamentaria hasta que es demasiado tarde".

Para revertir esta situación, el legislador consideró que "consagrar normativamente la intangibilidad de la remuneración regular no es un privilegio, es una medida de salvataje directo para que el efectivo pierda el miedo a pedir ayuda". 

Asimismo, sostuvo que "Al reconocer la necesidad de generar condiciones laborales saludables, promover el autocuidado y asegurar procesos de reinserción progresiva para aquellos agentes que atraviesen situaciones de padecimiento mental, se evita toda forma de discriminación o sanción encubierta".

Finalmente, el programa establece que las autoridades deberán elevar un informe anual con datos estadísticos sobre el estado de los agentes. En sus palabras de cierre, Sergio Vargas enfatizó: "Resulta necesario desarticular una cultura institucional que históricamente desalentó la expresión del malestar psíquico, promoviendo en cambio condiciones que favorezcan el cuidado, el acompañamiento y la detección temprana, cuidar a quienes tienen la responsabilidad de cuidarnos es una obligación ética y política del Estado".

En el marco del Congreso Provincial de Salud (CoProSa), que reunió a más de 15.000 participantes, se llevó a cabo el tercer Encuentro Federal de Salud Mental. La jornada contó con la participación del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, junto a autoridades sanitarias de 18 provincias, el Órgano de Revisión Nacional y el Consejo Consultivo Honorario.

El encuentro se desarrolló en un contexto de emergencia en salud mental, caracterizado por un aumento sostenido de los padecimientos en todo el país. Durante la jornada se analizaron los datos del informe federal correspondientes a 2025, que evidencian un incremento del 77% en las internaciones por salud mental y del 134% en la demanda de atención ambulatoria.

Las autoridades expresaron un enérgico rechazo al proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación. Advirtieron que la iniciativa implica un retroceso en materia de derechos al retirar fuentes de financiamiento esenciales, incorporar nuevas barreras de acceso y desarticular el enfoque comunitario vigente. 

Sobre este punto, se manifestó que "la ley actual de Salud Mental dice: compromiso financiamiento. La modificación que propone nación: sin financiamiento. Después chamuyen lo que quieran, pero la única realidad es que lo que hacen es ajustar en salud mental. El problema no es la Ley. Es que no la cumplen".

Asimismo, remarcaron que ninguna de las provincias fue consultada en el proceso de elaboración del proyecto, lo que constituye una vulneración de los principios básicos del federalismo sanitario. En este sentido, plantearon la urgente necesidad de reactivar el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA) como ámbito de debate y construcción colectiva de políticas públicas.

Del encuentro participaron representantes de La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, Salta, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Tucumán, Formosa, Corrientes, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz y San Luis. En paralelo, los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires acordaron el acompañamiento a los “Lineamientos para las políticas públicas de Salud Mental y Consumos Problemáticos en los Municipios de la Provincia de Buenos Aires”  frente al incremento de la demanda en sus territorios.

Las autoridades reafirmaron el compromiso de sostener y fortalecer los espacios de articulación federal y provincial, advirtiendo que cualquier intento de reforma regresiva que limite derechos o reduzca el financiamiento solo agravará la crisis actual en salud mental.

En diálogo con el ciclo Tandil Despiera (EcoTV y 104.1 Tandil FM), el psicólogo y exvicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública, Luciano Grasso, abordó la compleja realidad que atraviesa la salud mental en la Argentina. El especialista se refirió a los intentos por modificar la normativa vigente y a las fallas estructurales que impiden una atención de calidad.

El tema volvió a ocupar un lugar en la agenda a partir de la decisión del Poder Ejecutivo de presentar en el Senado un proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Según el anuncio, la propuesta legislativa busca “mejorar la respuesta del sistema sanitario ante situaciones que bajo la ley actual no encuentran suficiente amparo, superar las dificultades en su implementación y modernizar la ley en base a la realidad asistencial del país”.

Ante la consulta sobre iniciativas que buscan reformar la normativa, Grasso fue categórico al señalar que se trata de una discusión que suele desviar el foco del problema real. “Desde que se sancionó la ley en el año 2010, hay intentos de modificación. Quienes están a cargo de implementar las normativas tienen la obligación de generar procesos para acortar la distancia entre lo que prescribe una ley y lo que sucede en la práctica”, explicó el profesional.

Según su análisis, existen dos tipos de leyes: aquellas que “vienen a legalizar lo que ya sucede” y aquellas que, como la actual norma de salud mental, “intentan trazar un norte para traccionar cambios para que las cosas funcionen de otra manera”.

La ley “traza un camino” para que “las personas con problemas de salud mental tengan el tratamiento adecuado, algo que en 2010 no estaba funcionando como debería. Esas reformas no son de un día para el otro”, sostuvo el exdirector de Salud Mental de la Nación.

Tras repasar los principales lineamientos y desafíos que afronta el sistema, sostuvo que “los problemas están en la práctica” y no en la letra del texto normativo.

Para el especialista, el argumento que apunta a que “las cosas funcionan mal por culpa de la ley” es un diagnóstico errado. La realidad indica que “la normativa no ha sido suficientemente implementada” por los gobiernos provinciales, que son los tienen la responsabilidad primaria sobre los sistemas de salud. “Si la ley hoy tuviese un mayor nivel de avance, probablemente no tendría tantas embestidas”, sentenció y agregó que hay sectores que quieren volver a un modelo que “ya fue dejado de lado por los organismos internacionales y por la mayoría de los países: un modelo más biologicista, centrado en la psiquiatría, la internación y el psicofármaco”.

En contraposición, Grasso defendió el modelo comunitario, que entiende la salud mental como un fenómeno “mucho más complejo” que requiere respuestas integrales. “Los sistemas de salud tienen que dar una respuesta que hoy no están dando. Hay que diagnosticar bien e intentar resolver los problemas donde realmente están”, enfatizó el exfuncionario.

En otro pasaje de la entrevista, el profesional abordó situaciones vinculadas a los consumos problemáticos en mayores de edad, las internaciones y la angustia de las familias que no logran intervenir. Grasso aclaró los alcances legales al expresar que, “respecto a nuestra salud rige el principio de autonomía: yo me trato en la medida en que quiero". Sin embargo, “hay excepciones y la principal es cuando corre riesgo la vida propia o la de terceros”. En este sentido, el aseguró que la ley actual contempla la internación involuntaria bajo el criterio de riesgo cierto e inminente. 

Según Grasso, “el profesional que evalúa en una guardia debe ser psicólogo o psiquiatra para decidir una internación”, pero además “debe hilar fino y marcar una diferencia entre si hay riesgo o no”. Asimismo, destacó la importancia de contar con guardias en salud mental, como la que funciona en el Hospital Municipal “Ramón Santamarina” desde hace tres años.

Asimismo, observó que pueden darse casos que, “por falta de formación se dice ‘no lo puedo internar porque la ley lo prohíbe’, y eso es falso. O que el profesional reconoce el criterio de internación, pero no tiene una cama disponible donde derivarlo”.

“Esos son los problemas reales”, dijo tras su análisis y resaltó que “el problema no está en la letra de la ley sino en que hay que crear todo eso que no está funcionando”.

Por otro lado, el especialista insistió en que la carencia de especialistas y de infraestructura adecuada es lo que termina obturando la respuesta sanitaria. “No hay ningún artículo de la ley hoy que impida aquello que hay que hacer, y que no está sucediendo, se haga”, enfatizó y señaló que “no hay nada que trabe la capacitación de profesionales, la contratación de especialistas en las guardias o la creación de más camas. Eso es decisión política”.

En el tramo final de la entrevista, Grasso confirmó que el consejo académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Unicen, con sede en Olavarría, aprobó la creación del primer posgrado de esa unidad académica: la Maestría en Políticas Públicas en Salud Mental.

Este programa, que tendrá “el honor” de dirigir, busca suplir un déficit en la formación de cuadros técnicos y políticos. “En general, los gestores y funcionarios tenemos una formación académica vinculada a nuestra profesión de base, pero carecemos de competencias específicas para el diseño de una política pública”, explicó. La maestría abordará herramientas de análisis situacional, estudio de datos epidemiológicos y análisis presupuestario.

Grasso subrayó la necesidad de profesionalizar la gestión pública, especialmente en áreas tan sensibles como la salud mental. “Sabemos que en el país las gestiones suelen ser cortas. Por eso es fundamental que quien asuma una dirección tenga las competencias necesarias desde el primer día”, detalló.

La nueva carrera contará con docentes de trayectoria nacional e internacional y se encuentra iniciando su proceso de acreditación ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau). Paralelamente, la facultad también trabaja en una especialización en pediatría en conjunto con el Hospital de Niños “Dr. Debilio Blanco Villegas”, consolidando un polo de formación superior en la región.

Finalmente, Grasso abogó por un sistema de salud más ágil y humano. “Falta docencia por parte del sistema de salud hacia las familias. Hay que tener empatía para explicar los procesos”, concluyó.

El Gobierno nacional enviará al Congreso Nacional una nueva Ley de Salud Mental, según comunicó el jefe de gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta oficial de X. Fuentes del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, revelaron que el proyecto contempla una actualización de la normativa sancionada en 2010, con la intención de “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario”.

Desde la cartera sanitaria argumentaron que la iniciativa “busca proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre, y superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia”, al mismo tiempo que revelaron que aspiran a clarificar conceptos y criterios técnicos. Para la elaboración del texto se realizó un relevamiento de testimonios de familiares, pacientes y profesionales, además de actores del ámbito judicial y legislativo.

Entre los impedimentos detectados en la práctica diaria, se observó que solo 16 de 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley actual y que solo existen 18 hospitales generales con servicios de salud mental. En la administración nacional aseguran que el término padecimiento mental es “ambiguo” y “demasiado amplio”, lo que complicaría los diagnósticos y generaría demoras en la intervención.

“El proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión”, sostuvieron desde el organismo.

Asimismo, se reemplaza el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, con el objetivo de dar lugar a “intervenciones más oportunas y preventivas”. Sin embargo, aclararon que la internación continuará siendo un “recurso excepcional”, pero “necesario”.

El nuevo esquema establece que los psiquiatras podrán indicar una “internación involuntaria”, la cual deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario. “Se propone además extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia”, detallaron las fuentes oficiales.

Por otro lado, el proyecto propone fortalecer la red de atención con hospitales especializados, marcando una diferencia con la ley vigente que impulsa el cierre de instituciones monovalentes. Actualmente, el sistema cuenta con 30 instituciones públicas de este tipo y al menos 139 privadas. Finalmente, se busca ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y el Sedronar.

El diputado provincial de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, impulsó un proyecto para declarar la emergencia en salud mental en todo el territorio bonaerense, con el objetivo de reforzar el sistema de prevención, asistencia y tratamiento de personas afectadas por distintos padecimientos vinculados a la salud mental.

La propuesta legislativa, que también fue acompañada por los diputados Andrés de Leo y Romina Braga, fue elaborada junto a la exdiputada nacional Marcela Campagnoli y plantea la necesidad de adoptar medidas urgentes para mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente al crecimiento de estas problemáticas.

Según explicó Bugallo, el sistema de salud mental se encuentra actualmente “desbordado”, por lo que consideró necesario avanzar con herramientas que permitan prevenir, asistir y acompañar a las personas que atraviesan estas situaciones. En ese sentido, el proyecto busca optimizar la articulación entre el Gobierno provincial, los municipios y distintos organismos para garantizar el acceso efectivo a los servicios en todo el territorio bonaerense.

Entre los principales ejes de la iniciativa se incluye el fortalecimiento de la red provincial de atención en salud mental, la ampliación de dispositivos de prevención y tratamiento, y la mejora en la disponibilidad de profesionales especializados. También propone la implementación de sistemas de información epidemiológica y políticas públicas orientadas a la prevención comunitaria.

El proyecto establece además la creación de equipos móviles de intervención en crisis y de un Registro Provincial de Conductas Suicidas, que permita generar estadísticas para diseñar políticas de prevención, capacitación y acompañamiento a familiares. Asimismo, prevé la puesta en marcha de una línea telefónica gratuita de atención las 24 horas y un portal web orientado a brindar asistencia y herramientas de prevención.

En los fundamentos de la iniciativa, el legislador advirtió sobre el crecimiento de los problemas de salud mental en el país, especialmente entre jóvenes. Datos oficiales señalan que cada año se registran más de 4.000 suicidios en Argentina y que la provincia de Buenos Aires concentra entre 1.500 y 1.700 de esos casos.

En ese contexto, la propuesta también plantea la creación de un Plan Provincial de Prevención del Suicidio y Promoción de la Salud Mental en niños, niñas y adolescentes, junto con un observatorio que permita monitorear la evolución de la problemática y elaborar políticas públicas más eficaces.

Además, el proyecto incorpora acciones específicas para abordar fenómenos que afectan especialmente a los jóvenes, como el ciberacoso, el aislamiento social y la ludopatía online, a través de campañas de concientización y programas educativos en ámbitos escolares y comunitarios.

Un alumno mató a tiros a un compañero este lunes en un colegio de la localidad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. El ataque se realizó con una escopeta y hubo otros dos heridos durante el ataque, que están fuera de peligro.

El hecho ocurrió cerca de las 7.15, dentro de un patio interno de la escuela normal Mariano Moreno, cuando los chicos estaban izando la bandera en el comienzo de la jornada.

El atacante, de 15 años y que cursaba tercer año, de repente extrajo el arma de una funda de guitarra y efectuó alrededor de cinco disparos. La víctima fatal tenía 13 años. En medio de la desesperación, los jóvenes comenzaron a las corridas, rompieron vidrios e hicieron llamados acongojados a sus familiares.

El autor del ataque fue aprehendido por la Policía local luego de que un asistente escolar lograra contenerlo. El hombre se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta, informaron las fuentes oficiales de la Gobernación de Santa Fe.

Los dos estudiantes heridos tienen 13 y 15 años, y uno de ellos debió ser trasladado en código rojo por la gravedad de las heridas a la ciudad de Rafaela, con perdigones en cara y cuello. El otro alumno lastimado presentaba heridas de menor gravedad, con lesiones en uno de los brazos y en el tórax. El doctor Armando Borsini, director del hospital de la ciudad, confirmó que ambos menores no tienen riesgo de vida.

"Hay muchos comentarios, muchas versiones. Tengo información de la escuela, que el chico agresor era un muy buen alumno, un chico muy bueno, compañero. La verdad que a nosotros nos sorprende a todos esto", contó en TN el intendente de San Cristóbal, Marcelo Andreychuk.

La jueza Silvia Monserrat, titular del Juzgado de Familia 1 de Tandil, abordó la problemática de la salud mental y las adicciones, dijo que la Ley vigente constituye “un avance” y se refirió a las limitaciones que enfrenta el Poder Judicial ante la creciente demanda por parte de la población.  “Faltan lugares de internación”, resaltó.

Entrevistada en “Tandil Despierta” –por ECO TV y la 104.1 FM-, la magistrada defendió en primer término el espíritu de la normativa actual, la Ley 26.657, sancionada en 2010 por el Congreso de la Nación.

“La Ley de Salud Mental constituye un avance”, afirmó, pero aclaró que a los jueces “no nos permite ordenar la internación; nos permite ordenar la evaluación”.

En ese esquema, explicó que son los efectores de salud quienes determinan si corresponde o no una internación. “¿Qué es lo que mejora la Ley de Salud Mental? Que si un efector de salud decide internar a una persona, esa internación va a control de legalidad. Eso significa que va a un juzgado que analiza que haya un justificativo por el cual esa persona está internada”, detalló.

“Si bien la decisión no es nuestra, nosotros controlamos que la decisión esté bien tomada”, agregó.

En ese marco, la magistrada con 17 años de trayectoria como jueza y actual presidenta del Foro de la Justicia de Familia (Fojufam), señaló que, pese a las críticas recibidas acerca de supuestas trabas para las internaciones involuntarias, en la práctica sí existen. 

“Infinidad de personas son internadas en forma involuntaria: nosotros en enero tuvimos 22 internaciones en mi Juzgado. Esas 22 internaciones son involuntarias”, precisó.

Sin embargo, sostuvo que el problema no radica en la norma sino en su implementación. “La gente le echa la culpa a la Ley de Salud Mental. Pero lo que nos falta son políticas públicas. La Ley de Salud Mental contiene avances”, enfatizó.

Monserrat cuestionó especialmente el diseño actual de los dispositivos públicos. “Las políticas públicas tal como están pensadas, incluido el CPA (Centro Provincial de Atención a las Adicciones), se basan en la voluntad del adicto. Nosotros cuestionamos eso: si el adicto tuviera voluntad, no sería adicto. Por lo tanto, no se puede solo trabajar con personas que tienen voluntad, porque no la tienen, la tienen viciada”, argumentó.

En esa línea, explicó que Argentina optó por un modelo de instituciones abiertas. “La Argentina eligió para sus políticas públicas que los lugares de internación sean abiertos y que estén basados en la voluntad. Solo reciben personas que quieren rehabilitarse”, describió.

Y dijo que, frente a una negativa del paciente, el margen judicial es acotado. “Nosotros sí tenemos un único recurso: poder ordenar el traslado por la fuerza de esa persona al centro de salud mental donde va a ser evaluado”, dado que –continuó explicando- “las personas solo pueden ser internadas involuntariamente cuando está en riesgo su persona o ponen en riesgo a terceros”.

“La drogadicción es un drama mundial”

Sobre la gravedad del fenómeno, Monserrat fue categórica: “La drogadicción es el drama contemporáneo. No es el drama de Tandil, ni de la provincia de Buenos Aires o de la Argentina; es un drama mundial”.

Además, advirtió que esta problemática “atraviesa todas las edades, todos los géneros y todas las clases sociales”, aunque con matices: “Algunos consumen ‘de la buena’, otros consumen ‘de la mala’. El que consume ‘de la buena’, a lo mejor puede tener una mejor calidad de vida, y si pertenece en una clase social alta es muy probable que se pueda enmascarar”, consideró.

“A mí me llegan comentarios extraoficiales de que, en sectores de alto estrés por ejemplo, la droga es muy habitual en profesionales. Pero nadie habla de profesionales que se drogan”, expuso.

La magistrada también remarcó que la problemática excede a la enfermedad en sí misma. “El problema de salud mental no es solamente la patología: el entorno influye mucho. Si usted tiene dos personas con la misma patología y una no tiene ningún entorno social o su entorno social no es protector, esa persona no va a estar estimulada”, sostuvo. 

Por eso, señaló que una evaluación integral requiere “del psiquiatra, que determina la patología; el psicólogo, que determina el comportamiento; y el trabajador social, que analiza el entorno”.

Otro rasgo frecuente de la persona adicta, añadió la jueza, es la falta de conciencia de enfermedad, algo que complejiza la problemática.

“Hay una regla general bastante habitual: las personas con problemas de salud mental —y ahí incluimos la adicción— no tienen conciencia de enfermedad". 

Y comparó que "la mayoría de las personas con diabetes sabe que es diabética y sabe que se tiene que controlar; pero las personas con problemas de salud mental no tienen conciencia y, como la medicación les cambia la personalidad o su forma de moverse, empiezan a no querer tomarla”.

En cuanto a la evolución de la demanda, indicó que, según datos del Sistema Integrado de Salud Pública (SISP), en el Municipio Tandil se pasó de atender “35.000 a 48.000 personas en los últimos dos años”, debido al traspaso, al sistema público, de personas que se atendían en el sector privado.

“No hay ningún Estado que esté preparado para afrontar esa demanda”, evaluó.

Falta de lugares para la internación

Durante la entrevista en el piso de El Eco Multimedios, Monserrat aseguró que desde el Juzgado que dirige observan no solo “un aumento de las internaciones” sino también de “tentativas de suicidio, donde vemos un incremento en adolescentes”.

“La problemática es sumamente seria y, como todo aquello que afecta a toda la sociedad en su conjunto, requiere de políticas públicas”, subrayó.

En este punto, Monserrat planteó que el déficit es estructural. “Hoy no hay organismos públicos, y cuando hablo de organismos públicos estoy hablando de organismos que paga el Estado, cualquiera sea el Estado”, afirmó.

Y aclaró que la problemática “no es de hoy ni de este Gobierno; viene pasando desde hace muchos gobiernos”.

En ese proceso –sostuvo- hubo “una delegación de responsabilidades del Estado nacional y el Estado provincial en los municipios”, que “hoy deben ocuparse de salud mental, niñez vulnerada y trabajo”, entre otras áreas.

Como ejemplo concreto, mencionó el caso de “un joven con un problema serio de salud mental que es sumamente agresivo” para el cual se solicitó una vacante en el Hospital "Alejandro Korn", de La Plata, sin éxito. “Ese joven tiene que estar en una institución cerrada, no puede estar en una institución abierta porque genera mucho riesgo para sí y para terceros”, explicó.

También describió las dificultades que aparecen cuando no hay cobertura médica. “Si la persona con drogadicción no tiene obra social y no tiene recursos, el único lugar con el que trabaja el CPA está en Chapadmalal, que solo trabaja si la persona quiere rehabilitarse”, contó.

“Entonces –añadió- vienen las madres a pedirnos algo que no les podemos dar porque no hay lugares donde internar a esos jóvenes”.

En cambio –expresó- “si usted tiene una obra social podemos obligar a las obras sociales a que consigan una vacante”.

Según Monserrat, la falta de dispositivos adecuados impacta incluso en menores de edad. “Hemos tenido jóvenes en centros de salud mental durante meses —y estamos hablando de menores de edad— porque no había un lugar adecuado al que pudieran acudir, y eso porque la Provincia no nos daba respuesta”, señaló.

Finalmente, insistió en que la Ley “tiene sus aspectos positivos” y defendió la intervención sanitaria en la decisión de internar.

“¿Cómo yo desde el Derecho puedo decidir internar a una persona cuando mis conocimientos no me permiten saber si existe riesgo para sí o para terceros? Son los efectores de salud los que deciden”, sostuvo. 

No obstante, consideró que esos profesionales deben extremar criterios: “Que sean un poquito más finitos cuando evalúan y tengan en cuenta los riesgos que enfrentan si consideran que la persona no es riesgosa. Si luego esa persona comete un delito, van a terminar siendo responsables ellos también”, reclamó.

Como horizonte, planteó la necesidad de “nuevas instituciones que no se basen solamente en la voluntad del adicto; necesitamos instituciones cerradas que trabajen con la persona y que le den lo que no tiene: esperanza de vida”.

“La gente que se droga ha perdido la esperanza. Tenemos que recuperar la esperanza, que sepan que pueden tener motivos para seguir viviendo”, concluyó.

****************

Al referirse a la situación local en materia de consumo problemático de sustancias, la jueza Silvia Monserrat afirmó que hay “chicos muy jóvenes, adolescentes de 13 ó 14 años, con serios problemas de adicción”.

De todas maneras, la titular del Juzgado de Familia 1 aclaró que “ya no hay una aquí y un allá; la droga está en todos lados, es de fácil acceso y en muchos casos —sobre todo en los chicos muy jóvenes— está muy relacionada con el delito”.

En ese sentido advirtió que “empiezan a drogarse y después delinquen para tener plata para seguir drogándose. Y en muchos casos la droga hace que el delito sea más violento porque la persona pierde los frenos inhibitorios”.

Ante las críticas que reciben los juzgados, Monserrat envió un mensaje directo a las familias: “Quiero hablarles a esas madres y explicarles que, cuando ustedes vienen a mi juzgado o van al juzgado del doctor Ramiro Saralegui y les explicamos lo que sucede, no es que no queremos hacer: es que nosotros no tenemos recursos. Lo único que podemos hacer es requerirle al Estado”.

“Si el Estado no nos otorga esa vacante, ya no depende de nosotros”, cerró.

La titular del Juzgado de Familia N°1, Dra. Silvia Monserrat,  estuvo en el desayuno de Tandil Despierta para reflexionar sobre su trayectoria y el presente de la justicia local. Al cumplirse 17 años desde que asumió su cargo, la magistrada realizó un diagnóstico crudo sobre los desafíos que enfrentan las familias tandilenses y las limitaciones del Estado para dar respuestas efectivas a las patologías sociales emergentes.

Monserrat recordó que Tandil fue pionera en la puesta en marcha de los juzgados de familia y que, durante su gestión, el sistema fue atravesado por cambios estructurales como el régimen de promoción de derechos del niño y la nueva Ley de Salud Mental. "Fuimos los primeros jueces abrigadores", señaló, al tiempo que remarcó que la adaptación constante fue la regla en una sociedad que cambió drásticamente sus problemáticas de fondo.

La magistrada expresó su preocupación por la tensión que existe entre la legislación vigente y las necesidades urgentes de las familias que padecen casos de adicciones severas. Explicó que la normativa actual prioriza la voluntad del paciente y solo permite la internación involuntaria ante un riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Para la jueza, esta mirada técnica suele fallar al evaluar la realidad cotidiana de los afectados.

"Muchas veces los efectores de salud miran la fotografía del momento de lucidez y no la película del historial de agresividad", sentenció Monserrat. En ese sentido, sostuvo que las leyes regulan realidades, pero no "crean" cultura por sí solas, por lo que consideró fundamental trabajar sobre las conductas sociales y contar con políticas públicas que acompañen los textos legales.

Asimismo, cuestionó que la mayoría de los dispositivos estatales, como el CPA, se basen primordialmente en la voluntad del individuo para iniciar un tratamiento. "Si el adicto tuviera voluntad, no sería adicto", disparó la magistrada, subrayando que es imposible trabajar únicamente con aquellos que manifiestan el deseo de rehabilitarse, ya que la esencia de la patología anula esa capacidad de decisión y discernimiento.

Finalmente, advirtió sobre la falta de infraestructura para tratar los casos más graves en la ciudad. Señaló que en la actualidad no existen suficientes instituciones cerradas para internaciones de largo alcance o para pacientes altamente agresivos que requieren entornos controlados. Según su visión, el sistema local se encuentra desbordado ante un aumento de demanda que registró un salto de 35.000 a 48.000 personas atendidas en el sistema de salud pública en solo dos años.

Silvia Monserrat alertó sobre dos fenómenos que crecieron exponencialmente en Tandil: los intentos de suicidio en adolescentes y el inicio del consumo de sustancias en niños de apenas 13 o 14 años. Esta vulnerabilidad juvenil se traduce luego en un endurecimiento de la delincuencia. Según explicó la magistrada, la droga provoca la pérdida de los frenos inhibitorios, lo que deriva en que el delito sea cada vez más violento y menos "planificado".

"Ya no hay profesionalidad en el delincuente; hoy matan por un celular porque están bajo efectos de la sustancia o en síndrome de abstinencia", describió con preocupación. Monserrat fue contundente al señalar que el Estado nacional y la provincia delegan responsabilidades en los municipios sin enviar los recursos económicos correspondientes para afrontar estas problemáticas que desbordan la capacidad de respuesta local.

Para cerrar, la titular del Juzgado de Familia N°1 compartió la angustia que vive a diario frente a los reclamos de la sociedad. "A las madres que vienen al juzgado les digo que no es que no queramos hacer, es que no tenemos recursos", confesó. Concluyó con un llamado a la acción política para recuperar la esperanza de las familias y garantizar que la justicia cuente con las herramientas necesarias para intervenir en lo que definió como el "drama contemporáneo" de la sociedad.

Ángel Orbea, psicólogo, trabajador del CPA y coordinador del centro de día Tita Brivio, manifestó su profunda preocupación frente a la actualidad política y social de la ciudad. Lo hizo al analizar de manera crítica el proyecto para prohibir a los limpiavidrios, así como también a los posicionamientos públicos del consejero escolar Gustavo Rubio respecto a la tenencia de armas. El profesional vinculó estos hechos con una "escalada de violencia de baja intensidad" que afecta la salud mental de la comunidad.

“El tema trapitos se aborda generando dispositivos específicos con personas incluso que han sido trapitos, armando grupos que tengan legitimidad, darles trabajo en determinados momentos y organizarlos a partir de la técnica de la psicología de grupos. No digo emplearla en el aspecto terapéutico, pero sí en el aspecto socio organizacional”, planteó el psicólogo.

Desde su lugar de “ciudadano de Tandil y profesional de la salud mental”, Orbea consideró abordar las problemáticas vinculadas a los trapitos y personas en situaciones de vulnerabilidad social o consumos problemáticos desde una lógica meramente punitiva ignora los procesos de rehabilitación: "He atendido a muchísimas personas que han cumplido largas condenas, que se han rehabilitado y pagado su deuda con la sociedad con 12 años de cárcel y que no quieren volver a delinquir". En este sentido, advirtió que si el Estado ratifica la estigmatización y les quita su único medio de sustento, el resultado será contraproducente.

Bajo su mirada, el abordaje actual del gobierno comunal en esta área marca una degradación respecto al accionar de figuras como Julio Elichiribehety o Juliana Teerink, a quienes definió como funcionarios que mantuvieron un límite y no entraron en la "morbosidad neoliberal".

Al respecto, agregó que "alguien del riñón de este gobierno como la secretaria Marcieri salga a decir esto me parece una degradación de la política total", fustigó, subrayando que detrás de cada limpiavidrios hay familias que dependen de ese ingreso.

Orbea se refirió también al texto “Desarme en Tandil: colectivismo en acción” publicado recientemente por Gustavo Rubio. En el mismo, el consejero escolar de Acción Tandilense/La Libertad Avanza planteaba  que “nunca se discute el desarme como política fallida. Nunca se evalúa su impacto real. Nunca se pregunta por qué el delito crece mientras el control sobre el vecino se endurece”.

El psicólogo calificó estos dichos como "absolutamente disparatados" y los comparó, paradójicamente, con el maoísmo. "Mao decía que el poder nace de la boca del fusil. Este señor está diciendo lo mismo, que la defensa nace de la boca del fusil", sentenció.

Además, destacó que “Rubio es un adalid en la defensa del Tiro Federal de Tandil”, y que “por el tema del rearme en la sociedad, basta tener en cuenta la serie insistente de suicidios entre personas de las fuerzas de seguridad para ver qué pasaría si hay accesibilidad a las armas de fuego”.

Como vecino del barrio del Tiro Federal, Orbea pormenorizó el conflicto histórico que mantienen con la institución. Explicó que desde hace más de 30 años los vecinos sufren las estampidas de armas de grueso calibre en un polígono a cielo abierto, ubicado a escasos 20 metros de viviendas familiares. Denunció que esta actividad provoca contaminación ambiental y graves alteraciones en la salud de las mascotas y los vecinos, citando ejemplos de personas que sufren crisis por los ruidos constantes.

Informó que en el barrio ya se recolectaron más de 70 firmas para exigir soluciones, aunque denunció que los pedidos de entrevista con autoridades comunales no han tenido respuesta. Para el psicólogo, Tandil atraviesa un estado de "Stasis", un concepto griego que define una guerra de baja intensidad entre familias o comunidades, alimentada por discursos que apelan al uso de la fuerza y la exclusión social. En este escenario, apeló a la "valentía ciudadana" para denunciar estos retrocesos en la convivencia democrática.

Durante la jornada del pasado lunes, volvió a cobrar relevancia el concepto del Blue Monday, una supuesta fórmula matemática que intentó explicar por qué el tercer lunes de enero concentraría el mayor nivel de desánimo a nivel global. Sin embargo, diversos especialistas en salud mental coincidieron en que se trató de un mito publicitario sin sustento clínico. Desde la institución Boreal Salud señalaron que no hubo evidencia que permitiera afirmar que una fecha determinada pudiera definir el estado emocional de la población, ya que la tristeza y el malestar no respondieron a calendarios prefijados.

Uno de los principales errores señalados por los profesionales fue la creencia de que el desánimo apareció de forma repentina y se concentró en solo uno de los siete días de la semana. En la práctica clínica, se observó que el malestar emocional suele construirse de manera gradual. Este proceso estuvo influido por factores diversos como el cansancio acumulado, la vuelta a la rutina tras el receso estival, la presión laboral o las expectativas que no se cumplieron tras el inicio del nuevo año.

En este contexto, resultó frecuente que las personas confundieran la tristeza transitoria con un cuadro de depresión. Sentirse sin energía, irritable o desmotivado durante algunos días no equivalió necesariamente a un trastorno del estado de ánimo. No obstante, los expertos advirtieron que, cuando estas sensaciones se sostuvieron en el tiempo o interfirieron con el desarrollo de la vida cotidiana, fue fundamental no minimizarlas ni intentar normalizarlas como una consecuencia inevitable del almanaque.

La licenciada Liliana Acuña, psicóloga del CMC Tucumán de Boreal Salud, explicó que el riesgo del Blue Monday radicó principalmente en simplificar una problemática de gran complejidad. Según la profesional, la salud mental no se definió por un día puntual, sino por procesos que se desarrollaron a lo largo del tiempo. Esta perspectiva buscó desmitificar la idea de una "tristeza programada" y puso el foco en la escucha activa del propio malestar.

Entre las realidades que se repitieron año tras año, los especialistas indicaron que enero suele ser un mes de profunda readaptación. La reanudación de las obligaciones, los ajustes económicos y los cambios en la rutina diaria generaron un descenso anímico que mereció atención profesional, especialmente cuando este se prolongó más allá de las primeras dos semanas del mes. La transición entre el período festivo y la realidad laboral demandó un esfuerzo psíquico que no siempre fue reconocido como tal.

Acuña remarcó que, más que poner el foco en una fecha del calendario, lo verdaderamente importante fue aprender a reconocer las señales persistentes de malestar para realizar una consulta a tiempo. La detección temprana permitió abordar de mejor manera los cuadros emocionales, evitando que situaciones de angustia temporal derivaran en trastornos de mayor gravedad. "Detectar antes permitió abordar mejor los cuadros emocionales", subrayó la licenciada.

Desde Boreal Salud señalaron que, si bien no se trató de un día clínicamente más triste, el fenómeno constituyó una manifestación de malestar emocional temporal. Esta situación demostró la vulnerabilidad humana ante factores estresantes como el retorno a la rutina, el fin de las fiestas de fin de año y de las vacaciones. A esto se sumaron las deudas económicas y financieras producto de los gastos festivos y la frustración por los objetivos incumplidos en el corto plazo.

Lejos de las etiquetas o los diagnósticos rápidos que suelen proliferar en las redes sociales durante el primer mes del año, el desafío planteado por los especialistas fue construir una mirada más responsable sobre el bienestar emocional. Hablar de mitos y realidades ayudó a desarmar creencias erróneas que circulaban en la opinión pública y a reforzar la importancia de escuchar el malestar sin subestimarlo.

En ese sentido, fechas como el Blue Monday sirvieron únicamente como un recordatorio para revisar el estado emocional personal, sin caer en dramatizaciones ni banalizaciones del sufrimiento. El consenso profesional indicó que reconocer lo que sucede, ponerlo en palabras y buscar acompañamiento profesional cuando fue necesario siguió siendo la clave para cuidar la salud mental de forma sostenida en el tiempo.

La ciudad de Tandil no fue ajena a estas sensaciones, en un contexto donde el sistema de salud local suele registrar una demanda constante en las áreas de salud mental comunitaria. En sintonía con lo planteado por las instituciones nacionales, los referentes locales han insistido previamente en que el acceso a la consulta y la desestigmatización de la tristeza son pasos esenciales para fortalecer el tejido social.

Finalmente, se recordó que la salud emocional es un derecho y una construcción diaria que requiere de redes de contención. El abordaje de las emociones no debe quedar reducido a una tendencia estacional, sino que debe integrarse como parte fundamental de la salud integral de cada ciudadano, independientemente de lo que dictamine una fórmula matemática o una campaña de marketing.

En el marco del Día Mundial de Lucha contra la Depresión, que se conmemora cada 13 de enero, diversos expertos e instituciones médicas resaltaron la importancia de identificar las señales de alerta de un trastorno que no siempre se manifiesta a través de la tristeza profunda. 

El abordaje integral de esta problemática, que involucró tanto a organismos de salud nacionales como a referentes locales, puso el foco en cómo los cambios sociales y la presión del entorno influyeron en la manifestación de la enfermedad. En este contexto, se subrayó que la recuperación es posible siempre que se garantice el acceso oportuno a tratamientos especializados y se fomente un acompañamiento afectivo sólido.

La adolescencia se consolidó como una de las etapas de mayor vulnerabilidad frente a este trastorno. La médica y directora médica nacional de Ospedyc, Valeria El Haj, explicó que este período de la vida estuvo marcado por transformaciones físicas y emocionales que, en ocasiones, ocultaron un malestar persistente. La especialista señaló que la depresión pudo afectar a entre el 3,4 y el cinco por ciento de los adolescentes, aunque advirtió que la cifra real podría haber sido significativamente superior debido a la falta de diagnósticos precisos.

Según indicaron desde diversos sectores sanitarios, la depresión en los jóvenes no siempre siguió los patrones convencionales. Muchos adolescentes no lograron poner en palabras su padecimiento o evitaron solicitar asistencia por temor al prejuicio o a la incomprensión de su entorno. Este silencio, de acuerdo a lo expuesto por El Haj, retrasó las intervenciones necesarias y prolongó el sufrimiento de los pacientes. La profesional remarcó que el dolor emocional estuvo presente incluso cuando no se expresó verbalmente, manifestándose a través de conductas que solían ser malinterpretadas por los adultos.

En lugar de la melancolía esperable, la depresión juvenil se presentó frecuentemente bajo la forma de una irritabilidad constante, enojo injustificado o un marcado aislamiento social. Los cambios en los hábitos de sueño, las alteraciones en la alimentación y el bajo rendimiento escolar funcionaron como indicadores clave. Además, se observó que muchos jóvenes abandonaron actividades que anteriormente les resultaban placenteras, lo cual debió ser tomado como una señal de alarma por parte de los padres y docentes.

La directora médica destacó que para quienes atravesaron este cuadro, incluso las acciones cotidianas más simples se transformaron en esfuerzos sobrehumanos. "Levantarse, concentrarse o hablar con alguien pudo vivirse como un peso enorme", describió la profesional, quien además enfatizó que no se trató de una "falta de voluntad". Por el contrario, la depresión fue definida como una enfermedad de origen multifactorial, donde interactuaron factores biológicos, emocionales, familiares y sociales que requirieron una mirada clínica profesional.

Entre los factores desencadenantes más comunes se mencionaron la presión académica, la autoexigencia y el fenómeno de la comparación constante en redes sociales. Asimismo, el bullying y los conflictos en el seno familiar actuaron como agravantes. Ante esta realidad, la escuela se posicionó como el primer espacio de detección, donde el trabajo articulado con la familia permitió intervenciones a tiempo. El sistema de salud, a través del pediatra o el médico de cabecera, resultó el eslabón fundamental para derivar a los pacientes a las áreas de salud mental correspondientes.

Otro de los ángulos abordados fue la denominada "depresión funcional", un fenómeno que creció en los últimos años y que afectó a personas con altos niveles de productividad. A diferencia de los cuadros clínicos donde el individuo quedó incapacitado para sus tareas, esta variante permitió que los pacientes continuaran cumpliendo con sus obligaciones laborales y sociales, ocultando un malestar profundo. David Enriquez, médico psiquiatra del CMC Santiago del Estero de Boreal Salud, detalló que esta forma silenciosa convivió con las responsabilidades diarias, pasando inadvertida para el entorno.

Los síntomas de este tipo de depresión solieron confundirse con el estrés crónico o el agotamiento emocional propio de la rutina moderna. El cansancio persistente, la dificultad para disfrutar de los logros y una constante sensación de vacío fueron señales que, por lo general, se minimizaron. El riesgo principal de este escenario fue la consulta tardía, ya que al no encajar en el estereotipo del paciente deprimido, las personas postergaron la búsqueda de ayuda hasta que el cuadro alcanzó estadios más graves.

El contexto de hiperconectividad y la presión por mantener un rendimiento óptimo favorecieron la normalización del malestar emocional. Los especialistas coincidieron en que muchas personas llegaron a creer que sentirse mal era una parte inevitable de la vida cotidiana. Enriquez afirmó que esta "depresión invisible" solía detectarse recién cuando el cuerpo o la mente daban señales de colapso, por lo que instó a la población a no esperar a "tocar fondo" para consultar con un profesional de la salud mental.

La Provincia de Buenos Aires en conjunto con Córdoba, Formosa, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero, Santa Fe, Salta y Tierra del Fuego, le solicitaron enfáticamente al Gobierno Nacional la reapertura de las reuniones del Consejo Federal de Salud Mental (Cofesama), a fin de trabajar y abordar acciones colectivas, cuánto antes, frente al aumento de las consultas por esta problemática en los servicios de todo el país.

Frente a la interrupción del Consejo en 2025, la subsecretaría de Salud Mental de la cartera sanitaria bonaerense, Julieta Calmels, y representantes de las áreas correspondientes de otras nueve provincias argentinas, expresaron esta demanda de manera formal a la actual Directora Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, Liliana Graciela González, y pidieron una pronta convocatoria para ese ámbito de actualización e integración de políticas.

“Entendemos que es fundamental que se reabran espacios de participación federal para el intercambio entre la Dirección Nacional y los distritos provinciales, que propicien aportes y construcciones colectivas que enriquezcan las acciones que llevamos adelante”, indicaron en la solicitud.

Por otra parte, de acuerdo a un comunicado del ministerio de Salud bonaerense que dirige Nicolás Kreplak, los representantes provinciales manifestaron también su inquietud frente la posibilidad de que el Ministerio de Salud de la Nación ingrese al Congreso un proyecto legislativo de reforma en materia de Salud Mental. De igual modo, indicaron la revisión de la posición del Estado Argentino en la Asamblea General de Naciones Unidas, manifestándose con un voto negativo a la Declaración sobre Enfermedades No Transmisibles y Promoción de la Salud Mental.

El Cofesama es un órgano técnico de articulación que forma parte de la estructura institucional del Ministerio de Salud nacional y que agrupa a las autoridades de salud mental de todas las provincias y de la Nación. Su tarea es coordinar políticas, planificar acciones y garantizar la implementación de la Ley Nacional 26.657 en todo el país, para promover la atención integral y defensa de los derechos de las personas con padecimiento mental.

Por Valentina Genchi (*)

En Tandil funciona una pensión comunitaria que recibe a personas que atraviesan distintas problemáticas sociales o de salud mental. Lo que empezó como un proyecto laboral, terminó convirtiéndose en un espacio de acompañamiento y vida compartida, sostenido por Sandra Shemi, su responsable, y por los lazos que se generan entre quienes habitan allí.

Actualmente conviven 21 residentes, con edades que van desde los 23 a los 82 años. En la pensión, se alojan personas derivadas de distintas áreas estatales: salud mental, género, juventud, desarrollo social, integración o curaduría. Algunos viven de manera permanente y otros de forma transitoria hasta que se define un destino definitivo. “Los permanentes están hace años. El que menos, dos años y el que más, trece. Los temporales suelen quedarse entre dos y seis meses”, explicó Sandra.

El funcionamiento de la pensión es de “puertas abiertas”. Cada residente tiene su llave y libertad de movimiento, dentro del marco de las normas de convivencia. Según Sandra, es “una casa de medio camino, ese es el sistema que manejamos”.

La convivencia se sostiene con reglas claras, actividades y participación: “Cada uno tiene su responsabilidad. Ellos ordenan, limpian, mantienen y también tenemos personal de cocina y limpieza. Se sienten una familia y actúan como una”. Además, los residentes aportan un fondo común para reparaciones y mejoras, que se deciden entre todos.

-¿Cómo surgió la creación de la pensión?

-Yo trabajaba en una compañía de seguros y no tenía ganas de seguir ahí, entonces decidí emprender algo. Surgió la oportunidad junto con una conocida, empezamos con pensiones de estudiantes, luego nos separamos, y después de unos años, fui incorporando chicos con distintas patologías. Con el tiempo, dejé de tener estudiantes y me enfoqué en personas con diferentes problemáticas.

-¿Cómo manejan los conflictos?

-Siempre les digo que traten de resolver los solos, si no lo logran, si un conflicto dura más de tres días, intervengo. Algunas personas con consumos problemáticos pueden generar conflictos y, cuando no pueden convivir, se derivan por el bien de todos. Además, tenemos cámaras en los lugares comunes y así vemos los comportamientos de todos.

-¿Qué significa este espacio para ustedes, más allá de lo laboral?

-No lo considero un trabajo, es un espacio donde la gente se refugia y se contiene mucho en mí. En muchos casos, soy como una mamá para ellos, los reto, los felicito, les hago regalos. Comenzó como un trabajo, pero se transformó en una forma de vivir que elijo todos los días. Es mi sustento, pero no una carga laboral. Ellos me conocen más que nadie, hasta cómo cierro la puerta, algunos viven conmigo hace más de diez años.

-¿Qué cambios observa en ellos luego de estar un tiempo en la residencia?

-Hay un respaldo de las distintas áreas, por lo tanto, eso nos ayuda a seguir con los procesos y ellos tienen avances hermosos. Festejamos cuando a alguno le sacan un cuarto de pastilla, ya que son logros importantes para tener una vida mejor. Además, cuando la persona toma conciencia de su patología, aprende a convivir con ella. Trabajamos en conjunto con los médicos, y gracias a esa colaboración, ellos logran una mejora del 70 y 80 por ciento, en general. Se nota claramente el progreso y la mayor independencia.

-¿Qué historia o momento la marcó especialmente?

-Una residente. La primera mujer con la que empecé a trabajar. En este momento no vive acá con su hijo, pero siguen viniendo porque somos familia y el papá vive en la pensión. Acá trabajamos su vinculación. Ella me considera una mamá. Ser mamá, con todos los desafíos que ha tenido, es un gran logro para ella. Es una madre increíble y ha avanzado muchísimo. No cambian, son ellos mismos, pero se superan todos los días, pese a las trabas que les impone la sociedad.

-¿Qué cambios serían necesarios a nivel social o estatal para mejorar la calidad de vida de los residentes?

-El engranaje laboral es fundamental, que estos chicos puedan conseguir trabajo. El Polo Productivo de la Municipalidad, que depende de Desarrollo Social, les da empleo, cursos de oficios y, en ese sentido, trabajan muy bien. También ayudan mucho a las personas en situación de calle, actúan rápido y tienen guardia las 24 horas. Pero se necesita más compromiso de los privados. El Municipio hace todo lo posible, da vivienda, acompañamiento y oportunidades laborales. Hay una ley, la 22.431, que exige un cupo laboral para personas con discapacidad. La pata laboral es clave para que ellos no estén en ocio y sean incluidos.

-¿Qué legado cree que deja en las personas que vivieron aquí?

-Algo se llevan, porque no terminan de alejarse nunca. Muchos me siguen visitando o mandando mensajes y eso demuestra el cariño y el tiempo compartido. Acá encuentran un refugio en momentos difíciles, y dentro de mis locuras y malos ratos, algo bueno se deben llevar, porque el reconocimiento es inmenso y eso me llena de amor.

-¿Cómo hace para no perderse usted misma en medio de tanta responsabilidad?

-Mi psicóloga es quien me ayuda, al igual que mi familia, mis hijos, mis nietos y el equipo que tengo en la pensión; sin todos ellos, no podría seguir. Tengo mis momentos, ir a la cancha, ver a mi nieta cuando monta, o ir sola a tomar un café y disfrutar la tarde. También me tomo mis quince días de vacaciones en febrero, porque es necesario. Mis nietos son mi eje, son todo para mí. Lo importante es la gente que me contiene y, sin terapia, tampoco sería posible.

-¿Qué sueña para el futuro, tanto el suyo como de la pensión?

-Me encantaría que la pensión tenga sus propios cursos y talleres, como yoga, telar, música o danza, ese sería un gran sueño y sé que lo vamos a lograr. En lo personal, siento que ya tengo todo cumplido, pero sueño con el día en que pueda estar tranquila, sin nada que hacer, tejiendo, leyendo y disfrutando de mis nietos. También espero que algún día me terminen la casa, después de tantos años anotada con mi marido, para poder sentarme a pintar, mirar el cielo y simplemente descansar.

Al finalizar cada día, el cansancio se hace sentir, pero se mezcla con el amor que recibe de quienes viven en la pensión. Los pequeños gestos, como una cartita, un dibujo o un simple “te quiero” la llenan de felicidad y le recuerdan que su trabajo tiene sentido: “Acá me voy llena de amor, feliz, completa y tranquila”, expresó Sandra, consciente de que más allá de la rutina y las responsabilidades, ha dejado una huella en cada persona.

Con el paso del tiempo, la pensión se volvió mucho más que un lugar de trabajo: es un hogar donde todos se acompañan, se ayudan y crecen juntos. Sandra lo vive con orgullo y agradecimiento, sabiendo que su esfuerzo vale la pena cada día. Entre charlas y abrazos, sigue construyendo un espacio donde sentirse parte, donde cuidar y ser cuidado es lo que realmente importa.

Sandra Shemi nació 3 de octubre de 1962 en María Ignacia –Vela-, y cursó allí sus estudios primarios y secundarios. Más tarde se trasladó a Tandil, donde vive desde hace muchos años. Se formó como maestra y realizó el profesorado de dibujo y pintura en la Escuela Municipal de Artes Visuales.

Está casada y tiene dos hijos, un varón y una mujer, y cuatro nietos. Desde hace años convive también con su madre, con quien transita el día a día. Se define como parte de una familia muy unida, con mucho tiempo compartido.

Además de ser responsable y dueña de una pensión comunitaria, es docente y profesora de dibujo. Le gusta tejer en telar y crochet, y disfruta de la pintura como momento recreativo, aunque no siempre tiene tiempo para dedicarle a estas actividades.

(*) Esta entrevista fue realizada en el marco de la materia Práctica Profesional 1 de la Tecnicatura en Comunicación Social del ISFDYT 10 de Tandil, bajo la tutela de la profesora Carolina Cordi.