Un estudio liderado por el King's College de Londres, en el Reino Unido, y el Instituto de Investigación Médica QIMR Berghofer de Brisbane, Australia, logró identificar 74 variantes genéticas vinculadas a los trastornos de ansiedad. Estos cuadros clínicos presentan una frecuencia creciente, especialmente entre los jóvenes, según detalló la investigación publicada en la revista Nature Human Behaviour.

El trabajo, considerado el mayor realizado hasta el momento en este campo, contó con la participación de casi 700.000 personas de origen europeo. Del total de las variantes genéticas identificadas, 39 de ellas nunca antes habían sido relacionadas con este tipo de trastornos. El análisis permite comprender con mayor profundidad la base genética de la ansiedad y su interacción con factores como las experiencias vitales y el contexto social.

Los científicos, liderados por Thalia Eley, observaron que muchos de los genes identificados son particularmente activos en el cerebro y participan en la comunicación entre las células nerviosas. Además, el estudio halló diversas correlaciones entre la ansiedad y otras afecciones de salud mental y física.

Estas correlaciones ponen de relieve la interconexión entre la salud mental y la salud física. Nuestros hallazgos no revelan una relación de causa y efecto, pero plantean interrogantes importantes para futuras investigaciones.

Así lo afirmó Brittany Mitchell, autora principal del estudio junto con Megan Skelton. Por su parte, Skelton añadió: “Es importante señalar que una persona con un alto riesgo genético puede no desarrollar ansiedad, mientras que una persona con un bajo riesgo genético sí podría”.

Asimismo, la investigadora indicó que comprender este riesgo podría ayudar a identificar a las personas más susceptibles a las influencias ambientales, lo cual contribuiría al desarrollo de estrategias de prevención y tratamientos más eficaces.

Cartillas de las obras sociales que ofrecen muy pocos profesionales -y que generalmente tienen completo su cupo de pacientes- o prestadoras de servicios de salud que ya directamente no tienen convenio con los psicólogos: la historia es igual -o muy parecida- para los afiliados de casi todas las obras sociales y prepagas del distrito.

Las causas -aseguraron desde el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires Distrito VIII- hay que buscarlas principalmente en los bajos honorarios que están dispuestas a abonar las obras sociales y a las demoras en los pagos de esos valores, una vez que se efectiviza un convenio.

En el medio, los afiliados. Que para el sistema público, lógicamente, tienen cobertura del sector privado y por lo tanto deberían canalizar allí su demanda en salud mental, pero que a su vez se encuentran con que su obra social no ofrece prestadores y debe salir a buscarlos -y pagarlos al cien por ciento- por afuera.

Como muestra basta un ejemplo, que fue aportado por el Colegio de Psicólogos local: Hace cinco años eran 15 las obras sociales distritales que mantenían convenio con el Distrito VIII, que incluye a Tandil; en la actualidad son solo tres.

El dato refleja el progresivo retiro de profesionales de la atención por cobertura médica y expone, según señalaron desde el Colegio, una crisis que combina atrasos en los pagos y honorarios depreciados, sumado a una creciente demanda de atención en salud mental.

“Estamos totalmente en crisis”, resumió la licenciada Laura Beatriz Milocco -MN 28.514/M: 61.103-, integrante del Consejo Directivo del Colegio y coordinadora de la Comisión Obras Sociales del Distrito VIII. “Hacemos muchas tratativas para sostener los convenios, pero muchas obras sociales no los cumplen”, remarcó.

En diálogo con El Eco de Tandil, Milocco explicó que existen dos tipos de convenios: los distritales, que cada región negocia con obras sociales locales, y los provinciales, como el que se firma con IOMA, cuyas contrataciones son administradas por el Consejo Superior del Colegio a nivel bonaerense.

Según detalló la profesional -que además es consultora en Psicología Clínica de Adultos con Orientación en Psicoanálisis-, “el Colegio de Psicólogos busca que se firmen convenios adecuados, con prestaciones de calidad y profesionales que obviamente estén capacitados para la atención”.

En ese sentido, indicó que la institución también supervisa el funcionamiento de los tratamientos y el cumplimiento de las condiciones pactadas.

Actualmente el Distrito VIII -cuya cabecera está en Azul e incluye a Tandil, Olavarría, Bolívar, Rauch, Las Flores, Laprida, General La Madrid, General Alvear y Tapalqué- cuenta con 929 profesionales matriculados en actividad, de los cuales casi 400 ejercen en Tandil.

Sin embargo, cada vez menos psicólogos aceptan trabajar por obra social. “Obviamente esa es una de las posibilidades para quien está colegiado, pero no estamos todos obligados a ser prestadores mensualmente”, aclaró.

La dirigente explicó que hasta el año pasado había seis obras sociales distritales con convenio y que en 2021 eran 15. La reducción, sostuvo, se produjo luego de múltiples negociaciones fallidas por las condiciones de pago.

“Hubo un montón de tratativas y negociaciones para que ellos pudieran pagar; pero no lo hacen”, contó. “Y eso que los pagos son a 60, 90 y 120 días de la prestación de cada mes”, agregó.

“Se está tratando de sostener a las obras sociales que hay”

Desde la Comisión de Obras Sociales indicaron que el Colegio establece un “mínimo ético” para las prestaciones, regulado mediante la Unidad Psicológica (UP), que actualmente tiene un valor de 4.650 pesos. Cada sesión equivale a seis UP, por lo que el piso fijado para una consulta asciende hoy a 27.900 pesos. Ese monto se revisa trimestralmente.

“Tratamos de que las obras sociales lo cubran: que una parte la pague la prestadora y que la otra sea un copago mínimo para el afiliado”, explicó Milocco, aunque advirtió que “esto no se estaría cumpliendo”.

En algunos casos –señaló-, se negocian incrementos tanto en los honorarios como en los coseguros para acercarse al menos a los 25 mil pesos por sesión.

Sin embargo, sostuvo que las condiciones siguen siendo insuficientes frente a los costos que deben afrontar los profesionales. “Nosotros tenemos que pagar alquiler, luz, nuestra matrícula, la Caja del Colegio; gastos fijos que uno paga como profesional independiente”, enumeró.

“Se está tratando de sostener a las obras sociales que hay, pero todo el tiempo hay que estar muy atentos a que respeten el honorario mínimo”, destacó.

La situación con IOMA

La situación también impacta sobre IOMA, la obra social con mayor cantidad de afiliados en la provincia de Buenos Aires.

En este caso Milocco describió un escenario crítico con relación a la cobertura en salud mental, especialmente en sectores como educación, salud y fuerzas de seguridad.

“En este momento hay un escensario gravísimo porque hay muchas situaciones de suicidios en las fuerzas de seguridad y se están pidiendo desesperadamente tratamientos. Pero no hay”, manifestó.

El relevamiento actual del Colegio muestra que en todo el Distrito VIII quedan apenas 17 prestadores de IOMA, aunque solo 15 facturan efectivamente. En Tandil son seis los profesionales que atienden por esa cobertura.

Frente a la caída de prestadores, el Colegio flexibilizó el sistema de inscripción para todas las obras sociales. “El que quiere se anota. Desde el año pasado se pueden anotar mensualmente. Antes solamente se podían inscribir en los meses de marzo y septiembre”, explicó Milocco.

Sin embargo, reconoció que la medida no logró revertir la tendencia: “Como tantos prestadores se dieron de baja, lo tenemos abierto todo el año. Y ya ni siquiera con eso se suman”, aseguró.

Cobros indebidos y aumento de la demanda

La dirigente también se refirió a las denuncias de afiliados por cobros indebidos y señaló que los reclamos llegan al Colegio cuando un profesional percibe montos por fuera del copago autorizado.

“A nosotros nos llegan las denuncias porque no corresponde cobrar por fuera de lo que dice el copago”, advirtió. Y agregó que “quien se postula como prestador tiene que firmar un contrato y una de las cláusulas es la siguiente: le va a cobrar al afiliado lo que estipula el convenio de la obra social para la cual se inscribió”.

Para terminar, Milocco advirtió que la demanda de atención psicológica continúa en aumento. “En este momento estamos todos con mucho trabajo”, aseguró.

Y marcó la especial necesidad de contar con profesionales dedicados a niños y adolescentes.

“Las problemáticas se están viendo en la escuela. Esta crisis económica afecta muchísimo al interior de los hogares: los padres tienen que salir a trabajar más y hay familias que además se empiezan a distanciar, a separar. Y todo eso repercute muy fuerte en las infancias”, concluyó.

Matriculados en actividad: 929 distribuidos en los municipios que conforman la región.

Azul: 137

Alvear: 10

Bolívar: 68

General La Madrid: 16

Laprida: 14

Las Flores: 27

Olavarría: 239

Rauch: 14

Tandil: 394

Tapalqué: 10

El licenciado Ángel Orbea, quien también coordina el centro de día en el ámbito municipal, expresó su profunda preocupación respecto al proyecto de reforma de la ley de salud mental que actualmente se debate en el Senado de la Nación. Según el especialista, esta iniciativa no solo desconoce las complejidades del campo, sino que ratifica una línea de acción gubernamental basada en el ajuste y la desregulación.

"Cualquier especialista en salud pública sabe que estos dos procedimientos no tienen buenos resultados. Vemos que, a partir de la gestión actual, se viene dando en todo el sector salud cierres de instituciones, reducción de presupuestos y de proyectos", señaló. El profesional destacó que, en un contexto donde las consultas y las internaciones han aumentado a lo largo del país, la propuesta legislativa aparece como un factor que complica el panorama existente.

La maxima autoridad del  Colegio de Psicólogos fue enfático al señalar que la reforma posee un trasfondo "econométrico". En particular, cuestionó el artículo 41 del proyecto, el cual, según su análisis, eximiría al Estado nacional de cumplir con la partida presupuestaria que la ley vigente —la 26.657— estipula para el área de salud mental. "La ley de salud mental, desde que salió hace 13 años, nunca tuvo un correlato presupuestario acorde a lo que dice la norma, con distintos gobiernos. Esto ya no viene de ahora, es un remate", afirmó.

Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la exigencia de la reforma de contar con la firma de un psiquiatra para cualquier internación o externación. Ángel Orbea advirtió que esta medida ignora la realidad territorial: "Está hecha sobre un desconocimiento del campo. ¿Dónde sacamos psiquiatras si no hay? En Tandil tenemos un lujo, contamos con cinco o seis en el ámbito público, pero en Rauch o La Prida no hay".

También alertó sobre el riesgo de colapso en el sistema de obras sociales. Al no existir paritarias que acompañen el aumento de los costos de salud, el desfase financiero se vuelve insostenible. "Ese desfase, ¿Quién lo paga? Lleva al colapso", sentenció. Asimismo, criticó el cambio de terminología en la ley, que sustituye el concepto de "padecimiento psíquico" por el de "trastorno", una visión que, a su juicio, se alinea con manuales psiquiátricos en desuso y carece de lógica asistencial.

Al abordar el enfoque humano y social de la salud mental,  analizó la creciente intolerancia a la frustración en niños y adolescentes. El especialista sostuvo que la digitalización y el uso excesivo de pantallas han modificado las coordenadas de la infancia. "El chico aprende a través de un programa educativo en la pantalla, pero no se acuerda de ningún contenido. La digitalización produce una satisfacción que va mucho más allá de lo cognitivo", explicó.

Para el psicólogo, el Estado no debería promover la tecnología digital en la infancia, ya que esta interfiere con la capacidad de los niños para insertarse en sistemas educativos que requieren una satisfacción más acotada. "Estamos complicados y esto hay que estudiarlo muy bien, porque forma parte de todo este mundo global", advirtió.

El profesional  se refirió al conflicto que mantiene con el Tiro Federal, institución ubicada cerca de su domicilio. Aclaró que los vecinos no se oponen a la actividad deportiva, sino a los ruidos molestos que afectan la vida cotidiana. "Es una actividad que nos embroma en nuestros domicilios. Durante 15 años, los días feriados empezaban a la mañana y a la tarde; no te interrumpe el descanso, te altera la neuroconductancia", explicó.

Respecto al incidente ocurrido el pasado fin de semana, donde se produjeron daños en la institución, el licenciado fue tajante: "No entramos por la fuerza, no rompimos nada. Fue un hecho deplorable y lamentable, pero no íbamos con ese objetivo. Queremos que esto se solucione, estamos dispuestos a colaborar y a hablar". Ángel Orbea concluyó haciendo un llamado al diálogo y a la intervención del Estado para resolver una situación que, según considera, también impacta en la salud pública del vecindario.

“Quiero demostrarle a las mamás que sí se puede”. La frase pertenece a Natalia Lorea, referente de Madres Territoriales en Tandil, y resume el eje del testimonio que compartió junto a Mónica Rodríguez durante una entrevista en “Plataforma Magazine”, por ECO TV y la 104.1 FM.

Ambas atravesaron durante años situaciones de consumo problemático con sus hijos y hoy forman parte de una red de acompañamiento para otras familias. Lejos de un relato derrotista, las dos mujeres eligieron poner el foco en la recuperación, en los procesos y en la necesidad de sostener redes comunitarias.

“Después de todo lo malo, se vinieron cosas buenas”, aseguró Lorea al contar que su hijo, hoy de 23 años, lleva cuatro años desde “el día uno”, como llaman dentro del grupo al inicio de la recuperación.

“Va a ser papá, formó su familia, sigue en su trabajo y gracias a Dios todavía se sigue manteniendo en pie, peleándola día a día”, relató.

Rodríguez, por su parte, contó que su hijo Gonzalo, de 26 años, atraviesa actualmente una internación y tratamiento. “Esta vez se interna y no voy a aflojar”, sostuvo al recordar las dificultades y retrocesos que atravesaron durante los últimos años.

Ambas integran Madres Territoriales, una organización conformada principalmente por madres y familiares de personas con consumos problemáticos, situaciones de vulnerabilidad social y exclusión.

En ese marco, días atrás anunciaron una charla abierta que brindarán este viernes desde las 17.30 junto al Municipio en el CIC de Movediza (La Pastora y Misiones) en la que se otorgarán herramientas y espacios de escucha para familias que atraviesan problemáticas similares.

“Una no lo puede creer”

Las historias de ambas comenzaron de manera similar: cambios de conducta por parte de sus hijos, ausencias prolongadas, violencia y faltantes en el hogar.

“Mi historia arranca con mi hijo en consumo desde muy chico, desde los 14, pero yo como mamá me di cuenta casi a los 18, cuando ya estaba todo más que complicado”, contó Lorea.

Según relató, las primeras señales aparecieron en modificaciones de comportamiento. “Las contestaciones, las llegadas tardes, todas las veces en que no sabés dónde está. Y a eso le sigue la falta de cosas en la casa”, enumeró.

“Al principio no lo querés aceptar”, reconoció. “Lo negué tanto que después, cuando me fue yendo bien, dije: ‘quiero demostrar que sí se puede’”, sostuvo.

Rodríguez atravesó un proceso similar. “Mi hijo Gonzalo se inició en el consumo más o menos a los 14 años, con marihuana”, recordó. “Una niega el estado del problema del nene. Mi hija me decía: ‘mamá, Gonzalo tal cosa’. Y yo le decía ‘no, no’. Una no lo puede creer”, relató.

Con el tiempo, explicó, comenzaron los episodios de violencia y hurtos. “Faltaban cosas en la casa. Yo tenía que trabajar y cuando venía encontraba que algo faltaba”, señaló. Incluso relató que en una oportunidad realizó una denuncia contra su propio hijo.

Internaciones y procesos judiciales

Las dos madres coincidieron en que el acceso a una internación compulsiva suele implicar un largo recorrido previo y múltiples gestiones familiares.

Lorea recordó que, tras “golpear muchísimas puertas”, logró obtener una internación compulsiva ordenada por un juez. “En mi caso, él tenía muchos problemas con la justicia: iba a terminar preso o me lo iban a matar”, sostuvo.

Rodríguez también recurrió a la vía judicial. “Esta es la segunda internación compulsiva que tiene, estuve buscando siempre la orden del juez, que no es muy fácil”, afirmó.

En Argentina rige la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, sancionada en 2010, que establece un enfoque de derechos humanos y promueve tratamientos comunitarios e interdisciplinarios, priorizando las alternativas ambulatorias por sobre las internaciones.

La normativa define que la internación involuntaria debe ser un recurso terapéutico excepcional y sólo puede aplicarse cuando exista una situación de riesgo cierto e inminente para la persona o terceros.

Además, la ley exige dictámenes profesionales interdisciplinarios, la constatación de que no existen otras alternativas eficaces y un informe sobre las estrategias previas implementadas.

“Un chico complicado no puede decidir”

Uno de los puntos sobre los que más insistieron las integrantes de Madres Territoriales fue en las dificultades que, según describieron, suelen aparecer luego de obtenida la autorización judicial.

“Yo te puedo decir que, hoy en día, no es tanto el juzgado”, sostuvo Lorea. “Generalmente tenemos fiscales y jueces que se toman el tiempito de leer los legajos de cada chico”, comentó.

Sin embargo, indicó que muchas veces los obstáculos aparecen en las evaluaciones posteriores dentro del sistema de salud. “El juez te puede firmar la autorización, pero muchas veces los llevan, los evalúan y, si el psicólogo o el psiquiatra considera que el chico está apto para la sociedad así esté drogado, haya tenido un intento de suicidio o una agresión en la casa, lo vuelven a mandar a la casa”, cuestionó.

“Un chico complicado no puede decidir”, afirmó.

En ese sentido, aclaró que el planteo de las familias no apunta contra los trabajadores de salud mental, sino a la necesidad de una evaluación más integral. “Muchas veces toman como que nosotros vamos contra el hospital o el área de salud mental. Y no vamos contra ellos, sino que a veces pedimos que se tomen un poquito de tiempo de evaluar al chico, pero también para hablar con la familia”, expresó.

“Hay chicos que realmente están en peligro y está en peligro su familia también”, agregó.

Redes de acompañamiento

Actualmente, el hijo de Rodríguez realiza tratamiento en la organización Vientos de Libertad, en Tandil, mientras que el hijo de Lorea continúa su proceso en Vencer para Vivir, en Zárate.

Además, mencionaron otros dispositivos de atención y destacaron el crecimiento de espacios comunitarios vinculados a la recuperación de personas con consumos problemáticos.

La propia articulación entre ellas surgió a partir de una entrevista periodística previa, también en El Eco Multimedios. “Yo la vi en la tele y mi hermana me pasó la nota. La busqué y le escribí”, recordó Rodríguez sobre el primer contacto con Lorea.

Desde entonces, ambas participan activamente de Madres Territoriales y de grupos de acompañamiento para familias y personas recuperadas. “Nada mejor que otro par para poder contenerse”, resumieron.

La organización mantiene abiertas distintas vías de contacto a través de Instagram, en la cuenta nobajo_losbrazos, y mediante WhatsApp al 249 421-7100, donde también funcionan grupos de apoyo para padres y jóvenes en recuperación.

La quinta edición de las jornadas laborales concluyó con un balance muy positivo y volvió a consolidarse como un espacio de referencia para el sector productivo y profesional de la región. La licenciada Norma Garrido, referente y organizadora del evento, compartió en el desayuno de Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, las principales conclusiones de dos días intensos de capacitación, debate y vinculación.

El encuentro estuvo dividido en dos ejes: una primera jornada destinada a empresas y sus desafíos actuales, y una segunda abierta al público general, especialmente orientada a quienes buscan insertarse laboralmente. Según explicó  la convocatoria superó las expectativas y generó una respuesta muy favorable de la comunidad. “Estamos muy satisfechos con el resultado final. Hemos recibido mensajes muy halagadores sobre el impacto de las temáticas tratadas”, señaló.

Uno de los puntos centrales fue la presentación de una investigación realizada junto a la consultora Enfoques, basada en una encuesta con más de 1.000 participantes. El relevamiento mostró cambios en los factores que hoy valoran los trabajadores al elegir o permanecer en un empleo. Aunque la remuneración continúa encabezando las preferencias con un 24 por ciento de las menciones, otros aspectos ganan cada vez más importancia.

Las oportunidades de aprendizaje y desarrollo alcanzaron el 22 por ciento, mientras que el clima laboral apareció como un elemento decisivo. “Hoy una buena propuesta económica debe complementarse con posibilidades de crecimiento y un entorno saludable. De lo contrario, existe el riesgo de que la persona continúe buscando otro lugar donde se sienta mejor”, advirtió.

La especialista también destacó el interés creciente por el asesoramiento profesional. Muchos asistentes participaron de sorteos para acceder a consultorías vinculadas al armado de currículum vitae y entrevistas laborales. Para Norma Garrido, esto refleja un cambio cultural positivo. “Está bueno entender que no tenemos por qué saber todo y que pedir ayuda fortalece y genera vínculos”, afirmó.

Otro de los temas abordados fue la convivencia de distintas generaciones dentro de las organizaciones. Los jóvenes de la generación Z, menores de 24 años, priorizan la formación constante, el bienestar y los beneficios relacionados con la salud. En ese marco tomó fuerza el concepto de salario emocional.

“El salario emocional implica preocuparse genuinamente por las personas. No se trata solo de cumplir tareas, sino de generar espacios cómodos y saludables”, explicó la licenciada, mencionando acciones simples como promover hábitos saludables o mejorar los espacios cotidianos.

En cambio, los millennials y la generación X valoran más el reconocimiento y las posibilidades de crecimiento profesional, mientras que quienes tienen entre 45 y 65 años priorizan el tiempo y el trato humano. sostuvo que las nuevas generaciones impulsan una mirada diferente, donde el empleo también debe disfrutarse y equilibrarse con la vida personal.

Durante las jornadas también se analizó la necesidad de mejorar la comunicación dentro de las organizaciones. A partir de exposiciones de especialistas como Gustavo Rech, se remarcó la importancia no solo de transmitir mensajes claros, sino también de fortalecer la escucha.

“Hay que verificar que lo que se quiso comunicar realmente haya sido entendido. Tal vez ya no alcanza con entregar manuales extensos y hay que buscar formas más dinámicas de inducción”, planteó.

La salud mental ocupó otro lugar destacado en la agenda. Tras la pandemia, cada vez más organizaciones comenzaron a prestar atención al bienestar emocional de sus equipos y a desarrollar estrategias vinculadas a esa problemática.

En relación con la tecnología, se debatió sobre el avance de la inteligencia artificial en los procesos de selección y gestión. Garrido consideró que debe incorporarse como una herramienta útil, aunque acompañada por capacitación constante y políticas de resguardo de datos.

La referente de Garrido y Asociados destacó el trabajo de firmas locales que avanzan en la profesionalización de sus áreas de recursos humanos, entre ellas Cagnoli y Faro Verde, además de pequeñas empresas familiares y emprendimientos agropecuarios donde el vínculo directo con los colaboradores sigue siendo fundamental.

Finalmente, agradeció al equipo organizador integrado por Camila, Maricel, Mariana y María del Carmen, además de los estudiantes Agustín Peiretes y Catalina Álvarez, quienes colaboraron durante las jornadas.

La iniciativa contó con el acompañamiento de la Cámara Empresaria, el Municipio de Tandil, Flama, las facultades de Ciencias Económicas y Veterinarias de la UNICEN y distintos institutos de formación. También participaron sponsors como Max Continental, Distribuidora Gama, Laboratorio Newtech, Farmacias CDG, Irisur, La Gándara Agropecuaria, Romera Hermanos, Estudio Címaro Torchelli, Hierro Sánchez, Posta Natural, Juana Rodríguez Negocios Inmobiliarios, Usina Tandil y OSDE, junto al aporte de Pedro Espondagaburu y Matías Ibarra en la moderación de los paneles.

Un alumno de 11 años ingresó a la Escuela Campaña del Desierto, situada en el Barrio Smata de San Juan, portando una pistola de aire comprimido. El hecho obligó a las autoridades escolares a activar de inmediato los protocolos de seguridad y motivó la intervención de personal policial de la Comisaría 27ª.

El suceso se registró aproximadamente a las ocho de la mañana, durante el ingreso habitual de los estudiantes al establecimiento ubicado en la intersección de Virgen de Lourdes y Perito Moreno. Según informó el portal Tiempo de San Juan, una docente fue alertada por el padre de otro alumno sobre la presencia de un arma en el bolsillo del menor involucrado, lo que permitió abordar la situación dentro del aula.

Al ser consultado, el estudiante entregó voluntariamente una pistola de material plástico color negro, presuntamente operada con CO2. El objeto fue puesto bajo custodia en la dirección del colegio para garantizar la seguridad de los alumnos y el personal. Posteriormente, la directora del establecimiento radicó la denuncia formal para dar inicio a la investigación judicial.

Dada la edad del alumno, la causa quedó bajo la órbita del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, con la supervisión del secretario Carlos Ponce. La justicia busca determinar la procedencia del arma y evaluar las responsabilidades en el marco del régimen de protección integral, contemplando la intervención de profesionales como psicólogos o trabajadores sociales para analizar el entorno familiar y escolar del niño.

Este hecho se produce en un contexto de alerta tras otros episodios de violencia en escuelas del país. Recientemente, la Policía Bonaerense realizó operativos en dos domicilios de José C. Paz vinculados a amenazas de tiroteos, investigaciones que se profundizaron luego de que un adolescente de 15 años matara de un disparo a un compañero de 13 en una escuela de San Cristóbal, provincia de Santa Fe.

El senador bonaerense Sergio Vargas, integrante del bloque libertario dialoguista, presentó en las últimas horas un proyecto de ley para crear un dispositivo de salud mental específico para el personal de las fuerzas de seguridad. La iniciativa surge ante el aumento exponencial de casos de suicidio que sacude a la provincia de Buenos Aires. 

Según fundamentó el legislador, "esta ausencia de políticas específicas no solo impacta en la vida personal de los agentes, sino que también repercute directamente en la calidad del servicio de seguridad que el Estado brinda a la ciudadanía".

En el último tiempo, se han vuelto habituales los episodios donde integrantes de las fuerzas deciden quitarse la vida. El trasfondo de estos casos suele estar marcado por hogares con dificultades económicas, salarios insuficientes y una sobrecarga de horas de servicio extra para cubrir gastos básicos.

 Al respecto, Sergio Vargas describió: "Durante años, quienes integran estas instituciones desempeñaron sus funciones en contextos de alta exigencia emocional, exposición a situaciones traumáticas y presión operativa constante, enfrentando lo que técnicamente se denomina riesgo psicosocial crítico".

El senador por la Sexta sección electoral advirtió que la provincia está perdiendo agentes no solo por el accionar del crimen organizado, sino por el desgaste postraumático y la carencia de una red institucional efectiva. "Se están perdiendo agentes no solo a manos del crimen organizado, sino a causa del desgaste postraumático y la falta de una red de contención institucional efectiva", señaló, agregando que "estos padecimientos permanecen muchas veces invisibilizados o silenciados por temor a sanciones".

El proyecto propone la creación del Programa Integral de Salud Mental para el personal de las fuerzas de seguridad y penitenciaria, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad bonaerense y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El dispositivo será obligatorio para los efectivos en actividad y podrá extenderse a retirados y familiares directos.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es resolver la pérdida de ingresos que sufren los agentes al manifestar problemas psicológicos. Actualmente, cuando se retira el armamento de forma preventiva, el uniformado deja de percibir las horas de Policía Adicional o las compensaciones por recargo de servicio. Sobre este nudo crítico, el senador explicó: "El resultado de esta ecuación es trágico pero previsible: el uniformado oculta su depresión y su estrés para no sufrir un recorte drástico en su salario, conviviendo con su arma reglamentaria hasta que es demasiado tarde".

Para revertir esta situación, el legislador consideró que "consagrar normativamente la intangibilidad de la remuneración regular no es un privilegio, es una medida de salvataje directo para que el efectivo pierda el miedo a pedir ayuda". 

Asimismo, sostuvo que "Al reconocer la necesidad de generar condiciones laborales saludables, promover el autocuidado y asegurar procesos de reinserción progresiva para aquellos agentes que atraviesen situaciones de padecimiento mental, se evita toda forma de discriminación o sanción encubierta".

Finalmente, el programa establece que las autoridades deberán elevar un informe anual con datos estadísticos sobre el estado de los agentes. En sus palabras de cierre, Sergio Vargas enfatizó: "Resulta necesario desarticular una cultura institucional que históricamente desalentó la expresión del malestar psíquico, promoviendo en cambio condiciones que favorezcan el cuidado, el acompañamiento y la detección temprana, cuidar a quienes tienen la responsabilidad de cuidarnos es una obligación ética y política del Estado".

En el marco del Congreso Provincial de Salud (CoProSa), que reunió a más de 15.000 participantes, se llevó a cabo el tercer Encuentro Federal de Salud Mental. La jornada contó con la participación del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, junto a autoridades sanitarias de 18 provincias, el Órgano de Revisión Nacional y el Consejo Consultivo Honorario.

El encuentro se desarrolló en un contexto de emergencia en salud mental, caracterizado por un aumento sostenido de los padecimientos en todo el país. Durante la jornada se analizaron los datos del informe federal correspondientes a 2025, que evidencian un incremento del 77% en las internaciones por salud mental y del 134% en la demanda de atención ambulatoria.

Las autoridades expresaron un enérgico rechazo al proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación. Advirtieron que la iniciativa implica un retroceso en materia de derechos al retirar fuentes de financiamiento esenciales, incorporar nuevas barreras de acceso y desarticular el enfoque comunitario vigente. 

Sobre este punto, se manifestó que "la ley actual de Salud Mental dice: compromiso financiamiento. La modificación que propone nación: sin financiamiento. Después chamuyen lo que quieran, pero la única realidad es que lo que hacen es ajustar en salud mental. El problema no es la Ley. Es que no la cumplen".

Asimismo, remarcaron que ninguna de las provincias fue consultada en el proceso de elaboración del proyecto, lo que constituye una vulneración de los principios básicos del federalismo sanitario. En este sentido, plantearon la urgente necesidad de reactivar el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA) como ámbito de debate y construcción colectiva de políticas públicas.

Del encuentro participaron representantes de La Pampa, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones, Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, Salta, Córdoba, Santa Fe, Río Negro, Tucumán, Formosa, Corrientes, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz y San Luis. En paralelo, los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires acordaron el acompañamiento a los “Lineamientos para las políticas públicas de Salud Mental y Consumos Problemáticos en los Municipios de la Provincia de Buenos Aires”  frente al incremento de la demanda en sus territorios.

Las autoridades reafirmaron el compromiso de sostener y fortalecer los espacios de articulación federal y provincial, advirtiendo que cualquier intento de reforma regresiva que limite derechos o reduzca el financiamiento solo agravará la crisis actual en salud mental.

En diálogo con el ciclo Tandil Despiera (EcoTV y 104.1 Tandil FM), el psicólogo y exvicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública, Luciano Grasso, abordó la compleja realidad que atraviesa la salud mental en la Argentina. El especialista se refirió a los intentos por modificar la normativa vigente y a las fallas estructurales que impiden una atención de calidad.

El tema volvió a ocupar un lugar en la agenda a partir de la decisión del Poder Ejecutivo de presentar en el Senado un proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Según el anuncio, la propuesta legislativa busca “mejorar la respuesta del sistema sanitario ante situaciones que bajo la ley actual no encuentran suficiente amparo, superar las dificultades en su implementación y modernizar la ley en base a la realidad asistencial del país”.

Ante la consulta sobre iniciativas que buscan reformar la normativa, Grasso fue categórico al señalar que se trata de una discusión que suele desviar el foco del problema real. “Desde que se sancionó la ley en el año 2010, hay intentos de modificación. Quienes están a cargo de implementar las normativas tienen la obligación de generar procesos para acortar la distancia entre lo que prescribe una ley y lo que sucede en la práctica”, explicó el profesional.

Según su análisis, existen dos tipos de leyes: aquellas que “vienen a legalizar lo que ya sucede” y aquellas que, como la actual norma de salud mental, “intentan trazar un norte para traccionar cambios para que las cosas funcionen de otra manera”.

La ley “traza un camino” para que “las personas con problemas de salud mental tengan el tratamiento adecuado, algo que en 2010 no estaba funcionando como debería. Esas reformas no son de un día para el otro”, sostuvo el exdirector de Salud Mental de la Nación.

Tras repasar los principales lineamientos y desafíos que afronta el sistema, sostuvo que “los problemas están en la práctica” y no en la letra del texto normativo.

Para el especialista, el argumento que apunta a que “las cosas funcionan mal por culpa de la ley” es un diagnóstico errado. La realidad indica que “la normativa no ha sido suficientemente implementada” por los gobiernos provinciales, que son los tienen la responsabilidad primaria sobre los sistemas de salud. “Si la ley hoy tuviese un mayor nivel de avance, probablemente no tendría tantas embestidas”, sentenció y agregó que hay sectores que quieren volver a un modelo que “ya fue dejado de lado por los organismos internacionales y por la mayoría de los países: un modelo más biologicista, centrado en la psiquiatría, la internación y el psicofármaco”.

En contraposición, Grasso defendió el modelo comunitario, que entiende la salud mental como un fenómeno “mucho más complejo” que requiere respuestas integrales. “Los sistemas de salud tienen que dar una respuesta que hoy no están dando. Hay que diagnosticar bien e intentar resolver los problemas donde realmente están”, enfatizó el exfuncionario.

En otro pasaje de la entrevista, el profesional abordó situaciones vinculadas a los consumos problemáticos en mayores de edad, las internaciones y la angustia de las familias que no logran intervenir. Grasso aclaró los alcances legales al expresar que, “respecto a nuestra salud rige el principio de autonomía: yo me trato en la medida en que quiero". Sin embargo, “hay excepciones y la principal es cuando corre riesgo la vida propia o la de terceros”. En este sentido, el aseguró que la ley actual contempla la internación involuntaria bajo el criterio de riesgo cierto e inminente. 

Según Grasso, “el profesional que evalúa en una guardia debe ser psicólogo o psiquiatra para decidir una internación”, pero además “debe hilar fino y marcar una diferencia entre si hay riesgo o no”. Asimismo, destacó la importancia de contar con guardias en salud mental, como la que funciona en el Hospital Municipal “Ramón Santamarina” desde hace tres años.

Asimismo, observó que pueden darse casos que, “por falta de formación se dice ‘no lo puedo internar porque la ley lo prohíbe’, y eso es falso. O que el profesional reconoce el criterio de internación, pero no tiene una cama disponible donde derivarlo”.

“Esos son los problemas reales”, dijo tras su análisis y resaltó que “el problema no está en la letra de la ley sino en que hay que crear todo eso que no está funcionando”.

Por otro lado, el especialista insistió en que la carencia de especialistas y de infraestructura adecuada es lo que termina obturando la respuesta sanitaria. “No hay ningún artículo de la ley hoy que impida aquello que hay que hacer, y que no está sucediendo, se haga”, enfatizó y señaló que “no hay nada que trabe la capacitación de profesionales, la contratación de especialistas en las guardias o la creación de más camas. Eso es decisión política”.

En el tramo final de la entrevista, Grasso confirmó que el consejo académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Unicen, con sede en Olavarría, aprobó la creación del primer posgrado de esa unidad académica: la Maestría en Políticas Públicas en Salud Mental.

Este programa, que tendrá “el honor” de dirigir, busca suplir un déficit en la formación de cuadros técnicos y políticos. “En general, los gestores y funcionarios tenemos una formación académica vinculada a nuestra profesión de base, pero carecemos de competencias específicas para el diseño de una política pública”, explicó. La maestría abordará herramientas de análisis situacional, estudio de datos epidemiológicos y análisis presupuestario.

Grasso subrayó la necesidad de profesionalizar la gestión pública, especialmente en áreas tan sensibles como la salud mental. “Sabemos que en el país las gestiones suelen ser cortas. Por eso es fundamental que quien asuma una dirección tenga las competencias necesarias desde el primer día”, detalló.

La nueva carrera contará con docentes de trayectoria nacional e internacional y se encuentra iniciando su proceso de acreditación ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau). Paralelamente, la facultad también trabaja en una especialización en pediatría en conjunto con el Hospital de Niños “Dr. Debilio Blanco Villegas”, consolidando un polo de formación superior en la región.

Finalmente, Grasso abogó por un sistema de salud más ágil y humano. “Falta docencia por parte del sistema de salud hacia las familias. Hay que tener empatía para explicar los procesos”, concluyó.

El Gobierno nacional enviará al Congreso Nacional una nueva Ley de Salud Mental, según comunicó el jefe de gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta oficial de X. Fuentes del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, revelaron que el proyecto contempla una actualización de la normativa sancionada en 2010, con la intención de “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario”.

Desde la cartera sanitaria argumentaron que la iniciativa “busca proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre, y superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia”, al mismo tiempo que revelaron que aspiran a clarificar conceptos y criterios técnicos. Para la elaboración del texto se realizó un relevamiento de testimonios de familiares, pacientes y profesionales, además de actores del ámbito judicial y legislativo.

Entre los impedimentos detectados en la práctica diaria, se observó que solo 16 de 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley actual y que solo existen 18 hospitales generales con servicios de salud mental. En la administración nacional aseguran que el término padecimiento mental es “ambiguo” y “demasiado amplio”, lo que complicaría los diagnósticos y generaría demoras en la intervención.

“El proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión”, sostuvieron desde el organismo.

Asimismo, se reemplaza el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, con el objetivo de dar lugar a “intervenciones más oportunas y preventivas”. Sin embargo, aclararon que la internación continuará siendo un “recurso excepcional”, pero “necesario”.

El nuevo esquema establece que los psiquiatras podrán indicar una “internación involuntaria”, la cual deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario. “Se propone además extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia”, detallaron las fuentes oficiales.

Por otro lado, el proyecto propone fortalecer la red de atención con hospitales especializados, marcando una diferencia con la ley vigente que impulsa el cierre de instituciones monovalentes. Actualmente, el sistema cuenta con 30 instituciones públicas de este tipo y al menos 139 privadas. Finalmente, se busca ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y el Sedronar.

El diputado provincial de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, impulsó un proyecto para declarar la emergencia en salud mental en todo el territorio bonaerense, con el objetivo de reforzar el sistema de prevención, asistencia y tratamiento de personas afectadas por distintos padecimientos vinculados a la salud mental.

La propuesta legislativa, que también fue acompañada por los diputados Andrés de Leo y Romina Braga, fue elaborada junto a la exdiputada nacional Marcela Campagnoli y plantea la necesidad de adoptar medidas urgentes para mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente al crecimiento de estas problemáticas.

Según explicó Bugallo, el sistema de salud mental se encuentra actualmente “desbordado”, por lo que consideró necesario avanzar con herramientas que permitan prevenir, asistir y acompañar a las personas que atraviesan estas situaciones. En ese sentido, el proyecto busca optimizar la articulación entre el Gobierno provincial, los municipios y distintos organismos para garantizar el acceso efectivo a los servicios en todo el territorio bonaerense.

Entre los principales ejes de la iniciativa se incluye el fortalecimiento de la red provincial de atención en salud mental, la ampliación de dispositivos de prevención y tratamiento, y la mejora en la disponibilidad de profesionales especializados. También propone la implementación de sistemas de información epidemiológica y políticas públicas orientadas a la prevención comunitaria.

El proyecto establece además la creación de equipos móviles de intervención en crisis y de un Registro Provincial de Conductas Suicidas, que permita generar estadísticas para diseñar políticas de prevención, capacitación y acompañamiento a familiares. Asimismo, prevé la puesta en marcha de una línea telefónica gratuita de atención las 24 horas y un portal web orientado a brindar asistencia y herramientas de prevención.

En los fundamentos de la iniciativa, el legislador advirtió sobre el crecimiento de los problemas de salud mental en el país, especialmente entre jóvenes. Datos oficiales señalan que cada año se registran más de 4.000 suicidios en Argentina y que la provincia de Buenos Aires concentra entre 1.500 y 1.700 de esos casos.

En ese contexto, la propuesta también plantea la creación de un Plan Provincial de Prevención del Suicidio y Promoción de la Salud Mental en niños, niñas y adolescentes, junto con un observatorio que permita monitorear la evolución de la problemática y elaborar políticas públicas más eficaces.

Además, el proyecto incorpora acciones específicas para abordar fenómenos que afectan especialmente a los jóvenes, como el ciberacoso, el aislamiento social y la ludopatía online, a través de campañas de concientización y programas educativos en ámbitos escolares y comunitarios.