El conflicto con el predio del exPoliclínico sigue irresoluto. Los vecinos se expresan casi a diario sobre los riesgos y la incomodidad que genera el espacio al descubierto y habitado por distintas personas de forma transitoria. Durante el último fin de semana, un hecho que se viralizó en las redes volvió a poner en el centro de la escena el reclamo vecinal. La respuesta oficial sobre las acciones a tomar por parte del Gobierno local no tardó en llegar.

Mariano Martina, subsecretario de Gobierno, dialogó en La Mañana (104.1 Tandil FM, El Eco Streaming y Eco TV) y confirmó el camino que decidió tomar el Municipio de Tandil en pos de encontrar una solución al conflicto. El funcionario aseguró que se apunta a ir por la vía legal, apoyándose en una ordenanza sancionada a mediados del año pasado, la cual fue reglamentada sobre el cierre del mismo.

Martina definió que el conflicto tiene varias aristas, pero que la que más preocupa a los vecinos de Villa Italia tiene que ver con las cuestiones relacionadas a la seguridad, lo que requirió diferentes intervenciones a través de la Secretaría de Protección Ciudadana, Centinela y la policía. Para más datos, en noviembre pasado un grupo de vecinos mantuvo una reunión con las autoridades de seguridad ante el crecimiento de estas situaciones.

Al mismo tiempo, recordó que al tratarse de un predio privado, limita las facultades municipales para poder intervenir en la situación. “Lo que hoy en día tenemos permitido, por lo menos en lo que tiene que ver con el estado del predio, es por un lado la aplicación de recargos tributarios a lo que tiene que ver con la tasa por mantenimiento de terrenos y de cerramientos. Eso es lo único que en la normativa se puede aplicar”, contó Martina.

Respecto al recargo de tasas, informó que se viene haciendo desde hace un tiempo y que esa situación propició en el último tiempo un intercambio de correos electrónicos con los propietarios del predio, quienes se comunicaron con el Municipio consultando el porqué del recargo impositivo, con el objetivo de regularizar la situación. La poca comunicación con los dueños del exPoliclínico fue una de las grandes dificultades a la hora de encontrar un arreglo.

En este contexto, el Gobierno local encontró en la aprobación de la ordenanza 18.855 una posible respuesta al conflicto. La misma fue sancionada el 12 de junio de 2025 y establece la obligación de cercar, limpiar y mantener todos los edificios en estado de abandono. La reglamentación tuvo lugar durante el cierre del año pasado, pero mientras tanto el Municipio trabajó de forma administrativa para poder llevar adelante la intervención.

“A lo que apuntamos es a ir por la vía legal, formal y que nos permita ya aplicar por lo menos los plazos de la ordenanza de cerramiento. Es lo que entendemos más urgente, más allá de los pastos, el cerco perimetral, el estado en general y la molestia que genera ese lugar en desuso. Más allá de eso, a lo que más nos abocamos en este momento es a resolver el tema de cerramiento”, describió Martina.

Al mismo tiempo, el funcionario explicó que la legislación establece una intimación para que el propietario del predio realice el cerramiento y, eventualmente pasado un plazo de 90 días, si el responsable no lo realiza, el Municipio puede hacerlo por sus propios medios. “Ya se hicieron los relevamientos del estado de situación del inmueble y se cursaron las notificaciones para que el particular tome cartas en el asunto”, confirmó.

Con las notificaciones realizadas, el propietario puede abordar la solución al exPoliclínico de la forma que prefiera, puede optar por demolerlo o cerrarlo, ahí el Estado no puede intervenir. Llegado el caso en que no lo haga y se cumpla el plazo establecido, el Municipio tiene la facultad de realizarlo por sus propios medios, asumiendo los costos y luego trasladándoselos al propietario o al inmueble en sí.

Por último, respecto a la ordenanza vigente, el funcionario aclaró que la misma “no habla de la parte perimetral que sí existe en lo que es el código de edificación y el cumplimiento que uno tiene que tener en cualquier terreno o en cualquier situación lindera a la línea de edificación”.

Durante la última semana, vecinos de la zona expresaron a través de este Multimedios su malestar respecto a la falta de mantenimiento que presentaba el espacio, donde la altura de los pastos sobrepasaba al paredón que limita el predio. En dicho descargo, los frentistas reclamaron al Municipio que efectivice una intervención sobre el espacio.

Consultado por esta situación, el subsecretario de Gobierno recordó que se realizaron intervenciones más que nada en las veredas y en las inmediaciones del exPoliclínico, pero que también se han buscado instancias de diálogo para que los propietarios se hagan cargo de estas tareas.

“Más allá de que el Municipio pueda intervenir esporádicamente ante alguna situación de mucho desborde, la realidad es que tiene que cumplir con sus obligaciones de mantenimiento en los espacios propios. No tiene que volcarse a mantener terrenos privados por la desaprensión de quienes son sus titulares, eso además le genera un costo al Estado que en definitiva la termina pagando el contribuyente que sí paga sus tasas de manera regular”, describió.

Por esa razón es que aseguró que se buscan agotar las instancias para que los propietarios, de este y otros espacios, se hagan cargo del mantenimiento. Recordó que los vecinos cuentan con canales para realizar denuncias anónimas tanto por la ordenanza de cerramiento de edificios como por el estado de terrenos baldíos. “Es importante la colaboración del vecino reportando por los canales oficiales”, concluyó.

El proceso para la puesta en vigencia del nuevo cuadro tarifario del boleto del transporte público de pasajeros se encuentra en su etapa administrativa final. Con el dictamen de mayoría que acordó el martes pasado la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante, el intendente Miguel Lunghi firmó el decreto correspondiente para avanzar con la actualización del valor del pasaje, que partirá de un boleto plano en 1.506,47 pesos.

Si bien el mecanismo podría compararse con lo sucedido en junio pasado, cuando el Ejecutivo intervino ante la falta de acuerdo político en el primer piso de la Municipalidad, la diferencia radica en que en esta oportunidad se basó en un esquema elaborado por los integrantes del ámbito legislativo y que será “ad referéndum” del Deliberativo.

En diálogo con El Eco de Tandil, el secretario de Gobierno, Miguel Lunghi (h), aclaró que esta vía se tomó debido a que el cuerpo legislativo cerró el período de sesiones ordinaria, se encuentra en receso y no convocó a sesiones extraordinarias.

“Hay un dictamen que fija un nuevo cuadro tarifario”, que fue enviado por la presidenta del espacio legislativo, la concejal Luján Fiego, que cuenta con el respaldo de dos bloques (UCR y Fuerza Patria). “Debido a que no hay sesiones, el Intendente realizó el acto administrativo, que será validado por el Concejo en marzo”, cuando se inicie el período ordinario, explicó sobre el procedimiento. 

Asimismo, destacó que la mayoría alcanzada en la comisión otorga la legitimidad para que el jefe comunal dicte el acto administrativo y no se dilaten los plazos que el sistema de transporte requiere para su funcionamiento.

A diferencia de lo ocurrido en junio del año pasado, cuando el jefe comunal intervino mediante un decreto, el secretario de Gobierno marcó que en esta oportunidad existe un dictamen previo de los concejales. “En junio de 2025, tras 12 reuniones de comisión y ocho sesiones, no se logró un dictamen”, apuntó y repasó que el expediente esta vez incluyó el respaldo de la mayoría para fijar el cuadro tarifario y una delegación de facultades en el Departamento Ejecutivo para que se aplique la actualización.

Implementación

En tanto, precisó que la implementación técnica dependerá de los tiempos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y el sistema SUBE. Tras explicar el procedimiento, señaló que el trámite administrativo conlleva un plazo de entre “10 días hábiles y 15 días corridos” como máximo para que la información replique en las validadoras de las unidades.

Entonces, “desde el momento en que hubo un dictamen de la Comisión de Transporte y el posterior decreto del Intendente, estaríamos hablando que la tarifa comenzaría a regir entre el 23 y el 25 de enero”, estimó el funcionario.

Actualizaciones por IPC

El nuevo esquema establece un incremento para la primera parte del año y las actualizaciones para los próximos meses basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para el ajuste de marzo, se tomarán como referencia los índices publicados en enero y febrero (correspondientes a la inflación de diciembre y enero, respectivamente).

Bajo este formato de actualización, el secretario de Gobierno consideró que se brinda un marco de previsibilidad para el sector. “Actualmente hay una visibilidad para el sistema de transporte que no debería tener inconvenientes ni reclamos por los próximos cinco meses”, aseguró, proyectando que un nuevo debate sobre los costos recién tendría lugar hacia los meses de junio o julio.

El servicio nocturno

El acuerdo en torno al aumento del servicio tuvo un impacto inmediato en la prestación del servicio. Tras el anuncio del dictamen, la Cámara de Transporte dejó sin efecto las restricciones en el horario nocturno y normalizó los recorridos.

Según confirmó el secretario de Gobierno, las empresas reincorporaron los servicios que se prestan entre las 21 y las 22, así como los recorridos nocturnos habituales.

No obstante, Lunghi (h) recordó que, por el momento, el transporte funciona bajo la “frecuencia de verano”, la cual fue aprobada por el Concejo debido a que la demanda de pasajeros disminuye ante la ausencia de actividad escolar.

Nueva escala

Boleto plano 1.506,47 pesos

Boleto nocturno/alargue   1.807,52 pesos

Boleto obrero           1.205,02 pesos

Boleto para jubilados, pensionados, beneficiarios de pensiones no contributivas y veteranos de Guerra de Malvinas           1.205,02 pesos

Boleto primario       271,13 pesos

Boleto secundario   753,14 pesos

Boleto alargue escolar Granja       1.129,70 pesos

Combinado multilíneas     2.259,41 pesos

Boleto suburbano Granja              1.807,52 pesos

Combinado secundaria Escuela Granja  1.958,15 pesos.

Actualización

Como se informó, el dictamen introdujo una herramienta para agilizar la respuesta ante el contexto inflacionario actual al autorizar al Departamento Ejecutivo para actualizar los valores de manera automática el primer día de cada mes durante marzo y mayo de 2026.

El artículo segundo del dictamen autoriza al Departamento Ejecutivo a “actualizar los valores del cuadro tarifario el primer día de cada mes durante los meses de marzo y mayo de 2026 utilizando como criterio de aplicación el Índice de Precios al Consumidor resultante de la acumulación de los dos últimos informes publicados por el Instituto Nacional de Estadística (Indec)”.

Con esta metodología, los aumentos bimestrales previstos para la primera mitad del año estarán atados directamente a la evolución de los precios.

Luego de que el Municipio haya anunciado una reducción de la estructura política en el marco del aprobado Presupuesto 2026, asumieron las nuevas autoridades y se formalizaron las modificaciones en el organigrama del gobierno local. Entre otros movimientos, la exConcejal Guillermina Cadona pasó a estar al frente de la Subsecretaría de Coordinación. Habría nuevos cambios en los próximos días.

Cabe recordar, a partir de la aprobación del Presupuesto, desde la Comuna avanzaron en una “optimización del funcionamiento del Estado Municipal”. En concreto, la no cobertura de la Jefatura de Gabinete, y las Subsecretarías de Servicios, Obras Públicas y Economía. Además, se eliminó la Secretaría Unidad Intendente.

La Dirección General de Inspección y Habilitaciones pasó a depender de la Secretaría de Protección Ciudadana, mientras que la Subsecretaría de Innovación Tecnológica y Participación Ciudadana quedó bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación.

Por su parte la Secretaría de Gobierno pasó a llamarse Secretaría General de Gobierno e incorporó funciones antes destinadas a otras áreas, y se conformó la Secretaría de Servicios “orientada a optimizar procesos y fortalecer la capacidad de respuesta del Municipio ante las demandas de la comunidad”.

En el mismo sentido, desde la Comuna establecieron nuevos topes de horas suplementarias, con una reducción prevista del 30 por ciento sobre el total, la gestión e intimación del pago de la deuda que la Provincia mantiene con el Municipio –que asciende a 1000 millones de pesos-, lo propio con la del gobierno nacional que es de más de 500 millones de pesos, y la restricción de coberturas del personal por jubilaciones y renuncias.

Secretaría General de Gobierno

Secretario: Miguel Ángel Lunghi (hijo)

Subsecretario de Gobierno: Mariano Martina

Subsecretario de Comunicación y Vinculación Institucional: José Romero

Subsecretaria de Coordinación: Guillermina Cadona

Subsecretaria de Cultura y Educación: Micaela Saconi

Secretaría de Legal y Técnica

Secretario: Juan Francisco Maciá Cantarelli

Directora de Asuntos Jurídicos Administrativos: Yanina Yunger

Directora de Asuntos Legales: María Emilia Díaz Esteve

Director de Patrimonio: Gustavo Di Marco

Directora de Relaciones con la Comunidad: Zulma N. Ferreyra

Juzgado de Faltas N°1: María Gabriela Vila

Juzgado de Faltas N°2: Vicente Pedro Oliveto

Secretaría de Protección Ciudadana

Secretaria: Alejandra Marcieri

Subsecretario: Juan Ibañez

Director General de Inspección y Habilitaciones: Javier Camgros

Secretaría de Servicios Públicos

Secretario: Claudio Fuentes

Director de Ambiente: Nicolás González

Director de Cementerio: Hugo Biasco

Director General de Espacios Verdes Públicos: Walter Urso

Director General de Higiene y Servicios: Nicolás Russiani

Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas

Secretario: Luciano Lafosse

Director de Presupuesto y Rendición de Obra: Juan Sánchez

Director de Viviendas y Obras Públicas: Francisco Álvarez

Director General de Obras Sanitarias: Santiago Romero

Director General de Vialidad: Mauro Ortega

Director de Obras Privadas: Manuel Aguerre

Directora de Ordenamiento Territorial y Catastro: María Riestra

Secretaría de Economía y Administración

Secretario: Raúl Moyano

Contador General: Claudio Biset

Director de Compras: Leandro Donato

Tesorería: Martín Echeverría

Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación

Secretario: Diego Martín

Director de Asuntos Agropecuarios: Matías Posse

Director de Industria, Comercio y Fomento de Negocios: Kevin Genovese

Directora de Turismo: Carolina Ugarte

Subsecretario de Innovación Tecnológica y Participación Ciudadana: Matías Ibarra Jiménez

Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat

Secretaria: Juliana Teerink

Subsecretaria: María Eugenia Civalleri

Sistema Integrado de Salud Pública

Presidenta: Cecilia Martens

Vicepresidente: Claudio Martínez Crovetto

Tras la maratónica sesión del Concejo Deliberante, la última del año, el secretario de Gobierno, Miguel Lunghi (h), analizó los alcances de la aprobación del Presupuesto de Recursos y Cálculo de Gastos para la administración central y el Sistema Integrado de Salud Pública para el ejercicio 2026.

En diálogo con el ciclo “Tandil Despierta” (EcoTV y 104.1 Tandil FM), el funcionario calificó a esta herramienta como “fundamental” para el desarrollo del plan de Gobierno y la definió como el “marco político” que regirá el camino para el tercer año del sexto mandato del intendente Miguel Lunghi.

La aprobación se concretó el lunes por la tarde, alrededor de las 16.30, tras un proceso de búsqueda de acuerdos que permitió obtener los votos necesarios que habilitó su debate en el recinto de sesiones. “Se pudieron construir los consensos que hicieron que se apruebe”, destacó.

Como se informó en estas páginas, el Presupuesto fue respaldado por 12 legisladores de los 20 que integran el cuerpo. Los cinco integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical sumaron siete adhesiones de la bancada de Fuerza Patria para sancionar la ordenanza madre junto con las ordenanzas fiscal e impositiva, mientras los seis ediles de Acción Tandilense – La Libertad Avanza y los dos de Hechos - Alternativa Tandil lo hicieron por la negativa.

El secretario también puso en análisis la nueva conformación al mencionar que el oficialismo cuenta con cinco legisladores propios y que, pese a ese lugar de minoría, logró construir consensos a través del diálogo.

Según adelantó, el expediente “bajó” al Ejecutivo para su promulgación para que el nuevo esquema comience a regir a partir del próximo ejercicio. Para el funcionario, este paso administrativo garantiza la previsibilidad y las herramientas básicas para gobernar durante un año que, según su visión personal, demandará un esfuerzo por parte de la administración pública.

Consensos políticos y el rol del peronismo

El proceso de aprobación del Presupuesto puso de manifiesto la dinámica política actual del Concejo Deliberante, donde el oficialismo perdió la mayoría automática tras los resultados electorales de septiembre pasado.

En ese escenario, Lunghi (h) explicó que el trabajo en las comisiones legislativas permite que los expedientes lleguen al recinto con dictámenes que tienen un acuerdo previo, lo que suele garantizar su votación favorable durante la sesión.

Sin embargo, citó lo ocurrido en el encuentro legislativo del lunes a partir del tratamiento del pedido de aumento del cuadro tarifario del transporte público de pasajeros, donde las firmas en comisión no se tradujeron en votos en el recinto, en clara referencia a la movida política que lideró el bloque de Acción Tandilense – La Libertad Avanza.

De todos modos, e independientemente de esta situación, valoró que, “por suerte”, el Gobierno cuenta con la herramienta del presupuesto, el “camino político” de la gestión, a partir de la construcción de los consensos necesarios que le permitió sumar adhesiones del bloque de Fuerza Patria.

En virtud de lo sucedido, mencionó que es el tercer presupuesto consecutivo que el peronismo acompaña con su voto, entendiendo que deben “dar previsibilidad y la herramienta fundamental para gobernar”.

Por el contrario, apuntó contra los bloques que se opusieron al acompañamiento de las proyecciones económicas de la comuna o expresaron negativa a generar aumentos o a realizarlos mediante la aplicación del IPC. “El Sistema Integrado de Salud Pública absorbió una demanda creciente de vecinos que perdieron su cobertura de obra social”, expuso a modo de fundamento.

En cuanto a la discusión sobre las tasas municipales, un tema que ocupó un lugar central en el debate legislativo, Lunghi (h) desestimó versiones de algunos concejales que hablaban de incrementos del 800 por ciento y las calificó como afirmaciones “para tapa de diario”.

En este punto, el funcionario defendió la política salarial llevada adelante por la gestión y afirmó que durante el año, los salarios de los trabajadores municipales se ubicaron “14 puntos por encima del IPC”, a partir de las recomposiciones otorgadas.

Pese a esto, reconoció que la situación económica general afecta el poder adquisitivo de todos los ciudadanos y que la “cobrabilidad” de las tasas sufrió una caída en virtud del mecanismo que aplican las familias para priorizar el pago de servicios esenciales como luz, gas o internet.

“En una situación de crisis económica, donde los recursos no alcanzan, la prioridad es el pago de la luz, del gas, internet y por último las tasas municipales. El Estado sigue funcionando y lamentablemente el vecino, cuando tiene inconvenientes y tiene que tomar una restricción siempre se dice que lo primero que deja de abonar son las tasas", evaluó el funcionario.

Optimización de recursos y reducción del gasto

En otro pasaje de la entrevista, el secretario de Gobierno apuntó a las acciones impulsadas por la administración comunal ante la caída en la recaudación y la disminución de los ingresos por coparticipación.

En ese sentido, dijo que el Municipio puso en marcha un “plan de restricción”, o de “optimización”, del gasto a partir del cual logró una reducción de “entre el 35 y el 40 por ciento” en el pago de horas suplementarias (horas extras) durante el último trimestre, dijo a modo de ejemplo.

El secretario de Gobierno subrayó que buscan “seguir cumpliendo con los empleados municipales”, que son “la cara visible” de la gestión y el activo “más importante” para garantizar el funcionamiento de la ciudad.

“Si no hay empleados municipales al día, no hay servicios que se puedan brindar”, sentenció y apuntó que la merma en el consumo interno impactó directamente en la coparticipación provincial que recibe Tandil, lo que llevó a revertir la tendencia histórica en cuanto al equilibrio en el origen de los recursos, quedando por encima los recursos municipales que se generan a partir de las cobrabilidad de las tasas.

Un nuevo organigrama

Tras el resultado electoral, uno de los cambios que la administración comunal pondrá en marcha en 2026 será la modificación del organigrama. En concreto, y como se informó, la Jefatura de Gabinete dejará de existir como tal y sus dependencias pasarán a estar bajo la órbita de la Secretaría General de Gobierno.

Este enfoque implica una reestructuración de funciones para ganar efectividad en la respuesta a las demandas ciudadanas.

El área de Inspección General y Habilitaciones se trasladará a la Secretaría de Protección Ciudadana, y la actual Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas se dividirá en dos secretarías, con el objetivo de especializar las tareas y agilizar la tramitación de expedientes.

Estas “pequeñas modificaciones” buscan una mayor efectividad en la resolución de los temas que los vecinos reclaman a la Municipalidad.

Perspectivas para 2026

Sobre el final de la entrevista con el ciclo televisivo, Lunghi (h) anticipó un 2026 de “extremada complejidad”, quizás “más complejo que el que estamos terminando”.

La estrategia será cumplir con el pago de los haberes de los trabajadores municipales, con el sostenimiento de los servicios públicos y con el Sistema Integrado de Salud Pública brindando asistencia a los vecinos. “Es un presupuesto de cumplimiento”, definió y aclaró que no contempla “grandes expansiones de servicios ni nuevas iniciativas”.

“Va a ser un año difícil”, insistió y garantizó que eso no implica que “no estemos dispuestos a afrontarlo y atravesarlo. Gestionar es eso, no es siempre tener buenas noticias para transmitir”.

Sobre las especulaciones respecto a una posible candidatura en 2027, el secretario de Gobierno prefirió mantener la cautela. “Acabamos de pasar un proceso electoral en el cual no nos fue tan favorable”, dijo, por lo que ratificó que “estamos gestionando, gobernando todos los días, intentando resolverle los inconvenientes que tienen”.

Y remató que “el 2026 lo veo de extremada complejidad, por lo menos el primer semestre del año”.

Las esquirlas de los resultados electorales de septiembre pasado siguen presentes en la agenda local. Superado el análisis, el Gobierno comunal inicio un proceso de reconfiguración política que busca dotar a la estructura de una lógica de funcionamiento distinta para los dos años que restan de mandato del intendente Miguel Lunghi.

En ese marco, Miguel Lunghi (h) se posiciona como una figura clave dentro del organigrama en virtud de su posible continuidad en una Secretaría de Gobierno que amplía su influencia a partir de la incorporación de otras áreas, como la Jefatura de Gabinete.

Con un perfil más vinculado a la tarea política de gestión más que a la exposición pública, el funcionario aceptó la invitación y se acercó hasta los estudios de El Eco Multimedios para participar de una extensa entrevista con el ciclo Último Bondi (104.1 Tandil FM, EcoTV y El Eco Streaming), conducido por Guillermo Liggerini.

Durante la charla, el funcionario reconoció que el segundo semestre del año estuvo marcado en lo personal por el fallecimiento de su madre, y en lo político por un resultado electoral que calificó como “fuerte y contundente”.

Sin embargo, lejos de una actitud de retirada, se mostró enfocado en la gestión diaria y en la ingeniería que buscará dotar de mayor agilidad al tramo final del mandato de su padre, el intendente Miguel Lunghi, al frente de la Municipalidad.

Durante el diálogo, el secretario de Gobierno admitió que el tránsito de estos meses fue difícil, pero remarcó que el “trabajo, la militancia y la actividad partidaria” lo ayudaron a procesar la pérdida de su madre, manteniéndolo en movimiento constante.

En paralelo, el análisis de la derrota electoral de septiembre ocupó un lugar central, que fue entendida como un mensaje de la ciudadanía que el oficialismo debió procesar para encarar la reorganización del Estado comunal. El “inesperado” resultado electoral llevó a redoblar los esfuerzos y a trabajar con “más fuerza, más militancia y más ganas”.

Para este tramo, surgió la necesidad de una oxigenación en el equipo de colaboradores del jefe comunal, que inició el tercer año de su sexto mandato. “Ahora se hace una restructuración en el organigrama”, adelantó en virtud de las dependencias que dejarán de existir para ser asumidas por otras, a la vez que descartó que se trate de un cambio de nombres, sino de una búsqueda de “optimizar” la gestión en áreas críticas.

Según explicó, el objetivo primordial fue dotar al Gobierno de una “mayor eficacia, eficiencia y rapidez” en las respuestas ante las demandas de los contribuyentes. En ese sentido, adelantó que el nuevo esquema administrativo que se presentó junto con el Presupuesto 2026 contempló la eliminación de figuras que fueron clave en otros períodos, adaptando la estructura a la realidad actual.

Asimismo, el secretario de Gobierno afirmó que el liderazgo de Miguel Lunghi se mantendrá hasta el 10 de diciembre de 2027 y aseguró que “hasta el último día” de su gestión “seguirá con la misma forma de gobernar, de exigirnos respuestas, rapidez, presencia, abocarnos a cada uno de los temas”.

La meta, según definió, no es solo llegar competitivos a la próxima elección ejecutiva, sino trabajar activamente para “buscar el triunfo en 2027”, convencido que “lo podemos hacer y en eso estamos trabajando”.

La reestructuración

El nuevo organigrama municipal fue definido en virtud del análisis interno con el objetivo de hacer “más eficiente” la gestión en la búsqueda de “dar mayores respuestas a los vecinos en plazos más cortos”.

Entonces, Lunghi (h) confirmó que la Jefatura de Gabinete dejará de existir como tal, al menos bajo la ocupación de un titular específico, y que sus funciones serán absorbidas por otras dependencias. En este marco, la Secretaría de Gobierno se transformará en una Secretaría General de Gobierno, la cual centralizará diversas áreas.

“El Intendente decide; nosotros somos funcionarios del Intendente 24/7”, aclaró y deslizó que si “considera que soy apto para continuar en esa área y absorber estas funciones nuevas, estaré predispuesto a hacerlo”, en referencia al cargo frente a la nueva estructura.

Otro de los cambios radica en la decisión de dividir la actual Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas en dos estructuras diferenciadas: una Secretaría de Servicios y otra de Planeamiento y Obras Públicas. Esta decisión se fundamentó en la necesidad de brindar “mayor velocidad” de respuesta a las demandas cotidianas de mantenimiento y prestación de servicios esenciales.

Asimismo, otras áreas experimentaron movimientos internos dentro de la jerarquía municipal. La Subsecretaría de Innovación y Participación Ciudadana pasó a depender de la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación, bajo la conducción de Diego Martín, que el pasado 5 de diciembre asumió formalmente en el cargo luego de su paso por la Dirección de Turismo -que aún está vacante-.

Por otro lado, la Dirección de Inspección General y Habilitaciones será trasladada a la órbita de la Secretaría de Protección Ciudadana, unificando así las tareas de control y prevención.

Respecto a la cobertura de vacantes, el secretario de Gobierno fue cauteloso y evitó confirmar nombres y adelantó que los nuevos funcionarios asumirán sus funciones en el transcurso del mes de enero.

En cuanto al caso de la Dirección de Turismo aclaró que no existieron dificultades para dar con el perfil acorde, sino que se buscó la persona adecuada que pudiera adaptarse a la fuerte “contracción al laburo” que impone el estilo del Intendente y a la que “hay que adaptarse y seguir el ritmo”.

Identidad radical y la Lista 3

En otro pasaje de la entrevista radial, el presidente del Comité de la Unión Cívica Radical aportó su mirada sobre la estrategia electoral que el histórico partido llevó adelante en los últimos años. Así, especuló que si el radicalismo hubiera competido con la histórica Lista 3, el resultado habría sido mejor en el plano local y recordó que fue una moción del Comité de Tandil ante las autoridades provinciales la de intentar ir solos, pero que la mayoría de los distritos optó por confluir en frentes electorales. “Los que no apostamos a ir por ningún frente fuimos minoría, una vez más, pero no claudicamos en nuestra forma de pensar”, defendió.

Para Lunghi (h), el radicalismo es el “único partido” que ejerce la democracia interna “de forma permanente”, aunque reconoció que muchas veces se terminan aceptando “formatos alimenticios” que vienen impuestos desde las conducciones superiores.

-Sin embargo, parece que cada vez están más cerrados y que no habilitan a otros espacios para generar otra fortaleza en la propia gestión…

-Es una visión, podría responderla el Intendente. No considero que estemos cerrados, creo que el Intendente, si apuesta a que ocupe la Secretaría General de Gobierno, tendrá en cuanta los años que llevo en la Secretaría de Gobierno como experiencia y que, a su vez, he transitado con diferentes jefes de Gabinete y siempre he trabajado con ellos temas que tienen que ver con la Jefatura de Gabinete.

La política como "vocación" 

-¿Qué mirada tiene respecto a las dificultades para conseguir personas que ocupen cargos en el Gabinete? Más allá de la vocación que se requiere, también es cierto que muchos lo utilizan como lugar que genera ciertos beneficios y que después permite una proyección al privado.

-Puede ser que beneficios, pero también perjuicios. Uno cuando está en la función pública está permanentemente expuesto a la crítica, a la demanda de resolver cosas que quizás no son de tan fácil resolución. Para mí la política es una vocación. La viví desde muy chico, la abracé, me encanta hacer lo que hago y lo seguiría haciendo mientras pueda, con o sin salario. No tengo ningún inconveniente. Me considero un militante y lo seguiré siendo, esté o no en la función pública. Acompañaré la gestión de Gobierno del lugar que me toque y creo que si uno quiere la política y la considera una herramienta de transformación social, cuánto o no gana es secundario al momento de tomar la decisión de afrontar el desafío de poder llevar adelante esas pequeñas decisiones diarias que uno intenta tomar para mejorar o intentar, mínimamente, ir transformando la realidad de las personas.

-¿Cómo se lleva con ese señalamiento, que incluso se baja a nivel nacional, que viven de la política?

-Con respecto a esta estigmatización que hay, a mí no me afecta. No sé qué le resulta a otros dirigentes de cercana edad. La realidad es que si uno lo que hace lo hace convencido, el discurso de la antipolítica nunca me afectó. No me afectó, por ejemplo, cuando en su momento decía que no debía haber parientes. Yo mamé la medicina también, la dirigencia porque el Intendente fue presidente del Círculo Médico, fue interventor nombrado y lo acompañé cuando el exintendente (Julio) Zanatelli lo designó en un instituto. El Intendente gestionó la cuestión privada y gestionó la actividad pública. Yo lo acompañé y lo sigo acompañando y lo acompañaba en esas etapas de mi vida. Me iba del colegio San José al bloque de concejales o la Clínica Chacabuco en la década del ‘80. He pasado más horas en Mitre 550 que en el club Gimnasia, que soy socio e hincha. No sé si soy raro, algunos somos bichos de comité. Yo soy un bicho de comité.

-Y lo dice con orgullo.

-Por supuesto, ese es mi lugar. Mitre 550 me sigue generando las mismas sensaciones de adrenalina, satisfacción diariamente, ahora y siempre fue así. Lo extrañé cuando no estuve en forma permanente viviendo en mi ciudad, en Tandil, cuando me fui a estudiar Derecho a Buenos Aires.

El presupuesto y los desafíos para el próximo año 

La discusión por el Presupuesto 2026 marca el ritmo del debate en el Concejo Deliberante. Sin embargo, se presenta también como uno de los desafíos para el oficialismo en virtud de la dinámica de la nueva composición y la pérdida de la mayoría. “Teníamos una cantidad mayor de legisladores; pero hay que trabajar y esforzarse, y creo que los otros bloques tendrán que analizar el presupuesto”, planteó.

En ese sentido, y en lo relativo a la proyección económica, también sumó a la discusión argumentos vinculados a una situación financiera compleja, marcada por la “merma” en la coparticipación y el “retiro” del Gobierno nacional.

Explicó que el Municipio debió absorber una demanda creciente en el Sistema Integrado de Salud y enfrentar costos operativos que superaron los índices de inflación oficiales, particularmente en combustibles y energía eléctrica, insumos para la prestación del servicio de recolección de residuos y la extracción de agua.

El funcionario se enfocó también en la deuda que la Provincia Aires mantiene con Tandil, en cuanto a prestaciones por IOMA, y 705 millones de pesos vinculados a la Ley de Paisaje Protegido, recursos que son para cubrir los salarios de los empleados de las canteras. A esto sumó más de 500 millones de pesos en certificados de obra pública que la Nación adeuda al distrito.

“Es un presupuesto acorde a las necesidades que se vienen”, defendió y descartó que se busque “ampliar servicios, generar obras o incorporar áreas”.

En este escenario, Lunghi (h) lanzó un mensaje a los bloques de la oposición, instándolos a actuar con responsabilidad en el tratamiento de la “ley de leyes”, el programa político de la gestión para 2026. “Que hayamos perdido no quiere decir que no tengamos un programa político. Hasta el 10 de diciembre de 2027, el Intendente es el que va a llevar los hilos de la ciudad y el que va a determinar las políticas públicas del Ejecutivo; no hay que apresurarse, la carrera es larga”, advirtió.

Ante la posibilidad el presupuesto no fuera aprobado en las sesiones ordinarias, el secretario de Gobierno planteó dos alternativas: la prórroga del presupuesto actual o la convocatoria a sesiones extraordinarias durante el mes de enero para el tratamiento del proyecto para el próximo ejercicio.

Pasión granate: “En Tandil, somos muchos más de Lanús”

El secretario de Gobierno e hijo del jefe comunal repasó los orígenes de su sentimiento futbolístico. “Soy hincha de Lanús y hay muchos más de los que parece”, afirmó con convicción, en relación a la cantidad de personas que llegó a Tandil no solo de localidades vecinas, sino también de puntos como Lomas de Zamora, Avellaneda o de Lanús.

El origen del fanatismo no fue casual, sino que respondió a una historia familiar que se remonta a mediados de la década del 50. Todo comenzó con su tío, Carlos Oreste Lunghi, el hermano mayor del actual Intendente, que se instaló en la ciudad de La Plata para cursar sus estudios universitarios. En aquel entonces, un grupo de amigos decidió rebelarse contra la hegemonía de River Plate y Boca Juniors en la que cada uno debía elegir un club. A su tío le tocó seguir al Lanús.

Mientras que Miguel Lunghi (h) profesa su amor por el granate, su padre es hincha de Independiente de Avellaneda, pero vinculó esa diferencia en una visión sobre la política y el deporte. “Mi viejo dice que él es un radical auténtico y que los radicales tenemos que ser hinchas de Independiente”, relató y citó el ejemplo de Raúl Alfonsín.

“El fútbol de Independiente y el fútbol de Lanús siempre han sido pelota al pie y pase. Hay cuestiones que nos conectan, decía mi tío. Además, obviamente, considero el fútbol de esa manera, no soy resultadista”, cerró.

Dos días después del reinicio del conflicto, que a comienzos de noviembre entregó otro capítulo, se celebró ayer una nueva audiencia en la delegación regional del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires en el que el Municipio y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil -STMT- acordaron un período de conciliación en el marco de la medida de fuerza que el lunes inició un grupo de recolectores de la Dirección General de Servicios.

En el marco de un contexto de negociaciones laborales, la decisión establece un plazo de vigencia de 15 días corridos durante el cual se abrirá un marco de diálogo con miras a lograr un punto de entendimiento que ponga fin a la discusión.

La decisión fue el resultado de una audiencia que se celebró ayer por la mañana en la sede de Pinto 520 y que contó con la presencia de representantes de la comisión directiva del sindicato que preside Roberto Martínez Lastra, y de funcionarios del Gobierno comunal, los secretarios de Gobierno Miguel Lunghi (h), y sus pares de Planeamiento y Obras Públicas Luciano Lafosse y de Legal y Técnica Javier López.

El paro por tiempo indeterminado comenzó el pasado lunes 9 a instancias de un reclamo por lograr la actualización en el precio que paga el Municipio por el kilo de residuos recolectado.

De acuerdo a lo informado desde el Ejecutivo, durante el encuentro las partes expusieron sus posiciones en relación a los reclamos planteados por el sindicato y las respuestas presentadas por la administración comunal.

En este sentido, con el objetivo de garantizar un ámbito de “diálogo constructivo” y la continuidad de los “servicios esenciales” para la comunidad, la autoridad provincial dictó la medida de conciliación obligatoria por un lapso de 15 días corridos.

El Municipio reafirmó su “voluntad de diálogo permanente y colaboración para encontrar soluciones al conflicto para garantizar la prestación del servicio de recolección”.

Desde la organización que representa a los empleados de la comuna, no emitieron comunicado. Sin embargo, según dejaron trascender los delegados del área dependiente de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, acatarán la disposición que emanó el organismo provincial, pero volverían a reclamar una vez que se cumpla el plazo de la conciliación. 

En principio, se abrirá un compás de espera por dos semanas. La expectativa será poder acercar posiciones para lograr un punto de entendimiento en un conflicto que aún no encuentra solución. 

La postura del Gobierno 

Un día después del anuncio del paro por tiempo indeterminado de los trabajadores de Servicios, el Gobierno municipal convocó a una conferencia de prensa para dejar asentada la postura en rechazo de la acción que suspendió un “servicio esencial” y adelantó durante el actual ejercicio no modificarán el valor kilo por fuera de la paritaria. 

Durante la convocatoria, que coincidió con la manifestación que los trabajadores llevaron adelante en la exBuxton, anunció que pidió al Ministerio de Trabajo que declare ilegal la medida. “Consideramos que si es un servicio esencial, un paro por tiempo indeterminado es ilegal”.

En ese marco, también entró en discusión la posibilidad de contratar una empresa para cumplir con el servicio, retomando la posibilidad de privatizar la actividad. “Tenemos que ir a una modificación del sistema de recolección y ahí tenemos una ordenanza de contenerización. Eso tendrá que ser parte de la evaluación”, plantearon desde la gestión de Miguel Lunghi.

De acuerdo a los datos suministrados por los funcionarios, actualmente son poco más de 100 los trabajadores recolectores en la ciudad.

Un día antes, el lunes, emitió un comunicado en el que expusieron los antecedentes vinculados al conflicto. En esa línea, indicó que el pasado 22 de noviembre el Municipio y el sindicato “solicitamos conjuntamente a la delegación local del Ministerio de Trabajo la suspensión de la etapa de conciliación obligatoria que se estaba tramitando, haciéndole saber que se continuarían las tratativas de forma privada, reservando en dicha oportunidad el derecho a reanudar las tratativas en caso de ser necesario”. 

Entonces, al no haber arribado a un acuerdo en el ámbito privado, el viernes pasado el Departamento Ejecutivo pidió al organismo bonaerense la reanudación de las actuaciones administrativas, como así también la prórroga del plazo de la conciliación obligatoria, por cinco días hábiles más. 

Medida de fuerza

Como se informó en estas páginas, el lunes los recolectores de la Dirección de Servicios anunciaron una medida de fuerza por tiempo indeterminado en reclamo por mejoras para el área.

En ese marco, uno de los delegados sindicales Luciano Disipio había señalado que durante el anterior periodo de conciliación se reunieron en dos ocasiones con la comuna en la que plantearon que “hace rato no se invierte en el servicio”.

En materia salarial, no hay un reclamo concreto “sino que se nos recomponga la plata que se nos congeló en su momento, que con la inflación que hay en el país, hoy se siente”.

Continúan las repercusiones en torno a la resolución que dictó el Juzgado de Garantías 1, que ordenó dejar sin efecto la medida cautelar vigente y autorizó al abastecimiento de energía eléctrica a las familias que ocupan el predio de calle Piccirrilli al 2000, en La Movediza.

En este caso, el Ejecutivo se hizo eco de la medida, reconoció sorpresa por los alcances de la sentencia del doctor José Alberto Moragas y marcó el giro en el posicionamiento al apuntar que anteriormente había dictado una ampliación de la medida cautelar que facultó a la Usina a hacer el operativo antifraude y proceder con el corte de suministro.

En una entrevista con el ciclo La Mañana de El Eco (104.1 Tandil FM, EcoTV y El Eco Streaming), el secretario de Gobierno, Miguel Lunghi (h), y su par de Legal y Técnica, Javier López, analizaron el escenario actual, el impacto que tiene la medida dictada por la Justicia y demandaron “celeridad” en el proceso frente a una delicada situación. “Para nosotros es muy preocupante todo esto”, señalaron.

Asimismo, adelantaron que la Usina, que recibió en las últimas horas la notificación de la medida judicial, evaluará las condiciones del predio para definir un esquema que permita eventualmente dotar el servicio en condiciones de seguridad, mientras define realizar una presentación para obtener mayores precisiones para conocer “cómo pretende la Justicia que se lleve adelante” y la posible apelación.

Contradicción 

Para el secretario de Gobierno, se produce una “clara contradicción” entre “lo que opina la Justicia que tiene que ocurrir en ese lugar con lo que forma parte de las resoluciones del Poder Ejecutivo nacional”, para el cual la inclusión en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) en diciembre de 2023 “aún sigue vigente”.

La referencia apunta a que “teníamos entendido que el predio no formaba más parte de ese registro” a partir del cuestionamiento que generó y que derivó en la declaración de inconstitucional del decreto que dio curso a esa medida impuesta el año pasado.

“Y ahora nos encontramos con una ratificación por parte del Gobierno nacional a través de la Dirección de Hábitat y Vivienda del Ministerio de Economía con respecto a una resolución del anterior gobierno”, observó el funcionario, que interpretó que esta condición genera un “problema” entre dos poderes del Estado, el Judicial y el Ejecutivo.

 “Hay un cambio de criterio”

Por su parte, el secretario de Legal y Técnica, Javier López, consideró que detectaron un cambio en la sentencia que dictó el Juzgado de Garantías en cuanto a la postura que tenía en relación a la medida cautelar que dictó con anterioridad.

“Hay un cambio de criterio”, afirmó y agregó que se debe a cuestiones que son “ajenas al Municipio” y que tienen como factor preponderante “un informe que acompaña la defensoría oficial que lo emanó un organismo de la Nación y que no tiene en consideración la decisión que en el Departamento Judicial de Azul tomó el órgano de instancia superior, la Cámara de Apelaciones”.

En ese caso, “la Justicia falló y falló en favor de la familia Moauro, y decretó la inconstitucionalidad de todas las resoluciones dictadas por el organismo nacional que en diciembre incluyó el lote en el Registro Nacional de Barrios Populares”, repasó el secretario.

Entonces, la sentencia que dictó el tribunal de alzada está en una instancia de “revisión”, pero consideró que “es importante tener en cuenta que ya hay un pronunciamiento de la Justicia fundado en ley, que ahora está recurrido por la defensa de la gente que hoy está ocupando ilegalmente el predio”, por lo que se encuentra en revisión por Casación en grado de queja. 

No obstante, López remarcó que ese pronunciamiento es el “último” que dictó la Justicia, en el que fijó que la incorporación al Renabap del terreno en La Movediza “está dada por actos que la Cámara considera que son inconstitucionales”.

En medio de todo este proceso legal, “nos encontramos que un funcionario del Gobierno actual ratificó” que la fracción de terreno “formaría parte del barrio La Movediza 1” porque “si bien no lo dice formalmente, ese informe es enviado en relación a la causa” que se inició por la usurpación del inmueble con fecha del 19 de junio de 2024.

En definitiva, señaló que “evidentemente, lo que la Cámara resolvió, para la Nación no tiene efecto alguno”.

Un nuevo escenario

En otro pasaje de la entrevista radial, López repasó que se encuentran frente a un escenario con una sentencia de Cámara que “es muy importante”, ya que es la que “dijo que vuelvan las cuestiones a primera instancia y ordenó el desalojo”. Si bien se interpuso un recurso de apelación, “establece que ese predio debería ser desalojado”.

En este contexto, otra sentencia dictada por un juez de primera instancia “nos indica que en ese predio, que está con una orden de desalojo, si las personas que están allí solicitan servicios a los proveedores tienen el derecho de hacerlo y de exigir la prestación de ese servicio”.

Será entonces la Usina la que deberá evaluar las condiciones y los requisitos que deben cumplir esas personas que eventualmente se presenten a solicitar el suministro. 

Este planteo abre un nuevo escenario, incluso para los casos en los que intervenga la Dirección de Obras Sanitarias para la provisión de agua potable. Lunghi (h) señaló que tienen que darse una serie de condiciones en el predio para llevar adelante una obra de infraestructura. Incluso, esa acción “puede ser objetada por el propietario”, alertó y especuló que “si posteriormente la Justicia resuelve en contrario de esta disposición, quién se hará cargo del costo”.

“No nos parece fácil de abordar esta resolución nuevamente dictada por el juez Moragas”, ratificó el secretario de Gobierno.

Independientemente de la situación social, el secretario de Legal y Técnica apuntó que “tenemos en Tandil un montón de casos en los que el Municipio procura ayuda” a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat e insistió con el pedido a la Justicia de “mayor celeridad para que esta cuestión pueda ser definida”.

Para finalizar, aclaró que el Municipio “no convalida ni acepta” la toma de tierras “que luego sea sostenida en el tiempo para privar el derecho de propiedad que legítimamente tiene la familia Moauro. Pedimos la mayor celeridad posible para que se puedan resolver estas cuestiones”.

El Municipio informó que en los próximos días se realizarán modificaciones en el equipo de gobierno local. El doctor Miguel Lunghi (hijo) asumirá el cargo de Secretario de Gobierno, mientras que la señora Alejandra Marcieri será la nueva Secretaria de Protección Ciudadana comunal.

Desde la Jefatura de Gabinete se explicó que estos cambios reflejan el compromiso del gobierno que encabeza el intendente Miguel Lunghi por mantener un equipo de gestión con experiencia y dedicación, al servicio de la comunidad.

Miguel Lunghi (hijo) es abogado y desempeñó diversos roles en la administración pública; ocupando los cargos de Subsecretario y Secretario de Gobierno. Actualmente, se desempeña como vicejefe de Gabinete del Municipio de Tandil.

Alejandra Marcieri es docente y fue concejal y consejera escolar. Entre 2010 y 2015 fue Directora de Habilitaciones y de Inspección General. Posteriormente, ocupó el cargo de Secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat desde 2015 hasta 2023. En la actualidad, encabeza la Secretaría de Gobierno y ejerce interinamente como Secretaria de Protección Ciudadana.

El Gobierno bonaerense formalizó la creación del Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios, a través del decreto 1610/2023, publicado el lunes en el Boletín Oficial, “con el objetivo de coadyuvar a los municipios de la provincia para el pago de una asignación no remunerativa extraordinaria para los trabajadores municipales”.

El marco planteado por la administración de Axel Kicillof indica que las asistencias financieras serán de hasta el 50 por ciento del monto informado por el municipio, y que serán reembolsables.

Los montos otorgados a los municipios deberán ser reintegrados a la Provincia en noviembre o diciembre de 2023 y no devengarán intereses ni gastos administrativos de ninguna índole.

La asignación de ayudas financieras “será efectuada a solicitud del municipio” para lo cual deberá pedirlo el intendente o el contador de cada distrito y se deberá consignar el monto total que implica el pago de la asignación no remunerativa extraordinaria “en los términos estipulados a nivel nacional, acompañando una declaración jurada que justifique la suma informada, en la cual se indique la cantidad de agentes municipales que quedarían alcanzados como beneficiarios y los valores de la asignación”.

Al conocer los alcances, el Ejecutivo comunal adelantó que no solicitará la ayuda financiera para afrontar el pago de la asignación para la masa de trabajadores municipales, un total de 2.700 empleados, y que “por el momento” continuará con la paritaria.

En diálogo con La Mañana de El Eco, el secretario de Gobierno del Municipio, Miguel Lunghi (h), confirmó que no solicitará un “adelantamiento de la coparticipación” en los términos que planeta la Provincia para referirse a los fondos reintegrables, y dijo que “seguimos con nuestra propia paritaria” con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil, la cual retomará la semana próxima. “Después se verá si se requiere o no de recursos de la Provincia. Hasta el momento no la vamos a solicitar”, resaltó.

El funcionario explicó a El Eco Multimedios que el decreto provincial admite hasta el 50 por ciento de la suma fija que se acuerde. “No es el ciento por ciento”, y ejemplificó que, “ante una suma fija de 30 mil pesos no remunerativa, la provincia financiaría 15 mil pesos. Y durante los meses de noviembre y diciembre se debe devolver de la coparticipación”.

En este contexto, Tandil no tomaría la opción ya que “estamos retomando las paritarias”, aseguró. “El anuncio del ministro de Economía Sergio Massa fue posterior a la negociación que había comenzado entre la entidad gremial y el Municipio, que termina con un adelantamiento de la paritaria ya acordada”, contextualizó Lunghi (h).

“Por el momento, no estamos solicitando ese adelantamiento de dinero ya que tenemos una paritaria en curso”, insistió e indicó que los integrantes de la mesa serán convocados a una reunión para la semana próxima, en la segunda quincena de septiembre.

El diálogo también abrirá un mes antes, al igual que el porcentaje de ajuste acordado en la anterior paritaria con el Sindicato de Municipales.

Por otro lado, el secretario de Gobierno observó que “si la resolución se toma como Nación la hizo, hay un tope para aquellas personas que ganan más de 400 mil pesos”, mientras que, “si ganan 380 mil el 50 por ciento de la diferencia la solventaría la Provincia como adelanto y, por ende, tendríamos que devolverlo de la coparticipación de diciembre, que es la que tiene el aguinaldo”.

Esos recursos tendrán un plazo de devolución ya que deberán ser reintegrados a la Provincia en noviembre y/o diciembre de 2023. En ese sentido, fue claro al indicar que la masa coparticipable que envía esos meses resultan de importancia ya que son utilizados por los municipios para afrontar el pago de los salarios y aguinaldos.

No obstante, aclaro que deben abordar la discusión en torno al pedido de una suma fija realizada por el sindicato que dirige Roberto Martínez Lastra para noviembre por el Día del Trabajador Municipal. 

“Preferimos seguir con nuestra paritaria, lo que demuestra cierta autonomía y por eso firmamos un convenio colectivo de trabajo entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores Municipales y ahí dar los incrementos correspondientes”, enfatizó el secretario, que defendió la actualización salarial otorgada a los empleados comunales que alcanza el 70 por ciento con los haberes de septiembre.

Plazos fijos

Por otro lado, y en medio de los cuestionamientos sobre la disponibilidad de recursos en plazos fijos, el secretario de Gobierno defendió que el Municipio pudo dar aumento “porque teníamos dinero para poder afrontarlo”.

A más argumentos, indicó que los recursos afectados “son para obras, pero las redeterminaciones (de precios) se afrontan con recursos de libre disponibilidad”.

“Como hay redeterminaciones producto de la inflación, esos recursos se depositan en la entidad bancaria para su resguardo y que el impacto sea menor en las arcas municipales”, explicó.

La semana pasada el concejal del Frente de Todos, Darío Méndez, salió a achacarle al Gobierno de Miguel Lunghi la suma en plazos fijos con la que podría afrontar el pago del bono anunciado por la Nación.

“Señor Intendente, acá tiene el dinero necesario para pagar el bono a los trabajadores municipales”, expresó mediante un posteo en sus redes sociales el edil de la bancada opositora.

La referencia fue en torno a los 1.400 millones de pesos con el que cuenta el Municipio y a partir del cual, consideró, las autoridades locales podrían afrontar en una cuota el pago del bono al conjunto de la planta de la comuna y hasta “sobraría plata”. 

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Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil, Roberto Martínez Lastra, planteó ante los micrófonos de la radio de El Eco la postura de la organización sindical y apuntó los cuestionamientos a la interna política.

En primer lugar, sostuvo que “tenemos pedido un bono para el Día del Trabajador Municipal de 60 mil pesos”, que “no se concretó todavía”, pese a que tuvo “un visto bueno” en su momento.

“Depende de la segunda paritaria, la semana que viene nos sentaremos para ver qué es lo más conveniente”, explicó.

A modo de posicionamiento, el dirigente planteó que “no conviene” la suma fija que planteó el Gobierno nacional y alertó que “vamos a analizar de modo trimestral” el comportamiento inflacionario para “no quedar detrás”.

En esa línea, reconoció que los salarios de los empleados municipales “están bajos”, pero destacó que lograron ajustes “por encima de la inflación”, por lo que la atención estará puesta en evitar ese impacto y que “no nos gane la inflación”.

Para finalizar, y sobre las internas dentro del peronismo, Martínez Lastra expuso que “este es mi último mandato” luego de 25 años de gestión al frente del sindicato, por lo que desafió que “tienen tres años para armar una lista”.

De todos modos, alertó que “hay que ser una opción para convencer a los compañeros que van a seguir apoyándonos”.

Mientras se resuelve el pliego de la nueva concesión del transporte público de pasajeros, el proceso de implementación de la SUBE en Tandil presentó un inconveniente en cuanto a la incorporación de una figura definida desde el Gobierno comunal entre las modalidades de comercialización, pero que no implica demora en cuanto al desembarco de la tarjeta.

En principio, la aplicación del Abono Transporte Tandil –que prevé un número ilimitado de viajes mediante pago anticipado con un costo de 35 boletos planos- no es compatible con el sistema nacional, aunque no implique una demora en su puesta en funcionamiento.

Igualmente “seguimos avanzando”, ya que “una cosa no quita a la otra”, por lo que “dejaremos planteadas estas cuestiones para ver si se pueden estudiar en un futuro y si las podemos implementar”, aseguró el secretario de Gobierno, Miguel Lunghi (h).

En diálogo con el ciclo radial “Cosas que pasan” (104.1 Tandil FM), el funcionario actualizó el estado de situación del trámite y el avance hacia la ubicación de las terminales de autogestión del esquema nacional. En tanto, planteó el inconveniente para la incorporación de una de las tres figuras definidas en el nuevo pliego sancionado por el Concejo Deliberante para la nueva concesión en cuanto a las dificultades técnicas para su ejecución.

El desafío es resolver antes del 12 de abril la concesión del servicio público a las empresas que se presentaron a la licitación. El plazo refiere a la última prórroga otorgada por el Legislativo.

El expediente con el decreto de preadjudicación elevado por el Ejecutivo ya se encuentra en tratamiento en la Comisión de Transporte del Concejo, que deberá evaluar las ofertas realizadas por las seis empresas que actualmente tienen a cargo el servicio para definir la adjudicación. 

Ese paso cerrará un proceso que habilitará la implementación de la SUBE en Tandil, para lo cual una mesa de trabajo se constituyó para resolver el desembarco de la tarjeta en el marco del convenio firmado en noviembre pasado con el Ministerio de Transporte de la Nación.

Puntos para la gestión de las tarjetas

En diálogo con El Eco Multimedios, el secretario de Gobierno ratificó que hubo avances en el trámite en relación al cumplimiento de los requisitos y de las gestiones en la etapa de compatibilidad del sistema local con la SUBE.

En este momento, resta resolver la ubicación de las Terminales Automáticas SUBE (TAS) en las que los ciudadanos que utilicen el transporte podrán acreditar las cargas electrónicas, aplicar la Tarifa Social y consultar y recuperar el saldo.

Sin plazos en cuanto a la conclusión del procedimiento, esperan definir este punto durante lo que queda de febrero, para elevar la propuesta a Nación. “Nos queda determinar todo lo que es la unidad de gestión SUBE”, que son los lugares donde los usuarios se van a empadronar para luego habilitar el atributo. “No es en las unidades de gestión donde los atributos se cargan, sino que se individualizan las tarjetas, se validan cuando se acercan a las terminales de autogestión y ya se habilitan con el descuento pertinente en el caso que tenga algún beneficio”, aclaró el funcionario.

De acuerdo al modelo de Olavarría, el cual conoció tras una reciente visita, “vimos cómo funcionan esas terminales, que deben tener conexión a internet, energía, deben estar bajo techo”, y también una georreferencia y que “busquemos lugares que tengan la mayor amplitud horaria posible”.

A modo de ejemplo, citó el caso de los jubilados, que accederán a un descuento sobre el valor del boleto plano. El usuario deberá acercarse a una terminal de autogestión, también denominadas “tótems”, colocar la tarjeta sobre la pantalla y “con sus datos cargados irán a validar” ese atributo para que sea efectivo. 

“Una vez que la tarjeta quedó chipeada, no es necesario validarla nuevamente. Se hace una sola vez”, aclaró. De todos modos, la situación cambia con los atributos que tienen relación a condiciones que pueden variar, como por ejemplo, la educación.

“Mientras sean estudiantes secundarios, tendrán que validar todos los años esa condición y, cuando ese usuario pase a ser universitario, validará por otro atributo”, explicó.

El PASE, el Programa de Accesibilidad Socio Educativa para los estudiantes del nivel primario y secundario, será incluido como beneficio dentro del sistema nacional.

“Estamos georreferenciando las TAS en diferentes zonas de la ciudad” bajo un criterio que vincule los recorridos de las líneas de colectivo y que marque espacios con amplitud horaria, como dependencias gubernamentales. “Todavía no terminamos con esa tarea, que es una de las que nos queda pendiente para completar y elevar”, resaltó.

Atributos locales incompatibles

Para la nueva concesión, el Ejecutivo incluyó nuevas modalidades de comercialización como el sistema de pasajero frecuente, la universalización de las paradas del boleto combinado, y un Abono Transporte Tandil.

Los dos primeros no presentan restricciones en cuanto a su implementación en el esquema nocional ya que encuentran un paralelismo bajo la figura de “escalerita” y “trasbordo”. Sin embargo, el abono no sería viable. “Hoy parece que está difícil su implementación, pero vamos a buscarle la vuelta”, enfatizó Lunghi (h).

El planteo surgió en el marco de las conversaciones que las partes mantuvieron luego de la firma del convenio de adhesión de la ciudad a la SUBE. En ese sentido, una de las cuestiones “más complejas” de resolver fue la posibilidad de aplicar ese tipo de pasaje propuesto.

“La semana pasada nos contestaron que no ven viable la aplicación de ese beneficio dentro del sistema nacional porque no funciona como cantidad de viajes sino con dinero (monedero)”, planteó el secretario de Gobierno.

En respuesta, según declaraciones radiales, “les explicamos es que es una suma predeterminada de cantidad de pasajes de boleto plano”, que “siempre es plata”. En efecto, graficó que el abono de 35 viajes al valor del boleto plano le permiten un uso ilimitado durante un determinado período.

Por el momento, desde Nación “nos dicen que no es viable dentro de la SUBE”, que debe funcionar “como un sistema único para todo el país”, expuso.

De todos modos, sostuvo que “vamos a intentar seguir con las gestiones para ver de qué manera logramos implementar el Abono Transporte Tandil en la localidad”.

“La voluntad es tratar de destrabar esto y que se incorpore a la SUBE junto con los beneficios que trae”, ratificó, aunque insistió que “no se trata de una cosa o la otra”, por lo que “seguimos avanzando con la SUBE”.

Y para finalizar, Lunghi (h) se refirió a la posibilidad de incluir figuras que les permitan a las localidades incrementar el índice de pasajeros por kilómetro (IPK) ya que se trata de uno de los ítems “más importantes” que se discute al momento de definir el cuadro tarifario que regirá en la ciudad.