El Municipio llamó a licitación para las obras de agua y cloacas del Desarrollo Urbanístico Sans Souci. Las mismas serán financiadas por el Ministerio de Infraestructura de la Provincia, y la noticia supone un paso más en la infraestructura de servicios para el barrio. También para la futura reanudación de los trabajos de las 156 viviendas del lugar, que ya presentan un 80 por ciento de avance. 

El secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, dialogó con El Eco e indicó que la apertura de sobres será el próximo 30 de junio y que tras la adjudicación, se contempla un plazo de 120 días para la finalización de la obra. En breve, marcó el secretario, llamarán a licitación para la red de gas, mientras que el tendido eléctrico se realizará por contratación directa.

Lafosse se refirió también al compromiso de Provincia -en concreto, el Ministerio de Hábitat y Vivienda-, para la apertura de calles y los desagües pluviales, y sostuvo que ambas obras “pueden coexistir”.

La Cooperativa Falucho está a cargo del trabajo del desarrollo de las 156 viviendas, cuya obra se encuentra neutralizada por pedido de Provincia. El gobierno bonaerense alegó meses atrás la necesidad de contar con infraestructura para continuar con el proyecto.  El futuro del barrio dependerá también de cómo se retome la construcción una vez que cese la mencionada neutralización.

Por otro lado, se encuentra paralizada la Planta de Tratamiento de Efluentes que se emplazó frente al Desarrollo Urbanístico. La misma tendrá impacto sobre Sans Souci, pero también sobre otros proyectos como el de Carrasco y los barrios de De Corazón Tandilense.

-La noticia es que se llamó a licitación para los servicios de Sans Souci…

-Luciano Lafosse: El 30 de junio se van a abrir los sobres de los servicios de agua y cloacas, que contempla 2950 metros de red de agua y 2175 de cloacas, con 156 conexiones domiciliarias. A su vez, la red de provisión de agua contempla dos perforaciones con sus bombas para poder tener un esquema de abastecimiento continuo, y una planta de ósmosis para bajar los niveles de nitratos que pueda llegar a tener el agua de ese sector, mejorar las condiciones químicas del agua.

Y son 1970 metros de red de cloacas y 16 bocas de registro. Obviamente son cañerías de determinada clases, y una cisterna de alrededor de 150 m cúbicos de almacenamiento de la cisterna.

Esta obra está presupuestada en con un valor oficial de 2200 millones de pesos, con un plazo de 120 días. La de gas son 190 millones de pesos.

-¿Cómo son los pasos?

-Se abren los sobres, se hace un proceso de pre-adjudicación por parte del Municipio. Como estos son recursos que provienen de Provincia, le enviamos la pre-adjudicación, y formaliza el convenio específico por un monto determinado. Cuando nos remite a nosotros ese convenio, nosotros adjudicamos y se empieza a realizar la obra.

-Esto significa un avance importante para un desarrollo de 156 viviendas…

-Sí, 156 viviendas, que están ya en construcción. Y paralelamente, en los próximos días también vamos a sacar la licitación de lo que es la red de gas.

También tenemos el compromiso por parte del Instituto de la Vivienda, o el Ministerio de Hábitat y Vivienda, de que ellos se van a encargar de los trabajos de la apertura de la de las calles y los desagües pluviales que requieren todo ese desarrollo urbanístico.

-¿Porqué no abrieron las dos licitaciones juntas, las de agua y gas?

-Por una cuestión de ordenamiento nuestro. Inicialmente la que estaba para salir era la de gas. Por cuestiones propias del gas inflamable, se genera la necesidad de tener mayores precisiones respecto a los niveles de vereda y preferimos iniciar con cloacas paralelamente a la apertura de las calles.

Agua, cloacas, calles y pluviales

-¿Se puede avanzar con la obra de agua y cloacas sin contar con los pluviales y la apertura de calles?

-Puede ser que coexistan las dos obras. Lo que nosotros tenemos son las precisiones respecto del proyecto ejecutivo, de cuáles van a ser los niveles de los cordones. Con lo cual tenemos los niveles de vereda y además ya tenemos los niveles de los umbrales de las viviendas.

-¿Pero no van a tener que abrir dos veces?

-No, las calles se abren, se hace un trabajo de apertura de caja, se le hace el aporte de los materiales, se le hace el cordón cuneta y paralelamente se pueden ir haciendo también las obras de agua y cloacas.

Lo que lo que sí se tiene que tener en consideración para los proyectos de agua, cloacas y de gas también, son los niveles del cordón.

-El compromiso de Provincia con respecto a los fondos está, pero no es la mejor situación económica, tampoco para el gobierno bonaerense…

-Para Provincia no. Pero hay un compromiso por parte del ministro Katopodis y estamos articulando con dos ministerios. Y también está la Cooperativa Falucho, que es la empresa adjudicataria de las viviendas, que está empujando para poder hacer las obras de apertura de las calles y poder avanzar con la obra. Las viviendas tienen un buen nivel de terminación.

-¿Qué pasa con el tendido eléctrico?

-Para esa instancia va a ser una adjudicación por compra directa a quien es el concesionario, a la Usina, de todo lo que es tendido eléctrico a través de un cable de pre-ensamblado y el alumbrado público.

Luego de la denuncia en la que un grupo de vecinos dio a conocer que el desarrollo de un loteo ubicado entre las calles Pedersen, La Merced, Segundo Sombra y Chapaleofú podría inundarlos, El Eco dialogó con Luciano Lafosse, secretario de Planeamiento. El funcionario concurrirá el próximo martes 12 a la comisión de Obras Públicas  del Concejo Deliberante, tras la llegada al Legislativo de una nota presentada por los frentistas.

Consultado acerca de si el loteo en marcha podría generar inundaciones a los vecinos de Los Huesos, el funcionario marcó que “ese sector está muy bajo”, e hizo mención a anegaciones anteriores de la zona. “Lo que decimos es que no le va a modificar la escorrentía. Ellos ya se inundaron en el 2017, cuando no estaba ese desarrollo”, manifestó.

“Este proyecto de la Asociación por la No Automedicación tiene un estudio hidráulico y lo que está haciendo es evitar que haya conflicto de inundaciones. Sobre todo en este sector, pero también teniendo en cuenta la situación que tiene el barrio de Los Huesos y Vistalli”, sostuvo Lafosse.

El funcionario contó que mantuvo –junto con el director de Vialidad, Mauro Ortega- reuniones con los vecinos que manifestaron su preocupación por el loteo. “Ellos confiaban inicialmente en el estudio hidráulico que se había hecho”, sostuvo, pero que a partir de los últimos encuentros le transmitieron su desconfianza con respecto a que se materialicen las obras tal cual figuraba en el proyecto.

Sobre el hecho de que en el proyecto de los desarrolladores Los Huesos figuraba como calle “a abrir”, Lafosse indicó que “se les explicó a los vecinos que era porque no estaban formalmente abiertas con un estudio que avale los desagües de esa calle”, y que “es una arteria que la municipalidad mantiene habitualmente por lo que nosotros conocemos perfectamente el estado de la misma”.

El trazado de Los Huesos, sumó, “está relevado y tiene una cota de relevamiento”. Sin embargo, planteó que más allá del nivel de las calles, existe un conducto pluvial por Segundo Sombra que “está por debajo del nivel de Los Huesos, con lo cual no va a generar un dique”.

Aseguró que desde Planeamiento aprobaron el proyecto, el cual preveía el levantamiento del nivel de calles públicas, y que corresponde a Vialidad el control de dicha obra.

“Nosotros estamos convencidos de que hubo un estudio que hizo un profesional, que ese estudio tuvo controles, idas y venidas, y que terminó aprobándose una salida intermedia entre lo que planteó el profesional y lo que corregimos. Ahora lo que tenemos es la posibilidad de que lo que se materialice sea lo aprobado en el proyecto. Los propios estudios que hicieron los vecinos revelan que no está más arriba de lo que tiene que estar”, concluyó.

La empresa que construye una nueva sucursal de Mostaza en la esquina de Alem y avenida España se encuentra apuntalando la fachada de la casa patrimonial demolida en el lugar. Una vez completada la tarea, prevén solicitar al Juzgado de Faltas N°2 el levantamiento de la paralización de la obra.

El Eco de Tandil consultó tanto a autoridades municipales como a representantes de la firma constructora, quienes confirmaron los trabajos que se llevan a cabo. Cabe recordar, el caso de la fachada patrimonial demolida en Alem 925 tomó estado público en enero pasado. Se trata de una propiedad resguardada en el registro de obras patrimoniales a conservar, según lo establece el Plan de Desarrollo Territorial (PDT).

Sin embargo, en el marco de tareas de movimientos de suelo se produjo el derrumbe de parte de la mencionada fachada,  pese a la indicación de su resguardo. Tras registrar lo ocurrido, el Municipio calificó el hecho como “una negligencia” y paralizó la obra. Previamente, la constructora a cargo de la iniciativa comercial había presentado a la Comuna un pedido para descatalogar la propiedad de los bienes inmobiliarios resguardados.

En paralelo, la Comisión de Patrimonio –integrada por representantes del Ejecutivo pero también por profesionales del área y por representantes de la Unicen-, elaboró un informe en el cual rechazó el pedido de los constructores, y determinó una serie de recomendaciones a los desarrolladores.

A casi cuatro meses de lo ocurrido, la obra continúa paralizada. Un expediente se tramita en el Juzgado de Faltas N°2, a cargo de Vicente Pedro Oliveto, quien deberá determinar la continuidad o no de los trabajos en el lote.

Desde la Comuna transmitieron que la empresa constructora solicitó autorización para ingresar al inmueble y realizar tareas de limpieza. Desde la Secretaría de Obras Públicas se le indicó a la firma antes de avanzar con dichos trabajos, resultaba necesario efectuar el apuntalamiento de la fachada patrimonial, como medida preventiva para evitar nuevos riesgos de desprendimiento o colapso.

Por tal motivo, la empresa inició el apuntalamiento y otras tareas de resguardo de la fachada. En paralelo, aseguraron desde el Municipio, el gobierno local “a través de sus áreas técnicas, supervisa y controla que las intervenciones se desarrollen de manera adecuada y conforme a las indicaciones realizadas”

En concreto, las tareas que se desarrollan en la fachada es el refuerzo de partes del muro, la colocación de material hidrófugo en la parte inferior para prevenir el ingreso de humedad, y un trabajo de limpieza manual en un radio de 5 metros de la propiedad protegida.

Provincia dio el aval, y el Municipio llamará a licitación para las obras de infraestructura de Sans Souci: en concreto la extensión de red de gas, la red cloacal y de agua potable. Por otra parte, la obra de electricidad y alumbrado público será por contratación directa. La novedad supone un paso clave en el desarrollo del proyecto urbanístico, cuyas primeras 156 viviendas se encuentran con un avance del 80 por ciento, aunque a la fecha sigue neutralizado.

El Ministerio de Infraestructura del gobierno bonaerense envió el lunes 13 el aval para que el Municipio avance con la obra de la red cloacal y agua potable, que supone una inversión de más de 2 mil millones de pesos. Se suma así al aval enviado durante marzo para la extensión de la red de gas, que supondrá un desembolso de más de 190 millones de pesos. En paralelo, para la obra de electricidad y alumbrado público se destinarán más de 698 millones de pesos, pero de acuerdo a lo informado desde Provincia será por contratación directa previo paso por organismos de control.

El Municipio -a través de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas- trabaja ahora en el envío de los pliegos correspondientes, con el fin de que el llamado a licitación pueda concretarse durante la semana en curso. Tras la licitación, se llevará a cabo una pre adjudicación, la cual se remitirá a Provincia, y a la cual el gobierno bonaerense deberá devolver firmada avalando valor y convenio. Posteriormente se realizará la adjudicación. El comienzo de las obras podría darse a partir de los 60 días de iniciado ese proceso.

El llamado a licitación de la infraestructura para Sans Souci supondrá un paso clave en el posible fin de la neutralización de las obras de las viviendas. Cabe recordar, fue en diciembre pasado cuando la propia Provincia solicitó neutralizar el desarrollo urbanístico. El argumento principal fue justamente la falta de avance con respecto a las obras de infraestructura, aunque el pedido se dio también en el marco de una considerable deuda con la Cooperativa Falucho.

Saldada la deuda –visita del Gobernador a la ciudad mediante-, el paso siguiente fue que el Municipio enviara los proyectos de gas, agua, cloacas y tendido eléctrico al Ministerio de Infraestructura, que se había comprometido con dichas obras.  Finalmente, el gobierno provincial dio el aval final.

Una vez concretada la adjudicación, desde la Comuna estimaron que el trabajo podría comenzar en un plazo de sesenta días. Sin embargo, existe otro elemento  en juego: el desarrollo de agua y cloacas está vinculado a otras obras, las de cordón cuneta y desagües pluviales. Las mismas serán llevadas a cabo con fondos del Instituto Provincial de la Vivienda,  pero la fecha no está definido cómo será el proceso para que se concreten. Aunque según pudo saber este El Eco, existe el compromiso provincial para activarlo una vez que avance la infraestructura.

El de Sans Souci es uno de los desarrollos urbanísticos más importantes que Provincia lleva adelante. Se trata a su vez de un proyecto clave para Tandil, en el marco de una compleja situación habitacional –es una de las ciudades con mayor índice de inquilinos- y el aumento del valor de la tierra. Además, la concreción supone también la expansión urbana hacia la zona norte, indicada por el Plan de Desarrollo Territorial como el área hacia la cual la ciudad debe crecer.

Fue presentado en mayo de 2023, en un acto del que participaron el gobernador Axel Kicillof, el intendente Miguel Lunghi, y el hoy concejal Rogelio Iparraguirre. Si bien el mismo prevé otras iniciativas, como lotes con servicios y más viviendas, tras el fin del programa Procrear, se encuentran en marcha los 156 hogares principales.

La causa por la fachada patrimonial demolida –en el lote donde se prevé la instalación de un local de Mostaza- sumó un nuevo capítulo en los últimos días: el desarrollador privado presentó un plan de apuntalamiento para continuar con los trabajos de limpieza en las parcelas adyacentes, por lo que se intercambian posiciones con el Municipio a los fines de avanzar con la propuesta.

En paralelo, el expediente judicial continúa en el Juzgado de Faltas N° 2, a cargo de Vicente Pedro Oliveto. La Justicia local debe resolver sobre el tema de fondo: ¿Qué va a suceder con la fachada? Cuando surgió el conflicto, desde el Ejecutivo habían planteado que la restauración era posible.

Por el contrario, de parte de la empresa desarrolladora elevaron dos informes. El primero a cargo  de un arquitecto que marcaba que la reconstrucción no tendría valor. El segundo estaba firmado por un ingeniero civil, y señalaba que la obra corría peligro de derrumbe, por lo que indicaba la demolición urgente.

A la fecha, la obra se encuentra paralizada, por lo que la continuidad del trabajo requiere del levantamiento de dicha medida. En el caso de concretarse, sería la empresa quien lleve a cabo el apuntalamiento completo de la fachada, ubicada en la parcela 17, para proseguir con las demoliciones pendientes en las parcelas 15 y 16.

Ese trabajo contaría con la supervisión de personal de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas. Además, desde el área comunal dispondrían de un profesional auditor de dicha tarea.

El caso de la fachada patrimonial demolida en Alem 925 -en la esquina con avenida España- tomó estado público en enero pasado. Se trata de una propiedad resguardada en el registro de obras patrimoniales a conservar, según lo establece el Plan de Desarrollo Territorial.

Poco tiempo antes, en el lugar habían comenzado los trabajos de demolición para la construcción de un local de la cadena Mostaza. Pese a la indicación de su resguardo, durante el movimiento de suelo se produjo el derrumbe de parte de la mencionada fachada.

Tras registrar el hecho, el Municipio calificó el hecho como “una negligencia” y paralizó la obra. Previamente, la constructora a cargo de la iniciativa comercial había presentado a la Comuna un pedido para descatalogar la propiedad de los bienes inmobiliarios resguardados. El Eco tomó contacto con trabajadores vinculados al movimiento de suelo, quienes habían manifestado que la fachada corría peligro de derrumbe, y que se trataba de una estructura intervenida por raíces y otras complicaciones que dificultaban su recuperación

Sin embargo, la Comisión de Patrimonio –integrada por representantes del Ejecutivo pero también por profesionales del área y por representantes de la Unicen-, elaboró un informe en el cual rechazó el pedido de los constructores, y determinaba una serie de recomendaciones a los desarrolladores.

La alteración previa de la fachada “amerita sanciones, pero no anula su capacidad de recuperación”,  y “puede ser preservada con seguridad”, señalaron desde la Comisión de Patrimonio con respecto a uno de los puntos centrales del caso.

"La propiedad no corría peligro derrumbe", aseguró Victoria Bianchi coordinadora de Patrimonio, en diálogo con El Eco de Tandil unos días después del hecho. “Esto tiene que marcar un antes y un después. Una de las medidas que esperamos es la reconstrucción de la fachada”, agregó entonces la funcionaria.

En medio del debate en torno que abrió el reciente episodio en un loteo en la zona del barrio La Elena, la polémica por la urbanización en la zona de El Centinela sumó un nuevo capítulo al conocerse la denuncia penal contra el intendente Miguel Lunghi y el secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse por la presunta existencia de una trama delictiva organizada para impedir el avance del proyecto ubicado en la Chacra 274.

En diálogo con el ciclo Tandil Despierta (EcoTV y 104.1 Tandil FM), Lafosse se refirió a la acción penal presentada por los desarrolladores, ratificó que su rol será el de la “custodia” del PDT e insistió con el impacto de las urbanizaciones en el área serrana.

Durante la entrevista, el secretario calificó estas imputaciones como “extremadamente graves”, aunque se mostró confiado en el accionar de la Justicia. “Están planteando que somos una organización criminar sistemática. Es bastante fuerte y hasta desmedido”, expresó durante la entrevista televisiva.

A nivel personal, reconoció que “afectan mucho” porque no apuntan a procesos administrativos que el Municipio puede llevar adelante, sino que “se toman acciones aisladas de cada uno de nosotros difícilmente demostrables”.

De todos modos, garantizó que “se aportarán las pruebas que justifiquen esa idea”, pero insistió que “no está objetado un proceso administrativo sino personas”.

“La custodia” del PDT

Lafosse remarcó que el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), sancionado en 2005 y convalidado por la provincia de Buenos Aires en 2007, establece que ese sector está catalogado como Zona Rural, por lo que no admite la urbanización. “Y eso no lo plantea ni el Intendente ni el secretario de Obras Públicas; es una legislación municipal con validación provincial”, sentenció.

Entonces, defendió el posicionamiento, dijo que la gestión tiene a cargo “la custodia” de la normativa y justificó que el PDT contempla una “planificación de todo el Partido de Tandil”.

Luego, Lafosse mencionó que el loteo permaneció “sin ningún tipo de movimientos” desde 1947 hasta hace un par de años. “Nuestro principal interés es tratar de defender la letra escrita del PDT porque además estamos convencidos de eso”, ratificó el secretario.

En otro pasaje de la entrevista, detalló que en la zona en disputa se encuentra en la naciente del arroyo Blanco, frente al acceso a la cantera de Montecristo y el sector de El Centinela. “Es la creación de 240 lotes que estarían en la naciente de un arroyo que atraviesa la ciudad y en un ambiente de bastante fragilidad por las cuestiones geomorfológicas”, repasó.

En este sentido, aseguró que “la defensa del PDT ha sido una política de los 22 años de la gestión del intendente Lunghi” y que “estamos absolutamente convencidos de lo que estamos defendiendo”, aun al reconocer que “puede haber algún tipo de cambio, pero ese cambio que se podría llegar a proponer, no tiene nada que ver con la posibilidad de urbanizar el sector serrano”.

La denuncia penal

En su presentación, los denunciantes aseguraron que se utilizó el aparato estatal para bloquear ilegalmente la propiedad con el fin de favorecer intereses privados y despojar a los legítimos dueños de sus bienes.

La denuncia caratuló los hechos bajo figuras penales de defraudación a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, estafa procesal y tráfico de influencias, todo en concurso real.

Según el escrito, el modus operandi consistió en una dualidad dolosa: mientras el Municipio bloqueaba administrativamente el loteo de la Chacra 274 -cuyo plano de subdivisión data de 1946-, se facilitaban transferencias de dominio de tierras fiscales a favor de terceros allegados al poder bajo condiciones de dudosa legalidad.

En el marco del plan de inversión de los recursos obtenidos por la venta del predio de Santamarina 450, adquirido en junio pasado por la empresa Bahms SA del grupo Faro Verde a través de una subasta pública, el Municipio presentó ayer la maquinaria para la planta de hormigón cuyas obras de infraestructura y montaje comenzarán en los próximos días con miras a su puesta en funcionamiento en mayo.

Los dos camiones motohormigoneros de última generación, sumado un desobstructor para desagües pluviales, fueron presentados ayer durante un encuentro que se desarrolló frente a la Municipalidad y que contó con la presencia del intendente Miguel Lunghi, del secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, funcionarios y concejales.

“La idea es poder dejar de tercerizar el servicio de pavimentación y empezar a realizarlo por administración”, lo que redundará en una “reducción de los costos de obra” y “nos permitirá hacer una mayor cantidad de cuadras de pavimento y tener una respuesta más amplia a la demanda de infraestructura”, resumió el director general de Vialidad, Mauro Ortega, al referirse al impacto que tendrá la nueva estructura.

En diálogo con El Eco de Tandil, funcionario explicó que estas máquinas poseen una capacidad de 10 metros cúbicos cada una, superando al equipo con el que actualmente cuenta la dependencia, que alcanza los siete metros cúbicos.

La licitación de los camiones, por un valor cercano a los 170 millones de pesos por unidad, fue ganada por la firma cordobesa Indumix. Como ventaja de los equipos, señaló que, “a diferencia del que ya tenemos, estos son independientes del camión”, por lo que, “cuando no estemos hormigonando, podemos desenganchar el trompo y utilizar el camión con un semi para otras utilidades”.

La nueva planta de hormigón

Asimismo, Ortega adelantó que, tras el proceso de licitación pública en el que resultó adjudicada la empresa de Mariano Cambronera, las obras de infraestructura en el predio de Vialidad comenzarán en los próximos días.

“Nosotros calculamos que para fines de abril o los primeros días de mayo vamos a tener en funcionamiento la planta”, estimó el director, que aclaró que el plazo de obra previsto es de tres meses.

Mientras eso avanza, señaló que “seguimos trabajando con nuestra planta”, una estructura con la que cuenta el municipio que tiene más de 50 años de antigüedad. “Ya cumplió su vida útil, pero sigue dando batalla”, apuntó.

En tanto, el director general de Vialidad se refirió al proceso para instalar la planta de asfalto, la segunda parte del proceso de inversión de los recursos. Actualmente, el Municipio se encuentra en la etapa de preparación de los pliegos licitatorios y estimó que serán presentados “antes de mediados de año”.

Refuerzo en el sistema de desagües pluviales

Además del equipamiento para pavimentación, Vialidad sumó un desobstructor de tiro para el mantenimiento y saneamiento de desagües pluviales. Esta unidad, que demandó una inversión aproximada de 70 millones de pesos, se suma al camión desobstructor presentado meses atrás y completa la maquinaria que incluye una minipala y una retropala.

El sistema cuenta con una manguera de 150 metros y un tanque de agua de más de tres mil litros que opera mediante alta presión. “Lo que hacen los agentes es ingresar a los sumideros o conductos que están tapados; el agua a presión permite desobstruir donde el material está muy apelmazado y no deja pasar el agua”, describió el funcionario.

Este equipo se financió a través de un préstamo de mil millones de pesos otorgado por el Banco Provincia, destinado específicamente a fortalecer la infraestructura de desagües en la cuidad.

La nueva estructura

Según se desprende del pliego de bases y condiciones de la licitación, el proyecto consiste en la adquisición e instalación de una planta dosificadora de hormigón en el predio de Vialidad Municipal con el fin de “optimizar la producción de hormigón armado para obras públicas y mantenimiento vial, garantizando calidad, eficiencia y autosuficiencia en la provisión del material”.

La estructura se implantará en el predio delimitado por las calles Chapaleofú, Patagonia, San Felipe y Magallanes, para lo cual se destinará una superficie de 3.600 metros cuadrados (de un total de 33.712 metros cuadrados).

Los componentes principales de la planta, diseñada para soportar una producción de hasta 80 metros cúbicos por hora, incluyen cintas transportadoras y tolvas de almacenamiento para materiales gruesos y finos (arena, grava, cemento); sistema de pesaje con balanzas digitales para cada componente, permitiendo la precisión en la mezcla (áridos, cemento y agua); sistema de control y automatización con un panel de control que permite gestionar todo el proceso de manera eficiente y automática; silos de acopio de cemento tipo vertical con capacidad de almacenamiento de 52 metros cúbicos; tanques de agua con capacidad de almacenamiento de 10 mil litros; y un sistema de dosificador de aditivos.

Además, contempla zonas diferenciadas. Por un lado, zona de acopio de áridos, para lo cual se construirán espacios delimitados para la diferenciación y almacenamiento de distintos tipos de áridos; y por otro, una zona de lavado de mixers, una zona específica con instalaciones y pavimentación adecuada para el lavado y limpieza.

También se construirá una cabina de control que alojará equipamiento eléctrico y de automatización y que permita la operación y monitoreo de la planta.

La implantación de la planta dosificadora de hormigón constituye un aspecto “estratégico fundamental” para garantizar su funcionamiento “eficiente, compatibilidad con las operaciones existentes y seguridad en las actividades futuras”.

La estructura se ubicará en la esquina sureste del predio, planteando así una “nueva circulación vehicular que permitan la integración con las infraestructuras existentes en el predio”.

Además, contempla la conexión de los caminos internos con las vías principales del predio municipal, asegurando un tránsito fluido y seguro tanto para el ingreso y egreso de vehículos como para las operaciones diarias.

El caso de un vecino que fue agredido por los responsables de un desarrollo inmobiliario irregular en La Elena motivó el debate por la situación de la oferta de lotes a través de la figura de “condominio” en Tandil. Los frentistas presentaron una carta a la Comuna con una serie de reclamos, mientras que desde la Asamblea por la Preservación de las Sierras emitieron un comunicado en el que plantearon que la situación es una consecuencia de “hacer la vista gorda”.

Por su parte desde el Municipio habían informado a El Eco que se trasladaron al lugar denunciado para paralizar la obra, pero ya no había máquinas trabajando. “No van a poder construir nada”, manifestó el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse.

Fue el pasado viernes 23 cuando un vecino de La Elena se acercó a la esquina de Chimango y Pavón. Fue con la intención de tomar conocimiento de los motivos de los movimientos de tierra que se realizaban en el lugar, pero recibió una golpiza de parte de personas que se encontraban trabajando en la obra. Sufió fracturas en el maxilar, el pómulo y el cuenco del ojo, por lo que requiere de una intervención quirúrgica. Familiares de la víctima realizaron la denuncia y la causa se caratuló como “Lesiones Graves”.

Por el hecho, frentistas de la zona presentaron una carta a la Comuna. En la misma, señalron un aspecto que trascendió del caso: que los movimientos de suelo corresponderían a un desarrollo que se oferta como condominio, siendo una figura no habilitada para el área, ya que la misma no permite la posterior subdivisión.

“Un condominio, desarrollado sobre un predio único, con infraestructura común, encuadra inequívocamente como urbanización especial, independientemente de su denominación jurídica, resultando por lo tanto expresamente prohibido en el área”, marcaron los vecinos de La Elena en la nota presentada.

Las solicitudes vecinales

En el texto presentado por mesa de entrada del Municipio, los frentistas del barrio dieron cuenta de las precisiones por las cual no se permite la subdivisión en el lote señalado. Hicieron hincapié en que el terreno posee un rol clave en la escorrentía de la zona.

“Se destaca que la Manzana 215R cumple una ´función ambiental hidrológica estratégica` toda vez que la misma es un área de escurrimiento natural y naciente del Arroyo, constituyendo así un sector de recarga y regulación hídrica de la cuenca”, indicaron.

Además, en referencia a que el desarrollo corresponda a una oferta de tipo condominio, solicitaron que se “arbitren los medios necesarios –dando intervención a los medios de comunicación local y al Centro de Martilleros y Corredores Públicos- para evitar que se siga promocionando un desarrollo inmobiliario sin la debida información respecto de las restricciones administrativas que pesan sobre esas Manzanas”.

Por estos motivos exigieron que “no se autorice ni convalide ningún desarrollo urbanístico integral incompatible con la clasificación del área”, y que “se verifique la legalidad del proyecto mencionado respecto del cumplimiento del Plan de Desarrollo Territorial y la normativa ambiental vigente”.

Por otra parte pidieron “confirmación de si se han presentado planos o proyecto para dicha manzana, y en caso afirmativo, quién autorizó y/o autorizó las obras. Si no hay planos, quisiéramos saber porque se está construyendo”, y “que se apliquen los principios de prevención y precautorio, conforme la legislación ambiental provincial”.

Demandaron a su vez “que se resguarde la función ambiental, hídrica y paisajística del sector, en beneficio del interés general y de las generaciones futuras”, y que se asegure que “se cumpla la responsabilidad municipal de evitar que nuevos vecinos sean perjudicados adquiriendo lotes en zonas ambientalmente sensibles”.

La postura de la Asamblea

Por su parte la Asamblea por la Preservación de las Sierras emitió un comunicado titulado “las consecuencias de hacer la vista gorda”. En el mismo se solidarizaron con el vecino agredido, y marcaron que “desde hace mucho tiempo alertamos sobre la oferta de loteos indebidos, ampliamente promocionados en internet e incluso en los medios de prensa”.

Señalaron que mantuvieron una reunión con concejales en el mes de julio de 2025, en la cual plantearon el tema de las ofertas de loteos indebidos en forma de condominios en Zona Natural Protegida”, y que los propios ediles les manifestaron la ilegalidad de los mismos.

“Por lo que pedimos que informaran a la comunidad para evitar estafas, y expresaron que estaba muy avanzado el estudio de una ordenanza al respecto. Insistimos en la necesidad de que el estado informe a la ciudadanía para evitar fraudes”, expresaron.

Sin embargo, “empezando el 2026 no hay respuestas, pero sí la multiplicación de la invasión urbana de la Zona Protegida y campañas de ventas de lotes que no son tales. En las redes se ofrecen loteos en distintos puntos de la ciudad, que no se corresponden con el Plan de Ordenamiento Vigente”, denunciaron.

“El municipio parece que no ve los alambrados, la apertura de calles y que tampoco se entera de lo que se está publicitando. Además, no responde a los reclamos. Lo cierto es que la falta de voluntad de control del cumplimiento de la normativa vigente, el ´dejar hacer´ multiplica los problemas ambientales, urbanísticos y ahora también de convivencia social”, sumaron.

“La ley está clara. La gestión territorial y el control no. Cuando el Estado no ejerce responsablemente su rol de regulador y no cumple y hace cumplir las normas, se generan condiciones para la profundización de los conflictos y la degradación de la convivencia social, además de la afectación ambiental y la multiplicación de problemas en el presente y el futuro”, concluyeron.

El episodio ocurrido en los últimos días en el barrio La Elena puso en agenda un debate vinculado al crecimiento de la ciudad y a la potencialidad que presenta para la promoción de desarrollos inmobiliarios en sectores no habilitados por el marco normativo vigente.

En diálogo con el ciclo Último Bondi (104.1 Tandil FM, EcoTV y El Eco Streaming), el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, expuso la complejidad del escenario y brindó detalles sobre la intervención del Estado ante el avance de loteos clandestinos.

Asimismo, ratificó la vigencia del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y, aunque reconoció la necesidad de implementar algunos ajustes, aseguró que deberían darse priorizando el bien común sobre los intereses particulares.

También, actualizó el estado de situación del expediente referido al desarrollo urbanístico Miradores de Montecristo, en la zona de El Centinela.

El disparador

El detonante de la intervención comunal fue un hecho de violencia del cual fue víctima un vecino el barrio La Elena, que fue atacado tras acercarse a un lote ubicado en la esquina de Chimango y Pavón donde se encontraban realizando trabajos. El hombre terminó internado en el Hospital por una serie de lesiones que incluso demandaron su ingreso al quirófano.

La Secretaría de Protección Ciudadana reportó el caso a Obras Públicas, que el lunes llevó adelante las averiguaciones correspondientes y el martes “procedimos a la clausura de los trabajos”, repasó Lafosse.

El secretario detalló que las tareas apuntaron a la apertura de calles “de manera clandestina”, aunque aclaró que si bien la normativa permite que un privado realice estas acciones bajo formatos específicos, requiere de un proyecto aprobado previamente por el Municipio.

“Las aperturas de calle tienen una importancia trascendental”, más aún en esa zona donde la topografía es “bastante compleja”, por lo que agregó que por allí “circula el excedente hídrico de los escurrimientos pluviales”. Entonces, un abordaje sin estudio puede generar “anegamientos y cambios en la escorrentía” del agua, afectando no solo el lugar, sino también las zonas situadas “aguas abajo”, advirtió el funcionario.

Sin embargo, el caso no se agotó allí. A más precisiones, dijo que detectaron que la apertura de calles era “a partir de la promoción de un loteo” de la manzana 215r que “no estaba aprobado”.

Según advirtió Lafosse, se están promocionando parcelas de entre 400 y 600 metros cuadrados en un sector donde, por el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), “la división mínima permitida es de una hectárea y media”.

Esto se debe a que la zona se encuentra por encima de la cota 220, en un área catalogada como Complementaria y Protegida. “Es una posibilidad imposible de ser aprobada”, sentenció el secretario.

La capacidad de control

De todos modos, el caso detectado en La Elena puso nuevamente el foco en la capacidad de control del Estado ante una ciudad que crece. En ese sentido, Lafosse reconoció que “tenemos una dificultad en una ciudad que crece al ritmo que lo hace Tandil. Muchas veces se hace difícil en una extensión territorial bastante grande, pero estamos alertas”, manifestó el arquitecto a cargo de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas.

En esa línea, mencionó que la semana pasada se realizaron intervenciones similares en otros sectores cercanos a La Elena, donde detectaron maniobras para abrir calles sin permiso. No obstante, Lafosse admitió que muchas veces la administración corre “detrás de la situación”.

Uno de los puntos de esta dinámica refiere la aparición de construcciones clandestinas que luego derivan en eventuales conflictos, dado que, según describió, se trata de una operatoria de compra de lotes a precios menores a los de mercado. Sin embargo, cuando intentan regularizar su situación ante la Municipalidad, se encuentran con una respuesta negativa. “Les tenemos que decir que no está permitida la construcción en ese sector más que de una sola vivienda”, explicó y agregó que, “para nosotros sigue siendo una parcela sin posibilidad de dividirse, y en esa parcela solo puede haber una única vivienda”.

Para mitigar estos riesgos, la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas instó a la ciudadanía a realizar consultas previas antes de cualquier transacción inmobiliaria.

El municipio dispone de canales abiertos, como el área de Catastro en la esquina de Chacabuco y Maipú, y casillas de correo electrónico específicas (consultacatastro@gmail.com) para evacuar dudas sobre la factibilidad de construcción en determinadas zonas.

El PDT, su vigencia y el debate por la reforma

-¿Cuál es su opinión con respecto a la necesidad o no de aplicar modificaciones al PDT?

-Los planes de esas características a ciudades que tienen menor índice de crecimiento le duran 30 o 40 años. Nosotros cumplimos 20 años con el PDT y uno puede llegar a decir que existe la necesidad de profundizar o de hacer algunos cambios. De todos modos, muchas veces las principales críticas que tiene el PDT es de gente que pretende hacer una determinada cosa en favor de, por ejemplo, estas operatorias, de tratar de generar una mayor subdivisión de suelo para tener una actividad mucho más rentable. El PDT lo que viene a hacer es poner criterio y orden en todas esas voluntades de subdividir el predio en mayor cantidad de espacio para que haya un marco jurídico para todos y entonces generar condiciones de crecimiento de la ciudad. No obstante, coincido en que algunas cuestiones del PDT deben ser abordadas para modificarse. No así en términos de lo que deberían ser las líneas gruesas del PDT. Es decir, la estrategia de crecimiento, los distintos programas que se tienen. Creo que además el PDT ha generado consenso en muchas cosas, por ejemplo, en el sector hacia donde debería crecer Tandil y hacia donde no debería crecer Tandil. También tenemos un ejemplo de esta práctica de más de 20 años que lleva el PDT, 21 años puntualmente, y entonces se puede pensar en una revisión para generar algunas instancias nuevas de cambio.

-Que en todo caso esos cambios tienen que ser por el bien común y no por un bien particular…

-Exactamente. Muchas veces las críticas más fuertes vienen por los grandes poseedores de tierra o por personas que tienen una parcela que pretenden subdividir y nosotros decimos que el PDT dice que no. De todos modos, esas posibilidades tienen una referencia muy importante en lo que es el valor de la tierra. Una tierra con posibilidad de subdividirse siempre va a tener mayor potencial económico si no se puede subdividir.

-¿Cree que se vienen tiempos en los que el área será protagonista frente a intereses cruzados?

-Uno no entra a la gestión municipal con la voluntad de generar amigos; el rol que uno cumple tiene una responsabilidad y esa responsabilidad, en esta cuestión puntual, es la de preservar el marco normativo, también teniendo en claro que es una gestión de una ciudad que crece, con lo cual siempre es mucho más interesante que una ciudad que no tiene esta clase de problemas. Pero también tenemos que ser muy conscientes de la ciudad que tenemos y si permitimos hacer cosas en todos lados y no respetamos el marco normativo, corremos el riesgo, si no la cuidadnos, de perder esta ciudad que tiene la mejor calidad de vida con la que se puede contar.

“Alineados con la asamblea”

Respecto a los cuestionamientos que realizó la Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras, el secretario aseguró que “hacemos cumplir el PDT” y apuntó al mecanismo que habilita los pedidos de excepción al explicar que pasan por una comisión donde participan colegios profesionales de arquitectos, ingenieros y agrimensores, y que la decisión final recae en el Concejo Deliberante.

“Es un proceso absolutamente transparente”, defendió y dijo que “es la propia modalidad de gestión que propone” el marco normativo en el que “no hay lugar a que no se cumpla”.

En el caso de La Elena, “tuvimos una acción muy concreta, fuimos detrás del conflicto, se paralizaron las obras y se detectaron estos temas”, por lo que consideró que “estamos alineados con lo que plantea la asamblea de las sierras”.

El caso Montecristo: la actualidad del proyecto

En otro pasaje de la entrevista, el secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, abordó detalles del desarrollo urbanístico en la zona de Montecristo, un proyecto que derivó en litigios judiciales y denuncias cruzadas, y negó que el Municipio se interponga al avance del expediente.

“La semana pasada los desarrolladores del emprendimiento urbanístico Montecristo enviaron una nota al Ejecutivo denunciando faltantes en algunos expedientes, que no se sabe de qué expedientes están hablando. Hay un expediente de apertura de calles que no fue tratado, en el que la cantidad de hojas es la misma en la que está circulando por el Ejecutivo”, repasó.

El secretario “desmintió categóricamente” estas versiones y sobre la posible obstrucción del expediente respondió que “los desarrolladores no acreditan la propiedad del predio”.

“Tenemos un proyecto de apertura de calles a nombre de determinadas personas y una sucesión a nombre de otras. Lo primero que debemos garantizar es que quien plantea una obra de estas características tenga la potestad para hacerlo”, detalló.

Recordó que se trata de un predio ubicado en Área Rural según el PDT, por encima de la cota 250 y en sectores superiores a la cota 280, donde “toda urbanización está prohibida”, y explicó que los desarrolladores argumentan que es un “loteo previo”, cuyo plano de subdivisión fue “aprobado en 1947” y que, por ese motivo, “se debería dar permiso”.

Durante la jornada del miércoles 7 de enero tomó estado público una polémica en torno a la destrucción de la fachada de una propiedad patrimonial ubicada en Alem al 900. El Municipio paralizó la obra en marcha y calificó al hecho como una “negligencia”, mientras que las repercusiones pusieron el foco en la necesidad de reforzar los controles. El Eco de Tandil dialogó con trabajadores vinculados a los movimientos realizados en el lugar, quienes plantearon que no se trató de una demolición sino de un derrumbe, el cual presentaba un peligro para los transeúntes.

“Se viene cayendo desde hace bastante tiempo. Si pasaban antes de que se empezara a demoler tendrían que haber visto los escombros en la vereda, que ni siquiera los juntaron. Hay que preguntarle a los vecinos de toda la cuadra lo que estaba pasando desde hace mucho tiempo con esa construcción puntual”, expresó uno de los trabajadores, que prefirió mantener su identidad en reserva.

Cabe recordar, el Municipio paralizó la obra en marcha de la esquina de avenida España y Alem, donde se proyecta instalar una casa de comidas rápidas. Fue luego de constatar la destrucción del inmueble ubicado en Alem 925. El mismo se encuentra inscripto como Bien Patrimonial en el Anexo 5 del Plan de Desarrollo Territorial y su fachada está alcanzada por un régimen de preservación.

Las autoridades locales labraron las actas correspondientes, que fueron elevadas al Juzgado de Faltas para que determine la forma en la que deberá repararse el daño ocasionado. Durante la mañana del jueves 8, todavía no estaba definido si el caso se radicaba en el Juzgado de Faltas N°1 –a cargo de María Gabriela Vila- o el N° 2, a cargo de Vicente Pedro Oliveto.

El secretario de Planeamiento y Obras Públicas transmitió a El Eco que la destrucción de la fachada fue una “negligencia” por parte de los responsables del proyecto. Si bien la Comuna contaba con un informe técnico privado en el que se recomendaba la demolición, los inspectores municipales marcaron sin embargo la necesidad de realizar trabajos de apuntalamiento y refuerzos en la estructura.

En el marco de la polémica, El Eco de Tandil consultó a trabajadores vinculados a los movimientos realizados en la obra. Si bien prefirieron mantener el anonimato, plantearon una realidad que difiere de lo considerado por las autoridades municipales.

“Hay una mala información desde de los medios de comunicación. Se empezó a caer, se empezó a derrumbar solo el frente. Se cayó una puntera, rompió un auto y casi le pega a un señor. Sin que estemos trabajando ahí”, señalaron.

“La parte floja estaba por caerse, se rajó y la llevamos para adentro. Era todo de adobe y comido por las raíces. Totalmente irrecuperable”, agregaron. Si bien indicaron que el deterioro de la propiedad se estaría produciendo desde hacía tiempo, recientemente se cayó “un pedazo grandísimo”, y retiraron “la parte floja porque iba a terminar matando a una persona”.

En sintonía con lo informado desde la Comuna, dieron cuenta de que existía un informe que recomendaba la demolición, y consideraron además que la fachada era insalvable.

La publicación en El Eco de Tandil de la destrucción de la propiedad generó una considerable repercusión, en particular en comentarios de redes sociales. Gran parte hizo hincapié en la necesidad de reforzar los controles de parte del Municipio y prevenir este tipo de hechos.

La destrucción de parte de la estructura protegida por normativa patrimonial generó repercusiones en la ciudad. El inmueble, ubicado en Alem 925, se encuentra inscripto como Bien Patrimonial en el Anexo 5 del Plan de Desarrollo Territorial y su fachada está alcanzada por un régimen de preservación.

El caso tomó estado público a partir de la decisión del Municipio de paralizar los trabajos de demolición de la obra donde se construirá una casa de comidas rápidas. Y, en consecuencia, labró las actas correspondientes, que fueron elevadas al Juzgado de Faltas para que determine la forma en que deberá repararse el daño ocasionado.

El secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, explicó a El Eco de Tandil los detalles del proceso que terminó con la pérdida de una parte del frente de la propiedad protegida por su singular arquitectura y consideró que se trató de una “negligencia” por parte de los responsables del proyecto. 

El hecho fue detectado ayer, cuando un funcionario advirtió que la maquinaria estaba operando sobre una estructura que, según lo dictaminado previamente, debía ser preservada. 

La propiedad había estado bajo la lupa de la dependencia comunal debido a una solicitud de demolición que contaba con el respaldo de un informe técnico privado. A más datos, el secretario indicó a este Diario que un ingeniero había planteado que la fachada se encontraba en mal estado, “sin capacidad de sostenerse”, y que recomendaba la demolición.

Fue entonces que, tras una inspección ocular realizada por técnicos del área municipal, se determinó que la situación difería a la planteada. “Previamente al tratamiento por la Comisión de Patrimonio, se evaluó que la fachada no revestía condiciones de inestabilidad, pero que sí había que hacer trabajos de apuntalamiento y de refuerzos en la estructura con el objetivo de preservar el patrimonio”, detalló Lafosse.

Si bien la parte trasera de la vivienda presentaba un “estado de deterioro muy grande” que hacía “altamente costosa” su recuperación, el valor simbólico y arquitectónico residía en su frente. “Estaba definido como bien patrimonial, pero no el nivel de protección que tenía que tener”, reconoció.

El  proceso administrativo

Después de esa evaluación, el expediente llegó a la Comisión de Patrimonio Histórico que determinó que la fachada debía mantenerse.

El predio involucrado consta de tres parcelas. Dos de ellas, las más cercanas a la intersección con la avenida España, contaban con los “expedientes aprobados” y los trabajos allí no presentaban irregularidades. El conflicto surgió en la tercera parcela, donde se ubicaba el bien catalogado.

En cuanto a los incumplimientos, Lafosse señaló que la empresa avanzó sobre una parcela para la cual no existía una autorización final de demolición. “Había un expediente que se estaba tratando, pero no estaba aprobada la demolición de todo el sector trasero”, precisó. Por eso, “cuando estaban haciendo los trabajos de demolición, la fachada se cayó”.

Al momento de la llegada del personal de Obras Privadas, la fachada ya se encontraba parcialmente derribada, lo que derivó en la intervención mediante la paralización de las tareas en ese sector y la confección de actas de infracción.

“En esa parcela no había permiso, pero si un expediente iniciado que tenía un dictamen de la comisión de patrimonio que pedía preservar la fachada, pero no había terminado de aprobarse", insistió.

Tras la paralización de la obra, el expediente fue elevado al Juzgado de Faltas, que será el responsable de  resolver las eventuales sanciones que corresponden al caso.

Entre las alternativas, Lafosse repasó que podría llegar a exigir “la remediación de toda la fachada”, además del “mantenimiento de lo que quedó en pie y su apuntalamiento”, y la posibilidad de una sanción económica.

La singularidad de la fachada

La propiedad destruida se encontraba incluida en el catálogo de bienes patrimoniales. A más precisiones, cabe indicar que la sanción del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) en 2005 incluyó el Anexo 5, donde se especifican todos los inmuebles públicos y privados protegidos.

Los criterios de salvaguarda son diversos, entre los que se encuentran las características de fachadas, el oficio que se utilizó en la construcción -como la Casa de Piedra de Rodríguez entre España y Mitre-, e incluso porque en dichos espacios sucedió algún acontecimiento histórico significativo o porque pertenecieron a vecinos que realizaron aportes a la ciudad.

Algunas de estas propiedades cuentan con protección total y otras con resguardo parcial. En estos últimos casos se permiten modificaciones respetando su fachada, como sucedió en el exBanco Comercial o como pasó con un edificio ubicado sobre calle Paz.

En el caso del inmueble de Alem 925, la Comisión de Patrimonio Histórico había sido específica al definir que el valor residía en la singularidad de su frente.

En ese sentido, Lafosse ratificó que “existen distintas jerarquías” para incluir un bien a preservar y aclaró que “la Comisión de Patrimonio dictaminó que, como toda la parte posterior estaba deteriorada, lo que había que preservar era la fachada”.

La vivienda poseía un interés arquitectónico. “Tenía unos arcos de medio punto con detalles que parecían mosaicos, aunque en realidad eran ladrillos pintados de distintos colores”, describió el funcionario para considerar que “se intentó preservar fue la singularidad de la fachada”.

“Era un bien patrimonial”

“En este caso era un bien patrimonial”, opinó sobre lo ocurrido con la propiedad de Alem al 900 en comparación con otros casos, como la demolición de la iglesia Luterana ubicada en Santamarina al 800, que no se encontraba catalogada. Por eso, consideró que “es más una negligencia que se da”.

“Cuanto menos es negligencia”, insistió Lafosse, dejando en claro que la empresa no tomó los recaudos necesarios para respetar las restricciones vigentes. “Se habían hecho los tramites y advertido sobre la necesidad de preservar esa fachada, que no fue respetada por la empresa encargada de la demolición”, remató.

Luego de que vecinos de Tarraubella –junto a organizaciones que forman parte de la Mesa Barrial de Villa Aguirre-, hayan solicitado al Municipio la factibilidad para extender la red de agua de calle Lavalle hacia calle Rosales, desde la Comuna plantearon que existe la posibilidad de que las conexiones se realicen a la red ya existente –tanto de agua como de cloacas-, bajo la modalidad multifamiliar. Además, plantearon su mirada sobre el estudio que arrojó que el agua en el lugar está contaminada, y sobre las obras para los barrios populares.

“Lo que se debería hacer es como cualquier multifamiliar, una extensión interna dentro de la parcela para poder conectarse a la red”, sostuvo Luciano Lafosse, secretario de Planeamiento y Obras Públicas, en diálogo con El Eco de Tandil. “Lo que nosotros estamos planteando es que ya se tiene la red que pasa por el edificio de Tarraubella, entonces lo que hay que hacer es extender esas redes internas hacia el interior de lo que se denomina el llano”, agregó el funcionario.

Cabe recordar, el reclamo por el acceso al agua en Tarraubella es de larga data. En verano la problemática se acrecienta, y los vecinos deben recurrir a llenar botellas y bidones por la noche para poder contar con suministro durante el día.

A través de fondos provinciales, el barrio sumó obras de infraestructura en el último período. Entre otras, se formalizaron las conexiones intradomiciliarias para los vecinos de la torre del lugar. Sin embargo, las familias del llano continúan con conexiones precarias.

Dentro del financiamiento provincial existe la posibilidad de que el gobierno bonaerense no solo costee las conexiones intradomiciliarias, sino la extensión de la red desde Lavalle hacia calle Rosales y Patagonia. Por eso los vecinos elevaron una nueva solicitud formal para obtener el aval municipal para avanzar con la iniciativa. Sin embargo desde la Comuna consideraron que las conexiones pueden realizarse mediante la red ya existente.

“Sin la necesidad de hacer una extensión de la red”

-Hubo un pedido de vecinos del llano de Tarraubella, junto a organizaciones que trabajan en el barrio, para solicitar la factibilidad para la extensión de red, y que Provincia pueda financiar esa obra. ¿Cómo es la situación respecto a eso?

-Luciano Lafosse: En realidad, hay una parcela que involucra tres calles, Lavalle, Rosales y Patagonia. Y para esa parcela lo que nosotros planteamos es que las factibilidades se dan en función de la estructura parcelaria.

El 2 de octubre fue contestada esa nota en la que se nos solicitaba la factibilidad, en el que se les planteaba que esa parcela ya tiene la factibilidad tanto para cloacas como para agua, existiendo ya conexiones realizadas a la red municipal, a la red pública en ambas redes de infraestructura.

-Redes que pasan por Lavalle…

-Exactamente. La red nuestra, las dos redes van por Lavalle hasta Rosales.

-¿La gente que vive en el llano de Tarraubella podría conectarse tanto a esa red de agua como a la red cloacal sin necesidad de una extensión de red?

-Sin la necesidad de hacer una extensión de red por vía pública porque esa parcela ya tiene una las conexiones por una calle. Lo que se debería hacer es como cualquier multifamiliar, una extensión interna dentro de la parcela para poder conectarse a la red.

-Lo regular suele ser que los caños pasen por los frentes de las viviendas…

-Ahí hay un hay una cuestión que tiene que ver con que eso es una urbanización informal en el que ni siquiera por red pública se podría llegar a todas las viviendas. Entonces, siempre va a tener que existir una red multifamiliar interna.

Lo que nosotros estamos planteando es que ya se tiene la red que pasa por el edificio de Tarraubella, entonces lo que hay que hacer es extender esas redes internas hacia el interior de lo que se denomina el llano.

-¿La gente que tiene frente sobre Patagonia también podría llegar hasta la red pública por red interna?

-Sí, la otra parcela que da sobre Patagonia también tiene factibilidad. Es un galpón que tiene la conexión por calle Darragueira.

-Hay un proyecto provincial que financia obras para villas y asentamientos. ¿Estas conexiones intradomiciliarias se podrían hacer a través de la red de calle Lavalle?

-Se podrían hacer, sí. Se podrían hacer como un proyecto de cualquier proyecto multifamiliar en el que lo que se debería prever algún tipo de tanque de reserva para poder contar con el servicio.

-Recibieron un informe que daba cuenta de contaminación en el agua por conexiones precarias. ¿Qué lectura hacen desde el Municipio?

-Planteamos la necesidad de regularizar esa situación. Porque por lo que se ven en las imágenes  de la nota del otro día, y por cosas que nosotros teníamos presentes, lo que uno infiere de lo que está sucediendo si es que están tomando agua de la red nuestra, o que pueda llegar a haber algún tipo de contaminación que generen las propias conexiones.

Lo que tendríamos que tener son mayor cantidad de detalles respecto del estudio que hizo la Facultad de Veterinarias. Nosotros tuvimos conocimiento de eso a partir del expediente que empezó la semana pasada.

Obras para barrios populares

-Tarraubella es un barrio popular, ¿Cuál es la postura del Municipio con respecto a las obras de infraestructura?

-Tomamos la decisión de que en este tipo de urbanizaciones, no hacemos obras. De la misma manera que el Intendente, la semana pasada, lo planteó en relación a la toma, que es también un proyecto de Renabap. El Municipio no hace obras de infraestructura para este tipo de urbanizaciones, porque los recursos con los que realizamos obras son recursos de las tasas que se pagan por los distintos servicios que se brindan.

Nosotros hemos hecho obras en barrios Renabap de Tandil con recursos que aportaba Nación. Lo que no hacemos nosotros son obras en estos barrios porque entendemos que hay otros barrios en los que el Municipio tiene déficit en el servicio. Priorizamos algunas otras obras.

Luego de que vecinos de Los Charitos, Smata y Cabildo hayan hecho pública la compleja situación que atraviesan por no contar con cloacas en el barrio –entre otras cosas, viven con aguas servidas que corren por las calles-, desde el Municipio actualizaron los costos de un proyecto que estaba listo desde el año 2023 y harán gestiones con Nación y Provincia para que la iniciativa se concrete.

El Eco de Tandil dialogó con los vecinos quienes se mostraron “entusiasmados” por la primera respuesta a su reclamo. También con el secretario de Planeamiento y Obras Públicas –Luciano Lafosse-, quien se refirió al impacto de los recortes de parte del gobierno nacional en cuanto a obras públicas, y señaló que la Secretaría de Integración Sociourbana –a cargo del referente de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja-, cuenta con fondos asignados para tal fin, pero que al momento no ejecutó.

El funcionario explicó que el proyecto de cloacas para Los Charitos, Smata y Cabildo supone un predio de aproximadamente 30 manzanas. La actualización de costos dio un valor de 643.453.814, 44 de pesos que buscarán que Nación o Provincia financien. En el caso de hacerlo con recursos municipales –estimó-, supondría unos cinco años de asignación completa del Fondo de Obras Sanitarias destinado solamente a esa obra.

-A partir del reclamo vecinal, lo que realizaron desde el Municipio fue actualizar los costos de un proyecto que estaba casi completamente listo a octubre de 2023, ¿Fue así?

-Luciano Lafosse: Nosotros a partir de fines del año 2023 pudimos empezar a contar con un proyecto para todo este sector. Este sector ya estaba destinado como barrio Renabp, con lo cual la Secretaría de Integración Sociourbana financió para la realización de ese proyecto ejecutivo.

En septiembre pasado nos juntamos con vecinos del barrio y les contamos que sí, que teníamos efectivamente ese proyecto. No lo teníamos actualizado al valor, así nos comprometimos en ese momento a dos cosas. Una, a actualizar el presupuesto de ese proyecto de la realización de las cloacas para todo ese polígono que involucra casi 30 manzanas. Cosa que efectivamente hicimos a partir de los primeros días de octubre, y es un presupuesto de 645 millones de pesos casi.

Y también en ese momento nos comprometimos a que, como Municipio no podemos contar con una cifra de esas características, es a que cuando ya tuviéramos el proyecto con el valor actualizado, se iban a hacer las solicitudes pertinentes a Nación, que es quien tiene el compromiso de realizar las obras de infraestructura en barrios, y para ello hasta inclusive cuenta con fondos afectados, que son fondos que vienen de organismos multilaterales de crédito, como es el caso del BID.

Lo que vamos a hacer son las presentaciones en Nación. Lo estuve hablando con el Intendente y está con la voluntad de ponerse a la cabeza del reclamo de la financiación de este proyecto para poder materializarlo.

-¿Por qué si el proyecto estaba listo y hay fondos afectados, Nación no otorgó el dinero para hacer esto antes?

-Cuando nosotros estábamos terminando el proyecto este, fue el último coletazo del gobierno de Alberto Fernández, hubo dificultades económicas y que entiendo se tradujeron en complicaciones políticas, en que no se podía dar demasiada respuesta a estos pedidos.

Mientras tanto, las comunicaciones que nosotros hemos tenido con Nación no han sido muy fructíferas, solamente hemos recibido comunicaciones por parte de Nación en lo que hace a la caída de los distintos convenios que nosotros tenemos firmados. Por ejemplo el caso del Centro de Desarrollo Infantil al cual hoy está el Municipio tratando de terminarlo. O también la baja del convenio de los consultorios externos que tenían ya iniciado y que estamos en un 50 por ciento del avance de obra y que no lo podemos terminar con recursos municipales.

Con lo cual, las intervenciones que nosotros hemos tenido con Nación no tenemos forma de generar un vínculo, además todos sabemos lo que piensa la Nación de las obras públicas que no tienen que hacerlas, que las tienen que hacer otros organismos. Lo cual es una contradicción porque inclusive el día de hoy en la página del PISU -el Programa de Integración Sociourbana- menciona que sigue existiendo el financiamiento por parte del BID.

-Este reclamo de parte del Municipio a Nación, ¿podría haberse hecho antes?

-De hecho, nosotros hemos hecho algunos reclamos. Recién en estos momentos estamos encontrando algunos canales que son canales exclusivamente electrónicos para la presentación de proyectos y lo vamos a hacer ahora.

También entendemos que como es un proyecto en el que tiene algún tipo de vínculo organizaciones sociales que tienen vínculos con Provincia, también vamos a ir a reclamar a la Provincia a ver si tiene los recursos suficientes. Lo que entendemos es que teniendo el proyecto se puede pedir los recursos en distintas puertas.

-¿Pudieron recorrer el barrio? Los vecinos mostraron aguas servidas en la calle, un caño de tres cuartos que lleva agua a toda la zona, una situación compleja...

-Por eso la voluntad de realizar estas obras y por eso también la necesidad de un programa de las características del Renabap que hace que vayan de la mano la regularización dominial con la posibilidad de tener la tenencia definitiva de esos predios para los vecinos y también simultáneamente la realización de estas obras para poder tener la seguridad de que vas a seguir viviendo ahí y a su vez ir construyendo para mejorar el hábitat.

-El reclamo recae ahora sobre el Municipio, pero la plata que está asignada para las obras es Nación quien no la ejecuta…

-Sí, es parte de lo que estamos viviendo. Hay un ajuste que lo vemos en cosas de estas características que son muy grandes o que son altamente costosas pero también lo vemos hasta en cosas muy elementales como es el corte de pasto de una ruta.

Son cuestiones que Nación en función de generar un equilibrio de las cuentas macroeconómicas a nivel nacional se dedica a recortar los servicios, entonces afecta a los servicios entonces el municipio tiene que terminar haciéndose cargo de muchas de las cosas.

En el caso de una obra de estas características obviamente que excede lo que el Municipio puede llegar a tener. Nosotros haciendo una cuenta, y tendríamos que disponer del fondo de obras sanitarias a lo largo de cinco años para poder financiar esta obra y no haríamos ninguna obra de extensión ni de agua ni de cloacas en ningún lado de la ciudad.

En diálogo con El Eco de Tandil, Fátima y José, dos de los vecinos referentes del grupo Los Charitos, Cabildo y Smata, contaron que desde el barrio están “entusiasmados” con los recientes avances tras su reclamo. “Los vecinos están entusiasmados, pero como que siempre se nos ha postergado”, plantearon.

Luego de que desde Obras Públicas les hayan informado de la actualización del costo de la obra de cloacas, elevaron una carta al Intendente Miguel Lunghi para solicitar que interceda ante autoridades provinciales y nacionales para la concreción de la obra, pero también para ponerlo en conocimiento de la compleja situación del barrio.

“Desde el año 1996 que se fueron haciendo reclamos, nunca fueron atendidos y van a estar junto a lo que se presentará a Provincia. La nota fue al Intendente Miguel Lunghi para que acompañe este proyecto, porque está aprobado y no lo queremos perder”, destacaron.

Sumaron también que “es un proyecto totalmente barrial, que no tiene ningún armado político. Es bien del barrio, es el esfuerzo del barrio y por lo que estamos luchando. Ya que se aprobó en el en el 2023, que esto no se pierda, que esto que esto sigue y que se ejecute”.

El Municipio se comprometió a elaborar un estudio de costos de obras de cloacas para Los Charitos, Smata y Barrio Cabildo. La iniciativa surgió luego de que autoridades comunales recibieran a los vecinos, quienes habían conformado un grupo para reclamar por la falta de servicio y problemáticas derivadas, en concreto la presencia de aguas servidas en las calles de los barrios.

“Se le solicitó al secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, que realice una tasación de las obras de cloacas en forma urgente, para poder solicitar los fondos a quienes correspondan, ya sea Municipio, Provincia o Nación. Desde ya con el compromiso de que los vecinos puedan abonar su parte en cuotas, con un plazo mínimo de un año o lo que se determine en su momento. En concreto, Lafosse se comprometió a que en 15 o 20 días nos convocará para dar el valor exacto de la obra de cloacas, y allí se verá la forma de conseguir los fondos”, transmitieron vecinos a El Eco de Tandil.

El funcionario recibió a vecinos de los tres barrios mencionados, en una reunión de la que también participaron el director de Obras Públicas –Juan Francisco Maciá Cantarelli–, el subsecretario de Infraestructura –Roberto Garijo–, y los concejales Nicolás Carrillo y Rosana Florit.

El grupo vecinal surgió a inicios de septiembre pasado luego de reiterados reclamos por servicio de agua y cloacas para los barrios. Los frentistas comenzaron a vincularse vía WhatsApp y luego en una asamblea en la que decidieron crear un perfil en la red social Instagram para visibilizar sus demandas.

El Eco de Tandil recorrió los barrios, donde los vecinos compartieron las problemáticas con las que conviven en su cotidiano. En primer lugar, la falta de presión de agua y los continuos cortes, pero también la presencia de aguas servidas sobre la calle, producto de no contar con cloacas.

El reclamo es de larga data, e incluso años anteriores se llevaron a cabo marchas y diferentes movilizaciones a la Comuna. La zona forma parte del Registro Nacional de Barrios Populares, por lo que en octubre de 2024 les fue denegada la participación en el marco de la Banca XXI del Concejo Deliberante.

Costos, fondos y plan de pago

“Tuvimos una reunión, pudimos hablar y expresar la emergencia sanitaria de los barrios, se tornó en un ámbito de diálogo tranquilo en el que pudimos expresarnos y escucharnos, que era lo más importante y lo que nosotros queríamos”, expresó otra vecina que formó parte del encuentro con autoridades municipales.

“Tuvimos el ofrecimiento por parte de Luciano Lafosse de que ellos van a preparar una nota y ayudarnos como para hacer el puente para llegar a la Provincia”, agregó. “Pudimos aclarar cuál era bien la emergencia del barrio, pudimos ver el plano y sabemos que el plano está aprobado, que hay factibilidad de que se pueda hacer la obra de cloacas. Corroborar todo eso y quedarnos tranquilos de que el Ejecutivo lo había aprobado, pero bueno, no están los fondos”, sumó la vecina.

“Tenemos fe en que esto se va a dar, si bien lo que necesitamos también es la red de agua, vamos a arrancar por lo fundamental, que es que los desechos se van a la calle. Si se pudiera solucionar con las cloacas, dejaría de pasar esto”, concluyó. Por su parte, el

concejal Nicolás Carrillo señaló que continuará acompañando el pedido de los barrios y que “hay fondos afectados municipales, tanto para agua como para cloacas. Seguramente sean insuficientes, pero se puede empezar a proyectar una obra en el barrio con aporte de los vecinos, con aporte de la Municipalidad y gestiones que se puedan hacer en otros lugares como en la provincia de Buenos Aires. Pero la idea es poder proyectar algo, planificar, que la gente esté con alguna certeza”.

El pasado miércoles se realizó el acto formal de las entregas de viviendas de la Asociación De Corazón Tandilense en donde estuvo presente el gobernador Axel Kicillof, junto al Intendente Lunghi y el Diputado nacional Rogelio Iparraguirre. Fueron 52 familias las que recibieron su hogar gracias a una gestión conjunta entre la asociación liderada por ‘Cacha’ Cena y el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano.

A pocos metros de la construcción del barrio, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires está avanzando con las viviendas en Sans Souci y también, hace algunas jornadas, se anunciaron avances en la licitación para la extensión de redes de agua y cloacas del predio Carrasco, macizo que se encuentra justamente en frente de las viviendas entregadas esta semana. Todo esto genera un polo de desarrollo de viviendas en una zona de la ciudad en crecimiento.

Uno de los funcionarios presentes en el acto del miércoles fue Luciano Lafosse. El Secretario de Planeamiento y Obras públicas del Municipio de Tandil dialogó con “Último Bondi” (104.1 Tandil FM, El Eco Streaming y Eco TV) y se refirió al enorme desafío que tiene el Municipio, y su cartera, respecto al desarrollo de infraestructura para esta zona en cuestión.

“En todo ese sector se está generando como un polo de desarrollo de viviendas de un carácter social con muy buena calidad. En el caso de Sans Souci, vamos a hacernos cargo de la gestión, no de los recursos, de la dotación de infraestructura a esas inicialmente 156 viviendas, con la posibilidad de tener unas 260 más en el futuro. Trabajando en conjunto, que de alguna manera quedó plasmado tanto en el discurso del Intendente como del Gobernador”, señaló.

Consultado por los aportes en infraestructura que realizará el Gobierno Local en el loteo en Carrasco, Lafosse explicó que tras la caída de un proyecto donde se planteaba afrontar las obras con el fideicomiso del Procrear, los recursos que se utilizarán para disponer de infraestructura en ese predio y en Sans Souci saldrán del dinero generado a partir de la venta del predio de Santamarina 450.

“Tenemos una ordenanza que plantea que los recursos tienen una afectación especial, uno puede estar de acuerdo o no, pero las ordenanzas hay que cumplirlas”, declaró respecto a las críticas vertidas por un sector de la oposición respecto al destino de los fondos generados. Vale recordar que la mitad del dinero se utilizará para generar una planta de asfalto y hormigón y la otra parte para la infraestructura de estos lotes con servicio.

El acto de la entrega de las viviendas volvió a dar otra muestra de la buena relación que existe entre el Jefe Comunal y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Además de trabajar juntos en distintos desarrollos habitacionales, también hay que recordar las construcciones de los edificios educativos, como fue la conclusión del IPAT y el Conservatorio o el reciente avance con las obras de la Primaria 7.

No obstante, en dicho evento, los discursos de Kicillof y el propio Iparraguirre exigieron al Municipio buscar soluciones al déficit habitacional de la ciudad. Sobre esto, Lafosse respondió que “de alguna manera nosotros estamos impulsando otra situación que es la posibilidad de realizar estos lotes con servicios, como el proyecto de Carrasco”.

Al mismo tiempo comentó que el Instituto de la Vivienda informó que las casas entregadas tuvieron un gasto superior a los 4 mil millones de pesos, lo cual “son fondos que para un Municipio es imposible absorberlos. Un Municipio no tiene la escala para realizar estas obras de vivienda”.

Ante la consulta de por qué De Corazón Tandilense si puede afrontarlas, el funcionario explicó que el Instituto de la Vivienda tiene la política de realizar las obras a través de organizaciones. A su vez, contó que a partir de las gestiones encabezadas por el propio Intendente Lunghi se pudieron hacer unas 24 viviendas en el Barrio Arco Iris que fueron entregadas el año pasado.

A la hora de resaltar otro acierto de la gestión mancomunada, subrayó el anuncio del Gobernador en el acto del miércoles respecto a la finalización de la obra de la Escuela Técnica 3. A la cual calificó como “un anuncio importante” y luego destacó: “El Intendente siempre ha tenido la capacidad de ir gestionando estas cosas”.

Otra de las cuestiones que dejó que el acto del pasado miércoles fueron las declaraciones de Kicillof respecto a la problemática del déficit habitacional que tiene Tandil. 

En la conferencia de prensa que brindó, el Gobernador aseguró que el acceso a la vivienda en Tandil es un problema “acuciante” y mencionó que familias presentes en el acto le comentaron que estaban pagando alquileres de 900 mil pesos.

Lafosse no entró en polémicas y se refirió a datos que surgieron del último censo, los cuales no tienen que ver sobre el déficit en vivienda, sino sobre el porcentaje de inquilinos que hay en la ciudad.

En ese sentido destacó que, al ser una ciudad universitaria, el análisis de los números terminan dando por debajo de la media de la Provincia como consecuencia de la cantidad de estudiantes universitarios que alquilan. Sin recordar el dato preciso, contó que la cantidad de personas que viven en su propia vivienda en la ciudad está por debajo del 60 por ciento y que la media provincial está alrededor del 72 por ciento.

Por último, comentó que esta situación también tiene que ver con el valor de los lotes: “El costo de la construcción en términos generales es bastante parecido en todas las ciudades, pero el acceso al suelo urbano es un poco más caro que el resto de las localidades de la región".