El Municipio realizó este viernes una presentación ante la Fiscalía de turno para poner en conocimiento los hechos de violencia registrados durante la madrugada en inmediaciones de un boliche ubicado en España 745, y aportó las imágenes captadas por las cámaras del sistema de videovigilancia municipal.

El episodio había tenido como escenario la zona de Pasaje Newbery al 900 y derivó en un ataque con armas de fuego que dejó a dos jóvenes de 24 y 22 años heridos. Ambos fueron trasladados al Hospital Municipal “Ramón Santamarina” y, según los primeros reportes, se encontraban fuera de peligro.

En el marco de la investigación, la policía aprehendió a un hombre de 34 años como presunto autor de los disparos y secuestró un revólver. La causa se encuentra a cargo de la UFI 12.

En la presentación realizada por la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, se detalló que entre las 6 y las 6.25 las cámaras del Centro de Monitoreo registraron, en España al 700, a personas aún no identificadas protagonizando hechos de violencia física que podrían constituir delitos de lesiones.

Por ese motivo, el Municipio puso la situación en conocimiento de la Fiscalía para su investigación y entregó los registros fílmicos correspondientes.

Los hechos habían sido advertidos directamente por trabajadores del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), que activaron los mecanismos de respuesta, dieron aviso a la Policía y solicitaron la presencia de equipos de Centinela en Territorio y del SAME para que acudieran al lugar.

A partir del relevamiento posterior, según informó el Municipio, también se constató que “desde el establecimiento no se había requerido la presencia de las fuerzas policiales ante los incidentes registrados en sus inmediaciones, ni asistencia sanitaria para una joven que fue retirada del local en condiciones que requerían atención y evaluación médica”.

Clausura por 15 días

Paralelamente a la presentación realizada ante la Justicia, la Dirección de Habilitaciones dispuso la clausura de Glow Disco por un plazo de 15 días, a partir de los incumplimientos constatados respecto de las obligaciones establecidas en la normativa que regula el funcionamiento de los locales de diversión, entretenimiento y esparcimiento.

La ordenanza 12.153 establece entre las responsabilidades de este tipo de establecimientos la adopción de medidas para evitar desórdenes o incidentes tanto en el interior de los locales como en sus inmediaciones.

Desde el Municipio señalaron que la intervención de oficio realizada durante la madrugada y las actuaciones posteriores forman parte de las acciones destinadas a garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas para el desarrollo de la actividad nocturna y contribuir a generar ámbitos seguros para los jóvenes y para toda la comunidad.

Una propuesta de trabajo conjunto que no tuvo continuidad

En septiembre de 2025, la Secretaría de Protección Ciudadana y las áreas municipales de fiscalización habían convocado a responsables de locales bailables habilitados en la ciudad para avanzar en una agenda conjunta destinada a fortalecer la prevención de situaciones conflictivas y hechos violentos vinculados con la nocturnidad.

En ese encuentro el Municipio presentó distintas propuestas, entre ellas la creación de un registro único de derecho de admisión y permanencia para personas involucradas en hechos de violencia; mecanismos para lograr una desconcentración más ordenada de los asistentes al finalizar la actividad; medidas vinculadas con el tránsito y el estacionamiento; el fortalecimiento de la videovigilancia y mayores controles de ingreso.

Como resultado de aquella reunión se había acordado avanzar en la redacción de una carta de intención entre el Municipio y el sector privado, con el compromiso de trabajar en la implementación de esas herramientas preventivas.

Sin embargo, desde entonces “no se recibió respuesta por parte de los responsables de los establecimientos para dar continuidad a esa instancia de trabajo y avanzar en la instrumentación de las medidas propuestas”.

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana reiteraron la voluntad del Municipio de sostener el diálogo y el trabajo conjunto con el sector, entendiendo que la prevención de hechos de violencia durante la nocturnidad requiere del compromiso y la responsabilidad de todos los actores involucrados.

Se espera la llegada de lluvias fuertes en el marco del fenómeno climático que se conoce como Súper Niño, y el Municipio dio a conocer el Plan de Gestión Integral del Riesgo: elaboraron un diagnóstico de las zonas que podrían ser más afectadas en la ciudad, incorporaron funciones a la aplicación Centinela para dar alerta e informar de acciones a seguir, trabajan en conjunto con fuerzas de seguridad e instituciones, establecieron una serie de refugios ante posibles evacuaciones, limpian arroyos y desagües y solicitaron a Provincia el dragado de parte del Langueyú.

“Todo lo que está dentro de nuestras posibilidades se está haciendo. Estamos trabajando, esta es una reunión para seguir trabajando juntos, no para asustarnos, sino para ayudarnos entre todos. Tandil va a estar a la altura de las circunstancias”, expresó Miguel Lunghi.

El Intendente abrió la presentación del Plan se llevó a cabo en el auditorio de OSDE, en una jornada de la que participaron autoridades comunales y educativas de todos los niveles, fuerzas de seguridad, clubes, referentes políticos y comunitarios, entre muchos otros.

Por su parte el meteorólogo Gustavo Czop dio detalles del fenómeno, aunque bajó las alarmas sobre el tema:“Fenómenos severos ya los hubo. En el caso de Bahía Blanca, sin tener El Niño presente cayeron 400 mm de golpe. Fenómenos puede llegar y va a haber seguro, quizás con mayor frecuencia, pero no es que se viene la tormenta perfecta y que se va a inundar todo el país. Sí, va a haber zonas mucho más anegadas que lo que estamos viendo, y que ya está ocurriendo”.

La principal presentadora del Plan de Emergencia fue la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, coordinadora de las acciones que se llevan adelante y quien estará a cargo del Comité que se conformará en el caso de una situación extrema o alerta roja.

Marcieri dio cuenta de que el Plan forma parte de una planificación mayor, solicitada por Provincia desde el año 2020 y que el Municipio ya elaboró. Por lo tanto, para prepararse para el Súper Niño comenzaron formulando un diagnóstico de la situación actual.

Por tal motivo dio paso al secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, quien desplegó un mapa de la ciudad en el que marcó las zonas que podrían estar más afectadas, a partir del análisis de los anegamientos recientes: Charitos, Smata, sectores de Cerro Leones y La Movediza, Arco Iris, el sector de la vía cerca de Villa Italia, barrio Las Ranas, la avenida Colón, avenida Balbín, la zona de Los Manantiales, el área norte de la Ruta 226 en cercanía al arroyo Seco, las inmediaciones del predio de La Rural, el Hipódromo, Graduados, y La Unión concentran focos de posibles anegamientos por encontrarse cerca de arroyos o en zonas bajas.

Con dicho diagnóstico y a través de la Dirección de Vialidad, el Municipio se encuentra “intensificando los trabajos de limpieza de desagües pluviales”, como precisó Lafosse. Pero en paralelo, también elevaron reclamos a Hidráulica de Provincia para que intervenga en los cauces bajo su órbita.

Uno de los pedidos a las autoridades provinciales fue la de la limpieza de los últimos 700 metros de los arroyos Blanco y Del Fuerte, y el dragado del Langueyú.

Marcieri continuó la presentación explicando que los niveles de alerta determinan las acciones a seguir: “con el amarillo nos informamos, con el naranja nos preparamos, con el rojo actuamos”, señaló.

La secretaria puso énfasis en marcar que una de las acciones principales en pos de la prevención de posibles fenómenos climáticos peligrosos fue la de preparar la aplicación Centinela. La herramienta digital del Municipio dará alertas que se actualizarán de manera constante, pero también indicará a los usuarios cómo proceder en cada caso: “Uno va a saber lo que tiene que hacer, y de acuerdo a la georeferencia cuál es el lugar más cercano si tiene que hacer una evacuación”, precisó.

En el caso de que se genere una alerta roja, se constituirá un Comité de Emergencia bajo el comando de la Secretaría de Protección Ciudadana, y la sede de calle Belgrano será el centro del operativo.

“Ante una alerta roja seríamos nosotros los primeros en responder. El segundo nivel sería Defensa Civil de Provincia y los terceros las fuerzas de seguridad del Estado Nacional”, indicó la funcionaria. 

El Comité estará integrado por el Municipio las instituciones que ya se encuentran involucradas en el Plan de Emergencia: Policía, Bomberos, Defensa Civil, Ejército y Fuerza Aérea. Además, contará con la colaboración clave de entidades como la Usina Popular y Municipal, Cruz Roja, Boy Scouts, Mesa Solidaria, el Instituto Mixto de Turismo y clubes de barrio.

Ante la posibilidad de que haya que evacuar vecinos, Tandil estableció una serie de instituciones que funcionarán como refugio, algunos para el alojamiento por varios días, otros para asistencias transitorias.

Serán el Campus Universitario (con 240 plazas), el club Los 50 (con 60 dormis), la Casa de la Cultura y el Bicentenario, la Universidad Barrial (refugio transitorio) la Iglesia de Restauración Familiar (exLimache), el Club Ferro, la Iglesia Peniel, el club Unión y Progreso, el Club Uncas, la Cruz Roja Argentina, el Espacio Nido de La Movediza, la Casa Común del barrio Charitos y el Camping Pinar de las Sierras.

El Municipio de Tandil adjudicó por $12.342.000 el servicio de reparación, adecuación y puesta en funcionamiento del ascensor de la Secretaría de Protección Ciudadana.

La contratación fue formalizada mediante el Decreto Nº 2607/2026, fechado el 26 de agosto, luego del desarrollo del Concurso de Precios Nº 71-03-26, destinado específicamente a resolver los inconvenientes del elevador del edificio donde funciona esa dependencia municipal.

La adjudicación quedó en manos de la firma Engeneering Elevation S.A.S., cuya propuesta económica fue de $12.342.000, exactamente el mismo monto establecido como presupuesto oficial para el servicio.

De acuerdo con los antecedentes incluidos en el decreto, el Municipio había invitado a participar del concurso de precios a cuatro proveedores.

La apertura de las propuestas se realizó el 31 de julio de 2026 y, según consta en el acta correspondiente, finalmente fueron dos los oferentes que presentaron sus propuestas.

Luego de analizar las ofertas, la Dirección de Compras y Suministros sugirió adjudicar el servicio a Engeneering Elevation S.A.S..

El área municipal señaló que la propuesta de la empresa coincidía con el presupuesto oficial, fijado en $12.342.000.

La recomendación fue posteriormente respaldada por las áreas correspondientes de la Secretaría de Economía y Administración, entre ellas Contaduría General y la Dirección de Presupuesto.

El objeto de la contratación no se limita a una reparación puntual del ascensor.

Según la denominación del concurso, el servicio comprende la reparación, adecuación y puesta en funcionamiento del equipo instalado en la Secretaría de Protección Ciudadana.

El decreto no brinda mayores detalles técnicos sobre las fallas detectadas ni especifica cuáles serán las tareas que deberá ejecutar la empresa adjudicataria. Tampoco detalla en la norma el tiempo previsto para completar los trabajos.

La contratación se tramita mediante el expediente EX-2026-00164521-MUNITAN-DCS#SEA.

Con la adjudicación, el Ejecutivo municipal autorizó formalmente el desembolso de $12.342.000, que será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes, de acuerdo con lo establecido por la Dirección de Presupuesto.

El decreto fue firmado por el intendente Miguel Lunghi y refrendado por la subsecretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri.

El caso de la familia dejada “a la buena de Dios” en la Estación de Ferrocarril por el Municipio de Azul sumó un nuevo capítulo: cuatro de los menores ya se encuentran escolarizados en la ciudad, y el conjunto de los integrantes continúa alojado en pensiones locales.

En paralelo, desde el gobierno de la localidad vecina no aportaron informes de manera formal a la Comuna local. “Azul no ha mandado ningún tipo de informe ni nada”, transmitieron desde el Municipio de Tandil. “Y no hemos recibido tampoco nada formal de parte de la Justicia”, agregaron.

Cabe recordar, fue el pasado viernes 14 cuando se conoció que el gobierno local activó el protocolo para personas en situación de calle y asistió a una familia que había sido trasladada a la ciudad por un móvil del Municipio de Azul. “Los dejaron a la deriva”, señalaron entonces desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.

“El funcionario que intervino y que decidió que esta familia se subiera, al menos tendría que haber tenido la deferencia de comunicarse con el Municipio de Tandil, diciendo que había una familia que quería trasladarse. Y comunicar si, como ellos dicen, tendrían un lugar para estar y un trabajo. Esa es la labor profesional que tiene que hacer una persona que interviene en estas circunstancias. Nos parece poco serio subirlos a una combi y bajarlos en un lugar que todo el mundo sabe que ahí no es la terminal ni que pueda haber gente que los pueda detectar”, sumaron.

Un punto central para brindar la asistencia, indicaron desde Desarrollo Humano, fue la condición de vulnerabilidad en la que sus integrantes se encontraban. “Sobre todo porque hay menores, por la cuestión alimentaria, por la cuestión de abrigo y la cuestión de salud que ya estamos gestionando con el hospital local”, explicaron.

Por el caso, funcionarios azuleños hicieron declaraciones públicas y manifestaron que el grupo familiar solicitó el traslado. Un concejal de la localidad vecina – Agustín Puyou-, presentó una denuncia contra el responsable del área de Desarrollo de la Comunidad por “abuso de autoridad, incumplimiento de funciones y abandono”. El edil ampliará la denuncia.

El propio intendente Miguel Lunghi solicitó informes a Azul, mientras que las secretarías locales que tomaron intervención –Desarrollo y Protección Ciudadana-, exigirán a la localidad vecina el resarcimiento económico por los gastos ocasionados.

Mientras la familia sigue alojada en pensiones de la ciudad, los menores del grupo ya cursan su proceso de inclusión, y retomaron clases. Fue tras inscribirse en establecimientos educativos locales. Cabe recordar, los mismos estaban escolarizados en Azul, y de hecho directivos de las instituciones de la localidad vecina se habían comunicado con los mayores responsables para consultar los motivos de las ausencias de los últimos días.

Por otro lado, portales de noticias de la ciudad se hicieron eco de la denuncia de un vecino de la localidad de Bolívar, quien exigió la restitución de su hijo de cinco años, uno de los menores del grupo.

De parte del Municipio de Tandil tomaron contacto directo con la Dirección de Niñez de Bolívar por el reclamo del padre. “Se lo asesoró para que utilice las vías formales, sea Justicia, Servicio Local y/o Dirección de Niñez de su ciudad de procedencia, que es Bolívar, para que soliciten formalmente información sobre el paradero y sobre la situación de su niño”, indicaron.

El gobierno local brinda asistencia a una familia de once integrantes que quedaron “a la buena de Dios” cuando un móvil con identificación del Municipio de Azul los trasladó desde la localidad vecina hacia la Estación de Ferrocarril. La policía con base en la ciudad inició una causa por averiguación de ilícito contra la propia Comuna azuleña, mientras que el grupo familiar permanece alojado en dos pensiones mientras se aborda su situación. Desde Tandil solicitarán a Azul que se hagan cargo de los gastos ocasionados.

En diálogo con El Eco, la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Macieri, y la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, brindaron detalles de la situación. Al respecto, contaron que registraron por las cámaras la presencia de la familia y activaron el protocolo correspondiente. A su vez indicaron que el caso cuenta con una particularidad no menor: la Justicia de Azul dispuso una custodia dinámica para el grupo familiar, en el marco de una causa por lesiones leves y amenazas contra ellos.

“Los dejaron a la deriva y eso tiene que quedar más que claro”, expresaron las funcionarias. A su vez plantearon que “el funcionario que intervino y que decidió que esta familia se subiera, al menos tendría que haber tenido la deferencia de comunicarse con el Municipio de Tandil, diciendo que había una familia que quería trasladarse. Y comunicar si, como ellos dicen, tendrían un lugar para estar y un trabajo. Esa es la labor profesional que tiene que hacer una persona que interviene en estas circunstancias. Nos parece poco serio subirlos a una combi y bajarlos en un lugar que todo el mundo sabe que ahí no es la terminal ni que pueda haber gente que los pueda detectar”.

La familia provino de Azul, aunque algunos de sus integrantes cuentan con domicilio legal en otra localidad bonaerense. El caso trascendió durante la mañana del viernes 14, cuando en grupos de Facebook empezaron a circular imágenes de la propia familia solicitando ayuda por su situación de vulnerabilidad.

Tras recibir llamados por la presencia de un grupo de personas en la Estación, agentes de Protección Ciudadana constataron el hecho desde las cámaras del Centro de Monitoreo. Entre otros aspectos, registraron que el móvil del traslado contaba con inscripción del Municipio de Azul.

Posteriormente activaron el protocolo para personas de situación de calle, lo que promovió la intervención de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.

A su vez, las propias funcionarias señalaron que la policía “inició una causa sobre averiguación de ilícito en contra del Municipio de Azul en virtud de los relatos de las personas que allí se encontraban”.

La familia en cuestión está integrada por once personas de entre 49 y 5 años. De acuerdo a la información relevada al momento desde Desarrollo Humano, los menores se encontraban escolarizados, e incluso sus tutores recibieron llamados de los establecimientos educativos por las ausencias. El mayor responsable del grupo, agregaron, contaba con empleo e incluso dejó en Azul herramientas de trabajo.

“Es una familia numerosa, que vivían juntos en Azul”, transmitió Teerink. La funcionaria se comunicó con su par azuleño, aunque existen diferencias entre las versiones oficiales y las transmitidas por la familia.

“La condición en la que está esta familia y cómo llegaron amerita tener en principio una atención en términos de asistencia para garantizarles el resguardo. Sobre todo porque hay menores, por la cuestión alimentaria, por la cuestión de abrigo y la cuestión de salud que ya estamos gestionando con el hospital local”, sostuvo Teerink. La funcionaria explicó además que tras declarar durante la jornada del jueves, los integrantes solicitaron ampliar lo expuesto. 

“Ellos definen la situación como algo arbitrario donde no les notificaron el traslado compulsivo hasta la ciudad de Tandil, donde quedaron a la buena de Dios en la Estación”, precisó.

“Por supuesto que Tandil no los va a dejar a la deriva. Les pedimos determinadas condiciones para que queden al menos temporalmente en la ciudad. El alojamiento va a ser también temporario. No es una situación de calle, es una situación transitoria que requiere una intervención desde el protocolo”, amplió Teerink.

Ambas funcionarias remarcaron que por el caso “no hubo una comunicación institucional entre ambos municipios”. Al respecto, Marcieri sostuvo que de parte de Azul “no hubo una comunicación con este Municipio para hacer algún tipo de articulación, para acompañar a la familia, que estaba según sus relatos desde el sábado en situación de calle, y con una medida judicial donde necesitaban una custodia dinámica". 

Al respecto explicó que "no a cualquiera se le da una custodia dinámica. Tiene que haber habido una situación de peligro para con ese grupo familiar que al menos desatendió el estado municipal de Azul”.

Tras tomar conocimiento del caso, la secretaria local de Protección Ciudadana se comunicó con el secretario de Gobierno azuleño. De acuerdo a lo expuesto por Marcieri, el funcionario de la localidad vecina dijo saber de la situación “y que las personas habían solicitado ser traídas a Tandil, aduciendo que tenían trabajo y un lugar a donde quedarse”.

Sin embargo, según el acta que el funcionario de Azul leyó a Marcieri, en la misma no se certificaron las precisiones del alojamiento previsto. Sobre el tema, la secretaria sostuvo que el representante de la localidad vecina indicó incluso que una profesional del campo social acompañó a la familia al momento del traslado.

“Cada uno de ellos dice que fueron citados diciéndoles que les iban a dar una solución habitacional, que la solución estaba en trasladarlos a la ciudad de Tandil y que allí los iban a estar esperando. Por eso cuando se bajaron esperaron un buen tiempo para ver si alguien se acercaba a brindarle esto que le habían prometido desde la ciudad de Azul”, contó Marcieri.

Desde la Comuna cursarán una nota al intendente de la localidad vecina para “exigirle una respuesta concreta para estos ciudadanos y para que se hagan cargo de los gastos”.

La secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, dialogó con El Eco. Brindó detalles del presente de la ordenanza de motos y del proyecto de modificación que enviaron al Concejo Deliberante para realizar allanamientos.  También informó que avanzan las tratativas para crear una Fuerza de Aproximación Barrial en La Movediza, y que inaugurarán en el corto plazo una base de Policía Científica en el Paseo de los Españoles.

Además, adelantó que se encuentran adelantadas las gestiones para contar con una médica legista en Tandil a partir de mediados de agosto. Se trata de una iniciativa que se concretará a través de una inversión municipal que permitió reacondicionar un espacio en la sede de la Policía Departamental. 

La noticia supone no solo un principio de respuesta a la demanda de organizaciones vinculadas al género –por la habilitación para  implementar protocolos específicos con la que la profesional contaría en casos de denuncias de violencia-, sino también por la posibilidad de que, a futuro, se lleven a cabo autopsias en la ciudad.

El debate en torno a la ordenanza de motos volvió a tomar estado público a raíz de discusiones en el Concejo Deliberante. Al respecto, Marcieri precisó que no se lograron concretar allanamientos por la “imposibilidad técnica que se expresa en la propia ordenanza”.

La normativa fue aprobada, con modificaciones, en una sesión especial en diciembre pasado. Si bien “desalentó en un primer momento a las caravanas”, la secretaria señaló que el impedimento para lograr dictaminar allanamientos se dio porque exige “que se den tres elementos en simultáneo: que se detecte la falta, que la falta sea corroborada en un procedimiento, y que a su vez provoque el riesgo en la vida de otros”. Sin embargo, explicó “esos tres elementos nunca se podían juntar”.

Por tal motivo llevaron a cabo una reunión con concejales, jueces de Faltas y funcionarios municipales en el pasado mes de mayo. Con los requerimientos planteados por los jueces –indicó Marcieri-, elaboraron un proyecto de modificación que propone evaluar la posibilidad de sumar a la ordenanza la admisibilidad de publicaciones en redes sociales, incorporar como conducta pasible de sanción los ruidos molestos producidos por dispositivos de cualquier tipo (como parlantes traseros en los autos), modificar el artículo que exige que se den las condiciones mencionadas para realizar allanamientos, y que los allanamientos alcance a quienes pongan en riesgo la vida de terceros más allá “del lugar de comisión o de las personas que afectare”.

“Fue consensuado con los propios jueces de Faltas, que pudieron comentarle a los concejales las imposibilidades jurídicas. Hicimos ese proyecto, lo elevamos y estamos esperando respuesta del Concejo Deliberante. Está en la comisión de Transporte esperando ser tratado”, señaló la secretaria.

“Estamos esperando una segunda reunión que nunca se dio. Ellos iban a volver a analizar este pedido, e insistimos con ello porque sabemos que ahora van a empezar nuevamente los días de calor. Si bien estamos trabajando muchísimos con operativos focalizados, operativos dinámicos, operativos estáticos, con distintas fuerzas de seguridad y hemos traído grupos tácticos operativos de otras ciudades y seguiremos gestionando en la materia, nos preocupa que vuelva a surgir  fuertemente  esta modalidad”, sumó.

Policía en La Movediza y efectivos

-Un reclamo de larga data de parte del Municipio y de los vecinos del barrio es el del destacamento de La Movediza. ¿Hay novedades con ese pedido?

-Alejandra Marcieri: Hay novedades con la posibilidad de la realización de una Fuerza de Aproximación (FBA) barrial en La Movediza. El municipio tiene elaborado el plano de cómo sería esa dependencia y tenemos previsto solicitarle una reunión al ministro Alonso para presentarle el proyecto.

Ese proyecto se ajusta a las características técnicas que nos brindaron desde el Ministerio de Seguridad en cuanto a las obras.

La idea es sentarnos con el ministro y tener alguna garantía de que van a venir los efectivos para poder cubrir ese espacio, que no quede una cáscara vacía, que no sea un espacio más y que se redistribuyan las personas que tenemos en el territorio para cubrirlo.

El compromiso del ministerio y por tratarse de la FBA, que es una rama distinta a la policía de seguridad, sería que vengan efectivos nuevos a poder completar ese espacio. Va a ser una inversión del Municipio mayor a los 300 millones de pesos.

-¿Dónde va a estar ubicado?

- Está planificado para que esté en el predio del Nido. Hoy hay un contenedor, una especie de destacamento donde la gente se puede acercar, es un espacio de control y demás, y va a ser en ese predio. El Municipio ha cedido ese espacio.

-Otro de los reclamos es el del retorno de efectivos tandilenses a la ciudad…

-Nos ha dejado en claro en más de una oportunidad el Ministerio de Seguridad que los policías son policías de la provincia de Buenos Aires y que una vez que egresan como policías pueden ser destinados a cualquier lugar del territorio.

Más allá de eso, tienen 3 años de capacitación que son obligatorios en distintos espacios como pueden ser la FBA,  que los lleva a otros lugares donde adquieren la experiencia necesaria para luego desenvolverse en cualquier tipo de territorio.

Nosotros lo que sí seguimos solicitando es que vengan más efectivos. Yo el otro día en el Foro de Seguridad decía que no importa el nombre, el apellido y el número de legajo de la persona, lo que importa es que haya efectivos policiales para poder subirse a las camionetas y hacer los recorridos que son necesarios.

Estuvieron mandando refuerzos en estos días para lo que es la Patrulla de Prevención Rural y han mandado también efectivos para lo que tiene que ver con el patrullaje.  preventivo a la Jefatura Departamental, y se reforzó la DDI de drogas ilícitas.

Hemos tenido este respuesta de parte de la de la provincia de Buenos Aires cuanto al envío de efectivos y se sigue trabajando sobre el levantamiento de carpetas  para poder reincorporarse de manera operativa la fuerza.

La Municipalidad de Tandil puso en marcha esta semana la etapa de contacto directo con los vecinos rurales para implementar el programa Tranquera Segura. El primer encuentro tuvo lugar en el Club Defensores de De la Canal, donde más de 50 vecinos de la zona se interiorizaron sobre el sistema de georreferenciación que ya asignó una identidad digital a 2.600 tranqueras en todo el territorio rural.

En diálogo con El Eco, el subsecretario de Protección Ciudadana, Juan Ibáñez, explicó que este trabajo fue el resultado de una labor conjunta con la Dirección de Estadística, la Cooperativa Vial y diversas entidades rurales. Durante meses, se procesaron imágenes satelitales para mapear cada acceso, asignándole un número de identificación único que funciona, en la práctica, como el número de puerta de una vivienda en el casco urbano. Esta base de datos permitió conformar un mapa para despachar emergencias de forma ágil.

La iniciativa surgió para dar respuesta a una problemática histórica del sector: la dificultad de las fuerzas de seguridad o los servicios de salud para localizar establecimientos en áreas remotas o caminos complejos. Según detalló Ibáñez, el sistema se integra directamente con la aplicación Centinela, permitiendo que, ante una alerta, el Centro de Monitoreo de Tandil (CMT) pueda trazar una ruta exacta desde la ubicación de un móvil o centro de despacho hacia la tranquera identificada.

La implementación técnica del programa se basa en un complemento rural para la aplicación base que la Municipalidad utiliza desde hace años. La diferencia fundamental radica en el proceso de alta del usuario; mientras que en la ciudad se indica una dirección postal, en este caso el vecino debe ingresar el número de identificación que le fue asignado a su acceso principal. Por este motivo, las reuniones presenciales resultan clave para que cada propietario conozca sus coordenadas exactas dentro del sistema municipal.

Ibáñez destacó que la recepción por parte de los vecinos de De la Canal fue "muy positiva" y resaltó la voluntad de los productores por conocer los alcances de la herramienta. Durante la jornada, se dispusieron computadoras para que los asistentes pudieran visualizar sus establecimientos en el mapa digital y retirar los kits de identificación, que consisten en una chapa con el número asignado y material instructivo para la descarga y configuración de la aplicación en dispositivos móviles.

Cuando un vecino activa una emergencia a través de Centinela Rural, la señal ingresa de forma inmediata al Centro de Monitoreo. Desde allí, el operador visualiza el punto exacto de la tranquera y deriva el recurso necesario, ya sea una patrulla de la policía, una unidad de bomberos o una ambulancia. Este avance tecnológico permite reducir los tiempos de respuesta, eliminando las confusiones habituales sobre puntos de referencia o nombres de establecimientos que suelen demorar las asistencias en el campo.

El programa no se detendrá en De la Canal, ya que el calendario de encuentros continuará este jueves a las 18 en el Club El Hornero. Según adelantó el funcionario, la planificación contempla alcanzar la mayor cantidad de parajes y localidades rurales del partido. Aquellos vecinos que no puedan asistir a las reuniones presenciales recibirán sus kits mediante un trabajo paralelo de recorridos que realizará el personal de la Secretaría de Protección Ciudadana en las semanas subsiguientes.

A pesar del avance en herramientas tecnológicas y logística de georreferenciación, la seguridad en el ámbito rural sigue supeditada a la disponibilidad de recursos humanos y móviles. En ese sentido, Ibáñez reconoció que el Municipio mantiene gestiones activas ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia para concretar el arribo de más efectivos destinados al Comando de Patrulla Rural, una promesa que originalmente estaba prevista para abril.

Si bien se registraron algunos ingresos recientes de personal, el número actual de agentes no alcanza a cubrir la demanda total de un partido con la extensión y complejidad de Tandil. El funcionario enfatizó que este es un reclamo constante por parte del gobierno local, ya que la efectividad del sistema Centinela Rural depende, en última instancia, de contar con la cantidad necesaria de uniformados para cubrir las cuadrículas de prevención y respuesta.

En paralelo a la entrega de las chapas identificatorias, la secretaría anunció el próximo lanzamiento de Centinela Patrulla Rural. Esta nueva funcionalidad estará orientada a fortalecer las tareas de prevención mediante un esquema de recorridos coordinados, identificación de vehículos sospechosos en los caminos y una comunicación más fluida entre los residentes y el personal policial que se encuentra en territorio.

La apuesta del gobierno local apunta a integrar la tecnología con la participación comunitaria. "Es una iniciativa que busca acercar las herramientas que ya funcionan en la ciudad al área rural", concluyó Ibáñez, subrayando que la geolocalización de las más de 2.600 tranqueras es el primer paso firme hacia un sistema de protección civil que no reconozca fronteras entre lo urbano y lo rural.

“Estamos impulsando una política pública de seguridad vial basada en datos objetivos, que nos va a permitir seguir trabajando sobre la prevención y la fiscalización con un único objetivo que es reducir los siniestros de tránsito y cuidar la vida de nuestros vecinos”, definió la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, sobre los alcances de la propuesta que el Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante.

En diálogo con el ciclo Tandil Despierta (EcoTV y 104.1 Tandil FM), la funcionaria explicó que el enfoque propuesto, que amplía anteriores iniciativas relacionadas a la materia, contempla la instalación de tecnología que permitirá la detección de excesos de velocidad, pero también establecer “si la persona va manejando y utilizando un dispositivo electrónico, observar los cruces en rojo, los giros en lugares no permitidos”. A la vez, tener un proceso de control y fiscalización electrónico ante eventuales procesos administrativos.

No obstante, la secretaria remarcó que “no es llegar a la sanción” el objetivo de la medida. Aseguró que el “éxito” estará dado cuando los vecinos comprendan que esas conductas los exponen a riesgos y las cambien. “Cuantas menos infracciones haya, estaremos en condiciones de evolucionar en el respeto de las normas, algo que hoy no estamos haciendo”, resumió.

La respuesta ante el planteo del fin recaudatorio

Consultada sobre las críticas de algunos sectores de la oposición que señalan un posible fin recaudatorio en este tipo de acciones, Marcieri fue categórica al señalar que “si cumplo con las normas, ¿tengo algún tipo de sanción? No”.

Basada en la experiencia de distintas ciudades que implementaron sistemas electrónicos de fiscalización, dijo que “la única manera de reducir y de cambiar conductas arraigadas tienen que ver con este tipo de control que lleva a la sanción”.

La funcionaria insistió en que el éxito del programa no se medirá por la cantidad de multas, sino por la modificación de conductas arraigadas que ponen en riesgo a la comunidad.

Asimismo, aclaró que la implementación del sistema tendrá un “costo cero” para el Municipio, ya que el financiamiento se gestionará a través de un esquema de participación en la recaudación de la dependencia. “No ponemos ni un centavo en la tecnología aplicada a esta solución”, afirmó.

El Gobierno comunal elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para autorizar la contratación de un Sistema Integral e Inteligente de Fiscalización Electrónica del Tránsito y Seguridad Vial. La propuesta, orientada a reducir la siniestralidad y proteger la vida de los vecinos, prevé la incorporación de cámaras inteligentes y dispositivos de lectura de patentes para controlar las conductas de riesgo en la vía pública.

De acuerdo al texto de la iniciativa, el diagnóstico realizado por la Secretaría de Protección Ciudadana y el área de Movilidad Urbana fue el sustento que respaldó el avance de la norma. Mediante un software de desarrollo propio, según se desprende los fundamentos del documento, se analizaron 80 arterias de la ciudad en las que se detectó que “al menos un cuarto de los conductores transita en exceso de las velocidades legales permitidas”, superando los 60 kilómetros por hora establecidos para las avenidas. Ante este escenario, el Ejecutivo consideró imperativo implementar nuevas estrategias de control que involucren tecnología de última generación.

“El diagnóstico del estado de situación del tránsito impone la ejecución de políticas públicas para prevenir situaciones de riesgo, disminuir las tasas de accidentes y fatalidades, reducir las infracciones y concientizar a la población sobre el cumplimiento de las normas de tránsito”, señala el texto elevado al Legislativo.

El proyecto plantea que el nuevo sistema tendrá como finalidad la prevención de siniestros y el fortalecimiento de las políticas públicas de seguridad vial. Según el texto, se busca dar continuidad a la labor del Observatorio Vial Tandil, creado bajo la ordenanza 17.603, para “generar información fehaciente” que permita la toma de decisiones. La intención es transformar la conducta de los conductores a través de una fiscalización de las infracciones más frecuentes.

De acuerdo al articulado de la propuesta, el Departamento Ejecutivo quedará facultado para adquirir e instalar diversos dispositivos tecnológicos. Entre ellos se destacaron los “cinemómetros fijos, móviles y portátiles”, cámaras inteligentes de control vehicular, sistemas de detección de cruce de semáforo en rojo y lectores automáticos de patentes.

El proyecto también contempla la digitalización total del labrado de actas, permitiendo que el registro de las faltas se realice de manera ágil y fehaciente.

Para garantizar la legalidad de los procedimientos, la norma propuesta establece condiciones estrictas sobre el equipamiento utilizado. El artículo quinto estipula que todos los dispositivos que requieran certificación deberán “contar con homologación vigente emitida por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)” o los organismos competentes a nivel nacional o provincial, “ser sometidos a controles y calibraciones periódicas” y “cumplir con la normativa nacional y provincial vigente”.

Asimismo, aclara que la falta de calibración o control técnico periódico impedirá el uso del equipo para la constatación de cualquier falta administrativa.

Un punto central de la iniciativa reside en la transparencia y la señalización de los controles electrónicos. “Se deberá proceder a una adecuada señalización previa de todos los puntos de control electrónico mediante cartelería visible”, señala el artículo sexto, que indique las velocidades máximas permitidas.

Por otro lado, la ordenanza propuesta aclara que el labrado de las actas identificadas por las cámaras “deberá requerir de la intervención de agentes, inspectores o funcionarios municipales habilitados para tal fin”, asegurando la supervisión humana en el proceso sancionatorio.

Respecto al destino de los recursos obtenidos por el cobro de las infracciones, el artículo decimotercero define un esquema de afectación específica para lo recaudado.

Los fondos serán destinados a “obras de infraestructura vial, campañas de educación vial, al Sistema Integrado de Salud Pública y al fomento de actividades deportivas”. De este modo, el Ejecutivo busca que el carácter del sistema sea preventivo y educativo, reinvirtiendo el dinero en mejoras directas que beneficien la seguridad y la salud de la comunidad tandilense para atacar el argumento del fin recaudatorio.

Como parte del proceso de elaboración de la propuesta, y antes de su elevación formal, el Ejecutivo mantuvo una reunión de trabajo con concejales de distintos bloques políticos, en la que se presentaron los fundamentos técnicos, estadísticos y conceptuales de la iniciativa.

Durante ese encuentro también se respondieron consultas y se puso a disposición toda la información elaborada por las áreas municipales, con el objetivo de favorecer un análisis amplio del proyecto antes del inicio de su tratamiento legislativo.

Con el ingreso formal de la iniciativa, el Concejo Deliberante iniciará su tratamiento de acuerdo con los tiempos previstos en el proceso legislativo, instancia en la que el proyecto será analizado y debatido por los distintos bloques antes de su eventual aprobación.

En las últimas horas, este Diario confirmó la sentencia condenatoria que ventiló el Juzgado de Faltas por la denuncia municipal en torno al condominio irregular que disparó un fuerte debate político y una exposición en la opinión pública.

Tal se informó oportunamente, el Municipio tomó intervención por el avance en la construcción en un área prohibida e incluso construyendo sobre una calle pública, y presentó la denuncia ante el juzgado de Faltas, desde donde recientemente se conocieron las principales decisiones en torno al litigio.

A más precisiones, el Juzgado de Faltas 2 condenó a Corica Gutiérrez Bienes Raíces S.R.L. por haber ejecutado obras sin autorización municipal y por incumplir una orden de paralización vigente.

Sobre las principales medidas a implementar, al decir del fallo, se destacaron la imposición de una multa ambiental de aproximadamente 21.512.507 pesos.  También una segunda multa por infracción al Código de Edificación de aproximadamente 2.886.886 pesos. El monto total de la sanción impuesta por el juez alcanza los 24.399.393 pesos.

Asimismo, el magistrado municipal ordenó demoler o relocalizar cuatro construcciones ubicadas dentro de la franja de restricción hídrica, dentro de un plazo de 60 días desde que la sentencia quede firme.

Las otras dos construcciones, que se encuentran fuera de la franja de restricción hídrica, no quedan regularizadas. Solo podrán permanecer si obtienen la aprobación administrativa correspondiente y cumplen íntegramente con el Plan de Desarrollo Territorial, el Código de Edificación y toda la normativa aplicable.

En otro de los puntos del fallo, el juez señaló que si la empresa no cumple la sentencia, se dispone la intervención de la Secretaría Legal y Técnica para promover las acciones judiciales pertinentes.

A la vez, se mantiene la prohibición de innovar, por lo que no podrán continuar obras, ampliaciones o modificaciones en el predio.

En ese contexto, se ordena a Ingresos Públicos y Obras Privadas mantener bloqueado cualquier trámite relacionado con el inmueble hasta el cumplimiento de la sentencia.

Asimismo, se oficia a las áreas de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial, Ambiente, Vialidad y Protección Ciudadana para que realicen el seguimiento y control del cumplimiento.

Además de sancionar a la empresa citada por la construcción clandestina, el juez en su sentencia dirige recomendaciones y exhortaciones al propio Municipio y a la Usina para fortalecer los controles preventivos y mejorar la coordinación entre las distintas áreas involucradas.

 Obras clandestinas en Zona Protegida: los vecinos amenazaron a funcionarios que fueron a inspeccionar

En otro orden de asuntos dentro del mismo escenario delicado que hacen a la construcción denunciada en la Zona Protegida, tal como se anticipó en estas páginas, se formalizó la denuncia penal contra responsables del desarrollo señalado.

A más datos, la secretaria Alejandra Marcieri denunció a Juan Ignacio Córica Gutiérrez.

Se pidió a la justicia al respecto que se investigue la posible comisión de “Amenazas agravadas”, “Atentado y resistencia contra la autoridad” y cualquier otro delito que pudiera surgir durante la Investigación Penal Preparatoria.

Asimismo, la funcionaria solicitó el dictado urgente de medidas de protección.

La denuncia se enmarca en las actuaciones administrativas que el Municipio viene desarrollando respecto de un emprendimiento inmobiliario ubicado en la Chacra 142, Parcela 3, donde desde 2022 existen distintos expedientes relacionados con solicitudes de subdivisión; proyectos urbanísticos; construcciones presuntamente irregulares;  actuaciones del Tribunal de Faltas e intervenciones de la Comisión Municipal de Gestión Territorial.

Como se informó en ediciones pasadas, durante una inspección realizada por funcionarios municipales, el denunciado habría mantenido una conducta hostil destinada a impedir el normal ejercicio de las funciones de control.

Según la denuncia,  increpó reiteradamente a los inspectores; sostuvo que los funcionarios estaban ingresando a un lote privado; intentó impedir el desarrollo de la inspección; profirió expresiones consideradas intimidatorias y en un momento se arrojó sobre el vehículo oficial manifestando que intentaban atropellarlo.

Según la denuncia, todo ello quedó registrado mediante filmaciones.

Sobre las amenazas, el escrito destaca especialmente una frase atribuida al denunciado y dirigida directamente a Alejandra Marcieri: “Usted por ingresar a un lote privado, usted señora va a ver cómo va a quedar."

La denunciante afirma que dicha expresión le generó temor por su integridad física y considera que constituye una amenaza agravada.

A la vez, se alude en la presentación el delito de Violencia de género. Al decir de la denuncia, el además del contenido intimidatorio, la presentación sostiene que la conducta debe analizarse también desde una perspectiva de violencia de género, por tratarse de una amenaza dirigida contra una mujer que ejercía funciones públicas de fiscalización.

Como pruebas, la funcionaria presentó en su informe, registros fílmicos del episodio; imágenes; los antecedentes administrativos municipales, más documentación obrante en expedientes públicos vinculados al inmueble.

Vale consignar que el caso volvió a la agenda pública cuando el concejal Rogelio Iparraguirre pidió informes por el loteo irregular en una Zona Protegida, por arriba de la cota permitida para desarrollos inmobiliarios múltiples.

El mismo caso había sido denunciado por la Asamblea por la Preservación de las Sierras. La entidad ciudadana publicó, en noviembre de 2024, una imagen de un portón ubicado sobre calle Israel, poniendo en cuestión la ocupación de la arteria pública.

A partir de la solicitud de informes, el secretario de Planeamiento y Obras Públicas de la comuna, Luciano Lafosse, confirmó dos de las sospechas que pesaban sobre el lugar: que parte había sido comercializado como condominio -pese a que esa figura está prohibida para Zona Protegida-, y que las construcciones en marcha eran obras clandestinas. En concreto, las viviendas no contaban con la presentación reglamentaria de planos ante los organismos municipales correspondientes.

El funcionario sostuvo además que habían inspeccionado el loteo -dijo, incluso antes de la denuncia de la Asamblea-, y que tras detectar la irregularidad radicaron una denuncia en el Juzgado de Faltas 2, a cargo del juez Oliveto. En el mismo sentido, hicieron una presentación a Hidráulica de Provincia, ya que por el lote pasa un arroyo semipermanente.

Otro dato que se supo en los últimos días fue que la construcción de las viviendas estuvo a cargo del mismo desarrollador que tiempo atrás se vio envuelto en un escándalo: en un loteo de La Elena, un trabajador que se desempeñaba en el movimiento de suelo agredió brutalmente a un vecino que se acercó a preguntar por las tareas en el lugar.

Ese caso motivó un debate en torno a la proliferación de ventas -estafas-, mediante la figura de condominio en Tandil. Cabe recordar, en particular en Zona Protegida, la del condominio no es una modalidad permitida para la subdivisión de lotes. Vecinos que han adquirido terrenos de esa manera resultaron estafados: no deberían poder luego escriturar más de una vivienda en el conjunto del lote.

Vecinos del lote con obras clandestinas de calle Israel amenazaron de manera verbal a funcionarios municipales que fueron a inspeccionar el lugar. Así lo confirmaron desde la Comuna a El Eco, agregando también que analizan realizar la denuncia por el caso. 

El hecho se produjo durante el lunes 29 de junio, cuando la propia secretaria de Protección Ciudadana - Alejandra Marcieri-, junto con el director de Obras Privadas, un móvil de Centinela en Territorio y hasta efectivos policiales concurrieron hasta el loteo de la calle Israel, ubicado en Zona Protegida.

La manzana en cuestión volvió a tomar estado público durante los últimos días, ya que el concejal Rogelio Iparraguirre -bloque Fuerza Patria-, elevó un pedido de informes para conocer los detalles de la urbanización. El caso había sido denunciado por al Asamblea por la Preservación de las Sierras en noviembre de 2024.

Al frente de Protección Ciudadana, Marcieri tiene a su cargo Inspección General, por lo que encabezó el operativo que se acercó hasta el lugar con el objetivo de tomar registro de “la ocupación de la calle a la que le pusieron portón”, informaron desde el Municipio.

También para constatar el estado de las construcciones. Se detectaron seis viviendas y una cabaña, en su mayor parte en construcción. Sin embargo, se produjo una situación de tensión a partir de agresiones verbales de parte de los vecinos. 

“Las agresiones fueron verbales con amenazas”, transmitieron desde el gobierno local, por lo que los funcionarios implicados evalúan realizar la denuncia correspondiente. Si bien el episodio “no pasó a mayores”, se supo también que los vecinos tuvieron formas violentas incluso con los agentes policiales.

“Son obras clandestinas”

Fue el concejal Rogelio Iparraguirre quien volvió a poner en agenda pública el loteo irregular en una Zona Protegida, por arriba de la cota permitida para desarrollos inmobiliarios múltiples. Lo hizo al presentar un pedido de informes al Ejecutivo municipal durante la última sesión del Concejo Deliberante.

El mismo caso había sido denunciado por la Asamblea por la Preservación de las Sierras. La entidad ciudadana publicó, en noviembre de 2024, una imagen de un portón ubicado sobre calle Israel, poniendo en cuestión la ocupación de la arteria pública.

A partir de la solicitud de informes, el secretario de Planeamiento y Obras Públicas de la Comuna dialogó con El Eco de Tandil y confirmó dos de las sospechas que pesaban sobre el lugar: que parte había sido comercializado como condominio -pese a que esa figura está prohibida para Zona Protegida-, y que las construcciones en marcha eran obras clandestinas. En concreto, las viviendas no contaban con la presentación reglamentaria de planos ante los organismos municipales correspondientes.

El funcionario sostuvo además que habían inspeccionado el loteo -dijo, incluso antes de la denuncia de la Asamblea-, y que tras detectar la irregularidad radicaron una denuncia en el Juzgado de Faltas 2, a cargo del juez Oliveto. En el mismo sentido, hicieron una presentación a Hidráulica de Provincia, ya que por el lote pasa un arroyo semipermanente. 

Otro dato que se supo en los últimos días fue que la construcción de las viviendas estuvo a cargo del mismo desarrollador que tiempo atrás se vio envuelto en un escándalo: en un loteo de La Elena, un trabajador que se desempeñaba en el movimiento de suelo agredió brutalmente a un vecino que se acercó a preguntar por las tareas en el lugar.

Ese caso motivó un debate en torno a la proliferación de ventas -estafas-, mediante la figura de condominio en Tandil. Cabe recordar, en particular en Zona Protegida, la del condominio no es una modalidad permitida para la subdivisión de lotes. Vecinos que han adquirido terrenos de esa manera resultaron estafados: no deberían poder luego escriturar más de una vivienda en el conjunto del lote.

Ante tales situaciones, el concejal Rogelio Iparraguirre también presentó un proyecto de ordenanza, que actualmente el Ejecutivo municipal evalúa. La iniciativa propone crear una cédula para lotes, que le permitirá a cada posible comprador conocer a ciencia cierta qué se puede y qué no se puede construir en cada caso.

Para retomar la iniciativa de las fotomultas, Protección Ciudadana se basó en una medición de la velocidad de circulación en ocho intersecciones de avenidas y calles distribuidas en distintos sectores de la ciudad, elegidos a partir de los nodos más conflictivos que arrojó el Observatorio Vial para el primer trimestre de este año.

Las esquinas elegidas fueron Alem y España; Avellaneda y 11 de Septiembre; Don Bosco y Francia; Marconi y 11 de Septiembre; Lunghi y Azucena; Avellaneda y Sandino; Marconi y 4 de Abril y Del Valle y Beiró.

“Detectamos esta cuestión de la conducta de manejar en exceso de velocidad, lo que no quiere decir que implementado el sistema se van modificando las conductas porque esto es una cuestión en esencia mutable”, advirtió Juan Ibáñez, subsecretario de Protección Ciudadana.

En tanto, describió que para el estudio se utilizó el programa del arquitecto Riva que midió la velocidad procesando las imágenes de las grabaciones de las cámaras del sistema de videovigilancia de ocho puntos de la ciudad, el lunes 5 de mayo, de 11 a 13 y de 21 a 23.

El análisis reveló que el lunes 5 de mayo, durante las cuatro horas evaluadas y en los ocho puntos seleccionados, sobre un universo de 16.985, fueron 4.674 los que pasaron en exceso de velocidad.

“Uno tiene que ver no lo que pasa, sino lo que podríamos llegar a evitar si logramos cambiar la conducta humana frente al tránsito. Recordemos que lo que se evita no se puede medir, pero sí podemos medir el potencial riesgo -que es lo que estamos mostrando hoy- que tenemos al circular con exceso de velocidad”, enfatizó la secretaria Alejandra Marcieri y manifestó que hay que estimar también las conductas que puedan ser combinadas, como manejar con exceso de velocidad y utilizando el teléfono.

Uno de los ejemplos medidos fue avenida Don Bosco y Francia, donde registraron que el ciento por ciento de los vehículos que pasaron de noche lo hicieron superando la máxima de 60 kilómetros por hora establecida para las avenidas.

Por caso, el testeo en Avellaneda y Sandino reveló que tiene un promedio de velocidad de 59 kilómetros por hora, es decir que la mayoría de la gente maneja al límite o por encima de la velocidad reglamentaria.

En este sentido, valoraron que la tecnología le otorgaría al Municipio “la capacidad para implementar control en un universo de infracciones que tienen una altísima incidencia en lo que es la siniestralidad vial”.

En esa línea, Ibáñez aseguró que otra meta del proyecto es “la posibilidad de pensar en controles uniformes en el territorio. Teniendo ya una base estadística general para la ciudad, es aumentar la capacidad de control para llevar al conductor al cumplimiento de la norma”.

Por su parte, la secretaria remarcó que “esto es una cuestión tanto de la decisión individual, de la conducta de quien conduce, de modificar, de ajustarse a la norma, también teniendo en cuenta del otro lado la posibilidad de contar con el medio técnico para ejercer ese control. Es una interrelación entre la conducta de quien conduce y, por el otro lado, la posibilidad de ejercer por medios tecnológicos un control”.

Para cerrar, agregó también “la decisión conjunta de proteger la vida de la seguridad de la comunidad. Eso quiere decir nuestra responsabilidad de promover políticas públicas que tiendan a proteger la vida y la seguridad de la comunidad. Todos tenemos responsabilidad ahí”.

En tanto, expuso que por ese motivo convocaron a los concejales, ya que “son los que tendrían que dar el okey o no de la legislación para que nosotros podamos proceder a iniciar el proceso licitatorio”, y adelantó que ya hablaron con distintas empresas que ofrecen sistemas homologados y cuentan con la capacidad de brindarlo en un futuro.

Las Madres Territoriales, el grupo de mujeres que recorre el país para acompañar a familias que atraviesan situaciones de consumos problemáticos, visitaron Tandil y llevaron su “abrazo” a los barrios de la ciudad. En una actividad impulsada por el Municipio, mantuvieron un encuentro con organizaciones sociales que abordan la temática, y destacaron las políticas públicas y el trabajo articulado que se lleva adelante a nivel local. Además, confirmaron a Natalia Lorea como referente tandilense de la organización.

“En 25 años de trabajo, algo que nos llamó mucho la atención es cómo están trabajando en Tandil. Nos impactó cómo están trabajando con el tema de adolescencia. Y nos impactó que Tandil nos haya ofrecido unas herramientas que nosotros nos vamos a llevar. Trabajan con niños y adolescentes. Nosotros tenemos mucho recorrido porque hacemos territorio, y poder ver la forma en la que están trabajando es importante”, destacó Norma Galeano, directora del grupo que tiene representantes en todo el país.

Durante la tarde del viernes 22 de mayo, las integrantes mantuvieron el mencionado encuentro, mientras que el sábado 23 -con base en la sede de Amar- recorrieron La Movediza y otros barrios de la ciudad. “Entendimos que era importante poner nuestra semilla acá, sobre todo mostrar el trabajo que estamos haciendo a nivel nacional y ver desde qué lugar nosotros podemos ayudar a Tandil”, dijeron sobre su visita.

Asimismo, destacaron la calidez recibida durante su estadía, así como también la posibilidad brindada por el Municipio para concretarla: "Vimos una ciudad hermosa, preciosa, donde nos acogieron, donde nos brindaron todo, donde vimos que había mucha disponibilidad, y hubo mucha gente que acompañó. Sin conocernos nos abrieron las puertas".

Sobre el trabajo territorial de abordaje de los consumos problemáticos, y en particular desde su experiencia recorriendo el país, las Madres hicieron hincapié en la importancia de acercara a las familias las herramientas y políticas públicas. 

“Lo que nosotros hacemos es un peregrinar, sobre todo informar de todo lo que hay, porque a veces la gente no está informada de todos los grupos, de lo que están haciendo, cómo se está trabajando. Queremos contarle a la gente que no baje los brazos, que hay herramientas en Tandil como para empezar a trabajar”, marcaron. 

“En el encuentro con el Municipio y organizaciones vimos eso. Si las familias por están mal y les cuesta hablar sobre la problemática, es contarles que nosotras hemos pasado por esto. Para que se puedan abrir y que puedan acercarse hasta algún lugar a pedir ayuda. Porque sin duda la ayuda está”, agregaron. 

En ese marco, se oficializó la incorporación de Natalia, una vecina del barrio Las Tunitas, quien desde la fecha se desempeña como referente local de Madres Territoriales, integrando así a Tandil en la mesa nacional de la organización.

“Fui nombrada Madre Territorial hace un mes. Nos estamos organizando, pero de ese mes a desde que empecé hasta ahora se ha trabajado un montón. Ya están sumadas a otras madres de diferentes barrios, y estamos trabajando en conjunto con los demás entidades de La Movediza y Las Tunitas”, expresó Natalia.

En la misma línea, las referentes nacionales subrayaron el valor de la nueva representación: "Con Natalia, hoy estamos dejando una representante y Tandil le está diciendo sí a nuestra compañera. Entonces, de esa forma nosotros estamos viendo que hay un camino, que hay un camino que sabemos que va a ir bien".

Desde la gestión municipal, Carolina Arce, directora de Prevención Social y Comunitaria, destacó la importancia de la articulación: "Con la Mesa de Consumos, formada hace un mes aproximadamente, estamos haciendo un recursero para que todas las personas que están en adicción y para las familias. Para que las respuestas no sean fragmentadas, sino facilitarle este circuito institucional a la familia. Porque muchas veces lo que más cuesta es saber dónde referenciarse, que les den la respuesta correcta. Como entes estatales, y desde las organizaciones de la sociedad civil tenemos que facilitarles ese camino".

El cierre de la jornada dejó un mensaje claro sobre la responsabilidad compartida: "Es importante que se conozca que en Tandil están trabajando, cómo están poniendo las manos en el arado sobre esto, la responsabilidad que está poniendo Tandil".

La secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri y el Intendente Miguel Lunghi oficializaron la entrega de un nuevo vehículo y un alcoholímetro para la Policía Vial. La funcionaria destacó que esta inversión, realizada con fondos propios del área de Protección Ciudadana, busca optimizar la capacidad operativa de los efectivos que patrullan los corredores viales que rodean a la ciudad. A su vez, harán controles a choferes de contingentes de viajes de egresados.

Sobre la importancia de la incorporación, Alejandra Marcieri explicó: "Estamos entregando un automóvil 0 km a la Policía de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires y un alcoholímetro para iniciar una etapa de tareas conjuntas de prevención en todos los corredores de ruta que rodean Tandil. Esto fue adquirido con fondos propios de la Municipalidad y puesto a disposición de la policía Vial para reforzar todos los operativos y poder también sumar a los operativos el acompañamiento del Centinela en Territorio. Es un trabajo conjunto de prevención vial y de también de prevención del delito dentro de los corredores viales".

La secretaria hizo hincapié en las múltiples funciones que debe desempeñar la fuerza en las rutas, las cuales requieren de herramientas adecuadas para garantizar la seguridad de los vecinos y de quienes transitan por la zona. En este sentido, la funcionaria detalló las necesidades operativas que motivaron la adquisición del nuevo patrullero.

“Hacía falta el móvil para la Policía Vial. Este ellos tienen un vehículo para las tres rutas que rodean a nuestra ciudad, para ir a una emergencia y a la vez también poder realizar las tareas de prevención del delito, que tiene que ver con detención de autos, identificación de personas, ver si los vehículos tienen la documentación para circular, las pesquisas que tienen que hacer en busca de estupefacientes, de armas o trabajar sobre la posible piratería”, planteó al respecto.

Uno de los puntos centrales del anuncio fue la implementación de un esquema de control más riguroso para los contingentes estudiantiles. Según explicó Alejandra Marcieri, la iniciativa surgió a partir de la preocupación manifestada por padres de alumnos, quienes el año pasado solicitaron mayor presencia estatal en los horarios de madrugada, momento en el cual los servicios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) no suelen estar operativos.

Con el objetivo de plantear una propuesta planificada, el Municipio trabajará de manera coordinada con la Dirección de Juventud y el COES. El fin es establecer un contacto previo con las instituciones educativas para organizar los operativos de control con la debida antelación. 

"El año pasado, muy sobre la fecha, hubo padres que se dirigieron al Municipio, a distintas áreas, inclusive al Concejo Deliberante, pidiendo controles de alcoholemia en horarios de madrugada para los contingentes que salían hacia, por ejemplo, Ezeiza", recordó la secretaria.

Finalmente, Alejandra Marcieri detalló cómo será la logística de estos operativos: “Hicimos todo un acompañamiento, le dimos nosotros un alcoholímetro propio de la Secretaría de Control Urbano, coordinamos con la gente de Vial, pero queríamos que sea de manera improvisada, por lo cual hemos tomado contacto con la Dirección de Juventud que está proponiendo al COES establecer un contacto con las secundarias que vayan a partir de nuestra ciudad en un horario en que la CNRT no pueda hacer el control”, precisó. 

“Será para con la Policía Vial para que haya dos puntos, uno en la llamada Caminera y otro en El Paraíso. Además podrán hacerlo  con órdenes de servicio, con antelación, para poder brindar ese servicio que ni más ni menos va a garantizar la seguridad vial y la correcta conducción de contingentes con alcoholemia cero”, concluyó.

Representantes gremiales y funcionarios municipales se reunieron en la sede de la Secretaría de Protección Ciudadana con el objetivo de dar respuesta a una serie de reclamos planteados por el personal de la Dirección de Habilitaciones y los operadores del Centro de Monitoreo. El encuentro, que funcionó como una instancia de continuidad de mesas de diálogo previas, permitió avanzar en una agenda centrada en las condiciones de trabajo y la eficacia de los operativos de control.

La comitiva de la organización sindical trasladó las inquietudes de los trabajadores respecto a la necesidad de realizar modificaciones en el entorno físico donde desempeñan sus tareas. En este sentido, se puso especial énfasis en la situación de las dependencias que funcionan en la Terminal de Ómnibus, donde el personal de la Dirección General de Inspección y Habilitaciones requiere de mejoras edilicias y de equipamiento para optimizar su labor cotidiana.

Durante el intercambio, las autoridades municipales, encabezadas por la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, y por el subsecretario Juan Ibáñez, manifestaron su voluntad de avanzar en lo inmediato con soluciones concretas para el espacio de la terminal.

Según se informó a través del perfil del sindicato en las redes sociales, el compromiso oficial incluye también la implementación de “algunas modificaciones en lo operativo”.

Los hechos de inseguridad en la ciudad no dan tregua y entre las principales preocupaciones de las autoridades se cuentan los robos de motos. La semana pasada, tres hombres violentaron la puerta de acceso del edificio de Avellaneda 40 y mientras uno de ellos hacía “de campana”, los otros dos se alzaron con una Gilera Smash automática.

En este caso, personal del Centro de Monitoreo advirtió movimientos extraños en la zona y dio aviso a la policía. Poco después del robo, efectivos del Comando de Patrullas aprehendieron a Sebastián Miqueas Medrano (18), en De los Granaderos y Juldain, como resultado de un seguimiento a través del sistema de videovigilancia del Municipio. El imputado quedó a disposición de la UFI 16 por el delito de “Robo y resistencia a la autoridad”, mientras prosigue la investigación para hallar a los dos cómplices y la moto sustraída.

A pesar del rápido accionar del sistema de protección, detrás de cada hecho de inseguridad hay vecinos con una historia particular. En esa situación, resultó damnificada Fabiana, quien le contó a El Eco Multimedios que es el segundo robo de moto que sufrió en ese domicilio y precisó que el próximo 12 de febrero se cumplirá un año del primer ilícito que denunció.

Fabiana expuso que el último viernes, cerca de las 4.45, la policía se acercó a su domicilio para darles la noticia de que le habían robado la moto que se encontraba guardada en la planta baja, en la zona posterior al hall de acceso, cerca del ascensor.

Relató que durante la madrugada del viernes, “mi marido sintió un ruidito y pensó que era afuera, y resulta que habían pateado la puerta”.

En cuanto a la mecánica del ilícito, describió que “eran tres y salieron como panchos por su casa”, y lamentó que ingresaron a la propiedad, tras violentar la puerta principal, con total impunidad. “Patearon la puerta y entraron como si nada. No les importó nada”, advirtió.

La vecina confirmó que los delincuentes abandonaron el edificio con la moto y añadió que “la policía me dijo que habían salido para el lado de Dorrego, en dirección al Anfiteatro, y después creo que los perdieron por el jardín de Las Tunitas. Me dijeron que habían agarrado a uno, que había descartado la campera, y habían visto que habían sacado las cachas de atrás de la moto. Ya la habían empezado a desarmar”.

La damnificada expuso que a la puerta principal del inmueble “le pegaron cuatro patatas, que está en el video de la cámara de seguridad” ubicada en el hall interno, “entraron y se llevaron la moto y salieron para el lado de Dorrego”.

En tanto, aclaró que capturaron a uno de los implicados, pero “los otros dos se fueron con la moto” y estimó que tal vez no la pudieron arrancar porque cuenta con encendido automático, al tiempo que reseñó que le llegaron datos de que habían visto a un grupo con una moto llevada “de tiro” en la zona del Anfiteatro.

Calma aunque indignada por la situación, Fabiana planteó que “me dejaron a pata literalmente” y enseguida añadió que “es la segunda moto que me roban de acá”, en referencia a su domicilio ubicado en Avellaneda y Dorrego. En tanto, precisó que el 12 de febrero se cumple un año de que le sustrajeron el primer motovehículo del lugar.

Repasó que en el hecho anterior, “la habíamos dejado atrás, escondida, no se veía de ningún lado. Nos habíamos ido de vacaciones a Villa Gesell y nos llama mi hija, que había venido a la carnicería (lindera), y el chico le había dicho que la moto no estaba. Cortaron el candado con una amoladora porque dejaron el pedazo de la amoladora al lado. Se manejan como se les da la gana”.

En tanto, la damnificada confirmo que el último viernes fueron operadores del Centro de Monitoreo de la Secretaría de Protección Ciudadana los que advirtieron el robo, dieron aviso a la Policía, realizaron un seguimiento por imágenes y guiaron a los efectivos que lograron la aprehensión. Sin embargo, aún espera que aparezca el vehículo.

“Fuimos a hacer la denuncia tipo 6 de la mañana. Primero nos habíamos puesto contentos porque había aparecido una moto que parecía que era la nuestra, pero no, era otra que habían robado. Están investigando”, confió.