La secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, dialogó con El Eco. Brindó detalles del presente de la ordenanza de motos y del proyecto de modificación que enviaron al Concejo Deliberante para realizar allanamientos.  También informó que avanzan las tratativas para crear una Fuerza de Aproximación Barrial en La Movediza, y que inaugurarán en el corto plazo una base de Policía Científica en el Paseo de los Españoles.

Además, adelantó que se encuentran adelantadas las gestiones para contar con una médica legista en Tandil a partir de mediados de agosto. Se trata de una iniciativa que se concretará a través de una inversión municipal que permitió reacondicionar un espacio en la sede de la Policía Departamental. 

La noticia supone no solo un principio de respuesta a la demanda de organizaciones vinculadas al género –por la habilitación para  implementar protocolos específicos con la que la profesional contaría en casos de denuncias de violencia-, sino también por la posibilidad de que, a futuro, se lleven a cabo autopsias en la ciudad.

El debate en torno a la ordenanza de motos volvió a tomar estado público a raíz de discusiones en el Concejo Deliberante. Al respecto, Marcieri precisó que no se lograron concretar allanamientos por la “imposibilidad técnica que se expresa en la propia ordenanza”.

La normativa fue aprobada, con modificaciones, en una sesión especial en diciembre pasado. Si bien “desalentó en un primer momento a las caravanas”, la secretaria señaló que el impedimento para lograr dictaminar allanamientos se dio porque exige “que se den tres elementos en simultáneo: que se detecte la falta, que la falta sea corroborada en un procedimiento, y que a su vez provoque el riesgo en la vida de otros”. Sin embargo, explicó “esos tres elementos nunca se podían juntar”.

Por tal motivo llevaron a cabo una reunión con concejales, jueces de Faltas y funcionarios municipales en el pasado mes de mayo. Con los requerimientos planteados por los jueces –indicó Marcieri-, elaboraron un proyecto de modificación que propone evaluar la posibilidad de sumar a la ordenanza la admisibilidad de publicaciones en redes sociales, incorporar como conducta pasible de sanción los ruidos molestos producidos por dispositivos de cualquier tipo (como parlantes traseros en los autos), modificar el artículo que exige que se den las condiciones mencionadas para realizar allanamientos, y que los allanamientos alcance a quienes pongan en riesgo la vida de terceros más allá “del lugar de comisión o de las personas que afectare”.

“Fue consensuado con los propios jueces de Faltas, que pudieron comentarle a los concejales las imposibilidades jurídicas. Hicimos ese proyecto, lo elevamos y estamos esperando respuesta del Concejo Deliberante. Está en la comisión de Transporte esperando ser tratado”, señaló la secretaria.

“Estamos esperando una segunda reunión que nunca se dio. Ellos iban a volver a analizar este pedido, e insistimos con ello porque sabemos que ahora van a empezar nuevamente los días de calor. Si bien estamos trabajando muchísimos con operativos focalizados, operativos dinámicos, operativos estáticos, con distintas fuerzas de seguridad y hemos traído grupos tácticos operativos de otras ciudades y seguiremos gestionando en la materia, nos preocupa que vuelva a surgir  fuertemente  esta modalidad”, sumó.

Policía en La Movediza y efectivos

-Un reclamo de larga data de parte del Municipio y de los vecinos del barrio es el del destacamento de La Movediza. ¿Hay novedades con ese pedido?

-Alejandra Marcieri: Hay novedades con la posibilidad de la realización de una Fuerza de Aproximación (FBA) barrial en La Movediza. El municipio tiene elaborado el plano de cómo sería esa dependencia y tenemos previsto solicitarle una reunión al ministro Alonso para presentarle el proyecto.

Ese proyecto se ajusta a las características técnicas que nos brindaron desde el Ministerio de Seguridad en cuanto a las obras.

La idea es sentarnos con el ministro y tener alguna garantía de que van a venir los efectivos para poder cubrir ese espacio, que no quede una cáscara vacía, que no sea un espacio más y que se redistribuyan las personas que tenemos en el territorio para cubrirlo.

El compromiso del ministerio y por tratarse de la FBA, que es una rama distinta a la policía de seguridad, sería que vengan efectivos nuevos a poder completar ese espacio. Va a ser una inversión del Municipio mayor a los 300 millones de pesos.

-¿Dónde va a estar ubicado?

- Está planificado para que esté en el predio del Nido. Hoy hay un contenedor, una especie de destacamento donde la gente se puede acercar, es un espacio de control y demás, y va a ser en ese predio. El Municipio ha cedido ese espacio.

-Otro de los reclamos es el del retorno de efectivos tandilenses a la ciudad…

-Nos ha dejado en claro en más de una oportunidad el Ministerio de Seguridad que los policías son policías de la provincia de Buenos Aires y que una vez que egresan como policías pueden ser destinados a cualquier lugar del territorio.

Más allá de eso, tienen 3 años de capacitación que son obligatorios en distintos espacios como pueden ser la FBA,  que los lleva a otros lugares donde adquieren la experiencia necesaria para luego desenvolverse en cualquier tipo de territorio.

Nosotros lo que sí seguimos solicitando es que vengan más efectivos. Yo el otro día en el Foro de Seguridad decía que no importa el nombre, el apellido y el número de legajo de la persona, lo que importa es que haya efectivos policiales para poder subirse a las camionetas y hacer los recorridos que son necesarios.

Estuvieron mandando refuerzos en estos días para lo que es la Patrulla de Prevención Rural y han mandado también efectivos para lo que tiene que ver con el patrullaje.  preventivo a la Jefatura Departamental, y se reforzó la DDI de drogas ilícitas.

Hemos tenido este respuesta de parte de la de la provincia de Buenos Aires cuanto al envío de efectivos y se sigue trabajando sobre el levantamiento de carpetas  para poder reincorporarse de manera operativa la fuerza.

La Municipalidad de Tandil puso en marcha esta semana la etapa de contacto directo con los vecinos rurales para implementar el programa Tranquera Segura. El primer encuentro tuvo lugar en el Club Defensores de De la Canal, donde más de 50 vecinos de la zona se interiorizaron sobre el sistema de georreferenciación que ya asignó una identidad digital a 2.600 tranqueras en todo el territorio rural.

En diálogo con El Eco, el subsecretario de Protección Ciudadana, Juan Ibáñez, explicó que este trabajo fue el resultado de una labor conjunta con la Dirección de Estadística, la Cooperativa Vial y diversas entidades rurales. Durante meses, se procesaron imágenes satelitales para mapear cada acceso, asignándole un número de identificación único que funciona, en la práctica, como el número de puerta de una vivienda en el casco urbano. Esta base de datos permitió conformar un mapa para despachar emergencias de forma ágil.

La iniciativa surgió para dar respuesta a una problemática histórica del sector: la dificultad de las fuerzas de seguridad o los servicios de salud para localizar establecimientos en áreas remotas o caminos complejos. Según detalló Ibáñez, el sistema se integra directamente con la aplicación Centinela, permitiendo que, ante una alerta, el Centro de Monitoreo de Tandil (CMT) pueda trazar una ruta exacta desde la ubicación de un móvil o centro de despacho hacia la tranquera identificada.

La implementación técnica del programa se basa en un complemento rural para la aplicación base que la Municipalidad utiliza desde hace años. La diferencia fundamental radica en el proceso de alta del usuario; mientras que en la ciudad se indica una dirección postal, en este caso el vecino debe ingresar el número de identificación que le fue asignado a su acceso principal. Por este motivo, las reuniones presenciales resultan clave para que cada propietario conozca sus coordenadas exactas dentro del sistema municipal.

Ibáñez destacó que la recepción por parte de los vecinos de De la Canal fue "muy positiva" y resaltó la voluntad de los productores por conocer los alcances de la herramienta. Durante la jornada, se dispusieron computadoras para que los asistentes pudieran visualizar sus establecimientos en el mapa digital y retirar los kits de identificación, que consisten en una chapa con el número asignado y material instructivo para la descarga y configuración de la aplicación en dispositivos móviles.

Cuando un vecino activa una emergencia a través de Centinela Rural, la señal ingresa de forma inmediata al Centro de Monitoreo. Desde allí, el operador visualiza el punto exacto de la tranquera y deriva el recurso necesario, ya sea una patrulla de la policía, una unidad de bomberos o una ambulancia. Este avance tecnológico permite reducir los tiempos de respuesta, eliminando las confusiones habituales sobre puntos de referencia o nombres de establecimientos que suelen demorar las asistencias en el campo.

El programa no se detendrá en De la Canal, ya que el calendario de encuentros continuará este jueves a las 18 en el Club El Hornero. Según adelantó el funcionario, la planificación contempla alcanzar la mayor cantidad de parajes y localidades rurales del partido. Aquellos vecinos que no puedan asistir a las reuniones presenciales recibirán sus kits mediante un trabajo paralelo de recorridos que realizará el personal de la Secretaría de Protección Ciudadana en las semanas subsiguientes.

A pesar del avance en herramientas tecnológicas y logística de georreferenciación, la seguridad en el ámbito rural sigue supeditada a la disponibilidad de recursos humanos y móviles. En ese sentido, Ibáñez reconoció que el Municipio mantiene gestiones activas ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia para concretar el arribo de más efectivos destinados al Comando de Patrulla Rural, una promesa que originalmente estaba prevista para abril.

Si bien se registraron algunos ingresos recientes de personal, el número actual de agentes no alcanza a cubrir la demanda total de un partido con la extensión y complejidad de Tandil. El funcionario enfatizó que este es un reclamo constante por parte del gobierno local, ya que la efectividad del sistema Centinela Rural depende, en última instancia, de contar con la cantidad necesaria de uniformados para cubrir las cuadrículas de prevención y respuesta.

En paralelo a la entrega de las chapas identificatorias, la secretaría anunció el próximo lanzamiento de Centinela Patrulla Rural. Esta nueva funcionalidad estará orientada a fortalecer las tareas de prevención mediante un esquema de recorridos coordinados, identificación de vehículos sospechosos en los caminos y una comunicación más fluida entre los residentes y el personal policial que se encuentra en territorio.

La apuesta del gobierno local apunta a integrar la tecnología con la participación comunitaria. "Es una iniciativa que busca acercar las herramientas que ya funcionan en la ciudad al área rural", concluyó Ibáñez, subrayando que la geolocalización de las más de 2.600 tranqueras es el primer paso firme hacia un sistema de protección civil que no reconozca fronteras entre lo urbano y lo rural.

“Estamos impulsando una política pública de seguridad vial basada en datos objetivos, que nos va a permitir seguir trabajando sobre la prevención y la fiscalización con un único objetivo que es reducir los siniestros de tránsito y cuidar la vida de nuestros vecinos”, definió la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, sobre los alcances de la propuesta que el Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante.

En diálogo con el ciclo Tandil Despierta (EcoTV y 104.1 Tandil FM), la funcionaria explicó que el enfoque propuesto, que amplía anteriores iniciativas relacionadas a la materia, contempla la instalación de tecnología que permitirá la detección de excesos de velocidad, pero también establecer “si la persona va manejando y utilizando un dispositivo electrónico, observar los cruces en rojo, los giros en lugares no permitidos”. A la vez, tener un proceso de control y fiscalización electrónico ante eventuales procesos administrativos.

No obstante, la secretaria remarcó que “no es llegar a la sanción” el objetivo de la medida. Aseguró que el “éxito” estará dado cuando los vecinos comprendan que esas conductas los exponen a riesgos y las cambien. “Cuantas menos infracciones haya, estaremos en condiciones de evolucionar en el respeto de las normas, algo que hoy no estamos haciendo”, resumió.

La respuesta ante el planteo del fin recaudatorio

Consultada sobre las críticas de algunos sectores de la oposición que señalan un posible fin recaudatorio en este tipo de acciones, Marcieri fue categórica al señalar que “si cumplo con las normas, ¿tengo algún tipo de sanción? No”.

Basada en la experiencia de distintas ciudades que implementaron sistemas electrónicos de fiscalización, dijo que “la única manera de reducir y de cambiar conductas arraigadas tienen que ver con este tipo de control que lleva a la sanción”.

La funcionaria insistió en que el éxito del programa no se medirá por la cantidad de multas, sino por la modificación de conductas arraigadas que ponen en riesgo a la comunidad.

Asimismo, aclaró que la implementación del sistema tendrá un “costo cero” para el Municipio, ya que el financiamiento se gestionará a través de un esquema de participación en la recaudación de la dependencia. “No ponemos ni un centavo en la tecnología aplicada a esta solución”, afirmó.

El Gobierno comunal elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para autorizar la contratación de un Sistema Integral e Inteligente de Fiscalización Electrónica del Tránsito y Seguridad Vial. La propuesta, orientada a reducir la siniestralidad y proteger la vida de los vecinos, prevé la incorporación de cámaras inteligentes y dispositivos de lectura de patentes para controlar las conductas de riesgo en la vía pública.

De acuerdo al texto de la iniciativa, el diagnóstico realizado por la Secretaría de Protección Ciudadana y el área de Movilidad Urbana fue el sustento que respaldó el avance de la norma. Mediante un software de desarrollo propio, según se desprende los fundamentos del documento, se analizaron 80 arterias de la ciudad en las que se detectó que “al menos un cuarto de los conductores transita en exceso de las velocidades legales permitidas”, superando los 60 kilómetros por hora establecidos para las avenidas. Ante este escenario, el Ejecutivo consideró imperativo implementar nuevas estrategias de control que involucren tecnología de última generación.

“El diagnóstico del estado de situación del tránsito impone la ejecución de políticas públicas para prevenir situaciones de riesgo, disminuir las tasas de accidentes y fatalidades, reducir las infracciones y concientizar a la población sobre el cumplimiento de las normas de tránsito”, señala el texto elevado al Legislativo.

El proyecto plantea que el nuevo sistema tendrá como finalidad la prevención de siniestros y el fortalecimiento de las políticas públicas de seguridad vial. Según el texto, se busca dar continuidad a la labor del Observatorio Vial Tandil, creado bajo la ordenanza 17.603, para “generar información fehaciente” que permita la toma de decisiones. La intención es transformar la conducta de los conductores a través de una fiscalización de las infracciones más frecuentes.

De acuerdo al articulado de la propuesta, el Departamento Ejecutivo quedará facultado para adquirir e instalar diversos dispositivos tecnológicos. Entre ellos se destacaron los “cinemómetros fijos, móviles y portátiles”, cámaras inteligentes de control vehicular, sistemas de detección de cruce de semáforo en rojo y lectores automáticos de patentes.

El proyecto también contempla la digitalización total del labrado de actas, permitiendo que el registro de las faltas se realice de manera ágil y fehaciente.

Para garantizar la legalidad de los procedimientos, la norma propuesta establece condiciones estrictas sobre el equipamiento utilizado. El artículo quinto estipula que todos los dispositivos que requieran certificación deberán “contar con homologación vigente emitida por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)” o los organismos competentes a nivel nacional o provincial, “ser sometidos a controles y calibraciones periódicas” y “cumplir con la normativa nacional y provincial vigente”.

Asimismo, aclara que la falta de calibración o control técnico periódico impedirá el uso del equipo para la constatación de cualquier falta administrativa.

Un punto central de la iniciativa reside en la transparencia y la señalización de los controles electrónicos. “Se deberá proceder a una adecuada señalización previa de todos los puntos de control electrónico mediante cartelería visible”, señala el artículo sexto, que indique las velocidades máximas permitidas.

Por otro lado, la ordenanza propuesta aclara que el labrado de las actas identificadas por las cámaras “deberá requerir de la intervención de agentes, inspectores o funcionarios municipales habilitados para tal fin”, asegurando la supervisión humana en el proceso sancionatorio.

Respecto al destino de los recursos obtenidos por el cobro de las infracciones, el artículo decimotercero define un esquema de afectación específica para lo recaudado.

Los fondos serán destinados a “obras de infraestructura vial, campañas de educación vial, al Sistema Integrado de Salud Pública y al fomento de actividades deportivas”. De este modo, el Ejecutivo busca que el carácter del sistema sea preventivo y educativo, reinvirtiendo el dinero en mejoras directas que beneficien la seguridad y la salud de la comunidad tandilense para atacar el argumento del fin recaudatorio.

Como parte del proceso de elaboración de la propuesta, y antes de su elevación formal, el Ejecutivo mantuvo una reunión de trabajo con concejales de distintos bloques políticos, en la que se presentaron los fundamentos técnicos, estadísticos y conceptuales de la iniciativa.

Durante ese encuentro también se respondieron consultas y se puso a disposición toda la información elaborada por las áreas municipales, con el objetivo de favorecer un análisis amplio del proyecto antes del inicio de su tratamiento legislativo.

Con el ingreso formal de la iniciativa, el Concejo Deliberante iniciará su tratamiento de acuerdo con los tiempos previstos en el proceso legislativo, instancia en la que el proyecto será analizado y debatido por los distintos bloques antes de su eventual aprobación.

En las últimas horas, este Diario confirmó la sentencia condenatoria que ventiló el Juzgado de Faltas por la denuncia municipal en torno al condominio irregular que disparó un fuerte debate político y una exposición en la opinión pública.

Tal se informó oportunamente, el Municipio tomó intervención por el avance en la construcción en un área prohibida e incluso construyendo sobre una calle pública, y presentó la denuncia ante el juzgado de Faltas, desde donde recientemente se conocieron las principales decisiones en torno al litigio.

A más precisiones, el Juzgado de Faltas 2 condenó a Corica Gutiérrez Bienes Raíces S.R.L. por haber ejecutado obras sin autorización municipal y por incumplir una orden de paralización vigente.

Sobre las principales medidas a implementar, al decir del fallo, se destacaron la imposición de una multa ambiental de aproximadamente 21.512.507 pesos.  También una segunda multa por infracción al Código de Edificación de aproximadamente 2.886.886 pesos. El monto total de la sanción impuesta por el juez alcanza los 24.399.393 pesos.

Asimismo, el magistrado municipal ordenó demoler o relocalizar cuatro construcciones ubicadas dentro de la franja de restricción hídrica, dentro de un plazo de 60 días desde que la sentencia quede firme.

Las otras dos construcciones, que se encuentran fuera de la franja de restricción hídrica, no quedan regularizadas. Solo podrán permanecer si obtienen la aprobación administrativa correspondiente y cumplen íntegramente con el Plan de Desarrollo Territorial, el Código de Edificación y toda la normativa aplicable.

En otro de los puntos del fallo, el juez señaló que si la empresa no cumple la sentencia, se dispone la intervención de la Secretaría Legal y Técnica para promover las acciones judiciales pertinentes.

A la vez, se mantiene la prohibición de innovar, por lo que no podrán continuar obras, ampliaciones o modificaciones en el predio.

En ese contexto, se ordena a Ingresos Públicos y Obras Privadas mantener bloqueado cualquier trámite relacionado con el inmueble hasta el cumplimiento de la sentencia.

Asimismo, se oficia a las áreas de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial, Ambiente, Vialidad y Protección Ciudadana para que realicen el seguimiento y control del cumplimiento.

Además de sancionar a la empresa citada por la construcción clandestina, el juez en su sentencia dirige recomendaciones y exhortaciones al propio Municipio y a la Usina para fortalecer los controles preventivos y mejorar la coordinación entre las distintas áreas involucradas.

 Obras clandestinas en Zona Protegida: los vecinos amenazaron a funcionarios que fueron a inspeccionar

En otro orden de asuntos dentro del mismo escenario delicado que hacen a la construcción denunciada en la Zona Protegida, tal como se anticipó en estas páginas, se formalizó la denuncia penal contra responsables del desarrollo señalado.

A más datos, la secretaria Alejandra Marcieri denunció a Juan Ignacio Córica Gutiérrez.

Se pidió a la justicia al respecto que se investigue la posible comisión de “Amenazas agravadas”, “Atentado y resistencia contra la autoridad” y cualquier otro delito que pudiera surgir durante la Investigación Penal Preparatoria.

Asimismo, la funcionaria solicitó el dictado urgente de medidas de protección.

La denuncia se enmarca en las actuaciones administrativas que el Municipio viene desarrollando respecto de un emprendimiento inmobiliario ubicado en la Chacra 142, Parcela 3, donde desde 2022 existen distintos expedientes relacionados con solicitudes de subdivisión; proyectos urbanísticos; construcciones presuntamente irregulares;  actuaciones del Tribunal de Faltas e intervenciones de la Comisión Municipal de Gestión Territorial.

Como se informó en ediciones pasadas, durante una inspección realizada por funcionarios municipales, el denunciado habría mantenido una conducta hostil destinada a impedir el normal ejercicio de las funciones de control.

Según la denuncia,  increpó reiteradamente a los inspectores; sostuvo que los funcionarios estaban ingresando a un lote privado; intentó impedir el desarrollo de la inspección; profirió expresiones consideradas intimidatorias y en un momento se arrojó sobre el vehículo oficial manifestando que intentaban atropellarlo.

Según la denuncia, todo ello quedó registrado mediante filmaciones.

Sobre las amenazas, el escrito destaca especialmente una frase atribuida al denunciado y dirigida directamente a Alejandra Marcieri: “Usted por ingresar a un lote privado, usted señora va a ver cómo va a quedar."

La denunciante afirma que dicha expresión le generó temor por su integridad física y considera que constituye una amenaza agravada.

A la vez, se alude en la presentación el delito de Violencia de género. Al decir de la denuncia, el además del contenido intimidatorio, la presentación sostiene que la conducta debe analizarse también desde una perspectiva de violencia de género, por tratarse de una amenaza dirigida contra una mujer que ejercía funciones públicas de fiscalización.

Como pruebas, la funcionaria presentó en su informe, registros fílmicos del episodio; imágenes; los antecedentes administrativos municipales, más documentación obrante en expedientes públicos vinculados al inmueble.

Vale consignar que el caso volvió a la agenda pública cuando el concejal Rogelio Iparraguirre pidió informes por el loteo irregular en una Zona Protegida, por arriba de la cota permitida para desarrollos inmobiliarios múltiples.

El mismo caso había sido denunciado por la Asamblea por la Preservación de las Sierras. La entidad ciudadana publicó, en noviembre de 2024, una imagen de un portón ubicado sobre calle Israel, poniendo en cuestión la ocupación de la arteria pública.

A partir de la solicitud de informes, el secretario de Planeamiento y Obras Públicas de la comuna, Luciano Lafosse, confirmó dos de las sospechas que pesaban sobre el lugar: que parte había sido comercializado como condominio -pese a que esa figura está prohibida para Zona Protegida-, y que las construcciones en marcha eran obras clandestinas. En concreto, las viviendas no contaban con la presentación reglamentaria de planos ante los organismos municipales correspondientes.

El funcionario sostuvo además que habían inspeccionado el loteo -dijo, incluso antes de la denuncia de la Asamblea-, y que tras detectar la irregularidad radicaron una denuncia en el Juzgado de Faltas 2, a cargo del juez Oliveto. En el mismo sentido, hicieron una presentación a Hidráulica de Provincia, ya que por el lote pasa un arroyo semipermanente.

Otro dato que se supo en los últimos días fue que la construcción de las viviendas estuvo a cargo del mismo desarrollador que tiempo atrás se vio envuelto en un escándalo: en un loteo de La Elena, un trabajador que se desempeñaba en el movimiento de suelo agredió brutalmente a un vecino que se acercó a preguntar por las tareas en el lugar.

Ese caso motivó un debate en torno a la proliferación de ventas -estafas-, mediante la figura de condominio en Tandil. Cabe recordar, en particular en Zona Protegida, la del condominio no es una modalidad permitida para la subdivisión de lotes. Vecinos que han adquirido terrenos de esa manera resultaron estafados: no deberían poder luego escriturar más de una vivienda en el conjunto del lote.

Vecinos del lote con obras clandestinas de calle Israel amenazaron de manera verbal a funcionarios municipales que fueron a inspeccionar el lugar. Así lo confirmaron desde la Comuna a El Eco, agregando también que analizan realizar la denuncia por el caso. 

El hecho se produjo durante el lunes 29 de junio, cuando la propia secretaria de Protección Ciudadana - Alejandra Marcieri-, junto con el director de Obras Privadas, un móvil de Centinela en Territorio y hasta efectivos policiales concurrieron hasta el loteo de la calle Israel, ubicado en Zona Protegida.

La manzana en cuestión volvió a tomar estado público durante los últimos días, ya que el concejal Rogelio Iparraguirre -bloque Fuerza Patria-, elevó un pedido de informes para conocer los detalles de la urbanización. El caso había sido denunciado por al Asamblea por la Preservación de las Sierras en noviembre de 2024.

Al frente de Protección Ciudadana, Marcieri tiene a su cargo Inspección General, por lo que encabezó el operativo que se acercó hasta el lugar con el objetivo de tomar registro de “la ocupación de la calle a la que le pusieron portón”, informaron desde el Municipio.

También para constatar el estado de las construcciones. Se detectaron seis viviendas y una cabaña, en su mayor parte en construcción. Sin embargo, se produjo una situación de tensión a partir de agresiones verbales de parte de los vecinos. 

“Las agresiones fueron verbales con amenazas”, transmitieron desde el gobierno local, por lo que los funcionarios implicados evalúan realizar la denuncia correspondiente. Si bien el episodio “no pasó a mayores”, se supo también que los vecinos tuvieron formas violentas incluso con los agentes policiales.

“Son obras clandestinas”

Fue el concejal Rogelio Iparraguirre quien volvió a poner en agenda pública el loteo irregular en una Zona Protegida, por arriba de la cota permitida para desarrollos inmobiliarios múltiples. Lo hizo al presentar un pedido de informes al Ejecutivo municipal durante la última sesión del Concejo Deliberante.

El mismo caso había sido denunciado por la Asamblea por la Preservación de las Sierras. La entidad ciudadana publicó, en noviembre de 2024, una imagen de un portón ubicado sobre calle Israel, poniendo en cuestión la ocupación de la arteria pública.

A partir de la solicitud de informes, el secretario de Planeamiento y Obras Públicas de la Comuna dialogó con El Eco de Tandil y confirmó dos de las sospechas que pesaban sobre el lugar: que parte había sido comercializado como condominio -pese a que esa figura está prohibida para Zona Protegida-, y que las construcciones en marcha eran obras clandestinas. En concreto, las viviendas no contaban con la presentación reglamentaria de planos ante los organismos municipales correspondientes.

El funcionario sostuvo además que habían inspeccionado el loteo -dijo, incluso antes de la denuncia de la Asamblea-, y que tras detectar la irregularidad radicaron una denuncia en el Juzgado de Faltas 2, a cargo del juez Oliveto. En el mismo sentido, hicieron una presentación a Hidráulica de Provincia, ya que por el lote pasa un arroyo semipermanente. 

Otro dato que se supo en los últimos días fue que la construcción de las viviendas estuvo a cargo del mismo desarrollador que tiempo atrás se vio envuelto en un escándalo: en un loteo de La Elena, un trabajador que se desempeñaba en el movimiento de suelo agredió brutalmente a un vecino que se acercó a preguntar por las tareas en el lugar.

Ese caso motivó un debate en torno a la proliferación de ventas -estafas-, mediante la figura de condominio en Tandil. Cabe recordar, en particular en Zona Protegida, la del condominio no es una modalidad permitida para la subdivisión de lotes. Vecinos que han adquirido terrenos de esa manera resultaron estafados: no deberían poder luego escriturar más de una vivienda en el conjunto del lote.

Ante tales situaciones, el concejal Rogelio Iparraguirre también presentó un proyecto de ordenanza, que actualmente el Ejecutivo municipal evalúa. La iniciativa propone crear una cédula para lotes, que le permitirá a cada posible comprador conocer a ciencia cierta qué se puede y qué no se puede construir en cada caso.

Para retomar la iniciativa de las fotomultas, Protección Ciudadana se basó en una medición de la velocidad de circulación en ocho intersecciones de avenidas y calles distribuidas en distintos sectores de la ciudad, elegidos a partir de los nodos más conflictivos que arrojó el Observatorio Vial para el primer trimestre de este año.

Las esquinas elegidas fueron Alem y España; Avellaneda y 11 de Septiembre; Don Bosco y Francia; Marconi y 11 de Septiembre; Lunghi y Azucena; Avellaneda y Sandino; Marconi y 4 de Abril y Del Valle y Beiró.

“Detectamos esta cuestión de la conducta de manejar en exceso de velocidad, lo que no quiere decir que implementado el sistema se van modificando las conductas porque esto es una cuestión en esencia mutable”, advirtió Juan Ibáñez, subsecretario de Protección Ciudadana.

En tanto, describió que para el estudio se utilizó el programa del arquitecto Riva que midió la velocidad procesando las imágenes de las grabaciones de las cámaras del sistema de videovigilancia de ocho puntos de la ciudad, el lunes 5 de mayo, de 11 a 13 y de 21 a 23.

El análisis reveló que el lunes 5 de mayo, durante las cuatro horas evaluadas y en los ocho puntos seleccionados, sobre un universo de 16.985, fueron 4.674 los que pasaron en exceso de velocidad.

“Uno tiene que ver no lo que pasa, sino lo que podríamos llegar a evitar si logramos cambiar la conducta humana frente al tránsito. Recordemos que lo que se evita no se puede medir, pero sí podemos medir el potencial riesgo -que es lo que estamos mostrando hoy- que tenemos al circular con exceso de velocidad”, enfatizó la secretaria Alejandra Marcieri y manifestó que hay que estimar también las conductas que puedan ser combinadas, como manejar con exceso de velocidad y utilizando el teléfono.

Uno de los ejemplos medidos fue avenida Don Bosco y Francia, donde registraron que el ciento por ciento de los vehículos que pasaron de noche lo hicieron superando la máxima de 60 kilómetros por hora establecida para las avenidas.

Por caso, el testeo en Avellaneda y Sandino reveló que tiene un promedio de velocidad de 59 kilómetros por hora, es decir que la mayoría de la gente maneja al límite o por encima de la velocidad reglamentaria.

En este sentido, valoraron que la tecnología le otorgaría al Municipio “la capacidad para implementar control en un universo de infracciones que tienen una altísima incidencia en lo que es la siniestralidad vial”.

En esa línea, Ibáñez aseguró que otra meta del proyecto es “la posibilidad de pensar en controles uniformes en el territorio. Teniendo ya una base estadística general para la ciudad, es aumentar la capacidad de control para llevar al conductor al cumplimiento de la norma”.

Por su parte, la secretaria remarcó que “esto es una cuestión tanto de la decisión individual, de la conducta de quien conduce, de modificar, de ajustarse a la norma, también teniendo en cuenta del otro lado la posibilidad de contar con el medio técnico para ejercer ese control. Es una interrelación entre la conducta de quien conduce y, por el otro lado, la posibilidad de ejercer por medios tecnológicos un control”.

Para cerrar, agregó también “la decisión conjunta de proteger la vida de la seguridad de la comunidad. Eso quiere decir nuestra responsabilidad de promover políticas públicas que tiendan a proteger la vida y la seguridad de la comunidad. Todos tenemos responsabilidad ahí”.

En tanto, expuso que por ese motivo convocaron a los concejales, ya que “son los que tendrían que dar el okey o no de la legislación para que nosotros podamos proceder a iniciar el proceso licitatorio”, y adelantó que ya hablaron con distintas empresas que ofrecen sistemas homologados y cuentan con la capacidad de brindarlo en un futuro.

Las Madres Territoriales, el grupo de mujeres que recorre el país para acompañar a familias que atraviesan situaciones de consumos problemáticos, visitaron Tandil y llevaron su “abrazo” a los barrios de la ciudad. En una actividad impulsada por el Municipio, mantuvieron un encuentro con organizaciones sociales que abordan la temática, y destacaron las políticas públicas y el trabajo articulado que se lleva adelante a nivel local. Además, confirmaron a Natalia Lorea como referente tandilense de la organización.

“En 25 años de trabajo, algo que nos llamó mucho la atención es cómo están trabajando en Tandil. Nos impactó cómo están trabajando con el tema de adolescencia. Y nos impactó que Tandil nos haya ofrecido unas herramientas que nosotros nos vamos a llevar. Trabajan con niños y adolescentes. Nosotros tenemos mucho recorrido porque hacemos territorio, y poder ver la forma en la que están trabajando es importante”, destacó Norma Galeano, directora del grupo que tiene representantes en todo el país.

Durante la tarde del viernes 22 de mayo, las integrantes mantuvieron el mencionado encuentro, mientras que el sábado 23 -con base en la sede de Amar- recorrieron La Movediza y otros barrios de la ciudad. “Entendimos que era importante poner nuestra semilla acá, sobre todo mostrar el trabajo que estamos haciendo a nivel nacional y ver desde qué lugar nosotros podemos ayudar a Tandil”, dijeron sobre su visita.

Asimismo, destacaron la calidez recibida durante su estadía, así como también la posibilidad brindada por el Municipio para concretarla: "Vimos una ciudad hermosa, preciosa, donde nos acogieron, donde nos brindaron todo, donde vimos que había mucha disponibilidad, y hubo mucha gente que acompañó. Sin conocernos nos abrieron las puertas".

Sobre el trabajo territorial de abordaje de los consumos problemáticos, y en particular desde su experiencia recorriendo el país, las Madres hicieron hincapié en la importancia de acercara a las familias las herramientas y políticas públicas. 

“Lo que nosotros hacemos es un peregrinar, sobre todo informar de todo lo que hay, porque a veces la gente no está informada de todos los grupos, de lo que están haciendo, cómo se está trabajando. Queremos contarle a la gente que no baje los brazos, que hay herramientas en Tandil como para empezar a trabajar”, marcaron. 

“En el encuentro con el Municipio y organizaciones vimos eso. Si las familias por están mal y les cuesta hablar sobre la problemática, es contarles que nosotras hemos pasado por esto. Para que se puedan abrir y que puedan acercarse hasta algún lugar a pedir ayuda. Porque sin duda la ayuda está”, agregaron. 

En ese marco, se oficializó la incorporación de Natalia, una vecina del barrio Las Tunitas, quien desde la fecha se desempeña como referente local de Madres Territoriales, integrando así a Tandil en la mesa nacional de la organización.

“Fui nombrada Madre Territorial hace un mes. Nos estamos organizando, pero de ese mes a desde que empecé hasta ahora se ha trabajado un montón. Ya están sumadas a otras madres de diferentes barrios, y estamos trabajando en conjunto con los demás entidades de La Movediza y Las Tunitas”, expresó Natalia.

En la misma línea, las referentes nacionales subrayaron el valor de la nueva representación: "Con Natalia, hoy estamos dejando una representante y Tandil le está diciendo sí a nuestra compañera. Entonces, de esa forma nosotros estamos viendo que hay un camino, que hay un camino que sabemos que va a ir bien".

Desde la gestión municipal, Carolina Arce, directora de Prevención Social y Comunitaria, destacó la importancia de la articulación: "Con la Mesa de Consumos, formada hace un mes aproximadamente, estamos haciendo un recursero para que todas las personas que están en adicción y para las familias. Para que las respuestas no sean fragmentadas, sino facilitarle este circuito institucional a la familia. Porque muchas veces lo que más cuesta es saber dónde referenciarse, que les den la respuesta correcta. Como entes estatales, y desde las organizaciones de la sociedad civil tenemos que facilitarles ese camino".

El cierre de la jornada dejó un mensaje claro sobre la responsabilidad compartida: "Es importante que se conozca que en Tandil están trabajando, cómo están poniendo las manos en el arado sobre esto, la responsabilidad que está poniendo Tandil".

La secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri y el Intendente Miguel Lunghi oficializaron la entrega de un nuevo vehículo y un alcoholímetro para la Policía Vial. La funcionaria destacó que esta inversión, realizada con fondos propios del área de Protección Ciudadana, busca optimizar la capacidad operativa de los efectivos que patrullan los corredores viales que rodean a la ciudad. A su vez, harán controles a choferes de contingentes de viajes de egresados.

Sobre la importancia de la incorporación, Alejandra Marcieri explicó: "Estamos entregando un automóvil 0 km a la Policía de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires y un alcoholímetro para iniciar una etapa de tareas conjuntas de prevención en todos los corredores de ruta que rodean Tandil. Esto fue adquirido con fondos propios de la Municipalidad y puesto a disposición de la policía Vial para reforzar todos los operativos y poder también sumar a los operativos el acompañamiento del Centinela en Territorio. Es un trabajo conjunto de prevención vial y de también de prevención del delito dentro de los corredores viales".

La secretaria hizo hincapié en las múltiples funciones que debe desempeñar la fuerza en las rutas, las cuales requieren de herramientas adecuadas para garantizar la seguridad de los vecinos y de quienes transitan por la zona. En este sentido, la funcionaria detalló las necesidades operativas que motivaron la adquisición del nuevo patrullero.

“Hacía falta el móvil para la Policía Vial. Este ellos tienen un vehículo para las tres rutas que rodean a nuestra ciudad, para ir a una emergencia y a la vez también poder realizar las tareas de prevención del delito, que tiene que ver con detención de autos, identificación de personas, ver si los vehículos tienen la documentación para circular, las pesquisas que tienen que hacer en busca de estupefacientes, de armas o trabajar sobre la posible piratería”, planteó al respecto.

Uno de los puntos centrales del anuncio fue la implementación de un esquema de control más riguroso para los contingentes estudiantiles. Según explicó Alejandra Marcieri, la iniciativa surgió a partir de la preocupación manifestada por padres de alumnos, quienes el año pasado solicitaron mayor presencia estatal en los horarios de madrugada, momento en el cual los servicios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) no suelen estar operativos.

Con el objetivo de plantear una propuesta planificada, el Municipio trabajará de manera coordinada con la Dirección de Juventud y el COES. El fin es establecer un contacto previo con las instituciones educativas para organizar los operativos de control con la debida antelación. 

"El año pasado, muy sobre la fecha, hubo padres que se dirigieron al Municipio, a distintas áreas, inclusive al Concejo Deliberante, pidiendo controles de alcoholemia en horarios de madrugada para los contingentes que salían hacia, por ejemplo, Ezeiza", recordó la secretaria.

Finalmente, Alejandra Marcieri detalló cómo será la logística de estos operativos: “Hicimos todo un acompañamiento, le dimos nosotros un alcoholímetro propio de la Secretaría de Control Urbano, coordinamos con la gente de Vial, pero queríamos que sea de manera improvisada, por lo cual hemos tomado contacto con la Dirección de Juventud que está proponiendo al COES establecer un contacto con las secundarias que vayan a partir de nuestra ciudad en un horario en que la CNRT no pueda hacer el control”, precisó. 

“Será para con la Policía Vial para que haya dos puntos, uno en la llamada Caminera y otro en El Paraíso. Además podrán hacerlo  con órdenes de servicio, con antelación, para poder brindar ese servicio que ni más ni menos va a garantizar la seguridad vial y la correcta conducción de contingentes con alcoholemia cero”, concluyó.

Representantes gremiales y funcionarios municipales se reunieron en la sede de la Secretaría de Protección Ciudadana con el objetivo de dar respuesta a una serie de reclamos planteados por el personal de la Dirección de Habilitaciones y los operadores del Centro de Monitoreo. El encuentro, que funcionó como una instancia de continuidad de mesas de diálogo previas, permitió avanzar en una agenda centrada en las condiciones de trabajo y la eficacia de los operativos de control.

La comitiva de la organización sindical trasladó las inquietudes de los trabajadores respecto a la necesidad de realizar modificaciones en el entorno físico donde desempeñan sus tareas. En este sentido, se puso especial énfasis en la situación de las dependencias que funcionan en la Terminal de Ómnibus, donde el personal de la Dirección General de Inspección y Habilitaciones requiere de mejoras edilicias y de equipamiento para optimizar su labor cotidiana.

Durante el intercambio, las autoridades municipales, encabezadas por la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, y por el subsecretario Juan Ibáñez, manifestaron su voluntad de avanzar en lo inmediato con soluciones concretas para el espacio de la terminal.

Según se informó a través del perfil del sindicato en las redes sociales, el compromiso oficial incluye también la implementación de “algunas modificaciones en lo operativo”.

Los hechos de inseguridad en la ciudad no dan tregua y entre las principales preocupaciones de las autoridades se cuentan los robos de motos. La semana pasada, tres hombres violentaron la puerta de acceso del edificio de Avellaneda 40 y mientras uno de ellos hacía “de campana”, los otros dos se alzaron con una Gilera Smash automática.

En este caso, personal del Centro de Monitoreo advirtió movimientos extraños en la zona y dio aviso a la policía. Poco después del robo, efectivos del Comando de Patrullas aprehendieron a Sebastián Miqueas Medrano (18), en De los Granaderos y Juldain, como resultado de un seguimiento a través del sistema de videovigilancia del Municipio. El imputado quedó a disposición de la UFI 16 por el delito de “Robo y resistencia a la autoridad”, mientras prosigue la investigación para hallar a los dos cómplices y la moto sustraída.

A pesar del rápido accionar del sistema de protección, detrás de cada hecho de inseguridad hay vecinos con una historia particular. En esa situación, resultó damnificada Fabiana, quien le contó a El Eco Multimedios que es el segundo robo de moto que sufrió en ese domicilio y precisó que el próximo 12 de febrero se cumplirá un año del primer ilícito que denunció.

Fabiana expuso que el último viernes, cerca de las 4.45, la policía se acercó a su domicilio para darles la noticia de que le habían robado la moto que se encontraba guardada en la planta baja, en la zona posterior al hall de acceso, cerca del ascensor.

Relató que durante la madrugada del viernes, “mi marido sintió un ruidito y pensó que era afuera, y resulta que habían pateado la puerta”.

En cuanto a la mecánica del ilícito, describió que “eran tres y salieron como panchos por su casa”, y lamentó que ingresaron a la propiedad, tras violentar la puerta principal, con total impunidad. “Patearon la puerta y entraron como si nada. No les importó nada”, advirtió.

La vecina confirmó que los delincuentes abandonaron el edificio con la moto y añadió que “la policía me dijo que habían salido para el lado de Dorrego, en dirección al Anfiteatro, y después creo que los perdieron por el jardín de Las Tunitas. Me dijeron que habían agarrado a uno, que había descartado la campera, y habían visto que habían sacado las cachas de atrás de la moto. Ya la habían empezado a desarmar”.

La damnificada expuso que a la puerta principal del inmueble “le pegaron cuatro patatas, que está en el video de la cámara de seguridad” ubicada en el hall interno, “entraron y se llevaron la moto y salieron para el lado de Dorrego”.

En tanto, aclaró que capturaron a uno de los implicados, pero “los otros dos se fueron con la moto” y estimó que tal vez no la pudieron arrancar porque cuenta con encendido automático, al tiempo que reseñó que le llegaron datos de que habían visto a un grupo con una moto llevada “de tiro” en la zona del Anfiteatro.

Calma aunque indignada por la situación, Fabiana planteó que “me dejaron a pata literalmente” y enseguida añadió que “es la segunda moto que me roban de acá”, en referencia a su domicilio ubicado en Avellaneda y Dorrego. En tanto, precisó que el 12 de febrero se cumple un año de que le sustrajeron el primer motovehículo del lugar.

Repasó que en el hecho anterior, “la habíamos dejado atrás, escondida, no se veía de ningún lado. Nos habíamos ido de vacaciones a Villa Gesell y nos llama mi hija, que había venido a la carnicería (lindera), y el chico le había dicho que la moto no estaba. Cortaron el candado con una amoladora porque dejaron el pedazo de la amoladora al lado. Se manejan como se les da la gana”.

En tanto, la damnificada confirmo que el último viernes fueron operadores del Centro de Monitoreo de la Secretaría de Protección Ciudadana los que advirtieron el robo, dieron aviso a la Policía, realizaron un seguimiento por imágenes y guiaron a los efectivos que lograron la aprehensión. Sin embargo, aún espera que aparezca el vehículo.

“Fuimos a hacer la denuncia tipo 6 de la mañana. Primero nos habíamos puesto contentos porque había aparecido una moto que parecía que era la nuestra, pero no, era otra que habían robado. Están investigando”, confió.

El Municipio informó que, el domingo por la tarde, se concretó un operativo de rescate en el cerro La Cascada, que se inició cuando los servicios de emergencia alertaron sobre la caída de un ciclista que realizara un descenso por un sector de difícil acceso.

El operativo se inició a partir de un llamado al 107 –que responde a Emergencias del Hospital Santamarina-, instante en el que se activó el Protocolo de Rescate en las Sierras, programa que fue impulsado por la Secretaría de Protección Ciudadana durante el año pasado y a partir de algunos incidentes vinculados a prácticas deportivas en sectores serranos.

Tras el accidente del domingo, intervinieron en el lugar, de forma coordinada, Bomberos, Policía, SAME, Cruz Roja Argentina y personal del Comando de Patrullas, quienes debieron avanzar a pie debido a la imposibilidad de ingreso vehicular para llegar a la ubicación en la que se encontraba el ciclista.

Fuentes del Municipio confirmaron que la persona accidentada fue localizada a unos 1.500 metros del estacionamiento del paseo La Cascada, consciente y con politraumatismos, luego de haber caído por una pendiente de aproximadamente 15 metros.

“Se procedió a su inmovilización y posterior descenso controlado mediante tabla rígida y camilla tipo Sked, en una maniobra que demandó alrededor de cuatro horas”, informaron. Tras el rescate, el herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Municipal Ramón Santamarina para su atención médica.

Por último, desde la comuna expresaron que “el operativo pone en valor la vigencia del Protocolo de Rescate en las Sierras, la planificación impulsada desde la Secretaría de Protección Ciudadana y el trabajo articulado de los equipos de emergencia para intervenir en entornos naturales y de difícil acceso”.

La Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio de Tandil llevó adelante la primera reunión de la Mesa Operativa de Coordinación Rural, un espacio de trabajo técnico y operativo destinado a fortalecer la prevención del delito en el ámbito rural, a partir de las demandas recogidas en reuniones previas con instituciones y foros vinculados al sector.

En este marco, se presentaron los avances del programa "Tranqueras Seguras", una herramienta tecnológica orientada a mejorar la respuesta ante emergencias en zonas rurales.

El encuentro se desarrolló en la sede ubicada en Belgrano 920. Participaron del mismo representantes del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, autoridades policiales, integrantes del Comando de Prevención Rural (CPR), funcionarios municipales, entidades rurales, instituciones intermedias y productores de distintos cuarteles del distrito.

La reunión fue encabezada por la secretaria del área, Alejandra Marcieri. Participaron entre otros, el director de Coordinación Rural del Ministerio de Seguridad, Adrián Pereyra; el director provincial de Seguimiento de la Carrera Policial, Martín Torres; autoridades de la secretaría, representantes de entidades rurales del partido, el delegado rural Carlos Balbín, los delegados de Vela, Pablo Retondo; y de Gardey, Gabriela Tellería, y vecinos en representación de cada uno de los cuarteles de Tandil.

Del encuentro participaron, además, responsables policiales, el titular de la Sociedad Rural, Alcides Fortunato, representantes de Funtala, y productores de zonas como Santa Ana, Desvío Aguirre, La Patria, Azucena y Las Toscas.

Durante la apertura, Marcieri destacó que la Mesa Operativa surge como un espacio para “trabajar de manera articulada, luego de haber recogido demandas concretas de instituciones y foros”. El objetivo principal será avanzar en estrategias de prevención del delito, atendiendo las particularidades propias del ámbito rural.

En ese sentido, subrayó la importancia del trabajo conjunto entre el Municipio, el Ministerio de Seguridad provincial y el CPR, con eje en la incorporación de tecnología aplicada a la seguridad rural, buscando reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y mejorar la capacidad de prevención e investigación.

Uno de los ejes centrales de la jornada fue la presentación de los avances del programa “Tranqueras Seguras”, una plataforma interactiva orientada a la respuesta ante emergencias en zonas rurales, desarrollada por la Dirección de Estadística Local y el Área de Geotecnologías del Municipio.

Actualmente, el sistema cuenta con 2.600 tranqueras geolocalizadas, integradas a un mapa interactivo que permite identificar accesos rurales, rutas internas, caminos secundarios y principales.

Desde Protección Ciudadana indicaron que, ante una emergencia, la persona sólo debe indicar el número de tranquera, lo que posibilita calcular de forma automática la mejor ruta de acceso según tiempo, distancia y accesibilidad para favorecer la asistencia y monitorear desde una sede central.

“Apuntamos con esto a que la toma de decisión sea lo más fácil, aportando una mejor ruta por tiempo, distancia y accesibilidad, y de esta forma acortar el tiempo de respuesta lo menos posible”, resaltó Marcieri.

La herramienta se apoya en una interfaz visual, intuitiva y de fácil uso, que permite visualizar en tiempo real los puntos de salida y llegada, optimizando la toma de decisiones y acortando al máximo los tiempos de respuesta.

Durante la reunión también se presentó el complemento “Centinela Rural”, una adaptación de la aplicación Centinela que permite identificar rápidamente a un vecino o vecina en medio de una emergencia y establecer un nexo directo con las áreas municipales y las fuerzas de seguridad.

La propuesta apunta a una interacción multiagencia, integrando tecnología, fuerzas policiales, áreas municipales y participación comunitaria, como parte de una estrategia de prevención con acompañamiento comunitario, que combine acciones preventivas y respuestas operativas.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia se destacó la seriedad del trabajo encarado por el Municipio de Tandil, valorando la planificación, el uso de tecnología y la articulación institucional como ejes centrales de las políticas de seguridad rural.

La Mesa Operativa de Coordinación Rural continuará funcionando como un espacio de seguimiento, validación de acciones y planificación conjunta, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y mejorar la seguridad en el ámbito rural del distrito.

Tras conocerse la iniciativa municipal para prohibir limpiavidrios y trapitos, El Eco de Tandil dialogó con vecinos que trabajan en dichas actividades, quienes contaron tanto su mirada sobre el proyecto como parte de sus historias de vida.

“Para mi, a los que estamos laburando así, tendrían que darnos algo como un carnet. Que en tal esquina estás vos parado, con nombre y apellido. Y si hay algún problema, que vengan y te digan a vos”, consideró Guillermo. Oriundo de Olavarría, llegó hace poco más de cuatro meses a la ciudad. Contó que trabajó durante 24 años en Loma Negra, hasta que sufrió un golpe en la cabeza por el que le otorgaron un carnet de discapacidad. Vivió en casa de su hermano, pero finalmente decidió probar suerte en Tandil. Quedó en la calle -por primera vez-, y se puso a limpiar vidrios. En algunas esquinas lo conocen, y destacó el buen trato de los vecinos.

“Allá en Olavarría no hay movimiento. Acá, por lo menos para vivir me alcanza. Igual ahora estoy en situación de calle. Empecé alquilando, vine con una moneda, pero después no pude pagar, y ahora el tema es que te piden muchos requisitos. Nunca había vivido en la calle, y es horrible. Pero esto es lo único que tengo para hacer. No molesto a nadie. No tengo antecedentes, gracias a Dios de eso nada. Pero igual te sacan por culpa de alguno, y pagamos todos, como siempre”, señaló.

Cabe recordar, fue la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, quien anunció un proyecto municipal para prohibir la actividad de limpiavidrios y cuidacoches. “No creo que el camino sea regular; creo que el camino es prohibir la actividad. Para mí se tiene que prohibir directamente”, había expresado al respecto en diálogo con El Eco Multimedios.

La funcionaria indicó además que el equipo de la mencionada Secretaría trabajaba en la identificación personal de quienes se desempeñan en dichos rubros, y a la fecha la iniciativa continúa evaluándose en el Ejecutivo Comunal.

“He hecho un currículum y no me dan trabajo, por la edad. Soy electricista, instalador de aires acondicionados e instalador de alarmas. Trabajé en Segurplus, tengo buenas referencias. Llegué a ser encargado de un grupo de instaladores”, contó Rodolfo, quien tras quedarse sin trabajo durante la pandemia de Covid19 y no conseguir un nuevo empleo, vendió su camioneta, se compró una moto y comenzó a vender pañuelos descartables en esquinas de la ciudad. 

“Con esto voy subsistiendo. Comprendo que hay mucha gente que está en la calle que bebe alcohol, que se mete con la gente, que le falta el respeto. Yo no, ofrezco si quieren el pañuelo y si no mucho gusto. Por eso recibo muchas propinas, por tratar con respeto”, expresó.

Vivió más de cuatro décadas en España pero tras divorciarse llegó a Tandil hace seis años. Actualmente, Desarrollo Humano costea su estadía en una pensión, pero llegó a dormir en comisarías y destacó el trato tanto de los efectivos policiales como de los vecinos en general.

“Puedo ir a buscar víveres, pero no voy porque no me hace falta eso. Te dan arroz, yerba, fideos. Pero que se lo den a otros que precisen”, sostuvo, para agregar que por otra parte suele recibir colaboraciones y ayudas de vecinos particulares.

Consultado por su mirada sobre su opinión con respecto a la iniciativa para prohibir trapitos y limpiavidrios, no descartó el proyecto “mientras que la Municipalidad les de alguna otra opción, porque si no se van a poner a delinquir. Eso está claro”.

Por otra parte, vecinos se desempeñan cuidando coches y ordenado el tránsito en diferentes ámbitos de la ciudad. Algunos de los más reconocidos son aquellos que trabajan en paseos públicos o espacios turísticos, como La Movediza, la Plaza del Centro o El Calvario.

Mauricio hace más de cuatro décadas que pasa sus días “de 8 a 8” cuidando autos sobre la avenida Monseñor de Andrea. Sostuvo que nunca tuvo problemas con vecinos, agentes policiales o funcionarios públicos. Padece diabetes, por lo que se aplica seis inyecciones diarias y debe cuidarse de cualquier tipo de lastimadura.

Planteó que supo de problemas vinculados a cuidacoches de la Plaza Independencia, pero destacó el trato en El Calvario tanto para con los turistas como entre los vecinos. “Estoy todo el día acá, toda la temporada y las cuatro estaciones. Los turistas siguen viniendo y viniendo. Y siempre me ven acá. Conozco turistas que vienen siempre”, señaló al respecto.

La situación de Guillermo es diferente, y comentó que en el último tiempo patrullas de Centinela en Territorio le indicaron que debía retirarse de la esquina en la que se encontrara. “Vivo el día a día. De esto no puede ser otra cosa. Estoy tratando de ver si me sale una pensión o algo, pero no se, tengo que hablar por eso”, indicó.

Pero el limpiavidrios también sostuvo que en general, recibió buenos tratos de los vecinos: “Allá donde está la Iglú, la YPF y la farmacia, los vecinos de arriba siempre la mejor. Me han llevado para comer, y con ninguno tuve problemas con nadie”. Agregó que nunca tuvo problemas con drogas o con consumo de alcohol, y que si bien siempre se dedicó al trabajo, “esto es la primera vez que me toca y no la estoy pasando bien, pero hay que seguir metiéndole”. 

Autoridades de Protección Ciudadana realizaron una inspección a la obra del edificio de la Escuela Técnica 3, luego de que vecinos denunciaran la presencia de personas en el lugar. Desde la secretaría municipal solicitaron a la presidencia del Consejo Escolar la posibilidad de ingresar al predio, así como de contar con la autorización para el acceso permanente.

Fue durante la mañana del viernes 16 de enero cuando trascendió el inicio de un operativo en la obra ubicada en la esquina de calle Liniers e Italia. De acuerdo a lo informado desde la Secretaría de Protección Ciudadana, el jueves 15 fueron advertidos por vecinos de la zona de la presencia de personas que habían ingresado al edificio vandalizando fenólicos que cubren marcos de ventanas y puertas.

Por tal motivo, desde la secretaría a cargo de Alejandra Marcieri se le solicitó a la presidenta del Consejo Escolar –Diana Balbín-, la autorización para la revisión. En horas cercanas al mediodía del viernes, el director de Defensa Civil y de Centinela en Territorio –Jorge Giménez-, recorrió la obra junto a autoridades educativas para llevar a cabo una revisión de lo dañado.

El objetivo del registro fue constatar las vandalizaciones y en todo caso avanzar con las reparaciones correspondientes. “Se le pidió que autoricen el ingreso de manera permanente para poder solicitarle a quienes ingresen que se retiren del lugar y evitar daños”, marcaron desde la Comuna.

De acuerdo a trascendidos vecinales, en inspecciones anteriores se había constatado la presencia de colchones, y la preocupación de los frentistas radicaba en que ingresen al lugar las personas que antes se habían instalado en la casa demolida de avenida Machado.

Cabe recordar, es de larga data el reclamo vecinal por el ingreso de personas a la obra de la Técnica 3. También por el abandono del predio, los pastos altos y la presencia de roedores, temas por los cuales los frentistas se han expresado de manera pública en reiteradas ocasiones.

“Los alrededores de la obra están como si fueran abandonados. Hay pastos muy altos adentro del predio y las veredas están intransitables”, transmitieron vecinos –en enero de 2024-a El Eco de Tandil. El paisaje de la esquina de Liniers e Italia en el presente no difiere demasiado de lo descripto entonces. Las veredas lucen con pastos altos, mientras que el edificio se encuentra tapiado, por lo menos en su planta inferior.

La obra del edificio propio de la Escuela Técnica 3 se encuentra paralizada desde hace aproximadamente seis años. La institución cuenta con una matrícula de aproximadamente 400 alumnos que durante el ciclo lectivo asisten a clase en un espacio provisorio ubicado sobre calle Yrigoyen.

En noviembre pasado, con la presencia del entonces director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, Provincia y Municipio firmaron el convenio para avanzar con los trabajos de finalización de la iniciativa. A comienzos de diciembre, la Comuna inició el llamado a licitación pública para la ejecución de las obras. Con un presupuesto oficial de 2.400.237.794,10 pesos, el acto de apertura de sobres se llevará a cabo el próximo martes 27 de enero a las 11 horas.

La Provincia aportará el 70 por ciento de los fondos, mientras que el Municipio cubrirá el 30 por ciento restante. A partir de la adjudicación del pliego, el plazo estimado para la conclusión de los trabajos es de casi un año.

La secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, adelantó a El Eco Multimedios que el Municipio trabaja en el desarrollo de un proyecto de ordenanza que busca “prohibir” la presencia de cuidacoches y limpiavidrios en la vía pública.

En una entrevista con el ciclo Tandil Despierta (EcoTV y 104.1 Tandil FM), la funcionaria señaló que el enfoque partió de una serie de operativos de control realizados en distintos puntos de la ciudad por parte del personal de Centinela en Territorio.

En concreto, apuntó que el equipo del área realizó un trabajo de identificación persona por persona, procedimiento que, según dijo, es “totalmente legal”, y solicitó informes de antecedentes penales.

Entre los resultados, Marcieri reveló que “entre el 75 y el 80 por ciento” de los identificados “realizando tareas como limpiavidrios o cuidacoches” en las esquinas de Tandil “posee antecedentes penales”.

En virtud de esa situación, sostuvo que “estamos viendo la posibilidad de elevar al Concejo Deliberante una norma”.

Tras indagar en la legislación de municipios vecinos, estableció que las experiencias “no prohíben la actividad, sino que se regula” mediante la creación de un registro.

La prohibición

En ese sentido explicó que, si bien actualmente “no existe una norma que los regule”, la limpieza en la vía pública se encuentra prohibida por el Código de Faltas Municipal y por la Ley de Tránsito, por lo que esas acciones “se podrían inmediatamente desalentar”.

No obstante, para “el resto de las actividades”, la intención de la Secretaría de Protección Ciudadana es desarrollar una norma que avance más allá. “No creo que el camino sea regular; creo que el camino es prohibir la actividad. Para mí se tiene que prohibir directamente”, sentenció.

La secretaria manifestó su desacuerdo con la creación de un listado oficial que autorice “a unos sí y a otros no” por la complejidad en establecer quién tiene derecho a ocupar el espacio público.

“Creo que el camino que va a tomar la Secretaría de Protección Ciudadana va a ser la prohibición”, ratificó y afirmó que “estamos trabajando en una norma tendiente a la prohibición”.

Experiencias y el desafío legislativo

En otro pasaje de la entrevista, Marcieri analizó los antecedentes de ciudades como La Plata, donde existe una prohibición “desde hace más de 20 años” en ese sentido, pero que “no lo pudieron aplicar”. También mencionó los casos de Quilmes y Mar del Plata, donde se optó por registros para intentar “legitimar el trabajo en la vía pública”.

“No me gustaría para mi ciudad eso”, admitió y dijo que el tema será resuelto eventualmente por los concejales cuando analicen los lineamientos de la futura iniciativa. La funcionaria reconoció que, aunque el Ejecutivo eleve su propuesta, el Concejo tendrá la última palabra, tal como ocurrió anteriormente con otros proyectos vinculados al tránsito y la nocturnidad.

“Seguramente existan miradas distintas”, dijo y para finalizar expresó que “uno puede elevar un enfoque y después los legisladores tomarán decisiones al respecto”.

Refuerzos por el Operativo Sol

En otro pasaje de la entrevista, la secretaria se refirió al desarrollo del Operativo Sol, que comenzó el pasado 2 de enero y se extenderá este mes y durante todo febrero.

Tandil recibió más de 40 efectivos de distintas disciplinas para reforzar la prevención durante la temporada estival. De ese total, 12 agentes fueron destinados específicamente a tareas preventivas en puntos de mayor afluencia turística como la zona céntrica, el Dique y el Parque Independencia.

Un punto consideró como “sumamente importante” fue la llegada de 10 efectivos para la subdelegación de la DDI, orientados específicamente a la investigación de drogas ilícitas.

El refuerzo también alcanzó a áreas para la seguridad civil y rural. Se sumaron ocho bomberos y dos instructores, cuya labor ya fue puesta a prueba el pasado domingo ante incendios en la zona de Las Tunitas.

Asimismo, el Comando de Prevención Rural (CPR) recibió personal adicional para patrullar las zonas de campo durante los meses de verano.

La problemática del predio del ex-Policlínico Ferroviario volvió a tomar estado público tras un nuevo reclamo de vecinos que conviven diariamente con los problemas de inseguridad derivados del abandono del predio en Villa Italia. La Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante –presidida por Noelia Domenighini, de Fuerza Patria- recibió el pedido de los frentistas y elevó una nota al Ejecutivo para conocer las acciones realizadas al respecto.

“Es el Ejecutivo el que tiene que tomar las medidas y ejecutar las ordenanzas vigentes. Queremos saber concretamente qué acciones se han tomado o qué acciones se van a tomar al respecto. El Ejecutivo tiene herramientas a través de ordenanzas como la de cerramiento o la de los pastizales altos, donde se pueden actuar, imponer multas y ejecutar lo que disponen esas ordenanzas”, expresó Domenighini en diálogo con El Eco de Tandil.

Los reclamos vecinales con respecto a la situación del exPoliclínico Ferroviario abandonado son de larga data. En junio pasado, el Concejo sancionó una ordenanza que estableció la obligatoriedad para cerrar de manera adecuada todos los edificios en estado de abandono. En noviembre hubo una reunión al respecto, y desde la Secretaría de Protección Ciudadana habían planteado que buscarían avanzar con el cerramiento. La normativa vigente, indicaron las autoridades, prevé la intimación al titular para que proceda al cerramiento en un plazo de 90 días.  Sin embargo, los vecinos del lugar persisten en sus manifestaciones públicas por las problemáticas en torno al predio, al que calificaron de “aguantadero”.

La Comisión de Seguridad, Género y Derechos Humanos del Concejo Deliberante fue la encargada de recibir el nuevo planteo vecinal, que describe un escenario de pastizales altos, falta de iluminación y la presencia de personas que utilizarían el lugar como refugio tras cometer hechos delictivos o para el consumo de sustancias.

Ante este escenario, los concejales decidieron formalizar un pedido de explicaciones al Departamento Ejecutivo. En diálogo con este Diario, la concejal Noelia Domenighini brindó detalles sobre la iniciativa y el malestar que persiste en el barrio.

 “Nosotros recibimos en la Comisión un reclamo firmado por los vecinos por distintas problemáticas que vienen aconteciendo en el lugar. Ya teníamos conocimiento de esto porque no es el primer pedido que recibimos de la zona y porque participamos habitualmente del Foro de Seguridad, donde estos temas son recurrentes”, señaló la legisladora.

El documento elevado a las autoridades de Protección Ciudadana busca obtener respuestas por escrito para evitar que las gestiones queden diluidas en encuentros informales que no derivan en soluciones tangibles.

Domenighini precisó que, según el relato de los vecinos del predio tomaron conocimiento de personas que ingresan al lugar para esconder objetos provenientes de ilícitos. A esto se suma el estacionamiento de camiones de gran porte en la manzana, lo que dificulta la visibilidad y el tránsito.

“Entendemos que el derecho a la propiedad es relativo cuando afecta el derecho de otros. Sería interesante que los titulares del predio pudieran dar una respuesta concreta, pero ante su ausencia, es el Estado municipal quien debe intervenir”, sostuvo Domenighini.

En ese sentido, el pedido de informes consulta si se han enviado cartas documento, si existen intimaciones formales o si se ha iniciado alguna acción judicial o medida cautelar para resguardar a la ciudadanía.

La concejal recordó que el municipio cuenta con la potestad de aplicar multas a través de las tasas retributivas de servicios, llegando incluso a duplicar los montos cuando los terrenos se encuentran en condiciones de abandono.

Sin embargo, subrayó que la obligación de inspección debe ser constante y no limitarse únicamente a este caso puntual. “Hay varios lugares de Tandil, incluso públicos como plazas, que tienen problemas de mantenimiento, pero en lo privado la situación es preocupante en diversos barrios”, marcó.

“Nosotros como legisladores estamos limitados. Podemos escuchar a los vecinos y generar políticas públicas a través de ordenanzas, pero lo cierto es que es el brazo ejecutor el que debe dar la respuesta final”, concluyó la edil de Fuerza Patria.