La Agencia Territorial Tandil, un eslabón clave en la implementación de políticas nacionales de empleo y formación, atraviesa sus horas más difíciles. Nicolás Piñero, responsable de programas de inserción, y Carolina Gallardo, del área de mesa de entradas e inspección, explicaron que la situación actual supera cualquier crisis gestionada con anterioridad, incluyendo periodos de vaciamiento. “Estamos en un estado de alerta permanente”, aseguraron.

Durante el encuentro, los trabajadores enfatizaron que el conflicto no se limita únicamente a la estabilidad de sus puestos de trabajo, sino a la desaparición de la territorialidad como concepto de gestión pública. Piñero, quien cumple funciones en el organismo desde hace 18 años, sostuvo que la labor diaria se realizó siempre en función de los vecinos, independientemente de las banderas políticas de turno. Destacó que el equipo se formó constantemente para cumplir con el rol de un Estado presente que asiste, forma y capacita.

Al cumplirse el cierre del mes de marzo, el personal permaneció en estado de alerta ante la posibilidad de recibir notificaciones de desvinculación. Gallardo, quien suma 23 años de trayectoria en el ministerio —diez de ellos en el Conurbano y el resto en Tandil—, describió que la actual reestructuración impulsada por el Gobierno nacional bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano es la amenaza más seria que enfrentaron hasta el momento, ya que apunta directamente a la eliminación de las estructuras descentralizadas en todo el país.

El proceso de reforma administrativa que impulsa la gestión nacional ya transitó diversas etapas de "maquillaje", pero según indicaron, ahora se encamina hacia una transformación sustancial. Un proyecto de decreto, que ya cuenta con el aval del secretario Cordero y la ministra Sandra Pettovello, se encuentra actualmente en la Jefatura de Gabinete a la espera de una firma que podría redefinir el organigrama de la Secretaría de Trabajo. Esta nueva estructura prevé una reducción de áreas y deja en un limbo jurídico y operativo a las agencias territoriales.

Gallardo advirtió que la eliminación de la presencialidad física en el territorio convertirá la política pública en algo "frío y abstracto". Para la trabajadora, el territorio nacional presenta realidades muy heterogéneas que no pueden ser decodificadas desde un monitor en Buenos Aires. "Los trabajadores de cada lugar somos el mecanismo a través del cual una cosa centralizada se vuelve concreta en cada espacio en particular", explicó.

Desde la Agencia Territorial Tandil se gestionan entramados productivos, se asiste a cooperativas y se mantiene un vínculo estrecho con empresas locales para fomentar la inserción laboral. Los trabajadores denunciaron que la gestión actual presentó obstáculos deliberados para el desarrollo de sus tareas habituales, dificultando el normal funcionamiento del organismo como paso previo a una justificación de su cierre definitivo.

Un punto fundamental que se destacó durante la entrevista fue el alcance regional de la agencia. Si bien la base operativa se encuentra en nuestra ciudad, su jurisdicción abarca a otros 11 municipios bonaerenses. A lo largo de los años, el personal de la agencia trabajó activamente para fortalecer las oficinas municipales de empleo, creando una red que permitió que las políticas de Estado llegaran a cada pueblo a través de inspecciones y capacitaciones presenciales.

Piñero remarcó que el trabajo realizado durante casi dos décadas permitió que el Estado nacional tuviera una pata en el territorio. "Hemos tenido gobiernos de todo tipo, pero siempre trabajamos para que el cambio se notara en lo social y en lo económico de la gente", recordó. La desaparición de esta estructura dejaría a miles de personas sin el soporte técnico necesario para sostener su empleabilidad en un contexto económico recesivo. El temor es que la destrucción de esta red, que llevó años construir, se consume en apenas unos pocos meses de gestión administrativa.

La labor de la agencia también incluye el relevamiento de trabajadores en condiciones de informalidad para lograr su regularización. Según relataron los protagonistas, el impacto de este trabajo es difícil de medir en el corto plazo, pero su ausencia generará un vacío institucional que afectará tanto a los trabajadores que buscan protección como a las empresas que requieren de la asistencia estatal para programas de formación.

El testimonio de los trabajadores permitió vislumbrar el drama humano detrás. En Tandil, la oficina atiende diariamente a un número creciente de personas que acuden para tramitar el seguro por desempleo. Piñero reveló que en los últimos meses se llegó a atender un promedio de tres personas por día que perdieron puestos de trabajo registrados. "Esta es solo la punta del iceberg, porque sabemos que la informalidad laboral ronda el 45 o 50 por ciento", puntualizó el trabajador.

Paradójicamente, los mismos trabajadores que asisten a los despedidos del sector privado se encuentran hoy en una situación de extrema vulnerabilidad. Al pertenecer al régimen de empleo público bajo ciertas modalidades de contratación, no percibirían indemnización en caso de ser cesanteados, ya que no está contemplado en su convenio colectivo de trabajo.

Esta realidad genera una carga emocional adicional en un equipo que, pese a la incertidumbre, intenta sostener la atención al público con el mismo compromiso de siempre. "Es difícil atravesarlo desde lo individual y desde lo colectivo", confesó Piñero.

Finalmente, los integrantes de la Agencia Territorial Tandil agradecieron el acompañamiento recibido por parte de diversos sindicatos y actores sociales de la comunidad que conocen de cerca su labor. A pesar de la angustia, ratificaron su intención de seguir visibilizando el conflicto y defendiendo la importancia de un Estado que no abandone su presencia en el interior del país.

En una jornada atravesada por la tensión y la protesta, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) seccional Tandil - Juárez, junto a la Mesa Intersindical, llevó adelante este jueves una concentración y “abrazo” simbólico frente a la sede de la Agencia Territorial local, ubicada en 9 de Julio 860. 

La medida surgió como respuesta a las versiones sobre una posible reestructuración o cierre de dependencias nacionales de la Secretaría de Trabajo, lo que pondría en riesgo el sustento de 33 familias y dejaría sin cobertura a numerosas localidades de la región.

Durante el acto, el secretario general de ATE Hernán Gasparini brindó un encendido discurso en el que destacó la unidad del sector gremial frente al escenario planteado. “No hay nada, absolutamente ninguna diferencia que detenga la unidad de los trabajadores y trabajadoras de este ministerio para enfrentar lo que tenemos que enfrentar”, afirmó, y remarcó que esa cohesión constituye un “orgullo” para la seccional.

Gasparini hizo hincapié en la función social que cumple el espacio, al señalar que no se trata simplemente de una estructura edilicia. “No es una mole de cemento ni cuatro oficinas”, expresó, al tiempo que describió el trabajo cotidiano que allí se realiza.

“Aquí hay compañeros y compañeras que todos los días reciben, escuchan, asesoran y acompañan a trabajadores que no tienen otra alternativa cuando son despedidos, sufren acoso laboral o atraviesan situaciones de violencia de género”, sostuvo.

En la misma línea, otros delegados advirtieron que un eventual cierre implicaría el retiro del Estado de funciones esenciales, como la fiscalización del trabajo no registrado, la lucha contra el trabajo infantil y la capacitación laboral. Además, remarcaron que ciudades como Ayacucho, Azul, Benito Juárez, Olavarría y Rauch quedarían sin atención presencial.

Críticas al Gobierno y reclamos locales

Uno de los momentos del discurso estuvo dirigido a las explicaciones oficiales que minimizan la situación como un “rumor”. Gasparini recordó antecedentes recientes: “Con rumores cerraron el Centro de Referencia de Desarrollo Social… esto no es un rumor. Esto es el inicio de la política concreta de desguace, de una política de achicamiento del Estado”, afirmó.

Asimismo, vinculó las medidas actuales con procesos económicos anteriores, al considerar que responden a “las mismas lógicas” implementadas durante la dictadura de 1976, los años 90 y el macrismo.

En el plano local, si bien el Concejo Deliberante aprobó un repudio al posible cierre, el dirigente cuestionó con dureza a sectores políticos que —según señaló— hoy no acompañan el reclamo. “Sepan todos aquellos que hoy no tuvieron los huevos para bancar a estos laburantes… no nos vamos a olvidar de la actitud de miedo que hoy están teniendo”, sentenció.

Durante la movilización también se manifestó inquietud por la posible venta de inmuebles del IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, lo que podría afectar la atención de miles de afiliados en Tandil.

La jornada concluyó con una clara señal de continuidad del conflicto. Los trabajadores reafirmaron que no están solos y que sostendrán las medidas necesarias para defender tanto la continuidad de la agencia como los puestos laborales.

“Vamos a dar todas las peleas que tengamos que dar para sostener no solamente a la agencia territorial en pie, sino también a cada uno de los puestos de laburo”, aseguraron.

Por su parte, la delegada Carolina Gallardo adelantó que continuarán informando a la comunidad sobre el impacto que tendría el cierre, con el objetivo de visibilizar la importancia de estos servicios públicos en la vida cotidiana de la región.

El empleo registrado alcanzó en febrero las 12.852.656 personas, con una leve recuperación mensual del 0,1% respecto a enero (9.100 personas más), según datos de la Secretaría de Trabajo. El dato se explica por un repunte tanto en el trabajo asalariado como en el independiente.

La Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) anticipó que en marzo el empleo privado registrado volvió a caer un 0,1% en los principales aglomerados urbanos relevados (empresas con más de 10 empleados).

El empleo asalariado registrado mostró una variación positiva del 0,1% respecto al mes anterior (un incremento de 5,4 mil trabajadores). 

Esta suba se explica por el desempeño del sector privado formal y el trabajo en casas particulares, cuyas expansiones (+0,2% y +0,3% respectivamente) compensaron la pérdida de empleo en el sector público (-0,3%).

El trabajo independiente tuvo en febrero una variación de +0,1%, o 3.700 trabajadores más. 

La cantidad de monotributistas sociales continuó disminuyendo (-4,0%, 10,4 mil personas menos), al igual que los aportantes al régimen de autónomos (-0,5%, 1,9 mil personas menos). 

Pero subieron los monotributistas (+0,8%, 16 mil personas más), compensando la caída en las otras categorías.

En términos interanuales, el empleo asalariado se redujo 0,9% (88 mil trabajadores menos), con caídas en todas sus categorías: sector privado (-0,7%), sector público (-1,1%) y trabajo en casas particulares (-2,1%).

En el caso del trabajo independiente, cayó 13% (406 mil personas menos). 

El número de aportantes al monotributo aumentó 0,4% (8,3 mil personas más), mientras que los aportantes al régimen de autónomos disminuyeron un 4,8% (19,5 mil personas menos). 

Según el reporte, la caída del 61% en la cantidad de monotributistas sociales está relacionada con los cambios regulatorios que afectaron a este régimen en particular.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, reveló que el Gobierno nacional convocará a una mesa tripartita conformada con representantes sindicales, empresariales y del Poder Ejecutivo.   

Según detalló, lo hará tras protagonizar un encuentro a solas con los triunviros de la Confederación General del Trabajo (CGT), y a posteriori, una con autoridades de las cámaras empresarias.   

"En un marco de esperado diálogo, se va a convocar a una mesa tripartita donde está representado el sector gremial sindical, el sector gremial empresario y el gobierno, mirando, escuchando y participando", reveló el funcionario en declaraciones al programa "Si Pasa, pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia.   

Según definió, la mesa será "a contenido abierto", por lo que esperan que la central obrera lleve sus reclamos y avance con la reglamentación de la Ley Bases en la que trabajó.   

"Todos los otros temas que tienen que ver con el contenido laboral se ponen arriba de la mesa. Esto en el marco del diálogo. La ley tardó un montón, pero se generó un diálogo, un consenso, sucedió que fue al Congreso. Esto genera un debate nacional que es fantástico", destacó.   

Por otra parte, Cordero contó además que la reunión del martes con Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña surgió de un pedido de la central y detalló que apuntará a discutir sobre la necesidad de una modernización laboral, uno de los 10 puntos del Pacto de Mayo.   

"El rumbo lo marca el presidente Javier Milei que lo hace de una manera impecable. También el ministro (de Economía, Luis) Caputo. Esto es simplemente el marco hacia donde hay que ir. 

Luego, dentro de eso, se ponen las cosas arriba de la mesa y la forma. Ya estamos en condiciones de decirle a los argentinos que cuando tienen una necesidad puntual contraten a las personas", desarrolló.   

En la misma línea, puntualizó: "Cuando uno piensa en el sindicalismo, lo que piensa es que cuando el empleador hace algo que no corresponde, lo manifiestan, lo expresan e inclusive tienen el derecho de huelga. Pero, por otro lado, cuando el trabajador hace algo que no corresponde, también se dan vuelta de una manera afectuosa, porque se trata de la representación de los trabajadores, y le dice, eso no corresponde".   

Para el secretario de Trabajo hay un cambio de época en algunos sectores gremiales que ya no ven en los paros una herramienta gremial.   

"La gente ya no pide más un paro, no quiere más paro. El paro justamente paraliza", definió al tiempo que reveló que trabajan en nuevos cambios laborales.   

Por último, aseguró que la desocupación "es una ocupación" para su cartera y una "obsesión" para la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aunque evitó dar plazos para la reactivación.   

"Nos estamos ocupando a través de los planes de volver al trabajo. Cuanto más gente quiera trabajar, es mucho mejor para la Argentina, eso sube el índice. Pero no hay plazos, sí tienen que ser los más cortos posibles", concluyó. (NA).