Los trabajadores estatales de organismos nacionales con presencia en la ciudad se encuentran en estado de alerta por posibles despidos masivos que implicarían que alrededor de 80 vecinos podrían perder su fuente laboral. 

Además, señalaron que las cesantías ponen en peligro la continuidad de una gran cantidad de políticas públicas con impacto directo en Tandil, desde apoyo a Pymes al acompañamiento a personas con discapacidad y muchos otros. Para visibilizar la situación, convocaron a una movilización para el jueves 21 a las 10:30, en la explanada del Municipio.

“Más allá de las personas que quedamos afectadas, son las políticas públicas las que van a ser recortadas y los derechos de los ciudadanos de Tandil. Entendemos que la impronta de este gobierno es que si hace falta determinado servicio a la comunidad, que se hagan cargo Provincia o Municipio pero el Estado Nacional dejaría de tener injerencia. Por eso en este caso, a diferencia de lo que fue el macrismo, los despidos se están concentrando más en todo el interior”, compartieron delegados y delegadas nucleados en ATE de la mayor parte de los organismos, en diálogo con El Eco de Tandil.

Estuvieron presentes Alicia Pereyra de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Rubén Chia de la Obra Social de las Fuerzas Armadas, Soledad Ordoñez y Noelia Godoy de la Secretaría de Trabajo, Santiago Baleano de PAMI, Cristabel González Pereyra del Registro Nacional de las Personas (Renaper), Alejandra Esain de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), Cristina Roteño de los Centros de Economía Popular, Florencia Marino de la Unidad de Atención Telefónica de la Anses, Juliana González del Conicet, Celeste Varela del Centro de Referencia, Eliana Piqueras del Ex Ministerio de Mujeres, Érica Lanzini y Marcos Aguilera de la Oficina de Anses, y Emilce Bártoli de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Existen también en Tandil entidades como el INTA, el INTI, Senasa, el Servicio Meteorológico Nacional y otras en la misma situación.

Los despidos en el Estado volvieron a ser tema central durante la semana ya que se aproxima una fecha límite. El 31 de marzo vencen gran parte de los contratos de muchos trabajadores, y reina la incertidumbre sobre la continuidad de, según estimaciones, alrededor de 70 mil puestos en todo el país.

Los organismos que dependen del Estado en la ciudad llevan adelante una diversidad de políticas y servicios que van desde todas las implicadas en el trabajo de PAMI y Anses hasta el apoyo económico a Pymes y empresas locales de parte de la Secretaría de Trabajo, el asesoramiento a trabajadores con respecto a su ART en la SRT, el acompañamiento brindado por la Agencia de Discapacidad, y el aporte del Renaper en los trámites para diferentes documentaciones, y muchas otras.

Más allá de trascendidos, pre avisos o comunicados a través de Twitter, la realidad común a todos los organismos es que los trabajadores contratados cuentan con vínculo laboral formal hasta el próximo 31 de marzo.

Dentro de esos contratos existen diferentes modalidades, incluso dependencias menos comprometidas por contar con la mayoría de su personal dentro de planta permanente. 

“La discusión va a ser que esos contratos se renueven el 31 de marzo. En algunos organismos como el Renaper, las 3 personas que lo integran están contratadas. En la Sennaf también. En Trabajo hay 9”, precisaron.

Además, indicaron, otra de las generalidades en los organismos es que “no hay interlocutores con quienes se puedan hacer planteos, pensar mensajes de negociación, consultar cuál es la velocidad de información que circula, pero que no es oficial, no hay interlocutor asignado”. Tal realidad se suma a otras particulares, como el anuncio de que se avanzaría con despidos en el área administrativa de Conicet, que en Tandil implica 16 puestos de trabajo.

En promedio, los trabajadores cuentan con entre 10 y poco más de 20 años de experiencia en sus respectivos organismos. “Son trabajadores formados, que llevan años profesionalizándose y que hacen una tarea que tiene además efectos redistributivos en la comunidad, porque cada uno de los programas que nosotras y nosotros hacemos implica una erogación presupuestaria del gobierno nacional para familias de la ciudad”, sostuvieron.

En promedio, estiman alrededor de 80 personas cuyos puestos de trabajo peligran en Tandil. “Son 80 familias. Eso impacta directamente además en el consumo en la ciudad, también para poder contextualizarlo con la ciudad. Son familias que no van a poder tener el mismo nivel de gasto, que van a salir a disputar puestos de trabajo en una ciudad donde además no sobran las fuentes de empleo”, lamentaron.

Tras la marcha a la explanada municipal convocada para hoy, los trabajadores del Centro de Referencia (CDR) serán recibidos el próximo lunes en el marco de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante. El cuerpo de delegados del organismo presentaron una propuesta para que el Legislativo se expida por la situación.

El programa “Te Sumo - Jóvenes en Pymes” es una estrategia dirigida a fomentar el entrenamiento y la inserción laboral de jóvenes de 18 a 24 años que se encuentren en situación de desempleo y cuenten con los estudios secundarios completos. De esta manera, se pretende equilibrar oportunidades en el acceso al mercado del trabajo en una franja etaria que suele tener muchas dificultades a la hora de c onseguir un empleo registrado. 

Además, la iniciativa se combina con la promoción del sector Pyme para impulsar la contratación de este grupo poblacional a cambio de beneficios fiscales y financieros. 

La propuesta es implementada  por la Agencia Territorial Tandil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a cargo de Emiliano Ordóñez. En diálogo con El Eco de Tandil, el funcionario detalló que el programa ya está en vigencia y que el 1 de octubre se arranca con 8 inserciones laborales en distintas firmas tandilenses, lo que representa un número importante para el inicio del mismo.

“Hay líneas de entrenamiento y de inserción. La formación tiene una duración de 1 a 6 meses y el monto que se le abona al joven se diferencia en relación al tamaño de la empresa”, expuso.

De este modo, el Estado paga 15 mil pesos en el caso de las microempresas y  12 mil para las pequeñas y medianas. La firma sólo tiene que realizar  el pago de un plan médico obligatorio y de un seguro por accidentes personales.

Inserción laboral 

La idea es que tras recibir la capacitación, el joven sea tomado como empleado por la compañía, a través de la línea de inserción laboral. Para ello, existen diversos beneficios para la patronal con el propósito de estimular esta contratación. 

La inserción laboral se incluye en el régimen de la Ley de Contrato de Trabajo por tiempo indeterminado, y abarca a los  sectores rurales y de la construcción. En esta modalidad el empleador accede a tres beneficios: aporte al salario del trabajador; aporte No Reembolsable de 13 mil pesos durante 12 meses a la empresa y reducciones de hasta un 95 por ciento en las contribuciones patronales por el mismo período.

En este sentido, Ordóñez precisó que por cada joven que tome un microemprendimiento, el Estado abonará 18 mil pesos del salario y el resto de los haberes contemplados en el convenio colectivo de trabajo vigente para la actividad en cuestión, corre por cuenta del empleador. El monto es de 14 mil pesos en el caso de las pequeñas empresas y 11.500 pesos para las medianas. 

“El procedimiento administrativo  se inicia una vez que la firma se carga en el Portal Empleo. Lo mismo rige para los postulantes que quieran adherirse al programa y conseguir trabajo. Se hace una búsqueda del perfil idóneo y  un acompañamiento directo desde la agencia o el nexo con la empresa que necesita ese perfil idóneo. La compañía interesada también puede hacer que los beneficiarios que los consulten por una determinada búsqueda laboral puedan inscribirse en el portal y así generar más rapidez en el proceso”, describió. 

Demanda de mano de obra 

La iniciativa se  canaliza a través de las cámaras y asociaciones empresariales y comerciales para que los eventuales empleadores puedan abrirse a contratar jóvenes y obtener trabajadores capacitados para los diferentes rubros del entramado productivo.

“Hay una demanda variada. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con fábricas de aberturas y talleres metalmecánicos, algo que antes, con los demás programas del Ministerio, no había sucedido”, compartió el funcionario.  

En tanto, explicó que no hay un cupo limitado para acceder al programa pero remarcó que  “es cierto que en el entrenamiento no hay un vínculo laboral y el objetivo  es que después la empresa contrate a la persona, por eso lo ideal sería no generar una línea de entrenamiento constante  que después no sea absorbida porque limita la relación laboral. El fin es poder capacitar y motivar a la empresa para que sume a ese empleado”. 

Por último, señaló que hubo una muy buena recepción del programa por parte de las pymes y destacó que era una  demanda que ya existía en el sector. 

“Venían pidiendo la reducción de cargas y ciertos beneficios para la contratación de personal, se nota que hay voluntad de contratar trabajadores capacitados y de obtener un alivio al respecto. En el poco tiempo hubo buena respuesta”, afirmó. 

Los  jóvenes que deseen participar deben registrarse en el portal de empleo: https://portalempleo.gob.ar/.

Las empresas que deseen entrenar o contratar directamente jóvenes bajo esta modalidad deben saber que el primer requisito para poder participar es poseer el certificado PYME y registrarse en el portal de empleo.

Para mayor información tanto empresas como postulantes podrán presentarse en la Agencia Territorial Tandil: 9 de Julio 860 de 8 a 13  o comunicarse vía mail: AT-TANDIL@trabajo.gob.ar. 

La Agencia Territorial Tandil, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, vehiculizó varías líneas de acción durante el primer semestre de 2021 para intentar estabilizar los índices ocupaciones en la zona, con la premisa de  conservar y generar fuentes de empleo en medio de la coyuntura pandémica. 

El organismo gubernamental, a cargo de Emiliano Ordoñez, coordina, entre otras funciones, la implementación de Programas Sociales de Empleo en doce municipios de la zona, a través de las Oficinas Municipales de Empleo, con un presupuesto ejecutado de más de 25 millones de pesos. 

Esta masa presupuestaria  correspondiente a los principales programas que se encuentran vigentes, se ha traducido no sólo en recursos económicos en manos de los beneficiarios, sino también en recursos que ingresan a los municipios.

Programas insignia 

Si se toman en cuenta los principales programas de la cartera ministerial, el plan Empleo Independiente contabiliza  45 proyectos en ejecución, con una inversión de 2.637.913 de pesos destinada a la adquisición de capital e insumos para la puesta en marcha y fortalecimiento de emprendimientos productivos. 

Esta propuesta  brinda apoyo, orientación y medios para desarrollar emprendimientos y acompaña a los emprendedores en todo lo que necesitan para llevar adelante sus negocios, y está orientada a personas que participan en algún programa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; trabajadores desocupados que realizaron un curso de formación; y trabajadores independientes que tengan experiencia.

En el marco de la iniciativa denominada Entrenamiento para el Trabajo, hay 373 jóvenes que forman parte del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que pudieron realizar o se encuentran realizando prácticas laborales en empresas del sector privado, con una inversión de 18.755.700 de pesos. 

Asimismo, el programa de Inserción Laboral lleva 41 puestos de trabajo registrado que se generaron en empresas del sector privado, con una inversión de 3.660.600. 

Líneas de capacitación y recuperación productiva 

Además, durante el primer semestre se ejecutaron cursos de Formación Profesional en el marco de las diferentes líneas de financiación tales como Economía del Conocimiento, Economía del cuidado y Sectorial: Herramientas informáticas y de estudio; Geomarketing, difusión y comericialización en entornos digitales; Videomapping; Diseño web Inicial; Data Analytics o Análisis de datos; Introducción a la fotografía; Introducción al Trabajo Informático; Introducción al Trabajo Informático; Solidworks básico: diseño mecánico e industrial; Alfabetización digital; Cuidador/a de Personas Mayores; Cuidador de Personas Mayores con Discapacidad; Competencias digitales en entornos colaborativos; y Competencias digitales en entornos colaborativos.

Por otra parte, con el objetivo de sostener los puestos de trabajo en el ámbito privado, continúan en ejecución la batería de programas destinados a favorecer a las pymes tales como Repro II, Crédito Fiscal, Fondo de Auxilio y Capacitación Turística, Entrenamiento para el Trabajo y el Programa de Inserción Laboral. 

El exconcejal de Unidad Ciudadana Darío Méndez, fue designado  como nuevo jefe regional  de Anses por la gestión nacional que encabeza Alberto Fernández. La notificación formal la realizaron los jefes de las cinco regionales bonaerenses ayer en la sede de Anses central, sita en la Ciudad de Buenos Aires, ante el secretario general del organismo Santiago Fraschina, el director de prestaciones Juan Modarelli y la subdirectora Florencia Pacheco.

Luego de dos meses de incertidumbre en torno a los nombres que se harán cargo de las dependencias  nacionales y provinciales que funcionan en la ciudad, Méndez es la primera confirmación en esa línea. Aún quedan por definirse las titularidades de los ministerios de trabajo de Nación y Provincia, de la oficina de PAMI, de Desarrollo Social nacional y de la UDAI de Anses.

El puesto en cuestión estuvo en manos de Mariano Pereyra Iraola durante los cuatro años de macrismo. Hasta ahora, la oficina regional estaba al mando de Ignacio Di Bella de manera interina, luego de que Pereyra Iraola fuera desvinculado del cargo jerárquico por una resolución adoptada por el director ejecutivo del organismo, Alejandro Vanoli.

Los objetivos de la nueva gestión 

Méndez tiene la responsabilidad de conducir uno de los entes más grandes e importantes del estado, que supo ser el emblema de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. La Regional 1 con cabecera en Tandil abarca distritos como Azul, Olavarría, Chascomús, Villa Gesell, Rauch, Dolores, Benito Juárez, entre otros, representa el 30 por ciento del territorio provincial y en su área de influencia viven más de 772 mil personas.

En diálogo con El Eco de Tandil, el flamante funcionario explicó que para iniciar esta nueva etapa deberán primero elaborar un diagnóstico de situación  de los 29 distritos que conforman la dependencia a su cargo, para evaluar el estado del  personal, la infraestructura y las prestaciones, antes de establecer  las líneas de acción concretas en cada lugar.

“Hasta el 2015, la seguridad social era reconocida  por la Unesco, había un 97 por ciento de cobertura. Se brindan prestaciones desde los tres meses de gestación hasta las jubilaciones, se acompañan todas las etapas de la vida”, sintetizó.  Dentro de los objetivos de gestión marcados, aparece como puntal la reconstrucción del sistema previsional que “fue dañado durante los últimos cuatro años”.

En ese sentido, detallo que deberá fortalecerse el fondo de garantía y  sustentabilidad a partir del crecimiento del sector activo. “Ese fondo medido en dólares ha bajado a más de la mitad, hay que hacer crecer el sistema con la clase trabajadora activa, que son los que aportan”, expuso.  Esta recuperación irá de la mano con la recomposición del poder adquisitivo y la generación de empleo formal, en sintonía con los lineamientos nacionales.

“El desafío es llegar también  a todos los puntos de la regional, porque somos garantes de los derechos de la ciudadanía y tenemos que brindar facilidades de acceso”, sostuvo.

Los “irrenunciables”

Las dirigencias  de la Anses fueron objeto de controversia porque sus anteriores responsables se negaban a abandonar sus puestos tras la asunción del nuevo gobierno. Como se consignó en el Oído Agudo del 2 de febrero, en la ciudad se puso especial énfasis en los responsables de la Anses regional y la Udai. En este último caso, el abogado Cristian Salvi resistía en su cargo considerando que su designación además de una cuestión política devenía de su perfil técnico y debía ser considerado como personal de carrera. Tras conocerse la resolución  del director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social, se desvinculó  a los agentes en cuestión de sus funciones. Pereyra Iraola se notificó pero  Salvi pero se negó a firmar la notificación que lo desafectaba de su puesto gerencial.

El resto de los organismos

En cuanto a los organismos nacionales y provinciales con asiento en la ciudad, aún están demorados los nombramientos y no hay ninguna certeza de que se puedan concretar en los próximos días. El Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación fue comandado hasta el 31 de diciembre por Néstor Muller, quien vencido su contrato dio un paso al costado. Blas Pugliese renunció el 10 de diciembre a sus funciones en la delegación de la cartera laboral bonaerense y el médico Pablo Díaz Cisneros declinó oportunamente su cargo en PAMI para asumir en la Dirección de Salud Comunitaria del Municipio.

Méndez refirió que en diciembre desde Tandil presentaron sus propuestas con los posibles nombres para ocupar las sedes vacantes, pero no tienen incidencia alguna en los tiempos que llevarán esas designaciones ni tampoco si se confirmará alguno de los candidatos elevados a consideración.

“Viene todo muy lento”, señaló. Tras la reunión en Buenos Aires, le aseguraron que en el lapso de 15 días podrían designarse a los responsables de las UDAI’s.

La situación es similar en todo el país y si bien tanto desde presidencia como desde la gobernación bonaerense se nombraron diversos cargos centrales, las extensiones territoriales aún aguardan su turno. Presumiblemente, para no agregar más gasto público antes de que se reestructure la deuda y haya más definiciones alrededor del esquema económico.

Con más incertidumbre que certezas, los trabajadores de la empresa Loimar enfrentan el último día de la conciliación obligatoria que dictó la Secretaría de Trabajo nacional en el conflicto por los despidos ocurridos semanas atrás, que generó la reacción de los operarios y la intervención de las dependencias ministeriales de Provincia y Nación.

En tanto que la audiencia prevista para ayer a las 14 en la cartera laboral fue suspendida, según  confirmó el delegado gremial José Goñi, quien además expuso que no existieron canales de diálogo para avanzar con las negociaciones en este periodo, como establecía la medida.

Sin acercamiento entre la patronal y los obreros, los despidos y suspensiones parecen ser inminentes de no mediar otra intervención estatal que brinde más tiempo para resolver el conflicto.

Vale aclarar que la dependencia gubernamental canceló todas las audiencias y mediaciones  pautadas, no sólo la correspondiente a este conflicto. Es que el escenario desplegado a partir de los cambios de gobierno y autoridades,  y los anuncios realizados por el presidente Alberto Fernández obligan a ser cautelosos en los pasos a seguir. El  13 de diciembre, el primer mandatario firmó  el decreto que oficializa la emergencia pública en materia ocupacional por 6 meses. Es decir que en caso de despidos sin justa causa, durante los próximos 180 días “los trabajadores afectados tendrán derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente”.

Mientras tanto, los operarios siguieron acudiendo a la planta para cumplir con los turnos correspondientes y efectuar tareas de mantenimiento y limpieza. “La patronal no se acercó y si no recibimos ninguna otra directiva de las autoridades, mañana (por hoy) estaríamos 17:30 en el acampe para ver cómo seguimos”, aseguró en conversación con este medio.

Despidos 

Frente al desconcierto  por el destino que tendrá la firma, el reclamo se basa en mantener la fuente de empleo. “Ahora todos estamos en carácter de despedidos”, incluso “los que estaban con parte de enfermo y los delegados. Esta es la realidad”, lamentaron los trabajadores.

El conflicto se desencadenó en octubre pasado, cuando los dueños de la firma suspendieron a 31 operarios y despidieron a otros 10 -de un total de 81 empleados- esgrimiendo la baja considerable en las ventas y un incremento tarifario que atenta en contra de su sostenimiento ante la caída de la productividad y la imposibilidad de mantener a toda la planta activa.

Finalizada la primera conciliación obligatoria, definida por el Ministerio de Trabajo bonaerense y ante la decisión de la empresa Loimar de ratificar los diez despidos y las 31 suspensiones, los trabajadores de la compañía iniciaron un paro que fue desactivado por la Secretaría de Trabajo nacional, dependencia que volvió a dictar una conciliación de 15 días hábiles para lograr que las partes entablaran conversaciones para negociar. Los días transcurrieron sin propuestas ni diálogo y el plazo estipulado caduca hoy, sembrando de incertidumbre el escenario para los empleados, que aguardan por definiciones.

En medio de un complejo e incierto escenario que impide observar una salida al conflicto, este lunes, a las 14 en Capital Federal, se celebrará una nueva audiencia ante la Secretaría de Trabajo de la Nación en la que volverán a sentarse a los representantes de los trabajadores y de la empresa, con la mediación de autoridades de la cartera laboral, en busca de un eventual acuerdo.

Esta instancia se llevará a cabo un día antes del vencimiento de la conciliación obligatoria que dictó la dependencia nacional el pasado martes 26 de noviembre a raíz de la intervención de la central de la Federación Obrera Ceramista, que solicitó la apertura de un ámbito de negociación ante el fracaso de las conversaciones en el ámbito laboral bonaerense.

Durante ese período, que retrotrajo la situación hasta antes de iniciado el conflicto, los operarios de Loimar acudieron a la planta para cumplir con los turnos correspondientes y realizar tareas de mantenimiento y limpieza, dado que los hornos aún continúan apagados por lo que la producción sigue paralizada.

En ese marco, y preparados para lo que podría avecinarse, los trabajadores se reunieron este viernes en asamblea para analizar las últimas novedades y definieron retomar las medidas de fuerza en caso de no lograr avances. “La decisión fue unánime, de seguir hasta el final”, anunciaron a El Eco de Tandil.

El conflicto se desencadenó en octubre pasado cuando la patronal anunció el despido de diez trabajadores y la suspensión de otros 31, advirtiendo que una baja considerable en las ventas y un incremento tarifario jugaron en contra del sostenimiento de la firma, que presentó una marcada caída en la productividad y la imposibilidad de mantener a toda la planta activa. En la actualidad, todos los empleados se encuentran despedidos.

Sin diálogo

Al retirarse de la planta ubicada en el camino de acceso a la Sexta Brigada Aérea tras completar la jornada laboral, los delegados ceramistas en Loimar, Alberto Algañaraz, José Goñi y Sebastián Gere compartieron las expectativas frente a la audiencia del lunes y dijeron que mantienen las esperanzas que el escenario se revierta.

En primer lugar, indicaron que continuaron con las tareas de “mantenimiento y limpieza” dentro de la planta dado que los hornos permanecen apagados, y que aguardaron la presencia de algún representante de la empresa para entablar un diálogo.

“No hemos tenido ningún tipo de reunión en ninguna de las dos conciliaciones obligatorias que tuvo el conflicto. Estamos haciendo lo que corresponde, venir todos los días y cumplir horario”, resumió José Goñi.

Durante estos días también los empleados cumplieron con la carga de los camiones para el despacho de ladrillos. Al estar paralizada la producción, “se fue vaciando la playa con lo poco que había”, detallaron.

Cuestiones pendientes

A su turno, Alberto Algañaraz ratificó que los operarios cumplieron con la conciliación obligatoria y reclamó que la empresa aún adeuda parte de los salarios. “Falta completar el pago de la media quincena de noviembre y no se han aplicado ninguno de los aumentos, que suman un 21 por ciento desde mayo”, repasó y agregó que deberán considerarse los días trabajados durante el período de conciliación que dictó Nación. “Ojalá que cumplan con esto porque se acercan las Fiestas y las familias tienen necesidades”, remarcó.

En cuanto a las expectativas sobre la reunión del lunes, Goñi confesó que “no perdemos las esperanzas”, más aún frente a un cambio de Gobierno. De todos modos reconoció que, “como trabajadores, tenemos que estar preparados para lo peor”.

Así, Algañaraz indicó que se reunieron en asamblea “para tener algo concreto” y definieron que, “cuando venza la conciliación, si no hay acuerdo, hacer una medida de fuerza”.

“Si este conflicto no se soluciona para el martes, lamentablemente tenemos que hacer visible la protesta porque nuestros compañeros tienen la necesidad, se acercan las Fiestas. Tenemos la mejor predisposición pero evidentemente acá hay algo que no se entiende”, ratificó el delegado del sindicato de los ceramistas.

En tanto, expresaron su desconcierto frente al plan empresarial. “El empresario está perdiendo porque todo está estipulado para que haya reactivación en tres o cuatro meses pero hoy está todo parado, la planta de ladrillos y de pisos, cuando en otras situaciones de crisis empezaban a trabajar mucho antes”, evaluaron.

Pero ratificaron que “lo que más nos apura es que tenemos que traerle una solución a la gente. Eso no significa que no estemos dispuestos a pelear por los puestos de trabajo”, a la vez que agradecieron la ayuda del Municipio para  el pago de alquileres y de los servicios de los empleados.

En medio de la vigencia de una nueva conciliación obligatoria que dictó la Secretaría de Trabajo de la Nación, los operarios de Loimar acuden a la planta para cumplir con los turnos correspondientes hasta tanto se logren avances en la negociación del conflicto con miras a la próxima reunión, que será el 17 de diciembre.

Un día después de la audiencia en Capital Federal, que se celebró el martes 26 de noviembre, donde la cartera laboral habilitó un período de conciliación que retrotrajo el esquema hasta antes del comienzo del conflicto, los empleados volvieron a sus puestos pero sin tareas asignadas.

En diálogo con el ciclo televisivo “Tandil despierta”, el delegado de la Federación Obrera Ceramista en la fábrica, Alberto Algañaraz, ratificó que “estamos cumpliendo con cuatro turnos de seis horas”, en una jornada laboral que se redujo dos horas.

Y precisó que la semana pasada “vino personal de mandos medios y nos indicó tareas para hacer de mantenimiento y limpieza”, dado que los hornos aún continúan apagados por lo que la producción sigue paralizada.

Mientras pasan los días en la empresa ubicada en el camino de acceso a la Sexta Brigada Aérea, la situación se mantiene sin mayores precisiones y con 80 trabajadores despedidos. “No sabemos a dónde quieren apuntar con esto. Ojalá que se solucione”, deseó el representante de los obreros.

Actividad en la planta

“La puesta en funcionamiento de los hornos es una decisión de la empresa, pero eso lleva aproximadamente dos días para que estén óptimos”, explicó el delegado sindical, que detalló que, por el acopio de materia prima, es necesaria “la limpieza de los pozos y hay bastante para hacer en ese sentido”, mientras que el mantenimiento se realiza en función de los insumos disponibles.

Dijo también que hay pedidos, que se despacharon “equipos de piso y algunos ladrillos que se clasificaron y empacaron para enviar. Salieron cuatro o cinco camiones. Eso lo vemos, pero no sabemos si son ventas o son cargas que debe la empresa”.

Sin embargo, el reclamo se mantiene vigente. “El horno no se enciende, los equipos están saliendo y no nos pagan la media quincena; están jugando al desgaste y acá vamos a tener que resistir todo lo que podamos”, ratificó Algañaraz.

Despidos

Frente a la incertidumbre por el destino que tendrá la firma, el delegado ratificó que “siempre tenemos esperanzas” y que el reclamo es por mantener la fuente de empleo.

“Ahora todos estamos en carácter de despedidos”, incluso “los que estaban con parte de enfermo y los delegados. Esta es la realidad”, lamentó.

En tanto, hizo referencia al ámbito de diálogo que abrió la intervención de la Secretaría de Trabajo de Nación tras fracasar la conciliación que dictó la delegación del Ministerio de Trabajo bonaerense y reclamó que “hasta ahora no se acercó nadie” de la empresa.

Y si bien citó la conversación con el gerente de recursos humanos Jorge Segón, aseguró que aguardan por el pago de los salarios adeudados. “Ni siquiera estamos pidiendo lo que nos adeudan, que son dos quincenas, el medio aguinaldo y los aumentos”, subrayó.

A ese esquema, sumó que falta que se considere el transporte y planteó que “estamos cumpliendo una conciliación y cada cual está viniendo por sus propios medios, algunos en bicicleta porque están tratando de gastar lo menos posible”.

“Si es un tema de respetar la conciliación, tenemos que retrotraer todo hasta antes del conflicto y en ese momento teníamos transporte”, reclamó y aseguró que “tendrían que cumplir con el pago de la media quincena que adeudan de la conciliación pasada y con el transporte”.

El conflicto

El conflicto se desencadenó hace algunas semanas cuando la patronal anunció el despido de diez trabajadores y la suspensión de otros 31. Entre las razones de la decisión, se amparó en una baja considerable en las ventas y en un incremento tarifario que atentaron contra del sostenimiento de la firma ante la caída en la productividad y la imposibilidad de mantener a toda la planta activa.

Frente a ese escenario, la patronal dispuso medidas para la planta de producción de ladrillos, mientras pretendía continuar con la de pisos.

Con las posturas firmes, la instancia de diálogo en la delegación local del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires no logró avances y una vez vencido el plazo de la conciliación, los operarios iniciaron un paro de actividades y un acampe frente a la planta.

Con el correr de los días, y sin ningún acercamiento, plantearon como plazo el viernes 29 de noviembre para evaluar los pasos a seguir con miras a hacer visible su lucha.

En medio de ese escenario, la convocatoria a una audiencia en la central de la Secretaría de Trabajo postergó cualquier acción y renovó las expectativas al abrirse una nueva instancia de diálogo que permita revertir el complejo escenario.

El lunes, cuando se esperaba el depósito de la quincena adeudada, la empresa comenzó con el reparto de nuevos telegramas de despido, profundizando el conflicto.

Finalmente, Trabajo de Nación dictó una conciliación obligatoria que comenzó a regir a las 0 del miércoles 27.

En cumplimiento con la disposición ordenada por la Secretaría de Trabajo de la Nación, los trabajadores de Loimar acudieron ayer a su lugar de trabajo para cumplir con la jornada laboral en el marco de la conciliación obligatoria que empezó a regir ayer y que retrotrajo el esquema hasta antes del comienzo del conflicto.

En ese sentido, los operarios levantaron el acampe que habían iniciado el sábado 16 al vencer el ámbito de negociación dictado por la delegación local de la cartera laboral bonaerense.

Ayer, un día después de la reunión en Capital Federal, los operarios acudieron a la planta ubicada en el camino de acceso a la Sexta Brigada Aérea y lograron acceder luego de algunas horas de espera.

En tanto, se pautó para el 16 de diciembre una nueva reunión ante la Secretaría de Trabajo, en Capital Federal, para informar sobre los avances y definir una salida al conflicto.

Para el sindicato ceramista, el desafío apuntará a optimizar el tiempo disponible para arribar a un arreglo con la patronal. “La carátula hoy es ‘empresa cerrada’ y todos los trabajadores están despedidos”, resumió el delegado del sindicato ceramista en Loimar, José Goñi sobre el complejo escenario.

Acatar la medida

En diálogo con El Eco de Tandil, Goñi planteó que la empresa, durante la audiencia de este martes, “rechazó” la medida dictada por la cartera laboral nacional, ratificando la postura de sostener el cierre de la planta ante la decisión de avanzar con el despido de los empleados.

Con ese panorama, ayer al mediodía convocaron a una asamblea en la fábrica para transmitir las novedades a los operarios que mantuvieron presencia en el acampe y definir los pasos a seguir.

Cuando parecía imposibilitado el ingreso, la empresa abrió las puertas y habilitó el paso de los trabajadores. “No queríamos ir a confrontar ya que estaba estipulado por acta que la empresa no acataba la conciliación”, reconoció el delegado, quien detalló que tuvieron que convocar a un escribano para que constatara y certifique el ingreso a planta dado que representaba “una contradicción a lo que estaba escrito”.

En la planta

A poco más de diez días del inicio del paro total de actividades, ayer los operarios volvieron a ingresar a la planta. “Fue una entrada tranquila; quedó todo certificado por escribano, y al no estar las fichas, dimos nuestros nombres al personal de vigilancia”, describió sobre el modo en que cumplieron con la medida.

“Estamos esperando a que nos den órdenes porque no hay rangos medios en la empresa. Nos quedamos en el comedor hasta las 17, donde esperamos que se presente alguien para que nos diera orden de trabajar, pero no fue nadie”, detalló Goñi.

La audiencia

Sobre el encuentro que se desarrolló en la sede central de la Secretaría de Trabajo de la Nación, el delegado indicó que durante el intercambio, que se extendió durante más de cuatro horas, las partes justificaron sus posturas en medio de un complejo conflicto.

En ese sentido, rechazó las acusaciones al expresar que “no es cierto que no se lo haya ayudado al empresario porque nos señalan como los responsables del quiebre y de los despidos”. Entonces, “con hechos y pruebas pudimos fundamentar todo lo contrario”.

Independientemente de la discusión, sostuvo que el ámbito de negociación abre una instancia de diálogo que se extenderá por 15 días hábiles, con un cambio de Gobierno nacional de por medio, que los obliga a “no bajar los brazos”.

“Es un parche”, definió sobre la conciliación obligatoria y alertó que “la realidad es que hay trabajadores despedidos”, pero valoró la posibilidad de continuar con el diálogo.

El conflicto

Como se informó, el conflicto se desencadenó hace algunas semanas cuando la patronal anunció el despido de diez trabajadores y la suspensión de otros 31. Entre las razones de la decisión, se amparó en una baja considerable en las ventas y en un incremento tarifario que atentaron contra del sostenimiento de la firma ante la caída en la productividad y la imposibilidad de mantener a toda la planta activa.

Frente a ese escenario, la patronal dispuso medidas para la planta de producción de ladrillos, mientras pretendía continuar con la de pisos.

Con las posturas firmes, la instancia de diálogo en la delegación local del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires no logró avances y una vez vencido el plazo de la conciliación, los operarios iniciaron un paro de actividades y un acampe frente a la planta.

Con el correr de los días, y sin ningún acercamiento, plantearon como plazo el viernes pasado para evaluar los pasos a seguir con miras a hacer visible su lucha.

En medio de ese escenario, la convocatoria a una audiencia en la central de la Secretaría de Trabajo postergó cualquier acción y renovó las expectativas al abrirse una nueva instancia de diálogo que permita revertir el complejo escenario.

El lunes, cuando se esperaba el depósito de la quincena adeudada, la empresa comenzó con el reparto de nuevos telegramas de despido, profundizando el conflicto.

En medio de un conflicto que se agudizó en las últimas horas ante la aparición de nuevos despidos, ayer los representantes de Loimar y los responsables de la central de la Federación Obrera Ceramista, acompañados por los delegados de la fábrica local, retomaron las conversaciones en el marco de una audiencia ante la Secretaría de Trabajo de la Nación.

El encuentro se celebró en Capital Federal y se extendió durante varias horas. Sin un acuerdo, las autoridades de la cartera laboral, según indicaron fuentes consultadas, dictaron la conciliación obligatoria que suspende las medidas tomadas para habilitar un ámbito de negociación durante 15 días hábiles.

El espacio de diálogo fue convocado por los dirigentes sindicales a nivel nacional ante la falta de avances en un conflicto que se desató hace varias semanas y que se profundizó ante la aparición de nuevos telegramas de despidos.

Sin brindar mayores precisiones sobre lo acontecido durante el extenso diálogo que tuvo lugar en las oficinas centrales de la cartera laboral, los trabajadores acordaron reunirse hoy en asamblea para comunicar las novedades y definir los pasos a seguir.

El encuentro será al mediodía en la planta ubicada en el camino de acceso a la Sexta Brigada Aérea, donde hace diez días mantienen un paro de actividades con un acampe que paralizó la actividad en la fábrica.

El conflicto

Como se informó, el conflicto se desencadenó hace algunas semanas cuando la patronal anunció el despido de diez trabajadores y la suspensión de otros 31. Entre las razones de la decisión, se amparó en una baja considerable en las ventas y en un incremento tarifario que atentaron contra del sostenimiento de la firma ante la caída en la productividad y la imposibilidad de mantener a toda la planta activa.

Frente a ese escenario, la patronal dispuso medidas para la planta de producción de ladrillos, mientras pretendía continuar con la de pisos.

El gerente de recursos humanos de Loimar había detallado la situación al expresar que la planta A tiene capacidad para generar 16 mil toneladas de ladrillos: “Hace un año que estamos produciendo 6.500 toneladas, mientras que en el último mes fue de cuatro mil” a raíz de la caída en la demanda.

A ello sumó el impacto de las tarifas de energía eléctrica, gas y mano de obra. “Seguimos teniendo la misma dotación para hacer cuatro mil toneladas de ladrillo. Es inviable”, argumentó.

Con las posturas firmes, la instancia de diálogo en la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense no logró avances y una vez vencido el plazo de la conciliación, los operarios iniciaron un paro de actividades.

Acampe

El sábado 16 comenzó el acampe frente al acceso de la planta que paralizó la actividad productiva. La protesta se mantuvo durante diez días, con la presencia de los operarios organización por turno.

Con el correr de los días, y sin ningún acercamiento, plantearon como plazo el viernes pasado para evaluar los pasos a seguir con miras a hacer visible su lucha.

Sin embargo, la convocatoria a una audiencia en la central de la Secretaría de Trabajo postergó cualquier acción y renovó las expectativas al abrirse una nueva instancia de diálogo que permita revertir el complejo escenario.

El lunes, cuando se esperaba el depósito de la quincena adeudada, la empresa comenzó con el reparto de nuevos telegramas de despido, profundizando el conflicto.

En un giro que profundiza el conflicto en Loimar, en medio de un paro total de actividades, la empresa comenzó con el reparto de nuevos telegramas de despido en la previa a una audiencia ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, que se celebrará hoy, a las 14, entre las partes involucradas.

En la jornada de ayer se modificó el escenario. Los operarios aguardaban el depósito de la quincena adeudada, tal cual el compromiso asumido el jueves por el responsable de recursos humanos de la firma. Sin embargo, comenzaron a llegar los telegramas de despidos que, en la víspera, acumulaban unos 25 y no descartan un aumento en el número definitivo.

Frente a este escenario, se celebrará la audiencia ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, gestionada por la central de la Federación Obrera Ceramista, con la participación de los representantes de los trabajadores y de la empresa, con la mediación de autoridades de la cartera laboral.

Según indicaron los delegados del sindicato ceramista en la planta ubicada en el camino de acceso a la Sexta Brigada Aérea, respetarán la instancia de diálogo que se abrió sobre fines de la semana pasada.

En caso de no obtener una respuesta favorable, evaluarán los pasos a seguir. “Tendremos que manifestarnos y hacernos oír”, advirtieron.

Como se informó, el conflicto se desencadenó hace algunas semanas cuando la patronal anunció el despido de diez trabajadores y la suspensión de otros 31, advirtiendo que una baja considerable en las ventas y un incremento tarifario jugaron en contra del sostenimiento de la firma, que presentó una marcada caída en la productividad y la imposibilidad de mantener a toda la planta activa.

“Resistiremos”

Ante la atenta mirada de sus compañeros, que se refugiaban de la llovizna que se registraba en ese momento de la tarde, los delegados Alberto Algañaraz y Sebastián Gere repasaron, en diálogo con El Eco de Tandil, las últimas novedades y las perspectivas con miras a la audiencia que tendrá lugar hoy.

Independientemente de lo que suceda, ratificaron que el objetivo es la defensa de la fuente de trabajo. “Si bien el panorama es realmente feo, la gente está convencida de pelear por su trabajo, por cada compañero. Estamos fuertes y el tiempo dirá qué pasa, pero resistiremos mientras podamos”, aseguraron.

En principio, indicaron que las expectativas apuntan a lo que pueda llegar a suceder en ese ámbito de diálogo. “Si podemos llegar a un entendimiento, tratando, con un poco de esperanza, que podamos solucionar este conflicto”, resumió Algañaraz.

Hasta ayer “no teníamos nada”, sólo la decisión de la empresa de ratificar los diez despidos pero no las 31 suspensiones iniciales. “Nos encontramos en que comenzaron a repartir telegramas”, medida que alcanzó a los “delegados, empleados que tienen parte de enfermo o que tienen una antigüedad de 40 años”, circunstancia que los lleva a pensar que “va para todos”.

En la documentación se respaldan en dos artículos del Convenio Colectivo de Trabajo para argumentar la desvinculación de los operarios. En uno de los casos la patronal alega que “la fábrica no puede trabajar porque los operarios de la planta de piso no estamos trabajando porque estamos en huelga”.

“Al no producir, están hablando del cierre”, planteó Algañaraz, quien consideró que en realidad “es una cuestión de ver si nos pueden dividir y culparnos de todo esto”.

El acampe

Hoy se cumplen diez días del inicio del acampe frente a las puertas de la fábrica, acción que se mantiene con la presencia, por turnos, de los empleados de la firma.

“Si bien nos hacen culpables del cierre porque no hemos querido salir a trabajar, estamos en un conflicto y tenemos el derecho a expresarnos en huelga”, justificó el delegado sindical Algañaraz sobre la medida iniciada el sábado 16.

Y aclaró que esta protesta, al igual que las que pudieran venir, se definió en asamblea. “Mientras nuestros compañeros digan eso, lo vamos a hacer. Hemos dado la palabra ante la asamblea y no daremos un paso atrás mientras tengamos el apoyo de nuestros compañeros”, remarcó.

En la mañana de ayer, integrantes de la CTEP, CCC, Somos Barrios de Pie, Camioneros, Ceramistas y PTP se concentraron en la delegación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación situado en 9 de Julio 860, con el objeto de expresar su repudio a la represión de trabajadores rurales en la localidad de Alberdi, Tucumán, por parte de los dirigentes de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) Ramón Ayala y Ricardo Ferreyra, y las fuerzas policiales. Además, acompañaron la exigencia para que se permita la elección democrática en el gremio.

La represión tuvo lugar el pasado viernes en la provincia de Tucumán, donde más de 25 personas fueron atacadas y heridas cuando protestaban frente a las sedes de la Uatre de Concepción y Alberdi ante la decisión de los referentes gremiales de no dejar participar de las elecciones sindicales a las listas opositoras a la actual conducción encabezada por Ayala, sector alineado con el macrismo.

En la sede local de la dependencia ministerial fueron recibidos por Gonzalo Santamarina, director regional de Empleo y Trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación para Región Pampeana, quien se comprometió a elevar a las autoridades nacionales el petitorio entregado por los manifestantes.

En el documento, además, solicitaron a Santamarina que, en el marco de un reclamo nacional, exprese su rechazo  a la violencia ejercida contra los trabajadores y exija que se garanticen elecciones libres en la entidad sindical.

Este viernes integrantes de la CTEP, CCC, Somos Barrios de Pie, Camioneros, Ceramistas y PTP se concentraron en la delegación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación situado en 9 de Julio 860, con el objeto de expresar su repudio a la represión de trabajadores rurales en la localidad de Alberdi, Tucumán, por parte de los dirigentes de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) Ramón Ayala y Ricardo Ferreyra, y las fuerzas policiales. Además, acompañaron la exigencia para que se permita la elección democrática en el gremio.

En la sede local de la dependencia ministerial fueron recibidos por Gonzalo Santamarina, director regional de Empleo y Trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación para Región Pampeana, quien se comprometió a elevar hoy a las autoridades nacionales el petitorio entregado por los manifestantes.

La represión tuvo lugar el pasado viernes en la provincia de Tucumán, donde más de 25 personas fueron atacadas y heridas cuando protestaban frente a las sedes de la Uatre de Concepción y Alberdi ante la decisión de los referentes gremiales de no dejar participar de las elecciones sindicales a las listas opositoras a la actual conducción encabezada por Ayala, sector alineado con el macrismo.

En el documento, además, solicitaron a Santamarina que, en el marco de un reclamo nacional, exprese su rechazo  a la violencia ejercida contra los trabajadores y exija que se garanticen elecciones libres en la entidad sindical.

La Secretaría de Trabajo y Empleo del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación incrementó entre un 20 y un 60 por ciento los montos de subsidios a la incorporación de personal a través del programa de Inserción Laboral del Ministerio para empresas y comercios, buscando priorizar especialmente al segmento PyMe.

A modo de ejemplo, una micropyme recibía una ayuda de 4000 pesos por incorporar un nuevo empleado por jornada completa, mientras que desde este mes recibirá 6300 pesos. Para el caso de las empresas pequeñas el monto se elevó a 5600 pesos y el de las medianas a 4800 pesos.

Cabe destacar que en Tandil ya son 90 las empresas y comercios que contratan a través de estos programas. En diciembre la cervecería marplatense Cheverry, que se instaló en la plaza del centro, incorporó de manera registrada seis personas con esta modalidad, ahorrándose casi 600 mil pesos en los próximos dos años. “Tenemos la expectativa que este año se sumen más empresas y comercios y aprovechen estos beneficios”, dijo Gonzalo Santamarina, Director Regional de Empleo y Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Empleo del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.

De la misma manera aumentaron los montos destinados a los entrenamientos para el trabajo, que es destinado a los jóvenes que participan del Programa Empleo Joven. Asimismo, la ayuda económica a modo de viático a aquellos jóvenes que realizan el CIT (Curso de Introducción al Trabajo) se incrementó 52 por ciento.

Todos los beneficios están orientados a personas que hayan participado de alguna instancia de mejora de empleabilidad del Ministerio como ser un Curso de Introducción para el Trabajo, un curso de formación profesional conveniado como el caso del Programa 111 mil, haber cobrado el subsidio por desempleo, o ser persona con discapacidad con certificado que lo acredite. También aquellos que cobran un plan social como el Salario Social Complementario, si consiguen trabajo registrado, los 6000 pesos del plan se toma como parte del salario.

Programas y oportunidades

1) Programas de oportunidades para desocupados:

– Jóvenes con más y mejor trabajo: para desocupados de entre 18 y 24 años que buscan mejorar sus habilidades y competencias laborales.

– Seguro de capacitación y empleo: para trabajadores mayores de 25 años desocupados en situación de vulnerabilidad.

– Igualdad de oportunidades: orientado a personas desempleadas mayores de 18 años que presenten Certificado Único de Discapacidad.

– Seguro de desempleo: es para trabajadores asalariados despedidos “sin justa causa” o por “fuerza mayor” que cuenten con una cantidad mínima de aportes patronales.

2) Programa de Inserción Laboral Empalme: el objetivo es incrementar la dotación de personal de las empresas a través de incentivos económicos para promover la inserción de trabajadores desocupados en empleos de calidad. Las empresas pueden acceder a los beneficios económicos contratando un empleado “empalmable” por un período de hasta 24 meses, lo que permitirá reducir su costo laboral.

3) Programa de entrenamiento para el trabajo: busca mejorar la empleabilidad en base a optimizar las competencias y habilidades de los trabajadores desocupados, brindando a las empresas la posibilidad de capacitarlos según sus requerimientos. .

4) Programa de Crédito para la Formación Profesional: procura fortalecer las competencias laborales de los trabajadores ocupados y de los desocupados que podrían incorporarse en empresas y cooperativas de trabajo. Promueve también el fortalecimiento de instituciones dedicadas a formar trabajadores, la certificación de calidad de procesos y productos, y la mejora de las condiciones de higiene y seguridad.

5) Planes de preparación para el trabajo autónomo:

– Programa de Empleo Independiente: promueve que los trabajadores desocupados desarrollen sus propios emprendimientos.

– Desarrollo de entramados productivos locales: los beneficiarios son las asociaciones de pequeños productores, trabajadores independientes asociados, instituciones sin fines de lucro u organizaciones públicas provinciales o municipales.

6) Pesos siete mil trescientos ($ 7.300), cuando sean contratados a tiempo completo, y de pesos tres mil ($ 3.000), cuando sean contratados a tiempo parcial, por una micro, pequeña o mediana empresa que esté radicada en un parque industrial inscripto en el Registro Nacional de Parques Industriales, exceptuando las que desarrollen actividades de transporte, distribución, logística y venta al consumidor, o que sea identificada como estratégica por la dirección de Promoción del Empleo en función de su impacto en la generación de empleos de calidad