El secretario de Legal y Técnica, Francisco Maciá Cantarelli, brindó detalles de la reunió con funcionarios de Nación, en la que el Municipio solicitó la desafectación del Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares) del predio ubicado en Piccirilli al mil. “Entiendo que cualquier gestión conducente nunca es fuera de tiempo”, dijo en cuanto al pedido realizado a más de tres años del inicio de la ocupación.

En diálogo con “La Mañana de El Eco” (104.1 Tandil FM y El Eco Streaming), el funcionario reformuló el eje del reclamo en relación a la toma. “La realidad habitacional o la problemática que existe hoy no solo es en cuanto está o no está en el Renabap, en cuanto a que el señor Moauro va a ser o será indemnizado o no, en cuanto a que Casación le dijo que no a lo que dijo la Cámara, o sea cuestiones que nos trascienden”, advirtió.

Como contrapartida, remarcó que “sí hay una cuestión bastante profunda en cuanto a la seguridad” y agregó que la Secretaría de Protección Ciudadana “toma nota de esto a partir de denuncias”.

En tanto, precisó que “hay varias investigaciones en el Poder Judicial que piden la colaboración en cuanto a las cámaras de Protección Ciudadana y se ve que los productos de delitos terminan ahí, por el rastreo de las cámaras. Entonces hay ahí un foco importante, y en varios delitos, no solo de hurto, robos de moto, lo que fuere, sino delitos que tienen que ver con el narcotráfico”.

Amplió que recientemente, autoridades de Protección Ciudadana mantuvieron una reunión con integrantes de las fiscalías de la Justicia bonaerense y federal. “Se está conversando acerca de la problemática porque es algo que nadie quiere que se instale en la ciudad, ninguno de los poderes que tienen incumbencia en la materia, ni ninguno de los ministerios o secretarías ya sea locales, provinciales o nacionales que tienen que abordar y estudiar y analizar y darle una solución al problema”, aseguró sobre la comercialización de drogas.

Como se informó, el jueves de la semana pasada, Maciá Cantarelli junto a la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, y el subsecretario Juan Ibáñez, viajaron a Capital Federal y mantuvieron una reunión con el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Martín Kusnier; el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto; el director nacional de Migraciones, Sebastián Pablo Seoane; y la directora nacional de Cooperación Internacional, Misiones Internacionales y Asuntos Externos, Cornelia Schmidt-Liermann.

Como integrante de la comitiva del Ejecutivo que asistió al encuentro, Maciá reconoció que “el camino a desafectar” el predio del Renabap “es arduo y complejo, porque ahí tenés personas que fueron censadas, entiendo yo, con los mecanismos que indica la Ley del Renabap, que ya están identificadas, tienen un número. De todos modos hay mecanismos para recolocar a esa gente eventualmente ante esa decisión de máxima que es desafectarlo”.

El secretario municipal definió que “es un camino arduo, complejo, no lineal” e insistió en que “hay cuestiones que dependen de Nación y no las podemos abordar nosotros”.

Consultado por la reacción de los funcionarios nacionales ante el conflicto generado tras la toma de tierras en La Movediza, afirmó que “no estaban al tanto”. Sin embargo, justificó que “Tandil tiene once Renabap, la provincia de Buenos Aires debe tener más de mil y en la Nación debe haber más de 5 mil seguro”.

En igual sentido, observó que el registro “no dependía del Ministerio de Seguridad, no tienen incumbencia en esto. Sí lo que nos dijo el secretario de Seguridad es que se iba a contactar con sus pares de Capital Humano para darles cuenta de la reunión que tuvieron con nosotros, los funcionarios de Tandil, y que se iban a poner a estudiar el tema”.

En paralelo, expuso que “entendieron que la problemática dejó de ser habitacional y pasó a ser también una cuestión de seguridad”, tras lo cual sumó que se comprometieron a darle intervención a Migraciones.

En tanto, señaló que ante la ausencia de una oficina en Tandil, desde Nación anticiparon que planean articular a través de Mar del Plata. “Dijeron que nos íbamos a contactar para ejercer acciones concretas en el territorio. También que iban a hablar con sus pares de Capital Humano para ver el tema de cómo fue ese proceso desde diciembre de 2023 con la incorporación y todos los actos posteriores que se dieron”, puntualizó.

En resumen, manifestó que “regresamos con una muy buena sensación porque fuimos escuchados, dijeron que iban a abordar el tema, que se iban a poner a conversar con sus pares de otros ministerios, justamente Capital Humano que es el que tiene incumbencia hoy, más allá de que por la modificación de la Ley de Ministerios lo absorbió todo el Ministerio de Economía hoy, pero es una cuestión que tienen que abordar varios ministerios de Nación”.

Una vez más, resaltó que  “nos dijeron que se van a poner a trabajar con la Dirección de Migraciones y van a bajar al territorio”, y valoró que “son todas acciones conducentes que van a abordar esta temática compleja que circunda a todo lo que es esta toma”.

En otro tramo de la entrevista, Maciá Cantarelli se refirió a los inicios de la toma en febrero de 2023, iniciada “por unas pocas familias, seis o menos, y la ley ya dice ocho o más familias. Entonces ahí es donde ellos empiezan a censar y de golpe llegan colectivos. Estuvo todo orquestado por distintas personas, agrupaciones políticas, entonces estuvo contaminado –y me hago cargo de lo que digo- por distintos intereses”.

Como contrapartida, recordó los primeros relevamientos de la Secretaría de Desarrollo Humano y avaló que la secretaria Juliana Teerink “tiene en su secretaría otras necesidades de gente que va y plantea el problema desde otra manera, no desde la toma, sino colocándose en listas y en programas que tiene la secretaría”.

Bajo ese fundamento, el funcionario refrendó que “por eso en su momento el Municipio dijo de esta manera no” y describió que “vienen colectivos de gente que no sabés de dónde viene y solo con el afán de ser censados, porque sabían cuándo se iba a censar. Entonces todas estas cuestiones es donde tenemos que decir que no, evitarlas y hacerlas de manera legal, como lo marca la norma que acá fue bastante corrompida, diría yo, por cómo se fueron dando los hechos”.

Por otra parte, el secretario de Legales aseguro que “siempre estuvimos trabajando, desde el día uno”, al tiempo que certificó que consta en la documentación que ha recopilado el área.

Expuso que desde su asunción en diciembre pasado, tuvieron reuniones con el Oceba y con las defensorías del Pueblo por el suministro de energía eléctrica, mientras que las primeras intervenciones las remitió a febrero de 2023, cuando el titular del predio, Daniel Moauro, radicó la denuncia por usurpación.

“A partir de ahí, desde el día uno, el Municipio, ya sea la Secretaría Legal y Técnica como la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, como la Secretaría de Protección Ciudadana siempre se avocaron al tratamiento de la problemática, con reuniones, en el lugar, con censos, con notas hacia la Provincia, con notas y comunicaciones hacia Nación”, recapituló y puso el foco en “la receptividad” que lograron esas gestiones.

“Se hizo siempre lo que estuvo al alcance del Municipio”, defendió y remarcó que existe normativa provincial y nacional, pero además el predio tiene un dueño, “por ende, quien tenía que instar todo era el privado, que entiendo que lo hizo”.

Tras repasar rápidamente el proceso judicial, recordó que “en el medio el titular del predio conversaba con interlocutores provinciales y, más adelante, nacionales para ver cómo él resolvía la habitabilidad del predio con su correspondiente indemnización”.

En esa línea, aseveró que “hay cuestiones en las que el Municipio tenía que ver la manera de acompañar todas esas charlas, esas negociaciones, que tenía el titular del predio con quienes legislan la materia habitacional ya sean leyes provinciales o nacionales. Y en esto, en un primer momento fue Provincia quien estuvo detrás del tema. Por cuestiones que no las conozco, fue el privado Moauro con Provincia y no sé por qué lo llevaron adelante; y luego con Nación, que lo decidió incluir en el Renabap, el 6 de diciembre de 2023”, días antes de que finalizara el gobierno de Alberto Fernández, dijo y aseguró que “en el medio el Municipio hizo todas las gestiones que estaban al alcance de la Municipalidad”.

La Oficina de Mediación del Municipio interviene en reclamos por medianeras, árboles que invaden la propiedad del vecino hasta conflictos entre locadores e inquilinos y durante 2025 concretó casi 250 audiencias, una cifra que refleja tanto la demanda como la versatilidad de una herramienta que se posiciona para la resolución de conflictos.

En una entrevista con el ciclo Plataforma Magazine (EcoTV y 104.1 Tandil FM), la abogada Soledad Gallego, referente de la oficina que forma parte de la Dirección de Relaciones con la Comunidad de la Secretaría de Legal y Técnica, compartió detalles sobre el funcionamiento y los objetivos de la dependencia municipal.

La funcionaria informó que durante el año pasado se concretaron casi 250 mediaciones, una cifra que refleja la alta demanda que tiene el espacio. Aunque no siempre se arriba a un acuerdo formal en la primera reunión, Gallego consideró que el hecho que las partes se reúnan a conversar ya representa un avance significativo. Según dijo, esa instancia suele ser “la puerta para que, en un futuro cercano, el conflicto encuentre su resolución”, y resaltó que “tenemos buenos resultados”.

Construcción de acuerdos

En principio, se enfocó en la idea que prevalece es que el área se presenta como una opción “cuando hay un conflicto entre vecinos”. Según explicó, si bien las consultas por medianeras, árboles que invaden la propiedad ajena o ruidos molestos son frecuentes, el abanico de intervención es mucho más amplio y complejo.

La funcionaria destacó que la oficina comparte espacio físico con la OMIC, lo que genera una sinergia particular. En este sentido, Gallego indicó que muchas veces se reciben casos que no encuadran estrictamente en el concepto legal de consumidor y proveedor, pero que requieren de una instancia de diálogo.

Entonces, citó como ejemplo situaciones en las que un comercio adquiere un producto y no recibe la respuesta esperada o reclamos hacia profesionales, quienes se encuentran excluidos de la ley de Defensa al Consumidor.

En todos estos escenarios, la mediación surge como una alternativa viable para evitar que el conflicto escale a instancias legales más onerosas.

Recordó también intervenciones recientes en conflictos que alcanzaron visibilidad pública, como el de la Peña El Cielito y la disputa entre la biblioteca Salceda y el club Ferro. Estas experiencias demuestran que la herramienta es eficaz incluso en tensiones entre socios de asociaciones civiles o en relaciones entre locadores e inquilinos, donde el vínculo personal y social es fundamental.

“No es solamente para conflictos entre vecinos, sino que también puede abarcar una intervención más amplia”, destacó.

Gallego subrayó que la principal característica de la mediación es la “construcción de soluciones propias”. A diferencia de la justicia tradicional, donde un tercero -el juez- decide por las partes y otorga la razón a uno en detrimento del otro, en este espacio se busca que los involucrados sean los arquitectos de su propio acuerdo.

“En la mediación construimos juntos la solución que es más adecuada para los dos y, por lo general, los dos solemos ganando”, manifestó la profesional.

El proceso

A más datos, Gallego relató que el procedimiento comienza con la solicitud de mediación, seguida de una notificación a la otra parte con una fecha de audiencia. Sin embargo, aclaró que los horarios y días no son estáticos; se mantiene una comunicación constante a través de vías como WhatsApp para adaptar el encuentro a las posibilidades de los involucrados.

Durante las audiencias, el rol de la mediadora es asistir a las partes para que logren retomar la comunicación. En muchos casos, los vecinos llegan a la oficina sin siquiera haber intentado un diálogo previo. “A veces la gente plantea que el vecino tiene un árbol enorme que no poda, y cuando preguntamos si le tocaron el timbre para contárselo, nos dicen que no saben ni cómo se llama”, ejemplificó.

En estas situaciones, la mediación actúa como un puente primario, fomentando un acercamiento básico que, en muchas ocasiones, resuelve el problema sin necesidad de mayores trámites.

El perfil de la oficina

En otro pasaje de la entrevista, destacó que la oficina ofrece una herramienta que “está a mano”, que es “súper accesible” y gratuita, “es informal, flexible” y que no implica “ningún tipo de protocolo; es simplemente ir y contarnos qué está pasando para que empecemos a intervenir”.

Gallego destacó que no requiere de la asistencia obligatoria de abogados, aunque las partes pueden acudir con asesoría si lo desean. El hecho de ser una instancia extrajudicial permite que los acuerdos alcanzados tengan una mayor durabilidad en el tiempo, ya que nacen de la voluntad propia de los participantes y no de una imposición externa.

“Es una instancia voluntaria y eso contribuye a la construcción de una solución porque si no estoy obligado a ir, los acuerdos a los que se arriban suelen ser más duraderos en el tiempo que cuando son impuestos”, reflexionó.

Finalmente, Gallego hizo hincapié en el “alivio” que genera resolver un conflicto por esta vía. Evitar un proceso judicial no solo implica un ahorro económico, sino también un resguardo de la salud emocional.

Información útil

Para aquellos interesados en realizar consultas o iniciar un proceso de mediación, la oficina funciona en Chacabuco 383. El horario de atención al público es de lunes a viernes, de 8 a 14.

Además, la dependencia cuenta con una línea de WhatsApp (249) 434-3678 a través de la cual los vecinos pueden enviar audios o mensajes relatando su situación para recibir una guía inicial sobre los pasos a seguir.

Por último, Gallego señaló que la creatividad es fundamental para encontrar una solución que satisfaga a ambas partes de manera equilibrada. “A veces, lo que es solución para uno no es solución para otro”, cerró.

El secretario de Legal y Técnica del Municipio de Tandil, Juan Maciá Cantarelli, volvió a sentar la postura oficial del Ejecutivo respecto a la situación de las cavas de Cerro Leones. El funcionario remarcó que el lugar es propiedad privada y que el ingreso de personas ajenas a la firma titular se encuentra totalmente vedado por razones de seguridad, haciendo hincapié en la peligrosidad de los espejos de agua allí existentes.

En ese sentido, Cantarelli fue tajante al deslindar las obligaciones primarias sobre el mantenimiento del orden en el lugar y afirmó: “Es el dueño el que tiene que velar, y es responsable de lo que sucede en el predio”. De esta manera, el secretario recordó que la ciudadanía y los visitantes deben comprender que el ingreso a ese sector, perteneciente a la empresa Apilar Sociedad Anónima, constituye una infracción al tratarse de un dominio particular donde el riesgo para la integridad física es elevado.

La intervención del Municipio en este conflicto no es nueva y responde a un marco legal establecido años atrás.  Según explicó el secretario, como en cada inicio de la temporada de verano, la Comuna remitió una carta documento a la empresa titular para recordarle los compromisos asumidos. Estas obligaciones surgieron de una sentencia judicial tras una causa iniciada por la familia de un joven que falleció en el lugar.

Maciá hizo referencia al acuerdo alcanzado entre la Municipalidad de Tandil y la firma Apilar S.A., el cual “data desde 2017”, según afirmó. Tal documento, indicó, estableció una serie de tareas de mitigación de riesgo que la empresa debió ejecutar de manera continua. Entre las principales exigencias figuraron el cercado perimetral de todo el predio, el refuerzo de la cartelería que indica la prohibición de pasar y bañarse, y la construcción de taludes de tierra diseñados específicamente para impedir el acceso de vehículos y personas a las zonas de riesgo.

Maciá Cantarelli subrayó que todas estas obras corren por cuenta exclusiva del propietario, quien debe costear las mejoras y el mantenimiento del cerco. "Es una obligación de ejecución continuada", manifestó el funcionario, al tiempo que precisó que el Juzgado en lo Civil y Comercial 1 es la autoridad de control sobre dichas tareas. En ese esquema, sostuvo que la Municipalidad de Tandil ocupa un rol de fiscalizador, a partir del cual debe constatar que la empresa cumpla con lo ordenado por la Justicia.

El secretario de Legal y Técnica insistió en que el titular del dominio es quien posee la responsabilidad jurídica y material sobre lo que acontezca dentro de los límites del inmueble, por lo que el cumplimiento de las medidas de seguridad no es opcional sino una carga impuesta por el dominio del predio.

Por otra parte, desde el la Comuna señalaron que, si bien la responsabilidad es privada, el Estado local no se mantuvo ajeno a la vigilancia del sector. En ese sentido afirmó que a través de la Secretaría de Protección Ciudadana se coordinaron acciones con la Policía de la Provincia de Buenos Aires para que los móviles realicen recorridas frecuentes.

"Cuando recibimos una denuncia actuamos en consecuencia", explicó Maciá Cantarelli, quien agregó que los operativos se suelen robustecer durante los fines de semana con una presencia más marcada en las inmediaciones del área.

El secretario marcó que el Municipio no tiene facultades para realizar intervenciones estructurales en un terreno ajeno, por lo cual la estrategia se centró en la intimación legal y la vigilancia periférica. La intención, precisó, es evitar que se repitan tragedias en un lugar que por sus características naturales tras la actividad de cantera, resulta de elevado peligro para los visitantes.

"El dueño debería realizar todas las medidas de seguridad o darle algún otro tipo de sentido al terreno para evitar que la gente ingrese", reiteró el secretario de Legal y Técnica. Finalmente, desde la Municipalidad instaron a la población a respetar la señalización instalada y a tomar conciencia sobre la prohibición de acceso. En una recorrida de El Eco de Tandil durante el pasado fin de semana, se observó la presencia policial como la instalación de montículos de tierra para desalentar el ingreso.

Si bien hubo personas en el lugar, no se registró el movimiento de veranos anteriores, que motivaron reiteradas denuncias vecinales.

Este martes se realizó el acto de apertura de ofertas de la licitación pública convocada por el Municipio de Tandil para ejecutar las obras que permitirán finalizar la construcción del nuevo edificio de la Escuela Técnica Nº 3, una iniciativa que se desarrolla a partir de un acuerdo entre el gobierno local y la Provincia.

El proyecto será financiado de manera conjunta, bajo un esquema similar al utilizado para la construcción de los edificios del IPAT, el Conservatorio y la reciente refacción de la Escuela Nº 7. En esta oportunidad, la Provincia aportará el 70 % de los fondos, mientras que el Municipio cubrirá el 30 % restante.

El acuerdo permitirá completar los trabajos en el edificio ubicado en Italia y Liniers, y posibilitará el traslado definitivo de la institución, y la licitación se concretó tras el trabajo conjunto de los equipos técnicos de la Provincia y el Municipio para elaborar el pliego necesario para completar la obra, que se encuentra paralizada desde hace aproximadamente seis años.

En la licitación se presentaron ocho empresas con las siguientes ofertas: Vissan Ingeniería S.A. (propuesta básica obligatoria $2.942.602.000,21 y alternativa con 15% de anticipo $2.530.124.817,73); Cooperativa Falucho de Vivienda Limitada (propuesta básica obligatoria $2.247.932.406,14 y alternativa con 15% de anticipo $2.101.816.799,74); Pecma S.A. (propuesta básica obligatoria $2.702.391.858,78 y alternativa con 15% de anticipo $2.135.367.071,07); Guigivan SRL (propuesta básica obligatoria $2.372.632.028,18 y alternativa con 15% de anticipo $2.163.713.424,37); Nugenser S.A. (propuesta básica obligatoria $2.599.361.923 y alternativa con 15% de anticipo $2.391.412.974, 73); Game S.A. (propuesta básica obligatoria $3.060.489.130,44 y alternativa con 15% de anticipo $2.815.650.000); Transporte Malvinas SRL (propuesta básica obligatoria $2.124.210.447,78 y alternativa con 15% de anticipo $1.998.918.034,93) y Konal S.A. (propuesta básica obligatoria $2.280.017.173,13 y alternativa con 15% de anticipo $2.192.242.096,83).

Ahora la comisión de preadjudicación deberá analizar toda la documentación presentada para continuar con los pasos administrativos para la adjudicación.

La Secretaría de Legal y Técnica del Municipio notificó formalmente al propietario de las cavas de Cerro Leones solicitándole que arbitre los medios necesarios para cerrar y controlar el ingreso al lugar.

“Es propiedad privada”, señalaron desde la Comuna, marcando que el pedido a la empresa dueña del lote se llevó a cabo en función de la peligrosidad del espacio. Por otra parte, las autoridades locales gestionaron ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia que destine personal policial con el objetivo de evitar el acceso a los espejos de agua ubicados sobre la avenida Basso Aguirre.

“No solo por los riesgos propios del lugar, sino también para prevenir situaciones de inseguridad en el barrio como las que se registraron en años anteriores”, indicaron desde el Municipio, en referencia a hechos registrados de vandalismo, robos, hurtos, presencia de personas alcoholizadas generando disturbios en la vía pública, violencia en el transporte público y otros.

Además, la Comuna mantiene presencia en la zona mediante controles aleatorios de tránsito, patrullaje del programa Centinela en Territorio y la contratación de horas adicionales de efectivos policiales. Tales iniciativas, informaron desde el gobierno local, fueron financiadas íntegramente con fondos provenientes de la tasa municipal de Protección Ciudadana.

A partir del impulso en redes sociales –promocionadas como un “paraíso secreto” de Tandil- las cavas de Cerro Leones dejaron de ser un rincón propio de los tandilenses para convertirse en otra atracción a la que llegan cada vez más turistas.

La llegada de visitantes al lugar aumenta considerablemente durante el verano –cabe recordar, la cabecera del Partido no cuenta con balneario público-, y tal como informó El Eco en temporadas anteriores, el predio llegó a convocar a cientos de personas.

En el inicio del verano 2024-2025, en el marco del Operativo Sol, comenzaron a desplegarse efectivos policiales para desalentar el ingreso. En diciembre pasado, se sumó un montículo de tierra en la entrada principal, en particular para evitar el acceso de motovehículos.

“Propiedad privada. Prohibido el ingreso. Aguas peligrosas. Riesgo de vida”, señala el letrero municipal ubicado sobre Basso Aguirre. La presencia de agentes policiales continúa durante la temporada en curso, y la cantidad de personas y el movimiento en el interior del predio disminuyó con respecto a años anteriores.

Cabe recordar, a partir de la demanda que inició la familia de un hombre que falleció ahogado cuando nadaba con amigos en las cavas, en 2017 la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul intimó al Municipio a intervenir en la restricción del acceso.

En 2020, el Juzgado Civil y Comercial 1 también intimó a la Comuna a asumir un rol de importancia para evitar el ingreso al sitio, pero las autoridades locales apelaron el fallo, con la intención de que otros organismos canalicen la medida. La problemática en torno al acceso a las cavas  se repite cada temporada.

Más allá de que la situación de las cavas de Cerro Leones es tema de debate público los sucesivos veranos, una novedad se sumó a la discusión en los últimos meses. Se trata de que una empresa de turismo radicada en Mar del Plata que comenzó a promocionar viajes a Tandil con la posibilidad de visitar el predio con acceso prohibido.

Pero también, cada temporada se reaviva una pregunta entre la comunidad tandilense. ¿Se puede hacer algo en las cavas? ¿Podría de alguna forma el Municipio o la Provincia desarrollar en el lugar un balneario público?

Existe un proyecto concreto en ese sentido, y es el que formularon desde la Asamblea Barrios de Piedra con el aval de organizaciones y hasta de parte de la propia Universidad Nacional del Centro. Se trata del Geoparque Tandilia y los Picapedreros, el cual no solo se constituyó como una iniciativa ciudadana, sino que también, a partir de la intervención de la diputada provincial Noelia Saavedra, tomó estado parlamentario en la Legislatura Bonaerense.

Si bien desde el Municipio plantearon –en reiteradas ocasiones-, que el predio es propiedad privada, otras voces se manifestaron para marcar miradas más amplias de la situación del lugar. Una de esas es la de la Asamblea por la Preservación de las Sierras . La entidad ha considerado que las cavas son un pasivo ambiental generado tras el abandono de la empresa canteril que administraba la extracción de piedra en la zona.

De acuerdo a la normativa provincial, un pasivo ambiental es un sitio afectado con contaminación o deterioro de los recursos naturales, y ecosistemas producidos por actividades públicas o privadas que constituyen un riesgo para la población y a su vez han sido abandonados por sus responsables.

El intendente Miguel Lunghi puso en funciones a los nuevos integrantes del gabinete municipal. Fue en un breve acto que estuvo marcado por la particularidad de que quien asumió al frente de la Dirección de Obras Sanitarias fue Santiago Romero, nieto de Américo Reynoso, primer intendente electo tras la recuperación democrática de 1983.

“Estos cambios van a reforzar, van a oxigenar y nos van a dar más fuerza para seguir llevando adelante el Tandil Soñado que yo interpreto, va por un muy buen futuro, va por un muy buen camino. Por supuesto, toda ciudad que crece y que crece después de la pandemia, esto es un punto que hay que pensarlo, tiene sus inconvenientes. Agregándole a esto el problema económico que vivimos, que ciertamente el ajuste que le hacen a la provincia de Buenos Aires es muy grave y eso repercute para el Municipio”, señaló el Intendente al tomar la palabra.

En concreto, además de Santiago Romero como director de Obras Sanitarias, asumieron formalmente Diego Martín como secretario de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales –cartera que pasará a tener bajo su órbita al área de Innovación-, y Juan Maciá Cantarelli como secretario de Legal y Técnica.

El intendente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Julio Elichirebehety, y el secretario de Gobierno, Miguel Lunghi (hijo). Al tomar la palabra agradeció a los funcionarios salientes, en particular a Javier López –que estaba a cargo de Legal y Técnica-, por su compromiso con “lo que fue gran parte de la licitación del espacio Santamarina, que el Municipio vendió ese terreno para lo que será una planta de hormigón y una planta de asfalto. Y ahí Javier trabajó mucho tiempo y muchas horas, tanto de mañana como de tarde”.

También agradeció a Marcela Petrantonio –que estuvo al frente de Desarrollo Productivo y a la fecha se encuentra en Brasil participando del encuentro de Mercociudades-, por su labor en pos de la llegada de nuevas inversiones a Tandil y otras gestiones.

Tras casi dos años al frente de la Dirección de Turismo, Diego Martín – comerciante, referente de la Iglesia Peniel y también candidato a concejal por la lista oficialista en las últimas elecciones-, asumió como secretario de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales.

“Viene llevando adelante una gestión en la que hemos roto el turismo solamente de verano, prácticamente hemos roto la estacionalidad y tenemos turismo casi todo el año, y eso ha sido muy importante”, destacó Lunghi. Por el perfil vinculado a la “innovación”, tal como señaló el Intendente, bajo la conducción del funcionario entrante la Secretaría de Desarrollo pasará a tener bajo su órbita al área de Innovación.

Por su parte también asumió el abogado Juan Maciá Cantarelli al frente de la Secretaría de Legal y Técnica, quien hasta días atrás se desempeñó como director de Obras Sanitarias y es a su vez titular del estudio jurídico que lleva su apellido.

“Tiene experiencia en derecho administrativo, asesoramiento legal, litigios y procedimientos normativos. Tuvo funciones previas en el Municipio y un amplio recorrido en relación al control de actos administrativos, control de legalidad y diseño de marcos normativos. Es reconocido por su rigurosidad jurídica, su perfil técnico y su compromiso con la institucionalidad municipal”, marcó Lunghi.

Tras los aplausos de rigor, los funcionarios entrantes firmaron los decretos a partir de los cuales asumieron sus funciones, y lo mismo hicieron tanto el Intendente como el jefe de Gabinete.

Santiago Romero tiene 33 años y una destacada trayectoria como ingeniero civil en el ámbito privado y entre otros trabajos se desempeñó como supervisor civil del Parque Eólico La Elbita.

En diálogo con El Eco de Tandil, Romero contó que hace aproximadamente once meses se sumó al equipo de gobierno comunal y desde entonces ocupó el cargo de coordinador de proyectos estratégicos en la Secretaría de Obras Públicas. Desde ese lugar fue responsable del proyecto integral de la infraestructura del Desarrollo Urbanístico Sans Souci.

“Pero debo decir algo desde lo sentimental”, señaló Lunghi poco antes de poner a Romero formalmente en funciones. El Intendente se refirió a que el joven funcionario es nieto de Américo Reynoso, primer jefe comunal tras la recuperación democrática de 1983.

“Todos lo quisimos mucho, y entró al Municipio y salió del Municipio de la misma manera. Siguió caminando las calles de Villa Italia sin ningún tipo de problema, y eso es muy importante para el momento político que se vive. Fue un señor y salió como un señor. También es cierto que Tandil ha tenido siempre intendentes de la misma manera, hay que decirlo”, sostuvo Lunghi sobre Reynoso y sus sucesores.

Romero asumió con el desafío de “continuar la puesta en valor de Obras Sanitarias”, tal como dijo a El Eco de Tandil. Pero también lo hizo con el legado de Reynoso, a quien recordó como “un abuelo bastante presente, y lo tenemos muy presente hoy en día”.

Compartió que el exIntendente le legó “los valores, y tener esa motivación interna a involucrarse”. Aunque sumó que heredó de su abuelo la tradición radical, también marcó que fue convocado no por su vocación política sino por su perfil técnico. “Me llamaron, estoy muy contento y agradecido, y por la motivación de mi abuelo esto tiene un doble sabor”, concluyó.

En medio de un debate por el proyecto de ordenanza que busca abordar la problemática de las motos, el secretario de Legal y Técnica del Municipio Javier López, salió a reafirmar los fundamentos de la propuesta, en especial, ante las críticas en torno al argumento que faculta a los jueces de Faltas a disponer allanamientos en casos que afecten la salubridad pública.

En diálogo con La Mañana (104.1 Tandil FM, EcoTV y El Eco Streaming), el funcionario remarcó que la finalidad central es “la defensa de la salubridad pública” y que la herramienta ya se aplica en distritos de la provincia y en la ciudad de Buenos Aires.

Frente a las objeciones sobre la constitucionalidad del artículo tercero de la propuesta elevada hace tres meses por la Secretaría de Protección Ciudadana, López dijo que carecen de sustento y advirtió que la discusión debería enfocarse en el impacto que generan los escapes de motos modificados en la vida cotidiana de los ciudadanos. “Nos ponemos en el lugar del vecino que está sufriendo todos estos padecimientos y estamos buscando darle una solución”, señaló.

La problemática de los ruidos molestos generados por motos con caños de escape modificados y las caravanas que circulan por la ciudad sigue en agenda y en los últimos días sumó el aporte de antecedentes en al menos 12 municipios bonaerenses que aplican normativas similares.

Sin embargo, la iniciativa local se encuentra paralizada en el Concejo Deliberante. Tras superar el contexto electoral, la falta de consensos dilata el debate y no hay certezas sobre una eventual resolución a corto plazo.

“Nos debemos a la gente y creo que debemos encontrar una herramienta que permita seguir trabajando más en profundidad y que podamos ponerle un fin a este tema”, expresó el secretario ante El Eco Multimedios, que garantizó la predisposición al diálogo.

El eje del debate

Al retomar el tema, López se refirió a su participación en el debate, a las conversaciones previas con los jueces de Faltas, con la secretaria y el subsecretario de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri y Juan Pablo Ibáñez respectivamente, y hacia el interior del gabinete.

Después de la presentación de la versión final del proyecto, mantuvo una entrevista con un actor judicial en la que aportó su visión “y ahí tengo cosas importantes para sumarle a la comunidad” en cuanto a aspectos que “tienen que ser de fácil entendimiento para el ciudadano”.

“Creo que no tenemos que complejizar las cosas”, sentenció y apuntó contra las observaciones vinculadas a una “supuesta inconstitucionalidad” que giran en torno a la propuesta.

En respuestas a las críticas que acumula el proyecto en análisis, López afirmó que en cuestiones de inconstitucionalidad “estamos bastante acostumbrados últimamente”, en especial a partir de diciembre de 2023, “donde la jurisprudencia ha planteado la inconstitucionalidad de decretos del Poder Ejecutivo”.

Luego de la consideración, apuntó que el proyecto tiene un objetivo y que es allí donde debe centrarse el intercambio. “La finalidad es la defensa de la salubridad pública”, aseguró el funcionario, que resaltó que la coincidencia debe enfocarse en este principio. Es decir que, “si hay alguna persona que pueda realizar un aporte positivo y entienda que el tema de los ruidos molestos ocasionados por las motos con caños de escapes en las condiciones que circulan en muchas ocasiones no generan ruidos molestos ni daño a la salubridad pública, que me lo explique porque entiendo todo lo contrario”, desafió.

Y retomó que ese mismo enfoque se aplica en la provincia de Buenos Aires en unos 12 municipios, entre los cuales citó Trenque Lauquen, Daireaux, Rivadavia, 9 de Julio, Junín, San Miguel del Monte, Lobería, Pehuajó, Carlos Casares, entre otros.

“Lo que proponemos es que los ruidos molestos afectan la salubridad pública”, defendió y sumó la ordenanza específica que aplica la ciudad autónoma de Buenos Aires sobre ruidos molestos que afectan a la saludad pública.

Entonces, el secretario remarcó que “deberíamos preguntarnos primero si coincidimos que los ruidos molestos afectan la salubridad pública”, y respondió que si alguien piensa lo contrario “deberá fundamentarlo”.

La herramienta

Ante este escenario, argumentó que el Ejecutivo encontró como herramienta para los jueces de Falta “la posibilidad, además de poder secuestrar los vehículos o los instrumentos con los cuales se ocasionan los ruidos molestos, que en algunas ocasiones garantizando siempre el derecho de defensa del debido proceso en el marco de una investigación, recurrir a una herramienta que les da el artículo 24 de la Constitución provincial”.

En concreto, ordenar un allanamiento en los casos que “vean que existe una afectación de la salubridad pública” generada por ruidos molestos.

El artículo 24 establece que “el domicilio de una persona no podrá ser allanado sino por orden escrita de juez o de las autoridades municipales encargadas de vigilar la ejecución de los reglamentos de salubridad pública y a este solo objeto”.

Las variables del enfoque

 -¿Cuál es puntualmente la postura de los jueces de Falta?

-Tuve charlas con los jueces y alguna reunión previa también y en realidad volvemos a lo mismo. En relación al tema de la aplicación de las medidas de allanamiento están, en el supuesto caso que exista una ordenanza, dispuestos a analizar la situación y en caso que exista la ordenanza que los faculta disponer las medidas, siempre en cada caso concreto, analizando todo el procedimiento. Es decir, desde la legalidad del grado del acta respectiva que da inicio a las actuaciones, más el tema de la prueba que se aporte en cada caso que acredite las circunstancias por las cuales se identifica al infractor. En definitiva, aquellos elementos de prueba que permitan identificar cuál es el instrumento mediante el cual se está generando la afectación con ruidos molestos. En función de lo que se solicite o de lo que disponga el juez como una medida preventiva, disponer en los casos que entiendan que corresponde el allanamiento.

-¿Es lo único que habilitaría un allanamiento? ¿El hecho de identificar el vehículo?

-En las ordenanzas, algunas hablan de allanamiento y en otras la técnica legislativa que han usado es ingresar al domicilio al solo efecto de retirar los elementos por los cuales se genera la afectación a la salubridad.

-¿Qué pasaría en el caso que detecten determinada infracción, piden al juez de Faltas un allanamiento y encuentran un determinado delito que va más allá de una infracción?

-En cualquier supuesto ingresarían al efecto de retirar los elementos por los cuales se genera la infracción. A partir de ahí, una vez que ingresan al domicilio, el juez no habilita el retiro de ningún otro tipo de elementos ni cuestiones que pudieran suscitarse en el lugar. En función de lo que puedan verificar los funcionarios que ingresan a domicilio, informarán en el acta de secuestro del vehículo o de los artefactos que encuentren en función de la medida y después el juzgado de Faltas notificará, en caso corresponda, para que intervenga la Justicia. Pedimos que las medidas debieran ser realizadas con el auxilio de la fuerza pública. Ahí también habría funcionarios públicos.

-Teniendo en cuenta que hay distritos de diferentes colores políticos que lo aplican, ¿qué interpretación hace respecto de la actitud de la oposición en el Concejo Deliberante?

-En lo personal, creo que alguien que opina sin haber visto todos estos antecedentes, que algunos son de vieja data, lo primero es que uno no se pone en lugar de la gente que está sufriendo esto constantemente.

-De todas formas eso tampoco habilita a votar cualquier proyecto…

-Ponerse en lugar de la gente implicaría haber abierto el debate durante todo este periodo, haber encontrado alguna solución alternativa, investigado si en otros municipios estaba actuando de esta manera o no. Nosotros estamos aportando todos estos elementos; no es una ocurrencia del Municipio. Nos ponemos en el lugar del vecino que está sufriendo todos estos padecimientos y estamos buscando como equipo de gobierno tratar de darle una solución.

-¿Por qué cree que no se abre la discusión? ¿Cree que hay cuestiones políticas de fondo?

-Me parece que uno tiene que ponerse en lugar de la gente, que es la que nos está pidiendo las soluciones. Nosotros estamos aportando soluciones. Si alguien formula determinados planteos sin que nos suministren los fundamentos por los cuales se entiende que eso es inconstitucional me parece que no llevaría la discusión por una cuestión política. Por qué no la aprobaríamos si no estamos diciendo que los jueces de Faltas van a aplicar cualquier tipo de medida en cualquier supuesto y en cualquier supuesto van a allanar. Solamente estamos diciendo que necesitamos una ordenanza para facultar a los jueces, como han hecho otros municipios, a que actúen donde ven afectada la salubridad pública.

-¿Lo convocaron desde el Concejo?

-No he sido convocado. Estamos a disposición para aportar. Hemos aportado todos los antecedentes de las ordenanzas dictadas en otros municipios, hemos dado nuestra mirada. Queremos darles herramientas a los jueces de Faltas y a los ciudadanos una tranquilidad en este tema. Necesitamos avanzar con este proyecto, que estamos dictando ordenanzas en materia de salubridad pública porque entendemos que estas situaciones afectan la salubridad pública. Si no va a haber un acompañamiento en este sentido, explicarán los motivos por los cuales se considerarían inconstitucionales estas facultades. Y será nuestro deber encontrar alguna otra herramienta legal para que los jueces puedan disponer de las medidas necesarias y puedan acompañar todo el procedimiento que hace generalmente Protección Ciudadana a través de los inspectores, con personal policial para poder ponerle fin a este tema que nos genera un inconveniente serio. 

La Justicia rechazó la solicitud que la Comuna había presentado para requerir su inclusión como particular damnificado en la causa penal iniciada a raíz de la agresión que un inspector de tránsito sufrió el pasado 25 de agosto.

De acuerdo con información a la que accedió El Eco de Tandil, el Juzgado de Garantías 1 –a cargo de José Alberto Moragas–, consideró que el Municipio no se encuentra legitimado para intervenir bajo tal figura. Tras treinta días de licencia por la recuperación que debió afrontar, el inspector deberá reincorporarse en el corto plazo.

Cabe recordar que fue el mencionado lunes 25 de agosto –en su jornada de franco, y mientras estaba de civil–, cuando un inspector de tránsito que se desempeña como personal de la Dirección de Control Urbano Vehicular sufrió una golpiza en la zona de Machado al 200. Primero fue agredido por una persona en solitario, pero al intentar escapar resultó interceptado en el pasaje Balcarce por otros dos individuos que se sumaron al ataque, provocándole lesiones de gravedad.

De acuerdo con lo declarado por la víctima ante la Unidad Funcional de Instrucción 12 (UFI 12), surgió que al menos uno de los atacantes habría reconocido a este como agente de Control Urbano Vehicular. Por ese motivo, una de las líneas de investigación es que el ataque haya sido motivado por una represalia por un operativo en el que el inspector habría participado.

El pasado martes 26 de agosto, la directora de Asuntos Legales de la Comuna, María Emilia Díaz Esteve, se presentó en la Mesa de Entradas de la UFI 12, a cargo del fiscal Damián Borean, para ponerse en autos sobre el estado de la causa.

Posteriormente, la Comuna presentó una solicitud para ser incorporada en la misma bajo la figura de particular damnificado. “El hecho de que la Municipalidad pueda participar no implica que nosotros de alguna manera no confiemos en lo que la Justicia haga; al contrario, lo que estamos haciendo es solamente dar un mensaje de respaldo al trabajador que sufrió este lamentable hecho”, había expresado entonces el secretario de Legal y Técnica del Municipio, Javier López. Sin embargo, la Justicia rechazó el pedido.

El Municipio presentó la solicitud, aun a sabiendas de que el agente se encontraba en su día de franco, ya que una de las líneas de investigación es que la víctima resultó agredida justamente por tratarse de un inspector de tránsito local.

La hipótesis comenzó a considerarse desde que trascendió el hecho, así como también que el motivo podría haber sido el secuestro de una motocicleta en uno de los operativos de Control Vehicular.

“Entendíamos que la agresión hacia él afectaba no solamente a la persona físicamente, sino que también afectaba a un interés municipal, que es el interés de mantener la seguridad, a través de los inspectores y preservarlos”, señaló sobre el pedido elevado a la Justicia el secretario de Legal y Técnica.

Pese al rechazo, la Comuna no recurrirá a apelar lo decidido. Los funcionarios municipales mantuvieron reuniones con las autoridades judiciales, quienes les expresaron su compromiso con el impulso a la causa.

Por su parte, el inspector agredido continuará con las actuaciones correspondientes a través de su abogado personal, mientras transita los últimos días de licencia por recuperación.

Este jueves, Sofía Cabitto, la directora de la Dirección de Asuntos Legales, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica del Municipio de Tandil, presentó su renuncia al cargo por razones personales.

El Municipio de Tandil informó que, a partir del próximo 4 de agosto, la ex directora será reemplazada por María Emilia Díaz Esteve, abogada que se venía desempeñando en el equipo legal del gobierno local y que cuenta con experiencia en gestión pública y asesoramiento jurídico.

Díaz Esteve es egresada del Colegio Sagrada Familia y abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se desempeñó en el estudio jurídico Sánchez, Arrese & Masciarelli Abogados de CABA y desde hace cuatro años, en paralelo con su desempeñó privado en Tandil, es asesora letrada de la Dirección de Asuntos Legales del Municipio.

El intendente Miguel Ángel Lunghi agradeció especialmente a Sofía Cabitto por su compromiso y labor durante su gestión al frente del área, y le deseó el mayor de los éxitos en sus nuevos desafíos profesionales.

Desde el Ejecutivo comunal se destacó la continuidad del trabajo en la Dirección de Asuntos Legales, un área clave para el funcionamiento institucional y administrativo del gobierno local.

El Municipio continúa accionando en pos de exigirle al gobierno nacional obras para mejorar la circulación y la seguridad vial en la traza urbana local de la Ruta 226. Se vencieron los plazos para que las autoridades de Nación presenten una resolución con respecto a los pedidos solicitados en la audiencia pública, por lo que la Comuna pedirá “que se cumpla ese paso”. En paralelo, recurrió a la Defensoría Federal y analiza una presentación judicial conjunta, sumando además a la Defensoría del Pueblo y otras instituciones sociales.

“Correspondía que dentro del plazo de 10 días de realizada la audiencia pública se emitiera un informe. Tenía que ser un informe sobre el resultado de la audiencia pública dentro de esos 10 días, y después había 30 días para que la autoridad, es decir Vialidad, emitiera una resolución final sobre el resultado de esa audiencia pública. Ninguno fue emitido hasta ahora”, informó Javier López, secretario de Legal y Técnica en diálogo con El Eco de Tandil.

De cara a las solicitudes que analizan presentar, el funcionario explicó que “hoy, cualquier medida que nosotros tomemos la decisión de hacer judicialmente, va a tener como primera cuestión la exigencia de que se cumplan con estos pasos que estaban previstos en el llamado a la audiencia pública”.

López dio cuenta además de los anuncios recientes del gobierno nacional, cuyos alcances afectan el futuro de las posibles obras que contribuyan a mejorar la seguridad vial de los tandilenses.

En primer término la disolución de Vialidad Nacional y la creación de un nuevo organismo denominado Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía. Pero también la extensión de la intervención al actual concesionario, Corredores Viales. 

El propio gobierno nacional había intervenido dicha entidad a los fines de auditarla para después disolverla y privatizar los tramos concesionados. Sin embargo, la intervención fue extendida.

López expuso que más allá de cambios, continúa “el deber y la obligación del Estado Nacional”. En la misma línea sumó que las reestructuraciones “no eximen al Estado Nacional ni a Corredores Viales  de garantizar a la ciudadanía la realización de obras de infraestructura necesarias para el buen funcionamiento y correcto funcionamiento de la Ruta Nacional 226”.

En ese marco, desde el Municipio mantuvieron una reunión con la oficina local de la Defensoría Federal a los fines de “aunar criterios” en pos de una posible presentación conjunta que, tras la disolución de organismos deberán hacer directamente ante el Ministerio de Economía de la Nación.

“Estamos analizando cuál va a ser el formato del pedido. Si va a ser un formato por una presentación judicial o si va a ser el formato mediante un acto unilateral, digamos que puede ser una notificación fehaciente al Estado Nacional”, precisó López al respecto.

El secretario de Legal y Técnica señaló además que si bien el informe que surja de la audiencia pública es “una opinión no vinculante”, el mismo “tiene que mostrar motivos fundados para apartarse de lo que que se pide y establecer por qué no se va a hacer todo lo que Tandil solicita o que sean incluidas las horas en un pliego licitatorio. Entonces quiere decir que si bien lo que resuelva esta esta audiencia pública, no terminaría siendo vinculante, sí es importante que si no se va a escuchar lo que Tandil pide, esto tendría que estar fundado y argumentado de por qué no se va a tener en cuenta”, concluyó.

El gobierno municipal de Tandil apuesta a un “abordaje integral” para hacer frente a la problemática de la venta ambulante y la ocupación con acoplados y camiones de la banquina de la Ruta Nacional 226.

En diálogo con El Eco de Tandil, el secretario de Legal y Técnica –Javier López-, compartió la mirada de la Comuna con respecto a la temática. Dio cuenta de las diferentes órbitas de jurisdicción en la zona del conflicto, y contó que mantuvieron un encuentro con referentes de Senasa, Policía Vial y Corredores Viales a partir del cual elaborarán un plan de acciones de cara al futuro.

Cabe recordar, la situación en torno a la Ruta 226 volvió a tomar estado público en los últimos días a raíz de una serie de acontecimientos. El primero, el anuncio del gobierno nacional de abrir un pliego de licitación para la concesión de la ruta, en el cual no se prevén obras de infraestructura para la traza urbana local. El segundo la presentación del propio Municipio a la audiencia pública para solicitar dichas obras. El tercero el pedido de intervención de la Cámara Empresaria ante la Defensoría del Pueblo para que el organismo tome cartas en el asunto ante las autoridades de Nación. El cuarto, la formalización de la denuncia ante la Justicia Federal de la propia defensora Paula Lafourcade.

El quinto, el operativo dispuesto por la Justicia Federal para registrar las posibles comisiones de delitos a la vera de la Ruta Nacional 226. Dicha acción se concretó con personal de Gendarmería Vial, Policía y la colaboración del Municipio. El fiscal a cargo –Marcos Silvagni-, brindó una entrevista a El Eco de Tandil y precisó detalles de una causa en curso. Para conocer la mirada de la Comuna al respecto fue consultado López.

Un abordaje integral

El secretario de Legal y Técnica señaló en primer término que “en el marco de la investigación, vamos a estar a disposición entera de lo que disponga Fiscalía”. Al respecto, agregó que “entendemos que Fiscalía va a realizar acciones durante todo este periodo de tiempo, y nosotros estamos a entera disposición de lo que el fiscal resuelva”.

A su vez, López dio cuenta de la necesidad de realizar un “abordaje integral”, ante la  “complejidad” de la problemática. Por tal motivo, argumentó a partir de las distintas jurisdicciones que intervienen en el control de la Ruta y las banquinas.

“Todo lo que tiene que ver con las infracciones de tránsito que se cometen en el marco de una ruta nacional, que no lleguen a ser delito federal, y que son contravenciones a la Ley Nacional de Tránsito y o a la Ley Provincial, y corresponde que sean juzgadas por los juzgados administrativos de faltas provinciales. Que en este caso, actualmente, la Policía Vial, todas las infracciones que labra las está remitiendo al juzgado que tiene hoy sede en Azul”, indicó.

Por otro lado “una infracción por comercialización de productos que no está permitida en ese lugar porque sería una suerte de venta ambulante o porque esos productos no tienen la seguridad, la trazabilidad necesaria”, mencionó sobre aquellos hechos que por la infracción al Código Alimentario requerirían de una intervención de Senasa.

El funcionario sumó que a nivel local, “como Municipio tendríamos también la potestad, si hay una infracción a una ordenanza local como podría ser la comercialización de venta ambulante, podríamos juzgar eventualmente, el Juzgado de Faltas Municipales podría juzgar lo que tiene que ver con infracción a una ordenanza local en materia de cuestiones de salud”, sostuvo López.

En ese marco, la continuidad del seguimiento del tema de parte del Municipio será –de acuerdo a lo informado por López-, entablar comunicación con Fiscalía “para ver el resultado en concreto de lo que ha sido el operativo reciente y ponernos a disposición de la Justicia Federal. Y por otro lado, como consecuencia de la reunión que mantuvimos con Senasa, Policía Vial y Corredores Viales, trazar un plan de acciones de trabajo para lo que viene en lo inmediato”, concluyó.

El Intendente Miguel Lunghi firmó el decreto que establece las condiciones de la venta del predio municipal de Santamarina al 400. La misma será a través de una subasta que se llevará a cabo el jueves 5 de junio en la sede del Centro de Martilleros de Tandil. El precio de base será el que dicha entidad tasó como valor del inmueble, poco más de 4 millones de dólares, y se hará en moneda dólar estadounidense. Los interesados en integrar la puja por adquirir el lote tendrán que cumplir determinadas condiciones, y podrán inscribirse hasta el próximo 30 de abril.

“Creemos fundamentalmente que esa zona o ese predio se tiene que revalorizar ediliciamente, mejorar, ya que es una avenida tremenda de Tandil, y que por supuesto esperamos que el privado que llegue a comprar ese predio, haga un proyecto importante para el futuro de la ciudad”, planteó Miguel Lunghi durante la conferencia de prensa realizada a los fines de presentar los detalles de la iniciativa.

La subasta tendrá como base un valor de 4.130.271,72 dólares. Desde el Ejecutivo destacaron que luego de que el Concejo Deliberante haya dejado abierta la posibilidad de optar la moneda en la que se concretará la venta, tomaron la decisión de avanzar con la misma en dólares con el fin de valorizar los bienes municipales. También subrayaron el hecho de que el precio de base será el de la tasación del lote, y no una reducción del mismo como suele hacerse en este tipo de operaciones.

Cabe recordar, lo que la Comuna adquiera por la venta estará afectado de antemano a montar una Planta de Pavimentación Municipal y a generar suelo urbano e infraestructura para los predios de Sans Souci y Carrasco, tal como señaló el Intendente Lunghi.

En concreto, los interesados en ser parte de la subasta deberán abonar un costo de inscripción de un 3 por ciento del valor de la tasación, presentar una declaración jurada sobre el origen lícito de los fondos, así como también una declaración jurada de si se trata de una persona políticamente expuesta, como explicó el secretario de Legal y Técnica, Javier López. 

Por otro lado, los interesados en inscribirse deberán manifestar si se encuentran alcanzados por incompatibilidades o inhabilitaciones para desarrollar contratos con el Municipio, y acompañar toda la documentación con la inscripción correspondiente en AFIP y ARBA.

A partir del cierre de las inscripciones, una comisión municipal evaluará cada presentación y determinará quienes cumplen o no las condiciones. Aquellos que finalmente hayan ingresado a la subasta contarán con un determinado período de tiempo para visitar el predio y evaluar su estado. De parte de la Comuna estimaron que para el día en el que se realice la venta tendrán el lugar en condiciones y despejado de todo lo que allí se encuentra.

De parte del Centro de Martilleros agradecieron la oportunidad de ser parte del proyecto. A través de un sorteo se establecerá el profesional que finalmente desarrolle la subasta que será en la sede de la entidad. La misma, precisaron, cuenta con video cámaras y sistema de grabación para asegurar la transparencia de la operación.

El pasado 12 de diciembre el Concejo Deliberante local aprobó por mayoría la enajenación del predio de Santamarina al 400. Tras meses de debate en cuanto al destino de los fondos, hubo acuerdo entre los bloques mayoritarios –UCR y Unión por la Patria-, y la propuesta recibió el aval del Legislativo.

Anoche, luego de intensas negociaciones, el proceso judicial que fijó ayer como fecha límite de restitución del predio conocido como el Dique Viejo llegó a su fin. En el inmueble, donde el Municipio recientemente anunció la creación de un Parque Ecológico, vivía un vecino desde hacía más de 20 años, que se resistió a retirarse en medio de un operativo de desalojo que se extendió durante buena parte de la jornada.

El conflicto finalmente llegó a una resolución. Alrededor de las 20, las partes alcanzaron un punto de entendimiento que quedó reflejado en un acta, el vecino se retiró del lugar y el Municipio recuperó la posesión del espacio ubicado en la avenida Taborini al 1900.

El operativo de desalojo comenzó ayer por la mañana. Durante el desarrollo de las tareas, la zona se mantuvo perimetrada por el protocolo en marcha que llevó adelante el Grupo de Apoyo Distrital (GAD).

Ante esta situación, los vecinos de la zona hicieron pública una carta que enviaron a las autoridades comunales, en la que manifestaron su preocupación por el destino del hombre ocupante, a quien describieron como “una persona de bien” que atraviesa una “situación crítica”.

El Eco de Tandil estuvo en el lugar de los hechos desde el comienzo del operativo y allí también otros frentistas de la zona coincidieron en que el ocupante es una persona de trabajo.

El operativo se inició pasadas las 9 de ayer. Dos móviles policiales se hicieron presentes en el lugar, junto a autoridades de la Secretaría de Legal y Técnica del Municipio.

El vecino se resistió a retirarse, por lo que la situación se complejizó con el correr de las horas. Los efectivos cortaron el tránsito de la avenida Taborini, en paralelo a la llegada de una ambulancia del SAME y una dotación del Cuartel Central de Bomberos.

Asimismo, personal de Bromatología también se hizo presente, ya que el hombre contaba con animales que debían ser resguardados. Poco antes del mediodía, el GAD tomó el control de la situación y activó el protocolo normativo.

El abogado del ocupante, Martín Leiva, se presentó en la zona. De parte del Municipio ofrecieron al vecino diversas alternativas para evitar una resolución conflictiva. De parte de la Secretaría de Legal y Técnica señalaron que además de prorrogar la ocupación, le propusieron cederle una vivienda en alquiler, ayuda en la compra de materiales, el aporte de un salario básico vital y móvil para su manutención. Ante la negativa, el operativo continuó en manos del GAD hasta por lo menos las 19.

Fin del conflicto

En diálogo con el ciclo Último bondi (104.1 Tandil FM, EcoTV y El Eco Streaming), el secretario de Legal y Técnica Javier López confirmó anoche que el Municipio “recuperó la tenencia del inmueble”, poniendo fin a un conflicto judicial de larga data.

La situación responde a una orden judicial dictada por el titular del Juzgado Civil y Comercial 2 de Tandil en el marco de un proceso de desalojo que se inició en 2022, que pasó por distintas instancias.

En efecto, la Justicia dictó el año pasado una orden judicial de desalojo, confirmada por la cámara en noviembre de 2023. Desde allí “empezamos a tratar de ejecutar esta orden de desalojo”, que tuvo como fecha definitiva de restitución la jornada de ayer.

“Entendíamos que no iba a haber una resistencia”, planteó el funcionario en virtud del anuncio de un proyecto para el lugar cuando aún no estaba resuelta la cuestión judicial.

Y justificó que, durante el proceso, el Municipio presentó “alguna propuesta” al ocupante del predio para que “no quedara en situación de calle” con “alternativas” a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, pero reconoció que la situación fue “distinta de la esperada”.

Entonces, de acuerdo al modo en que fueron sucediendo los hechos, ameritaron la intervención de la fuerza pública, que posteriormente derivó en la implementación de un protocolo de “cuidado y protección”, que fue “el que se fue llevando adelante”.

-¿Qué es lo que el hombre pretendía? ¿Cuál fue la propuesta?

-Básicamente tuvimos todas las conversaciones, gracias a la gestión también del titular del Juzgado Civil y Comercial 2, que fueron en el ámbito mismo del juzgado. Tuvimos tres audiencias en los últimos 10 días en forma virtual con presencia de letrado del señor y nosotros. Lo que le ofrecíamos eran distintas alternativas, como la ayuda para la compra de materiales para que pudiera establecer su vivienda; la ayuda económica a través de un salario mínimo vital y móvil durante un plazo determinado para que pudiera subsistir. El señor tiene hoy una actividad, pero el problema radicaba en que necesitaba exclusivamente un predio para poder tener no solo su vivienda, sino realizar también su actividad de doma de caballos. Como Municipio no teníamos la posibilidad de darle esa solución, ni en comodato ni en propiedad, y sí le ofrecemos la alternativa de una ayuda, incluso llegamos a plantear la posibilidad de alquiler de vivienda.

-¿Cuál fue el compromiso se asumió?

-Finalmente, el señor asumió la obligación y restituyó la tenencia del inmueble a la Municipalidad de Tandil, que a partir de hoy (por ayer) ya está en posesión y en tenencia definitiva de este inmueble como propietaria que es del predio. El señor aceptó voluntariamente ir a una pensión, en la que va a estar durante un tiempo determinado, y a través de su abogado se comprometió a buscar un lugar para que, con la ayuda del Estado municipal, pueda encaminar su situación después de este desalojo.

El caso, en detalle

El Municipio anunció la creación de un Parque Ecológico en el Dique Viejo. Sin embargo, el área donde se planifica el proyecto es parte de un conflicto legal de larga data. El predio pertenece a la comuna, pero hace décadas fue cedido al Tiro Federal, institución a través de la cual el actual ocupante accedió al lugar, donde se instaló para cuidar el área.

Ante el pedido de la comuna, el Tiro Federal restituyó el predio, pero el vecino permaneció en su vivienda junto con sus animales. En 2022, el Municipio inició una acción de desalojo. Sin embargo, el ocupante se presentó junto a representantes legales, donde -de acuerdo al relato municipal-, admitió la anuencia del Tiro Federal para permanecer en el lugar.

Posteriormente, agregaron desde la comuna, el vecino sostuvo que había comprado derechos posesorios en el año 2003. El propio secretario de Legal y Técnica municipal Javier López advirtió que se trataba de una escritura falsa, por lo que se le inició una causa por adulteración de documento público.

El juez de primera instancia ordenó el desalojo a mediados de 2024. El ocupante y sus representantes apelaron la medida, pero la Cámara de Apelaciones resolvió en favor de la comuna en noviembre de ese mismo año.

Los 30 días que la Justicia había otorgado para el retiro voluntario del lugar se prorrogaron por la feria judicial hasta el 20 de febrero. Sin embargo, en dicha fecha el ocupante tampoco se retiró del predio, por lo que se ordenó la acción de desalojo para el miércoles 24. El juez a cargo de la causa principal es Francisco Blanc, del Juzgado Civil y Comercial 2.

Según lo transmitido por las autoridades municipales, en el marco del proyecto del Parque Ecológico, se había acordado con el ocupante el ingreso de parte de funcionarios comunales al lugar. Sin embargo, el vecino se habría molestado por el acceso de personal del Municipio y envió mensajes intimidatorios a representantes del Ejecutivo, lo que derivó en otra causa penal por amenazas.

El hombre que permaneció atrincherado por más de 10 horas dentro de una vivienda ubicada en el Dique Viejo, un predio de más de 10 hectáreas en el que el Municipio proyecta la creación de un Parque Ecológico, finalmente llegó a un acuerdo con la ayuda de un mediador del Grupo Halcón.

En diálogo con El Eco Multimedios, el Secretario de Legal y Técnica, Javier López, dio mayores certezas sobre el acuerdo que puso fin a una tensa y maratónica negociación.“El Municipio recuperó la tenencia de un inmueble municipal de 10,3 hectáreas. Esto data de un proceso de desalojo que se inició en el año 2022 y que transitó por todas las etapas. Hubo una orden judicial de desalojo el año pasado, confirmada por la Cámara en noviembre de 2023, y a partir de ahí empezamos a tratar de ejecutar esta orden de desalojo”, indicó el funcionario.

Según lo señalado por López, a partir de diciembre de ese año, el hombre contaba con 30 días para restituir el predio voluntariamente, “y dado que eso no se iba haciendo, fuimos prorrogando, siempre intentando llegar a una salida armoniosa, hasta que por disposición del juzgado, la fecha definitiva era el día de hoy”, remarcó.Lo que no esperaban por parte del Municipio fue que el hombre presentara resistencia y se negara a abandonar el predio, hecho por el que debió actuar la fuerza pública, hasta el punto de que un negociador del Grupo Halcón ingresó a la vivienda para conversar con él.

“Tuvimos tres audiencias en los últimos diez días, y lo que le ofrecemos era distintas alternativas, como la compra de materiales para hacerse su vivienda, un SMVM por un tiempo determinado para que pudiera subsistir, pero el problema radicaba en que el hombre necesitaba exclusivamente un predio para tener, no solo su vivienda, sino también donde desarrollar su actividad relacionada a los caballos, que el Municipio no podía ofrecerle”, comentó.

Finalmente, se firmó un acta en el que el vecino aceptó voluntariamente ir a una pensión de manera temporal y se comprometió, al igual que el Municipio, a buscar algún lugar “para que con la ayuda del estado municipal pueda encaminar su situación, y tener un techo a través de un alquiler temporal”, finalizó.

Tras revocar el contrato a la empresa concesionaria de la Terminal de Ómnibus, el Municipio asumirá durante una etapa de transición el control del lugar para asegurar el servicio de transporte. En paralelo, el gobierno local analiza las posibilidades de continuidad de la situación, contemplando una nueva licitación, o una administración de la Comuna.

Así lo informó el secretario de Legal y Técnica del Municipio –Javier López-, en diálogo con El Eco de Tandil. El funcionario brindó precisiones del futuro de la Terminal, luego de conocerse la revocación del contrato a la empresa Visigodo S.A.S, por incumplimiento en el plan de obras, y falta del pago del canon y las tasas municipales.

“Este acto de revocación, también contempla de alguna manera la posibilidad de que el Municipio, durante una etapa de transición, pueda intervenir en la Terminal hasta obtener la restitución definitiva. Siempre salvaguardando y cuidando la continuidad del servicio que debe ser continuo, permanente y seguro para todos los pasajeros que circulan por la Terminal”, aseguró López.

En concreto, amplió el secretario, el Área de Control de Concesiones y el Área de Inspecciones están facultadas y ya trabajando a los fines de conocer el estado actual del lugar tras la revocación de la concesión. Además de asegurar que se presente la documentación necesario tras la extinción contractual, señaló “el otro objetivo que tienen los funcionarios, es controlar que el servicio, pese a que se ha revocado la concesión, se continúe prestando a todos los pasajeros. Para eso el Municipio va a tomar algunas acciones para aquello que esté incumplido, por ejemplo, lo que tenga que ver con la seguridad y la tranquilidad de los pasajeros”.

López dio cuenta además que estudian las posibilidades de continuidad de la situación de la administración de la Terminal. Tras  la entrega formal del predio y la documentación requerida, la Comuna podría llamar a una nueva licitación para la presentación de oferentes. Pero también podría el propio Municipio administrar el lugar, organizar el movimiento vehicular y mejorar el servicio brindado, con la posibilidad de concesionar áreas específicas –café-, y alquilar locales a las empresas transportistas u otras.

El tránsito cotidiano en la Estación Terminal disminuyó desde la pandemia a esta parte, por lo que tanto los interesados de una posible licitación, como la Comuna, deberán también evaluar la rentabilidad que supone hacerse cargo del predio.

“Desde el punto de vista legal, establecimos que la situación de la concesión de la Terminal estaba en condiciones de que el gobierno municipal tomara la decisión de revocar la concesión. En función de eso, el Poder Ejecutivo emitió el decreto. Y se estableció que la facultad de la revocación realizada por el Municipio tenían que ver con incumplimientos del concesionario a obligaciones que se habían asumido en el contrato en virtud del pliego de concesión que fue del año 2020”, precisó López.

En concreto, constó en el decreto de revocación, la empresa incumplió el plan de obras proyectadas. Entre otras iniciativas, la firma local debió colocar señalética, conformar espacios para guardia de seguridad y taxistas, reubicar la oficina de Turismo, crear una guarda de equipaje, construir un nuevo control de acceso vehicular en la playa de maniobras –con barreras automáticas y hasta emplazar locales comerciales tipo isla en el hall de espera. Sin embargo, las obras no se llevaron a cabo.

Por otra parte, la firma a cargo registró pagos incumplidos del canon establecido por el contrato de concesión, así como también falta de pagos de las tasas municipales. “De esto también se le dio vista al concesionario para que pudiera ejercer su derecho de defensa. Tampoco tuvimos respuesta. Entonces, constatamos eso y ahí quedó en situación de ser revocada”, aseguró el secretario.

El decreto de revocación estableció 30 días corridos para que el ex concesionario devuelva el lugar al Municipio, con la posibilidad de prorrogar por otros 30 días si el Ejecutivo lo aprueba. Mientras analizan la continuidad del tema, tendrá lugar un tiempo de transición, en el que la Comuna asegurará el servicio, tal como determina su responsabilidad más allá de concesiones o administraciones propias.

El Municipio de Tandil recolecta pruebas para identificar a los organizadores de la caravana de motos que circularon por la ciudad durante la madrugada del pasado domingo generando ruidos molestos y picadas. Aportarán los datos a la Justicia de Faltas a los fines de avanzar con las denuncias por contravenciones, pero también lo harán a la Fiscalía ya que consideran que gran parte de los hechos registrados podrían encuadrarse en delitos penales como conducción temeraria e incendio de objetos en la vía pública.

“El Municipio lo que está haciendo ahora es recolectar elementos de prueba. Por un lado han intervenido los funcionarios municipales formando parte del operativo, y a raíz de ese operativo, me confirmaron hoy, se secuestraron más de treinta motovehículos, que estaban en estado de infracción, circulando con distintos artefactos que generan ruidos molestos, más gente que estaba sin elementos de protección o haciendo maniobras anti reglamentarias. y por otro lado también ha habido incidentes donde se han producido bloqueos temporales de calles, de arterias, lo cual también está prohibido por la Ley Nacional de Tránsito a la cual la Provincia adhiere”, informó el secretario de Legal y Técnica de la Comuna –Javier López-, en diálogo con El Eco de Tandil.

Cabe recordar, el pasado domingo tuvo una madrugada caótica a partir del despliegue de decenas de motos que circularon  por las principales calles de la ciudad realizando “cortes”, maniobras peligrosas y otras prácticas de la disciplina “stunt”.

A partir del hecho, el Municipio adelantó que prepara una denuncia judicial y consideró que existió “una organización y planificación para generar disturbios en la vía pública”, como señaló la secretaria de Protección Ciudadana a este Diario.

Consultado por el tema, el secretario de Legal y Técnica explicó que por un lado avanzan en una denuncia por contravenciones ante la Justicia de Faltas. Por otro, agregó, “entendemos con la prueba recolectada que estaríamos en condiciones de formular una denuncia de hechos para que la Fiscalía de turno, pudiera comenzar con una investigación sobre esto. Entendemos que fue un acto predeterminado y organizado que tenía como miras, más allá de las conductas aisladas que puede haber existido, de alteración del orden público municipal”.

Si bien precisó que como Municipio no cuentan con la potestad para realizar una investigación, aseguró que desde Protección Ciudadana trabajan relevando información a los fines de esclarecer los hechos. 

“Por lo que tenemos entendido y la información que nos han suministrado hay datos que permiten identificar a las personas y nosotros esos datos los vamos a enviar a la Justicia, para que la Fiscalía de turno pueda identificar especialmente a aquellas personas que pudieran tener un rol de organizador”, sostuvo López.

Con respecto a los delitos que podrían caberle a los organizadores, el secretario señaló que “no vamos a encasillar en un solo artículo, vamos a describir todos los hechos y estamos trabajando en cuáles serían los artículos o los tipos penales que podrían llegar a encuadrar estas conductas”.

En la misma línea agregó que “hay contravenciones y podrían ser juzgadas eventualmente por el Juzgado de Faltas. Pero hay un conjunto de conductas que podrían llegar a encuadrar dentro de algún tipo penal, como, por ejemplo, la alteración del orden público, en el 211, 210 del Código Penal. Hay alguna de conducción temeraria en el 193 bis del Código Penal, que también está penalizado o regulado en la Ley Nacional de Tránsito y también es una conducta prohibida. Y también podría haber alguna cuestión relacionada con los incendios de objetos en la vía pública, que ponen en riesgo la seguridad de los vecinos y que constituye un delito”.

Sobre la posible creación de un picódromo en Tandil, López consideró que “no sé si a la persona que hoy está haciendo este tipo de actividades, que se sabe que afectan la tranquilidad de todos los vecinos, lo va a dejar de hacer porque el día o mañana haya un lugar para realizar este tipo de actividades”. Y amplió manifestando que “entiendo que la finalidad de este tipo de grupos  que sabiendo que hay leyes de tránsito que rigen, salen a hacer estos desmanes, provocando la intranquilidad de todos los vecinos, en realidad no es una cuestión de una actitud deportiva, ni una cuestión de pasarla bien haciendo la actividad que nos gusta, lo cual es legítimo y obviamente en ese caso, sin alterar y sin violar normas, sin producir contravenciones no está prohibido. Ahora, entiendo que esa no es la solución”, concluyó.