En una reciente resolución del Juzgado de Garantías 1, se resolvió la excarcelación de los dos gremialistas sindicados como extorsionadores. Ambos involucrados siguen imputados y continuarán el proceso en libertad hasta conocer eventual veredicto sobre su accionar.

Como oportunamente se informó, personal de la Sub DDI Tandil detuvo la semana pasada a Federico Ariel Guglielminotti y Silvio Ramón Armentano, imputados en la causa caratulada como "Extorsión y Tentativa de Extorsión". Ambos se presentaban como dirigentes del Sindicato de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) de Tandil y habían sido denunciados por un empresario de la construcción.

Las órdenes de detención fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías 1, a cargo José Alberto Moragas, a pedido de la Fiscalía 16, dirigida por el fiscal Dr. José Marcos Eguzquiza.

Del avance de la instrucción en su etapa preparatoria, el magistrado consideró que al momento de la prueba analizada en el expediente remite al delito citado, pero en grado de tentativa solamente, por lo que ante dicha figura penal según reza el Código deben ser liberados en medio de la continuidad del proceso penal.

Vale consignar que la causa se originó a partir de una denuncia realizada por un empresario del rubro de la construcción, realizada en marzo de 2025. El denunciante manifestó que durante el período de 2024 y 2025, los dos señalados, presentándose como dirigentes del mencionado sindicato, se hacían presentes en diversas obras en construcción.

Allí, los acusados obligaban al constructor, mediante extorsión, a entregar una determinada suma de dinero para que no se detuviera el desarrollo de las obras en marcha. El empresario señaló ser víctima de múltiples aprietes por parte de los dirigentes gremiales, durante encuentros que solían darse en la sede sindical, durante los cuales convocaban al propietario para arribar a un acuerdo monetario a cambio de evitar “fastidiosas” inspecciones.

Según trascendió del expediente, el soborno hablaba de unos 800 mil pesos mensuales o de una suma fija a cambio de evitar visitas a las obras y así no hacer planteos gremiales en la cartera ministerial local.

El empresario se dijo harto del hostigamiento constante de los gremialistas que a cambio de dinero evitaban reportar eventuales irregularidades en las obras con las condiciones laborales de los trabajadores.

La fuerte denuncia derivó en los allanamientos con el secuestro de pruebas que buscarán acreditar lo señalado, aunque ya se han incorporado a la instrucción documentación como el contenido de intervenciones telefónicas que no harían más que corroborar el tenor de lo que penalmente se calificó como “extorsión”, pero que ahora desde el Juzgado de garantías optó por el grado de tentativa y de allí la medida ordenada para con los apresados.

Tres inspectores de la Policía de la Ciudad fueron procesados con prisión preventiva acusados de haber participado del secuestro extorsivo de un joven de 24 años ocurrido en mayo pasado en la zona porteña del Bajo Flores y la víctima estuvo dos horas cautiva arriba de su propio auto hasta que su familia pagó un rescate de 4.000 dólares y $1.500.000.

Los efectivos y un cuarto acusado, de nacionalidad peruana, fueron procesados por la jueza federal María Romilda Servini, quien les impuso además embargos por $50 millones.

Según se destaca en el documento presentado por el Ministerio Público Fiscal, los efectivos alcanzados por la resolución son A.N.L. (32), P.O.M. (43) y H.M.D.S. (50). Los tres tienen la misma jerarquía de inspectores dentro de la fuerza y cumplían, hasta su detención, tareas como personal de “brigada” de la División Investigaciones Comunales (DIC) 4 de la Policía de la Ciudad, con asiento en el barrio de Parque Patricios.

Los cuatro fueron acusados del delito de “secuestro extorsivo agravado por haberse logrado el propósito de obtener rescate, por la participación de tres o más personas y por haber sido cometido con violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de armas de fuego” (con una pena de 10 a 25 años de prisión), en concurso real con “robo agravado por el uso de armas” (de 5 a 15 años de prisión), ya que a la víctima también le robaron su celular iPhone 12 -con el que hicieron los llamados extorsivos- y un par de zapatillas.

En el caso de los policías, la figura del secuestro también está agravada por ser miembros de una fuerza de seguridad, en este caso, de la Policía de la Ciudad.

En la acusación se indica que los tres utilizaron uno de los móviles no identificables de la dependencia en la que trabajaban “para actuar como vehículo de apoyo y monitorear distintas fases del secuestro”.

Acerca del cuarto implicado, las autoridades informaron que trabaja como delivery para una aplicación de comidas y cuya moto fue empleada en distintas etapas del secuestro, entre ellas, la del cobro del rescate.

Secuestro y detenciones

El hecho ocurrió el 17 de mayo de este año cuando la víctima, que se dedica a revender por internet distintos elementos que importa desde el exterior, se dirigió en su vehículo desde su domicilio en Villa Lugano hasta la intersección de las avenidas Perito Moreno y Cruz, en la zona del Bajo Flores, por la venta de unas zapatillas que tenía publicadas en la red social Instagram, y por las que fue contactado a través de un número desconocido por WhatsApp.

Al punto de encuentro llegaron en una moto dos hombres, uno de los cuales se identificó como el comprador de las zapatillas y le pidió a la víctima si podía contar el dinero dentro de su auto, ocasión que aprovechó para decirle “perdiste guachín” y amenazarlo y golpearlo con un arma de fuego.

En ese momento, el secuestrador le quitó el celular y lo obligó a conducir por distintas zonas de la ciudad mientras lo mantenía cautivo. El vehículo fue abordado por otro hombre que, desde el teléfono del damnificado, llamo a la novia y le exigió un rescate de 5.000 dólares a cambio de su libertad.

La víctima recuperó su libertad tras el pago del rescate y las detenciones ocurrieron el 2 de septiembre pasado en una serie de ocho allanamientos -seis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dos en el conurbano bonaerense.

La jueza ordenó el alojamiento de los cuatro procesados en dependencias del Servicio Penitenciario Federal. Asimismo, dispuso que la investigación continúe a cargo de la Fiscalía Federal N°3, con el objetivo de intentar identificar a otros posibles partícipes y para profundizar el análisis patrimonial de los actuales imputados. (NA).

 José Luis Liberti (29), fue condenado a 18 años de cárcel en 2004 por el crimen del bebé de su pareja. Ahora simuló ser una adolescente con la que la víctima –oriundo de la ciudad de Balcarce- intercambió fotos eróticas y “luego, se comunicó con el hombre como si fuera el padre de la joven y le pidió dinero para no denunciarlo. Por el hecho, la policía detuvo a la madre y a la hermana del recluso.” 

El caso que ahora sale a la luz se produjo el 7 de marzo pasado, y según la investigación del fiscal Rodolfo Moure fue una puesta en escena realizada desde la cárcel de Batán,  según informó LA CAPITAL de Mar del Plata.

El balcarceño, cayó en la cuenta de que había sido extorsionado  -y pagado 35 mil pesos- hizo la denuncia en la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI). Así, se formó una causa judicial que quedó a cargo del fiscal Rodolfo Moure, y se reconstruyó el hecho.

Un espectacular despliegue policial en las puertas de un hotel de avenida Santamarina disparó la atención pública que, a la postre, confirmó sobre una rápida como intensa labor investigativa policial que desactivó parte de lo que sería una banda dedicada a las extorsiones con el ardid conocido como Cuento del Tío, modus operandi en el que habrían resultado víctimas al menos tres vecinos en los últimos días.

A más precisiones y al aguardo de información oficial sobre la cual se aguardaba al cierre de esta edición, en horas de la tarde de ayer, personal de la Sub DDI local y comisaría Primera, detuvieron a dos hombres (se reservó sus identidades hasta concretar la rueda de reconocimiento ya que se presume que la víctima podría identificar a uno de los sindicados) que se disponía a dejar el hotel donde se había alojado con rumbo –se presume- a su ciudad de residencia, en el gran Buenos Aires. 

Sendos sujetos estaban siendo seguidos por el personal policial,  tras iniciarse una pesquisa por el delito de estafa, por el cual una vecina había sido víctima a través de lo que se conoce como Cuento del Tío. 

Ayer a media mañana, desde el Juzgado de Garantías 1 se oficializó y ratificó el acuerdo que fiscalía y defensa vinieron tejiendo en pos de resolver la situación procesal del joven empresario detenido por montar un secuestro extorsivo utilizando como carnada a su propio sobrino menor de edad, hecho que mereció la intervención primera de la justicia federal hasta que se esclareció que se trató todo de una farsa que merecía el reproche penal de la justicia ordinaria.

Una vez detenido bajo el delito de “Extorsión, Hurto y  Privación ilegal de la libertad” de un menor de edad, los defensores del imputado trabajaron en la estrategia para lograr una morigeración en su condición procesal, frente al grave delito endilgado.

Con el transcurrir de los meses y distintas diligencias acercadas al expediente, el fiscal Luis Piotti aceptó el convite judicial, llevando así al planteo al juez José Alberto Moragas, que ayer notificó la resolución a la Unidad Penitenciaria acerca de la morigeración de los efectos de la prisión preventiva, ordenando así el arresto domiciliario bajo un cúmulo de condicionamientos, no sin antes también contar con la anuencia de la familia damnificada por el accionar delictivo.

La presentación

En efecto, Mariano Vizcay recibió el beneficio de una prisión domiciliaria con salida laboral. De lunes a viernes saldrá de su domicilio a trabajar donde anteriormente al grave episodio protagonizado lo hacía, en tanto que los fines de semana deberá quedarse en su casa.

En su presentación, el defensor particular Diego Etchegoyen sustentó el pedido ayer concedido en la conveniencia de aplicar la medida a fin de “neutralizar los efectos nocivos del encarcelamiento preventivo no solo para su pupilo sino para su grupo familiar, tanto desde el aspecto económico como emocional al tener una hija de dos años de edad, entendiendo que se hallan abastecidas las condiciones para su procedencia”.

Como surge de la resolución judicial, si bien el letrado defensor asume la entidad de los hechos endilgados a su pupilo, entendió que los mismos responden a una “conflictiva familiar y que solo pueden ser explicados por la psicología y/o psiquiatría”; en ese marco, la Defensa sustentado en la previsión normativa aludida precedentemente exhibe las condiciones personales, familiares y laborales del causante como propicias para mutar las condiciones de encierro en el Servicio Penitenciario por una prisión domiciliaria con el pertinente control y salida laboral.

En oportunidad de celebrarse la audiencia prevista los defensores Diego Etchegoyen y Gustavo Ballent ratificaron los términos de la presentación en tratamiento, añadieron que no existía riesgos procesales y que el imputado posee una red de contención familiar que determina la conveniencia de procurar a través de este medio la reinserción paulatina de Vizcay a su modo de vida.

En respuesta al planteo, el fiscal Piotti consignó su coincidencia con la Defensa respecto a la mirada respecto a la naturaleza del hecho endilgado y atento el carácter familiar que motivaron los hechos, a la vez que se tomó contacto con los damnificados,  quienes no pusieron reparos sobre la eventualidad que el imputado acceda a una prisión domiciliaria, prestando por ello el debido consentimiento con la salvedad que efectuarse una pericia psiquiátrica-psicológica a Mariano Vizcay.

Así, el juez Moragas al analizar los fundamentos esgrimidos por la Defensa y la postura del Fiscal interviniente, coincidiendo en la singularidad que reflejan los hechos investigados, el comportamiento del imputado durante la investigación, la contención familiar, la propuesta laboral y el asentimiento de los damnificados, “conforman un cuadro de situación que conduce a la viabilidad de la medida postulada”.

Al respecto, el magistrado añadió que, “sin perjuicio de la punibilidad aplicable entiendo relevante que el imputado desde el inicio de la investigación hasta que se efectivizó su pérdida de libertad ambulatoria, se mantuvo en la ciudad  sin manifestar posteriormente ninguna obstrucción al progreso de la pesquisa, reflejando su arrepentimiento desde su primer declaración”.

Asimismo, se ponderó en favor del imputado las manifestaciones de su pareja, como así también la posibilidad laboral que le aguarda como factor preponderante para él mantenimiento de su grupo familiar y reinserción social, lo que aunado a un tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, “neutraliza la eventualidad de algún peligro procesal -riesgo de fuga-”.

Así, finalmente se le requirió al Jefe de la Unidad II de Sierra Chica que proceda al traslado del imputado desde el asiento de esa Unidad Carcelaria -donde actualmente se encuentra alojado- hasta el domicilio pautado, donde Vizcay dará cumplimiento con la medida ordenada precedentemente bajo la vigilancia de personal policial, mientras el proceso se encuentre en trámite.

A la vez, se le impuso la obligación de realizar un tratamiento psicológico y/o psiquiátrico según sea prescrito por el profesional actuante, debiendo acreditar dicho cumplimiento mediante informes mensuales que ilustren sobre el diagnóstico y terapéutica indicada.

El caso

Como oportunamente se informó el grave suceso se desencadenó cuando el policía Emilio Pehuen Geneux recibió alrededor de la 1.20 del 18 de enero un llamado del oficial  Gutman de la Seccional Primera, quien lo pone en conocimiento que se estaba produciendo un secuestro extorsivo.

Refirió que arribados a Colectora Sur y Caseros, en el comercio de venta de casillas rurales El Yunque, se entrevistó con Esteban Vizcay, titular de la firma, quien dio cuenta que instantes previos había recibido un mensaje vía whatsapp desde el teléfono de su hermano Mariano, desde donde le decían que su hermano había sido secuestrado y que le reclamaban la suma de 50 mil dólares para liberarlo.

El policía narró que Vizcay, habiendo escuchado gritos provenientes de una casilla, halló en el interior de la misma a su sobrino de 8 años, quien al rescatarlo de las ataduras contó que habían sido abordados a la salida del cine por tres personas, los llevaron hasta la colectora y lo dejaron atado en la casilla, yéndose del lugar con su tío Mariano.

De las investigaciones llevadas a cabo ya por la fiscalía federal que había sido anoticiada del delicado suceso, se corroboró que en la noche del 17 de enero Mariano Vizcay junto a su sobrino concurrieron al cine de Caseros y Portugal. Al salir del cine, siendo los primeros minutos del 18, yéndose en el auto, Mariano se detiene a unas cuadras y desciende el coche porque siente que tenía una goma pinchada. En ese instante es abordado por tres hombres armados.

De allí, Mariano y el niño fueron trasladados en el mismo automóvil al local comercial de los Vizcay, donde maniataron con precintos plásticos y encierran en una casilla al niño, sustraen una suma de dinero y se llevan a Mariano en el propio auto.

A las 0.50 del viernes 18, Esteban Vizcay recibe aquel llamado telefónico del celular de su propio hermano, quien el mismo Mariano le dijo que concurra a El Yunque que estaba el sobrino encerrado en una casilla y que no llame a la policía.

Inmediatamente Esteban comienza a recibir mensajes vía whatsapp desde el mismo teléfono de su hermano exigiéndole 50 mil dólares por la liberación de su hermano e indicándole que no de aviso a la policía.

Esteban llamó igualmente al 101 dando cuenta del terrible suceso. Cuando él junto a la policía ingresan al local comercial, se advierte que la puerta de la oficina estaba abierta y la luz encendida. Al subir a la oficina, Esteban vio un mueble corrido detrás del cual solían ocultad dinero y al descender de dicha oficina le dijo a los policías “me robaron”.

Allí fue que Esteban empezó a llamar en alta voz a su sobrino y hermano y fue cuando respondió el niño, que estaba dentro de una de las casillas, y allí el menor contaría lo padecido.

En esos instantes del relato del sobrino, Esteban recibió otros mensajes, entre ellos recibió una foto de Mariano con un gorro o capucha sobre los ojos. Allí siguieron las negociaciones por el mismo canal hasta que Esteban informó el dinero que podía entregar, respondiendo desde el celular de Mariano que a las 4.30 enviarían una ubicación para hacer el pago.

A las 4.45, Esteban recibió la ubicación donde debía efectivizar el pago. La misma era en la ladera del Parque Independencia, hacia la calle Rondeau, a la altura de calle Fugl. Allí esteban da cuenta de la cantidad de dinero que había logrado juntar y preguntó a donde liberaría a su hermano, tras lo cual le responden que le plata se la daría al propio hermano, quien luego el mismo se lo llevaría a los captores, no sin antes le envían un mensaje de voz de Mariano como prueba de vida.

Inmediatamente Esteban se dirigió al lugar convenido, dejó la plata en la vereda y se retiró unos metros. Mariano se acercó y le dijo que le alcanzara el dinero más, por lo que Esteban lo volvió a recoger y lo llevó unos metros más hacia los pastizales, no alcanzando a la senda aeróbica existente en el lugar.

En ese momento Mariano le dijo que retrocediera, volviendo hasta el auto. Mariano empezó a bajar, pasando la senda aeróbica, tomó el paquete (la bolsa con dinero) volviendo hacia los pastos donde había salido al principio. Esteban perdió de vista  a su hermano unos segundos y luego vio como este empezaba a bajar con la luz del teléfono para orientarse.

Aproximadamente a diez metros  del auto de Mariano comenzó a descender más rápidamente y se metió en el vehículo de Esteban, para partir del lugar raudamente, dirigiéndose a la sede de la fiscalía para dar cuenta de que Mariano estaba a salvo, pero que no quería hablar con nadie ni someterse a revisión médica, atento al estado de shock que presentaba.

Después devendría la investigación del tenso y delicado suceso ventilado y nada de lo descripto se condijo con buena parte de la realidad, al decir de los investigadores.

Conclusiones

Al decir de la fiscalía, se pudo determinar que Mariano Vizcay no fue víctima de un secuestro real, y que nunca estuvo cautivo.

Para los actores judiciales federales primero y la justicia provincial después, los elementos reunidos permitieron contar con pruebas independientes que permitieron arriba a la conclusión de que fue un autosecuestro, probablemente con la asistencia de terceras personas.

En efecto, de las imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo municipal (11 cámaras con 33 horas de filmación) como así también ocho cámaras privadas que suman otras cuatro horas de filmaciones, se determinó que Mariano Vizcay, a bordo de su auto, no fue monitoreado en ningún momento por vehículo alguno durante su tránsito, no observándose tampoco personas a pie que realicen vigilancia alguna sobre él o sobre su coche.

Asimismo, se advirtió que a las 4.03 se aprecia a una persona de fisonomía y vestimenta conteste a la víctima, dirigiéndose de a pie por calle Fugl en dirección a Rondeau, continuando ese trayecto durante dos minutos rumbo a la zona del pago del “rescate”, con aparente despreocupación caminando por la calle, no siendo seguido por terceras personas y /o vehículo alguno.

A la vez, quedó constancia en el relato del menor, que cuando fueron abordados por los tres sujetos estos en dos o tres oportunidades llamaron a su tío por su nombre. También sostiene el fiscal que Mariano nunca estuvo privado de su libertad habiendo dispuesto y manipulado él su teléfono celular.

Tal como se anticipara en éstas páginas, tras la detención del joven empresario que fingió un secuestro privando de la libertad a su propio sobrino menor de edad, la defensa había interpuesto un pedido de excarcelación extraordinaria frente a los delitos endilgados. Solicitud que no tuvo eco en la Justicia.

En efecto, el juez de Garantías 1, a cargo de José Alberto Moragas, rechazó el planteo, manteniendo la detención que había impuesto a pedido de la fiscalía interviniente. Mariano Vizcay seguirá apresado mientas avanza el proceso que, su confió, contó con otra novedad judicial: asumió la defensa el abogado y actual concejal Gustavo Ballent.

Como se vino detallando, el joven empresario que fingió un secuestro extorsivo, poniendo como “carnada” a su propio sobrino, para quedarse con un dinero de la familia fue arrestado el lunes, por pedido del fiscal Luis Piotti, quien tras avanzar el instrucción penal preparatoria que primeramente había estado en manos de la justicia Federal y una vez descartado el secuestro que oportunamente había sido denunciado, consideró que frente a los delitos enrostrados el falso secuestrado debía quedar detenido, consideración que encontró eco favorable en el Juzgado de Garantías.

“Privación ilegal de la libertad de un menor de edad”, “extorsión” y “hurto”, fueron las figuras delictivas con las que calificó el Ministerio Pública a la hora de ejecutar la aprehensión del acusado, quien una vez sentado frente al funcionario judicial optó por atenerse al derecho que le asiste de no declarar.

Por lo que trascendió del expediente, la familia que denunció el grave suceso que se presentaba como un secuestro extorsivo ratificaron sus dichos y responsabilizaron a su propio hermano, Mariano Vizcay, por el delicado engaño que se caratulan como extorsión y hurto, como así también el suceso penalmente más gravoso que hace a la privación ilegal de la libertad de un menor de edad, su propio sobrino.

El escabroso suceso denunciado por la familia Vizcay ocurrió en la noche del 18 de enero, cuando las fuerzas de seguridad lo tomaron como un secuestro extorsivo –así fue la Policía alertada- y con el correr de las horas, los días, desde la fiscalía Federal se concluyó en que todo había sido una farsa y mereció una causa que ahora arribó a sus primeras conclusiones, con la aprehensión del empresario.

El caso

De lo que consta en las actuaciones, trascendió que el policía Emilio Pehuen Geneux recibió alrededor de la 1.20 del 18 de enero un llamado del oficial Gutman de la Seccional Primera, quien lo pone en conocimiento que se estaba produciendo un secuestro extorsivo.

Refirió que arribados a colectora Sur y Caseros, en el comercio de venta de casillas rurales El Yunque, se entrevistó con Esteban Vizcay, titular de la firma, quien dio cuenta que instantes previos había recibido un mensaje vía whatsapp desde el teléfono de su hermano Mariano, desde donde le decían que su hermano había sido secuestrado y que le reclamaban la suma de 50 mil dólares para liberarlo.

El policía narró que Vizcay, habiendo escuchado gritos provenientes de una casilla, halló en el interior de la misma a su sobrino de 8 años, quien al rescatarlo de las ataduras contó que habían sido abordados a la salida del cine por tres personas, los llevaron hasta la colectora y lo dejaron atado en la casilla, yéndose del lugar con su tío Mariano.

De las investigaciones llevadas a cabo ya por la fiscalía federal que había sido anoticiada del delicado suceso, se corroboró que en la noche del 17 de enero Mariano Vizcay junto a su sobrino concurrieron al cine de Caseros y Portugal. Al salir del cine, siendo los primeros minutos del 18, yéndose en el auto, Mariano se detiene a unas cuadras y desciende del coche porque siente que tenía una goma pinchada. En ese instante es abordado por tres hombres armados.

De allí, Mariano y el niño fueron trasladados en el mismo automóvil al local comercial de los Vizcay, donde maniatan con precintos plásticos y encierran al niño en una casilla, sustraen una suma de dinero y se llevan a Mariano en el propio auto.

A las 0.50 del viernes 18, Esteban Vizcay recibe aquel llamado telefónico del celular de su propio hermano, quien el mismo Mariano le dijo que concurra a El Yunque que estaba el sobrino encerrado en una casilla y que no llame a la policía.

Inmediatamente, Esteban comienza a recibir mensajes vía Whatsapp desde el mismo teléfono de su hermano, exigiéndole 50 mil dólares por la liberación de Mariano e indicándole que no dé aviso a la policía.

Esteban llamó igualmente al 101 dando cuenta del terrible suceso. Cuando él junto a la policía ingresan al local comercial, se advierte que la puerta de la oficina estaba abierta y la luz encendida. Al subir a la oficina, Esteban vio un mueble corrido detrás del cual solían ocultar dinero y al descender de dicha oficina, les dijo a los policías “me robaron”.

Allí fue que Esteban empezó a llamar en alta voz a su sobrino y hermano y fue cuando respondió el niño, que estaba dentro de una de las casillas, y allí el menor contaría lo padecido.

En esos instantes del relato del sobrino, Esteban recibió otros mensajes, entre ellos recibió una foto de Mariano con un gorro o capucha sobre los ojos. Allí siguieron las negociaciones por el mismo canal, hasta que Esteban informó el dinero que podía entregar, respondiendo desde el celular de Mariano que a las 4.30 enviarían una ubicación para hacer el pago.

A las 4.45, Esteban recibió la ubicación donde debía efectivizar el pago. La misma era en la ladera del Parque Independencia, hacia la calle Rondeau, a la altura de Fugl. Allí Esteban da cuenta de la cantidad de dinero que había logrado juntar y preguntó a dónde liberarían a su hermano, tras lo cual le responden que la plata se la daría al propio hermano, quien luego él mismo se la llevaría a los captores, no sin antes le envían un mensaje de voz de Mariano como prueba de vida.

Inmediatamente Esteban se dirigió al lugar convenido, dejó la plata en la vereda y se retiró unos metros. Mariano se acercó y le dijo que le alcanzara el dinero más, por lo que Esteban lo volvió a recoger y lo llevó unos metros más hacia los pastizales, no alcanzando a la senda aeróbica existente en el lugar.

En ese momento Mariano le dijo que retrocediera, volviendo hasta el auto. Mariano empezó a bajar, pasando la senda aeróbica, tomó el paquete (la bolsa con dinero) volviendo hacia los pastos donde había salido al principio. Esteban perdió de vista a su hermano unos segundos y luego vio como este empezaba a bajar con la luz del teléfono para orientarse.

Aproximadamente a diez metros del auto de Mariano comenzó a descender más rápidamente y se metió en el vehículo de Esteban, para partir del lugar raudamente, dirigiéndose a la sede de la fiscalía para dar cuenta de que Mariano estaba a salvo, pero que no quería hablar con nadie ni someterse a revisión médica, atento al estado de shock que presentaba.

Después devendría la investigación del tenso y delicado suceso ventilado y nada de lo descripto se condijo con buena parte de la realidad, al decir de los que llevaron adelante la pesquisa.

Al decir de la acusación fiscal, se pudo determinar que Mariano Vizcay no fue víctima de un secuestro real y que nunca estuvo cautivo. Los elementos reunidos permitieron contar con pruebas independientes para arribar a la conclusión de que fue un autosecuestro, probablemente con la asistencia de terceras personas, quienes por estas horas están siendo investigadas.

En efecto, de las imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo municipal (11 cámaras con 33 horas de filmación) como así también ocho cámaras privadas que suman otras cuatro horas de filmaciones, se determinó que Mariano Vizcay, a bordo de su auto, no fue monitoreado en ningún momento por vehículo alguno durante su tránsito, no observándose tampoco personas a pie que realicen vigilancia alguna sobre él o sobre su coche.

Asimismo, se advirtió que a las 4.03 se aprecia a una persona de fisonomía y vestimenta conteste a la víctima, dirigiéndose a pie por calle Fugl en dirección a Rondeau, continuando ese trayecto durante dos minutos rumbo a la zona del pago del “rescate”, con aparente despreocupación, caminando por la calle, no siendo seguida por terceras personas y /o vehículo alguno.

A la vez, quedó constancia en el relato del menor, que cuando fueron abordados por los tres sujetos estos en dos o tres oportunidades llamaron a su tío por su nombre. También sostiene el fiscal que Mariano nunca estuvo privado de su libertad habiendo dispuesto y manipulado él su teléfono celular.

Finalmente ayer, tras cumplimentarse una batería de diligencias procesales, la Policía procedió a la orden de detención emitida por el Juzgado de Garantías 1, a pedido de la fiscalía, y fue arrestado el joven empresario que fingió un secuestro extorsivo, poniendo como “carnada” a su propio sobrino, para quedarse con un dinero de la familia.

“Privación ilegal de la libertad de un menor de edad”, “extorsión” y “hurto”, fueron las figuras delictivas con las que calificó el fiscal Luis Piotti a la hora de ejecutar la aprehensión del acusado, quien ayer por la mañana fue trasladado por las fuerzas de seguridad a la sede judicial, donde fue notificado de los hechos endilgados.

Acompañado por un abogado particular, el imputado se abstuvo de prestar declaración, al aguardo de la estrategia de su letrado en pos de factiblemente peticionar su excarcelación frente a los delitos que están en pugna.

El resonante suceso que puso en vilo a la seguridad local logró avances procesales, tras dilucidarse la competencia judicial que se presentaba frente al singular delito investigado. Una vez resuelto el entuerto y quedando la pesquisa en manos de la justicia ordinaria, el fiscal Luis Piotti evacuó distintas pruebas y tras escuchar el comparendo de la familia damnificada, dio por concluida la etapa que permitió el pedido de detención.

En efecto, por lo que trascendió del expediente, los hermanos de la familia que denunciaron el grave suceso que se presentaba como un secuestro extorsivo ratificaron sus dichos y responsabilizaron a Mariano Vizcay por los hechos que se caratulan como extorsión y hurto, como así también el suceso penalmente más gravoso que hace a la privación ilegal de la libertad de un menor de edad, su propio sobrino, quien fue sometido a un hecho de extrema violencia y estrés montado para aquel fin, cuyas consecuencias psicológicas no se conocen con certeza.

Tal como se vino informando a lo largo de distintas ediciones, el escabroso y delicado hecho denunciado por la familia Vizcay ocurrió en la noche del 18 de enero, cuando las fuerzas de seguridad lo tomaron como un secuestro extorsivo –así fue la Policía alertada- y con el correr de las horas, los días, desde la fiscalía Federal se concluyó en que todo había sido una farsa y mereció una causa que ahora arribó a sus primeras conclusiones.

El llamado del secuestro

De las actuaciones a las que tuvo acceso este Diario, los investigadores lograron confirmar parte de los trascendidos que oportunamente se informaron en medio de una pesquisa extremadamente hermética.

Se detalló que el policía Emilio Pehuen Geneux recibió alrededor de la 1.20 del 18 de enero un llamado del oficial Gutman de la Seccional Primera, quien lo pone en conocimiento que se estaba produciendo un secuestro extorsivo.

Refirió que arribados a colectora Sur y Caseros, en el comercio de venta de casillas rurales El Yunque, se entrevistó con Esteban Vizcay, titular de la firma, quien dio cuenta que instantes previos había recibido un mensaje vía whatsapp desde el teléfono de su hermano Mariano, desde donde le decían que su hermano había sido secuestrado y que le reclamaban la suma de 50 mil dólares para liberarlo.

El policía narró que Vizcay, habiendo escuchado gritos provenientes de una casilla, halló en el interior de la misma a su sobrino de 8 años, quien al rescatarlo de las ataduras contó que habían sido abordados a la salida del cine por tres personas, los llevaron hasta la colectora y lo dejaron atado en la casilla, yéndose del lugar con su tío Mariano.

La pesquisa

De las investigaciones llevadas a cabo ya por la fiscalía federal que había sido anoticiada del delicado suceso, se corroboró que en la noche del 17 de enero Mariano Vizcay junto a su sobrino concurrieron al cine de Caseros y Portugal. Al salir del cine, siendo los primeros minutos del 18, yéndose en el auto, Mariano se detiene a unas cuadras y desciende del coche porque siente que tenía una goma pinchada. En ese instante es abordado por tres hombres armados.

De allí, Mariano y el niño fueron trasladados en el mismo automóvil al local comercial de los Vizcay, donde maniatan con precintos plásticos y encierran al niño en una casilla, sustraen una suma de dinero y se llevan a Mariano en el propio auto.

A las 0.50 del viernes 18, Esteban Vizcay recibe aquel llamado telefónico del celular de su propio hermano, quien el mismo Mariano le dijo que concurra a El Yunque que estaba el sobrino encerrado en una casilla y que no llame a la policía.

Inmediatamente, Esteban comienza a recibir mensajes vía Whatsapp desde el mismo teléfono de su hermano, exigiéndole 50 mil dólares por la liberación de Mariano e indicándole que no dé aviso a la policía.

Esteban llamó igualmente al 101 dando cuenta del terrible suceso. Cuando él junto a la policía ingresan al local comercial, se advierte que la puerta de la oficina estaba abierta y la luz encendida. Al subir a la oficina, Esteban vio un mueble corrido detrás del cual solían ocultar dinero y al descender de dicha oficina, les dijo a los policías “me robaron”.

Allí fue que Esteban empezó a llamar en alta voz a su sobrino y hermano y fue cuando respondió el niño, que estaba dentro de una de las casillas, y allí el menor contaría lo padecido.

En esos instantes del relato del sobrino, Esteban recibió otros mensajes, entre ellos recibió una foto de Mariano con un gorro o capucha sobre los ojos. Allí siguieron las negociaciones por el mismo canal, hasta que Esteban informó el dinero que podía entregar, respondiendo desde el celular de Mariano que a las 4.30 enviarían una ubicación para hacer el pago.

La entrega del dinero y Mariano “a salvo”

A las 4.45, Esteban recibió la ubicación donde debía efectivizar el pago. La misma era en la ladera del Parque Independencia, hacia la calle Rondeau, a la altura de Fugl. Allí Esteban da cuenta de la cantidad de dinero que había logrado juntar y preguntó a dónde liberarían a su hermano, tras lo cual le responden que la plata se la daría al propio hermano, quien luego él mismo se la llevaría a los captores, no sin antes le envían un mensaje de voz de Mariano como prueba de vida.

Inmediatamente Esteban se dirigió al lugar convenido, dejó la plata en la vereda y se retiró unos metros. Mariano se acercó y le dijo que le alcanzara el dinero más, por lo que Esteban lo volvió a recoger y lo llevó unos metros más hacia los pastizales, no alcanzando a la senda aeróbica existente en el lugar.

En ese momento Mariano le dijo que retrocediera, volviendo hasta el auto. Mariano empezó a bajar, pasando la senda aeróbica, tomó el paquete (la bolsa con dinero) volviendo hacia los pastos donde había salido al principio. Esteban perdió de vista a su hermano unos segundos y luego vio como este empezaba a bajar con la luz del teléfono para orientarse.

Aproximadamente a diez metros del auto de Mariano comenzó a descender más rápidamente y se metió en el vehículo de Esteban, para partir del lugar raudamente, dirigiéndose a la sede de la fiscalía para dar cuenta de que Mariano estaba a salvo, pero que no quería hablar con nadie ni someterse a revisión médica, atento al estado de shock que presentaba.

Después devendría la investigación del tenso y delicado suceso ventilado y nada de lo descripto se condijo con buena parte de la realidad, al decir de los que llevaron adelante la pesquisa.

Conclusiones

Al decir de la fiscalía, se pudo determinar que Mariano Vizcay no fue víctima de un secuestro real y que nunca estuvo cautivo.

Para los actores judiciales, los elementos reunidos permitieron contar con pruebas independientes para arribar a la conclusión de que fue un autosecuestro, probablemente con la asistencia de terceras personas, quienes por estas horas están siendo investigadas.

En efecto, de las imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo municipal (11 cámaras con 33 horas de filmación) como así también ocho cámaras privadas que suman otras cuatro horas de filmaciones, se determinó que Mariano Vizcay, a bordo de su auto, no fue monitoreado en ningún momento por vehículo alguno durante su tránsito, no observándose tampoco personas a pie que realicen vigilancia alguna sobre él o sobre su coche.

Asimismo, se advirtió que a las 4.03 se aprecia a una persona de fisonomía y vestimenta conteste a la víctima, dirigiéndose a pie por calle Fugl en dirección a Rondeau, continuando ese trayecto durante dos minutos rumbo a la zona del pago del “rescate”, con aparente despreocupación, caminando por la calle, no siendo seguida por terceras personas y /o vehículo alguno.

A la vez, quedó constancia en el relato del menor, que cuando fueron abordados por los tres sujetos estos en dos o tres oportunidades llamaron a su tío por su nombre. También sostiene el fiscal que Mariano nunca estuvo privado de su libertad habiendo dispuesto y manipulado él su teléfono celular.

Así, ahora la fiscalía logró definir la acusación por la comisión del delito por la privación de la libertad sufrida por el menor de edad, la sustracción de dinero del local, lesión a la libertad de autodeterminación y a la propiedad de Esteban Vizcay, como la posterior disposición patrimonial realizada por la familia.

El resonante suceso que puso en vilo a la seguridad local hace poco más de un mes, aún mantiene interrogantes procesales que no permitieron avanzar en la pesquisa para esclarecer lo ocurrido. Se trata del escabroso como delicado hecho denunciado por la familia Vizcay, que en la noche del 18 de enero las fuerzas de seguridad lo tomaron como un secuestro extorsivo –así fue la Policía alertada- y con el correr de las horas, los días, desde la fiscalía Federal se concluyó en que todo había sido una farsa. El presunto raptado había montado un autosecuestro por causas que aún se desconocen.

He aquí el interrogante que aún sigue abierta en la causa, ya que el expediente aún naufraga entre las dependencias judiciales que debaten razones de jurisdicción. Más precisamente de competencia.

Como oportunamente se informó, el juez azuleño Martín Bava tomó vista de la instrucción que llevó adelante la fiscalía federal y coincidió en que al descartarse que se trató de un secuestro extorsivo e expediente debía remitirse al fuero provincial, para que la justicia ordinaria investigue los posibles delitos cometidos por el falso secuestrado, Mariano Vizcay, quien a priori podría endilgársele responsabilidades penales tales como la privación ilegítima de la libertad y/o sustracción de un menor de edad, y hasta la extorsión promovida a su propia familia.

Empero, el ministerio público fiscal bonaerense al tomar nota del incidente procesal arribado a la ciudad consideró que hasta aquí las constancias resultan insuficientes para emprender la pesquisa contra el presunto falso raptado.

A más precisiones, de lo que trascendió del expediente al que este Diario tuvo acceso en exclusiva, el fiscal consideró que la hipótesis fáctica de secuestro extorsivo que diera inicio a la instrucción, originada en la acreditada participación de tres personas cuya descripción fuera aportada por el menor de edad involucrado, y que admite en principio un condicionamiento intimidatorio producido incluso desde dentro del propio vehículo de las víctimas, sólo puede descartarse con el grado de convencimiento apropiado a la incidencia, en la medida en que se tenga por establecida la confesión de Vizcay y/o la certeza de que la persona observada caminando por calle Fugl en dirección al lugar del pago del rescate resulta ser efectivamente la propia víctima, circunstancias respecto de las cuales el fiscal dijo que no puede expedirse atento a desconocer en qué carácter se produjeron los dichos de Mariano Vizcay aludidos, como así tampoco cuáles fueron las características de fisonomía y vestimenta que llevaron a concluir que era el propio Vizcay quien camina por las arterias citadas, atento que no se tuvo vista de las constancias completas de la causa.

Llevado al llano, lo que pidió el fiscal y tuvo la venia del juzgado de Garantías local, versa sobre la escasa prueba material aportada para efectivamente echar por tierra que fue un secuestro extorsivo y, a partir de allí, comenzar a investigar la posible comisión de otros delitos de competencia provincial. Así entonces, ahora se deberá aguardar para que el Juzgado Federal remita el expediente completo con todas las actuaciones para así desandar las actuaciones.

El llamado del secuestro

De las actuaciones a las que tuvo acceso este Diario, se logran confirmar parte de los trascendidos que oportunamente se informaron en medio de una pesquisa extremadamente hermética.

Se detalla que el policía Emilio Pehuen Geneux recibió alrededor de la 1.20 del 18 de enero un llamado del oficial  Gutman de la Seccional Primera, quien lo pone en conocimiento que se estaba produciendo un secuestro extorsivo.

Refirió que arribados a Colectora Sur y Caseros, en el comercio de venta de casillas rurales El Yunque, se entrevistó con Esteban Vizcay, titular de la firma, quien dio cuenta que instantes previos había recibido un mensaje vía whatsapp desde el teléfono de su hermano Mariano, desde donde le decían que su hermano había sido secuestrado y que le reclamaban la suma de 50 mil dólares para liberarlo.

El policía narró que Vizcay, habiendo escuchado gritos provenientes de una casilla, halló en el interior de la misma a su sobrino de 8 años, quien al rescatarlo de las ataduras contó que habían sido abordados a la salida del cine por tres personas, los llevaron hasta la colectora y lo dejaron atado en la casilla, yéndose del lugar con su tío Mariano.

La pesquisa

De las investigaciones llevadas a cabo ya por la fiscalía federal que había sido anoticiada del delicado suceso, se corroboró que en la noche del 17 de enero Mariano Vizcay junto a su sobrino concurrieron al cine de Caseros y Portugal. Al salir del cine, siendo los primeros minutos del 18, yéndose en el auto, Mariano se detiene a unas cuadras y desciende el coche porque siente que tenía una goma pinchada. En ese instante es abordado por tres hombres armados.

De allí, Mariano y el niño fueron trasladados en el mismo automóvil al local comercial de los Vizcay, donde maniataron con precintos plásticos y encierran en una casilla al niño, sustraen una suma de dinero y se llevan a Mariano en el propio auto.

A las 0.50 del viernes 18, Esteban Vizcay recibe aquel llamado telefónico del celular de su propio hermano, quien el mismo Mariano le dijo que concurra a El Yunque que estaba el sobrino encerrado en una casilla y que no llame a la policía.

Inmediatamente Esteban comienza a recibir mensajes vía whatsapp desde el mismo teléfono de su hermano exigiéndole 50 mil dólares por la liberación de su hermano e indicándole que no de aviso a la policía.

Esteban llamó igualmente al 101 dando cuenta del terrible suceso. Cuando él junto a la policía ingresan al local comercial, se advierte que la puerta de la oficina estaba abierta y la luz encendida. Al subir a la oficina, Esteban vio un mueble corrido detrás del cual solían ocultad dinero y al descender de dicha oficina le dijo a los policías “me robaron”.

Allí fue que Esteban empezó a llamar en alta voz a su sobrino y hermano y fue cuando respondió el niño, que estaba dentro de una de las casillas, y allí el menor contaría lo padecido.

En esos instantes del relato del sobrino, Esteban recibió otros mensajes, entre ellos recibió una foto de Mariano con un gorro o capucha sobre los ojos. Allí siguieron las negociaciones por el mismo canal hasta que Esteban informó el dinero que podía entregar, respondiendo desde el celular de Mariano que a las 4.30 enviarían una ubicación para hacer el pago.

La entrega del dinero y Mariano “a salvo”

A las 4.45, Esteban recibió la ubicación donde debía efectivizar el pago. La misma era en la ladera del Parque Independencia, hacia la calle Rondeau, a la altura de calle Fugl. Allí esteban da cuenta de la cantidad de dinero que había logrado juntar y preguntó a donde liberaría a su hermano, tras lo cual le responden que le plata se la daría al propio hermano, quien luego el mismo se lo llevaría a los captores, no sin antes le envían un mensaje de voz de Mariano como prueba de vida.

Inmediatamente Esteban se dirigió al lugar convenido, dejó la plata en la vereda y se retiró unos metros. Mariano se acercó y le dijo que le alcanzara el dinero más, por lo que Esteban lo volvió a recoger y lo llevó unos metros más hacia los pastizales, no alcanzando a la senda aeróbica existente en el lugar.

En ese momento Mariano le dijo que retrocediera, volviendo hasta el auto. Mariano empezó a bajar, pasando la senda aeróbica, tomó el paquete (la bolsa con dinero) volviendo hacia los pastos donde había salido al principio. Esteban perdió de vista  a su hermano unos segundos y luego vio como este empezaba a bajar con la luz del teléfono para orientarse.

Aproximadamente a diez metros  del auto de Mariano comenzó a descender más rápidamente y se metió en el vehículo de Esteban, para partir del lugar raudamente, dirigiéndose a la sede de la fiscalía para dar cuenta de que Mariano estaba a salvo, pero que no quería hablar con nadie ni someterse a revisión médica, atento al estado de shock que presentaba.

Después devendría la investigación del tenso y delicado suceso ventilado y nada de lo descripto se condijo con buena parte de la realidad, al decir de los investigadores.

Conclusiones

Al decir de la fiscalía, se pudo determinar que Mariano Vizcay no fue víctima de un secuestro real, y que nunca estuvo cautivo.

Para los actores judiciales federales, los elementos reunidos permitieron contar con pruebas independientes que permitieron arriba a la conclusión de que fue un autosecuestro, probablemente con la asistencia de terceras personas.

En efecto, de las imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo municipal (11 cámaras con 33 horas de filmación) como así también ocho cámaras privadas que suman otras cuatro horas de filmaciones, se determinó que Mariano Vizcay, a bordo de su auto, no fue monitoreado en ningún momento por vehículo alguno durante su tránsito, no observándose tampoco personas a pie que realicen vigilancia alguna sobre él o sobre su coche.

Asimismo, se advirtió que a las 4.03 se aprecia a una persona de fisonomía y vestimenta conteste a la víctima, dirigiéndose de a pie por calle Fugl en dirección a Rondeau, continuando ese trayecto durante dos minutos rumbo a la zona del pago del “rescate”, con aparente despreocupación caminando por la calle, no siendo seguido por terceras personas y /o vehículo alguno.

A la vez, quedó constancia en el relato del menor, que cuando fueron abordados por los tres sujetos estos en dos o tres oportunidades llamaron a su tío por su nombre. También sostiene el fiscal que Mariano nunca estuvo privado de su libertad habiendo dispuesto y manipulado él su teléfono celular.

Así y en tren de conclusiones que derivaron en declarar la falta de competencia federal, se indica que la justicia ordinaria deberá investigar la posible comisión del delito por la privación de la libertad sufrida por el menor de edad, la sustracción de dinero del local, lesión a la libertad de autodeterminación y a la propiedad de Esteban Vizcay, como la posterior disposición patrimonial realizada por la familia.

Ayer, el Juzgado de Garantías local recibió el incidente promovido por el fuero Federal de Azul, acerca de la investigación por la denuncia de un secuestro extorsivo que no fue. Como se preveía, el juez Martín Bava se declaró incompetente por el resonante caso ventilado y ahora la Justicia provincial se hará cargo del expediente.

De aquí en más, la causa quedará en manos de la fiscalía 3, a cargo del doctor Luis Piotti, quien deberá resolver sobre su competencia y, a partir de allí, retomar la pesquisa para definir la responsabilidad penal que le podría caber al empresario que denunció un secuestro extorsivo, involucrando para montar la escena a su propio sobrino como rehén, según trascendió oportunamente de la investigación.

Desde mediados de enero el expediente estaba en manos del juez azuleño Martín Bava, quien analizó las actuaciones y conclusiones arribadas por el Ministerio Público Federal, acerca de que el suceso del empresario Mario Vizcay que conmovió a la ciudadanía y puso en vilo a todas las fuerzas de seguridad local y más allá también,  versó sobre un auto secuestro.

Con el hermetismo que acompañó a la pesquisa en torno al caso, ahora el magistrado dijo coincidir con el postulado del fiscal, acerca de que no se trató de un rapto extorsivo y, consecuentemente amerita que la causa pase a la justicia ordinaria.

Como se detalló en ediciones pasadas, frente a las conclusiones arribadas por la Fiscalía Federal, todo llevó a especular que más temprano que tarde el juez declare la incompetencia y allí trasladará el expediente al Juzgado de Garantías local, desde donde se remitirá las actuaciones a la fiscalía en turno en pos de investigar la posible comisión de otros delitos contemplados en el Código Procesal Penal bonaerense, que hace a la privación ilegal de la libertad del menor involucrado, como así también se entrará en el debate si se estaría frente a la  figura delictual de la estafa.

Al respecto, algunos se adelantaron a explicar que dicha figura no podría correr en este caso para con la falsa denuncia ya que se haber ocurrido, se trató en perjuicio de su propia familia. A saber, sobre los delitos de defraudación el artículo 185 del Código reza: “Están exentos de responsabilidad criminal, sin perjuicio de la civil, por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en línea recta (…) los hermanos y cuñados, si viviesen juntos”, a la vez que se aclara que “la excepción establecida en el párrafo anterior, no es aplicable a los extraños que participen del delito”.

La norma alude a que “viven juntos”, lo cual en este caso no correría, aunque igualmente se materia de debate jurídico eventualmente. Lo propio podría ocurrir con otra figura delictual como la extorsión, a la cual fue víctima el propio entorno familiar del falso rehén.

El caso

Vale reseñar que el escabroso suceso ocurrió durante las primeras horas del 18 de enero cuando, según relató Mariano Vizcay, dueño de la compañía de venta de casillas rurales El Yunque, fue interceptado por tres hombres cuando salía del cine con su sobrino menor de edad. Los presuntos captores abordaron el Ford Focus de Vizcay y lo obligaron a conducir hasta una sede de la empresa ubicada en Colectora Pugliese 510, donde habrían dejado atado al menor, y luego continuaron viaje, según la denuncia del empresario. El chico fue liberado luego de una primera negociación con los familiares de las víctimas, en la que se pactó el pago de un rescate en dólares, y más tarde los secuestradores volvieron a solicitar un monto de dinero en la misma moneda por el empresario, que apareció ileso en cercanías de la zona del Parque Independencia poco después. Sin embargo, durante la pesquisa surgieron informaciones cruzadas sobre el motivo del secuestro y la forma en que se desarrollaron los hechos, lo que aún es objeto de análisis de los investigadores a través de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la zona. Además, la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese) intervino una vez resuelto el episodio, por lo cual no participó de ninguna instancia de negociación ni pudo monitorear las comunicaciones telefónicas entre los familiares y los captores cuando pedían el pago de los rescates. En ese sentido, las fuentes afirmaron que las evidencias recogidas por los pesquisas se contradicen con la declaración del empresario por lo que no descartan que se haya tratado de un hecho planeado con el objetivo de obtener el dinero en dólares de parte de su hermano.

Medianoche de viernes. Un hombre que se presenta como Vizcay llama al 101 pidiendo auxilio porque habían secuestrado a su hijo y su hermano, cuando salían del cine de calle Panamá. Cuenta a los efectivos policiales que al decir del denunciante, tres hombres los abordaron cuando salían con el auto que quedó detenido porque advirtieron que tenía el neumático desinflado. De allí, a punta de pistola los privaron de la libertad.

Semejante suceso ameritó que los uniformados alerten a la fiscalía para que desde el Ministerio Público coordinen las tareas a desplegar ante el gravísimo ilícito ocurrido. Una vez tomada nota de qué venía el caso (se pedía rescate) los funcionarios policiales y judiciales se vieron obligados a dar intervención a la fuerza competente. Debía asumir la pesquisa la fuerza federal. Así se emprendió una investigación delicada como hermética, cuyo silencio aún persiste por estas horas, a poco más de  una semana de un caso sin precedentes en la historia policial vernácula, al menos oficialmente, porque no faltan los mitos y/o verdades ocultas que alguna familia sufrió un suceso similar pero nunca se dio intervención a la policía. Si no hubo intervención, en la estadística nunca ocurrió y todo queda en leyenda urbana.

Pero este caso, en esta oportunidad, sí intervinieron los organismos oficiales, y de hecho se desplegó un amplio operativo que demandó la participación de cuerpos especiales federales más allá de las fronteras serranas. En consecuencia, la historia oficial merece –está obligada- a tener un desenlace, y que ese final sea informado a la población, que se vio conmovida y asustada por aquella atipicidad delictual.

Empero, desde asumida la investigación los actores judiciales federales hasta el presunto final de la causa se encargaron de guardar estricto silencio. A la fecha aún no se conoce conclusión oficial alguna.

Siempre sobre la base de los trascendidos que dieron forma a la versión periodística replicada porque aquellos judiciales se mostraron llamativamente esquivos a comunicar, se informó que el expediente quedó en manos del juez Martín Bava quien, como el mismo recelo, se excusó de dar precisiones sobre lo que hará con las fojas de la instrucción judicial.

Se desprende, bajo el mismo espíritu especulativo periodístico, que el magistrado azuleño resolverá la incompetencia del fuero federal ante las pruebas (¿hay pruebas?) de que todo fue una farsa de un joven que armó un auto secuestro por razones que hasta aquí no fueron tampoco develadas, y a esta altura serán parte privativa de la familia involucrada en un escándalo mayúsculo que quedará guardado en los manuales de las crónicas policiales serranas.

Una vez resuelto el entuerto judicial sobre la competencia, de quedar avalado que no hubo secuestro extorsivo, las actuaciones pasarán al fuero penal provincial, desde donde los funcionarios deberán responder varios interrogantes ante la posible ramificación del hecho, acerca de delitos colaterales como la privación ilegal de la libertad de un menor, la defraudación y hasta la posible extorsión, todas figuras ilícitas que constan en el código penal bonaerense con sensibles sanciones.

Ahora bien, los actores judiciales locales aún no recibieron expediente alguno. Se conoció que los propios jefes policiales de la bonaerense quisieron conocer de primera mano lo que se hizo para comenzar con las diligencias que no serán nada sencillas, pero se toparon con que nada arribó a Tandil. Todo sigue en manos del juez Bava.  No se declaró la incompetencia y sigue siendo un gran misterio, como el mismísimo caso denunciado y luego desmontado.

Preguntas

¿Qué consta en el expediente? Nada se sabe. Si a los federales les alcanzó con una confesión para sacarse de encima la instrucción sería una situación extremadamente delicada. No se descarta que el juez de Azul contemple que no se evacuaron las citas y/o pruebas suficientes para excusarse. O por el contrario, podría ser un juez de Tandil quien considere que no se completaron los protocolos de rigor para descartar que el caso merezca ser investigado por el fuero federal y no provincial.

Es que las dudas son muchas y el escenario se presenta denso como tenso entre los actores. No se sabe a ciencia cierta qué hicieron desde la Fiscalía Federal. ¿Secuestraron los teléfonos celulares donde se realizaron las llamadas del falso captor y el damnificado? ¿Se tomó declaración testimonial al menor afectado? ¿Se entregó efectivamente el botín millonario? Nada oficialmente fue respondido y lo más preocupante de todo podría ser que quien deba responder todos esos acertijos sea la justicia y policía provincial, a más de nueve días de un hecho que ya se fue diluyendo de las primeras planas, de la opinión pública y el candombe virtual, pero para los funcionarios en rigor la historia judicial no terminó, de hecho tampoco habría comenzado.

Los roles

Mientras se aguarda por la eventual disputa de intereses jurisdiccionales, otro gran interrogante que se abrió más allá del caso puntual versa sobre la labor, el rol de los que integran el fuero federal con asiento en la ciudad. De corroborarse aquellas posibles falencias investigativas que deberán subsanarse por el otro fuero, sería el botón de muestra sobre la inacción de una dependencia que caprichosamente la dirigencia política le presta atención y demanda gestiones en pos de dotar de más organismos para un accionar desconocido.

A la fecha, no se conoce causa relevante, importante,  que la fiscalía federal haya intervenido y resuelto. Hay droga y mucha en la ciudad y de tanto en tanto se realizan operativos policiales, pero todos bajo la órbita provincial, que más allá de alguna organización desmontada, trabaja sobre lo que se conoce como el menudeo, léase tenencia con fines de comercialización.  No se sabe de causa alguna iniciada y culminada con juicio de parte del fuero federal. Menos aún por casos de trata de personas, por citar alguno de los delitos a los que tienen injerencia.

Entonces la pregunta apunta a saber por qué el empecinamiento de las autoridades políticas (avalado por el Colegio y Asociación de Abogados) de bregar por un Juzgado Federal. ¿Qué cúmulo de causas tiene? ¿Cuál es la demanda en el fuero para darle prioridad cuando la justicia ordinaria está colapsada?

Hace tiempo se viene denunciando las falencias de infraestructura y falta de recursos humanos que tiene la justicia penal en la ciudad. Con apenas un defensor oficial tapando todos los sensibles baches de cada vez más causas. Con un juzgado Correccional que fija fecha de debates a tres años porque no hay margen de acción.

No hace muchos años, se conocía a la comisaría Federal como una simple dependencia donde se obtenía le célula en pos de una necesidad particular. Algo así como un sello de goma. Hoy a los agentes se los ve custodiando un edificio de un organismo oficial ante el acecho de una manifestación de Altamirano y compañía, actores sociales combativos como funcionales el estatus quo de aquellos dirigentes que se toman de la mala imagen de la militante para buscar un rédito político ante la comunidad que rechaza el modus operandi del reclamo y sus demandantes.

Ahí sí fueron noticia los uniformados de calle Maipú: cuando un grupo de vecinos afín a aquella dirigencia oportunista,  se solidarizó con ellos tras recibir en la cara desechos cloacales. Hasta ahí su protagonismo.

Nada más a la vista. Todo tan silencioso que tiende a pensarse en que en verdad aquel recelo informativo transformado en misterio, no tiene que ver con cuidar las formas y proteger a los damnificados, si no más bien con cuidar su propio presente y futuro, sin demasiados sobresaltos. No sea cosa que en verdad pudo ser un secuestro y había que trabajar…

Las cámaras de seguridad

El caso policial que puso en vilo a las fuerzas de seguridad por secuestro extorsivo del que se presume que no fue, además dejó otras aristas que merecen ser atendidas, especialmente cuando desde la comuna se sale orgullosa a informar sobre el rol clave de las cámaras del centro de monitoreo.

Por caso el resonante homicidio de Bustamante sirvieron para permitir reconstruir -una vez consumado el trágico suceso claro está-  el circuito por donde circularon víctima y victimarios. Algo similar ocurrió con la pesquisa por lo que se creía un rapto extorsivo, ya que con las imágenes captadas en avenida Alvear habrían permitido derrumbar la versión de la falsa víctima a la hora de contradecir sus dichos de donde y a qué hora estaba esa madrugada del viernes.

Aquí una vez más desde el Municipio se salió con disimulo a lucir las “bondades” del circuito fílmico. Empero, obviaron señalar que ante las primeras averiguaciones de aquella noche, los investigadores se toparon con que varias cámaras de las que se necesitaba información no funcionaban por razones que no fueron develadas.

Más precisamente se trató de las cámaras ubicadas en la avenida Falucho y Ruta 226, como así también unos metros más adelante, en el peligroso cruce con la avenida Pedersen. Por lo que trascendió, dichos dispositivos no estaban en funcionamiento, lo que no permitieron contar con imágenes que hubieran sido importantes para dilucidar el presunto trayecto realizado por captores y raptado, identificando el auto en el que se trasladaba.

Otro dato relevante, tampoco hay cámara alguna en la zona de ingreso al circuito del Lago. Efectivamente cuando los investigadores quisieron corroborar donde fue la presunta entrega del dinero del rescate, en la zona del monumento a Fugl, no hay cámara alguna. El “detalle” no dejó de llamar la atención para los investigadores siendo que se trata de un espacio muy utilizado y concurrido por todo lo que concierne al movimiento en dicho espacio.

Una vez más, la pregunta fue con quién se coordina la ubicación de los dispositivos y bajo qué criterio.

Desde la antevíspera, el expediente de la Fiscalía Federal está en mano del juez azuleño Martín Bava, quien analiza sobre las actuaciones y conclusiones arribadas por el Ministerio Público, acerca de que el suceso del empresario Mario Vizcay que conmovió a la ciudadanía y puso en vilo a todas las fuerzas de seguridad local y más allá también,  versó sobre un auto secuestro.

Con el hermetismo que supo imponer la pesquisa en torno al caso, ahora es el magistrado del fuero federal quien debe tomar nota y resolver si coincide o no con el postulado del fiscal, acerca de que no se trató de un rapto extorsivo y, consecuentemente amerita que la causa pase a la justicia ordinaria.

Como se detalló, frente a las conclusiones arribadas por la Fiscalía Federal, todo lleva a especular que más temprano que tarde el juez declare la incompetencia y allí trasladará el expediente al Juzgado de Garantías local, desde donde se remitirá las actuaciones a la fiscalía en turno en pos de investigar la posible comisión de otros delitos contemplados en el Código Procesal Penal bonaerense, que hace a la privación ilegal de la libertad del menor involucrado, como así también se entrará en el debate si se estaría frente a la  figura delictual de la estafa.

Al respecto, se explicó que dicha figura no podría correr en este caso para con la falsa denuncia ya que se haber ocurrido, se trató en perjuicio de su propia familia. A saber, sobre los delitos de defraudación el artículo 185 del Código reza: “Están exentos de responsabilidad criminal, sin perjuicio de la civil, por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en línea recta (…) los hermanos y cuñados, si viviesen juntos”, a la vez que se aclara que “la excepción establecida en el párrafo anterior, no es aplicable a los extraños que participen del delito”.

El caso

El hecho ocurrió durante las primeras horas del 18 de enero cuando, según relató Mariano Vizcay, dueño de la compañía de venta de casillas rurales El Yunque, fue interceptado por tres hombres cuando salía del cine con su sobrino menor de edad. Los presuntos captores abordaron el Ford Focus de Vizcay y lo obligaron a conducir hasta una sede de la empresa ubicada en Colectora Pugliese 510, donde habrían dejado atado al menor, y luego continuaron viaje, según la denuncia del empresario. El chico fue liberado luego de una primera negociación con los familiares de las víctimas, en la que se pactó el pago de un rescate en dólares, y más tarde los secuestradores volvieron a solicitar un monto de dinero en la misma moneda por el empresario, que apareció ileso en cercanías de la zona del Parque Independencia poco después. Sin embargo, durante la pesquisa surgieron informaciones cruzadas sobre el motivo del secuestro y la forma en que se desarrollaron los hechos, lo que aún es objeto de análisis de los investigadores a través de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la zona. Además, la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese) intervino una vez resuelto el episodio, por lo cual no participó de ninguna instancia de negociación ni pudo monitorear las comunicaciones telefónicas entre los familiares y los captores cuando pedían el pago de los rescates. En ese sentido, las fuentes afirmaron que las evidencias recogidas por los pesquisas se contradicen con la declaración del empresario por lo que no descartan que se haya tratado de un hecho planeado con el objetivo de obtener el dinero en dólares de parte de su hermano.

La causa por el secuestro extorsivo de un empresario tandilense dio un drástico giro en las últimas horas. En principio, los elementos de prueba reunidos en el marco de la investigación que llevó adelante bajo estricto hermetismo la Fiscalía Federal de Tandil junto a efectivos de las fuerzas policiales nacional y provincial, habrían puesto en jaque la “dudosa” denuncia.

En efecto, remitieron las actuaciones hacia el Juzgado Federal de Azul y se presume que la decisión tendría por objetivo solicitar la declaración de la incompetencia -dado que no habían podido constatar la hipótesis del secuestro extorsivo en virtud de la evidencia- para remitir las actuaciones a la Justicia bonaerense, desde donde se iniciaría  una investigación frente a otros delitos que podrían derivar del suceso.

Así, en caso de confirmarse que no se trató de un delito federal como el denunciado, se abriría un nuevo escenario frente a una trama por dilucidar que deberá enfocarse en lo sucedido en la madrugada del viernes.

En ese sentido, trascendió que el menor efectivamente habría sido hallado en el interior de una casilla ubicada en la sede de la empresa por lo que se presume que estuvo cautivo hasta que fue rescatado por un familiar. Además resta resolver qué sucedió con el dinero solicitado como rescate y que la familia habría pagado.

Desde allí se sospecha que sería la Justicia bonaerense la que deberá tomar las actuaciones realizadas e investigar otros delitos, por caso, la privación ilegal de la libertad del menor y la estafa y/o extorsión sufrida por la familia Vizcay, en caso que el juez Bava declare la incompetencia.

El caso se registró este viernes por la madrugada cuando, según el testimonio del involucrado, tres delincuentes interceptaron a Mariano Vizcay (31), dueño de la empresa de venta de casillas rurales “El Yunque”, al salir del cine junto con su sobrino, a quienes mantuvieron cautivos tras el pago de una importante suma de dinero.

El comunicado

Ayer por la tarde la Fiscalía Federal de Tandil, interinamente a cargo de Hernán Castro, presionado por las versiones periodísticas que se ganaron la calle acerca del esclarecimiento del caso, emitió un comunicado en el que se desprende que habría tratado de un autosecuestro.

Si bien no lo indica abiertamente, se desprende que remitió las actuaciones al juzgado azuleño para declarar la incompetencia dado que, si se ratifica esta línea de acción, se estaría frente a delitos de injerencia provincial.

En primer término, a través del escrito la Fiscalía Federal informó que desde el momento de recepción de la denuncia se trabajó “sin pausa en el esclarecimiento de los hechos denunciados”, y que “el hombre cuya desaparición había sido denunciada se encuentra en buen estado de salud”.

Confirmó que ayer la causa fue remitida al Juzgado Federal de Azul a cargo de magistrado Martín Bava, “quien deberá resolver sobre los requerimientos realizados por el fiscal, por lo que no corresponde por el momento brindar mayores precisiones”.

“La cuestión se dilucidó con rapidez debido al trabajo realizado con la asistencia de distintas fuerzas especializadas de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. Se contó, además, con la colaboración de personas particulares y con funcionarios de la Justicia provincial, que se pusieron inmediatamente a disposición”, señaló en otro párrafo del breve comunicado.

Por último aclaró que la reserva de la información radica “no sólo en garantizar el éxito de la investigación sino la posibilidad de que deriven de este expediente otras investigaciones”, en alusión a las ramificaciones que podría tener el caso ante el fuero penal bonaerense.

El hecho denunciado

Pese a la prudencia con la que se trabajó el caso, el relato del damnificado ponía en escena un hecho ocurrido en las primeras horas del viernes, en momentos en que fue interceptado por tres delincuentes cuando salía del cine junto a su sobrino.

En un primer momento el relato indicaba que el hijo del hermano de la víctima había sido dejado en colectora Pugliese cuando se dirigían a la empresa, desde allí se comunicó con su padre, que alertó a las autoridades policiales.

Sin embargo, con el correr de las horas se supo que la denuncia advertía que ambos habían quedado cautivos en una modalidad delictiva que se desarrolló durante buena parte de la madrugada.

En principio, se indicaba que los delincuentes habían utilizado el auto en el que se movilizaba el empresario, un Ford Focus blanco, para dirigirse hacia la empresa ubicada en colectora sur 510.

Una vez allí, pidieron la entrega de dinero para liberar al sobrino, en una negociación con los familiares. La transacción para el pago de una importante suma en dólares se habría concretado en la zona del Lago del Fuerte, en cercanías al monumento a Juan Fugl.

Luego, y una vez dado a conocer el paradero del menor (estaba dentro de una de las casillas de la firma en Colectora Pugliese) los secuestradores habrían exigido otro monto por Vizcay, a quien finalmente liberaron en la zona del Parque Independencia alrededor de las 6.

El automóvil fue hallado abandonado en el camino rural que se dirige hacia El Solcito.

Las inconsistencias del relato

El grave hecho investigado (sin precedentes en la ciudad) desde un comienzo contó con ribetes complejos, a partir de una trama relatada por la presunta víctima que no cuajaba en los investigadores. Una vez recopilada la prueba sobre el eventual periplo “sufrido” por el denunciante se fue concluyendo en que la escena descripta por Vizcay no se correspondía con la evidencia de lo que hizo al análisis de los teléfonos celulares, cámaras de monitoreo y demás indicios recopilados.

Acorralado por dicha evidencia, no quedó margen para la presunta víctima para sostener lo que para los investigadores resultó una farsa. Empero, otras versiones suman el malestar del propio entorno familiar ante las circunstancias que debió atravesar el menor, más allá de la cuestión monetaria.

La futura pesquisa en la justicia provincial

Como se indicó, de confirmarse la incompetencia del Fuero Federal, el expediente pasará a manos de la justicia provincial, donde la fiscalía en turno deberá asumir el redireccionamiento de la causa, investigando el delito que habría cometido la falsa víctima.

A priori, se especula en los delitos contemplados en el Código Procesal Penal que aluden a la privación ilegal de libertad, agravada al tratarse de un familiar (el sobrino, incluso menor de edad), más la figura de estafa o hasta extorsión (la que habría sufrido la familia).

Puntualmente al artículo 142 del Código Penal reza: “Se  aplicará  prisión  o  reclusión  de  dos  a  seis  años,  al  que  privare  a  otro  de  su  libertad personal,  cuando  concurra  alguna  de  las  circunstancias siguientes: Si  el  hecho  se  cometiere  con  violencias  o  amenazas  o  con  fines  religiosos o de venganza;  Si  el  hecho  se  cometiere  en  la  persona  de  un  ascendiente,  de  un hermano,   del   cónyuge   o   de   otro   individuo   a   quien   se   deba   respeto particular;  Si  resultare  grave  daño  a  la  persona,  a  la  salud  o  a  los  negocios  del  ofendido,  siempre  que  el  hecho  no  importare  otro  delito  por  el  cual  la ley imponga pena mayor; Si la privación de  la libertad durare más de un mes”.

De todas maneras, hay antecedentes de que la Justicia Federal siguió interviniendo en el falso secuestro y, de hecho, procesó a los autores.(ver aparte), por lo que deberá aguardarse por la decisión del juez Bava.

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EL ANTECEDENTE

Procesaron a una mujer acusada de simular su secuestro extorsivo y el de su hija menor de edad

A propósito del falso secuestro extorsivo en la ciudad, la Justicia Federal cuenta con antecedentes de similares características. De hecho recientemente se publicó en la página oficial del Ministerio Pública Fiscal Federal un suceso que mereció el reproche penal para con una mujer que simuló un secuestro.

A saber, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, confirmó el procesamiento de tres mujeres con prisión preventiva, como coautoras del delito de secuestro extorsivo agravado por haberse logrado el cobro del rescate, por ser la víctima menor de edad y por haberse cometido con la intervención de tres o más personas.

El hecho tuvo lugar el 30 de mayo pasado cuando un comerciante de la capital mendocina recibió un llamado en el cual le aseguraban que tenían secuestrada a su hija y a su expareja, y le exigían el pago de 200 mil pesos, que debía entregar en las cercanías del centro comercial Mendoza Plaza Shopping. Para dar credibilidad a la amenaza, los supuestos captores le enviaron una fotografía de su expareja, atada de manos y arrodillada al lado de la hija de ambos, mientras ambas eran apuntadas con un arma de fuego.

Paralelamente a la comunicación con el hombre, los supuestos secuestradores llamaron a la madre de la mujer para presionarla con mensajes intimidatorios asegurando que tenían cautiva a su hija y exigiéndole que convenciera su ex yerno de pagar el rescate.

Así, el padre de la niña denunció el hecho ante la Fiscalía Federal 1 de Mendoza, quien requirió la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), que encabeza Santiago Marquevich.

Finalmente, se pactó un pago de 28 mil pesos, el que fue entregado en un barrio del Asentamiento Buena Nueva de Guaymallén, tras lo cual las víctimas fueron liberadas. De hecho, la misma expareja del hombre fue quien se comunicó con él y le avisó que ambas estaban bien.

A raíz de las intervenciones telefónicas dispuestas en la investigación, se logró identificar a otra de las imputadas, ya que se jactó de lo ocurrido en una comunicación telefónica. Finalmente, otras cuatro personas fueron detenidas por el hecho y, al ser indagadas, señalaron a la expareja del hombre, como la responsable de organizar el secuestro junto a una amiga.

Las tres mujeres fueron procesadas por el Juzgado Federal de Mendoza,  como coautoras del delito de secuestro extorsivo agravado por haberse logrado el cobro del rescate, por ser la víctima menor de edad y por haberse cometido con la intervención de tres o más personas.

A pesar del hermetismo con que se maneja la causa relacionada con el suceso del viernes a la madrugada donde un empresario denunció que había sido secuestrado por tres delincuentes y recién liberado tras el pago de una cuantiosa cifra de dinero, trascendió a este medio que la información finalmente sería falsa, y que Mariano Vizcay se habría autosecuestrado.

En las próximas horas el Fiscal Federal de Azul, se hará presente en Tandil para brindar mayores precisiones sobre el caso que ha tomado una nueva dimensión.

Bajo un estricto hermetismo fiscalía y policía federal aguardan por pesquisas clave para resolver el secuestro extorsivo

Como se señaló en El Eco de Tandil, arribó también a la ciudad la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos provenientes desde el Gran Buenos Aires, quienes se pusieron al frente de la pesquisa coordinados por el fiscal, quienes, entre otras diligencias procesales analizaron los videos de las cámaras de monitoreo ubicadas en el circuito trazado por las víctimas en torno al secuestro, puntualmente analizando los movimientos realizado por los captores en las horas que tuvieron al empresario y a su sobrino en cautiverio.