El Gobierno nacional oficializó la designación de dos nuevos funcionarios para integrar el equipo de trabajo del Ministerio de Seguridad, cartera que se encuentra bajo la conducción de Alejandra Monteoliva. La medida fue comunicada este miércoles mediante la publicación de los decretos 435/2026 y 436/2026 publicados en el Boletín Oficial.

Según se detalla en la normativa, el magíster Diego Manuel Fleitas Ortíz de Rozas fue nombrado para ocupar el cargo de subsecretario de Asuntos Estratégicos y Fortalecimiento Institucional. Al respecto, el texto oficial señala: “Desígnase, a partir del 8 de mayo de 2026, en el cargo de Subsecretario de Asuntos Estratégicos y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Seguridad Nacional al magíster Diego Manuel Fleitas Ortíz de Rozas”.

Por otra parte, el abogado Alfredo Martín Culatto fue designado como subsecretario de Intervención Federal de la Secretaría de Seguridad nacional. Sobre este nombramiento, el decreto establece: “Desígnase, a partir del 1° de junio de 2026, en el cargo de Subsecretario de Intervención Federal de la Secretaría de Seguridad nacional del Ministerio de Seguridad Nacional al abogado Alfredo Martín Culatto”.

Ambos documentos cuentan con la firma del presidente Javier Milei y de la ministra Alejandra Monteoliva.

La posibilidad de que el Congreso de la Nación fuera escenario de la despedida pública de Carlos “Indio” Solari, fallecido este viernes a los 77 años, quedó descartada luego de una evaluación realizada por las autoridades nacionales. Así lo confirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien señaló que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones necesarias para recibir un evento de semejante magnitud.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el dirigente riojano explicó que se realizaron consultas con el Ministerio de Seguridad de la Nación y con las áreas técnicas competentes para analizar la viabilidad de un homenaje en el Congreso.

“Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”, indicó Menem.

La decisión se conoció pocas horas después de la muerte del cantante, una figura central en la historia del rock argentino y referente cultural de varias generaciones. Ante la repercusión nacional que provocó su fallecimiento, habían surgido versiones sobre la posibilidad de organizar una despedida pública en el Congreso.

No obstante, el titular de la Cámara de Diputados aseguró que el Gobierno nacional mantiene su disposición para colaborar con la familia del artista en la búsqueda de un espacio alternativo.

“Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado”, expresó.

Al comienzo de su mensaje, Menem también dedicó unas palabras de reconocimiento al músico y manifestó sus condolencias a familiares, amigos y seguidores.

“Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida”, sostuvo.

La muerte del Indio Solari generó una profunda conmoción en todo el país. Considerado una de las figuras más influyentes de la música argentina, dejó una huella imborrable a través de su trayectoria con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de su posterior carrera solista, construyendo un fenómeno cultural que trascendió generaciones y fronteras.

La secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri y el Intendente Miguel Lunghi oficializaron la entrega de un nuevo vehículo y un alcoholímetro para la Policía Vial. La funcionaria destacó que esta inversión, realizada con fondos propios del área de Protección Ciudadana, busca optimizar la capacidad operativa de los efectivos que patrullan los corredores viales que rodean a la ciudad. A su vez, harán controles a choferes de contingentes de viajes de egresados.

Sobre la importancia de la incorporación, Alejandra Marcieri explicó: "Estamos entregando un automóvil 0 km a la Policía de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires y un alcoholímetro para iniciar una etapa de tareas conjuntas de prevención en todos los corredores de ruta que rodean Tandil. Esto fue adquirido con fondos propios de la Municipalidad y puesto a disposición de la policía Vial para reforzar todos los operativos y poder también sumar a los operativos el acompañamiento del Centinela en Territorio. Es un trabajo conjunto de prevención vial y de también de prevención del delito dentro de los corredores viales".

La secretaria hizo hincapié en las múltiples funciones que debe desempeñar la fuerza en las rutas, las cuales requieren de herramientas adecuadas para garantizar la seguridad de los vecinos y de quienes transitan por la zona. En este sentido, la funcionaria detalló las necesidades operativas que motivaron la adquisición del nuevo patrullero.

“Hacía falta el móvil para la Policía Vial. Este ellos tienen un vehículo para las tres rutas que rodean a nuestra ciudad, para ir a una emergencia y a la vez también poder realizar las tareas de prevención del delito, que tiene que ver con detención de autos, identificación de personas, ver si los vehículos tienen la documentación para circular, las pesquisas que tienen que hacer en busca de estupefacientes, de armas o trabajar sobre la posible piratería”, planteó al respecto.

Uno de los puntos centrales del anuncio fue la implementación de un esquema de control más riguroso para los contingentes estudiantiles. Según explicó Alejandra Marcieri, la iniciativa surgió a partir de la preocupación manifestada por padres de alumnos, quienes el año pasado solicitaron mayor presencia estatal en los horarios de madrugada, momento en el cual los servicios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) no suelen estar operativos.

Con el objetivo de plantear una propuesta planificada, el Municipio trabajará de manera coordinada con la Dirección de Juventud y el COES. El fin es establecer un contacto previo con las instituciones educativas para organizar los operativos de control con la debida antelación. 

"El año pasado, muy sobre la fecha, hubo padres que se dirigieron al Municipio, a distintas áreas, inclusive al Concejo Deliberante, pidiendo controles de alcoholemia en horarios de madrugada para los contingentes que salían hacia, por ejemplo, Ezeiza", recordó la secretaria.

Finalmente, Alejandra Marcieri detalló cómo será la logística de estos operativos: “Hicimos todo un acompañamiento, le dimos nosotros un alcoholímetro propio de la Secretaría de Control Urbano, coordinamos con la gente de Vial, pero queríamos que sea de manera improvisada, por lo cual hemos tomado contacto con la Dirección de Juventud que está proponiendo al COES establecer un contacto con las secundarias que vayan a partir de nuestra ciudad en un horario en que la CNRT no pueda hacer el control”, precisó. 

“Será para con la Policía Vial para que haya dos puntos, uno en la llamada Caminera y otro en El Paraíso. Además podrán hacerlo  con órdenes de servicio, con antelación, para poder brindar ese servicio que ni más ni menos va a garantizar la seguridad vial y la correcta conducción de contingentes con alcoholemia cero”, concluyó.

La Provincia de Buenos Aires avanza en la modernización del Sistema Integral de Emergencias 911 con una inversión histórica superior a los 23 mil millones de pesos, destinada a fortalecer una infraestructura clave para la atención de situaciones que requieren asistencia inmediata.

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Seguridad bonaerense, que destacó que se trata de una renovación tecnológica total del servicio, que funciona las 24 horas del día durante todo el año y constituye el primer punto de contacto de la ciudadanía ante emergencias policiales, sanitarias o de bomberos.

La contratación se concretó mediante la Licitación Pública 20/2025, y desde el Gobierno provincial subrayaron la “eficiencia fiscal del proceso”, ya que el monto adjudicado resultó inferior al presupuesto oficial estimado en $23.105.697.326,46.

Tras una mejora de precios solicitada por la administración bonaerense, la oferta seleccionada cumplió con todos los requisitos técnicos establecidos, garantizando tanto la continuidad del servicio como una actualización tecnológica sin precedentes.

Uno de los ejes principales del proyecto es la incorporación de una nueva Central de Atención Telefónica de Emergencias (CATE) en el municipio de La Matanza.

Actualmente, el sistema opera desde tres sedes ubicadas en La Plata, Mar del Plata y Campana. La nueva central permitirá descomprimir la carga operativa de la cabecera platense y ofrecer una gestión más ágil y eficiente en el Conurbano bonaerense y la zona oeste de la provincia.

Las CATE son estructuras técnico-operativas encargadas de recibir los llamados, clasificar los incidentes según su urgencia y derivarlos en tiempo real a los centros de despacho policial u otros organismos competentes.

Con esta cuarta central, el sistema podrá responder con mayor eficiencia y garantizar continuidad operativa ante picos de demanda o eventuales contingencias técnicas.

La principal innovación de esta etapa será la incorporación de agentes de Inteligencia Artificial (IA) que asistirán a los operadores del sistema SAE911 y SAD911.

Estos asistentes virtuales podrán realizar:

Además, toda la información generada quedará estructurada y disponible para investigaciones judiciales y tareas de análisis criminal, fortaleciendo el sistema de información policial.

La modernización también contempla el recambio total del equipamiento informático, necesario cada tres años para mantener la capacidad de cómputo y almacenamiento en plataformas que operan bajo modalidad 7x24.

El contrato incluye soporte técnico durante 24 meses e incorpora importantes herramientas y conexiones estratégicas, entre ellas:

Videollamadas de emergencia, que permitirán la comunicación por video con los ciudadanos y el registro de las interacciones.

Monitoreo geolocalizado en tiempo real, mediante integración del servidor AVL, con capacidad para seguir hasta 200.000 dispositivos, incluyendo patrulleros, tablets, radios analógicas y sistemas push-to-talk para efectivos a pie.

Herramientas de accesibilidad e inclusión, orientadas a personas hipoacúsicas, junto con la integración de botones antipánico y la articulación directa con el Sistema 911 Federal, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, el Renaper e Interpol.

Desde la Provincia señalaron que este avance consolida “un método de trabajo coordinado, integrado y basado en evidencia científica”, y remarcaron que la inversión tecnológica busca dejar un legado institucional permanente para mejorar la seguridad y la capacidad de respuesta del Estado en beneficio de todos los bonaerenses.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó la realización de un operativo de control denominado “Tormenta Negra” en diversos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Previamente, el mandatario había anunciado la creación de un “muro de control” con el objetivo de proteger a los ciudadanos porteños de la situación delictiva en el Conurbano.

Ante estas declaraciones, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, respondió a través de sus redes sociales con duras críticas hacia la gestión de Jorge Macri. El funcionario bonaerense afirmó: “Hoy hizo gala de su necesidad de figurar y cacareó en los medios que busca ‘contagiarnos’ su pasión por combatir el delito”, y añadió que “los argentinos no olvidamos que usted es Macri, y como tal, lo único que nos puede contagiar es su insana codicia”.

Javier Alonso también se refirió con ironía a la propuesta del muro fronterizo: “Si concreta su muro, espero que contemple un permiso de ingreso para sus antiguos vecinos de Vicente López”. Según el ministro, el accionar de la Ciudad es una respuesta tardía a las políticas provinciales, señalando que “la realidad indica lo contrario: tras nuestro operativo de saturación en el barrio Ejército de los Andes, nosotros les demostramos cómo se debe trabajar”.

El conflicto surge tras un despliegue masivo de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) en el barrio conocido como “Fuerte Apache”, en el partido de Tres de Febrero. En dicho procedimiento se realizaron allanamientos contra integrantes de al menos dos bandas dedicadas al narcotráfico. Al respecto, el ministro sostuvo: “Ustedes solo salieron detrás a intentar una réplica en sus zonas conflictivas”.

En relación a la supuesta inspiración de la Ciudad en los métodos provinciales, el ministro agregó: “Celebramos que nos sigan. No queremos nuevos ‘Pequeños J’ que lleven a nuestros barrios la droga que circula libremente por la Ciudad”. Finalmente, Javier Alonso cuestionó las motivaciones detrás de las obras de infraestructura propuestas por el jefe de Gobierno. “Este abordaje serio de la seguridad -resaltó Alonso- es más útil que proyectar muros. ¿O será que lo puede la codicia por la obra pública? Si concreta su muro, espero que contemple un permiso de ingreso para sus antiguos vecinos de Vicente López”, declaró.

Para cerrar su descargo, el funcionario provincial remarcó la superioridad operativa de sus fuerzas: “Nos enorgullece que siga nuestro ejemplo con tan pocas horas de diferencia. Es una conducta coherente: sus fuerzas especiales son capacitadas por las nuestras hace años para alcanzar niveles profesionales de operatividad. Siga atento a nuestra gestión; siempre es bueno que aprenda de quienes obtienen resultados reales”.

El Gobierno nacional autorizó el intercambio de información del programa Tribuna Segura con las autoridades de Estados Unidos en el marco de la organización de la Copa del Mundo FIFA 2026. La medida fue oficializada a través de la Resolución 444/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La disposición establece que la Embajada de Estados Unidos en la Argentina podrá acceder a la base de datos de personas que poseen restricciones vigentes para ingresar a espectáculos deportivos. Según explicó el Gobierno, el objetivo es reforzar las tareas de prevención y planificación de seguridad ante la llegada de simpatizantes argentinos al torneo que se disputará entre el 9 de junio y el 19 de julio de 2026 en territorio estadounidense, canadiense y mexicano.

En los fundamentos de la resolución, el ministerio recordó que la Ley del Deporte y distintas normas complementarias facultan al Estado a implementar medidas de prevención de la violencia en espectáculos futbolísticos. También repasó el funcionamiento del programa Tribuna Segura, creado para controlar el acceso a los estadios y detectar a personas con derecho de admisión, restricciones judiciales o sanciones administrativas vinculadas a hechos violentos en el fútbol.

La cartera de seguridad señaló además que el intercambio de datos se enmarca en acuerdos de cooperación internacional firmados entre Argentina y Estados Unidos para combatir el crimen grave y fortalecer la colaboración en materia de seguridad. En ese contexto, recordó antecedentes recientes como la cesión de información para la Copa América 2024 y el Mundial de Clubes FIFA 2025.

La resolución aclara que los datos compartidos solo podrán utilizarse con fines vinculados a la planificación táctica y operativa de seguridad del Mundial 2026. Asimismo, prohíbe expresamente cualquier otro uso posterior o ajeno a ese objetivo. El texto oficial también fija límites temporales para la utilización de la información.

Según se indicó, la base de datos podrá emplearse únicamente durante el desarrollo del campeonato y hasta cinco días corridos después de su finalización, exclusivamente para tareas de control y verificación relacionadas con el evento. Una vez vencido ese plazo, las autoridades receptoras deberán acreditar la eliminación definitiva e irreversible de toda la información recibida, sin conservar copias ni respaldos.

En un encuentro clave desarrollado en Pilar, un nutrido grupo de intendentes bonaerenses planteó al ministro de Seguridad, Javier Alonso, la necesidad de avanzar hacia una mayor autonomía de las policías locales. La propuesta central, que busca dotar de más herramientas a las comunas frente a la problemática de la inseguridad, incluye la posibilidad de que los efectivos de estas fuerzas utilicen armas de fuego en sus tareas operativas.

El intendente Ariel Sujarchuk ofició de anfitrión en una jornada donde se analizó la realidad de los distritos densamente poblados. Los alcaldes coincidieron en que la descentralización de responsabilidades debe estar acompañada por un marco legal que les permita ejercer como jefes formales de las fuerzas en sus territorios. Actualmente, la mayoría de estos municipios cuenta con dispositivos de prevención, pero el objetivo es ampliar las competencias para mejorar la operatividad en el territorio.

Esta iniciativa encuentra un antecedente en las palabras del gobernador Axel Kicillof, quien durante la apertura de sesiones legislativas de este año mencionó un proyecto de ley orientado a incrementar la autonomía de las policías locales. Si bien la normativa aún no fue remitida al parlamento provincial, el ministro Javier Alonso escuchó de primera mano los reclamos de los mandatarios municipales, quienes exigen un cambio de perfil buscando pasar de la prevención ciudadana al combate directo del delito.

Según explicaron fuentes del Ministerio de Seguridad, el funcionario tomó nota de los pedidos, que también contemplan la asignación de recursos provinciales para sostener este nuevo esquema. Los jefes comunales sostienen que para tener una responsabilidad definida sobre la seguridad, requieren un poder efectivo sobre el personal policial y una descentralización administrativa real.

La reunión contó con una amplia representación política que incluyó a Jorge Ferraresi (Avellaneda), Leonardo Botto (Luján), Federico Susbielles (Bahía Blanca), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Federico Achával (Pilar). Asimismo, se sumó el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, marcando una postura conjunta que trasciende las filas del peronismo e integra a referentes del PRO.

El Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Sergio Gabriel Torres, el Ministro de Seguridad, Eduardo Javier Alonso, el Ministro de Salud, Nicolás Kreplak y el presidente del CUCAIBA, Francisco Leone, suscribieron un acuerdo de cooperación para optimizar los procesos de ablación y trasplante, garantizando la celeridad judicial y el respeto a las investigaciones penales.

Con el objetivo estratégico de salvar vidas y dotar de mayor previsibilidad a los procesos judiciales, se formalizó la aprobación del Protocolo de Actuación Integral en Procesos de Ablación de Órganos y/o Tejidos en Casos de Muerte Traumática.

Esta iniciativa surge de un trabajo articulado entre la Procuración General, la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio de Seguridad y el CUCAIBA, en busca de mejorar la coordinación entre los distintos actores involucrados.

El nuevo protocolo armoniza lo establecido por la Ley Justina, Ley Nacional N° 27.447, y la Ley Provincial N° 15.419, con el Código Procesal Penal bonaerense. Su finalidad es resolver la histórica tensión entre la necesidad médica de una ablación inmediata y la preservación de pruebas en investigaciones de muertes violentas o sospechosas de criminalidad.

A través de esta normativa, se establecen plazos estrictos y responsabilidades claras para magistrados, fiscales, peritos médicos y fuerzas de seguridad.

Entre los puntos más destacados, se establece la prioridad y celeridad, ya que el Juez de Garantías deberá resolver la autorización de ablación en un plazo máximo de cuatro horas. También se fija la intervención fiscal, con un plazo de dos horas para que el Agente Fiscal emita su opinión sobre la viabilidad del procedimiento, asegurando que no se comprometa el examen autopsiano posterior. Además, se refuerza la coordinación pericial, garantizando que las autopsias de donantes tengan prioridad absoluta en las morgues policiales y facilitando la entrega del cuerpo a sus familiares sin demoras innecesarias.

Para el MPBA, este protocolo representa un avance fundamental en la gestión de las Investigaciones Penales Preparatorias, ya que la participación temprana del médico legista y la comunicación fluida con el CUCAIBA permiten actuar con sensibilidad humana sin descuidar el rigor técnico-científico.

El acuerdo marco incluye además un compromiso de capacitación permanente para todos los operadores involucrados, con el objetivo de que tanto el personal policial como los instructores judiciales y el personal sanitario compartan criterios y procedimientos estandarizados que reduzcan los tiempos de respuesta.

Con esta firma, la Provincia de Buenos Aires se posiciona a la vanguardia en materia de procuración de órganos, destacando que la coordinación interinstitucional es clave para garantizar el derecho a la salud de los pacientes en lista de espera y el acceso a la justicia para toda la sociedad.

El Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand, el Ministro de Seguridad, Eduardo Javier Alonso, y el Ministro de Salud, Nicolás Kreplak, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para el intercambio de información relacionada con suicidios.

El objetivo de este acuerdo consiste en establecer un mecanismo tripartito de cooperación técnica y coordinación para consolidar la información oficial vinculada con suicidios en el territorio de la provincia de Buenos Aires, con las siguientes finalidades exclusivas: obtener un perfil epidemiológico del fenómeno, mejorar la calidad, cobertura, integridad y oportunidad de las estadísticas oficiales y contribuir al diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas de prevención en la materia.

Es importante señalar que las muertes por suicidio constituyen una problemática compleja, con implicancias sanitarias, sociales, jurídicas y de seguridad pública, que requiere políticas públicas orientadas a un abordaje integral e intersectorial.

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense busca endurecer las sanciones contra las motos con escapes adulterados, una práctica cada vez más extendida, y muy presente en Tandil que genera ruidos molestos en zonas urbanas. La iniciativa plantea que los vehículos detectados produciendo los conocidos “cortes” puedan ser decomisados e incluso compactados.

El autor del proyecto, el diputado provincial Ismael Passaglia, sostuvo que las multas actuales resultan insuficientes para frenar estas conductas. “La realidad es que no funcionó. Hay conductas que son deliberadas, que buscan generar ruido y molestar. Frente a eso, el Estado tiene que dar una respuesta más firme”, afirmó.

La propuesta apunta a modificar el enfoque vigente: no solo sancionar, sino eliminar el problema de raíz. En ese sentido, establece que los escapes ilegales sean decomisados y destruidos, y que, en los casos más graves, la Justicia pueda ordenar la compactación del vehículo.

La problemática tiene fuerte presencia en distintos distritos bonaerenses, especialmente con motos de baja cilindrada. A esto se suman las caravanas nocturnas, en las que participan decenas o incluso cientos de jóvenes, generando un impacto directo en el descanso de los vecinos.

Passaglia remarcó que el tema no se limita a la convivencia urbana, sino que también involucra cuestiones de seguridad vial y contaminación ambiental. “Es una medida fuerte, sí. Pero también es proporcional al daño que se genera. Estamos defendiendo algo básico: el derecho de los vecinos a vivir tranquilos”, sostuvo.

El proyecto no solo prohíbe la circulación de vehículos con escapes antirreglamentarios, sino que también alcanza a toda la cadena vinculada: fabricación, venta, distribución e instalación de estos dispositivos en la provincia.

Además, prevé el secuestro preventivo de los vehículos, la destrucción inmediata de los escapes ilegales y la posibilidad de aplicar sanciones más severas según distintos criterios, como el nivel de ruido generado, la intencionalidad y el lugar de la infracción.

En particular, se contempla un agravamiento de las penas cuando estos hechos ocurran en zonas densamente pobladas, cercanías de escuelas, centros de salud o eventos públicos, donde el impacto social es mayor.

Una serie de amenazas de tiroteos en escuelas de distintas provincias argentinas generó preocupación en comunidades educativas y autoridades, en un contexto marcado por recientes hechos de violencia extrema. Las advertencias, escritas en baños y paredes de los establecimientos, se detectaron en cerca de 20 instituciones y obligaron a activar protocolos de seguridad.

El fenómeno ocurre apenas dos semanas después de la denominada “masacre de San Cristóbal”, en Santa Fe, donde un alumno de 15 años ingresó armado a una escuela y asesinó a otro estudiante de 13, un episodio que conmocionó al país y volvió a poner en agenda la violencia en ámbitos educativos.

Las nuevas amenazas fueron registradas en establecimientos de la provincia de Buenos Aires —incluyendo Bahía Blanca—, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Fe. En varios casos, los mensajes incluían fechas concretas, lo que elevó el nivel de alerta.

Uno de los ejemplos más claros se dio en un colegio de Bahía Blanca, donde apareció una inscripción en el baño de varones que advertía: “Mañana 17/4 tiroteo, no vengan”.

Frente a esta situación, las instituciones educativas activaron protocolos de prevención, que incluyeron la intervención de la Policía, fiscalías y organismos de protección de la niñez. Además, se reforzó el trabajo de los gabinetes de orientación escolar para contener a estudiantes y familias.

Especialistas señalan que este tipo de eventos puede responder a un “efecto contagio”, donde hechos de alto impacto —como el ocurrido en Santa Fe— generan imitaciones o reacciones simbólicas en otros jóvenes. En ese sentido, remarcan que las amenazas, aunque no siempre se concreten, deben ser tomadas con seriedad.

Más allá de su carácter extraordinario, estos episodios son interpretados como un emergente de problemáticas más profundas, vinculadas a la violencia social y a las dificultades en la construcción de vínculos entre adolescentes. Situaciones de bullying, ciberacoso, agresiones físicas y conflictos mal resueltos forman parte del escenario cotidiano que atraviesa a muchas escuelas.

Desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense advirtieron en una carta abierta que estos hechos no deben naturalizarse y propusieron “hacer una pausa” para analizar las condiciones sociales, familiares y vinculares que afectan a niños y jóvenes.

En ese marco, destacaron el rol del sistema educativo y del Estado para intervenir ante estas situaciones, al tiempo que subrayaron la importancia de fortalecer los lazos comunitarios: “La escuela no es una institución neutral frente a la violencia y tiene el compromiso de escuchar y poner palabras donde hay agresión y desconfianza”, señalaron.

El crecimiento de este tipo de amenazas vuelve a instalar un debate urgente sobre la convivencia escolar, la salud mental y la necesidad de políticas integrales que aborden la violencia desde sus causas estructurales. Mientras tanto, las comunidades educativas permanecen en alerta ante un fenómeno que, aunque incipiente, refleja tensiones sociales más amplias.

Un desperfecto en una de las montañas rusas del Parque de la Costa, en la localidad bonaerense de Tigre, provocó momentos de preocupación entre los visitantes luego de que uno de los carros quedara detenido en altura durante aproximadamente 20 minutos.

El episodio ocurrió el viernes pasado, en el marco del feriado de Semana Santa, aunque tomó estado público en las últimas horas tras la viralización de un video en redes sociales. En las imágenes se observa a los ocupantes del juego permaneciendo inmovilizados a varios metros del suelo, en medio de la incertidumbre.

"Parque de la Costa"Porque se rompió una montaña rusa en el Parque de la Costa y decenas de personas quedaron colgadas 20 minutos: un joven registró el tenso momento y aseguró que la cadena del mecanismo del juego llamado El Desafío “se soltó”. pic.twitter.com/BVvxj8XfH7

A pesar de la tensión y el temor que vivieron las personas que se encontraban en el carro, no hubo que lamentar heridos ni se registraron mayores complicaciones, según trascendió.

Sin embargo, tras conocerse el hecho, varios usuarios en redes sociales aseguraron haber vivido situaciones similares en el mismo parque de diversiones. Una mujer relató que meses atrás visitó el predio junto a su familia y experimentó un inconveniente en la misma atracción. “Estuvo más de media hora parada con la gente arriba. Tengan cuidado porque la montaña rusa verde ya viene teniendo varias fallas, en cualquier momento pasa un accidente”, advirtió.

Por su parte, otra usuaria señaló que en una ocasión anterior “a la montaña rusa roja se le habían volado unas ruedas”. Según su testimonio, el hecho ocurrió mientras esperaba para subir al juego. “Menos mal que había unas redes, porque empezaron a soltarse algunas cosas; si no, se hubiera caído en la cabeza de algunas de las personas. Parecía la película de Destino final”, sostuvo.

Los relatos encendieron la preocupación entre los visitantes habituales del parque y reavivaron el debate sobre las condiciones de seguridad y mantenimiento de los juegos mecánicos. Hasta el momento, desde el establecimiento no se difundió información oficial sobre lo ocurrido.

El legislador tucumano del bloque Justicialista Gerónimo Vargas Ainasse presentó un proyecto para que en la provincia se declare la emergencia social y económica por el plazo de 180 días, como consecuencia de las inundaciones que afectaron distintas localidades.

La iniciativa “tiene por objetivo asistir a las familias damnificadas por el fenómeno climático extraordinario, contribuir a la recuperación de las actividades económicas, productivas y comerciales afectadas y facilitar la implementación de acciones extraordinarias destinadas a mitigar los efectos sociales y económicos derivados de la emergencia”, según sostiene el segundo párrafo, al tiempo que se establece una extensión por otros seis meses.

Los peronistas Maia Martínez, Roberto Moreno y Roque Argañaraz; el radical José Cano y Walter Berarducci, de Compromiso Tucumán, expresaron su apoyo al proyecto que da la facultad al gobernador Osvaldo Jaldo para aplicar las medidas posibles para asistir a las víctimas.

A su vez, los afectados podrían recibir “subsidios, ayudas económicas directas o programas especiales de asistencia” para favorecer “la recuperación de las condiciones de vida y de la actividad económica”.

Las precipitaciones registraron unos 170 milímetros en las últimas jornadas, mientras que unos 15.000 vecinos fueron evacuados, aunque 4.500 pertenecen a la localidad de La Madrid.

Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció tormentas para las próximas horas, con una probabilidad cercana al 80 %.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°13 del paraje rural De la Canal, en el municipio de Tandil, junto a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el intendente local, Miguel Lunghi; y el director de la institución, Andrés Moris. Además, con la presencia del ministro de Seguridad, Javier Alonso, entregó patrulleros para fortalecer la seguridad en el distrito.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Esta escuela que tanto nos enorgullece se inauguró porque hubo decisión política, planificación, inversión y trabajo: en la Provincia ponemos los recursos donde se necesitan para mejorar la educación pública”. “En estos seis años hemos invertido como nunca en escuelas rurales, técnicas y de isla: lo hacemos porque estamos convencidos de que todos y todas tienen que acceder a sus estudios, sin importar dónde hayan nacido”, agregó.

“Si queremos que realmente todos tengan las mismas posibilidades debemos garantizar educación, salud y seguridad. En la Provincia los y las bonaerenses ya eligieron este camino en el que nos esforzamos para que nadie se quede afuera”, sostuvo el Gobernador y agregó: “Hoy tenemos un Gobierno nacional que cree que hay que dinamitar el Estado y que todo debe ser resuelto a través del mercado: los vecinos y vecinas de este paraje saben que el sector privado nunca llegó aquí para construir la escuela rural que la comunidad necesitaba”.

El nuevo edificio da respuestas a una demanda histórica de la comunidad de De la Canal, un pequeño paraje rural ubicado a 30 kilómetros al norte de Tandil sobre la Ruta Provincial N°30, al que se accede únicamente por caminos de tierra. Es el resultado de la lucha de los vecinos y vecinas de la zona para que los jóvenes puedan realizar sus trayectorias educativas en el barrio, evitando así las largas distancias y el desarraigo.

Por su parte, Terigi remarcó: “Queremos que todos los chicos y chicas de la provincia, vivan cerca o lejos de los centros urbanos, puedan elegir y construir su futuro. Para eso necesitamos escuelas secundarias de calidad como la que estamos inaugurando hoy en el paraje De la Canal”. “En el Gobierno bonaerense tenemos a la educación pública como prioridad: vamos a seguir invirtiendo para mejorarla día a día”, añadió.

A partir de una inversión de $1.277 millones, la obra contempló la construcción del nuevo edificio que cuenta con seis aulas, laboratorio, patio y mobiliario de la fábrica provincial, como así también la readecuación de los edificios existentes para la creación de un SUM. La nueva infraestructura permitirá que la ES N°13 tenga su propio espacio de enseñanza y que la EP N°15 —con la cual compartía instalaciones— comience a implementar la doble jornada.

“El acompañamiento de la Provincia en esta jornada expresa una decisión clara de acercar la gestión a comunidades alejadas de los grandes centros urbanos", sostuvo Lunghi y agregó: “En tiempos donde se cuestiona el diálogo entre quienes piensan distinto, destacamos la importancia del trabajo mancomunado para lograr resultados que beneficien a nuestros vecinos y vecinas”.

“Hoy estamos haciendo realidad el deseo de nuestra comunidad que, tras años de lucha colectiva, logra tener este nuevo espacio: no se trata de un edificio escolar más, es la puerta para impulsar un proyecto de vida para los jóvenes de nuestro distrito”, subrayó Moris.

Por último, Kicillof afirmó: “Caminamos y conocemos cada uno de los 135 municipios de nuestra provincia y por eso sabemos cuáles son las prioridades de nuestro pueblo: aquí nadie vive del sector financiero, lo que necesitamos son más obras, educación y trabajo”.

Durante la jornada, Kicillof y Alonso pusieron en funcionamiento cuatro nuevos patrulleros para fortalecer las tareas de prevención y combate del delito en el distrito. Además, las autoridades recorrieron las nuevas instalaciones de la Secretaría de Protección Ciudadana local, donde se hizo entrega de una camioneta Amarok, equipamiento para los bomberos de la Policía, y una posta operativa con torre de iluminación, internet satelital y base meteorológica para instalar en zonas de siniestros.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; los subsecretarios de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; de Fiscalización y Control Policial, Andrés Escudero; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres; el senador provincial Jorge Paredi; la diputada provincial Marcela Basualdo y su par Matías Civale; el concejal de General Pueyrredon, Gustavo Pulti; concejales y concejalas; funcionarios y funcionarias municipales.

Un grupo de legisladores de la Unión Cívica Radical en la Legislatura bonaerense reclamó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que convoque con urgencia al Consejo Provincial de Seguridad Pública, con el objetivo de abordar la situación en materia de seguridad en el territorio bonaerense.

El pedido fue impulsado por diputados del radicalismo, entre ellos Valentín Miranda, quienes sostuvieron que ese ámbito institucional resulta clave para coordinar políticas entre los distintos niveles del Estado y los actores involucrados en la prevención del delito.

Según plantearon los legisladores, el Consejo Provincial de Seguridad Pública está contemplado como un espacio de articulación en el que deberían participar autoridades provinciales, representantes del Poder Legislativo, intendentes y especialistas, con el propósito de analizar diagnósticos y diseñar estrategias conjuntas frente a la problemática de la inseguridad.

En ese sentido, desde el bloque radical remarcaron la necesidad de que el Gobierno provincial active ese mecanismo institucional para abrir una instancia de diálogo político y técnico que permita evaluar las políticas públicas en materia de seguridad y definir posibles mejoras.

El planteo se dio en un contexto en el que distintos sectores de la oposición vienen reclamando mayor coordinación y planificación en las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires.

Para los legisladores de la UCR, la convocatoria del Consejo permitiría generar consensos y elaborar propuestas concretas, incorporando la mirada de distintos actores institucionales y territoriales frente a uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía bonaerense.

El pedido se suma a otras iniciativas presentadas en la Legislatura vinculadas al debate sobre la seguridad pública y la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación entre la Provincia y los municipios.

El gendarme Nahuel Gallo, quien fue liberado tras permanecer 448 días detenido en Venezuela, afirmó este miércoles que posee “escasa información” de lo que pasó durante su cautiverio y dijo que está tratando de "reinsertarse en la sociedad".

“Me encuentro bien de salud, gracias a Dios, estoy pasando por un momento de estudios y tratando de reinsertarme en la sociedad”, indicó.

El gendarme señaló que “le han hecho saber desde el Estado venezolano que el Estado argentino había pedido por mí. Éramos de 35 nacionalidades, y el único al que tuvieron muy presente porque me han pedido fue a mí. El Rodeo 1 no es un lugar muy bueno, sino de bastante tortura psicológica”. añadió.

“Hay 24 extranjeros más en Rodeo 1 que están esperando ser liberados. Tuve la oportunidad de haber salido en libertad el domingo, con mucha incertidumbre. Ahí no te avisan adónde vas a ir, es cuestión de momentos y días”, relató en conferencia de prensa desde el Edificio Centinela, de la Gendarmería Nacional.

Y agregó: “Gracias a Dios, mi fortaleza mental y pensar en mi hijo fue lo único que me mantuvo fuerte. No es fácil estar incomunicado y que te acusen de delitos que no vienen al caso”.

Gallo pidió “no olvidarse de Venezuela, que está en una transición. Los presos políticos están esperado ser liberados. He conocido a muchísimos venezolanos, me han ayudado así sea con una media. Porque los extranjeros no teníamos visitas ni llamadas”.

También pidió a los medios internacionales “no bajar los brazos y poner su granito de presión”. “Yo sigo encerrado en mi mente, hasta que no liberen a esos 24 extranjeros, yo no estoy libre. No me siento preparado para contar las atrocidades que hicieron”.

También agradeció a todos las “instituciones y organismos internacionales” involucrados en su repatriación y al “Estado argentino”. “Yo no voy a dar nombres, solo digo a toda la Nación Argentina”, señaló, sin mencionar a la AFA.

Junto con Gallo estuvieron en la conferencia de prensa la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno y el jefe de la Gendarmería Comandante General Claudio Brilloni.

"La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier G. Milei ha dispuesto elevar el nivel de seguridad a alto en todo el territorio nacional argentino, en virtud de los hechos de público conocimiento acontecidos en el día de la fecha en Medio Oriente”, señaló el comunicado oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La medida alcanza a “todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”.

En ese marco, se indicó que “por intermedio de la cartera ministerial competente, se fortalecerán, de modo preventivo, los dispositivos de protección y seguridad de los objetivos referidos, incluyendo el refuerzo de la custodia de las representaciones diplomáticas extranjeras en el país”.

Asimismo, por instrucción presidencial, “el Sistema de Inteligencia Nacional monitoreará de forma permanente la evolución de los acontecimientos, en cooperación con agencias internacionales, a fin de asegurar la detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional”.

Del mismo modo, “se ha activado el protocolo de alerta en las fronteras, que implica el refuerzo de los controles de ingreso y egreso al país, el aumento de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles”, detalló el texto.

El esquema contempla la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional a través de la Dirección Nacional de Migraciones y las Fuerzas Federales de Seguridad.

“El Gobierno Nacional reafirma su compromiso indeclinable con la defensa a la vida, a la libertad y al orden constitucional, y continuará adoptando todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de los argentinos ante un escenario internacional de alta tensión”, concluyó el comunicado.

Por su parte, la Cancillería expresó su respaldo a la ofensiva militar conjunta de los norteamericanos y el Estado judío contra los iraníes.

Conforme al comunicado oficial, con estas acciones “se consolidará un marco de paz y seguridad duradera”.

“El Gobierno de la República Argentina valora y apoya las acciones conjuntas realizadas por los Estados Unidos de América y el Estado de Israel destinadas a neutralizar la amenaza que el régimen de la República Islámica de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región”, inició el escrito.

En este sentido, enfatiza que “pese a los reiterados esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional, Irán no desmanteló completamente su programa nuclear, no cesó sus actividades sensibles de enriquecimiento ni ha puesto fin al apoyo que brinda a actores armados no estatales que operan de manera desestabilizadora en distintos países de la región”, motivo por el que “se constituye una amenaza persistente a la paz y la seguridad internacionales”.

El canciller Pablo Quirno manifestó que “la Argentina condena enérgicamente los ataques” cometidos por Irán contra “naciones como Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Reino Unido, Arabia Saudita, Kuwait, así como “instalaciones y personal de Estados Unidos en la región”.

Sin embargo, el Gobierno expresó su solidaridad con el pueblo iraní que durante estos años reclamó “con valentía su aspiración a vivir en libertad”, a la vez que el atentado terrorista perpetrado por Hezbolá contra la AMIA en 1994.

La cartera informó que “coordina con la red consular”, que “permanece en contacto con los connacionales a fin de asistirlos ante cualquier eventualidad”. NA 

Este sábado, el presidente Javier Milei dispuso elevar el nivel de seguridad a alto en todo el territorio nacional ante los hechos de público conocimiento ocurridos en Medio Oriente, según informó oficialmente la Oficina del Presidente.

“La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier G. Milei ha dispuesto elevar el nivel de seguridad a ALTO en todo el territorio nacional argentino, en virtud de los hechos de público conocimiento acontecidos en el día de la fecha en Medio Oriente”, señaló el comunicado oficial publicado por la Agencia Noticias Argentinas.

La medida alcanza a “todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”.

En ese marco, se indicó que “por intermedio de la cartera ministerial competente, se fortalecerán, de modo preventivo, los dispositivos de protección y seguridad de los objetivos referidos, incluyendo el refuerzo de la custodia de las representaciones diplomáticas extranjeras en el país”.

Asimismo, por instrucción presidencial, “el Sistema de Inteligencia Nacional monitoreará de forma permanente la evolución de los acontecimientos, en cooperación con agencias internacionales, a fin de asegurar la detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional”.

Del mismo modo, “se ha activado el protocolo de alerta en las fronteras, que implica el refuerzo de los controles de ingreso y egreso al país, el aumento de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles”, detalló el texto.

El esquema contempla la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional a través de la Dirección Nacional de Migraciones y las Fuerzas Federales de Seguridad.

“El Gobierno Nacional reafirma su compromiso indeclinable con la defensa a la vida, a la libertad y al orden constitucional, y continuará adoptando todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de los argentinos ante un escenario internacional de alta tensión”, concluyó el comunicado.