El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el pasado jueves junto al intendente de Ezeiza, Gastón Granados, la inauguración de obras de infraestructura destinadas a reforzar la seguridad y la gestión de emergencias médicas en el distrito. Durante la jornada, el mandatario inauguró el nuevo edificio de la subcomisaría “Cuatro Bocas” en la localidad de Tristán Suárez y puso en funcionamiento dos ambulancias de alta complejidad para el nuevo Centro de Emergencias de Ezeiza.

Respecto a la nueva dependencia policial, el gobernador aseguró que la misma “garantizará la presencia permanente de las fuerzas de seguridad en el barrio”. Además, agregó: “Junto al municipio, estamos fortaleciendo los dispositivos de prevención para dar respuestas más rápidas y concretas”.

En su discurso, Axel Kicillof cuestionó las políticas nacionales al señalar: “Esto lo hacemos mientras el presidente Javier Milei sigue ajustando en la seguridad, la salud y la educación: nos dejaron solos, pero la provincia de Buenos Aires y el partido de Ezeiza siguen poniendo la cara por su gente”.

La nueva subcomisaría reemplaza a la antigua edificación situada sobre el Camino Real, contribuyendo a mejorar el control vehicular y la prevención del delito en uno de los accesos clave del distrito. La obra incluyó la construcción de dos nuevas dársenas que facilitan la inspección y optimizan el tránsito en la zona.

En materia sanitaria, el gobernador destacó la importancia de la inversión provincial: “Nos hacemos cargo de invertir en las ambulancias y en la infraestructura necesaria para dar las soluciones que el pueblo bonaerense requiere, realizamos una inversión inédita en equipamiento y nuevos centros de atención primaria”. No obstante, reconoció que “somos conscientes de que aún falta mucho, pero estamos convencidos de que este es el único camino para garantizar una salud pública de calidad”.

La recorrida finalizó en el Parque Central de Ezeiza, donde se encuentra la Casa de la Provincia, obra próxima a su inauguración que demandó una inversión de 5.359 millones de pesos. Este espacio concentrará trámites de ARBA, IOMA, el Registro Provincial de las Personas, el Instituto de Previsión Social (IPS) y delegaciones de diversos ministerios provinciales. “Frente a un Gobierno nacional que paralizó más de 1000 obras, venimos a dejar en claro que aquí los recursos se utilizan para mejorar la calidad de vida de más de 17 millones de bonaerenses”, concluyó el mandatario.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires expuso los resultados de la iniciativa que trabaja en la prevención del delito adolescente, en un encuentro realizado en el Complejo Policial "Juan Vucetich" de Mar del Plata. Se trata del Programa Entramados, la iniciativa orientada al abordaje y prevención integral del delito de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal o en riesgo de estarlo.

Los disertantes describieron el modo de implementación que toma este programa, especialmente diseñado para interrumpir trayectorias delictivas de adolescentes y jóvenes, atendiendo las particularidades de cada municipio bonaerense. En la exposición se presentaron también las políticas y los programas provinciales que se articulan con la propuesta de Entramados, lo que permite intervenciones que abordan tanto las causas de fondo como las más inmediatas de cada situación, sin perder de vista lo que sucede después de cometer una trasgresión.

Entramados está presente en 38 municipios de la provincia, entre ellos Almirante Brown, Avellaneda, Bahía Blanca, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Merlo, Moreno, Quilmes, San Isidro y Tigre, con propuestas que se adaptan a las particularidades de cada territorio. Cuatro de esos distritos, Bahía Blanca, General Las Heras, Ramallo y Villa Gesell, comenzaron a implementar el programa este mes, mientras que los 34 restantes ya transitan etapas más avanzadas.

En cada municipio donde se implementa el programa, funciona una Mesa Multiagencial que reúne a áreas de gobierno provinciales y municipales, representantes del Poder Judicial, programas socioeducativos, hospitales, universidades y organizaciones comunitarias para desarrollar una agenda común de trabajo y coordinar la intervención a nivel local. Entramados, en cada municipio, comienza con la realización de un diagnóstico sobre la situación socio penal y la definición de un plan de acción que incluye, entre otras cosas, acompañamientos individuales y talleres grupales, revinculación educativa, formación laboral y en oficios, actividades deportivas y culturales, atención en salud y salud mental y trabajo con familias y referentes adultos.

De la jornada participaron representantes de los Juzgados de Garantías del Joven N°1 y 3 de Mar del Plata, los Juzgados de Garantías N°2 y 5, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, las Defensorías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, 2 y 4, la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, la Jefatura Departamental Policial, el Consejo Municipal de Niñez, la Secretaría de Desarrollo Social local, la Jefatura Distrital de Educación y la Dirección de la Región Sur de los Centros de Referencia Territorial. Además, el encuentro contó con el apoyo del Obispo de Mar del Plata, Monseñor Ernesto Giobando.

Del panel participaron Enrique Font, integrante del Consejo Directivo de Entramados por el Ministerio de Seguridad bonaerense; José Luis Zerillo, subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia y Agostina Suraniti, quien también integra el Consejo Directivo de Entramados por la Secretaria General del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, celebró este sábado 5 de septiembre la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil. La medida, que establece la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, contempla penas que alcanzan un máximo de 15 años de prisión.

A través de su cuenta personal en la red social X, la ex ministra de Seguridad se refirió a la implementación de esta normativa y enfatizó que el cambio busca terminar con la impunidad en delitos cometidos por menores: "Desde hoy no importa la edad: si delinquís, las pagás".

En su mensaje, Patricia Bullrich sostuvo que se ha terminado la excusa de la edad para delinquir, bajo el argumento de que “el que roba, mata o lastima, responde por lo que hace”. La senadora argumentó que durante años los menores que infringían la ley gozaron de impunidad, una situación que, según su visión, comienza a revertirse con la nueva legislación.

Finalmente, la dirigente subrayó la importancia de priorizar a las víctimas frente a los victimarios. “Durante años, los delincuentes menores tuvieron impunidad. Hoy empieza a cambiar. Porque la Ley tiene que proteger a las víctimas y no a los delincuentes, como les gusta a algunos”, advirtió. Asimismo, concluyó que para las familias afectadas por estos hechos, la reforma representa “una pizca de la justicia que nunca van a tener”.

El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a regir este sábado 5 de septiembre en todo el país y reemplazará al sistema vigente desde 1980. La Ley 27.801 reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, incorpora nuevas sanciones y establece un esquema específico de seguimiento y privación de la libertad para adolescentes.

El cambio central es la baja de la edad de imputabilidad. A partir de los 14 años, los adolescentes que cometan delitos previstos en el Código Penal podrán ser sometidos a un proceso judicial y recibir una condena, incluso con privación de la libertad, aunque bajo un régimen especial.

El objetivo establecido por la normativa es promover la responsabilidad por los actos cometidos y favorecer la educación, resocialización e integración social de los adolescentes.

La reforma también incorpora nuevas herramientas de seguimiento y control y establece penas alternativas para determinados casos. Entre ellas aparecen las restricciones de acercamiento, la reparación del daño causado a la víctima, reglas de conducta y la participación en actividades educativas y comunitarias.

Se vende parte del exPoliclínico Ferroviario y la noticia llevó tranquilidad a vecinos y vecinas de Villa Italia. El Eco accedió a los detalles de la venta, así como también dialogó con los frentistas que transmitieron sus expectativas, luego de años de reclamos por la seguridad en el lugar.

“Apareció el cartel y quedó todo el barrio medio revolucionado. Empezamos a averiguar si era verdad, nos dijeron que si y nos pasaron como es el tema del loteo. Como hay inmobiliaria de por medio, la gente está contenta”, transmitió Santiago Lhomy, vecino del lugar y uno de los referentes del grupo de frentistas que mantuvo el reclamo por el cerramiento de la estructura principal del exPoliclínico.

“Con el cerramiento se tranquilizó todo lo que eran las entradas y salidas de personas que se metían a trasnochar o guardar cosas. Hace poco rompieron un sector, pero no había tanto movimiento. Se vio algo de movimiento pero fue por fuera. Está bastante tranquilo y después de que se cerró paró todo lo de la gente que iba a dormir o hacer un montón de cosas”, sumó el vecino.

El exPoliclínico se ofrece en venta como un macrolote remanente, ubicado entre las calles Sáenz Peña, Dufau, Vigil y Basílico. Si bien cuenta con un total de 39 lotes, los comercializables para desarrollo e inversión son 35.

“Se encuentra ubicada sobre la arteria principal de circulación, ingreso y egreso del barrio de Villa Italia, lo que garantiza un alto flujo vehicular, visibilidad estratégica y excelente conectividad con el resto de la ciudad”, indica el texto de la venta.

De acuerdo al plano, el total de la manzana es de 16.874,01 m², lo que equivale a 1,68 Hectáreas. El valor total del conjunto del predio ofrecido es de 1,6 millones de dólares.

El lugar se ofrece bajo tres modalidades. La primera, prioritaria, es la venta en block remanente. Se trata de la venta en conjunto del paquete de los 35 lotes disponibles. La modalidad apunta a desarrolladores urbanos, loteadores o inversores “que busquen un macrolote de casi 1,5 hectáreas en zona consolidada”.

La segunda opción es la venta por fracciones o medias manzanas. En concreto es la “venta por sectores o bloques continuos de lotes (por ejemplo, el sector sobre Sáenz Peña o el bloque sobre Dufau y Calle 20)”. Dicha modalidad se ofrece como “ideal para desarrolladores de mediana escala o proyectos por etapas”.

La tercera modalidad será la venta fraccionada e individual de cada lote. “Comercialización lote por lote para uso residencial individual o pequeñas inversiones: lotes 1 a 4 y Lotes 9 a 39, señala la publicación inmobiliaria.

El vecino de Villa Italia fue consultado también por la situación general del barrio. Si bien marcó la tranquilidad que supuso el cerramiento, dio cuenta de otros casos que preocupan a los frentistas.

“Tenemos otros casos. El miércoles hay reunión del Foro y juntamos notas para hablar. Hay varios casos de inseguridad, reiterados, en cierta zona de Villa Italia norte. Tenemos conflictos en Quintana del 800 por temas menores que también se van a tratar, y que ya vienen con varios pedidos de parte de los vecinos”, indicó Lhomy.

El vecino dio cuenta también de otro reclamo reiterado: las denuncias en torno a una vivienda de calle Maritorena. “Pasa el tiempo y no hay una solución para los vecinos de alrededor del lugar. Hubo amenazas, y encuentros físicos. Es una parte que está bastante complicada, con reclamos por patrullajes”, sumó.

Cabe recordar, fue en marzo pasado cuando el propietario del exPoliclínico concretó el cerramiento de la estructura mayor del lugar. La iniciativa se llevó a cabo luego de una intimación presentada por el Municipio de Tandil, y tras reiterados reclamos vecinales por hechos de inseguridad y preocupación por la presencia de personas en el predio. 

En el marco de la discusión por la seguridad en el espacio público, luego de la presentación del programa Plazas Seguras, el concejal de Fuerza Patria, Federico Martínez, se distanció tajantemente del proyecto presentado por el bloque de La Libertad Avanza, que busca prohibir la actividad de los denominados "trapitos" en la ciudad. El edil peronista consideró que la propuesta encabezada por Gonzalo Santamarina carece de profundidad técnica y busca meramente una reacción emocional en la opinión pública sin abordar el problema de la criminalidad de forma seria.

Al ser consultado sobre esta iniciativa, Martínez fue contundente y afirmó: “La Libertad Avanza nos tiene acostumbrados a esas cuestiones de sacar títulos, un poco una vendida de humo para que la gente diga mirá lo que hicieron”. El concejal argumentó que si un cuidacoches comete un ilícito, debe ser tratado como un delincuente bajo el rigor de la ley, independientemente de la actividad que realice.

En ese sentido, sostuvo que la actividad debería estar regulada por la Municipalidad para conocer quiénes son las personas que la ejercen y si poseen antecedentes penales, pero criticó la intención de prohibir algo que ya carece de regulación formal.

En relación a la propuesta de los libertarios, insistió en que "me parece que es más un título que saca Gonzalo Santamarina con sus concejales para tener un impacto, pero lo que en verdad a nosotros nos preocupa es la seguridad". Según Martínez, el foco debe estar puesto en que el ciudadano común pueda transitar sin miedo, y que la inseguridad puede ser protagonizada por cualquier persona, sea cuidacoches o no.

El concejal expresó su deseo de que el programa Plazas Seguras sea acompañado por la totalidad del Concejo Deliberante y por el Poder Ejecutivo local. Remarcó que el espacio público es un lugar donde se invirtió mucho dinero de los contribuyentes para que luzca estético, pero que esa inversión pierde sentido si, al llegar la noche, el lugar deja de pertenecer a los ciudadanos de bien para pasar a manos de quienes generan conflicto y violencia. La apuesta de Martínez fue clara: devolverle el control del territorio al Estado municipal mediante una política de seguridad preventiva.

Martínez presentó formalmente el proyecto para la creación del programa Plazas Seguras, una iniciativa que busca dar respuesta a una problemática que, según advirtió el edil, se profundizó en los últimos años. El proyecto surgió a partir de las constantes preocupaciones manifestadas por los vecinos, así como de las recorridas territoriales donde observaron que el uso del espacio público se vio restringido al caer el sol por el temor a hechos delictivos o situaciones de violencia.

Durante la fundamentación de la propuesta, el concejal destacó que la situación actual en los espacios verdes del distrito es crítica durante la noche. Explicó que muchos ciudadanos, desde trabajadores que regresan a sus hogares hasta jóvenes que transitan, comenzaron a evitar el cruce por las plazas para eludir conflictos. Según el edil, el Municipio de alguna manera perdió la autoridad en estos espacios, dejando lugares vacíos que terminan convirtiéndose en tierra de nadie.

El diagnóstico del legislador subrayó que, si bien la Municipalidad realizó inversiones para el embellecimiento y mantenimiento de estos sitios, la falta de seguridad nocturna despojó a los tandilenses de su derecho al disfrute pleno de la ciudad.

El programa Plazas Seguras no se limita únicamente al pedido de mayor luminaria, una demanda que Martínez reconoció como cotidiana en el Concejo Deliberante, sino que propone una articulación estratégica de los recursos existentes. La iniciativa contempla la integración de las cámaras de videovigilancia, la intervención activa de la Secretaría de Protección Ciudadana y el despliegue del programa Centinela. El objetivo es reforzar la presencia estatal en horarios nocturnos para que la seguridad dentro de los perímetros de las plazas se incremente de manera efectiva.

El edil hizo especial hincapié en la necesidad de dialogar con los vecinos de cada barrio, entendiendo que ellos son quienes conocen con precisión los horarios y los sectores donde la conflictividad aumenta. Señaló que el foco de inseguridad es generalizado. Sobre la Plaza Independencia, Martínez lamentó que al caer la noche muchos elijan no cruzarla debido a la presencia de personas consumiendo sustancias o protagonizando hechos de violencia.

Para el concejal, existe una cifra negra de la inseguridad en estos ámbitos, ya que la mayoría de los problemas de violencia o robos menores que ocurren en las plazas no se denuncian, lo que impide tener un registro de la magnitud del problema. Por ello, instó a fortalecer la iluminación en puntos estratégicos amparándose en la Ordenanza 2505, que regula el alumbrado público, para erradicar las zonas de sombra que suelen ser utilizadas para prácticas de consumo o delictivas.

La problemática de los cuidacoches, conocidos popularmente como "trapitos", volvió a instalarse en la agenda política local. Durante su paso por La Mañana (El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1), la concejal Nadia Cisneros manifestó su preocupación por el avance de esta labor informal que, según advirtió, ha derivado en episodios de violencia contra vecinos y visitantes.

Explicó que el bloque de Acción Tandilense  La Libertad Avanza impulsó un proyecto de ordenanza para prohibir definitivamente la actividad. A su entender, la medida resulta indispensable para garantizar el orden en las calles, de modo que el uso de la vía pública no quede sujeto al cobro de cánones informales ni a presiones externas.

En ese sentido, recordó que a fines de diciembre de 2024 la Defensoría del Pueblo presentó un informe anual que daba cuenta de numerosas denuncias por intimidación. "A los automovilistas se les exige dinero para estacionar en zonas donde ya rige el sistema medido, generándose situaciones de prepotencia que incrementan la sensación de inseguridad", sostuvo.

A pesar de la urgencia del reclamo, la propuesta impulsada por la concejala encontró trabas en el Concejo Deliberante. La iniciativa ingresó el 8 de abril y pasó por la comisión de Seguridad en reiteradas oportunidades durante abril y julio, aunque hasta el momento no logró el respaldo de las demás bancadas.

 Nadia Cisneros cuestionó la postura de sus pares ante la falta de alternativas: "No reunimos los votos porque no coinciden con la prohibición, pero tampoco presentan una propuesta superadora", lamentó. Además, remarcó que el Municipio cuenta con herramientas operativas para intervenir, como la Secretaría de Protección Ciudadana, el Centro de Monitoreo y los agentes en territorio.

Uno de los ejes del debate radica en la caracterización de quienes ejercen esta práctica. Según los datos citados por Cisneros, el Ejecutivo municipal identificó que entre el 70% y el 80% de las personas relevadas registraban antecedentes penales. Si bien aclaró que esa condición no invalida el derecho al trabajo, enfatizó que la falta de identificación y el contexto informal alimentan la desconfianza social.

"Las calles no pueden apropiarse de manera irregular; es inviable sostener un sistema de cobro paralelo", aseveró la entrevistada.

Sobre el cierre, puso como ejemplo lo sucedido en distritos como la Ciudad de Buenos Aires o Monte Hermoso, donde se avanzó en la erradicación de esta modalidad. "Se requiere decisión política. Si en otros municipios funcionó, ¿por qué no aplicarlo acá?", planteó, instando al resto de las fuerzas partidarias a tratar el tema de fondo de cara a la comunidad.

El Ministerio de Seguridad Nacional creó el Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios, una iniciativa diseñada para extender a las cárceles provinciales el sistema utilizado para detectar y bloquear teléfonos celulares. El objetivo central es impedir que organizaciones criminales utilicen estos dispositivos para planificar y coordinar maniobras ilícitas desde el interior de las unidades de detención.

La medida se enmarca en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N° 24.660 y alcanzará tanto a los establecimientos penitenciarios federales como a los provinciales. Para sumarse a esta estrategia, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán adherir mediante la firma de un convenio específico con el Ministerio de Seguridad Nacional.

La iniciativa toma como base la Resolución N° 336/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, que autorizó al Servicio Penitenciario Federal a instalar dispositivos destinados a la detección y bloqueo de IMEI e IMSI en unidades federales. Según los fundamentos de la normativa, la implementación de este mecanismo permitió avanzar en la prevención y neutralización del uso de equipos de comunicación móvil por parte de delincuentes.

Desde el punto de vista técnico, el IMEI es el identificador único de un equipo de telefonía móvil, mientras que el IMSI identifica al abonado o usuario dentro de la red. El bloqueo conjunto de ambos elementos impide que determinados dispositivos o líneas puedan establecer comunicaciones a través de las redes de telefonía móvil.

La normativa se apoya además en la Resolución N° 734/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que modificó el procedimiento para el bloqueo de terminales. Esta norma establece que las compañías prestadoras del servicio de comunicaciones móviles deberán bloquear el IMEI, el IMSI y la línea telefónica asociada ante una solicitud expresa del Ministerio de Seguridad Nacional.

A partir de la puesta en marcha del nuevo programa, las provincias que adhieran contarán con una ventanilla única del Ministerio de Seguridad. Este mecanismo funcionará como punto de entrega de la información sobre los dispositivos detectados dentro de los establecimientos provinciales a las empresas de telefonía, las cuales deberán efectuar los bloqueos correspondientes. La adhesión al programa será de carácter voluntario para las provincias y para la Ciudad de Buenos Aires.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, reconoció que la cantidad de suicidios dentro de las Fuerzas de Seguridad aumentó y señaló que uno de los factores que incide en esta problemática es el endeudamiento de los efectivos.

En declaraciones radiales, la funcionaria sostuvo que se trata de una situación que la "ocupa" y también la "preocupa", al tiempo que remarcó que el incremento de los suicidios no se limita al ámbito de las Fuerzas, sino que forma parte de una problemática que atraviesa a toda la sociedad argentina.

"Muchas veces nos dicen que se incrementaron los suicidios en las Fuerzas y yo les digo que sí. En el año 2025 hubo un 30% más que en 2024", explicó Monteoliva. En ese sentido, precisó que la tasa registrada en el país es de 22,7 suicidios cada 100.000 habitantes.

La ministra también comparó los registros actuales con los de una década atrás. Según señaló, cuando se desempeñaba al frente de la Dirección Nacional de Estadística Criminal se contabilizaban alrededor de 2.300 suicidios por año, mientras que actualmente la cifra asciende a 5.300 casos.

"Es decir, que se incrementaron los suicidios en las Fuerzas y se incrementaron los suicidios en la sociedad", afirmó.

Ante este escenario, Monteoliva explicó que el Gobierno realizó un análisis de la situación y decidió intensificar las acciones de acompañamiento y prevención, con la salud mental como uno de los ejes dentro de las políticas de bienestar destinadas a los integrantes de las Fuerzas.

"Hicimos un análisis detallado y hemos intensificado el acompañamiento porque el tema de salud mental es un eje de trabajo", sostuvo.

La funcionaria destacó además que la asistencia se aborda desde distintos frentes y mencionó, entre otros recursos, el papel de las capellanías, a las que definió como espacios de "escucha directa" para los efectivos.

Uno de los puntos centrales de sus declaraciones estuvo relacionado con la situación económica de los integrantes de las Fuerzas. Monteoliva reconoció que existen niveles de endeudamiento formal e informal entre los efectivos y señaló que desde hace tiempo trabajan en alternativas de asistencia financiera.

"Muchas veces son vidas que hay que ayudar a ordenar, a veces son familias en paralelo y otras veces la persona que trabaja en la Fuerza es el único que tiene un recibo de sueldo y sirve de garante en el seno familiar", explicó.

La ministra también hizo referencia a los salarios de los efectivos y afirmó que mantiene conversaciones junto al ministro de Defensa, Carlos Presti, con la Jefatura de Gabinete y el equipo económico para encontrar alternativas que permitan mejorar la situación.

"Estamos pronto a definir cuál es la mejor manera de que la gente pueda tener un alivio", indicó.

Finalmente, Monteoliva sostuvo que el objetivo es que los integrantes de las Fuerzas conozcan las medidas que se están evaluando y puedan contar con un mayor respaldo económico. "Yo quisiera que todos nuestros efectivos tengan lo que necesitan en el bolsillo", concluyó, aunque aclaró que las decisiones están condicionadas por el contexto económico y por el trabajo conjunto con el equipo económico del Gobierno.

El debate sobre la tenencia de dispositivos móviles en los centros de detención ha vuelto a cobrar relevancia en la agenda pública. 

En el marco de una entrevista brindada a Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, el fiscal especializado en ciberdelito, Lucas Moyano, analizó las consecuencias del uso de smartphones por parte de los internos y la necesidad de establecer controles más rigurosos.

Según explicó el funcionario, la habilitación del uso de teléfonos móviles, que surgió como una medida excepcional durante la pandemia por razones humanitarias, ha derivado en una herramienta utilizada para la comisión de diversos delitos. "Se han generado muchas dificultades con el uso de dispositivos telefónicos en las unidades carcelarias. Hemos visto casos de extorsiones, estafas y defraudaciones que tienen su origen dentro de las cárceles", señaló Moyano.

El fiscal, quien anteriormente tuvo a su cargo las unidades 2, 38 y 27 de Sierra Chica, recordó que históricamente la prohibición del uso de teléfonos fue la norma por motivos de seguridad. 

En este sentido, sostuvo que los derechos de los privados de libertad no son absolutos y deben estar sujetos a reglamentaciones que protejan a la sociedad.

"No pretendo que se prohíban las comunicaciones, pero el preso no puede tener un smartphone con acceso a plataformas, aplicaciones y billeteras virtuales", enfatizó el especialista. 

Moyano detalló que, durante sus investigaciones, ha realizado allanamientos donde se secuestraron cuadernos con guiones preparados para engañar a las víctimas, lo que demuestra una organización criminal que se vale de la tecnología para delinquir.

Al ser consultado sobre quién debe tomar la determinación de restringir estos dispositivos, el fiscal indicó que se trata de una decisión política que compete al Ministerio de Justicia bonaerense y a la Secretaría de Asuntos Penitenciarios. Asimismo, mencionó que existe una iniciativa a nivel nacional, a través del ENACOM, que propone un protocolo para que las provincias se adhieran y limiten la operatividad de los teléfonos dentro de las cárceles.

Sin embargo, el panorama es dispar. Mientras algunas jurisdicciones avanzan en la búsqueda de controles, otras han manifestado su negativa a adherir a las propuestas nacionales. En el caso de Tandil, el Concejo Deliberante votó de manera unánime un pedido dirigido al Ministerio de Justicia y al gobernador para que se contemple esta problemática y se proteja a la ciudadanía frente a la creciente ola de ciberdelitos.

Moyano sugirió que, si el objetivo es garantizar el derecho a la educación o la comunicación con familiares, existen alternativas técnicas que no implican el uso libre de smartphones. 

"Se puede habilitar un aula específicamente con conexión a internet limitada, o mantener los sistemas de telefonía fija que existían tradicionalmente", propuso el fiscal.

El funcionario subrayó que el uso indiscriminado de aplicaciones facilita la suplantación de identidad y la comercialización de estupefacientes, entre otros ilícitos.

Por ello, insistió en que, al igual que en otros ámbitos laborales donde se restringe el uso de celulares, en el contexto carcelario es imperativo implementar una regulación que mitigue los riesgos actuales.

Finalmente, el fiscal destacó que es fundamental observar las legislaciones internacionales, donde el uso de teléfonos móviles en las cárceles no está habilitado de manera indiscriminada. 

"Es una problemática social que debemos abordar para evitar que las cárceles sigan siendo centros de operaciones para estafas y extorsiones que afectan a toda la comunidad", concluyó.

El Gobierno nacional reglamentó las condiciones para la tenencia, registración y utilización de silenciadores, moderadores de sonido y miras nocturnas para armas de fuego. La medida fue formalizada a través de la Resolución 48/2026 del Registro Nacional de Armas (Renar), publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La normativa establece que los legítimos usuarios de armas de uso civil condicional podrán solicitar la autorización para estos dispositivos siempre que acrediten ser miembros de una entidad de tiro autorizada o cuenten con una licencia o permiso de caza vigente. Asimismo, deberán declarar el material que buscan registrar y demostrar que poseen armas compatibles inscriptas a su nombre.

La resolución dispone que estos elementos tendrán una registración independiente de las armas. En este sentido, la autorización no quedará vinculada exclusivamente a un arma determinada, sino que podrán utilizarse en distintos materiales compatibles registrados por el mismo usuario. Por otro lado, los dispositivos importados que no tengan numeración de fábrica deberán recibir un número de serie asignado por el Renar, mientras que su fabricación, importación, exportación y comercialización quedará limitada a usuarios comerciales habilitados por el organismo.

La normativa introduce un nuevo procedimiento para registrar armas y otros materiales controlados recibidos por herencia, incluso cuando todavía no exista declaratoria judicial. En estos casos, el interesado deberá ser legítimo usuario vigente o iniciar ese trámite, acreditar el vínculo con el fallecido, presentar una declaración jurada certificada y solicitar la correspondiente tenencia. La registración tendrá únicamente efectos administrativos y no implicará reconocimiento de derechos sucesorios. Ante conflictos u oposiciones entre posibles herederos, el Renar podrá suspender preventivamente el trámite hasta que exista una resolución judicial o un acuerdo entre las partes.

Finalmente, la Resolución 48/2026 reglamenta la solicitud de portación de armas de guerra por parte de legítimos usuarios individuales. Entre los requisitos se encuentran contar con la condición vigente de legítimo usuario, tener autorizada la tenencia del arma, presentar un informe del Registro Nacional de Reincidencia sin anotaciones, acreditar aptitud psicofísica, idoneidad para el manejo y porte, y demostrar un medio lícito de vida.

Cada solicitud será sometida a un análisis integral de riesgo, que tendrá en cuenta la actividad del solicitante, su exposición a amenazas verificables, antecedentes registrales y otros factores. La Comisión de Portaciones y Sanciones deberá emitir un dictamen previo y fundado. Las autorizaciones podrán ser suspendidas, denegadas o revocadas si dejan de existir las condiciones que justificaron su otorgamiento o si el usuario pierde su habilitación.

Ante la creciente preocupación de los vecinos por la inseguridad, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, bajo la dirección de Javier Alonso, puso en marcha un operativo de despliegue territorial en Mar del Plata. La iniciativa surgió como respuesta a diversas movilizaciones y reclamos realizados por la comunidad, buscando frenar la escalada del delito en la ciudad.

El trabajo de campo incluyó reuniones con referentes barriales en el Complejo Policial Juan Vucetich y jornadas de escucha activa en el microcentro. Durante un relevamiento preventivo en la peatonal San Martín, los equipos provinciales analizaron las inquietudes de comerciantes y trabajadores. Según indicaron fuentes de Seguridad, “el relevamiento permitió identificar patrones comunes en la dinámica del centro comercial, principalmente en lo relativo a la prevención de hurtos y robos menores concentrados en la franja horaria de la tarde/noche”.

Los comerciantes señalaron que el horario de cierre de los locales, entre las 20 y las 21, representa un punto crítico, ya que coincide con una mayor afluencia de personas en las paradas de transporte público. Ante este diagnóstico, la cartera provincial definió esquemas dinámicos para reforzar la presencia de efectivos y móviles en los corredores de circulación.

Por su parte, los vecinos solicitaron mejoras en el mantenimiento de luminarias, el funcionamiento del sistema de videovigilancia, la limpieza del espacio público y un abordaje integral ante problemáticas de vulnerabilidad y adicciones. 

En respuesta a estas demandas, el Gobierno bonaerense anunció la incorporación de 50 nuevos patrulleros, 36 motos y 170 efectivos policiales para el fortalecimiento del Plan de Seguridad en General Pueyrredon.

La distribución estratégica contempla que 33 móviles se asignen al patrullaje descentralizado en los barrios, mientras que 17 vehículos reforzarán el Comando de Patrulla. Este último volverá a su estructura de subdivisión en zona Norte y Sur para cubrir las 63 cuadrículas del casco urbano. Asimismo, fuerzas como la UTOI, el Grupo de Apoyo Departamental, el Grupo de Policía Motorizada, Caballería e Infantería reubicarán recursos en la vía pública.

Cabe recordar que la demanda vecinal se intensificó tras una serie de hechos delictivos graves, incluyendo los asesinatos de Mailén Antonich, de 24 años, y de Ricardo Ruiz (48) y Alberto Rodríguez (68), ocurridos a principios de este mes.

La situación de la seguridad pública en diversos municipios del interior de la provincia de Buenos Aires ha generado un fuerte reclamo en la Legislatura bonaerense. El diputado de la UCR–Unión Cívica Radical, Valentín Miranda, presentó un proyecto en la última semana manifestando su profunda preocupación por las deficiencias que atraviesan las fuerzas policiales en materia de recursos humanos, equipamiento, insumos y financiamiento.

El eje central del reclamo se enfoca en la práctica de derivar a efectivos formados en municipios del interior hacia el Conurbano bonaerense por un periodo de tres años. Según el legislador, en la mayoría de los casos, estos agentes no regresan a sus ciudades de origen una vez cumplido el plazo, lo que genera un perjuicio directo para las localidades más pequeñas.

“Sin lugar a dudas, esta práctica genera un gran malestar y preocupación en los intendentes del interior. Entre quienes se jubilan y quienes poseen licencia médica, año a año se pierden efectivos que luego no se recuperan, generando un perjuicio directo a pequeñas y medianas localidades del interior”, manifestó Miranda.

Esta problemática ha sido planteada ante la Gobernación por jefes comunales de distintos espacios políticos. Entre ellos, los intendentes de Bolívar, Eduardo Bucca, y de General Alvear, Ramón Capra, iniciaron gestiones para repatriar a policías oriundos de sus distritos. En la misma línea, el intendente radical de Magdalena, Lisandro Hourcade, cuestionó el costo que asumen los municipios en la formación y logística de los efectivos.

“Los jefes comunales del interior destinan recursos en transporte y la logística para la formación de los policías y después terminan trabajando en La Costa o el Conurbano y nunca regresan al pueblo”, declaró el legislador.

El proyecto de Valentín Miranda también advierte que esta situación se agrava por la escasez de recursos derivada de la caída en la recaudación y en las transferencias provinciales, obligando a muchos distritos a destinar fondos propios o crear tasas de seguridad para cubrir gastos operativos. Ante este escenario, el diputado exhortó al Ministerio de Seguridad de la Provincia a implementar un plan integral de manera urgente: “Es necesario garantizar una distribución adecuada y equitativa de recursos humanos, materiales y financieros que permita mejorar las condiciones de seguridad de los vecinos de cada distrito”.

La discusión sobre el modelo de seguridad ha vuelto a instalarse en la agenda política, con varios intendentes impulsando una mayor autonomía y la posibilidad de que las policías locales vuelvan a depender de las administraciones municipales. Este debate, que forma parte de la reforma de la Ley de Seguridad impulsada por el oficialismo, ha ganado terreno tanto en las comisiones parlamentarias como en la interna del gobierno provincial.

La Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio de Tandil realizará el jueves 6 de agosto a las 18 horas una nueva reunión informativa para presentar los alcances del programa Tranqueras Seguras y Centinela Rural, una iniciativa que busca fortalecer las herramientas de prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en el ámbito rural.

El encuentro se desarrollará en el Club El Hornero y estará destinado especialmente a vecinos y productores de El Hornero, El Destino, El Remanso, Los Huesos y de toda la zona rural, aunque también estará abierto a todos aquellos interesados en conocer el funcionamiento del sistema.

La actividad se enmarca en la etapa de implementación del programa, tras el primer encuentro realizado recientemente en De La Canal, con la participación de alrededor de 50 vecinos y productores de la zona. Durante esa jornada se presentó el funcionamiento de la herramienta, se inició la entrega de kits de identificación y se avanzó con la incorporación de establecimientos rurales al sistema.

Tranqueras Seguras permite asignar un número de identificación (ID) único a cada acceso rural previamente georreferenciado. De esta manera, ante una emergencia reportada a través de la aplicación Centinela o mediante el llamado al 101, el Centro de Operaciones y Monitoreo puede ubicar con precisión el establecimiento, coordinar el envío de los recursos necesarios y orientar a los equipos de respuesta hasta el lugar del hecho.

Durante la nueva reunión también se brindarán detalles sobre las funcionalidades de Centinela Rural, la entrega de los kits correspondientes a cada establecimiento y la próxima puesta en funcionamiento de Centinela Patrulla Rural, una herramienta que permitirá reforzar las tareas preventivas mediante recorridos específicos y un trabajo articulado con el Comando de Patrulla Rural.

El programa forma parte del Sistema Integral de Protección Ciudadana del Municipio de Tandil, que ya completó la georreferenciación de más de 2.600 tranqueras de establecimientos rurales de todo el partido. El objetivo es optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias médicas, incendios, situaciones de seguridad y otros eventos que requieran la intervención de los organismos correspondientes.

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana destacaron la importancia de la participación de los vecinos y productores rurales en estas instancias de presentación, que permiten conocer el funcionamiento del sistema, despejar dudas y avanzar en la incorporación de nuevos establecimientos a la red de prevención.

El concejal Gonzalo Santamarina analizó la situación actual de la seguridad en Tandil. El referente de Acción Tandilense–La Libertad Avanza señaló que, semanalmente, reciben reportes de hechos delictivos que afectan tanto a zonas alejadas del centro como a sectores específicos que han vuelto a registrar niveles preocupantes de criminalidad.

“Venimos detectando algunos puntos calientes. Por ejemplo, la zona del pasaje 25 de mayo, Roca, Belgrano y 11 de septiembre se ha vuelto a poner muy complicada”, afirmó. Asimismo, mencionó que la zona cercana a los boliches bailables en la Avenida España presenta disturbios recurrentes, lo que genera en los vecinos una sensación de desatención por parte de las fuerzas de seguridad.

Santamarina también cuestionó la operatividad del servicio de seguridad Centinela. Al respecto, relató un caso reciente en el barrio Villa Gaucho donde, ante una denuncia por ruidos molestos y desorden, el móvil tardó una hora y 40 minutos en llegar al lugar. “Tenemos un problema en la noche de Tandil; está bastante desatendida y hay que fortalecerla”, sentenció.

Consultado sobre el proyecto presentado por la concejal Alejandra Marcieri respecto a la implementación de inteligencia artificial para realizar infracciones de tránsito, Santamarina se mostró cauto. El concejal subrayó que cualquier iniciativa de este tipo debe tener un abordaje integral y no limitarse a un perfil meramente recaudatorio.

“Lo que nosotros tenemos que estudiar en este proyecto es que realmente aporte a la seguridad vial. Hemos visto casos en otros municipios donde se han instalado cámaras y, al final, no se pensó en un plan integral de reordenamiento del tránsito”, explicó. Para el edil, el problema de la siniestralidad en Tandil requiere un enfoque que combine educación vial, controles estrictos y una infraestructura adecuada, como la señalización correcta de los cordones amarillos.

Otro de los ejes centrales de la entrevista fue la actividad de los cuidacoches, comúnmente conocidos como "trapitos". Santamarina ratificó la postura de su espacio político, que presentó un proyecto para prohibir esta actividad en la vía pública. Según el concejal, se trata de una práctica que no aporta valor y que, en ocasiones, genera situaciones de inseguridad para los vecinos y turistas.

“El vecino de Tandil lo tiene muy claro: es una actividad que no necesitamos. Hemos tenido más de una denuncia donde, lejos de sentir que te cuidan el auto, se producen situaciones de engaño”, sostuvo. El concejal lamentó que, a pesar de las promesas de la Secretaría de Protección Ciudadana de avanzar en una ordenanza para regular la situación, aún no se han visto soluciones concretas.

En relación con el funcionamiento de PAMI en Tandil, Santamarina destacó la reciente designación de María José Terreros al frente de la oficina local. Según el concejal, la presencia de una jefatura clara ha permitido agilizar la atención y resolver problemas pendientes, como la incorporación de siete nuevos médicos de cabecera en la ciudad y la normalización de la atención en la localidad de Vela.

Finalmente, al ser consultado sobre sus aspiraciones electorales, el referente de La Libertad Avanza evitó especulaciones. “Nos estamos preparando para gobernar la ciudad a conciencia. Tenemos equipos de trabajo que están diseñando y proyectando el Tandil que viene. Tenemos que aprovechar este tiempo y hacerlo bien”, concluyó.

El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario de $50.000 destinado al personal en actividad de las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales y de seguridad federales, con el objetivo de "reforzar los ingresos del personal alcanzado y garantizar una retribución acorde con las funciones, responsabilidades y dedicación".

La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el ministro de Defensa Carlos Alberto Presti y la ministra de Seguridad Nacional Alejandra Monteoliva.

El beneficio consiste en una suma fija remunerativa y no bonificable, de carácter excepcional, que será abonada por única vez junto con los haberes correspondientes al mes de agosto de 2026, según precisó Noticias Argentinas.

El bono alcanzará al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas, al personal de la Policía de Establecimientos Navales, al personal civil de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, así como también al personal en actividad de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional. En los casos de Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, la medida también incluye a los alumnos de esas instituciones.

El decreto aclara que, al tratarse de un pago extraordinario, el bono no se incorporará al salario básico ni modificará las escalas salariales vigentes, sino que funcionará como un refuerzo económico excepcional para el personal comprendido en la medida.

El Gobierno nacional oficializó el otorgamiento de una suma fija de 50.000 pesos destinada a todo el personal en actividad de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales y de seguridad federales. La medida fue comunicada este lunes a través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial.

Se trata de una decisión de carácter excepcional, remunerativa y no bonificable, que se liquidará por única vez junto con los haberes correspondientes al mes de agosto. El alcance de la resolución comprende a decenas de miles de agentes en todo el territorio nacional.

La normativa fue instrumentada mediante los decretos 695/2026 y 696/2026, los cuales llevan la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, y los titulares de las carteras de Defensa, Carlos Alberto Presti, y de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.

El decreto 695/2026 abarca al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas —Ejército, Armada y Fuerza Aérea—, así como al personal de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Según el texto oficial, la medida busca adecuar los ingresos para mantener los estándares adquisitivos frente a las responsabilidades y la dedicación que exigen sus funciones.

Por su parte, el decreto 696/2026 alcanza al personal con estado militar de gendarme y alumnos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), al personal con estado policial de la Prefectura Naval Argentina (PNA), efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), personal y alumnos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), integrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y personal de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

El Gobierno explicó que el objetivo es reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad y dedicación del personal. Al ser una suma remunerativa, el monto se computará para el cálculo de aportes y contribuciones previsionales, aunque al ser no bonificable, no servirá de base para otros suplementos salariales.

La Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público quedó facultada para dictar las normas complementarias necesarias. Este bono se suma a otras medidas implementadas este año, como el suplemento por título académico creado en junio mediante el decreto 473/2026 para los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Por pedido del intendente Miguel Lunghi, este martes el Registro Nacional de Armas (Renar) llevó adelante una inspección integral en las instalaciones del Tiro Federal Brigadier General Martín Rodríguez de Tandil, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad e infraestructura previstas por la normativa vigente.

La solicitud había sido presentada por el Municipio en abril de este año para que el organismo nacional verificara el cumplimiento de las condiciones de seguridad e infraestructura exigidas para el funcionamiento de la entidad de tiro, en el marco de las facultades de fiscalización que le otorga la Ley Nacional de Armas y Explosivos.

Durante la inspección realizada este martes, los funcionarios recorrieron los distintos sectores destinados a la práctica de tiro, verificaron las instalaciones, la documentación habilitante de la institución, las medidas de seguridad existentes y el resguardo del material controlado.

Según consta en el acta labrada al finalizar la recorrida, el organismo verificó que el Tiro Federal cuenta con alarma sonora y lumínica, cartelería de advertencia y seguridad, parapalas y espaldones en condiciones, instalaciones reglamentarias, reglamento interno de funcionamiento y un sistema adecuado para el resguardo del material controlado. Asimismo, dejó constancia de que el establecimiento cumple con las condiciones previstas en el Manual de Entidades de Tiro y demás normas vigentes.

Como única observación, los inspectores indicaron que la institución deberá reemplazar los extintores ubicados en el polígono, ya que se encuentran vencidos, y mantener ese equipamiento en correctas condiciones.

A partir de las conclusiones de la inspección, y teniendo en cuenta que el propio Manual de Entidades de Tiro contempla la adopción de medidas de mitigación acústica en polígonos ubicados en zonas urbanas, el Municipio continuará trabajando, dentro de sus competencias, en la evaluación de posibles acciones para reducir los ruidos molestos y favorecer una mejor convivencia entre la institución y los vecinos del sector.

El Ministerio de Seguridad de la Nación introdujo modificaciones significativas en los protocolos de actuación policial frente a los delitos informáticos, con especial énfasis en el incremento de las amenazas de violencia masiva en escuelas que circulan a través de las redes sociales. La medida, formalizada mediante la Resolución 725/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, establece restricciones precisas sobre el manejo de información sensible.

La cartera encabezada por la ministra Alejandra Monteoliva determinó que, sin la correspondiente orden judicial, queda prohibido el tratamiento de datos sensibles y de las publicaciones efectuadas por niñas, niños y adolescentes. Esta resolución responde al avance de los ciberdelitos que involucran a menores de edad en el entorno digital.

La normativa sustituye un inciso del artículo 3° de la resolución dictada el 27 de mayo de 2024. El nuevo texto legal establece: 

"El personal policial interviniente deberá ajustarse a lo normado en la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 y sus modificatorias. Queda expresamente prohibido el tratamiento sin autorización judicial de datos sensibles y de las publicaciones efectuadas por niñas, niños y adolescentes. Cuando surja la certeza o presunción de que la tarea de prevención policial del delito en el espacio cibernético se esté desarrollando ante un menor de edad, se suspenderá y dejará constancia de ello en el libro de registro con aviso a la autoridad responsable de la tarea".

No obstante, la resolución contempla excepciones a esta suspensión. Según se indicó, la interrupción de la tarea no corresponderá en determinados supuestos específicos. En estos casos, el personal actuante deberá cumplir con una obligación administrativa estricta:

"En todos los supuestos excepcionales previstos en este inciso, el personal actuante dejará constancia detallada en el libro de registro de las circunstancias concretas que motivaron la continuidad de la tarea, con comunicación inmediata a la autoridad responsable".

El Municipio de Tandil pondrá en marcha la etapa de entrega de kits del programa Tranqueras Seguras y Centinela Rural, una iniciativa orientada a fortalecer la prevención y mejorar la respuesta ante emergencias en el ámbito rural. El inicio de esta instancia estará acompañado por dos reuniones informativas destinadas a productores agropecuarios de las primeras zonas alcanzadas.

El primer encuentro se realizará el lunes 3 de agosto a las 18 en la sede del Club Defensores de De La Canal, mientras que el segundo tendrá lugar el jueves 6 de agosto, también a las 18, en el Club El Hornero, ubicado en el paraje del mismo nombre.

Durante ambas jornadas, autoridades municipales explicarán el funcionamiento del programa, informarán el número de identificación (ID) asignado a cada establecimiento y entregarán los kits correspondientes, que incluyen un cartel identificatorio para la tranquera de acceso y material informativo.

El programa Tranqueras Seguras y Centinela Rural integra el Sistema Integral de Protección Ciudadana del Municipio y fue diseñado para optimizar la localización de los establecimientos rurales y agilizar la intervención de los equipos de emergencia. Cada acceso contará con un número de identificación vinculado al sistema de georreferenciación, una herramienta que facilitará el accionar de los organismos competentes ante situaciones de seguridad, emergencias médicas, incendios u otros eventos.

Como parte de la implementación, el Municipio completó la georreferenciación de más de 2.500 tranqueras de establecimientos rurales distribuidos en todo el partido. Además, la iniciativa contempla la ampliación de las funcionalidades de la aplicación Centinela para adaptarlas a las necesidades del sector rural y la incorporación de móviles específicos para Centinela en Territorio Rural, con el objetivo de duplicar la capacidad operativa para la atención de emergencias y fortalecer el trabajo coordinado con el Comando de Patrulla Rural, Defensa Civil y los demás organismos que integran el sistema.

La secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, destacó el comienzo de esta nueva etapa del programa y señaló que las reuniones permitirán establecer un contacto directo con los productores rurales. "Queremos que cada vecino rural conozca cómo funciona la herramienta, reciba la identificación asignada a su establecimiento y pueda incorporarse a un sistema pensado para optimizar la respuesta ante cualquier emergencia", afirmó.

La funcionaria también indicó que "la implementación será progresiva y en las próximas semanas continuaremos recorriendo distintos sectores rurales del partido para llegar a todos los establecimientos. Mientras tanto, los productores que no pertenezcan a las zonas de De La Canal o El Hornero y deseen conocer el programa, consultar el número de identificación (ID) asignado a su establecimiento o retirar el kit correspondiente podrán acercarse a la Secretaría de Protección Ciudadana, donde recibirán el asesoramiento de nuestro equipo".

Aquellos productores interesados también pueden obtener más información sobre Tranqueras Seguras y Centinela Rural, descargar la aplicación Centinela y consultar las preguntas frecuentes a través del siguiente enlace: https://www.tandil.gov.ar/novedades/213788. 

La Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio de Tandil encabezó el miércoles una nueva reunión de la Mesa de Coordinación Local, en la que participaron autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y representantes de todas las fuerzas policiales con actuación en el distrito. El encuentro tuvo como eje la evaluación de la situación de la seguridad en el partido y el avance en la elaboración del nuevo Plan Integral de Seguridad Local para el período 2026-2027.

La reunión se desarrolló en la Escuela Municipal de Talentos y fue presidida por la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri. También participaron el director provincial de Control y Fiscalización Policial del Ministerio de Seguridad bonaerense, Javier Sanz; el jefe de la Estación Departamental de Seguridad Tandil, comisario Marcos Navarro, y los responsables de las distintas dependencias policiales que operan en el distrito.

Del encuentro formaron parte los titulares de las comisarías locales, los grupos tácticos operativos, la Unidad de Policía de Prevención Local, el Comando de Patrullas, el Comando de Prevención Rural, la Policía de Seguridad Vial, la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), la Delegación de Drogas Ilícitas, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), Caballería, Infantería, la Comisaría de la Mujer y la Familia, además de las divisiones de Comunicaciones e Inteligencia, entre otras áreas vinculadas al sistema de seguridad.

La Mesa de Coordinación Local funciona en el marco de la Resolución 341/2020 del Ministerio de Seguridad bonaerense y tiene como objetivo evaluar y actualizar el Plan Integral de Seguridad Local, instrumento que orienta las políticas públicas de prevención del delito y las violencias mediante el trabajo conjunto entre el Municipio, las fuerzas policiales y distintos organismos e instituciones.

Durante la jornada se realizó un balance del grado de ejecución del Plan Integral de Seguridad Local 2024-2026 y se avanzó en la elaboración del diagnóstico que servirá de base para el nuevo programa de acción.

Ese diagnóstico contempla cuatro ejes de análisis. El primero aborda la situación criminológica del distrito, con un relevamiento sobre la incidencia y distribución territorial de los delitos y los conflictos. El segundo analiza las características socio-urbanas de la ciudad; el tercero, los factores geográficos que pueden incidir en las dinámicas delictivas, como la conectividad y la circulación; mientras que el cuarto se centra en la capacidad institucional y la articulación entre los organismos públicos y las fuerzas de seguridad.

A partir de esa evaluación, los participantes comenzaron a delinear las principales estrategias del futuro Plan Integral de Seguridad Local 2026-2027. Entre los temas abordados figuran la coordinación operativa entre las fuerzas, el fortalecimiento del Centro de Operaciones Múltiples, la incorporación de herramientas tecnológicas para videovigilancia y alerta temprana, la gestión de la información, las políticas de prevención del delito, la asistencia a las víctimas, las acciones con perspectiva de género y la promoción de la participación comunitaria.

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana señalaron que el trabajo conjunto “permite construir un diagnóstico actualizado de la realidad local y establecer objetivos comunes para optimizar el uso de los recursos disponibles, fortalecer la coordinación entre todas las instituciones involucradas y consolidar una política de seguridad basada en la prevención, la información estratégica y el trabajo articulado en el territorio”.