Entre las iniciativas que el oficialismo considera prioritarias figuran el “Súper RIGI”, la reforma de la Ley de Propiedad Privada, los cambios al régimen de Zonas Frías y la reforma de la Ley General de Sociedades.

A esa agenda de leyes económicas se agregará la reforma del Banco Central, considerada prioritaria para el Gobierno, ya que busca prohibir el financiamiento al Tesoro, reforzar la independencia de la entidad y establecer como objetivo único cuidar el valor de la moneda.

Tras haber aprobado en sesiones extraordinarias las leyes de reforma laboral y Glaciares desde la apertura del periodo ordinario solo pudo sancionar del paquete económico el pago a los fondos buitres.

Del paquete económico que está en el Senado la única que puede tener luz verde al reanudarse la actividad en la cámara alta, interrumpida por las vacaciones de invierno, es el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad” que se tratará el 6 de agosto, tras fracasar por falta de acuerdo en cuatro oportunidades.

El Gobierno buscó cerrar el jueves pasado la interna abierta entre el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la presidenta de la Comisión de Legislación General del Senado, Patricia Bullrich, por el proyecto de reforma de la Ley de Tierras.

Esas diferencias dentro del oficialismo, sumadas a la falta de respaldo de algunos bloques dialoguistas, obligaron a postergar por cuarta vez el tratamiento del proyecto durante la sesión del pasado 16 de julio.

En ese contexto, Bullrich defendió el jueves pasado ante Sturzenegger el acuerdo alcanzado con los bloques dialoguistas, que mantiene un rol para las provincias en la autorización de esas operaciones. NA

La Libertad Avanza apuesta a que agosto marque un punto de inflexión en el Senado y le permita avanzar con la aprobación del paquete de leyes económicas que permanece trabado desde hace meses por la falta de consensos con la oposición dialoguista. Desde marzo, el oficialismo solo consiguió convertir en ley el acuerdo con los fondos buitres, mientras que el resto de las iniciativas continúa pendiente de tratamiento.

Entre los proyectos que el Gobierno considera prioritarios figuran el "Súper RIGI", la reforma de la Ley de Propiedad Privada, los cambios al régimen de Zonas Frías, la reforma de la Ley General de Sociedades y una reforma del Banco Central, que busca prohibir el financiamiento al Tesoro, fortalecer la independencia de la autoridad monetaria y establecer como único objetivo la preservación del valor de la moneda.

La iniciativa con mayores posibilidades de avanzar es la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad, cuyo tratamiento está previsto para el 6 de agosto, luego de haber sido postergado en cuatro oportunidades por falta de acuerdos.

En los últimos días, el Gobierno trabajó para cerrar las diferencias internas entre el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y la presidenta de la Comisión de Legislación General del Senado, Patricia Bullrich, respecto de la reforma de la Ley de Tierras.

El entendimiento alcanzado mantiene un rol para las provincias en la autorización de la venta de tierras a inversores extranjeros, permitiéndoles intervenir en esas operaciones e incluso dictar su propia normativa.

El texto también establece que los Estados extranjeros y las empresas con participación estatal extranjera no podrán adquirir tierras, salvo autorización conjunta de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional. Además, se mantiene la exigencia de autorización para la compra de inmuebles rurales en zonas de seguridad de frontera y se elimina el mecanismo de "silencio administrativo", que habilitaba automáticamente la operación si no había respuesta oficial en un plazo de seis meses.

Otro de los proyectos que espera avanzar es la modificación del régimen de Zonas Frías, aprobada en Diputados el 20 de mayo, pero que aún no comenzó a debatirse en las comisiones del Senado.

La iniciativa propone reducir el alcance del subsidio al gas, limitándolo nuevamente a la Patagonia, Malargüe y la Puna. De aprobarse, alrededor de 1,7 millones de hogares dejarían de recibir el beneficio incorporado en la ampliación realizada en 2021.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, intentó reunir apoyos durante su visita al Senado el 1 de julio, aunque el proyecto continúa enfrentando resistencia dentro de sectores del radicalismo y de bloques provinciales.

El oficialismo también pretende convertir en ley el denominado "Súper RIGI", aprobado por Diputados el 24 de junio e ingresado al Senado el 13 de julio.

La iniciativa comenzaría a debatirse en la primera semana de agosto en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Economía Nacional.

El régimen fue diseñado por el Ministerio de Economía para atraer inversiones de al menos 1.000 millones de dólares destinadas a sectores tecnológicos y estratégicos, mediante beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios.

Entre las actividades alcanzadas figuran la industrialización de minerales críticos como litio y uranio, la biotecnología, la producción de baterías, el hidrógeno verde, los vehículos eléctricos, la fabricación de paneles solares, turbinas eólicas, reactores nucleares de pequeña y mediana escala, semiconductores e inteligencia artificial.

Otro de los proyectos impulsados por Federico Sturzenegger es la reforma de la Ley General de Sociedades, que ingresó al Senado a fines de mayo y hasta el momento solo tuvo una reunión informativa en comisión.

La propuesta busca reducir la intervención del Estado en la organización de las empresas, estableciendo que las normas de la ley sean de carácter supletorio y otorgando mayor autonomía a los estatutos societarios.

Entre los cambios previstos, los registros públicos no podrán imponer restricciones que excedan lo establecido por la ley, se eliminan trabas burocráticas, se amplía el objeto social de las empresas y se habilita la posibilidad de que las sociedades sometan sus conflictos internos a derecho extranjero o a mecanismos de arbitraje, evitando recurrir a la Justicia ordinaria.

Con este conjunto de iniciativas, La Libertad Avanza buscará que agosto se convierta en el mes clave para reactivar su agenda legislativa económica, aunque el éxito del plan dependerá de alcanzar acuerdos con los bloques dialoguistas en una Cámara alta donde el oficialismo continúa sin mayoría propia.

Luego de tres postergaciones consecutivas y ante las marcadas diferencias en la redacción del proyecto, que ya cuenta con al menos 15 versiones, la senadora Patricia Bullrich convocó a una reunión clave para definir la letra final de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El encuentro contará con la participación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La reunión, programada para esta tarde a las 16 en la Cámara de Senadores, surge tras la decisión de Bullrich de postergar el debate debido a los cuestionamientos de diversos gobernadores, quienes manifestaron su preocupación por el articulado que facilita la venta de tierras a extranjeros. Ante la falta de apoyos, la legisladora estableció un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto para evitar un rechazo generalizado del texto.

Sobre la naturaleza del encuentro, una fuente del entorno de la senadora señaló:

Es un encuentro interno. El temario básicamente es la Propiedad Privada, pero es posible que vayan a ver también los otros temas que él tiene en carpeta.

La iniciativa ha generado una fuerte controversia política. La vicepresidenta Victoria Villarruel se sumó a las críticas de los gobernadores, acusando al Ejecutivo de intentar vender el país y calificando de indignante el apartado sobre tierras en defensa de la integridad territorial. Este conflicto derivó en un intenso cruce de mensajes y denuncias por presuntas amenazas entre los equipos de trabajo de ambas referentes de La Libertad Avanza.

A pesar de la tensión, Bullrich mantuvo un encuentro con Villarruel para intentar ordenar la hoja de ruta parlamentaria durante el receso invernal. Por su parte, el proyecto ha sido objeto de críticas por parte de bloques aliados, quienes cuestionaron la falta de claridad en las versiones presentadas. Pese a esto, desde el oficialismo se mantienen optimistas respecto a la votación: Los votos van a estar, aseguraron fuentes cercanas al proceso.

El Gobierno nacional dio por finalizada la gestión de Martín Irurzun como juez de la Cámara Federal de Apelaciones porteña, luego de que el magistrado alcanzara los 75 años el pasado sábado. Ante esta situación, el Ministerio de Justicia envió una nota formal al Consejo de la Magistratura para que se inicie el concurso destinado a cubrir el cargo en la Sala II del tribunal, un área estratégica donde se tramitan causas de corrupción y delitos complejos.

La solicitud, enviada por el director de Relaciones con el Poder Judicial, Lucas Somaglia, al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, busca arbitrar lo conducente a fin de que se sustancie el concurso correspondiente. Según el documento oficial, el Poder Ejecutivo consideró que se produjo la vacante definitiva al no haber elevado una propuesta de nuevo nombramiento ante el Senado de la Nación.

Por su parte, Martín Irurzun mantiene un recurso ante la Corte Suprema de Justicia en el que reclama su permanencia en el cargo. El magistrado argumenta que la cláusula constitucional que establece el límite de edad afecta la garantía de inamovilidad judicial. Aunque el procurador Eduardo Casal dictaminó en contra de esta postura, el máximo tribunal notificó que el expediente aún se encuentra bajo estudio.

Mientras se resuelve la situación judicial, la Cámara Federal deberá designar a un juez subrogante mediante sorteo entre los magistrados de la Sala I, integrada por Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. En paralelo, el Gobierno impulsa una reestructuración del tribunal con el envío de pliegos al Senado para la designación de nuevos jueces en la Sala I, buscando completar la conformación de este fuero clave.

A partir de agosto, los senadores nacionales recibirán un nuevo incremento en sus haberes, lo que elevará sus ingresos a casi 12 millones de pesos en bruto. Este ajuste salarial es el resultado directo del acuerdo paritario alcanzado entre la vicepresidenta Victoria Villarruel, en su rol de titular del Senado, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, junto a los gremios legislativos.

La mejora salarial se fundamenta en un incremento acumulativo del 6,7 por ciento, el cual impacta en las dietas de los legisladores debido a la denominada “Ley de enganche”, normativa que fue aprobada a mano alzada por los propios senadores durante el año 2024.

El esquema de actualización se aplicará de manera escalonada en tres tandas. El cronograma incluye un retroactivo correspondiente a junio del 2,4 por ciento, al que se adiciona un 2,2 por ciento correspondiente a julio y un 1,9 por ciento previsto para agosto.

Cabe recordar que, durante el inicio del actual período ordinario, los senadores ya habían obtenido un aumento acumulativo del 12,5 por ciento. Dicho incremento se completó en mayo, llevando las dietas a una cifra superior a los 11 millones de pesos brutos, sin considerar los descuentos correspondientes a ganancias y otros ítems. Con la aplicación de estos nuevos tramos, los legisladores alcanzarán un 19 por ciento de aumento total en agosto.

El Senado bonaerense sancionó en su última sesión la denominada “Ley Joaquín”, una normativa que establece medidas obligatorias de seguridad para la instalación y el mantenimiento de arcos deportivos y juegos recreativos, tanto en espacios públicos como privados. La iniciativa busca prevenir accidentes y garantizar entornos seguros para niños y adolescentes.

El proyecto surgió a raíz del fallecimiento de Joaquín Stefano Gatto, un chico de 12 años oriundo de La Matanza, quien perdió la vida cuando un arco de fútbol sin fijación cayó sobre él durante una actividad recreativa en Junín de los Andes, provincia de Neuquén.

La propuesta fue impulsada por el titular del bloque de Fuerza Patria en la Cámara de Diputados de la Provincia, Facundo Tignanelli. Según expuso el legislador en los fundamentos del proyecto, el caso de Joaquín no constituye un episodio aislado, sino que forma parte de una sucesión de accidentes graves ocurridos en distintas provincias del país desde 2007. Muchos de estos hechos tuvieron consecuencias fatales y estuvieron vinculados a la falta de anclaje, mantenimiento o supervisión de los elementos deportivos.

En su presentación, Facundo Tignanelli fundamentó la propuesta en la ausencia de una normativa nacional que regule de manera integral la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos deportivos. Asimismo, el legislador señaló como antecedente experiencias internacionales, tales como las regulaciones vigentes en Francia y las normas de la Unión Europea, que establecen requisitos de seguridad para prevenir lesiones y muertes en ámbitos deportivos.

La "Ley Joaquín", que entrará en vigencia una vez que el Gobierno la publique en el Boletín Oficial, dispone la obligatoriedad de medidas de seguridad para arcos de fútbol, hockey, handball, rugby, aros de básquet, postes de vóley y juegos de plaza.

Entre las disposiciones concretas, el articulado establece la exigencia de anclajes, sistemas de contrapeso o sujeción permanente para arcos de más de 20 kilos. Además, exige la incorporación de protecciones acolchonadas en pisos, columnas y paredes, y la correcta disposición de los elementos removibles cuando no estén en uso, siguiendo las recomendaciones técnicas de profesionales matriculados.

Mientras el Senado debate un polémico proyecto que flexibiliza la compra de tierras por parte de extranjeros, el gobernador bonaerense Axel Kicillof salió el pasado jueves a cuestionar con dureza la iniciativa que impulsa el Gobierno nacional y le pidió a los legisladores que la rechacen. 

Durante un acto en Avellaneda, el mandatario vinculó la discusión parlamentaria con el clima de reivindicación de la soberanía que dejó la victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. “Estamos invadidos por ese sentimiento que ayer estuvo tan alto. Hoy, en el Congreso Nacional, están queriendo votar una ley para que se pueda vender el territorio argentino al mejor postor”, manifestó.

Al inaugurar un nuevo Centro de Cuidado Familiar y Comunitario en Gerli, el gobernador sostuvo que el proyecto representa una cesión de soberanía y reclamó que la iniciativa no prospere. En ese sentido, enfatizó: “Vamos a decir acá desde Avellaneda que eso no va a pasar, que no tiene que pasar y que es responsabilidad de todos los que, por fondos o por lo que sea, quieren levantar la mano para la venta del territorio argentino”.

Asimismo, el mandatario agregó: “Esperemos que, como ayer dio un ejemplo la Selección Argentina, quienes tienen que votar hoy piensen en la celeste y blanca”.

Cabe recordar que la iniciativa, forjada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, consta de varios capítulos, con cambios en el régimen legal para los desalojos judiciales y las leyes de Tierras y de Manejo del Fuego. Sobre la venta de tierras rurales, la última versión modificada del dictamen habilita la venta de tierras rurales sin límites a personas extranjeras. Deberá conseguirse la autorización de la provincia y la Nación en casos de empresas con participación de Estados extranjeros en su capital accionario. La ley vigente limita la posesión extranjera a un 15%, tanto en el nivel nacional como provincial y departamental. A su vez, ninguna nacionalidad podrá poseer más del 30% de la totalidad habilitada.

Junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y la intendenta local, Magdalena Sierra, el gobernador destacó la inauguración del Centro de Cuidado Familiar y Comunitario de Gerli, al que consideró como una obra indispensable para fortalecer el sistema de salud en Avellaneda y garantizar a los vecinos una respuesta más cercana y de calidad.

“En la Argentina actual, los problemas de acceso a la salud golpean a todos los sectores: como consecuencia de las políticas del Gobierno nacional, más de 300.000 trabajadores perdieron su empleo y, por lo tanto, su obra social”, sostuvo el gobernador bonaerense y agregó: “El modelo de Javier Milei expulsa, precariza y le arruina la vida a la gente: son cada vez más las familias que se endeudan para comprar medicamentos y pagar los servicios”.

A partir de una inversión de 700 millones de pesos, el centro de salud “Dr. Alejandro Oleiro” cuenta con una superficie de 395 metros cuadrados en los que se distribuyen cinco consultorios para atención general, dos pediátricos, uno odontológico, uno ginecológico, y uno obstétrico; además de enfermería, dispensario de medicamentos y SUM.

La Libertad Avanza decidió postergar por cuarta vez el tratamiento en el Senado del proyecto de propiedad privada, ante la falta de apoyos necesarios para aprobar uno de sus puntos más controvertidos: la eliminación de las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.

La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, solicitó diferir el debate hasta la sesión prevista para el 6 de agosto, con el objetivo de ganar tiempo para negociar consensos. El proyecto no solo genera resistencia entre los bloques dialoguistas, sino que también expuso diferencias dentro del propio oficialismo.

Según trascendió, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, rechazó la versión número 15 del dictamen de mayoría, lo que provocó malestar en Bullrich, quien ya había informado los cambios durante una reunión de la mesa política del oficialismo.

Uno de los principales desacuerdos giró en torno a una modificación que permitía que cada provincia dictara su propia normativa sobre la compra de tierras por extranjeros. De esa manera, aunque la ley nacional eliminara los límites, las provincias podrían restablecer restricciones. Esa alternativa fue rechazada por el Gobierno nacional.

La iniciativa también encontró oposición entre aliados habituales del oficialismo, entre ellos los radicales Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama, además de legisladores provinciales como Alejandra Vigo, José Carambia, Natalia Gadano y Edith Terenzi.

El punto más debatido de la reforma elimina los topes vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Actualmente, la legislación establece límites que, en términos generales, equivalen a unas 1.000 hectáreas, dependiendo de la zona.

El proyecto mantiene la prohibición para que Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera adquieran tierras rurales, salvo que cuenten con autorización tanto de la provincia donde se ubique el inmueble como del Poder Ejecutivo Nacional.

Además, en las zonas de frontera seguiría siendo necesaria la autorización de los gobiernos nacional y provincial, y en versiones anteriores del dictamen también se contemplaba la intervención del Congreso.

La iniciativa no solo modifica el régimen de tierras, sino que también incorpora cambios en la legislación sobre alquileres, expropiaciones y la ley de Manejo del Fuego.

El oficialismo llegó a la sesión con dificultades para alcanzar el quórum y logró habilitar el debate con el mínimo de 37 senadores. Ese número se alcanzó gracias al respaldo de 21 legisladores libertarios, 10 radicales, dos representantes del PRO, uno de Primero los Salteños, dos de Encuentro Misionero y uno de La Neuquinidad.

En cambio, no aportaron quórum bloques como Convicción Federal, Despierta Chubut, Movere Santa Cruz, Independencia y Provincias Unidas.

La jornada también estuvo marcada por un nuevo capítulo de la interna oficialista. De acuerdo con fuentes parlamentarias, la vicepresidenta Victoria Villarruel tampoco era partidaria de realizar la sesión y mantuvo un fuerte intercambio de mensajes con Bullrich.

Durante esa conversación, Villarruel habría cuestionado la realización del debate al señalar: "¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial?". El cruce escaló cuando la vicepresidenta le dijo: "Andá a chuparle las medias a Karina", en referencia a Karina Milei, mientras que Bullrich respondió: "¡Chau! ¡Chau comienzo y fin de una corta vida política".

Con el debate nuevamente aplazado, el Gobierno tendrá hasta agosto para intentar reunir los apoyos necesarios y destrabar un proyecto considerado estratégico dentro de su agenda de reformas.

La jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pidió demorar hasta la sesión del 6 de agosto el tratamiento de este proyecto, que abrió una grieta entre libertarios y aliados que no quieren votar la reforma de la ley de tierras, que establece que los empresarios extranjeros solo podrán adquirir unas mil hectáreas.

Pero el oficialismo no solo tenía dificultades para reunir los votos para aprobar un punto central de la ley, sino que había diferencias con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que no aceptaba la versión número 15 del dictamen de mayoría, según señalaron fuentes parlamentarias a la Agencia NA.

En el nuevo texto del proyecto sobre propiedad privada se proponía que cada provincia pueda dictar su propia ley, con lo cual si la ley nacional sacaba los topes para que los empresarios puedan comprar terrenos en la provincia podían volver a restituirlos, lo cual eso era rechazado por el Gobierno Nacional.

Fuentes parlamentarias señalaron que Bullrich está molesta porque se enteró del rechazo de Sturzenegger a los últimos cambios al proyecto cuando ya los había comunicado en la última reunión de mesa política.

Estos cambios en el capítulo sobre tierras tampoco conformaban a los aliados porque se mantenían la oposición al proyecto de los radicales, Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger, y Flavio Famia, así como otros provinciales como la cordobesa Alejandra Vigo, los santacruceños José Carambia, Natalia Gadano, y la chubutense Edith Terenzi.

Ahora el Gobierno tendrá plazo hasta agosto para buscar acuerdos que le permitan votar esta iniciativa, que además contempla cambios en el régimen de alquileres, expropiaciones y la ley del Manejo del Fuego.

El oficialismo llegó a esta sesión con serias dificultades para juntar el quórum de legisladores para habilitar la deliberación del plenario del cuerpo, y solo pudo conseguir el piso de 37 legisladores.

La Libertad Avanza consiguió quórum con la presencia de 21 libertarios, 10 radicales, 2 macristas, 1 de Primero los Salteños, 2 de Encuentro Misionero, y 1 de La Neuquinidad.

En cambio, los bloques que no dieron quórum los bloques aliados de Convicción Federal -que preside la peronista Carolina Moises-, Despierta Chubut, Movere Santa Cruz, y de Independencia, y Provincias Unidas.

No solo los dialoguistas y los peronistas querían debatir el tema de propiedad privada, sino tampoco quería realizar la sesión la vicepresidenta Victoria Villarruel que mantuvo una fuerte discusión con la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, en un intercambio que tuvieron por mensajes de texto.

“¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial?”, le reprochó Villarruel a Bullrich. Sobre el final del intercambio, la vicepresidenta calificó a la senadora de chupamedias de Karina Milei: “Andá a chuparle las medias a Karina”, espetó Villarruel; a lo que Bullrich retrucó: “¡Chau! ¡Chau comienzo y fin de una corta vida política!”. NA

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, puso como ejemplo el desempeño de la Selección argentina ante Inglaterra en la reciente semifinal por la Copa del Mundo, y les pidió a los senadores que cuando voten el proyecto de Propiedad Privada “piensen en la celeste y blanca”.

Estas declaraciones se dieron antes de que finalmente la sesión en la Cámara alta se pospusiera hasta el 6 de agosto debido a que la Libertad Avanza no logró reunir los votos, en el marco de la inauguración de un nuevo Centro de Cuidado Familiar y Comunitario en Gerli.

Allí, el mandatario provincial hizo referencia, implícitamente, a la bandera que los jugadores desplegaron, luego del triunfo ante los ingleses, en la que se reafirmaba la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

“Estamos invadidos por ese sentimiento que ayer estuvo tan alto. Hoy, quiero decir que en el Congreso Nacional están queriendo votar una ley para que se pueda vender el territorio argentino al mejor postor. Desde acá, decimos que eso no va a pasar, que no tiene que pasar y que es responsabilidad de todos los que por fondos o por lo que sea quieren levantarle la mano a la venta del territorio argentino”, expresó.

En la misma línea, le envió un mensaje al Gobierno Nacional al que le solicitó que deje de “extorsionar” tanto a las provincias como a los legisladores “para que voten la entrega del territorio nacional”. NA

El Senado aprobó el pliego para prorrogar por cinco años el mandato del juez de la Cámara Nacional del Apelaciones del Trabajo, Víctor Pesino, quien respaldó la posición del Gobierno sobre la reforma laboral al rechazar un recurso de amparo presentado por la CGT.

Además, el Senado otorgó aprobó los ascensos de Cancillería y 29 postulaciones para jueces, defensores y fiscales, entre los que se encuentre la designación Juan Rodríguez Ponte como juez de un tribunal de Lomas Zamora.

La decisión se adoptó en una breve sesión, ya que se cayó el debate sobre propiedad privada, también se dio tratamiento parlamentario a unos 29 pliegos, entre los figuran las propuestas para que Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, integren la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. NA

La Libertad Avanza y bloques dialoguistas acordaron la semana pasada sesionar hoy, pero hasta ayer a la tarde todavía había dudas sobre el quórum ya que algunos legisladores están de vacaciones porque en algunas provincias el receso invernal comenzó esta el lunes pasado, una semana antes que en la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, admitieron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas.

Sin embargo, en el oficialismo había optimismo en que se llegará al quórum y se tratarán los pliegos judiciales y propiedad privada, aunque haya dudas sobre los votos para determinados artículos sobre la venta de tierras a los extranjeros.

El bloque de la LLA está apurado por aprobar el pliego de Pesino, debido a que el 27 de Julio cumple 75 años, con lo cual sino se aprueba antes de esa fecha corre riesgo que se frustre la prórroga de su mandato que ya tiene dictamen favorable.

Pesino ya presentó un recurso de amparo para poder continuar como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dado, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

De todas maneras, el tema central de la sesión es el demorado debate del proyecto de propiedad diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tuvo sustanciales modificaciones, ya que se eliminó el capítulo sobre cambios en la ley de barrios populares y se reformaron los capítulos sobre extranjerización de tierras, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.

El proyecto elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros.

Se prohibirá la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros, y de empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.

Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional. En los casos de zonas de frontera deberá haber una autorización de los gobiernos nacionales y provinciales.

Si no existe un reparo ni del gobierno nacional ni provincial se reconocerá el silencio administrativo, con lo cual a los 180 días serán propietarios de pleno derecho.

En la versión número 13 del dictamen se mantuvo la prohibición para que una empresa privada con capital de algún país extranjero pueda adquirir tierras, y el requisito para zonas fronterizas de tener aval de las provincias, el Gobierno y el Congreso Nacional. NA

Termina un semestre con algunos logros parlamentarios innegables para el oficialismo, principalmente la reforma laboral, pero también con la admisión no declarada de que se pudo haber hecho mucho más si no hubiera estallado el escándalo por las irregularidades patrimoniales de Manuel Adorni, que empantanó la tarea legislativa.

En tiempo de alargue del primer semestre, el Senado prepara su última función en el recinto, que tendrá lugar este jueves 16 con un temario acotado a la aprobación de pliegos de jueces y la postergada ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

La Cámara de Diputados cerró el “boliche” el 24 de junio, cuando celebró su última sesión, y lo que vino después fueron algunas reuniones de comisión aisladas como la dedicada a debatir la ley anti-barrabravas, y también algunos encuentros protocolares de tipo institucional.

Con cinta de clausura provisoria quedaron la ley de lobby, el proyecto para suscribir el acuerdo internacional en Patentes y los cambios a la Ley de Financiamiento Universitario.

El Senado, por su parte, siguió procrastinando la aprobación de la Ley Hojarasca y la reducción del régimen de subsidios al gas por zonas frías.

Además sigue demorando el inicio del debate de la iniciativa de Súper RIGI, y dejó arrumbado, sin perspectiva alguna de resurgimiento, el proyecto con modificaciones a la ley de emergencia en Discapacidad.

El oficialismo, además, demostró que no tiene ningún apuro en empujar la nueva ley de Salud Mental, que ya concitó tres plenarios de comisión, ni tampoco en dar comienzo al tratamiento de los proyectos de derogación de la ley de Etiquetado Frontal de Alimentos y de prevención de la ludopatía digital.

Nueva etapa

Pese a que el semestre terminó con el freno de mano puesto en relación a la mayoría de los temas que tienen estado parlamentario, el oficialismo se entusiasma con un segundo semestre parlamentario distinto a partir de agosto, aprovechando que el envión anímico de un Gobierno que recuperó imagen e iniciativa después de haberse desprendido del peso muerto que significaba Adorni.

El debate del Presupuesto 2027, condicionado por el envío de un proyecto de “shutdown” del Estado, sumado a la reforma electoral, y los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central, conforman el núcleo del repertorio inicial con el que el Gobierno busca despegar en materia legislativa.

Esa agenda se podría nutrir además de algunos de los temas pendientes como la nueva Ley de Sociedades Generales que empuja el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Esta nueva etapa tuvo su hito de lanzamiento el 9 de Julio en Tucumán, donde Javier Milei estuvo acompañado por su Gabinete en pleno y un corso de gobernadores que empiezan -otra vez- a verlo rubio y de ojos claros a medida que se avecina el año electoral y las encuestas reflejan una mejoría en la imagen presidencial.

El acto en Tucumán fue un despliegue escénico y una demostración de fuerzas que le permite La Libertad Avanza recargarse de energía positiva para encarar los desafíos venideros en materia parlamentaria.

Al mismo tiempo que recupera centralidad, el oficialismo se aprovecha de la dispersión y desarticulación de una oposición que ya no tiene más el tema Adorni como factor aglutinante.

La oposición solo pudo hacer daño porque encontró un motivo en el error de Milei de sostener a un funcionario que políticamente ya estaba muerto, que ya no le servía, independientemente de las responsabilidades que le quepan en la Justicia. (NA).

Por Silvia Rajcher.

Esta iniciativa, cuyo debate se viene postergando por falta de acuerdo político entre oficialistas y dialoguistas, será el principal tema que la bancada de la Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, quiere sancionar en la sesión convocada para el jueves al mediodía, donde también busca votar a favor de una treintena de pliegos judiciales.

El proyecto se iba a discutir el pasado 3 de junio, pero se decidió postergarlo porque había diferencias sobre el artículo referido a la eliminación de los topes para que los empresarios compren tierras rurales, y luego se había incluido en la sesión del 25 de junio, pero esa deliberación se cayó por falta de quórum.

El proyecto denominado “inviolabilidad de la propiedad privada” fue diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y contempla cambios para la venta de tierras a extranjeros, en materia de expropiaciones, desalojos de viviendas y terrenos y manejo del fuego.

Esa iniciativa sufrió cambios sustanciales en casi todos los capítulos e incluso se derogó el referido a la ley de barrios populares, ya que si se mantenía como quería el Gobierno se podía desatar una ola de desalojos, y fue duramente criticado por la Iglesia.

El proyecto elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros.

Se prohibirá la adquisición de tierras rurales por parte de los Estados Extranjeros, y de empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.

Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional.

En los casos de zonas de frontera deberá haber una autorización de los gobiernos nacionales y provinciales.

Si no existe un reparo ni del gobierno nacional ni provincial se reconocerá el silencio administrativo, con lo cual a los 180 días serán propietarios de pleno derecho.

Por otro lado establece que se aplicará un desalojo exprés solo en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios. NA

La Libertad Avanza y los bloques opositores se reunirán al mediodía para realizar la próxima semana una sesión ordinaria, en la cual el oficialismo quiere tratar la propiedad privada, que elimina restricciones para que empresarios puedan comprar tierras, y establece el desalojo exprés para las propiedades o terrenas ocupadas en forma ilegal.

El temario de la sesión se discutirá en una reunión de Labor Parlamentaria que fue convocada por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, tras el pedido realizado la semana pasada de la jefa del bloque oficialista Patricia Bullrich, aunque no pudo lograr el objetivo de sesionar este miércoles.

Será la última sesión ordinaria antes del receso que se otorga a los empleados desde el 20 de julio al 3 de agosto, en coincidencia con las vacaciones de invierno en varias provincias y CABA.

En la reunión de Labor Parlamentaria, Bullrich -quien concurrirá junto al libertario Agustín Coto- propondrá tratar la postergada ley de Propiedad Propiedad, la ley Hojarasca ya aprobada por la Cámara de Diputados y un conjunto de pliegos judiciales.

El proyecto central que se tratará en la primera sesión será el de propiedad privada, en el que se incluirán cambios a la propuesta del Gobierno, que buscaba eliminar todas las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales, según señalaron fuentes parlamentarias a esta agencia.

En la versión número 13 del dictamen se mantuvo la prohibición para que una empresa privada con capital de algún país extranjero pueda adquirir tierras, y el requisito para zonas fronterizas de tener aval de las provincias, el Gobierno y el Congreso Nacional.

La iniciativa impulsada por el Gobierno contiene reformas a la ley de tierras sobre desalojos, expropiaciones y la ley del manejo del fuego.

Esa medida, diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tuvo sustanciales modificaciones, ya que se eliminó el capítulo sobre cambios en la ley de barrios populares y se reformaron los capítulos sobre extranjerización de tierras, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego. NA

El Gobierno depende de la decena de votos del radicalismo para eliminar las PASO y establecer un sistema de colectoras en la boleta única de Papel (BUP), pero hasta ahora la mayoría de los senadores de la UCR se resisten a esta idea del oficialismo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El Gobierno diseña un sistema electoral novedoso para tentar al PRO y la UCR para que acepten eliminar las elecciones primarias, pero el sistema de colectoras genera rechazos en el radicalismo, que quiere mantener el sistema de primarias.

El Poder Ejecutivo envió en abril un proyecto al Senado para tratar una amplia reforma electoral, que tiene como punto central anular las PASO y quitar el financiamiento de las primarias, que no tuvo el consenso necesario, ya que ninguno de los dos aliados quiere eliminar ese sistema de elecciones de candidatos.

Por eso motivo, esa iniciativa se encuentra frenada en el Senado y el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, espera que en agosto pueda avanzar el debate si se logra consenso entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.

En ese sentido serán claves las negociaciones que realice el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en julio con los mandatarios provinciales, la jefa del bloque de senadores de la LLA, Patricia Bullrich y los bloques aliados para poder alcanzar un acuerdo, aunque el principal problema es la posición que asuma la UCR que está dividida.

El oficialismo tiene que reunir 37 votos positivos para aprobar la reforma electoral en el Senado y solo tiene 21 miembros, con lo cual necesita el aval de 16 legisladores que solo puede alcanzar con la UCR.

El bloque radical tiene 10 miembros de los cuales de los cuales casi la mitad no responde a las directivas de un gobernador, lo que lleva a negociaciones individuales.

Hasta ahora las posiciones se dividen entre aquellos que quieren mantener las PASO y aquellos que aceptan que no sean obligatorias para la ciudadanía o para los partidos alianzas sin internas, pero a la mayoría no le cierra el tema de las colectoras.

Voceros señalaron a la Agencia de Noticias Argentinas que aún es prematuro anticipar la postura sobre las colectoras porque el Gobierno recién está armando esa propuesta y no mantuvo ninguna reunión con la UCR.

Hasta ahora solo se muestran más predispuestos a analizar la propuesta del Gobierno los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Chaco Leandro Zdero.

Los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri no definieron su posición, pero la acordarán con Cornejo.

En la UCR hay tres legisladores que no responden a ningún mandatario porque pertenecen a provincias gobernadas por el peronismo, y muchas veces han votado en contra de los proyectos del Gobierno.

Se trata del senador Maximiliano Abad, que quiere mantener las PASO. En los últimos días, la UCR bonaerense, de la cual fue presidente, se pronunció a favor de mantener las elecciones abiertas. En esa situación también están el pampeano Daniel Kroneberger y el catamarqueño Flavio Fama.

En el bloque la radical Silvana Scheinder es la que sí responde al mandatario chaqueño Zdero, con lo cual su postura dependerá de los acuerdos que alcance el gobernador con Santilli.

En cambio, el presidente del bloque de la UCR, el correntino Eduardo Vischi, presentó un proyecto para quitar la obligatoriedad de votar en las elecciones primarias, mientras su coterránea, Mercedes Valenzuela, aún no definió su postura.

En tanto, la santafesina Carolina Losada que no responde a su gobernador Maximiliano Pullaro, en este punto comparte el criterio del mandatario de su provincia de mantener a las PASO. (NA).

La solicitud de avanzar con estas iniciativas fue realizada por el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en una reunión que compartió con unos 120 legisladores nacionales en la Casa Rosada.

La reforma electoral que tiene como punto central la eliminación de las Paso, el proyecto para limitar el subsidio de gas a la Patagonia, la Puna y Malargüe, la reforma de ley de Inocencia Fiscal que se enviará a Diputados, son las principales prioridades que hoy planteó el Gobierno Nacional.

Lo que sucede es que el bloque de la Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, no tiene los votos para poder aprobar los cambios en el régimen electoral ni para cambiar la ley de Zonas Frías

El proyecto de Reforma Electoral ingresó el pasado 22 de abril y hasta ahora solo se realizó una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales el pasado 14 de mayo, donde expuso la exfuncionaria del ministerio del Interior, Luz Landivar

Si bien el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, estuvo encarando negociaciones con los gobernadores eso no alcanza para tener todos los votos, porque en el caso de la decena de radicales la mitad no tiene terminan en ninguna gobernación, y los tres del PRO tampoco.

El proyecto que busca limitar el subsidio del gas a la Patagonia, La Puna y Malargüe, fue sancionado por la Cámara de Diputados el pasado 20 de Mayo, pero aún no se abrió el debate en las comisiones de Minería, Energía y Combustible y Presupuesto y Hacienda, que presiden el radical Flavio Fama y el libertario Agustín Villaverde.

El oficialismo en diputados tuvo el respaldo de los diputados del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia, y Producción y Trabajo.

En el Senado, el panorama es diferente porque los dos senadores, el ex gobernador Rodolfo Súarez, y su coterránea mendocina Mariana Juri se oponen a votar la ley de Zona Fria ya que sostienen que perjudicará a los usuarios de esa provincia.

También rechaza el proyecto, el senador Maximiliano Abad, debido a que su ciudad Mar Del Plata se vería muy perjudicada y otros radicales que pusieron reparos son Daniel Kroneberger y Fama. NA

El presidente Javier Milei pidió este miércoles acelerar en el Senado la sanción definitiva del proyecto que reduce el alcance del régimen de Zona Fría, una iniciativa que, de convertirse en ley, eliminará los subsidios al consumo de gas para usuarios de 94 municipios de la provincia de Buenos Aires.

El planteo fue realizado durante una reunión con diputados y senadores de La Libertad Avanza, encabezada por el mandatario en la Casa Rosada, de la que también participó el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a otros funcionarios del Gobierno nacional.

La decisión forma parte de la estrategia del Ejecutivo para reactivar su agenda parlamentaria tras las últimas semanas marcadas por la crisis política derivada del escándalo que involucró al exvocero presidencial Manuel Adorni. Además del proyecto sobre Zona Fría, el oficialismo busca impulsar la eliminación de las PASO, una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y otros proyectos considerados prioritarios.

Un ahorro fiscal y un mayor costo para los usuarios

Según el Gobierno, la reducción del régimen de Zona Fría permitiría un ahorro cercano a 250.000 millones de pesos para el Estado nacional. Sin embargo, la medida implicaría un fuerte incremento en las facturas de gas de aproximadamente 1.240.000 hogares, que pasarían a pagar entre un 30% y un 50% más por el servicio al perder los descuentos vigentes.

La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, donde fue aprobada el pasado 20 de mayo, y el oficialismo considera que existen condiciones para conseguir su aprobación definitiva en el Senado.

De prosperar el proyecto, quedará sin efecto la ampliación del régimen realizada en 2021, que había incorporado a decenas de municipios bonaerenses al esquema de descuentos sobre las tarifas de gas natural.

Nueva mesa política

La reunión se desarrolló en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada y marcó la puesta en funcionamiento de una nueva mesa política del Gobierno. Además de Milei y Santilli, participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el vocero presidencial, Adrián Ravier; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; y el subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem.

Durante el encuentro, Karina Milei también pidió dar prioridad al tratamiento del proyecto sobre Zona Fría y avanzar con modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal, en una señal de mayor participación en la coordinación de la estrategia parlamentaria del oficialismo.

La Libertad Avanza quiere sesionar la próxima semana, tras la reunión con el presidente Milei

La presidenta de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, quería sesionar este jueves, pero lo hará luego de la reunión del próximo miércoles entre la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y los senadores y diputados para ordenar la agenda parlamentaria, tras la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La hermana del presidente tendrá una mayor influencia ahora en el Congreso, ya que participa también del WhatsApp que tienen cada uno de los bloques del oficialismo, y desde allí hizo la convocatoria a la reunión en la Casa Rosada.

En el caso de los diputados, participa del WhatsApp del bloque armado desde la conducción, pero en el Senado pidió armar otro diferente al creado por Bullrich, que seguirá funcionando con los temas de coyuntura, y que será integrado también por el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, Karina Milei y los secretarios de Estado Ignacio Devitt y Lule Menem.

Esta demora de la sesión le permitirá cerrar los acuerdos opositores dialoguistas que se terminarán de consensuar en los próximos días.

El proyecto central que se tratará en la primera sesión será el de propiedad privada, en el que se incluirán cambios a la propuesta del Gobierno que buscaba eliminar todas las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales, según señalaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

Una de las alternativas que se evaluó es establecer un tope de kilómetros que puede adquirir una empresa extranjera y que, en el caso de intervenir otros países, deberá existir un aval no solo de las provincias y del Gobierno, sino del Congreso Nacional.

La iniciativa impulsada por el Gobierno contiene reformas a la ley de tierras sobre desalojos, expropiaciones y la ley del manejo del fuego.

Esa medida tuvo sustanciales modificaciones, ya que se eliminó el capítulo sobre cambios en la ley de barrios populares y se reformaron los capítulos sobre extranjerización, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.  NA

El Gobierno logró frenar una nueva avanzada de la oposición contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que se cayera la sesión prevista en el Senado por falta de quórum, donde se buscaba avanzar con su interpelación. Sin embargo, la estrategia tuvo un costo político: la postergación del tratamiento de un proyecto que el oficialismo considera central en su agenda legislativa, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

La jornada en la Cámara alta terminó con una situación llamativa: la sesión no alcanzó el número necesario de legisladores en el recinto por decisión tanto del oficialismo como de sectores del kirchnerismo. Al momento del intento de apertura, había 40 senadores presentes, distribuidos entre 20 de La Libertad Avanza, 9 de la Unión Cívica Radical, 2 del PRO y 9 de bloques menores, entre peronistas “dialoguistas” y representantes provinciales.

En la previa, el debate había estado atravesado por una discusión reglamentaria. El kirchnerismo sostenía que la interpelación debía aprobarse por mayoría absoluta, mientras que el oficialismo defendía la necesidad de una mayoría de dos tercios, un criterio más exigente. La postura no fue uniforme dentro del propio Gobierno: en un primer momento, la ministra Patricia Bullrich había avalado la interpretación impulsada por el peronismo, aunque luego el oficialismo consolidó su posición en sentido contrario.

Sin embargo, la controversia no llegó al recinto debido a la falta de quórum, en una escena que replicó lo ocurrido un día antes en la Cámara de Diputados, donde también fracasó una sesión impulsada por la oposición para interpelar al jefe de Gabinete e incluso avanzar con una moción de censura para removerlo del cargo.

El debate parlamentario sobre la eventual comparecencia de Adorni tendrá un nuevo capítulo la próxima semana. Minutos antes del horario previsto para la sesión, se conoció además la convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que el miércoles próximo tratará los proyectos vinculados a la interpelación del funcionario.

En paralelo, la caída de la sesión volvió a dilatar el tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa que el oficialismo considera estratégica. En el Gobierno reconocen que los números para su aprobación son ajustados y admiten que no se trata de una urgencia inmediata, aunque su postergación vuelve a reconfigurar el mapa de prioridades legislativas en el Congreso.

Tras siete meses de virtual inactividad legislativa, el Senado bonaerense celebrará este miércoles su primera sesión ordinaria del año. La jornada permitirá dar ingreso a los centenares de proyectos acumulados desde noviembre, concretar el regreso de un legislador opositor a su banca, aprobar algunos expedientes y, posiblemente, definir las sillas vacantes del Consejo de la Magistratura.

La convocatoria llegó tras presiones tanto del oficialismo como de la oposición. La vicegobernadora Verónica Magario se vio obligada a llamar a sesión, lo que permitirá que las comisiones tengan proyectos para debatir en lo que resta del año. En este 2026, los cuerpos parlamentarios tardaron hasta mayo en constituirse y carecían de un temario de iniciativas para tratar.

Respecto a los proyectos, se espera que el Senado se nutra de textos de bajo calibre que encuentren consenso, dado que la mayoría ingresará sobre tablas, sin dictamen de comisión. Esto requerirá los dos tercios de los legisladores presentes. Entre las iniciativas pendientes se encuentran expedientes sobre la crisis del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), reformas electorales y otros ejes de la agenda pública.

Durante la reunión de Labor Parlamentaria del martes, se analizó la designación de los seis representantes que le corresponden al Senado en el Consejo de la Magistratura. El desafío principal radica en que el peronismo solo cuenta con tres abogados en sus filas, requisito excluyente para el cargo. Ante esto, la bancada oficialista intentó derivar la vacante a la Cámara de Diputados, aunque la situación permanece bajo análisis.

Otro punto de interés es la vicepresidencia segunda del Senado. Existe un acuerdo para que la massista Malena Galmarini ocupe ese lugar, actualmente en manos de la kicillofista Ayelén Durán. Al respecto, Galmarini señaló: “Me parece que es difícil que se cumplan los acuerdos entre nosotros y con los de enfrente. Los dirigentes deberíamos ponernos de acuerdo, dejar de pegarnos abajo del cinturón. Cuando uno da la palabra, hay que cumplirla”.

Finalmente, la sesión marcará el retorno del libertario Diego Valenzuela tras una licencia de 180 días. El legislador, quien asumió esta semana como titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, expresó su frustración por la parálisis legislativa: “Yo hace mucho tiempo estoy esperando poder ejercer en plenitud mi trabajo como senador para lo que me eligieron en la última elección, me frustra la demora de sesiones, hoy estamos peor que en la pandemia”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel confirmó que asistirá a la celebración del Día de la Bandera que se realizará en la ciudad de Rosario y se reencontrará con el presidente Javier Milei, en el peor momento del vínculo.

Pese a que en Casa Rosada sostienen que la titular del Senado no fue invitada al acto patrio, desde en entorno de Villarruel aseguran que fue convocada por la provincia de Santa Fe y el municipio, encargados de la organización del mismo.

Lo cierto es que el mandatario y su compañera de fórmula volverán a reencontrarse luego de meses de tensión, marcados por los fuertes cuestionamientos de Villarruel a la administración libertaria y, en particular, al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El libertario se mostrará con el ministro coordinador en medio de los rumores de renuncias y de salida del cargo a raíz de los movimientos en la causa judicial y la presentación de su declaración jurada.

Fue la propia vicepresidenta la que anticipó su presencia, casi un mes después de haberse quedado afuera del Te Deum del 25 de mayo al no ser recibida por la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei.

“El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná”, expresó a través de su cuenta de X.

Aún no está en claro cómo estarán ubicados en torno al Monumento a la Bandera que fue restaurado por el gobierno local de Maximiliano Pullaro. “El tema lugares se irá viendo. Le preocupa poco eso a ella”, precisaron desde el entorno de la titular del Senado.

“Ni siquiera se van a cruzar. Van a estar completamente lejos. No nos interesa verla”, sentenciaron por los pasillos de Balcarce 50.

Es que el diálogo entre Villarruel y la Casa Rosada es nulo y la relación atraviesa su peor momento. Anoche, además de confirmar su asistencia al acto, expresó a través de sus redes sociales que tiene “más verdades para decir”, pero que considera que “no están preparados para escucharlas”. NA