La iniciativa se debatió en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, presididas por el libertario Gonzalo Guzmán Coraita y la senadora de Despierta Edith Terenzi.

El proyecto diseñado por Terenzi propone la creación de un régimen de formas especiales de criminalidad ambiental.

El objetivo del proyecto es tipificar y abordar distintas conductas delictivas que afectan al ambiente, con el objetivo de fortalecer las herramientas legales para su prevención, investigación y sanción.

Asimismo, la propuesta apunta a dotar al sistema judicial de mecanismos adecuados para enfrentar fenómenos delictivos que generan un grave impacto sobre los recursos naturales, los ecosistemas y la calidad de vida de la población.

Se entiende por “ecocidio” al daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental y sus reglamentaciones nacionales y provinciales, de manera que comprometa los derechos de las generaciones actuales y futuras.

Se considera “daño ambiental irreversible” a aquel que imposibilite la regeneración natural del ecosistema afectado en un plazo razonable y “daño ambiental especialmente grave” a aquel que, en razón de su extensión espacial o duración temporal, provoque deterioros severos sobre el medio ambiente que comprometan el derecho humano a un medio ambiente sano de varias personas o comunidades.

El proyecto contempla prisión de 3 a 10 años multa equivalente al valor en pesos de 30 salarios mínimos vitales y móviles al momento de la condena del que cometiera el daño, el que, violando las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental y sus reglamentaciones, provoque daños especialmente graves sobre el ambiente.

Si el daño ambiental fuera irreversible, las penas serán de prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa equivalente al valor en pesos de 70 salarios mínimos vitales y móviles al momento de la condena del que cometiera el daño. NA

El Senado demorará hasta agosto el debate de la reforma electoral para encarar las negociaciones que permitan buscar una alternativa a la eliminación de las elecciones primarias (PASO) que rechazan la UCR, el PRO y algunos bloques provinciales.

Fuentes del oficialismo dijeron a la Agencia Noticias Argentinas que el tratamiento de esa ley enviada por el Gobierno recién se tratará luego de las vacaciones de invierno, que finalizan a fines de julio, ya que es una tradición que se tomen las vacaciones junto con los empleados legislativos.

El proyecto, además de la eliminación de las PASO, incluye Ficha Limpia, cambios en los requisitos para reconocer un partido a nivel nacional, en la ley de financiamiento de los partidos políticos y anula la obligatoriedad de los debates presenciales y la publicidad en los medios de comunicación.

Si bien el ministro del Interior, Diego Santilli, busca acuerdos con gobernadores peronistas y dialoguistas, el problema que se plantea que más de la mitad de la decena de radicales no responden a ningún mandatario y lo mismo sucede con los tres macristas.

El oficialismo tiene 21 senadores, pero, para alcanzar la mayoría agravada de 37 votos, necesita 16 legisladores que voten a favor de la eliminación de las PASO y, hasta ahora, no lo están consiguiendo porque al rechazado de la UCR y el PRO se han sumado legisladores que responden a los mandatarios dialoguistas.

Fuentes del oficialismo señalaron que la jefa del bloque, Patricia Bullrich, ya le comunicó al Gobierno que “no están los votos para eliminar las PASO”.

Una de las alternativas que tiene para destrabar es convertir esas elecciones obligatorias en optativas o volver a suspender las PASO para el 2027, pero hasta ahora ninguna de las opciones es aceptada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Incluso el Gobierno rechazó un pedido de la oposición de tratar Ficha Limpia en forma separada, como quería el PRO y la UCR y Provincias Unidas, cuyos senadores pidieron preferencia en la sesión del último jueves para que esos proyectos tengan un trato preferencial, lo que no sucederá si no hay acuerdo entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.

Por eso motivo estos dos meses serán para determinar si el Gobierno podrá avanzar o no con la reforma electoral, ya que, hasta ahora el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, convocó a una sola reunión donde expuso la asesora del ministerio del Interior y extitular de la Dirección Electoral, Luz Landívar.

Los puntos centrales

-Se instrumenta la ley de Ficha Limpia con lo cual no podrá ser candidato a cargos electivos aquellos dirigentes condenados en segunda instancia de delitos dolosos.

-Se eliminan las elecciones primarias (PASO) para la elecciones de candidatos electivos al Congreso Nacional y la Presidencia, y cada alianza o partido político deberá elegir su propio sistema de elecciones para definir sus postulaciones

-Los candidatos a presidente para ser reconocidos deberán tener el aval del 0,1% del padrón electoral, mientras que para el Congreso será del 0,5 del padrón de cada distrito.

-Los partidos políticos para ser reconocidos a nivel nacional deberán estar reconocidos en 10 distritos y un mínimo de 0,1% de afiliados del padrón nacional.

-El financiamiento del Estado a las campañas se elimina y se aumenta del 2 al 35% el aporte privado que tendrá cada partido o alianza.

-Los partidos políticos tendrán como un único aporte público anual destinado al Fondo Partidario Permanente,

-No habrá más publicidad gratuita en los medios de comunicación.

-Se elimina el debate obligatorio de candidatos presidenciales que se realizo en el 2029 y 2023.

-Se modifica la ley de Boleta Única de Papel para permitir incorporar el tilde de boleta completa, y hasta se permite incorporar las elecciones provinciales en caso de elecciones simultaneas. (NA).

El oficialismo logró aprobar en el Senado el proyecto que avala un plan de pago a dos “fondos buitre” por 171 millones de dólares, con quienes el Gobierno de Javier Milei alcanzó un acuerdo de conciliación económica.

La iniciativa recibió ayer 40 votos positivos y 22 negativos, y ahora seguirá su curso en la Cámara de Diputados, donde deberá aprobarse antes del 30 de junio, que es el último plazo fijado en el entendimiento.

Producto de este acuerdo de conciliación entre las partes alcanzado en la Justicia norteamericana, que incluye una quita en las sumas adeudadas cercana al 30%, se definió que el Estado argentino deberá abonarle 67 millones de dólares a la firma “Bainbridge Ltd.” y 104 millones de dólares al grupo de holdouts encabezado por “Attestor Value Master Fund LP.”, lo que hace a un total de 171 millones de pesos.

Estos fondos integran el grupo de los últimos holdouts con reclamos activos que no adhirieron a los canjes de deuda que se ejecutaron tras el default (cesación de pagos) declarado a fines de 2001.

El proyecto sancionado ayer en la Cámara alta estaba en el temario de la sesión ocurrida el 14 de mayo pasado, pero la redacción original sufrió correcciones técnicas de último momento en decenas de artículos, lo que provocó quejas de la oposición y motivó la vuelta a comisión para volver a ser dictaminado.

La aprobación en el Congreso nacional permitirá dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de Estados Unidos contra activos soberanos del país, incluyendo acciones de Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.

El miembro informante del oficialismo, Agustín Monteverde, aseguró que “este acuerdo entraña una serie de ventajas para Argentina”.

“Attestor y Bainbridge se obligan a no iniciar nuevas acciones legales y a no interferir en operaciones de financiamiento de la Argentina. Extingue los dos principales litigios pendientes”, explicó.

Para Monteverde, “Esto que traemos a discusión significa la resinserción internacional de Argentina, significa salir del listado de morosos”

“Estamos discutiendo algo que además una cifra del total de la deuda totalmente insignificante, pero que resuelve los problemas”, indicó.

“Honrar la deuda es también una restauración moral que se la debemos al país, a contramano de aquello de festejar el default como sucedió años atrás o festejar la pesificación con la que se defraudó a los ahorristas”, continuó.

Según el libertario, se logró un acuerdo que es “una transacción” para salir de un litigio, sobre la cual ya había una sentencia contra la Argentina.

“Se dijo que estamos apresurados. ¿Más de 30 años les parece premura?”, preguntó.

Luego tomó la palabra Jorge Capitanich (Justicialista), quien enumeró los argumentos por los cuales el peronismo votaría en contra de la iniciativa.

Según dijo el chaqueño, “estos mecanismos (de pago a los acreedores remanentes) en realidad premian las conductas de los fondos buitre o holdouts”.

“Argentina mantuvo el mismo estudio jurídico y la misma posición correspondiente, y obviamente ha obtenido un triunfo significativo que es la defensa estratégica del capital accionario de YPF”, recordó.

“Segundo no hay equidad. Tercero la quita no es verificable y comparable desde el punto de vista de cuáles son los parámetros de precios de adquisición”, subrayó.

En cuarto lugar, mencionó que este plan de pago a fondos buitre introduce “un principio de tensión” con la resolución aprobada en septiembre de 2015 por 136 países de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que estableció nueve principios básicos para regular los procesos de reestructuración de deuda soberana de los países.

Aquella iniciativa había sido impulsada fuertemente por Argentina con el objetivo de limitar el accionar especulativo de los fondos buitre.

Por otra parte, Capitanich resaltó que “la prórroga de jurisdicción” a favor de los holdouts “no implica convalidar prórroga de la inmunidad”.

Según dijo, la prórroga de jurisdicción puede ser “renunciable”, pero la prórroga de inmunidad solo puede hacerse por la vía judicial.

“La documentación es incompleta y el cierre parcial no implica una estrategia para poner fin a una negociación cuyas características de complejidad no permiten terminar de resolver”, finalizó.

Por su parte, Carmen Álvarez Rivero (LLA) destacó que “el Gobierno entiende perfectamente la seguridad jurídica, que no es solo un discurso para quedar bien”.

“Sin seguridad jurídica no hay inversiones, no hay crédito, no hay empleo de calidad. Por eso acompaño este rumbo”, subrayó la cordobesa.

El catamarqueño Guillermo Andrada garantizó su apoyo porque supone “un ahorro” para el Estado argentino “y porque tenemos que demostrar que la Argentina es responsable”.

En el cierre del bloque Justicialista, José Mayans ratificó el rechazo y avisó: “No vamos a ser cómplices del manejo de la deuda y del desastre que están haciendo con la economía argentina”.

Por último, la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, afirmó que con la aprobación de este acuerdo el Congreso va a “cerrar una herida que tiene 25 años”.

Recordó que el punto de origen fue “el default soberano más importante de la deuda mundial”.

La exministra de Seguridad señaló que la Convertibilidad forzó algunos desequilibrios producto de la imposibilidad de emitir, lo que obligó a emitir deuda.

“Eso generó una situación imposible. La explosión del sistema generó un ataque brutal contra un gobierno cuando en realidad la responsabilidad fundamental de esa acumulación de deuda había sido previa, sobre todo en la etapa de Roque Fernández”, apuntó.

Al proseguir con su racconto histórico, Bullrich dijo que “durante el kirchnerismo hubo un relato inteligente, porque muchos lo creyeron, de que se había desendeudado a la Argentina”.

“Esto se desarmó. La deuda pública creció durante la gestión kirchnerista. Todos los pagos que se hicieron -al FMI, al Club de París, a Repsol- fueron emitiendo deuda. Fue un pase de manos, no hubo desendeudamiento. Hubo maquillaje contable. Y los litigios siguieron”, consideró.

Por último, la senadora destacó las bondades que para ella significa la conclusión de este acuerdo económico por la deuda del 2001.

Además de implicar una quita “de entre el 30 y el 35 por ciento”, ponderó que “los honorarios de los abogados los pagan los holdouts, con lo cual es una buena negociación”.

“¿Y qué ganamos con esto? El fin de los embargos, que es siempre un riesgo. Se levantan todas las órdenes de entrega contra las acciones de YPF, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, tres empresas que se han saneado. Se termina el espionaje que sufrió la Argentina”, resaltó.

Además, señaló que “los acreedores se comprometieron a no intervenir en futuras emisiones de deuda”.

“Esto es importante porque nos permite recuperar reputación en los mercados internacionales. Al bajar el Riesgo País, todo esto se traduce en menor costo de financiamiento”, apuntó. (NA).

El Senado aprobó ayer el pliego de Verónica Michelli, cuya postulación fue vetada por el gobierno nacional por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, en un claro desafío al presidente Javier Milei.

La designación de Michelli fue aprobado por 44 votos aportados el peronismo, bloques dialoguistas y el libertario Francisco Paoltroni, y en contra lo hicieron 18 senadores de la Libertad Avanza, mientras que la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, y la radical chaqueña Silvina Schneider se abstuvieron.

Se ausentaron de la votación Luis Juez, Alejandra Vigo de Provincias Unidas, y los peronistas Mariano Recalde, Adan Bahal, Marcelo Lewandowski, y María Florencia López.

Bullrich dijo que “tengo una objeción de conciencia. Estoy convencida que no se puede atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar. La evaluación que hace el Senado es por los méritos y estos se han merituado en los distintos pasos“.

En forma previa se votó por amplia mayoría los 73 pliegos, en los que se encuentran varios miembros de la familia judicial, como el hijo del presidente de la Corte Suprema, Emilio Rosatti, Ana Maria Cristina Juan, la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, entre otros.

Debate

La incorporación de ese dictamen de Michelli fue adoptada tras la fuerte presión que realizó el peronismo luego de la polémica que se planteó cuando la Libertad Avanza quiso incluir los 73 pliegos en condiciones de ser tratados, pese a que en la reunión de Labor Parlamentaria.

Esta situación derivó en una fuerte polémica y un pedido de cuarto intermedio de Bullrich para poder ordenar la sesión donde se acordó incluir el pliego de Michelli, quien es candidata como vocal del Tribunal Oral de La Plata.

El presidente del interbloque peronista, Jose Mayans, disparó  que se estaba rompiendo los acuerdos de buena fe alcanzado en Labor Parlamentaria y pidió a la prosecretaria parlamentaria, Dolores Martinez, que confirme si solo se incluían 50 pliegos.

En ese sentido, Villarruel dijo que “se dijeron 50 pliegos efectivamente y antes de la sesión se sumaron todos los pliegos”.

Tras el conflicto desatado, Bullrich pidió un cuarto intermedio que se extendió por casi una hora donde se acordó tratar todos los pliegos en condiciones de ser analizados en el recinto de sesiones.

En cambio quedaron pendientes  las designaciones de los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, por sus presuntos vínculos con el jefe de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, como así también la de Juan Manuel Mejuto por su posible cercanía con el kirchnerismo y la agrupación K Justicia Legítima.

Pliegos

El Senado aprobó 73 dictámenes donde se plasman los candidatos para cubrir vacantes judiciales, entre los que figuran los pliegos del hijo de la presidenta de la Corte, Emilio Rossi,  la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, Ana Maria Cristina Juan, los hijos de German Moldes, Juan Pablo Moldes, y del excamarista Alberto Duran, Laureano Duran.

También se aprobó el pliego de María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini, el magistrado que instruyó causas de alto perfil que involucraron a la expresidenta Cristina Kirchner, como Vialidad y Hotesur-Los Sauces.

El exfuncionario macrista Jorge Djivaris consiguió convertirse en vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, y recibió una impugnación.

En la lista de pliegos aprobados figuran los del secretario de juzgado Juan Pedro Guidici, como juez del Juzgado de Primera instancia en lo Comercial de la Capital Federal  del fiscal de Morón, Mario Ferrario como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín.

Se aprobó ademas la postulación de Nicolas Pacilio-hijo del excamarista Antonio Pacilio, y Pablo Wilk, propuesto como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata, quien fue mencionado en la causa denominada “Gestapo antisindical”. (NA).

El proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional para reformar el régimen de Zona Fría ingresará en los próximos días en una etapa clave de discusión en el Senado y genera creciente preocupación en el interior bonaerense. La propuesta apunta a reducir el gasto estatal destinado a los subsidios energéticos y, de aprobarse, dejaría fuera del esquema actual a millones de hogares que hoy acceden a descuentos en sus facturas de gas.

Entre los distritos alcanzados por la medida se encuentra Tandil, que forma parte de los municipios bonaerenses incorporados al régimen mediante la ampliación aprobada en 2021. Según estimaciones oficiales, unos 1,24 millones de hogares de 94 municipios de la provincia de Buenos Aires perderían los beneficios vigentes, lo que representa cerca del 20 por ciento de los usuarios bonaerenses.

La iniciativa promovida por la administración de Javier Milei busca generar un ahorro cercano a los 250.000 millones de pesos anuales. Sin embargo, la propuesta despertó un fuerte rechazo entre intendentes, legisladores y organizaciones de distintos puntos de la provincia, que impulsan acciones políticas y campañas de recolección de firmas para intentar frenar el avance del proyecto.

Qué cambiaría para los usuarios

Actualmente, los hogares incluidos en la Zona Fría reciben descuentos del 30 o del 50 por ciento sobre el total de la factura de gas. El nuevo proyecto modifica ese criterio y establece que la bonificación se aplicará únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), uno de los componentes que integran la boleta.

La factura residencial también incluye el costo del transporte y el Valor Agregado de Distribución (VAD), conceptos sobre los cuales dejaría de aplicarse el subsidio. Como consecuencia, incluso quienes continúen recibiendo asistencia estatal afrontarían aumentos respecto de los valores actuales.

Desde el Gobierno sostienen que los usuarios con menores ingresos seguirán teniendo un beneficio. El criterio previsto contempla a quienes perciban menos de tres Canastas Básicas Totales por mes, equivalentes actualmente a alrededor de 4,4 millones de pesos.

No obstante, especialistas advierten que el impacto será considerablemente menor al actual. Como el componente PIST suele representar entre un cuarto y un tercio del valor final de la factura, un descuento del 50 por ciento aplicado únicamente sobre ese segmento terminaría reflejándose en una reducción efectiva cercana al 12 o 15 por ciento de la boleta total.

El impacto en los hogares

Un ejemplo permite dimensionar la diferencia. Un usuario que actualmente paga una factura de 60.000 pesos gracias al beneficio máximo de Zona Fría podría pasar a abonar alrededor de 102.000 pesos si el régimen desapareciera por completo.

Con el nuevo esquema propuesto, ese mismo usuario recibiría un descuento únicamente sobre el componente PIST. En una factura de 102.000 pesos, dicho concepto rondaría los 25.000 pesos. Aplicando una bonificación del 50 por ciento sobre ese monto, el ahorro sería de unos 12.500 pesos, por lo que terminaría pagando aproximadamente 87.500 pesos.

Mientras el debate se acerca al recinto del Senado, la incertidumbre crece en ciudades del interior bonaerense como Tandil, donde el régimen de Zona Fría fue incorporado como una herramienta para aliviar el costo de la calefacción durante los meses de bajas temperaturas. La discusión legislativa definirá ahora si ese beneficio continúa, se reduce o desaparece para miles de familias de la región.

El Gobierno giró el proyecto de ley de reforma de sociedades que busca desregular la conformación de las mismas, reduce la participación estatal y permite que se puedan armar con inteligencia artificial.

Uno punto clave es que se conforma la “Sociedad Automatizada”, que opera mediante algoritmos o IA sin requerir empleados para su operación ordinaria, y las “DAO”, que son total o parcialmente autónomas, con participaciones en tokens y registros en blockchain.

La iniciativa diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tiene como principal objetivo terminar con la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios, con lo cual las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda.

El proyecto que fue enviado el viernes pero recién ingresó ayer formalmente al Senado fue firmado por el presidente Javier Milei,  el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El ministro explicó el viernes pasado en la red social X que “las restricciones estatales serán excepcionales y de interpretación restrictiva. Los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite. Se eliminan las trabas burocráticas de los registros. El objeto social podrá ser amplio, plural y sin obligación de conexidad entre actividades”.

“Y si no se consigna objeto en el estatuto, se entiende que la sociedad puede realizar cualquier actividad lícita. Esto es esencial en un mundo tan cambiante como el que vivimos. También implica menos trabas burocráticas y más libertad para trabajar”, agregó.

Otro punto clave es que las sociedades podrán someter sus conflictos internos al derecho extranjero o mercantil internacional. Y también podrán pactar cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias sin depender de la lentitud de la justicia.

Se permite la digitalización plena de la sociedad: domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia, constitución de la sociedad por firma digital o electrónica, legajo digital público para cada empresa.

En ese sentido la reforma incorpora el domicilio electrónico y la sede electrónica. Esta previsión resulta especialmente importante para sociedades que operan mediante plataformas, estructuras remotas o equipos distribuidos, como así también permite adaptar el régimen legal a una realidad en la que la presencia física ya no configura el único modo de funcionamiento empresario.

Además el proyecto amplía las alternativas de aportes, al permitir  bienes, derechos, créditos, activos digitales, prestaciones susceptibles de valoración económica y obligaciones de dar o hacer, conforme al tipo de sociedad y a la regulación aplicable.

De esta manera se permite reconocer el valor económico de activos intangibles, tecnológicos o digitales que, en la economía actual, pueden ser esenciales para la actividad empresarial, según se detalla en los fundamentos del proyecto. (NA).

Por Silvia Rajcher.

“Desde el @proargentina sostenemos su postulación”, señaló el jefe del bloque del PRO, Martín Goerling, uno de los firmantes del dictamen de la comisión de Acuerdo del Senado a favor de la funcionaria judicial.

“La idoneidad de los jueces no puede quedar sujeta a factores ajenos a su capacidad profesional. El pliego cumplió todas las instancias previstas: fue enviado por el Ejecutivo, tuvo audiencia en el Senado y no recibió impugnaciones. Frenar el proceso en esta etapa, por motivos que aún se desconocen, genera desprolijidad institucional”, afirmó.

Como anticipó la Agencia Noticias Argentinas, la decisión del Gobierno abre una grieta con los bloques dialoguistas que firmaron el despacho y no están dispuestos a aval la resolución del presidente Javier Milei.

El Gobierno envió el miércoles pasado una nota firmada por el presidente Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques para retirar el pliego de Michelli, que ya tiene dictamen favorable de la comisión de Acuerdos, cuyo presidente Juan Carlos Pagotto, no lo elevó para su tratamiento en el recinto de sesiones.

Desde el jueves voceros del radicalismo y bloques provinciales venían advirtiendo que no estaban dispuestos a acompañar esa resolución y señalaban que era un antecedente “muy grave” rechazar un pliego solo porque no le gustan las investigaciones de un familiar de la postulada.

Incluso señalaban que no votarán a favor de esa medida si el oficialismo decidió ponerlo en la discusión el próximo jueves cuando se debata los proyectos de Inviolabilidad Privada y el acuerdo con los dos fondos buitre.

Pero el primer bloque de los seis bloques que firmaron el despacho de hacer público su rechazo a la decisión del Gobierno fue el PRO, por medio de un tuit que publicó su titular y miembro de la comisión de Acuerdos, Goerling Lara.

Uno de los argumentos de los opositores para sostener la postulación de la secretaria del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata, es que no tiene ninguna impugnación.

El problema que atraviesa la LLA es que se tiene que votar el retiro del pliego en el recinto de sesiones y sin los bloques dialoguistas no tiene la mayoría para imponer su criterio, y por lo tanto lo más probable que ese pedido del Gobierno no se trate en la sesión del próximo jueves.

Los bloques de la UCR, PRO, Primero los Salteños, Independencia, Frente de la Concordia, Provincias Unidas y Convicción Federal que firmaron el despacho buscarán tener una posición acordada, aunque los macristas ya adelantaron su posición sobre este pliego.

Hasta ahora hay 73 de los 77 candidatos que expusieron en Audiencias Públicas que ya tienen dictámenes favorables y se han comunicado a la Mesa de Entrada para ser debatido en el recinto de sesiones.

Solo quedan pendientes, además de la postulación de Michelli, los pliegos de Juan Galván Greenway, de Alejandro Catania la Cámara en lo Penal Económico, y de Juan Manuel Mejuto-cercano a Justicia Legítima-candidato a la Cámara en lo Criminal y Correccional de Capital.

En cambio, el Gobierno decidió ahora impulsar los pliegos para integrar el Tribunal del Fuero Penal Económico de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, que había objetado por sus fallos que favorecieron al presidente de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino. NA

El Municipio de Tandil pondrá en marcha una campaña de recolección de firmas para acompañar el reclamo ante el Senado de la Nación contra la posible eliminación de la ciudad del régimen de Zona Fría, un beneficio que actualmente representa un alivio en las tarifas de gas para miles de familias tandilenses.

La iniciativa comienza este viernes 29 de mayo y tiene como objetivo sumar el respaldo de vecinos y vecinas para sostener una política que reconoce las particularidades climáticas de ciudades como Tandil, especialmente durante los meses de bajas temperaturas.

Desde el gobierno comunal señalaron que las planillas con las firmas recolectadas serán elevadas posteriormente al Senado como expresión del acompañamiento de la comunidad al reclamo impulsado desde la ciudad.

Además, remarcaron que la condición de Zona Fría constituye un derecho adquirido para miles de hogares tandilenses y advirtieron que una eventual eliminación del régimen tendría un fuerte impacto no solo en la economía familiar, sino también en comercios, instituciones, escuelas, hospitales y distintos sectores productivos.

En ese sentido, desde el Municipio destacaron que la campaña apunta a facilitar la participación ciudadana y convocaron a toda la comunidad a sumarse con su firma a una iniciativa que consideraron fundamental para proteger a miles de vecinos.

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Las planillas quedarán disponibles en distintos espacios de atención y dependencias municipales, entre ellos el Palacio Municipal, el Palacio Martín Rodríguez, la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, la OMIC, la Casa de las Juventudes y diversos centros comunitarios distribuidos en distintos barrios de la ciudad y en la localidad de Vela.

También se habilitarán puntos de firma en el Centro Comunitario San Cayetano, CIC La Movediza, Centro Comunitario Villa Aguirre, Centro Comunitario Selvetti, CIC Tunitas, Centro Comunitario Belgrano, Centro Comunitario San Juan, Centro Comunitario Maggiori, Centro Comunitario Metalúrgico, Centro Comunitario Villa Italia, Centro Comunitario Cerro Leones y el Centro Comunitario 21 de Abril.

A su vez, los vecinos pueden acercarse al Centro Cívico de Palermo, la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, el Teatro de la Confraternidad, el Espacio Multicultural, el Centro Socio Cultural San Pacífico y el Espacio Nido Movediza para acompañar con su firma el pedido de continuidad del régimen.

El dictamen firmado con el respaldo de la Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Provincias Unidas, y Despierta Chubut, se discutirá en una sesión que se realizará en quince días, según anticipó la jefa del bloque oficialista Patricia Bullrich.

Fuentes parlamentarias informaron a la Agencia Noticias Argentinas que la intención del oficialismo en estos 15 días es en estos quince días lograr sumar más voluntades de bloques opositores como es el caso del bloque peronista de Convicción Federal.

La LLA aceptó que se excluya el capítulo que establecía cambios en la ley de barrios populares, se incorporaron aspectos sobre el registro de terrenos, y se modificaron aspectos sobre los desalojos para dar más plazo a los inquilinos de propiedades y de instituciones.

En ese contexto se distinguió entre usurpadores donde allí se aplicará el criterio de juicio sumarísimo para desalojar esa vivienda o terreno, y aquellos que se demoraron en el pago de sus obligaciones donde se establecerá un plazo de diez días para intimar al moroso, en lugar de cinco como proponía el Gobierno.

La discusión se realizó en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Legislación General, que presidió la libertaria neuquina Nadia Marquez, en un encuentro donde el peronismo insistió en que se convoque a una Audiencia Pública y pidió demorar el dictamen hasta la próxima semana-

El despacho de mayoría obtuvo diez firmas en la comisión de Asuntos Constitucionales y 9 en Legislación General, con lo cual el proyecto estará habilitado para ser tratado en una semana, aunque el oficialismo lo hará en quince días.

Por su parte, Convicción Federal, que tiene terminal en los gobernadores aliados de Salta, Gustavo Sáenz; de Catamarca, Raul Jalil; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, impulsaron su propio despacho de minoría.

Al abrir el debate, Bullrich señaló que “los cambios surgieron de los aportes realizados tanto por expositores como por senadores de distintos bloques”

Explicó que “una de las modificaciones fue la fijación de límites al lucro cesante en expropiaciones, la definición de una tasa de interés concreta, la diferenciación entre usurpadores y ocupantes legítimos en los desalojos y la decisión de retirar el capítulo referido al Renabap para debatirlo en una ley específica”.

Sobre la eliminación de los límites para que los extranjeros puedan comprar tierras, Bullrich señaló que “apunta a fortalecer el federalismo, dejando en manos de cada provincia la regulación sobre posibles restricciones a la venta de tierras a extranjeros”. NA

En un giro de último momento, el oficialismo decidió dar marcha atrás y quitó del temario de la sesión del Senado el proyecto de ley que consagra el pago de 171 millones de dólares a dos fondos tenedores de bonos de la deuda que cayeron en cesación de pagos por la crisis de 2001. La postergación fue solicitada en el inicio de la sesión por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, quien anunció que se hacía en virtud del envío de una adenda al acuerdo con los fondos que reclamaban la deuda.

El Ministerio de Economía, que dirige Luis Caputo, informó de los cambios en el acuerdo apenas unos minutos antes de la hora a la que estaba convocada la sesión. Se trata de un agregado al convenio firmado con los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund. Por esa razón, se decidió devolver el proyecto para una nueva discusión en comisiones. Desde el bloque oficialista calificaron la situación como desprolija ante el envío de modificaciones a último momento por parte del Poder Ejecutivo. El tiempo apremia para la iniciativa, ya que debería pasar por las dos cámaras del Congreso antes del 31 de mayo.

En la sesión de esta tarde, también se avanzó con el tratamiento de pliegos judiciales de relevancia. Uno de los puntos destacados es el dictamen obtenido para el pliego del hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, lo que permite que su designación como juez siga adelante en el proceso parlamentario.

Asimismo, está previsto darle un nuevo acuerdo por cinco años más a Carlos Mahiques, vocal de la Cámara de Casación Penal y padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Cerca de cumplir 75 años, edad que en la Constitución Nacional se establece para el retiro de los jueces, el magistrado contaría con los votos para continuar en su cargo hasta noviembre de 2031. La prórroga de su magistratura genera tensión, ya que el camarista es cuestionado por el kirchnerismo, que lo vincula a la denominada guerra judicial contra la expresidenta Cristina Kirchner.

El único proyecto con posibilidades de convertirse en ley durante la jornada es la aprobación del programa de regularización de la tenencia de armas de fuego, que además prorroga el programa de entrega voluntaria hasta el último día de 2027. El texto ya cuenta con la aprobación previa de la Cámara de Diputados.

Finalmente, la sesión cobra importancia porque permitirá tomar estado parlamentario a un paquete de 64 pliegos judiciales enviados por el Gobierno. Se trata de una segunda tanda de nombramientos que contempla juzgados del interior, lo que facilitaría al oficialismo conseguir los apoyos necesarios para avanzar con candidatos en los fueros federal y nacional, impulsados con la venia de la secretaria general Karina Milei.

El Senado abrirá este miércoles el debate de la reforma electoral que tiene como punto central la eliminación de las PASO para definir los candidatos electivos al Congreso Nacional y a la presidencia, en medio de una fuerte tensión entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.

El tratamiento se iniciará a las 16 en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Agustín Coto, con el informe que dará la asesora del gobierno nacional y ex titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landivar. La apertura del debate se realiza en medio de las diferencias entre la La Libertad Avanza y los sectores dialoguistas, que rechazan la quita de las primarias y pretendían tratar primero la ley de Ficha Limpia, propuesta que había sido avalada inicialmente por la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich.

Fuentes parlamentarias del oficialismo señalaron que el objetivo es "arrancar el partido y comenzar a negociar" los puntos donde no hay acuerdo. El oficialismo necesita consensos con el PRO, la UCR y los bloques provinciales, ya que se requiere una mayoría absoluta de 37 votos en el Senado y 129 en la Cámara de Diputados.

Uno de los ejes centrales es la implementación de la Ficha Limpia, por la cual no podrán ser candidatos a cargos electivos aquellos dirigentes condenados en segunda instancia por delitos dolosos. Asimismo, se propone que cada alianza o partido político elija su propio sistema de elecciones para definir postulaciones, eliminando la obligatoriedad de las primarias.

En cuanto a los requisitos, los candidatos a presidente deberán contar con el aval del 0,1 por ciento del padrón electoral, mientras que para el Congreso Nacional será del 0,5 por ciento de cada distrito. Además, los partidos deberán estar reconocidos en diez distritos y contar con un mínimo de afiliados para mantener su personería nacional.

Respecto a la economía de la política, el proyecto elimina el financiamiento del Estado a las campañas y aumenta del dos al 35 por ciento el tope de aporte privado. También se establece que no habrá más publicidad gratuita en los medios de comunicación y se elimina el debate obligatorio de candidatos presidenciales.

Finalmente, la iniciativa busca modificar la ley de Boleta Única de Papel para permitir la incorporación del tilde de boleta completa e incluir las elecciones provinciales en caso de que los comicios sean simultáneos.

El Senado sesionará este jueves para dar ingreso parlamentario a 20 pliegos de jueces, defensores y fiscales que ya fueron girados por el Poder Ejecutivo. A esta lista se sumará otra tanda de candidatos que el gobierno enviará entre hoy y mañana con el objetivo de cumplir con el reclamo de los senadores dialoguistas y asegurar los apoyos necesarios para cubrir vacantes en el interior del país.

La sesión ordinaria contempla además la votación para prorrogar por cinco años el mandato de Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia. Asimismo, se buscará aprobar un proyecto que autoriza al gobierno a pagar a dos fondos buitres y convertir en ley una iniciativa para la regularización de la tenencia de armas de fuego.

Para la Libertad Avanza es clave el ingreso de los nuevos pliegos, ya que senadores de la UCR, el PRO y bloques provinciales condicionaron su respaldo a otros 47 postulantes a la espera de candidatos para juzgados en Corrientes, Chaco, Misiones, Catamarca, Salta y Tucumán. Ante esta situación, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, activará el envío de los pliegos correspondientes para estas provincias.

En el plano económico, el Senado tratará el proyecto impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para pagar 171 millones de dólares a los bonistas Bainbridge Ltd. y el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP. El objetivo es cerrar acuerdos de conciliación y evitar litigios judiciales bajo condiciones financieras más gravosas para la Argentina, protegiendo activos como las acciones de YPF.

Paralelamente, esta semana se realizarán dos Audiencias Públicas para que rindan examen otros 30 postulantes a la justicia. Entre ellos se encuentran miembros de la familia judicial como Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martinez De Giorgi.

Finalmente, se debatirá la regularización de armas de fuego y la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) busca incentivar la entrega anónima de armamento a cambio de un estímulo económico, facilitando además los trámites de tenencia legítima mediante una declaración virtual ágil.

El Senado realizará dos nuevas Audiencias Públicas donde rendirán exámenes para ascender en la Justicia, entre los que se encuentran Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, y la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, Ana María Cristina Juan, en otro claro guiño a la familia judicial.

El Senado ya realizó tres audiencias donde expusieron 47 candidatos a jueces, defensores y fiscales, y esta semana lo harán otros 30 ante la Comisión de Acuerdos, que preside Juan Carlos Paggoto.

De todos modos, el oficialismo no pudo lograr aún obtener dictamen a favor de esos pliegos porque los senadores dialoguistas se resisten a firmar esos despachos hasta el Gobierno no mande los candidatos a ocupar juzgados en el interior del país. Esto demora su tratamiento en el recinto de sesiones. 

Por ese motivo, los senadores de la UCR, PRO y bloques provinciales aguardarán que entre el lunes y martes lleguen otros cuarenta pliegos con postulantes del interior del país, que tendrán ingreso parlamentario junto otros 22 en la sesión del próximo jueves 14.

Lo que sucede es que los dictámenes respaldando esos pliegos que se pusieron a la firma no reunieron todavía las 9 firmas necesarias para que se convierta en un despacho habilitado para ser tratado en una sesión ordinaria. Uno de los que debía firmar esos despachos era el presidente del bloque macrista, Martín Goerling Lara, y otro es el radical Maximiliano Abad, según pudo saber la Agencia NA.

“No vamos a firmar los dictámenes hasta que no ingresen los pliegos de los jueces del interior del país”, dijo un senador a fuente parlamentaria a NA.

Familia judicial

Para completar las Audiencias Públicas de esta primera tanda faltan las audiencias del miércoles 13 y jueves 14, donde expondrán otros 30 candidatos a un cargo en el Congreso, entre los que figuran varios postulantes de la llamada “familia judicial”.

La próxima semana rendirán exámenes ante los senadores, Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; Laureano Duran, hijo del excamarista Alberto Duran; y Ana María Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien está a cargo de la investigación por la presunta megaestafa Libra.

El miércoles lo harán el exjuez subrogante del juzgado federal de La Plata, Laureano Duran, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de La Plata.También la misma jornada rendirá examen ante la comisión de Acuerdos Ana María Cristina Juan, como candidata a jueza de primera instancia en el juzgado de Hurlingham, provincia de Buenos Aires.

En la misma jornada expondrán el secretario de juzgado Juan Pedro Guidici, postulado como juez del Juzgado de Primera instancia en lo Comercial de la Capital Federal y el fiscal de Morón, Mario Ferrario como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín.

El jueves 14 será el turno de Rosatti como juez del tribunal federal de Juicio de Santa Fe, quien no había terminado bien en el orden de mérito dado -le fue muy bien en el examen escrito, pero tuvo un menor porcentaje en el análisis de los antecedentes y quedó cuarto en el orden de mérito. 

Una subcomisión del Consejo evaluó los exámenes y ubicó a Rosatti en la terna en tercer lugar, que luego de la entrevista personal pasó al primero. La terna fue aprobada en una reunión plenaria del 29 de mayo de 2024 por unanimidad con la presencia de 19 consejeros, en una audiencia que no contó con la presencia de Horacio Rosatti. (NA).

La Libertad Avanza buscará respaldar esta semana en el Senado otros treinta pliegos a jueces, defensores, y fiscales, que rendirán examen en dos Audiencias Públicas, en un claro guiño a la familia judicial.

La comisión de Acuerdos del Senado, que preside el libertario Juan Carlos Pagotto, realizará dos Audiencias Públicas los próximos miércoles y jueves para que expongan los funcionarios propuestos para ascender en la Justicia, y luego buscará emitir los dictámenes respectivos.

De esta manera, el Senado ya estará en condiciones de aprobar los pliegos de prórroga de su mandato por cinco años del padre del ministro de Justicia, Carlos Mahiques, de otros 47 de los 77 que tiene que analizar ese cuerpo legislativo de la primera tanda de pliegos enviados por el Gobierno Nacional.

Familia judicial

Entre los postulantes que defenderán sus pliegos están las secretarias del juez Julián Ercolini, Maria Julia Sosa, de la Cámara Federal, Ivana Quinteros (Sala I Cámara Federal), así como el exsecretario del juez Ariel Lijo, Javier Arzubi Calvo.

También se propone Juan Andrés Moldes, el hijo del exfiscal German Moldes, y Nicolas Pacilio, hijo del exjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Antonio Pacilio.

Por otra parte, figuran candidatos con vínculos con el kirchnerismo como Santiago Vismarra, quien fue uno de los primeros fiscales designados “Ad Hoc” por la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, y exfirmante de la solicitada de Justicia Legitima.

Otro de los pliegos propuestos es el del exsubsecretario de Justicia en el macrismo porteño, Jorge Djivaris, quien es propuesto por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, que deberá tratar la causa del Correo, señalaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

Primera audiencia

En la primera audiencia que se realizará este miércoles a las 10 expondrá Sosa, quien fue propuesta como jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata y en la actualidad es secretaria de Juzgado de Ercolini, que tiene la causa por supuesto espionaje relacionado con la filtración de audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Ese mismo día, defenderá el juez de primero instancia Greenway, que dictó el sobreseimiento al titular de la AFA Carlos “Chiqui” Tapia por supuesto lavado de dinero, quien fue propuesta como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

También lo harán Nicolas Grappasonno, postulado como vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Ivana Quinteros candidata como jueza de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, y Alejandro Catania como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico).

La lista de expositores la completan Verónica Polverini, Marcela Sasso y Lucas Bellotti San Martin, quienes fueron propuestos como Defensores Públicas de Menores e Incapaces antes los juzgados de primera instancia en lo civil, comercial y del trabajo de Capital Federal.

Se suman a esa lista, Felipe Alliaud como Defensor Público Durador de la Defensoría General de la Nación, y Santiago Quian Zavalia como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, y Ovaldo Pitrau como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.

Para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y en diferentes salas se proponen a Analía Victoria Romero, Samanta Biscardi, Paula Castro y Lucila Córdoba y como Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal a Santiago Vismara.

Segunda audiencia

En la audiencia del jueves 7 expondrán Nicolas Pacilio, hijo del excamarista Antonio Pacilio, quien defenderá su pliego para desempeñarse como juez de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

También expondrá Juan Pablo Moldes propuesto como fiscal ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Penal Económico.

Ese mismo jueves lo hará Jorge Djivari, exfuncionario del gobierno de Horacio Rodriguez Larreta, quien está propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal.

También defenderá su pliego Pablo Wilk, secretario del juez de Quilmes, Luis Armella en Quilmes, propuesto como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N2 de La Plata, quien fue acusado por el kirchnerismo de haber parte parte de la denominada “Gestapo sindical” en el gobierno de Mauricio Macri.

En la segunda audiencia defenderán además sus pliego Walter Carnota y Fernando Strasser, quienes serán vocales en diferentes salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

También lo harán Nicolas Ceballos, propuesto para la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y Laura Wiszniacki. a quien se impulsa como jueza de Primera Instancia en lo Civil.

Otro de los defenderán sus pliegos son Federico Novello, quien es impulsado para el tribunal oral en lo Penal Económico de la Capital Federal, Pablo Moya, quien es candidato a juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. (NA).

La Libertad Avanza frenará el debate en el Senado de la reforma electoral que propone la eliminación de las PASO hasta que alcance un acuerdo con los bloques dialoguistas. En tanto, se abocará ahora al tratamiento de los proyectos sobre los Fondos Buitre y de reformas a la ley de Salud Mental.

La decisión del oficialismo es abrir el tratamiento en la comisión de  Asuntos Constitucionales, que preside Agustín Coto, cuando hayan alcanzados “consensos mínimos” con los bloques opositores que se oponen a anular las elecciones primarias, según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

El futuro de las PASO

La UCR, un aliado central porque tiene diez votos claves, no apoya la eliminación de las PASO. Están de acuerdo en su modificación para que sean optativas en las alianzas o partidos donde hay lista única y que se mantenga el aporte estatal en esos casos. También quieren mantener aporte estatal y no comparten aumentar hasta el 35% los aportes privados.

Las elecciones primarias que el radicalismo no aceptó votar en el 2009  porque consideró que fue creada para solucionar los problemas internas del kirchnerismo, terminó siendo una herramienta útil para la oposición y en especial en el 2023 cuando definió su fórmula presidencial.

“Acá mandan los números”, dijo un representante del oficialismo a NA, quien además señaló que los acuerdos que no se hicieron antes de enviar la ley se deberán hacer en el Senado, como sucedió con la reforma laboral y la Ley de Glaciares.

La LLA necesita 37 votos en el Senado y 129 en Diputados que solo los puedo lograr con los bloques aliados.

Las prioridades: fondos buitres

Por ese motivo, la bancada de LLA que preside Patricia Bullrich demorará por lo menos hasta junio la discusión y buscará en mayo avanzar con la sanción de los proyectos sobre Fondos Buitres, Salud Mental,  Propiedad Privada y la aprobación casi 80 pliegos.

También quedará para más adelante el debate del proyecto de reforma de la ley de Discapacidad,  que genera fuertes resistencias, y la mayoría de los bloques acompañaron el año pasado la iniciativa que luego fue vetada por el Gobierno nacional.

Sobre el Proyecto de Propiedad Privada, el oficialismo mantiene conversaciones para introducir cambios sobre los artículos que eliminan los topes para que los extranjeros compren tierras y sobre la ley de barrios populares, donde se concentran las mayores críticas de la oposición.

Por lo pronto la prioridad de esta semana será emitir dictamen del proyecto que autoriza a pagar U$D 171 millones a los fondos Buitres Baindridge LTD y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fundl LP.

Se trata de bonistas que comenzaron sus demandas en el 2001 pero no ingresaron en el acuerdo firmado en 2016 entre el gobierno de Mauricio Macri y la mayoría de los fondos buitres.

La Casa Rosada necesita dar una señal que podrá pagar a esos bonistas de su predisposición de cancelar la deuda, aunque no cumpla con la fecha tope del 30 de abril, y por eso el oficialismo convocó para este miércoles para firmar el respectivo dictamen al plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversiones y de Presupuesto.

La intención es poder hacer el 6 de mayo una sesión ordinaria para tratar el pago a los bonistas, el pliego de Carlos Mahiques para que pueda continuar cinco años como juez en la Cámara Federal de Casación Penal, pliegos internacionales y si hay consenso el dictamen sobre falsas denuncias.

Paralelamente, este miércoles 29 de abril se realizará la reunión constitutiva de la comisión de Salud-que será presidida por la libertaria Ivana Arrascaeta- y luego junto a Legislación General- que preside Nadia Márquez- debatirá la reforma a la ley de Salud Mental.

También el jueves abrirá las Audiencias Públicas donde expondrán los jueces propuestos por el Poder Ejecutivo, aunque los pliegos de los generan mayor atención mediática recién se realizarán entre el 7 de 14 de mayo.

Se trata de las postulaciones de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; de María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini; y de Cristina María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez Giorgi -que está a cargo del Caso Libra-, para el juzgado de primera instancia de Hurlingham.

Los puntos sobresalientes de Salud Mental

Dispone que la atención deberá estar a cargo de equipos interdisciplinarios, y pone como requisito la presencia obligatoria del médico psiquiatra

Tendrá mayor peso la evaluación médica en decisiones clave como diagnósticos, tratamientos e internaciones, lo que no sucedía en la legislación vigente.

Mantiene que la internación como recursos excepcional, pero permite la internaciones no voluntarias, que en la anterior ley era una situación que se contemplaba en casos extremos.

Las internaciones no voluntarias solo permitirán en “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.

El consumo problemático de sustancias se integra formalmente a las políticas de salud mental y la autoridad de aplicación podrá definir dispositivos específicos, ambulatorios o de internación. (NA).

La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas avalaron en el Senado el proyecto sancionado en Cámara de Diputados, para regularizar la tenencia de armas de fuego y el programa nacional de entrega voluntaria de armas y municiones para su destrucción.

El oficialismo, el PRO, la UCR, Independencia, el Frente de la Concordia, firmaron el dictamen que permitirá debatir esta iniciativa en el Senado, en una sesión que la LLA quiere celebrar en la primera semana de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La decisión se adoptó en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior, que presiden el libertario Gonzalo Guzmán Coraita y la radical Carolina Losada, tras luego de un informe que brindó el Director Ejecutivo del Registro Nacional de Armas (Renar), Juan Pablo Allan.

“Llevamos diecinueve convenios firmados, lo que nos permite hoy darles las herramientas a las provincias para lo que necesitan, sea para prevenir el delito, para combatir el delito, y ese insumo de manera inmediata”, agregó el funcionario, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, quien firmó el proyecto de ley cuando se desempeñaba como ministra de Seguridad, señaló que “no existía un sistema de claro de registro” y señaló que hay “trazabilidad del arma cuando está registrada”.

“Esta ley es un claro ejemplo de cómo la burocracia alejó al ciudadano de la ley, particularmente al legítimo usuario”, subrayó.

Señaló que “durante años el sistema centralizado dejó a muchos usuarios en situación irregular por trabas administrativas.

Informe

Allan señaló que “las órdenes que recibimos fueron muy claras. Los ejes de la gestión son digitalizar todo el Registro Nacional de Armas y hacer que estar dentro de la ley sea fácil. Y eso hemos hecho y hoy lo vemos en las cifras”.

“La burocracia y la papelización del registro alejó y puso barreras para el legítimo usuario de armas para la registración y la normalidad. Y para nosotros el legítimo usuario de armas es una persona responsable y ajustada a derecho”, agregó.

Señaló que ya hubo 19 provincias que firmaron acuerdos con el Registro Nacional de Armas, y dijo que no firmaron ningún convenio La Rioja, Formosa, y Tierra del Fuego, ante una consulta de Bullrich.

.Respecto a la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas entendimos que la prórroga debería sea de cuatro años para evitar baches y cambios de autoridades. Que quede como política de Estado permanente, el Programa es una herramienta muy válida”.

Detalles

El proyecto, que ya fue sancionado por la Cámara de Diputados en octubre del 2024, incorpora un procedimiento para la regularización de la tenencia legítima de armas mediante una declaración ágil y sencilla que puede realizarse de forma virtual.

Si el interesado renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no tendrá que acreditar nuevamente la idoneidad en su manejo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Por otra parte, se plantea una prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta 31 diciembre 2027, para que quien tuviera posesión no autorizada de armas y desee deshacerse de ellas, lo pueda hacer voluntaria y anónimamente para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales.

En este sentido, se otorga un plazo de 360 días para presentarse ante la ANMaC para quienes posean armas no autorizadas. (NA).

El Gobierno nacional envió al Congreso una reforma a la Ley de Salud Mental y otra a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con lo que busca reactivar la agenda parlamentaria en las próximas semanas.

Así lo confirmaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas, y señalaron que ambos proyectos ingresaron por la Cámara de Senadores.

La estrategia fue definida tras una reunión de la “mesa chica” en Casa Rosada, de la que participaron figuras como Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Las dos reformas ingresaron por el Senado, donde el gobierno logró construir una mayoría sólida y le servirá que sea Cámara de origen, por si aparecen modificaciones en el debate en Diputados.

Con estos temas, el oficialismo busca retomar la iniciativa parlamentaria en la previa al informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además de los nuevos proyectos, el Ejecutivo evalúa acelerar el tratamiento de las leyes de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Hojarasca.

La idea del Gobierno es avanzar con Hojarasca el martes en comisión y, de no mediar dificultades, llevarlo al recinto al día siguiente.

Respecto a la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el debate continúa abierto en el Senado, aunque sin fecha de dictamen debido a reparos de la oposición dialoguista sobre modificaciones que no fueron consensuadas tras la defensa del ministro Federico Sturzenegger en comisiones. Debido a los plazos reglamentarios, se estima que su llegada al recinto ocurriría recién en mayo. NA

La Justicia de San Luis ordenó al Senado de la Nación trabar un embargo ejecutivo sobre los haberes del senador nacional por La Libertad Avanza y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, debido a una deuda fiscal que asciende a los 45 millones de pesos.

La medida, dispuesta por el juez de Ejecuciones Fiscales Alberto Spagnuolo, se fundamenta en el incumplimiento del pago del impuesto inmobiliario y otras tasas provinciales. El oficio ingresó formalmente por la mesa de entradas del Senado el último viernes, lo que obliga a la institución a retener el porcentaje correspondiente de la dieta del legislador, que actualmente promedia los 11 millones de pesos mensuales, hasta cancelar el monto total adeudado.

Ante la resolución judicial, Abdala sostuvo que la medida representa una maniobra de hostigamiento por parte del Poder Ejecutivo provincial. “Es una persecución política del gobernador de San Luis, Claudio Poggi”, afirmó el senador, vinculando el embargo con sus aspiraciones electorales para suceder al mandatario el año próximo.

Según el referente libertario, la administración actual emplea métodos de presión similares a los de la gestión anterior y denunció la existencia de un aumento desmedido en la presión tributaria local. “Lamentablemente Poggi usa los mismos métodos que los Rodríguez Saá para perseguir a los opositores”, agregó el legislador, quien de acuerdo con su última declaración jurada posee bienes estimados en 197 millones de pesos.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, desde el Gobierno de San Luis, la directora de Ingresos Públicos, Teresa Capiello, rechazó las acusaciones de intencionalidad política y desmintió la aplicación de un incremento impositivo arbitrario. La funcionaria señaló que la política fiscal se rige por la capacidad contributiva de cada ciudadano y apuntó directamente contra el comportamiento del senador.

“Si la crítica proviene de alguien que no cumple, pudiendo hacerlo, entendemos que estamos en el camino correcto”, sentenció Capiello, destacando que los contribuyentes de menores recursos suelen ser los más cumplidores frente a casos de personas con alto poder económico que evaden sus obligaciones.

El conflicto profundiza la grieta política en la provincia mientras la presidencia del Senado aguarda la ejecución del mandato judicial. (NA).

En una sesión clave para la agenda del presidente Javier Milei, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa, que contó con el apoyo de las provincias mineras y bloques aliados, obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones.

El proyecto busca acotar la protección vigente sobre el área glaciar y periglacial para permitir la instalación de nuevos proyectos productivos, fundamentalmente vinculados a la minería. Además de La Libertad Avanza, acompañaron la propuesta el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, y legisladores de otros espacios como Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz y Encuentro Federal.

Incluso, el oficialismo sumó el respaldo de dos diputados de Unión por la Patria pertenecientes a San Juan, Cristian Andino y Jorge Chica. Por el contrario, la mayoría de este último bloque, junto a la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, rechazaron la medida advirtiendo sobre posibles riesgos ambientales y la futura judicialización de la norma por considerarla regresiva.

Hasta el momento, la normativa sancionada en 2010 otorgaba una protección total sobre el ambiente glaciar por ser una reserva estratégica de recursos hídricos. Con la nueva modificación, la tutela regirá "hasta tanto" las provincias realicen estudios técnicos que comprueben qué áreas cumplen efectivamente con una función hídrica y cuáles no.

Aquellas zonas que no sean verificadas como reservas de agua podrán ser retiradas del inventario del Ianigla, quedando habilitadas para el desarrollo de actividades productivas que hasta ahora estaban prohibidas. Según estimaciones oficiales, esta reforma permitiría destrabar inversiones por un total de US$ 20.000 millones en proyectos mineros en todo el país, otorgando a las provincias un mayor poder de decisión sobre sus recursos naturales.

El Senado sesionará mañana para dar ingreso parlamentario a unos 60 pliegos de jueces, fiscales, y defensores, en una clara señal a la familia judicial, mientras que además buscará aprobar ascensos militares y la designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá.

La sesión fue convocada para las 11:00, con el objetivo de tomar estado parlamentario los 60 pliegos enviados por el Gobierno, pero será una vidriera que usará la oposición para criticar al oficialismo por la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando se conocen nuevos detalles de la causa judicial.

Eso sucedió en la sesión del pasado el 18 de marzo, pero la LLA decidió que ya no tiene otro mecanismo para dar ingreso formal a los pliegos que manda el Poder Ejecutivo.

También se tratarán los ascensos a los militares, el pliego a embajadora plenipotenciaria ante Canadá de ex senadora neuquina, Lucila Crexell y la designación de los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia.

Tras el ingreso de los pliegos, la Comisión de Acuerdos, que preside Juan Carlos Pagotto, abrirá una etapa de evaluación y de presentación de avales e impugnaciones, previo a la convocatoria a la Audiencia Pública donde cada uno de los postulantes deberá concurrir al Senado.

Se estima que esas audiencias podrían hacerse entre el 30 de abril y el 7 de mayo, donde el candidato expondrá y responderá las preguntas de los senadores, para ser tratado en una sesión a celebrarse a mediados del mes próximo.

El Senado buscará aprobar el pliego de Lucila Crexell como embajadora ante Canadá, con el respaldo del oficialismo y aliados y el rechazo del justicialismo que denuncia que le dan ese cargo por haber votado a favor de la Ley Bases.

Además, tratará los ascensos de unos 150 militares, entre los que figuran la cúpula de las tres fuerzas militares.

El Gobierno propuso el ascenso del vicealmirante, Marcelo Alejandro Dalle Nogare, como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; del vicealmirante, Juan Romay, como jefe del Estado Mayor General de la Armada y del general de división, Oscar Zarich, como jefe del Estado Mayor General del Ejército.

En cambio, no se incluirá el ascenso del subjefe de la Fuerza Aérea, Marcelo Monetto, que ya tiene dictamen de la comisión de Acuerdos, debido a que no existen los votos para poder aprobar su promoción, ya que fue impugnado por un supuesto encubrimiento en una denuncia de una ex cadete por abuso sexual.

También el Senado aprobará la designación de Eduardo Montamat como presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia; y Lucas Trevisani Vespa y Marcelo D´Amore como vocales del Tribunal. NA