El Senado de la Nación buscará retomar su actividad el próximo jueves 29 de octubre, con una sesión en la que se debatirán la reforma de la Ley de Salud Mental y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, pretendía convocar a una sesión este jueves, pero no logró concretar ese objetivo debido a los tiempos legislativos necesarios para avanzar con el tratamiento de la reforma de Salud Mental.

El proyecto quedó habilitado para su debate en el recinto luego de que el oficialismo reuniera ocho firmas y el bloque Convicción Federal presentara un dictamen de minoría. Aunque La Libertad Avanza no consiguió las nueve firmas necesarias para obtener un despacho propio, la presentación de la iniciativa alternativa permitió avanzar con el procedimiento parlamentario.

Ahora, Bullrich buscará cerrar acuerdos con los bloques aliados para garantizar los votos necesarios y avanzar con el temario previsto.

Además de la reforma de Salud Mental y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, el oficialismo propondrá incorporar al debate el proyecto relacionado con el Mercado Voluntario de Carbono.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa oficialista está relacionado con las internaciones involuntarias, que continuarían siendo consideradas medidas excepcionales y únicamente podrían aplicarse cuando exista un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la propia persona o de terceros.

El proyecto establece que, ante situaciones de gravedad, podrá intervenir un solo profesional, preferentemente un psiquiatra, quien deberá justificar la medida dentro de un plazo de 48 horas.

Además, contempla la posibilidad de disponer internaciones involuntarias sin necesidad de solicitar una autorización judicial previa, una de las modificaciones más relevantes respecto del régimen vigente.

La propuesta también determina que los tratamientos deberán adecuarse a la edad, el desarrollo cognitivo y la situación afectiva y mental de cada paciente.

En ese sentido, incorpora un apartado específico para el consumo problemático de sustancias en menores de edad, cuya atención deberá quedar a cargo de equipos profesionales especializados en población infantojuvenil.

Por su parte, el dictamen de minoría impulsado por la senadora Carolina Moisés plantea diferencias respecto de la propuesta oficialista.

Entre sus principales puntos, reconoce el acompañamiento terapéutico como una herramienta para favorecer la reinserción social, prohíbe utilizar la falta de vivienda como argumento para justificar una internación e incorpora la asistencia obligatoria a las provincias y la implementación de un Plan de Salud Mental.

El segundo eje de la sesión será el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, una iniciativa que contempla una reserva al capítulo II del acuerdo internacional con el objetivo de proteger a la industria farmacéutica nacional.

La incorporación de esa reserva responde a los planteos realizados por las cámaras del sector, que reclamaron garantías para preservar las condiciones de funcionamiento de los laboratorios nacionales.

La Argentina firmó el tratado en 1970 y el Senado lo aprobó en 1998. Sin embargo, las modificaciones introducidas durante su tratamiento en la Cámara de Diputados obligaron a que el acuerdo regresara a la Cámara alta para completar su aprobación legislativa.

De esta manera, el oficialismo intentará avanzar con dos iniciativas de relevancia sanitaria y económica, en una sesión que dependerá de los acuerdos que pueda alcanzar con los bloques aliados durante los próximos días.

 La senadora porteña Patricia Bullrich brindó una conferencia junto a las presidentas de las comisiones de Salud, Ivanna Arrascatea, y de Legislación General, Nadia Márquez, en la cual brindó precisiones sobre los cambios introducidos al proyecto que envió el Gobierno Nacional.

Bullrich señaló que, con estos cambios acordados con los bloques de la UCR, PRO y bloques provinciales, mañana se podría firmar el dictamen de comisión y tratarse en una sesión a celebrarse la próxima semana.

“Todos estos cambios hacen de esta una de las leyes más discutidas, trabajadas y modificadas”, añadió.

Las comisiones de Salud y Legislación General fueron citadas para las 15.30 para debatir esta iniciativa del Gobierno.

Los principales cambios son que las internaciones involuntarias las puede disponer un médico, sin necesidad que sea un psiquiatra; se establece un mecanismo de asistencia financiera con las provincias; se mantiene la eliminación de los manicomios y se incorporan las adicciones en general, con lo cual una persona puede ser tratará por ludopatía.

Las legisladoras explicaron aspectos de los diez cambios que se introducirán al proyecto que había enviado hace meses el Gobierno para modificar la ley de Salud Mental que se aprobó en el gobierno kirchnerista, que limitaba las internaciones en contra de la voluntad de los pacientes.

Arrascatea señaló que la ley vigente se aprobó más de 15 años y en el medio sucedieron “cosas como la pandemia que agudizó la crisis de salud mental” ya que “desde el 2019 se incrementaron en un 77 por ciento las internaciones en hospitales públicos de adolescentes.”.

“Escuchamos aportes muy valiosos, sobre todo de mamás, de organizaciones, de distintos profesionales, especialistas en psiquiatría, en psicología, asociaciones, fundaciones, profesionales de derecho, fundaciones. Y una mamá que nos quedó muy grabado fue que nos dijo que estamos llegando tarde”, agregó.

Bullrich explicó que se incorporaron “equipos interdisciplinarios, con participación de psicólogos, psiquiatras y otros profesionales especializados; el reconocimiento del rol de los psicólogos en las evaluaciones y las altas; la capacitación permanente y la protección de los trabajadores de la salud”.

También señaló que “se restituye la cooperación técnica, económica y financiera con las provincias, se amplían los plazos para comunicar determinadas internaciones de 24 a 48 horas y se incorpora la posibilidad de realizar teleconsultas con psiquiatras, en zonas donde no haya especialistas disponibles”. NA

Con una agenda acotada, el Senado retomará esta semana la actividad parlamentaria con el tratamiento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y el avance de la reforma de la Ley de Salud Mental, mientras el Gobierno nacional continúa las negociaciones para reunir los consensos necesarios para debatir la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Tras dos semanas de parálisis, la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, buscará avanzar con el dictamen del acuerdo internacional sobre patentes y reactivar el debate sobre Salud Mental, mientras las conversaciones sobre la reforma electoral permanecen en manos de la Casa Rosada.

Durante la última semana, la única actividad fue una audiencia pública de la Comisión de Acuerdos, que debió ser conducida por el misionero Carlos Arce, debido a que todavía no asumió la libertaria Nadia Márquez en reemplazo del fallecido Juan Carlos Pagotto.

Por otra parte, resta definir si el chaqueño Juan Cruz Godoy asumirá la estratégica Comisión de Legislación General.

Patentes: el Senado buscará emitir dictamen

El Senado tratará el jueves a las 14:00, en un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto e Industria y Comercio, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

Las comisiones son presididas por el libertario Francisco Paoltroni y el peronista Marcelo Lewandowski, respectivamente.

El objetivo del oficialismo es emitir dictamen sobre el acuerdo con los cambios introducidos por la Cámara de Diputados, que establecen una reserva al capítulo II para proteger a la industria farmacéutica nacional, tal como reclamaron las cámaras del sector.

De esta manera, el Senado podría dar sanción definitiva a la iniciativa en una sesión prevista para el jueves 22 de octubre.

En esa misma jornada también podrían incorporarse otros proyectos pendientes, como el Mercado Voluntario de Carbono, la denominada Ley Hojarasca y la reforma de la Ley de Salud Mental.

La Argentina firmó el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes en 1970 y el Senado lo aprobó en 1998.

Sin embargo, tras las modificaciones introducidas durante su tratamiento legislativo, el acuerdo deberá regresar a la Cámara alta para su sanción definitiva y posterior entrada en vigor.

Salud Mental

Bullrich pretende anunciar esta semana el acuerdo alcanzado con ministros provinciales y bloques aliados sobre el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental enviado por el Gobierno nacional.

La iniciativa contempla cambios sustanciales en aspectos centrales de la normativa vigente, especialmente en lo referido a las internaciones involuntarias y a los requisitos para disponerlas.

La intención es presentar los consensos junto con la presidenta de la Comisión de Salud, Ivana Arrascaeta, y exponer los acuerdos alcanzados con funcionarios provinciales y representantes de los bloques dialoguistas.

El proyecto fue girado al Senado en abril y, desde entonces, se realizaron tres reuniones informativas. Sin embargo, la comisión no volvió a reunirse desde el 20 de mayo, en medio de las dificultades para alcanzar consensos entre el oficialismo y la oposición.

Internaciones involuntarias: cuáles son los cambios propuestos

Uno de los principales puntos de la reforma es la modificación de los requisitos para disponer una internación involuntaria.

Según la propuesta en análisis, deberán intervenir dos profesionales, uno de ellos médico y, preferentemente, especialista en psiquiatría.

De este modo, el texto no establece que la evaluación deba quedar exclusivamente en manos de un psiquiatra.

El proyecto mantiene como criterio que este tipo de internaciones solo podrá realizarse cuando exista un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la propia persona o de terceros.

Además, establece que el abordaje deberá adecuarse a la edad, el desarrollo cognitivo y la situación afectiva y mental de cada paciente.

Otra de las modificaciones prevé la elaboración de un plan de egreso desde el momento del diagnóstico, como requisito vinculado al proceso de internación.

También se contempla la notificación anticipada al representante legal, al cónyuge o conviviente, a los padres o a los hijos, con el objetivo de coordinar las condiciones necesarias para el regreso de la persona a su entorno.

Adicciones: un abordaje específico para menores de edad

La reforma incorpora un apartado específico para el consumo problemático de sustancias en menores de edad.

En estos casos, la propuesta establece que la atención deberá estar a cargo de equipos profesionales con formación específica en población infantojuvenil.

A su vez, uno de los objetivos centrales del proyecto es incorporar las adicciones a las drogas de manera explícita dentro del abordaje de la salud mental, una modificación que forma parte de los principales cambios impulsados por el Gobierno nacional. (NA).

En el marco de su cuarta sesión ordinaria del año, el Senado bonaerense dio luz verde a un proyecto impulsado por la diputada Silvina Vaccarezza, el cual introduce modificaciones sustanciales en el capítulo de prioridad de paso de la Ley de Tránsito de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca terminar con las ambigüedades que, según la legisladora, han generado históricamente confusiones en el ámbito judicial.

La normativa establece que, al llegar a una bocacalle o encrucijada, el conductor debe ceder el paso al vehículo que circula desde la derecha. Al respecto, la diputada del bloque UCR+Cambio Federal afirmó: “Esta prioridad es absoluta”.

El proyecto detalla excepciones claras a esta regla, entre las que se encuentran los vehículos públicos de urgencia, la existencia de señalización específica, la circulación por vías de mayor jerarquía como autopistas o avenidas, y el ingreso a una rotonda. Asimismo, la prioridad no será vigente si el vehículo que circula por la izquierda transita desde una calle de tierra hacia una pavimentada, o si el rodado que viene por la derecha detuvo su marcha. En situaciones de embotellamiento, se aplicará un orden de paso alternativo de un vehículo por vez.

En cuanto a las zonas rurales, la ley estipula que los ciclistas deberán ceder el paso, salvo que circulen por áreas señalizadas que les otorguen prioridad. Por otro lado, en cuestas estrechas, la obligación de retroceder recae sobre quien desciende, a menos que transporte un acoplado o remolque.

La legisladora, oriunda de Alberti, fundamentó la necesidad de esta reforma al señalar que la confusión normativa se originó tras la adhesión provincial a las leyes nacionales en 2007, lo cual dejó sin vigencia aspectos clave de la legislación local. 

Sobre el impacto de esta medida, Vaccarezza sostuvo: “Dada la importancia que tiene el ordenamiento jurídico de una comunidad y la necesidad de establecer una serie de normas de prevención que se traduzcan en pautas de comportamiento de sus habitantes, como medio de mitigar y evitar, en lo posible, riesgos, es necesario que como legisladores traigamos luz sobre un tema que genera inseguridad jurídica en nuestro territorio”.

Finalmente, la diputada destacó la importancia de homogeneizar la normativa con el Código de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, considerando el flujo constante de vehículos entre ambas jurisdicciones. “Habita cuenta del tráfico frecuente entre una y otra jurisdicción, merece la pena su homogeneización legislativa para la provincia de Buenos Aires”, concluyó.

En el marco de la cuarta sesión ordinaria del año, el Senado bonaerense dio sanción definitiva al proyecto de ley que propone regular el uso de teléfonos celulares en las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, presentada por el diputado libertario dialoguista Martín Rozas, busca ordenar la utilización de dispositivos electrónicos en el ámbito educativo.

La nueva normativa estipula que los estudiantes secundarios únicamente podrán hacer uso de sus dispositivos móviles cuando estos formen parte de un proyecto pedagógico que fundamente su implementación y cuente con la debida autorización de las autoridades escolares.

Durante el debate en el recinto, el senador del bloque Unión y Libertad Carlos Kikuchi explicó que la medida representa una extensión de la Ley 15.534, de autoría del senador Emmanuel Santalla, la cual ya regula y controla el uso de celulares en las escuelas primarias. 

“Nosotros hemos pedido la ampliación para que sea también en escuelas secundarias, ya que no solamente están los peligros antes mencionados, sino que todos conocemos las dificultades que puede causar en el aprendizaje de nuestros hijos. Además, en los adolescentes especialmente, ahora con todo el tema del juego y de la ludopatía”, señaló Carlos Kikuchi.

El proyecto contempla la elaboración de instrucciones, protocolos y recomendaciones dirigidas a toda la comunidad educativa para facilitar la implementación de la regulación. Asimismo, se propone un seguimiento y análisis pormenorizado de las medidas adoptadas con el objetivo de relevar mejoras o realizar los ajustes necesarios.

Por su parte, el autor de la propuesta, el diputado Martín Rozas, destacó la relevancia de la iniciativa para el desarrollo de los alumnos. “Es un proyecto muy importante para los niños y adolescentes. Habla de la regulación de los teléfonos celulares dentro de los establecimientos educativos. Si bien la utilización de los celulares es un recurso fundamental para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, hace tiempo que se vienen tratando diversas problemáticas. Como es el caso de la ludopatía y el tema de la vinculación social”, valoró el legislador.

En los fundamentos del texto, Rozas recordó que países como Francia, Estados Unidos, Alemania, Noruega o China han implementado medidas similares. Según el diputado, estas experiencias internacionales “demuestran que la limitación del uso de los celulares en las aulas generó resultados positivos en términos de mejora del aprendizaje”.

Finalmente, el legislador hizo hincapié en la importancia de la interacción humana en el entorno escolar. “La interacción cara a cara es fundamental para el desarrollo de habilidades sociales como la comunicación, la empatía y la resolución de conflictos. El uso excesivo de dispositivos móviles, no regulado por personal docente y/o autoridades, puede aislar a los estudiantes y limitar sus oportunidades de relacionarse con sus pares”, concluyó.

El Senado bonaerense tendrá este martes por la tarde su cuarta sesión del año, en la que votará varios proyectos provenientes de Diputados, entre los que destaca la Ley Ema. La jornada legislativa comenzará a las 16 horas y contará con una particularidad en la composición de la Cámara alta, debido a la licencia del legislador Guillermo Montenegro para retomar su cargo en la intendencia de Mar del Plata y el ingreso de la libertaria María Lujan Fiego.

Resulta llamativo que el recinto sesione con fechas tan próximas, considerando que la última actividad fue el 15 de septiembre. Este avance representa un logro para la cámara, que busca equiparar su ritmo con el de Diputados, que se encamina a su sexta audiencia ordinaria. Esta celeridad responde al acuerdo político alcanzado semanas atrás entre legisladores peronistas y opositores, quienes pactaron un trabajo coordinado para avanzar con proyectos que ya cuentan con media sanción antes de que la campaña electoral cobre protagonismo.

Uno de los puntos centrales del temario es la Ley Ema, orientada a la prevención de casos de violencia digital. El proyecto surgió tras el caso de Ema Bondaruk, la adolescente de 15 años que se convirtió en símbolo de esta lucha. La iniciativa, que unifica propuestas de las legisladoras Mayra Mendoza y Laura Clark, contempla la incorporación de la ciudadanía digital a la Ley de Educación bonaerense y la creación del Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos.

En la sesión también se tratará la ley que fija beneficios impositivos para el Área Patagónica bonaerense, que abarca los distritos de Carmen de Patagones, Villarino, Puán, Tornquist y parte de Saavedra. Esta medida busca responder al recorte de Zona Fría sancionado por el Congreso. Asimismo, podrían debatirse proyectos sobre educación emocional, impulsado por Luciana Padulo, y la actualización de la Ley Nacional de Discriminación, propuesta por Alexis Guerrera.

Por otro lado, la agenda de comisiones del Senado ha estado centrada en los proyectos de salud enviados por el gobernador Axel Kicillof y el ministro Nicolás Kreplak, orientados a la creación de una empresa de medicamentos y la unificación del sistema sanitario. Si bien cuentan con despacho, el oficialismo prefirió postergar su tratamiento para una sesión posterior, donde se espera que puedan ser aprobados por mayoría simple, evitando la necesidad de alcanzar los dos tercios del recinto requeridos en la jornada de este martes.

El PRO y un sector de la UCR son los principales escollos que tiene el Gobierno para avanzar con la suspensión de las PASO en el Senado, ya que el respaldo de algunos gobernadores provinciales no alcanza para que el oficialismo reúna la mayoría necesaria para aprobar la reforma electoral.

El Gobierno se muestra optimista por los avances logrados por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien estuvo negociando con 13 gobernadores en París dos leyes centrales para el presidente Javier Milei: la reforma electoral y el Presupuesto 2027.

Sin embargo, esos acuerdos todavía no le permiten al oficialismo reunir los 37 votos necesarios para aprobar la reforma electoral en el Senado, donde tienen un peso significativo la Unión Cívica Radical, con 10 bancas, y el PRO, con tres.

A esto se suma que algunos gobernadores dialoguistas quieren mantener las PASO, como el tucumano Osvaldo Jaldo, cuyos dos representantes en el Senado responden a su espacio, y el radical santafesino Maximiliano Pullaro, cuyos senadores Carolina Losada y Eduardo Galaretto se manejan de manera independiente del Gobierno provincial.

En tanto, los mandatarios de Río Negro, Alberto Weretilneck; de San Juan, Marcelo Orrego; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y de Jujuy, Carlos Sadir, no cuentan con senadores de su signo político o, en otros casos, sus representantes no responden directamente a los gobernadores, como ocurre con el santacruceño Claudio Vidal.

Los gobernadores que están de acuerdo con suspender o eliminar las PASO son los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil; Neuquén, Rolando Figueroa; Chaco, Leandro Zdero; Corrientes, Juan Pablo Valdés; y Chubut, Ignacio Torres.

También podrían sumarse los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; Misiones, Hugo Passalacqua; Mendoza, Alfredo Cornejo; y Córdoba, Martín Llaryora.

Poroteo

La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y necesita llegar a 37 votos para aprobar la reforma en el recinto. Por eso, requiere sumar al menos 16 voluntades de otros bloques.

El oficialismo podría sumar, a partir de los acuerdos con distintos gobernadores, los votos de Julieta Corroza (Neuquén), Guillermo Andrada (Catamarca), Flavia Royón (Salta), Edith Terenzi (Chubut), Carlos Arce y Sandra Decut (Misiones), y Alejandra Vigo (Córdoba).

Los mandatarios radicales podrían aportar el apoyo de los correntinos Eduardo “Peteco” Vischi y Mercedes Valenzuela, la chaqueña Silvina Schneider y los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, aunque en este último caso persisten dudas.

En cambio, los radicales que no quieren suspender las PASO son los bonaerenses Maximiliano Abad, Daniel Kronenberg y Flavio Fama, y los santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto.

Los tres senadores del PRO, Martín Goerling Lara, María Cristina Huala y Andrea Cristina, también resisten la eliminación de las PASO previstas para agosto del próximo año.

Los detalles del proyecto

El proyecto contempla la instrumentación de la ley de Ficha Limpia, por la cual no podrán ser candidatos a cargos electivos aquellos dirigentes condenados en segunda instancia por delitos dolosos.

Además, se eliminan las elecciones primarias (PASO) para definir candidatos a cargos electivos nacionales y a la Presidencia.

Cada alianza o partido político deberá establecer su propio mecanismo de selección de postulantes.

Los candidatos a Presidente deberán contar con el aval del 0,1% del padrón electoral para ser reconocidos, mientras que para las candidaturas al Congreso se exigirá el respaldo del 0,5% del padrón de cada distrito.

A su vez, los partidos políticos que busquen reconocimiento a nivel nacional deberán estar reconocidos en al menos 10 distritos y contar con un mínimo de afiliados equivalente al 0,1% del padrón nacional.

En materia de financiamiento, se elimina el aporte estatal destinado a las campañas y se eleva del 2% al 35% el límite para los aportes privados que podrá recibir cada partido o alianza.

Los partidos políticos tendrán como único aporte público anual el correspondiente al Fondo Partidario Permanente.

También se elimina la publicidad gratuita en los medios de comunicación y el debate presidencial obligatorio.

Por último, se modifica la ley de Boleta Única de Papel para permitir incorporar la opción de “boleta completa” y habilitar la inclusión de elecciones provinciales cuando los comicios nacionales y locales se realicen de manera simultánea. (NA).

La concejal María Luján Fiego asumirá como senadora bonaerense a partir de la decisión de Guillermo Montenegro de dejar su banca en la Legislatura provincial para regresar a la intendencia de General Pueyrredón.

El movimiento tendrá impacto directo en la representación política de Tandil y también en el equilibrio de fuerzas dentro de la Cámara Alta provincial. Fiego había integrado en el cuarto lugar la lista de La Libertad Avanza (LLA) por la Quinta Sección Electoral en las elecciones provinciales de 2025, nómina que fue encabezada por Montenegro.

El dirigente marplatense había solicitado licencia como intendente y asumido como senador bonaerense, mientras que Agustín Neme quedó interinamente al frente del Ejecutivo de General Pueyrredon. Sin embargo, ahora decidió regresar al Municipio y deberá realizar las presentaciones formales correspondientes ante el Senado provincial.

Según averiguaciones, Montenegro mantuvo una reunión con Neme para coordinar el nuevo recambio. En principio, su regreso no implicaría modificaciones importantes dentro del Gabinete municipal, que continúa integrado en buena medida por funcionarios designados durante su gestión.

La decisión estaría vinculada con las diferencias de Montenegro respecto del rumbo que tomó la administración durante su licencia. Desde su entorno señalaron especialmente su preocupación por la inseguridad y el impacto del desempleo en Mar del Plata, dos cuestiones que habrían influido en la determinación de retomar personalmente la conducción municipal.

Montenegro nunca había renunciado a la intendencia, sino que había solicitado licencia para asumir su banca en la Legislatura. De esta manera, podrá volver al Ejecutivo local para completar el mandato iniciado tras su reelección de 2023.

La salida de Montenegro abrirá la puerta para que la concejal María Luján Fiego ingrese a la Cámara Alta bonaerense. La dirigente había sido cuarta candidata a senadora provincial por la alianza La Libertad Avanza en la Quinta Sección, detrás de Montenegro, Cecilia Martínez y Matías De Urraza.

La nómina libertaria obtuvo tres bancas en las elecciones de septiembre de 2025, por lo que Fiego había quedado como primera suplente y ahora le corresponde ocupar el lugar que quedará vacante.

El cambio tendrá además una particularidad política. Montenegro, pese a haber encabezado la lista de LLA, se incorporó al Senado dentro del bloque del PRO, espacio al que continuaba perteneciendo formalmente. Fiego, en cambio, se incorporará al bloque de La Libertad Avanza.

De concretarse ese movimiento, la bancada libertaria pasará a contar con 11 integrantes, mientras que el bloque del PRO perderá un representante y quedará con cuatro senadores.

La bancada amarilla continuará integrada por Alex Campbell, Pablo Petrecca, Juan Manuel Rico Zini y Jorge Schiavone.

De esta manera, la decisión de Montenegro de regresar a Mar del Plata tendrá una consecuencia directa para Tandil, con la llegada de una dirigente de la ciudad al Senado bonaerense y una modificación en la correlación de fuerzas políticas dentro de la Legislatura provincial.

Según se confió, Fiego el lunes firmará su licencia como edil y viajará a La Plata para ya formar parte de la reunión del bloque, asumiendo formalmente como senadora con la jura en martes. 

Con respecto a su reemplazo en la banca del deliberativo, volverá a ocupar ese rol Adrián Rodríguez, quien ya juró oportunamente y reemplazó a la hora retirada concejal cuando ésta se tomó anteriores licencias. 

La senadora y jefa de bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se refirió este 1 de octubre de 2026 a sus recientes críticas sobre el rumbo económico del Gobierno. La legisladora afirmó que sus planteos están estrechamente vinculados a las preocupaciones de los argentinos y de las empresas en el contexto actual.

Durante una conferencia de prensa brindada antes de su presentación en el Coloquio de IDEA, en Mar del Plata, la representante de la Ciudad de Buenos Aires en la Cámara alta explicó su postura frente a un auditorio expectante. Al respecto, señaló:

“Yo creo que planteo aquellas situaciones, temas, y preocupaciones de los argentinos en este momento; de las empresas”.

La senadora enfatizó que su labor busca consolidar un vínculo de representación y confianza con los ciudadanos, especialmente con aquellos sectores que acompañan el proceso de transformación que atraviesa el país. En ese sentido, aclaró que sus intervenciones no deben interpretarse como una contradicción hacia la gestión oficial.

“Lo que yo trato es de generar una representación, una confianza en aquel aquellos ciudadanos y, especialmente, aquellos que acompañan la transformación que se está haciendo en Argentina. No lo miraría en contradicción con el Gobierno, sino en relación con la sociedad. Esa es la manera en que me ubico. Creo que es lo correcto para quien quiere representar a una parte importantísima de la electorado”.

El senador nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, falleció a los 74 años, según confirmaron fuentes oficiales este 29 de septiembre de 2026. El legislador, integrante del bloque de La Libertad Avanza, fue hallado sin vida en su domicilio de la capital.

Pagotto había asumido su banca en la Cámara alta en diciembre de 2023, tras los resultados de la elección general de octubre. Su labor parlamentaria cobró relevancia rápidamente, al formar parte de un bloque de siete representantes libertarios sobre un total de 72 senadores que componen el cuerpo.

Durante los primeros meses de gestión, el abogado estuvo al frente de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, donde tuvo un rol central en la resistencia al DNU 70/2023 impulsado por el presidente Javier Milei y diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Al momento de su deceso, el senador presidía la Comisión de Acuerdos del Senado. Dicha función tuvo un alto impacto durante el presente año, debido al tratamiento de más de 200 nombramientos judiciales. Nacido en Mendoza en 1952, Pagotto cursó sus estudios de grado en la Universidad Nacional de Córdoba entre 1970 y 1974.

El Senado bonaerense se prepara para avanzar en la próxima sesión con un proyecto de ley destinado a combatir los ruidos molestos provocados por autos y motos con modificaciones en sus sistemas de escape. La iniciativa, que podría ser aprobada el 6 de octubre, busca dotar al Estado de herramientas más rigurosas para prevenir, controlar y sancionar la contaminación sonora vehicular en todo el territorio provincial.

La decisión de tratar este proyecto surgió tras una reunión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Senado. La comisión dio el visto bueno por unanimidad a la propuesta impulsada por la legisladora María Emilia Subiza, cuyo objetivo central es “prevenir, controlar y sancionar la contaminación sonora vehicular en la provincia de Buenos Aires”, con especial énfasis en aquellos rodados que circulan con escapes no autorizados o adulterados.

Según detalló la legisladora, el proyecto cuenta con una experiencia previa en San Nicolás y pretende que el Estado bonaerense actúe de manera integral ante una problemática que, según sus palabras, “afecta el sueño de miles de familias, principalmente de poblaciones vulnerables, tales como adultos mayores, y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA)”.

La normativa plantea un abordaje que trasciende a los conductores. El texto incluye sanciones específicas para los comercios que comercialicen este tipo de productos. En caso de que la ley prospere, los comerciantes que infrinjan la norma se enfrentarán a multas de hasta 5.000 Unidades Fijas, lo que equivale actualmente a 11.405.000 pesos.

Además, se contempla el decomiso y la disposición final del caño de escape antirreglamentario, así como la clausura preventiva o temporaria del establecimiento.

Para los usuarios de motos o autos con escapes libres, la propuesta contempla penas que van desde las 300 hasta las 1.000 Unidades Fijas, lo que representa montos de entre 684.300 y 2.281.000 pesos. 

Asimismo, la ley prevé la inhabilitación para conducir por un periodo de tres meses a un año, sumado a la incautación y compactación final del vehículo, el caño antirreglamentario y los demás elementos que se encuentren en infracción.

El oficialismo en el Senado de la Nación se prepara nuevamente para ir al recinto. Mientras contabiliza presentes y votos, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) apura una nueva sesión para este jueves, en la que busca avanzar con un proyecto clave para la Rosada que impacta en casi todos los municipios bonaerenses: los cambios en la Zona Fría.

El primer paso será la reunión de Labor Parlamentaria de este miércoles, donde el oficialismo confía en contar con el número necesario de presentes y votos para debatir y aprobar definitivamente los cambios en la ley que limita los subsidios al gas. Mientras el jefe de Gabinete, Diego Santilli, viene haciendo un trabajo fino con los gobernadores para conseguir los apoyos, la oposición encabezada por el peronismo busca, al igual que sucedió con la Ley de Tierras, convencer a los bloques provinciales para que acompañen el rechazo.

La clave, según reconoció el Gobierno nacional, pasará por el posible apoyo de los senadores que responden a los gobernadores del Norte Grande. Son 10 los legisladores que abrieron días atrás una negociación con el propio Diego Santilli, en la que exigieron la creación de una zona cálida para el norte en verano a partir de la promesa de una reducción en la tarifa eléctrica. En ese sentido, el bloque libertario mantiene en pie la promesa de crear la zona cálida, pero mediante una resolución; es decir, no por ley.

Desde el peronismo señalaron que el Gobierno suele incumplir las promesas y buscarán sumar a los legisladores patagónicos para rechazar el cambio. 

De aprobarse el proyecto de modificación de la Zona Fría, impactará en la tarifa de gas de 3.350.000 de hogares del país, de los cuales 1.240.000 están ubicados en 94 municipios bonaerenses.

En principio, de aprobarse la iniciativa, quedarían afuera del subsidio las provincias incorporadas en la ampliación de 2021, como Buenos Aires (salvo el municipio de Patagones), Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis. Aunque desde el Gobierno nacional indicaron que seguirán otorgando el beneficio a aquellos que lo necesiten, específicamente para los que cobren menos de tres Canastas Básicas Totales mensuales, cifra que hoy ronda los 4.400.000 pesos.

Hasta el momento, los usuarios alcanzados reciben una bonificación del 30% o del 50% sobre el total de la factura de gas. El nuevo proyecto modifica ese criterio y establece que el subsidio sólo se aplicará sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), que es apenas uno de los tres componentes que integran una factura residencial. Los otros dos componentes son el Valor Agregado de Distribución (VAD) y el costo del transporte troncal del gas natural. Sobre esos dos segmentos, el Estado dejará de cubrir el descuento que actualmente financia.

Por este motivo, la tarifa subirá para todos y las provincias patagónicas también recibirán boletas con ajustes en torno al 25%. Para el caso de los 94 municipios bonaerenses que quedarían afuera del régimen, el subsidio será de un porcentaje sobre el PIST. Si el indicador representa el 30% de la factura y recibe un descuento del 50% sobre ese componente, la reducción final de la factura rondará el 15%, antes de considerar otros cargos e impuestos.

La comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Senado bonaerense aprobó este martes el proyecto de la legisladora de Fuerza Patria, Fernanda Raverta, para declarar Paisaje Protegido de Interés Provincial al área comprendida por la Sierra La Peregrina y su zona periserrana, en el partido de General Pueyrredón. 

El cuerpo parlamentario, presidido por la senadora de Hechos, María Emilia Subiza, dio el visto bueno a la iniciativa que busca preservar la integridad del paisaje geográfico, geomorfológico, turístico, socio-cultural, ecológico y urbanístico de 30.000 hectáreas del área serrana.

Al respecto, la legisladora Fernanda Raverta destacó la importancia de este avance en el marco de la comisión: “La zona lindera a Sierra de los Padres es un lugar que está siendo cada vez más elegido por las familias marplatenses para asentarse allí, pero también es un lugar turístico y productivo. En esta comisión debemos velar porque ese crecimiento sea en términos de cuidado ambiental y de protección del ecosistema”.

Según detalló la legisladora, el proyecto surgió a partir de los reclamos de organizaciones vecinales de Sierra de los Padres ante las posibles consecuencias en la biodiversidad que implicaba el emplazamiento del Parque Eólico Abrojo Alto, una obra que finalmente no se concretó en dicho sector.

“El Ministerio de Ambiente de la Provincia hizo un informe donde precisaba el impacto sobre esa zona y permitió un final feliz; a partir de ahí surgió la necesidad de declarar el área protegida, sin afectar los intereses productivos ni residenciales de la zona”, explicó Raverta.

La propuesta busca compatibilizar la presión de la actividad humana con la preservación del ecosistema. “Es necesario compatibilizar la presión de la actividad humana sobre el entorno serrano con la preservación del ambiente y el ecosistema”, subrayó la senadora. Bajo la normativa de Paisaje Protegido de Interés Provincial, toda obra pública o privada que se pretenda realizar en la zona deberá contar con una autorización previa basada en un informe de evaluación de impacto ambiental.

El área propuesta abarca más de 32.000 hectáreas, incluyendo espacios de dominio privado y público. Actualmente, dentro de este perímetro ya funcionan dos reservas naturales privadas: la Reserva Natural Privada Paititi, de 200 hectáreas, y la Reserva Natural Privada La Serranita, de 50 hectáreas. La zona resguarda relictos de pastizal pampeano y posee un alto valor arqueológico, histórico y geológico.

“El Sistema de Tandilia, y en particular la Sierra La Peregrina, ha sido escenario de procesos históricos y choques culturales que le dieron forma al sudeste bonaerense. Hoy es el escenario de socialización, de diversidad cultural y generacional, de integración social, identidad y pertenencia de una comunidad que ha elegido habitar este lugar y que está comprometida con su protección”, concluyó Raverta.

Sin proyectos de peso en la agenda, el Senado bonaerense vuelve al ruedo con una sesión para principios de octubre. El pasado lunes la vicegobernadora Verónica Magario, que durante gran parte de esta semana oficiará de gobernadora a raíz del viaje de Axel Kicillof al extranjero, dejó firme la convocatoria para la cuarta sesión ordinaria del Senado bonaerense, que tendrá lugar el próximo martes 6 de octubre. El temario será definido a partir del trabajo en comisiones y de los proyectos que lleguen con media sanción de la Cámara de Diputados.

A contramano del lento ritmo legislativo que lleva este año, en esta ocasión el Senado no dejó pasar el tiempo y sesionará con menos de un mes de diferencia en relación a su última actividad, realizada el pasado 15 de septiembre. Antes de eso, la Cámara alta tuvo audiencias en junio y julio, pero no en agosto. De esta forma, Verónica Magario intentará seguirle el ritmo a la Cámara baja, que tendrá su quinta sesión ordinaria en los últimos días de septiembre.

La incógnita de la actividad en el Senado pasará por su temario, dado que las comisiones aún no dejaron ninguna propuesta de ley lista para ser debatida en el recinto, y tampoco aparecen en el radar iniciativas de peso que vengan de Diputados. Provenientes de Diputados, los proyectos más sobresalientes son la ley para fijar la permanencia de los beneficios impositivos para el Área Patagónica bonaerense, la Ley Ema contra la violencia digital y la ley contra la discriminación. Todas iniciativas originadas desde el peronismo.

Según pudo sondear este medio, los senadores no conocen los posibles temas a tratar y anticiparon que, más que sancionar una ley importante, la sesión apunta a sumarle un poroto más al recinto en su misión de retomar la actividad. “Creo que convocaron para poder meter una sesión más. Está la idea de acelerar, que no esté la Cámara cerrada”, confirmó un alfil de la oposición.

Esta semana, el Senado bonaerense activará una amplia ronda de comisiones, entre las que se encuentran Legislación General, un cuerpo por el que suelen pasar la gran mayoría de proyectos. En este sentido, se estima que lo que suceda este jueves al mediodía definirá parte de los planes de la sesión de octubre. Una de las deudas que afronta la comisión de Legislación General, que preside el kicillofista Germán Lago, son las decenas de propuestas con temáticas electorales, como las PASO, el desdoblamiento, el calendario de los comicios, la ficha limpia o la Boleta Única de Papel.

Como no son despachadas, aún no consiguen llegar al recinto, tal como sucede con los proyectos de salud enviados por Axel Kicillof y por el ministro homónimo Nicolás Kreplak, que fueron trabados en comisiones por el kirchnerismo. La falta de una estrategia en común por parte del oficialismo obstaculizó ambos debates. Por ende, todas las chances caen en que el Senado prosiga con la estrategia parlamentaria de este año y trate diversos proyectos para polarizar con el gobierno de Javier Milei, como así también atienda propuestas que generen consenso entre el oficialismo y la oposición.

Otro dato a tener en cuenta es el posible ingreso parlamentario del Presupuesto 2027, que todavía la gestión de Axel Kicillof no presentó. Semanas atrás, con un documento firmado por el ministro de Economía, Pablo López, el Gobierno provincial pidió una prórroga para presentar la Ley de Leyes. Pero como el presidente Javier Milei ya envió su pronóstico financiero y sus gastos al Congreso, Gobernación ya tiene el camino allanado para elevarlo a la Legislatura.

La sanción del proyecto es un logro importante del oficialismo para recuperar la iniciativa legislativa, aunque debió ceder ante sus aliados e incorporar el debate del proyecto de biocombustibles.

La reforma de la Ley de Inocencia Fiscal II, implica que el Gobierno busca incentivar el ingreso al circuito financiero de dólares que permanecen fuera del sistema formal.

La iniciativa elimina las restricciones para ingresar al régimen simplificado de Ganancias, ya que esta ley establecía que solo podían ingresar a ese régimen aquellos que tengan hasta un patrimonio de diez mil millones de pesos.

Uno de los puntos claves es que los legisladores, jueces, ministros del Poder Ejecutivo, así como el Presidente de la Nación no podrán acceder a los beneficios del sistema simplificado de ganancias.

El proyecto prohíbe a los funcionarios públicos y aquellos que hayan ocupado cargos durante los cinco años anteriores adherir a este régimen.

El proyecto también redefine el concepto de "discrepancia significativa", que determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada.

Según la iniciativa, será considerada significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15 por ciento respecto de lo declarado por el contribuyente.

La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dijo que por falta de confianza "los ciudadanos sacaron del circuito" sus ahorros en dólares y dijo que Argentina y Rusia son los países con "más dólares fuera del circuito financiero porque el Estado fue un enemigo del ahorro".

"El enemigo de los ahorristas ha sido el Estado, que expropió de distintas formas ese dinero: hiperinflación, inflación, cepo, con todo tipo de mecanismos. Y por eso el ciudadano salió de los circuitos legales para ir hacia los informales con el objetivo de proteger sus ahorros", agregó.

Destacó que "hemos incorporado los resguardos para los funcionarios públicos; van a poder utilizar el mecanismo de la simplificación, pero no los beneficios, pero un funcionario no puede mentir en su primera declaración de bienes, y no podrán utilizar este mecanismo", agregó.

Desde el peronismo, el senador José Mayans aseguró que la reforma de Inocencia Fiscal es "un desastre" como fue la ley aprobada en diciembre, y "es un precio a los evasores y los narcotraficantes"

"Esta es una ley hecha para la hermana (Karina Milei), para el narcotráfico, para los Espert y para Manuel Adorni que no presentó su declaración jurada porque está esperando la sanción", apuntó. NA

El Gobierno consiguió este jueves un nuevo respaldo en el Congreso con la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal II, una iniciativa que busca incentivar el ingreso al sistema financiero de los ahorros en dólares que permanecen fuera del circuito formal.

El proyecto fue aprobado en el Senado por 44 votos a favor y 23 en contra, sin abstenciones, y quedó convertido en ley debido a que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. El oficialismo reunió el acompañamiento del PRO, la UCR y diferentes bloques provinciales, mientras que el peronismo votó en contra.

Uno de los principales cambios introducidos por la norma está relacionado con el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). La nueva legislación elimina los límites de ingresos y patrimonio que restringían el acceso al esquema y que dejaban afuera a quienes hubieran registrado ingresos superiores a $1.000 millones o un patrimonio mayor a $10.000 millones en alguno de los últimos tres años.

La reforma también modifica las condiciones bajo las cuales la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) podrá cuestionar las declaraciones presentadas por los contribuyentes. Entre otros aspectos, redefine el concepto de “discrepancia significativa”, utilizado para determinar cuándo el organismo recaudador puede avanzar con una fiscalización.

Además, la ley establece el 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para acceder a determinados beneficios, entre ellos la presunción de exactitud y el denominado “tapón fiscal”.

Durante el debate, el senador libertario Bruno Olivera Lucero defendió la iniciativa y sostuvo que apunta a modificar la relación entre el Estado y los contribuyentes. El legislador planteó que el objetivo es generar condiciones para que los ahorros que permanecen fuera del sistema bancario puedan ingresar al circuito formal.

Desde el peronismo, en cambio, hubo fuertes cuestionamientos. Jorge Capitanich advirtió sobre el alcance de las exclusiones previstas para funcionarios públicos y cuestionó que las restricciones no se extiendan también a sus familiares.

En esa línea, el senador Fernando Salino propuso incorporar entre los excluidos a cónyuges, convivientes, ascendientes y descendientes en primer y segundo grado de funcionarios. Sin embargo, el oficialismo rechazó introducir modificaciones y el texto fue aprobado sin cambios respecto de la versión que había llegado desde Diputados.

El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, también rechazó la iniciativa y vinculó la norma con un mecanismo de blanqueo. Desde el oficialismo, Patricia Bullrich defendió el proyecto y remarcó que los funcionarios y legisladores alcanzados por las restricciones no podrán acceder a sus beneficios.

La sanción representa una de las principales apuestas económicas del Gobierno para incorporar al circuito financiero parte de los dólares que permanecen fuera del sistema. Desde el Ejecutivo estiman que alrededor de US$170.000 millones se encuentran por fuera del circuito financiero formal.

En la misma sesión, el Senado también aprobó los acuerdos para el traspaso de la Justicia de menores y de determinadas competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires, iniciativa que obtuvo 44 votos afirmativos y 21 negativos.

El Senado dio inicio a una nueva sesión con una agenda centrada en dos ejes fundamentales para el oficialismo. Con el respaldo de sus aliados, el cuerpo legislativo busca avanzar en la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal II, una iniciativa que se encuentra en el centro del debate parlamentario.

Además de esta propuesta, la sesión tiene como objetivo tratar las modificaciones a la legislación vigente sobre biocombustibles. El tratamiento de estos proyectos representa un paso clave para el oficialismo, que busca consolidar los votos necesarios para su aprobación definitiva en el recinto.

El oficialismo tiene como prioridad convertir en ley el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal, que apunta a que los grande contribuyentes ingresen sus dolares al circuito financiero.

El otro tema fuerte de la sesión es la reforma de la ley de biocombustibles, pero todavía había dudas por los desacuerdos que existen entre el oficialismo y algunos aliados sobre las pymes de biodiesel.

La sesión comenzó  con homenajes y cuestiones de privilegio y luego continuará con el tratamiento de los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania, y Juan Manuel Mejuto y la transferencia de competencia judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.

Tras cosechar dictamen favorable para el recorte de Zona Fría, senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA) buscarán este jueves convertir en ley el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal II, que pretende fomentar el blanqueo de dólares no declarados. Según detallaron desde las huestes libertarias, el temario incluye el proyecto de ley de Inocencia Fiscal II, tres pliegos judiciales pendientes, la modificación de la Ley de Biocombustibles y proyectos de declaración de menor calibre.

La jornada comenzará con el tratamiento de los dictámenes de la Comisión de Acuerdos sobre la designación de Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico; y será puesto a consideración del pleno el pliego judicial de Juan Manuel Mejuto. Vale señalar que el Senado había recibido los pliegos de los dos primeros en marzo pasado, pero su despacho se firmó recién el 27 de agosto. El retraso se debió a una orden directa proveniente de Casa Rosada por los vínculos de ambos magistrados con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia.

Completan el temario la declaración como héroe nacional al general Manuel Arias; al brigadier Estanislao López; y al almirante Guillermo Brown. Culminaría la sesión con el proyecto de ley de Natalia Gadano para aprobar el Convenio de Creación del Parque Interjurisdiccional Marino Monte León, entre el Estado Nacional y la provincia de Santa Cruz. Así, a pesar de tener despacho favorable, quedó fuera del temario la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). Entre los motivos aparece la introducción de cambios por parte de los aliados al proyecto que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

La Ley de Inocencia Fiscal II apunta a introducir cambios sobre el Régimen Penal Tributario, que modificó a principio de año la propia administración libertaria, luego de crear un esquema simplificado para el pago del Impuesto a las Ganancias. En su primera versión, el texto había despertado las críticas de los contadores, especialmente por el riesgo de perder los beneficios del régimen ante diferencias detectadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en las declaraciones juradas.

Para atender esos planteos, el Gobierno nacional propuso eliminar los topes actualmente vigentes y permitir que los contribuyentes puedan rectificar sus declaraciones juradas para corregir inconsistencias sin quedar excluidos del régimen. De esa manera, podrán conservar los beneficios siempre que regularicen su situación. Además, la iniciativa busca otorgar mayor previsibilidad al sistema, ya que ARCA solo podrá cuestionar una declaración jurada si demuestra, con información objetiva, la existencia de diferencias significativas. También contempla la exención de determinadas multas para quienes hayan regularizado previamente ajustes en Ganancias o IVA y adhieran al régimen simplificado.

Vale precisar que la ley vigente ya había elevado de manera considerable los montos mínimos para configurar delitos de evasión fiscal. En el caso de la evasión simple, el umbral pasó de 1,5 millones a 100 millones de pesos, mientras que para la evasión agravada aumentó de 15 millones a 1.000 millones de pesos. Sin embargo, a pedido de los bloques aliados, el oficialismo incorporó un límite para los funcionarios públicos. Quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad pública durante los cinco años anteriores a la adhesión no podrán acceder a los beneficios del régimen, incluyendo desde el rango de secretario de Estado, legisladores y concejales, parlamentarios del Mercosur, jueces y fiscales, defensores del Pueblo y miembros de los consejos de la Magistratura o jurados de enjuiciamiento.

El presidente Javier Milei convocó a diputados y senadores de La Libertad Avanza a una reunión que se llevará a cabo el próximo lunes en la Casa Rosada. El encuentro tiene como finalidad principal organizar la estrategia legislativa ante el tratamiento de normativas clave para el Poder Ejecutivo.

La jornada, que tendrá lugar en el Salón Héroes de Malvinas, servirá como antesala a la presentación del Presupuesto, prevista para el 15 de septiembre en la Cámara de Diputados. En dicha instancia, el oficialismo también ingresará el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Según trascendió, se espera la asistencia del viceministro de Economía, José Luis Daza, mientras que desde el entorno presidencial descartan la presencia de Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo. Sobre la dinámica del encuentro, un legislador señaló:

“La idea es que nos dé una charla conceptual sobre economía. Estilo similar a las últimas”.

Además, se confirmó la participación de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el segundo del área, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el secretario de Prensa, Fabián Fernández. Tras la reunión, se programó una cena en un local partidario del barrio porteño de San Telmo.

Por otra parte, el 15 de septiembre, la Cámara de Senadores iniciará la discusión por la reforma electoral en comisión, bajo las instrucciones de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

La sesión prevista para este jueves en el Senado, centrada en la ley de Biocombustibles, fue suspendida ante la imposibilidad del oficialismo de asegurar los votos necesarios. Este episodio representa un nuevo obstáculo para La Libertad Avanza y, particularmente, para la jefa del bloque, Patricia Bullrich, quien encabezó las negociaciones.

Según se informó, la exministra había mantenido un diálogo el lunes con el jefe del interbloque Unión por la Patria, José Mayans, con la intención de habilitar el debate. Sin embargo, la voluntad inicial se diluyó antes del miércoles, obligando a cancelar la reunión de Labor Parlamentaria.

El proyecto, que contaba con dictamen de mayoría, naufragó debido a discrepancias sobre el artículo que define la cuota de mercado para las pymes de biodiésel frente a las grandes plantas exportadoras. La propuesta de reducir progresivamente dicha cuota hasta 2036 generó el rechazo de senadores de provincias productoras, quienes habían firmado el dictamen en disidencia.

La falta de consenso sorprendió al oficialismo. Incluso Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, visitó el Congreso, donde Patricia Bullrich le explicó que no existía margen para forzar una votación que derivara en una derrota parlamentaria.

Este revés se suma a otras dificultades del oficialismo, como el estancamiento del proyecto del Super RIGI. Ante este escenario, el bloque busca reagrupar el temario pendiente, que incluye el traspaso de competencias judiciales y pliegos, para una sesión el 17 de septiembre. Por otro lado, Patricia Bullrich logró avanzar con los dictámenes de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal II.