Un hombre fue sentenciado a la pena de tres años de prisión en suspenso por organizar, administrar o explotar juegos de azar sin autorización legal en la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de una denuncia, se constató que los apostadores ingresaban a una aplicación de casinos online y luego a un grupo de WhatsApp integrado por distintas personas que oficiaban de “cajeros”, a fin de proveer datos bancarios para que los clientes transfirieran dinero y de esa manera realizar los cobros de inscripción y el pago de los premios correspondientes.

Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) porteño, los “cajeros” inducían a los damnificados a jugar compulsivamente, al tiempo que se incluyeron capturas de pantalla y el celular de una de las víctimas, que fue analizado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ).

Al recabar la información del dispositivo peritado, la investigación, a cargo de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), acreditó la identidad del implicado, quien operó como organizador y administrador de la red de “cajeros” de un sistema de captación de apuestas ilegales, sin contar con autorización de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA).

De acuerdo a los voceros del caso, los “cajeros”, organizados y administrados por el condenado, funcionaban como intermediarios: eran quienes entablaban contacto con los probables nuevos jugadores, les daban el usuario y contraseña para ingresar a la plataforma de apuestas; y recibían y entregaban dinero por medio de transferencias bancarias y/o financieras. Todo lo hacían sin siquiera verificar la identidad y edad. NA

Agustín López Gagliasso, el joven que atropelló y mató a una madre y a su hija el 21 de enero de 2025 en Rosario, fue condenado a la pena de 16 años de prisión.

Las juezas de Primera Instancia Silvana Lamas González, Valeria Pedrana y Paula Álvarez lo declararon penalmente responsable por los delitos de homicidio simple con dolo eventual (Tania Daniela Gandolfi y Agustina Magalí García; y lesiones leves por dolo eventual (V.G, D.G y G.R).

Las magistradas impusieron una inhabilitación de diez años para conducir para el automovilista, quien, de acuerdo al criterio de las fiscales Valeria Piazza y Mariana Prunotto: “Representó el resultado como una posibilidad seria, sin que ello haya implicado desistir o renunciar a dicha acción inusitadamente peligrosa para la vida de las personas y la propia”.

Piazza había solicitado una sentencia de 18 años de cárcel.

El culpable circulaba en un Peugeot 206 a 120 kilómetros por hora, en la costanera de Rosario a la altura de Presidente Roca, donde causó los fallecimientos de las víctimas.

López Gagliasso declaró en el debate y consignó que el hecho inició cuando una moto se ubicó a su lado en el inicio del túnel Arturo Illia y empezó a hacer ruido con el caño de escape, motivo por el que quiso alcanzarla para “insultar” al conductor.

Al no haber autos ni peatones en la zona, decidió acelerar y perdió el control del vehículo: “Intenté corregirlo, pero el auto derrapó”.

En este sentido, se dirigió a la familia de las víctimas y “pidió perdón de corazón”, a la vez que lamentó: “Voy a cargar con esto el resto de mi vida”. NA

El excapitán de navío Claudio Villamide fue condenado a tres años de prisión en suspenso, mientras que el excontralmirante Luis López Mazzeo, el excapitán de navío Héctor Alonso y el excapitán de fragata Hugo Correa fueron absueltos.

La resolución judicial determinó que Villamide fue hallado culpable por el delito de estrago culposo, pero al ser una pena menor no irá a la cárcel de manera efectiva.

Por otra parte, y después de que se evaluaran las responsabilidades penales en la planificación y mantenimiento de la nave que implosionó en noviembre de 2017 y que causaron la muerte de sus 44 tripulantes, Mazzeo fue absuelto por unanimidad de los cargos de incumplimiento de deberes y estrago culposo al igual que Alonso y Correa.

El proceso judicial, que se desarrolló en la ciudad de Río Gallegos y tanto la fiscalía como las querellas de los familiares sostuvieron que la tragedia “era previsible” de acuerdo al estado operativo del submarino.

Las abogadas defensoras de los familiares Valeria Carreras y Lorena Arias indicaron que “es la primera vez en la historia argentina” que un jefe naval es condenado penalmente “por la muerte de su propia tripulación en tiempos de paz”.

“Durante casi nueve años, la explicación oficial fue que el mar es riesgoso y los accidentes ocurren. Hoy la Justicia dijo lo contrario: no fue el mar el que hundió el submarino, fueron decisiones y omisiones humanas”, manifestaron.

Asimismo, Carreras y Arias adelantaron que “van a recurrir a esta sentencia una vez conozcan los fundamentos”, previstos para el 21 de agosto de 2026, tanto respecto de las absoluciones como de la magnitud de la pena.

“Hoy se mezclan dos sentimientos: la impotencia ante las absoluciones, y la certeza de haber logrado algo que hace ocho años y ocho meses parecía imposible. Haber llegado hasta acá, contra una fuerza armada poderosa, siendo un puñado de familiares sin padrinos políticos ni recursos, ya es, en sí mismo, una victoria. Se ganó una batalla contra la impunidad. Quedan otras por dar”, concluyeron.

El submarino ARA San Juan se hundió el 15 de noviembre del año 2017 en las aguas del Atlántico Sur, luego de sufrir una falla técnica, que causó la muerte de sus 44 tripulantes. Previamente, había sido reportado un ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación hacia el tanque de baterías, lo que ocasionó un cortocircuito y un principio de incendio.

Pasadas algunas horas de la última comunicación, se detectó un ruido violento, emparentado con una implosión y, tiempo después, se supo que el submarino colapsó por la presión del agua al descender sin control.

La búsqueda que comenzó con operativos locales, se trasladó a nivel internacional y la empresa privada Ocean Infinity localizó los restos de la nave, prácticamente un año después, el 17 de noviembre de 2018, a 907 metros de profundidad. NA

De acuerdo al fallo que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la fiscal acusó al exfutbolista por los delitos de “lesiones leves agravadas y daño en contexto de violencia de género” en perjuicio de la víctima.

El exjugador de la selección paraguaya prestará declaración indagatoria el miércoles 5 de agosto a las 10 en la sede fiscal (en los términos de los artículos 308, 309 y concordantes del Código Procesal Penal y artículo 5 de la ley 13.811).

La fiscal María Lorena González, de la UFI 3 del Departamento Judicial de Ezeiza, consignó en el escrito haber hallado “motivos bastantes para sospechar” que Ortigoza incurrió en “la comisión de los hechos”.

Roberto Herrera, abogado de Cassiau, sostuvo, en diálogo con NA, que su clienta se encuentra “tranquila” tras la decisión judicial, al tiempo que permanece vigente una restricción de acercamiento contra Ortigoza, quien no podrá apelar el fallo.

“Cinco veces pedí que lo indaguen, hasta pedí la recusación de la fiscal porque no se movían”, afirmó Herrea, quien señaló que “pedirá la detención en la indagatoria”.

El denunciante en primera instancia había sido Ortigoza, por violencia contra sus hijos y posesión de armas, aunque la causa dio un vuelco cuando Cassiau publicó dos videos en sus redes sociales en los que la agredía verbalmente y golpeaba. NA

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) 14 declaró culpable al hijo del conductor y saxofonista Roberto Pettinato por el delito de “incendio doloso de muerte”, cuya sentencia incluye la pena de nueve años de prisión por un abuso sexual simple, que fue impuesta en abril de 2024.

Los jueces Enrique Gamboa, Gustavo Valle y Gabriel Vega concluyeron que no se acreditó el dolo en la implicancia del actor, sino que hubo una imprudencia, al tiempo que consideraron como atenuante su adicción a los estupefacientes.

Según los magistrados, “toda la situación previa del consumo problemático por parte de ambos, brindó contexto a lo que finalmente ocurrió”.

Con respecto a la pena, los jueces señalaron que si establecieran “dos años de cárcel -una pena que supone 24 veces el mínimo, o el 40 por ciento del total de la escala- sumando la pena del Juzgado en lo Correccional 1 del Departamento Judicial San Isidro de nueve meses de prisión en suspenso, se excederían un mes la aritmética que da tres años”, según consigna la resolución a la que accedió Infobae.

Durante los alegatos, la fiscalía pidió cuatro años y siete meses de prisión y la querella 15 años, mientras que la defensa reclamó su absolución.

El humorista se encontraba acusado por “estrago doloso seguido de muerte”, cuya pena oscila entre los ocho y 20 años de cárcel.

En el veredicto se remarcó que, al no ir preso, por tres años tiene la obligación de fijar domicilio, someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y continuar con su tratamiento de desintoxicación y rehabilitación del consumo de drogas.

Además, se ordenó que una vez que el fallo quede firme, se debe obtener y extraer el perfil genético del hombre con el objetivo de que sea remitido al Banco de Datos Genéticos, de acuerdo a la Ley 26.879, que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Durante todo el juicio el imitador de Michael Jackson se negó a declarar.

El 16 de mayo de 2022, Rodrigo se acercó hasta el departamento de Pettinato, que era su paciente y amigo, ubicado en el piso 22 “F” de un edificio en Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Belgrano.

Pasadas las 23 se desató un incendio en el interior del departamento, motivo por el que Felipe salió al pasillo y pidió auxilio para sofocar las llamas y para que rescataran a su amigo.

A pesar de que un vecino intentó ayudar, cuando los bomberos llegaron al edificio constataron que en el living del departamento yacía el cuerpo sin vida del médico, quien presentaba gravísimas quemaduras en la parte inferior de sus piernas.

Este dato fue de suma importancia debido a que luego la autopsia reveló que Melchor murió por “quemaduras críticas del 90 por ciento de la superficie corporal” así como también por “congestión, edema y hemorragia pulmonar”. NA

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOCC) 14 declaró culpable al hijo del conductor y saxofonista Roberto Pettinato por el delito de “incendio doloso de muerte”, cuya sentencia incluye la pena de nueve años de prisión por un abuso sexual simple, que fue impuesta en abril de 2024.

Los jueces Enrique Gamboa, Gustavo Valle y Gabriel Vega concluyeron que no se acreditó el dolo en la implicancia del actor, sino que hubo una imprudencia, al tiempo que consideraron como atenuante su adicción a los estupefacientes.

Según los magistrados, “toda la situación previa del consumo problemático por parte de ambos, brindó contexto a lo que finalmente ocurrió”.

Con respecto a la pena, los jueces señalaron que si establecieran “dos años de cárcel -una pena que supone 24 veces el mínimo, o el 40 por ciento del total de la escala- sumando la pena del Juzgado en lo Correccional 1 del Departamento Judicial San Isidro de nueve meses de prisión en suspenso, se excederían un mes la aritmética que da tres años”, según consigna la resolución a la que accedió Infobae.

Durante los alegatos, la fiscalía pidió cuatro años y siete meses de prisión y la querella 15 años, mientras que la defensa reclamó su absolución.

El humorista se encontraba acusado por “estrago doloso seguido de muerte”, cuya pena oscila entre los ocho y 20 años de cárcel.

En el veredicto se remarcó que, al no ir preso, por tres años tiene la obligación de fijar domicilio, someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y continuar con su tratamiento de desintoxicación y rehabilitación del consumo de drogas.

Además, se ordenó que una vez que el fallo quede firme, se debe obtener y extraer el perfil genético del hombre con el objetivo de que sea remitido al Banco de Datos Genéticos, de acuerdo a la Ley 26.879, que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Durante todo el juicio el imitador de Michael Jackson se negó a declarar.

El 16 de mayo de 2022, Rodrigo se acercó hasta el departamento de Pettinato, que era su paciente y amigo, ubicado en el piso 22 “F” de un edificio en Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Belgrano.

Pasadas las 23 se desató un incendio en el interior del departamento, motivo por el que Felipe salió al pasillo y pidió auxilio para sofocar las llamas y para que rescataran a su amigo.

A pesar de que un vecino intentó ayudar, cuando los bomberos llegaron al edificio constataron que en el living del departamento yacía el cuerpo sin vida del médico, quien presentaba gravísimas quemaduras en la parte inferior de sus piernas.

Este dato fue de suma importancia debido a que luego la autopsia reveló que Melchor murió por “quemaduras críticas del 90 por ciento de la superficie corporal” así como también por “congestión, edema y hemorragia pulmonar”. NA

En representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Guillermo Torremare fue abogado querellante en el juicio La Huerta. No fue el primer proceso vinculado al accionar del terrorismo de Estado en el que trabajó, ya que posee una vasta experiencia en otras causas y mega-causas. 

Tras la lectura de las sentencias dialogó con El Eco de Tandil y brindó un primer balance de lo ocurrido en el Aula Magna. Si bien hizo hincapié en la necesidad de conocer los fundamentos, también sostuvo que algunas penas fueron “desproporcionadas por bajas”, y estimó que “la única posibilidad legal” para comprender las absoluciones fue que parte de los crímenes no fueron considerados de lesa humanidad, por lo que estarían prescriptos. 

Destacó que La Huerta fue un caso particular por haber sido el ámbito donde se juzgaron hechos cometidos en ciudades pequeñas o intermedias, adelantó que presentarán un recurso a Casación, y que “es imposible sustraerse a un clima de época” para analizar los fallos. Entre otros aspectos expresó que en el marco del proceso judicial se reconocieron crímenes de lesa humanidad cometidos en la Base Aérea de Tandil.

“Las condenas que se hicieron, nosotros las esperábamos. De las penas menores, las que fueron de entre 5 y 10 años, esperábamos que fueran mayores. Hay un imputado que se comprobó que violó a una mujer prisionera y se le dio una pena de seis años de prisión. Esto es una pena absolutamente desproporcionada por baja. Pero nuestra sorpresa de ayer fue por la cantidad de absoluciones”, expresó.

-Por su dimensión, por su amplitud geográfica, el de La Huerta fue un juicio particular…

-Sí, esta es una de las tantas causas que hay, que es una mega causas por la cantidad de víctimas, por la cantidad de imputados, por la cantidad de hechos, por la cantidad de lugares que han funcionado como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio.

De modo que es una causa muy particular en ese sentido. Y que al mismo tiempo, tiene la rareza de juzgar hechos producidos, no en las grandes en las grandes ciudades del país sino en ciudades pequeñas o relativamente pequeñas.

-Si bien la etapa del juicio tomó casi tres años, fue un proceso más extenso, ¿Cómo fue ese proceso?

-Este juicio tiene más de diez años, porque hubo toda una instancia de instrucción, que se realizó ante un Juzgado Federal, y, una vez que esa instrucción estuvo concluida se pidió la elevación de la causa a juicio, que fue esta última etapa de tres años. Se realizaron inspecciones oculares a los lugares donde se cometieron los delitos, y se escucharon una gran cantidad de testigos. Después se produjeron los alegatos, y después lo que ocurrió el viernes 24, la lectura de la sentencia.

El viernes se leyó solo la parte dispositiva de las sentencias, pero el 19 de diciembre nos van a dar a conocer los fundamentos. Así que, la verdad es que hasta que conozcamos los fundamentos, es muy difícil hacer una evaluación profunda de la certeza o no de lo del veredicto que se dio a conocer ayer.

Hasta no ver los fundamentos no tenemos elementos para criticarlo abiertamente, pero sí tenemos algunas presunciones claras en función del resultado que nos permiten afirmar que es erróneo en muchas de las absoluciones.

-Hubo 8 condenas y 27 absoluciones. ¿Qué balance hacen a partir de esta decisión del tribunal?

-Las condenas que se hicieron, nosotros las esperábamos. Pero de las penas menores, las que fueron de entre 5 y 10 años, esperábamos que fueran mayores. Hay un imputado que se comprobó que violó a una mujer prisionera y se le dio una pena de seis años de prisión. Esto es una pena absolutamente desproporcionada, por baja. 

Pero nuestra sorpresa de ayer fueron la cantidad de absoluciones. Y en eso, en principio veo dos cosas. Primero, hay una parte de esas absoluciones que no las entiendo, porque yo había había visto en el proceso que de muchas de las personas absueltas fue acreditada su responsabilidad en muchos de los hechos juzgados, a través de varias declaraciones testimoniales. De modo que vamos a ver cuáles son los fundamentos, pero, en principio, hay algo que no estoy comprendiendo en su totalidad.

Y después hay otra cuestión que tiene que ver con algunas situaciones vinculadas a casos en los cuales las víctimas fueron trabajadores agremiados, denunciados por las empresas, caso Fabi, Losa, o Loma Negra. Por esas denuncias hubo participación del Ministerio de Trabajo, que estaba intervenido por militares, y a esas víctimas se las detuvo, se las torturó, se las mantuvo mucho tiempo privadas de libertad, y luego se las liberó con grave perjuicio, porque quedaron sin trabajo. La mayoría tuvo que irse de la localidad en la que vivían con sus familias y con un daño tremendo. 

Esas cuestiones, que fueron varias en esta causa La Huerta, no fueron entendidas como juicios de lesa humanidad, sino que fueron entendidas como delitos comunes, por lo que están prescriptos y por lo tanto, la única posibilidad legal es la absolución de las personas imputadas. Vamos a ver los fundamentos, pero entendemos que esto es lo que ha sucedido.

Es un error grosero que a los casos de represión a trabajadores agremiados no se los considerara como delitos de lesa humanidad sino como delitos comunes y en consecuencia se resolvió su prescripción. Esa persecución a los trabajadores fue parte del plan represivo de la dictadura.

-¿Cómo continúa esto?

-El día 19 de diciembre se darán a conocer los fundamentos. A partir de ahí, las partes tenemos diez días hábiles para presentar recursos de casación, esto es impugnar la sentencia pidiendo un resultado diferente. Eso se presenta ante la Cámara Federal de Casación Penal. Esos diez días se van a prorrogar, porque justo nos va a tocar la feria judicial del mes de enero, así que en febrero se van a estar presentando los recursos.

Obviamente, yo tengo plena certeza que vamos a recurrir esta sentencia y también entiendo que los defensores de las personas que fueron condenadas también van a recurrir intentando morigerar penas.

-Más allá del balance sobre condenas y absoluciones, el Tribunal reconoció los crímenes cometidos en Tandil y en toda la Sub Zona 12. ¿Qué lugar le otorga a ese reconocimiento? Luego de la lectura de las sentencias, algo que se escuchó fue que “en Tandil la dictadura ocurrió”…

-Sí, claro, yo no tengo ninguna duda. Una de las primeras cosas que hizo la dictadura fue parcelar el país, de manera que no hubiera un solo metro cuadrado de territorio nacional que no quedara bajo la órbita de la actuación militar.

Ese discurso inicial del presidente del Tribunal fue un explícito reconocimiento a esa violencia. Y que la verdad es que no se condice ese discurso inicial con el resultado del juicio, con las 27 absoluciones. Por eso, la primera manifestación que tuve fue de sorpresa.

-Entre otros, se comprobaron crímenes cometidos en la Base Aérea de Tandil. La cronista del Juicio, Soledad Restivo, hizo mención a ese punto en un artículo que escribió tras conocerse las sentencias…

- Efectivamente, esos hechos quedaron demostrados en el juicio y son los que justificaron dos de las peticiones perpetuas, a Valdecantos y Martínez Salgado.

Estas fueron las primeras veces que se juzgaron los hechos ahí ocurridos. Se juzgaron y se llegó a las máximas condenas. Así que, en definitiva lo que ocurrió fue precisamente el reconocimiento de crímenes de lesa humanidad en la Base Aérea.

-Con respecto a las sentencias, ¿Qué lugar le corresponde al “clima de época”, al “clima político”?

- Es imposible sustraerse a un clima de época en el cual los máximos gobernantes, y hablo del presidente y la vicepresidenta de la Nación, tienen reiteradamente expresiones negacionistas. No obstante eso, yo creo que esas expresiones no son compartidas por la inmensa mayoría de la sociedad argentina.

-La justicia es otro poder...

-La justicia es un poder del Estado que está compuesto por magistrados probos y honestos, y otros que son más sensibles a estos vientos políticos. No obstante, hasta no ver los fundamentos de la sentencia no voy a tener expresiones que permitan presumir que los magistrados se han dejado llevar por estos por estos vientos políticos o por este clima de época que existe.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 11 dio a conocer este jueves el veredicto contra el ladrón que mató de una puñalada a la víctima el 30 de agosto de 2023 en el barrio porteño de Palermo.

La Fiscalía solicitó prisión perpetua por considerar que el delincuente fue autor de homicidio agravado criminis causae (matar para ocultar otro delito), al tiempo que los magistrados Julio López Casariego y Julio Pablo Quiñones votaron en favor del asesinato en ocasión de robo, pero el juez Matías Buenaventura se pronunció en disidencia parcial.

La familia de Barbieri no está conforme con la condena de Suárez ya que no recibió cadena perpetua, motivo por el que el hermano de Mariano, al salir del tribunal, se abrazó junto con sus familiares y manifestó: “Como familia esperábamos la pena máxima”.

A su vez, el padre del damnificado señaló entre lágrimas: “Mi soporte es mi hijo que me quedó, ahora vivo una etapa larga y dura, vinimos acá para sangrar nuevamente”.

Maricel González, la viuda de Barbieri, también expresó su desazón: “No entiendo por qué solo 19 años si es la persona que mató a Mariano”.

Suárez pronunció sus últimas palabras y remarcó que “no era justo que quieran hacer justicia con una persona inocente”.

Los miembros del tribunal denegaron todos los planteos de la nulidad presentados por la defensa, entre los cuales se encontraban los distintos peritajes, el desempeño de la Policía de la Ciudad y la rueda de reconocimiento.

La lectura de los argumentos de la sentencia se desarrollará el próximo jueves 4 de septiembre.

El asesinato del ingeniero sucedió en la noche del 30 de agosto de 2023 cuando el hombre, quien había sido papá hace tan solo semanas, se encontraba en el interior de la Plaza Sicilia. NA

Por Soledad Restivo / Agencia Comunica / Medios UNICEN

El juicio por delitos de lesa humanidad conocido como “La Huerta” comenzó el 25 de febrero de 2022 y se desarrolló durante tres años en el Tribunal Oral Federal N.º 1 de Mar del Plata. Durante ese tiempo, se realizaron 98 audiencias y se recopilaron 213 testimonios que documentan los crímenes cometidos contra 192 víctimas, la mayoría provenientes de Tandil, Azul, Olavarría, Laprida, Ayacucho, Rauch, Saladillo, Las Flores, Roque Pérez y Mar del Plata. A través de las audiencias, sobrevivientes y familiares reconstruyeron el horror de la represión, pero también evidenciaron la resistencia y la lucha sostenida por verdad y justicia.

El 24 de octubre, la UNICEN será sede de la lectura del veredicto, convirtiéndose en un espacio clave para la comunidad y los organismos de derechos humanos, que acompañarán la audiencia. La decisión de realizar la lectura en Tandil refuerza el compromiso con la memoria y los derechos humanos en la región, acercando la justicia al territorio donde vivieron y resistieron las víctimas.

Los procesados fueron 52: exmilitares, ex policías, ex penitenciarios y dos civiles acusados de haber prestado sus propiedades para secuestros, torturas y asesinatos. La lista para las imputaciones se redijo a poco más de la mitad. Pero el proceso es más que una lista de nombres y cifras: es la radiografía de un sistema de terror que se montó sobre las ciudades y pueblos de esta región y que dejó cicatrices que todavía laten.

Si bien el juicio es conocido como “La Huerta”, también se investigan crímenes cometidos en otros lugares emblemáticos del circuito represivo de la Subzona 12, que incluye el ex Centro de Detención, Tortura y Exterminio “La Huerta”, las comisarías Primera y Segunda de Tandil, la Chacra de Méndez, el ex Instituto Superior de Educación Rural (ISER), el Jardín Maternal De Paula, la ex Delegación de la Policía Federal (hoy Juzgado Federal), la Unidad 7 y el Regimiento de Azul, el Centro Clandestino de Detención “Estación del Provincial”, Monte Pelloni de Olavarría, diversas comisarías de la región y los penales de Azul y Sierra Chica. Las víctimas, en su mayoría, provenían de Tandil, Azul, Olavarría, Laprida, Ayacucho, Rauch, Saladillo, Las Flores, Roque Pérez y Mar del Plata. Además, se incorporaron cinco tramos adicionales de casos que investigan crímenes de lesa humanidad contra trabajadores y delegados de las empresas cementeras Loma Negra y Avellaneda, como evidencia de la trama empresarial que se benefició del terrorismo de Estado.

Este juicio dejó demostrado, con la fuerza de documentos y testimonios, que en la Subzona 12 existió un plan sistemático y preciso para instaurar el terror. Las comisarías y los penales funcionaban como centros de tormento y desaparición de personas. La complicidad civil, institucional e incluso eclesiástica fue clave. Y el objetivo era claro: paralizar a estudiantes, militantes, sindicalistas, trabajadores, docentes, abogados y amas de casa; instalar un miedo capaz de permitir la aplicación sin resistencia de un único plan: el económico.

El 16 de agosto de 2024 concluyó la etapa testimonial, con la audiencia número 61. Luego, durante 11 meses, se desarrollaron los alegatos. El 6 de septiembre de 2025, en la audiencia número 75, los fiscales Santiago Eyherabide, Eugenia Montero y Julio Darmandrail pidieron 11 condenas a prisión perpetua, 20 penas de entre 3 y 20 años y 4 absoluciones.

El cronograma final incluye las últimas palabras de los imputados, desde la audiencia 99 del 29 de agosto hasta la 104, que se celebrará el 10 de octubre. Finalmente se dará lectura al veredicto: el viernes 24 de octubre a las 12:00, en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) en Tandil.

Cuando termine esta etapa y se lea la sentencia, el juicio “La Huerta” quedará en los libros, junto a los procesos de Carlos Moreno (2012), Monte Peloni I (2014) y Monte Peloni II (2019). Pero en la memoria social quedará algo más profundo: el registro de que esta región también enfrentó su verdad, que nombró el horror para que el silencio no siguiera ganando.

La justicia, lo sabemos, no borra el dolor. Pero lo nombra, lo expone y, en ese gesto, abre la posibilidad de construir otros relatos. El 24 de octubre, cuando se lea el veredicto en la UNICEN, no solo se conocerán las condenas. También se reafirmará algo que estas audiencias dejaron claro desde el primer día: que la memoria no es pasado, sino una práctica viva.

En juicios celebrados en el TOC 1 previo a la feria judicial que termina, la Justicia resolvió la suerte procesal de dos personas señaladas por vender estupefacientes al menudeo desde sus respectivos domicilios. Ambos fueron sentenciados a prisión.

En uno de los debates celebrados, el magistrado Carlos Pocorena dio por probada la responsabilidad penal de sendos imputados, a pesar que la defensa de ambos coincidía en alegar inocencia, acusando incluso que la policía le había plantado la droga en los respectivos allanamientos.

En efecto, el magistrado dio por acreditado que al menos durante el lapso que va del 2 de marzo al 11 de agosto de 2022, Milagros Jacqueline Orieta, comercializó en su domicilio particular de calle De los Granaderos esquina Del Libertador –vivienda de planchones situada en una loma–, cocaína en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor.

Al decir del fallo, en distintas oportunidades Orieta entregó las mencionadas sustancias a diversos compradores que concurrían a su domicilio, según quedó constatado por el material probatorio que efectivos policiales realizaron tras tareas de seguimiento, con observaciones y filmaciones.

En tal sentido, el 11 de agosto, aproximadamente a las 18.45, Orieta tuvo en su domicilio un recipiente plástico de color blanco marca “Rexona” el cual contenía 17 envoltorios con cocaína en su interior con un peso de 6,8 gramos.

Más allá del reproche de la defensa que alegó que esa sustancia no era de la implicada, el juez se inclinó por la hipótesis de la Fiscalía, condenado así a la nombrada, actualmente con prisión domiciliaria en calle de los Granaderos  305, a la pena de cuatro años de prisión, como autora penalmente responsable del delito de “comercialización de sustancias estupefacientes en dosis fraccionadas destinadas al consumidor”.

En el segundo de los casos ventilados por el Tribunal, el mismo juez dio por probado que entre el 27 de julio y 11 de noviembre de 2022, Juan Ignacio Ferrari tuvo en su domicilio de calle Argerich 1167, a los fines de ser comercializados, marihuana y cocaína en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor.

Según reza el fallo, en distintas oportunidades Ferrari entregó las mencionadas sustancias a diversos compradores que se acercaban a su domicilio para realizar tales intercambios.

A propósito de la sentencia, vale consignar que el acusado negó los hechos. Declaró que " en el domicilio nunca se vendió droga. Que en su casa nunca tuvo material estupefaciente, que el secuestro corresponde a bolsas que le ´plantó´ personal policial”.

Asimismo, refirió  que sí es consumidor de droga y unos días previos al allanamiento había realizado una compra de 3,2 gramos de cocaína los cuales pagó con 8 mil pesos que le prestó su esposa tras haber percibido un plan social. Al decir de su versión, esos envoltorios no tenían la sustancia deseada y aparentemente era yeso.

Preguntado por la droga que efectivamente le hallaron en su morada, manifestó que su señora observó como “un funcionario policial tiró bajo su placard el sobre de jugo Tang conteniendo estupefaciente, que era un funcionario policial de barba".

Así, entonces, la hipótesis traída por el Ministerio Público Fiscal fue negada por el acusado, a la vez que propuso 'fue plantada por el personal policial'. No obstante, señaló el juez,  no ofreció prueba que respalde esa proposición rival en contrario.

Así, en razón de la ausencia de evidencias de peso al respecto, dicha postura del implicado “se presenta solo como un intento de mejorar la situación procesal, a la vez que no logra conmover las probanzas arriba relevadas y explicadas- que por su coherencia y congruencia conforman de manera consistente a la pretensión acusatoria”, manifestó el juez en su veredicto.

Consecuentemente, se resolvió condenar a J Ferrari Rodriguez, actualmente alojado en la Unidad 37, a la pena de cuatro años de prisión por “ tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor”.

Con acuerdo de las partes, días pasados se selló en el Tribunal Oral Criminal 1 un juicio abreviado, en el que el juez Albano Gallicchio convalidó lo resuelto entre acusador y defensa y se definió la pena a imponer a una pareja señalada por múltiples denuncias anónimas como vendedores de estupefacientes, con epicentro en el barrio Las Tunitas.

Precisamente las declaraciones de vecinos y, en especial, de padres acechados por el consumo problemático de sus hijos, coincidieron en distintas denuncias que motivaron el inicio de una pesquisa que arrojó resultados positivos a la hora de encontrar material probatorio que alcance para las imputaciones ahora llevadas a condenas.

En efecto, al decir del fallo, desde el TOC 1 se dio por acreditado que los encausados Milagros Soledad Martens y su pareja Mariano Artola se dedicaron al comercio de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína y marihuana, que las fraccionaban en dosis destinadas directamente al consumidor.

Al decir de la sentencia, quedó demostrado que estos entregaban las mencionadas sustancias a diversos compradores que recibían en su domicilio de calle Picheuta 384 para realizar tales intercambios, o lo hacían de manera ambulante.

También se pudo corroborar que dicha actividad la llevaron a cabo al menos desde el 29 de mayo de 2020 hasta el 9 de marzo de 2023.

Tal es así, que el 9 de marzo de 2023 aproximadamente a las 13.40 se les secuestró a Martens y Artola del mencionado domicilio particular: ramas con hojas de marihuana, que se encontraban en la habitación principal y también sobre el techo de un galpón de chapa, arrojando un pesaje total de 295 gramos entre contenido y continente. Debajo de la cama, recortes de nylon trasparente, con vestigios de cocaína. Además a Soledad Martens se le encontró de entre las prendas que vestía lo siguiente: en uno de los bolsillos del lado izquierdo de su pantalón seis envoltorios de nylon conteniendo clorhidrato de cocaína, con un pesaje total de 2 gramos; poseyendo además como producto de dicha actividad ilícita una suma de dinero.

Según el magistrado, todos los estupefacientes secuestrados se encuentran comprendidos en las previsiones de la Ley 23.737 y eran tenidos ilegítimamente por los imputados, con fines de comercialización y para ser entregados en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor.

Cabe consignar que la pesquisa se inició a partir de denuncias anónimas que los uniformados fueron recibiendo. Una fue realizada el 29 de mayo de 2020 en sede de la Ayudantía Fiscal, donde una persona que quiso guardar su identidad por temor a represalias manifestó que una mujer a quien identificaba como Soledad Martens,  con domicilio en Picheuta 309, como así también otro hombre residente en el fondo de dicho inmueble, vendían sustancias estupefacientes al menudeo.

A partir de allí, se iniciaron tareas de observación y vigilancia asignados al domicilio citado, llevadas a cabo por los funcionarios policiales que efectivamente acreditaron los movimientos que existían en la morada, característicos de la venta al menudeo.

Ya para agosto de 2022, otro policía recibió una nueva denuncia. Un hombre se le acercó mostrándole el DNI en mano, pero solicitando  que se reserve su identidad por miedo a represalias. Detalló al uniformado que tenía un hijo menor de edad el cual es adicto a la droga y si bien desconocía las identidades de las personas que le vendían, supo seguir a su hijo al cual lo ha visto ingresar en una vivienda ubicada en calle Picheuta y Uspallata, donde estaba una  chica que posee un tatuaje de una estrella en uno de sus lados de su cuello.

Con el aporte, se montaron tareas de inteligencia de manera civil para observar efectivamente  si en el lugar hay movimientos compatibles con la venta de estupefacientes y los resultados fueron favorables a la pesquisa.  Se detalló al respecto que se observó un Fiat Uno que resulta ser de los propietarios de los domicilios el cual es utilizado por un hombre o una mujer o ambos, el cual está saliendo y regresando constantemente en horarios nocturnos, como asimismo se vio varias motos y personas caminando que ingresan por la calle Picheuta lugar donde no se logra divisar con la cámara de Centro de Monitoreo Tandil.

Otro de los elementos de prueba volcados al expediente y consiguiente juicio versó sobre la declaración de una mujer, madre de un hijo con problemas de adicciones. Acorralada por la situación de su progenitor, denunció a quien le proveía la droga, efectivamente Soledad Martens.

En su relato, la mujer confió que descubrió que su hijo consumía hacía cinco años en los últimos años la adicción era cada vez peor, con deterioro físico y económico. Contó que su hijo había sido tratado en el CPA Tandil, donde le recomendaron como única salida la internación,  consiguiendo un cupo en la Comunidad 'Cenáculo' de Cañuelas, pero su hijo se negó a concurrir.

Añadió que el hijo perdió trabajos precisamente por el consumo problemático. Recordó que luego empezó a trabajar por su cuenta como pintor y que en uno de los trabajos terminados le pagaron y con ese dinero fue directamente al barrio Las Tunitas, antes que a su casa, a comprar droga.

Al respecto agregó que cuando tenía deudas de dinero con los señalados por la compra de cocaína, su hijo dejaba su moto en carácter de 'prenda' hasta que juntaba el dinero y luego se la devolvían. Incluso ella tuvo que retirarla de la comisaría anteriormente por situaciones similares.

Hasta que un día, su hijo al salir del trabajo no regresó a su domicilio, y dado que no contestaba los llamados telefónicos, tanto a ella como la actual pareja del joven,  sospecharon que se habría dirigido a adquirir estupefacientes para consumir. Al día siguiente por la tarde la pareja logró localizarlo en la casa de un amigo cerca del estadio San Martín, totalmente drogado, y tras recuperarse refirió que ya no tenía ni su teléfono celular ni su moto dado que había entregado el mismo para saldar una deuda de drogas que poseía con Soledad Martens.

Tras el derrotero de testimonios y pruebas recolectadas a lo largo de la instrucción penal preparatoria, el juez dio por probado los hechos y desestimó las declaraciones de los imputados que aludieron a que la droga secuestrada era para uso personal.

Finalmente, se resolvió condenar a la pareja Mariano Artola y Milagros Soledad Martens a la pena de cuatro años de prisión, por resultar autores penalmente responsables del delito de “Comercialización de sustancias estupefacientes en dosis fraccionadas  destinadas al consumidor”, hecho cometido en Tandil al menos durante el lapso que va desde el 29 de mayo de 2020 hasta el 9 de marzo de 2023.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 24 de la Ciudad de Buenos Aires lo declaró culpable por haber violado a una adolescente en una casa del barrio porteño de Caballito.

El periodista fue arrestado el año pasado tras permanecer prófugo de la justicia durante dos meses.

En el fallo los jueces unificaron este caso con los cargos que el Tribunal Federal 3 le impuso a Guazzora en 2021 y en total deberá cumplir con una condena de doce años de prisión.

De acuerdo a la resolución, los magistrados Javier Esteban de la Fuente, Marcelo Roberto Alvero y Maximiliano Balmaceda ordenaron que sus datos genéticos sean registrados en el listado de criminales sexuales conforme a los lineamientos estipulados en la Ley 26.879.

Además, la madre de la menor fue condenada a diez años de prisión ya que fue considerada cómplice y entregadora de su hija.

Los abusos sexuales en perjuicio de la víctima fueron perpetrados entre marzo y abril del año pasado en una casa de Caballito, al tiempo que la entrega fue concretada a cambio de estupefacientes.

La fiscalía recuperó una serie de chats que resultaron importantes para comprobar los ataques sexuales al igual que los informes médicos sobre la damnificada.

Según los mensajes, Guazzora “requería” niñas o adolescentes para mantener relaciones sexuales. Una persona le “ofrecía” a sus hijas y le pasaba un CBU bancario, administrada por la madre de la menor.

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), a cargo de Romina Del Buono, intervino y realizó un peritaje de los dispositivos.

Los fundamentos del veredicto se conocerán el 6 de febrero. NA