El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la segunda prórroga de las ordenanzas 18.721 y 18.988, una decisión que prolongó por seis meses el régimen destinado a la regularización construcciones en el partido. La iniciativa se fundamentó principalmente en los resultados concretos del programa, que mostraron un crecimiento del 21 por ciento en las estadísticas de ampliaciones y un aumento significativo en la base tributaria municipal. El consenso alcanzado para la prórroga abrió a su vez el debate sobre la continuidad o no de la medida.

La concejal de la UCR, María Haydeé Condino, destacó el éxito del programa desde su implementación original. "Las ordenanzas han sido muy exitosas, ha crecido la cantidad de carpetas presentadas, la cantidad de metros cuadrados declarados, y esto hace que la base para el tributo se amplíe, lo cual es bueno para la Municipalidad. Pero también es muy bueno y es lo que nosotros destacamos, para que aquellas personas que no tienen en sus viviendas o en sus emprendimientos un final de obra puedan tenerlo", puntualizó la edil.

El pedido de extensión, solicitado originalmente por el Departamento Ejecutivo, se sustentó en datos duros que reflejaron un cambio de tendencia a partir de la primera sanción del régimen. Según la información oficial, durante el año 2024 se presentaron 842 nuevas carpetas de obra, pero tras el lanzamiento del programa de regularización, el número saltó a 1065 trámites iniciados. Este movimiento representó un incremento del 26 por ciento en la gestión de nuevos proyectos, lo que equivale a más de 75 mil metros cuadrados construidos.

El fenómeno también se manifestó con fuerza en el rubro de las reformas y ampliaciones de viviendas ya existentes. En este segmento, las estadísticas pasaron de 152 trámites en 2024 a 182 durante el primer tramo de 2025, consolidando una suba del 21 por ciento.

Uno de los motores principales de esta respuesta ciudadana fue el incentivo económico. El régimen propuso una reducción de costos del orden del 33 por ciento para quienes decidieran ponerse al día con sus planos. En términos técnicos, los propietarios pasaron de tributar el 1,5 por ciento del valor del metro cuadrado a pagar tan solo el 0,5 por ciento, una diferencia sustancial que facilitó la decisión de muchas familias de formalizar sus propiedades.

"Esto sirve para familias que han hecho habitaciones nuevas, que han ampliado sus casas, que han hecho un quincho, que han hecho un garage, que han techado algo. Esto sirve para poder hacer el plano y terminar el plano de una vivienda unifamiliar. También sirve para aquellas personas que en sus domicilios han hecho un local o han ampliado un local y le han hecho un depósito", destacó Condino.

Asimismo, la edil puso el foco en dos sectores clave para la economía local: el turismo y el comercio. "Es para familias, para pequeños comercios, para industrias pequeñas y en el caso del turismo también sirve. Nosotros queremos que se profundice esto, para aquellas personas que quieran declarar e incorporar metros cuadrados construidos en las habilitaciones que hoy están al alcance, como son por ejemplo los alojamientos extra-hoteleros, para tener un final de obra y tener una habilitación", amplió la concejal oficialista.

Si bien agregó que otros usos clave son las habilitaciones comerciales, aclaró que “para evitar malos entendidos este beneficio no es para aquellas cosas que están por fuera del PDT. No es para excepciones. Tampoco es un beneficio para las multas, no es un beneficio para un convenio urbanístico, es un beneficio para los derechos de construcción", sentenció.

A pesar del acompañamiento unánime en la votación, el bloque de Fuerza Patria introdujo matices de cara al debate futuro. La discusión se centra en si este tipo de regímenes deben ser excepcionales o si el éxito de los mismos amerita una reforma estructural en la Ordenanza Fiscal e Impositiva. Desde la oposición advirtieron sobre los riesgos de encadenar prórrogas de manera indefinida.

El concejal Severiano Mon fue el encargado de expresar la postura de su bloque, enfatizando la necesidad de una evaluación técnica rigurosa una vez que concluya este nuevo plazo de 180 días.

"En un primer momento este tipo de planes en general son siempre temporarios. De acuerdo a diversas situaciones pueden darse estos períodos de ventana y a eso apunta la herramienta, a buscar la regularización de metros cuadrados en un tiempo de ventana. Lo que sí planteamos nosotros es que al momento de que finalice este plazo de seis meses, hay que evaluar. No estaríamos de acuerdo en una prórroga automática, sino en poder ver si finalmente modificamos las alícuotas de la ordenanza fiscal impositiva", manifestó Mon durante el debate legislativo.

El edil opositor concluyó señalando que el próximo semestre será clave para determinar si la iniciativa cumplió con su ciclo o si debe integrarse al esquema tributario ordinario de la ciudad. "Hay que trabajar fuertemente en la difusión de este programa y evaluar en tal caso a los seis meses si fue exitoso", cerró Mon, dejando abierta la puerta a una discusión más profunda sobre la presión fiscal en el sector de la construcción y la necesidad de otorgar beneficios equitativos a otros actores de la economía tandilense que hoy reclaman medidas de alivio similares.

La discusión por el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2026 entró en su etapa de definiciones en el Concejo Deliberante. Luego de la presentación formal realizada por el secretario de Economía del Municipio, Raúl Moyano, los diferentes sectores políticos iniciaron un proceso de análisis técnico de los lineamientos económicos para el tercer año del sexto mandato del intendente Miguel Lunghi.

En esta instancia, el eje del debate no se centró únicamente en la distribución de las partidas, sino fundamentalmente en el impacto que el esquema de actualización de tasas tendrá sobre los contribuyentes.

Desde el bloque de Fuerza Patria, el concejal Severiano Mon actualizó el estado de situación del debate y las negociaciones con el oficialismo en el marco de la reunión semanal de la Comisión de Economía que preside María Haydeé Condino (UCR).

En diálogo con El Eco de Tandil, el concejal adelantó que no acompañarán la propuesta “tal y como estaba” redactada por el Departamento Ejecutivo. Por el contrario, consideró que “hay que hacer algunos cambios”  direccionados en los aumentos que contemplan la ordenanza fiscal e impositiva, especialmente para la Tasa Retributiva de Servicios.

Según precisó, la mirada está puesta en encontrar moderación frente a la presión tributaria que afronta los vecinos en los tres niveles del Estado. “Entendemos la necesidad del Municipio de sostenerse en términos de recursos, pero también que debía buscarse un punto de moderación porque eso no puede recaer exclusivamente en los ciudadanos en un contexto de crisis”, fundamentó.

“Esperaremos a que el Ejecutivo haga los cálculos y el lunes estaremos disponibles si se cumple con nuestra propuesta”, señaló Mon, que depositó en el oficialismo la siguiente jugada.

En tanto, defendió que “nuestra posición es sensata y equilibrada” y “no buscamos desfinanciar al Municipio, sino morigerar los aumentos de tasas con sentido común teniendo en cuenta la situación económica”.

Con miras a la sesión ordinaria convocada para el lunes, las negociaciones marcan el ritmo de los días, en medio de una dinámica que busca cerrar los detalles técnicos para que las proyecciones incluidas en la ordenanza madre puedan ingresar al recinto para su tratamiento.

Actualización de las tasas

Las discusiones se centraron en desglosar los aumentos previstos, los cuales originalmente contemplan la continuidad del ajuste por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) junto con la aplicación de sumas fijas adicionales en dos bimestres del año.

El proyecto elevado por el Departamento Ejecutivo incluye una actualización gradual de las tasas municipales para acompañar el incremento de los costos de los servicios que “supera claramente las variaciones en el Índice de Precios al Consumidor que publica Indec y sostener la capacidad operativa del Estado local”, señaló el mensaje de elevación.

Entonces, la propuesta original prevé ajustes bimestrales según la evolución del IPC, con incrementos puntuales del 15 por ciento en el segundo y cuarto bimestre para las tasas prediales y asociadas, y del 20 por ciento en esos mismos períodos para la Tasa para la Salud, con una “distribución secuenciada a lo largo del año para atenuar el impacto en el bolsillo de las contribuyentes locales”.

En paralelo, se mantienen los incentivos al sector productivo -sin cambios en las alícuotas de Actividades Económicas- y se incorporan nuevas facilidades de pago y exenciones para acompañar a las familias con menores ingresos y a aquellas que cuenten con algún integrante con discapacidad.

El punto de debate se centró principalmente en la Tasa Retributiva de Servicios, que es la que “pagan absolutamente todos los tandilenses”.

Para este ítem, la oposición planteó que el incremento debe regirse únicamente por la evolución del IPC durante “todo el año”, eliminando cualquier componente de suma fija.

Por otro lado, la propuesta de la oposición se mostró a favor del esquema propuesto para la Tasa de Salud al reconocer la “problemática” por la que atraviesa el sistema de salud pública, que “en los últimos dos años” registró un incremento en la demanda producto de personas que perdieron su cobertura privada o prepaga.

Ante esta situación, el bloque de Fuerza Patria reconoció que el Estado comunal “necesita dotarse de recursos” a recaudar a través del tributo que presenta un esquema de actualización por IPC en cuatro bimestres y sumas fijas del 20 por ciento en los dos restantes, con el fin de dotar al sistema sanitario de los recursos necesarios para su funcionamiento.

Un criterio similar se aplicó para los servicios sanitarios, donde el aumento de la energía eléctrica afectó el costo de operación de las plantas depuradoras y los pozos de bombeo, junto con la carga salarial de los empleados de Obras Sanitarias.

Los grandes generadores de residuos, en debate

Otro de los puntos que generó discusiones -y cuyas negociaciones continúan abiertas- gira en torno a la incorporación de un nuevo capítulo en la ordenanza impositiva destinado a los grandes generadores de residuos.

La intención del Departamento Ejecutivo era establecer una diferenciación tributaria para aquellas empresas que requieren un tratamiento diferencial de sus desechos. Si bien Mon coincidió con el espíritu de la iniciativa, que busca separar lo que paga un vecino común de lo que tributa una gran firma, cuestionó la forma en que se pretendía implementar.

“No lo vamos a acompañar así como está”, afirmó y demandó un trabajo más profundo en el Concejo Deliberante para “corregir algunas cuestiones de nomenclatura y de nuevas radicaciones de empresas en el partido de Tandil”, como ciertos centros de distribución y cadenas de comida rápida.

Entonces, y tal cual expuso ayer ante los concejales que integran la Comisión de Economía, “no estamos de acuerdo en instrumentar esto de manera apurada”, por lo que solicitó formalmente que este capítulo sea retirado de la ordenanza fiscal para ser abordado de forma independiente a partir de marzo.

Según indicó el edil a este Diario, el pedido de postergar este debate habría tenido una recepción favorable en la comisión, aunque la confirmación definitiva dependerá de los ajustes que realice el equipo económico del intendente Miguel Lunghi.

“Si logramos que el Ejecutivo tome nota de estos cambios y avance, obviamente el día lunes estaríamos firmando los dictámenes y tratando el presupuesto”, adelantó el concejal de Fuerza Patria.

Mon defendió que el posicionamiento reconoce “la necesidad que el Intendente pueda contar con la herramienta presupuestaria para las acciones de Gobierno” y aclaró que “no nos oponemos”, a la vez que deslizó que “si el oficialismo envió las modificaciones propuestas al Ejecutivo es porque estarán haciendo los cálculos para poder aceptar nuestra propuesta y que haya presupuesto”.

El impacto financiero

La aplicación de los cambios impulsados por la bancada tendría un correlato directo en las arcas municipales. Según los cálculos realizados por el equipo técnico, la decisión de limitar la Tasa Retributiva de Servicios al IPC anual representaría una disminución de “aproximadamente 1.800 millones de pesos” en la recaudación prevista originalmente por el oficialismo.

El concejal defendió que su ausencia no debería poner en riesgo la estabilidad fiscal de la comuna.

A pesar del recorte en los ingresos proyectados, Mon aseguró que la propuesta sigue siendo “equilibrada” y que no busca desfinanciar al Estado municipal.

“Nuestra posición es sensata; no podríamos votar un presupuesto deficitario porque nos lo impide la Ley Orgánica de las Municipalidades”, explicó.

Contexto nacional y obra pública

Por otro lado, Mon describió la proyección para el próximo ejercicio como un presupuesto de mantenimiento y sostenimiento dado que no contempla grandes partidas destinadas a infraestructura urbana.

El concejal vinculó esta situación con el “ajuste” implementado por el gobierno de Javier Milei, señalando que el retiro del Estado nacional tuvo un impacto en las cuentas de los municipios bonaerenses.

“Este no es un presupuesto para resolver los grandes problemas de la ciudad”, reconoció Mon, y agregó que Tandil sufre las consecuencias de una “demanda creciente de servicios” y las “deficiencia” que presentan algunos de ellos.

Asimismo, mencionó el “gran esfuerzo” que realiza la Provincia, que también “está muy limitada” para afrontar “grandes proyectos de infraestructura”.

Severiano Mon destacó que la ordenanza, votada por primera vez en febrero de este año y prorrogada recientemente por seis meses más, busca incentivar a los vecinos a declarar obras no registradas. "Lo que hicimos el jueves pasado fue prorrogarlo, principalmente por el éxito que tuvo", afirmó.

El concejal comparó la situación actual con el sistema vigente entre 2020 y 2021, que en dos años regularizó 32,000 m². El nuevo modelo ha mostrado una demanda significativa, impulsada en parte por el Colegio de Técnicos.

Beneficios de la ordenanza:

Descuento del 50% en penalizaciones y derechos de construcción para viviendas unifamiliares, quinchos o ampliaciones.

Inclusión de nuevos rubros: Se incorporaron pequeñas industrias, talleres y depósitos (hasta 150 m²) y hospedajes turísticos (hasta 20 pasajeros), con una reducción del 30% en las multas.

Facilidad para los vecinos: Para iniciar el trámite, el concejal  que el primer paso es "contactar a un profesional, ya sea un maestro mayor de obras o un arquitecto", quienes están al tanto de los detalles de la normativa.

"Lo que permite el régimen es hacer un incentivo para que la gente pueda aprovechar y regularizar", explicó Mon, subrayando que esta "ventana" es una oportunidad para poner en regla los papeles de la propiedad, algo fundamental para futuras operaciones de compra-venta.

Otro de los temas centrales fue el debate sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Severiano sostuvo que, más que una reforma completa, el plan necesita una "actualización en algunos aspectos".

Señaló la discrepancia entre el crecimiento planificado de la ciudad —que debía ser hacia la zona norte— y el crecimiento real, atraído por el "cordón serrano". Sin embargo, advirtió que cualquier modificación debe ser integral y responsable.

"No puede modificarse solamente la letra del plan y atrás no realizar las obras necesarias que necesita la ciudad", sentenció. Mencionó como ejemplos las zonas de Villa Italia o Don Bosco, que requieren inversiones en servicios públicos y movilidad para soportar una mayor densidad poblacional.

El concejal de UxP consideró que la nueva conformación del Concejo Deliberante a partir del 10 de diciembre será una oportunidad para crear "una mesa lo suficientemente amplia" que incluya a profesionales y organizaciones civiles para abordar estas modificaciones de manera proactiva.

De cara al presupuesto del próximo año, Severiano  Mon se mostró cauto. Indicó que gran parte de la obra pública actual se sostiene con fondos afectados y que el presupuesto municipal está limitado, ya que casi el 60% se destina a salarios. "Tenés un presupuesto limitado y una sociedad que está demandando la presencia del Estado", reflexionó.

Finalmente, reafirmó la postura de su bloque en defensa de la Ley de Zona Fría para las tarifas de gas. Calificó esta norma como "una cuestión central para los tandilenses" y aseguró que ha sido clave para evitar aumentos desmedidos como los vistos en la electricidad. "Si no ha habido los aumentos que hubo en la electricidad fue porque está la ley de zona fría vigente", concluyó, criticando las propuestas que buscan su eliminación total.

El Concejo Deliberante debatió y aprobó ayer un pedido al Gobierno nacional por la continuidad de la Ley 27.637 que amplió la Zona Fría incluida en los descuentos para el consumo de gas domiciliario, que incluyó a Tandil y otras 95 localidades bonaerenses. Sin el apoyo de los dos representantes libertarios –presentaron un dictamen de minoría-, Alternativa Tandil y PRO, UCR y Unión por la Patria acompañaron la iniciativa de Juan Manazzoni y volvieron a interpelar a la bancada de Acción Tandilense-LLA por no pronunciarse a favor del beneficio que alcanza a todos los hogares tandilenses que cuentan con servicio de red y reciben la reducción sobre los consumos.

En una primavera de amaneceres bajo cero, en el recinto se aprobó por mayoría otra iniciativa sobre un tema recurrente, teniendo en cuenta que el Legislativo ya se había expresado en contra de derogar la ampliación del régimen durante el debate de la Ley de Bases y, en julio pasado, había elevado la voz para reclamar la regularización de la deuda con las distribuidoras del monto correspondiente a Zona Fría, compensación que se financia con aportes de los consumidores de gas de todo el país.

“El Honorable Concejo Deliberante del partido de Tandil solicita la continuidad del Régimen de Zona Fría para los habitantes del partido de Tandil, manteniendo la plena vigencia de la Ley 27.37”, expresó el artículo primero de la resolución sancionada y estableció remitir copias –adunando los fundamentos- a las cámaras de Diputados y de Senadores, donde se aguarda por el debate del Presupuesto 2026.   

Frente al dictamen de minoría presentado por los libertarios Luján Fiego y Federico Sánchez Chopa, concejales de distintos bloques fueron escalando en las críticas. Si bien reconocieron en sus pares “el esfuerzo por justificar lo injustificable”, achacaron el beneficio fiscal de retenciones cero para agroexportadoras –“una maniobra arreglada”- mientras se busca otro ajuste a las familias tandilenses que ya vienen afrontando la suba de la tarifa de gas y “el espíritu muy malvinero” como contracara de la postura “de rodillas” frente al norte global, figurando el reciente rescate de Estados Unidos frente a la escalada del dólar y la venta de reservas.

Si bien los cruces apuntaron al bloque libertario vecinalista, la concejal del MID, Natalia Chacón, votó en contra de la continuidad de Zona Fría, aunque no expuso argumentos sobre su postura. Por lo tanto, la votación culminó 17 a 3.

El concejal Manazzoni, impulsor de la iniciativa, subrayó que “es una larga lucha que viene dando el pueblo de Tandil a través de su Concejo Deliberante y de otras instituciones y referentes de la comunidad por la garantía de este régimen que nació en 2002 y se amplió a muchísimas localidades y provincias argentinas a través de la Ley 27.637 en 2021”.

El autor de la iniciativa sostuvo que el nuevo intento del Gobierno nacional por reducir Zona Fría “no es un rumor, esto está escrito” y agregó que “perjudicaría a las familias tandilenses”, por lo que agradeció el acompañamiento del resto de las fuerzas políticas, en especial la sugerencia de su par Severiano Mon para lograr una redacción optimizada del dictamen.

Por su parte, la radical Guillermina Cadona cuestionó que desde su asunción, el gobierno de Milei “ha planteado varias veces eliminar la Ley de Zona Fría”, al tiempo que marcó que “es un tema que siempre nos mantiene en alerta a todos, no sólo a nosotros sino a diferentes instituciones”, y citó las acciones de la OMIC y de la Defensoría del Pueblo. En tanto, recordó un proyecto de Marcos Badillo, exconcejal de su bloque, quien en 2023 reclamó por la implementación de los descuentos al gas envasado previstos en la Ley de Zona Fría que nunca se aplicaron.

“Valoro que sea recurrente”, aseveró y consideró que “todos tenemos que defender el derecho que hemos adquirido de la Zona Fría. Siempre expresamos que es una ley de justicia territorial”, atento a que reconoce que todos los habitantes de las zonas con temperaturas más bajas necesitan un mayor consumo de gas.

“Anular esta ley implicaría un retroceso y un fuerte impacto en la economía de todos los tandilenses”, advirtió y apuntó no sólo a los hogares sino también a las escuelas, los espacios de trabajo, instituciones, entre otros espacios.

“Vivir en una zona denominada Zona Fría no es un privilegio ni un regalo, la ley es una cuestión de equidad y federalismo”, clamó y pidió que el Gobierno nacional “reflexione y analice” las distintas realidades del país, al tiempo que recordó que el descuento no se financia con recursos del presupuesto nacional, por lo que no genera déficit, y aclaró que se afronta con aportes de los usuarios de gas de todo el país que integran el Fondo Fiduciario del Gas.

Por su parte, el concejal Severiano Mon (UxP) celebró que el PRO y Alternativa Tandil impulsen un proyecto sobre estos temas, en relación a la defensa de los vecinos frente al ajuste de Nación.

Calificó de “legítimo” el reclamo de los usuarios y una “conquista” la ampliación del régimen, al tiempo que destacó el impulso que le dio el diputado Máximo Kirchner para la sanción en 2021.

Enmarcó la nueva embestida en la “política de ajuste” que avanzó sobre otros fondos fiduciarios como el destinado al transporte, el del Procrear y el del Plan Hogar, todos con repercusiones en el Deliberativo local. “Son instrumentos inteligentes y muchos de ellos son autofinanciados”, remarcó y evaluó que “está claro que el objetivo no es el equilibrio fiscal ni mucho menos, como lo hemos visto en estos días, sino lisa y llanamente girar esos recursos a otros destinos, que tienen que ver con el terrible endeudamiento y el negocio financiero que se está haciendo a través del Estado argentino”, denunció.

Mon vinculó directamente la eliminación de la Zona Fría con la intención del Gobierno nacional de “destinar esa magnitud de recursos a otros fines” y recalcó que lo mismo hizo con otros fondos, pese a que se “autofinancia el sistema” a partir del recargo del 6,7 por ciento a las distribuidoras de gas.

En paralelo, resaltó que el Enargas determinó que esta zona tiene un clima templado-frío, entonces “no es una cosa que se tomó sobre un criterio que no es científico” y respaldó el descuento del 30 por ciento para todos los usuarios y del 50 por ciento de la tarifa para sectores como los jubilados, ya complicados con sus haberes. En tanto, sumó que la ley también contempla otros atributos, como comedores y clubes.

“No es solamente un subsidio sino que detrás de esa ley hay personas de carne y hueso”, reforzó y bregó para que “no se toque la Ley Fría”. 

Tras el primer tramo de exposiciones, la concejal Luján Fiego abundó sobre el dictamen de minoría y la postura de Acción Tandilense-LLA. En principio, reconoció que no cabe duda de que en Tandil “el frío se hace sentir y dura mucho tiempo”.

En tanto, cuestionó que el descuento del 30 por ciento es para todos los hogares residenciales, en “modalidad de tarifa plana, porque al menos todos recibimos ese 30 por ciento. Aquí es donde nosotros tenemos esa cuestión: ese 30 por ciento, lo necesitemos o no”.

Preguntó si el Estado debe subsidiar a alguien que no lo necesita e infirió que “no siempre lo equitativo es justo”, para anticipar algunos “ejemplos que pueden parecer extremos pero son reales”.

Para argumentar el pedido para que el Gobierno nacional solamente sostenga el descuento del 50 por ciento a los sectores más vulnerables y elimine el 30 por ciento que impacta sobre todas las viviendas, citó el caso de una conocida que climatiza su piscina con gas de red y de otras familias que deciden tener su casa a “temperatura veraniega” con el beneficio.

En ese punto, preguntó si no sería más conveniente destinar esos fondos para aumentar los subsidios a quienes más los necesitan, por lo que definió que la postura de su bloque era solicitar la continuidad del régimen para quienes reciben el 50 por ciento de descuento.

“Los recursos del Estado y los beneficios y los subsidios tienen que ir a quienes más lo necesitan”, cerró y disparó las respuestas de concejales de todos los bloques, coincidentes en que el Gobierno de Milei sólo ajusta y no logra mejoras en la calidad de vida de los argentinos.

 Al inicio de la sesión de ayer, desde la Banca 21, la directora de la Escuela Primaria 5, María Laura Mazza, acompañada por Juan Pablo D’Amato, en representación de la comunidad de padres, compartieron un proyecto de estudiantes de 6to. año surgido de “intereses reales y bien situados” del alumnado sobre la inseguridad que sienten los chicos al transitar por las calles sin compañía de algún adulto.

La directora contó que realizaron encuestas en la escuela que alertaron sobre esta problemática, en el marco del proyecto “En la calle con actitud” y diseñaron estrategias para sentirse más seguros cuando circulan solos por las calles.

El proyecto participó en la Feria de Ciencias y logró pasar la instancia bonaerense, en Balcarce, y llegó a la Feria Provincial que se realizó en Mar de Ajó.

Tras detallar las etapas del arduo trabajo, señaló que el objetivo es implementar dispositivos de comunicación y tecnológicos para generar estrategias para los estudiantes que caminan solos por la vía pública, de modo que puedan conocer cómo cuidarse y hacer frente a los temores que los embargan a su edad.

Por su parte, Juan Pablo D’Amato dio detalles de una aplicación que desarrollaron con un “Botón de cuidado” para que puedan solicitar ayuda mientras están solos.

En cuanto al pedido al Concejo, manifestaron la importancia de difundir el proyecto y que pueda ser declarado de interés municipal o reciba una distinción del Concejo; que logren implementar la aplicación y pueda servir para alumnos de otras escuelas, y además, fortalecer la relación con otras instituciones de la ciudad.

El bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución para repudiar el accionar de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que recientemente citó a cientos de tandilenses beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral a una auditoría. Al mismo tiempo, se solicitó la colaboración del Municipio de Tandil para poner a disposición espacios adecuados para su realización.

En los considerandos del proyecto se advierte sobre las dificultades que implica llevar adelante una auditoría en las condiciones propuestas por la agencia. “En nuestra ciudad hay un importante número de beneficiarios de pensiones por invalidez, y se hace necesario que este proceso de auditoría se lleve a cabo de manera clara, con el tiempo necesario, y en articulación con los distintos niveles del Estado, para no convertirse en un impedimento para quienes deben cumplirlo”, remarca el texto.

En su primer artículo, el proyecto solicita a la ANDIS la suspensión inmediata de la auditoría hasta tanto se garanticen condiciones accesibles para todos los citados. En el segundo, plantea la necesidad de realizar las revisiones en un espacio adecuado, señalando que la convocatoria se hizo en un lugar no apto para tal fin. Por ese motivo, se propone desde el bloque que la ANDIS utilice instalaciones municipales que estén disponibles. Sumado a esto, se incluye la necesidad de establecer un esquema de auditoría domiciliaria para aquellas personas que no puedan trasladarse.

El proyecto también cuestiona el uso excesivo de la carta documento como método de notificación, señalando que no contempla formatos accesibles ni mecanismos alternativos para garantizar la recepción, comprensión y respuesta por parte de las personas con discapacidad. Por este motivo, desde Unión por la Patria se solicita modificar los medios de comunicación, extender los plazos de citación y que todos los estudios complementarios solicitados sean garantizados por la Agencia Nacional de Discapacidad.

El concejal Severiano Mon, impulsor de la iniciativa, explicó que “se han citado a cientos de beneficiarios de pensiones de la ANDIS para el próximo 14 de julio, en un club de nuestra ciudad que ni siquiera estaba informado de dicha convocatoria, a presentar toda la documentación médica". Por otro lado, añadió que "la agencia no tiene sede en Tandil y que es imposible comunicarse telefónicamente, lo que ha generado mucho estrés en los pensionados”.

“Lo que pedimos es que el Municipio active mecanismos de asesoramiento y que se suspenda esta auditoría”, manifestó Severiano Mon. Por un lado, sostuvo que existe una clara redundancia, porque cada persona que tramita el CUD debe presentar la historia clínica. Por otra parte, expuso que existen auditorías periódicas. “Esta convocatoria no tiene otro sentido que repetir un mecanismo cruel e intempestivo, que busca generar un efecto político. Además, lamentamos el silencio de los representantes locales, como Gonzalo Santamarina, que se han desentendido del tema y no están dando respuestas a los afectados”, concluyó. 

Durante la última sesión del Concejo Deliberante, desde el bloque de concejales de Unión por la Patria se presentaron dos proyectos para repudiar la ratificación de la condena por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a Cristina Fernández de Kirchner, la cual la inhabilita a presentarse a cargos públicos de por vida. El segundo proyecto versa sobre la declaración de personas no gratas en la ciudad de Tandil a los jueces de la Corte Suprema que tomaron esta decisión.

Los proyectos de resolución consideran en su articulado en el primer caso un “profundo repudio a la proscripción política de Cristina Fernández de Kirchner, dos veces Presidenta de la Nación, y actual Presidenta del Partido Justicialista nacional; y su máxima preocupación por el atentado contra la democracia ejercido por miembros de Poder Judicial al cercenar el derecho de la ciudadanía de elegir libremente a sus representantes”. En el segundo proyecto consta declarar “personas no gratas en el ámbito de la ciudad de Tandil a los señores Jueces de la Corte Suprema Justicia de la Nación Dr. Ricardo Lorenzetti, Dr. Horacio Rosatti y Dr. Carlos Rosenkratz en función del fallo proscriptivo contra la dos veces Presidenta de la Nación y actual Presidenta del Partido Justicialista nacional Cristina Fernández de Kirchner”.

Ambos proyectos presentan en sus considerandos diversos cuestionamientos a los juicios y tratamiento dado a la conocida “Causa Vialidad”, por la cual se ratificó la condena de la ex-presidenta: “En primer lugar, se condena por un delito por el cual la ex-presidenta ya había sido juzgada y sobreseída (...) En segundo lugar, se vulneró la garantía de ser juzgada por jueces imparciales e independientes (...) En tercer lugar, se cometieron irregularidades graves como la incorporación de pruebas por parte de los fiscales que no habían sido planteadas por la fiscalía, la condena por conductas por las cuales no fue indagada ni procesada y que fueron incorporadas recién en los alegatos de los fiscales, la restricción de la posibilidad de la defensa de presentar pruebas exculpatorias o de convocar testigos clave y la negativa sistemática a realizar pericias exhaustivas sobre la totalidad de las obras en base a las cuales se fundó la condena, reduciendo las pericias a un número pequeño de las mismas, en las cuales no se pudo probar la cartelización ni el sobreprecio”.

En otro apartado se remarcaron las deficiencias en torno al derecho administrativo que plantean “tal como señaló el ex-Procurador del Tesoro del actual gobierno Rodolfo Barra, el Presidente no puede tener responsabilidad administrativa ni penal en un caso de estas características ya que es ajeno a la administración general, función a cargo del Jefe de Gabinete”.

En cuanto a la declaración de personas non-gratas a los tres jueces de la Corte Suprema se justifica en “Compuesta de sólo tres miembros, cuando debe tener cinco; incluye dos jueces que aceptaron ser nombrados por decreto por el entonces Presidente Mauricio Macri”, a su vez señalan que “la ‘Causa Vialidad’ se ha movido al compás del calendario electoral, con la finalidad de incidir de forma directa e indirecta en los procesos democráticos” y “que el fallo se tomó con el objetivo directo de prohibir la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner”.

Desde el bloque de Unión por la Patria, el concejal Severiano Mon consideró: “la proscripción de Cristina tiene un nivel de violencia simbólica muy grande, no puede pasar como algo más, es un ataque directo a la democracia, sacando del juego a la principal líder de la oposición, lo que hace un ataque directo a los derechos políticos de los argentinos al sacarles la posibilidad de votar libremente a sus representantes, pedimos reflexión y mesura para que se busquen los cauces democráticos que resuelvan esta situación a todas luces injusta y antidemocrática”.

En las últimas semanas, las comisiones del Concejo Deliberante comenzaron con el tratamiento de una iniciativa impulsada por el concejal Severiano Mon, que propone la creación de un régimen de apoyo económico para las sociedades de fomento. El objetivo es fortalecer el papel social que desempeñan estas entidades en los barrios de la ciudad.

El edil de Unión por la Patria destacó la importancia de estas organizaciones: "En Tandil existen alrededor de quince sociedades de fomento que cumplen un rol fundamental como nexo entre el Estado y las necesidades de los barrios. Sus funciones abarcan desde la gestión de mejoras urbanas hasta la organización de talleres artísticos y educativos, además de eventos deportivos y recreativos. Estas iniciativas son esenciales para fortalecer los lazos comunitarios y canalizar diversas demandas vecinales".

Sobre el proyecto de ordenanza, Mon explicó: "Buscamos garantizar una previsibilidad de ingresos para estas entidades. Actualmente, deben gestionar fondos para sus actividades en cada ejercicio fiscal, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria y la voluntad política. Esto dificulta la posibilidad de planificar a largo plazo, algo crucial para el desarrollo de los barrios". En ese sentido, detalló que "la ordenanza establece un régimen que asignará mensualmente un subsidio equivalente a un sueldo municipal de categoría 1. Estos fondos deberán rendirse mensualmente ante el Municipio para asegurar su transparencia".

Finalmente, el concejal resaltó la importancia de fortalecer estas instituciones barriales: "En tiempos donde prevalece la individualidad y la desvinculación de los problemas comunitarios, el rol de las sociedades de fomento es fundamental. Muchas veces, resuelven situaciones en las que el Estado no llega, contribuyendo a una visión de descentralización y empoderamiento comunitario, clave para un Estado moderno y eficiente".

El proyecto de ordenanza establece que el régimen tiene como objetivo fortalecer la labor social, deportiva y educativa de las sociedades de fomento. Además, en su artículo tercero, define los requisitos que deben cumplir las instituciones para acceder al beneficio, principalmente en relación con su correcto y sostenido funcionamiento.

Asimismo, en su cuarto artículo, clasifica a las sociedades de fomento en dos categorías: A y B. Aquellas que ya reciben subsidios municipales bajo otros conceptos obtendrán dos módulos mensuales de subsidio, mientras que las que no cuentan con este apoyo recibirán tres módulos. Cada módulo equivale a un sueldo básico de la categoría 1 del escalafón municipal (régimen de 30 horas semanales).

En cuanto al destino de los fondos, la ordenanza contempla su uso para gastos generales de funcionamiento, servicios, infraestructura, formación y capacitación, recursos humanos, salud, alimentación y traslados, entre otros. Todos los gastos deberán ser rendidos mensualmente ante la Contaduría Municipal.

En la última sesión del Concejo Deliberante, se aprobó por unanimidad una ordenanza que crea un "Régimen de Regularización de Metros Cuadrados de la Construcción". Su objetivo es promover la declaración de construcciones existentes que carezcan de autorización municipal o que estén parcialmente autorizadas, estableciendo un plazo de 180 días desde su promulgación para acogerse al beneficio.

El concejal Severiano Mon, impulsor de la iniciativa, destacó que "existe un antecedente de un régimen creado en 2019 que no logró el efecto esperado para avanzar en la regularización de construcciones no declaradas. Por ello, fue necesario modificarlo y generar un nuevo marco normativo que incentivara el proceso. Gracias a esto, logramos un acuerdo para ampliar las categorías incluidas en este beneficio". Sobre el objetivo de la ordenanza, Mon explicó: "El Estado municipal hará un esfuerzo al dejar de percibir las multas por incumplimiento en casos donde se haya superado el factor de ocupación del suelo, la densidad o el plano límite, entre otras situaciones que se presentan al margen de las autorizaciones municipales".

En cuanto al ámbito de aplicación del nuevo régimen, el edil señaló: "Esta ordenanza permite la regularización en ciertas categorías y zonas, excluyendo el Área Protegida. Está orientada a viviendas unifamiliares y multifamiliares de hasta dos unidades funcionales, así como a usos funcionales mixtos, que incluyen una vivienda y un local comercial o un depósito de hasta 150 metros cuadrados para el comercio minorista de alimentos. Además, contempla hasta 500 metros cuadrados para comercios minoristas no alimenticios, equipamiento deportivo, social, educativo, cultural y religioso, así como servicios a la producción y depósitos tipo 1 y 2. También se incorpora la posibilidad de regularizar industrias y talleres de hasta 150 metros cuadrados".

Respecto al acuerdo alcanzado en el Concejo Deliberante, Mon destacó que "durante un plazo de 180 días a partir de la promulgación de la ordenanza, las multas se reducirán hasta un máximo del 1,5%. Esto representa un compromiso y un esfuerzo del Estado, entendiendo la problemática que implica esta situación para una venta o una sucesión. El objetivo es ayudar a muchos vecinos a regularizar la situación de sus propiedades".

Finalmente, el edil de Unión por la Patria resaltó que el trabajo se realizó en conjunto con el Colegio de Técnicos y el Colegio de Arquitectos: "Ellos presentaron el proyecto original, al cual le agregamos modificaciones para ampliar su alcance. Además, se comprometieron a difundir e impulsar estos beneficios, por lo que esperamos que también aporten su granito de arena para regularizar estas situaciones".

El Municipio prorrogó por 10 meses el contrato de Eycon, la empresa que brinda el servicio del Estacionamiento Medido en la ciudad, y abrió el debate sobre la posibilidad de ampliar las zonas de cobro. En ese marco, desde el bloque de Unión por la Patria plantearon su postura al respecto, poniendo el foco en la necesidad de contar con “un profundo estudio” que permita determinar si la modalidad aportó a desalentar el uso de vehículos particulares. Reiteraron además la relación de la iniciativa con la inversión en transporte urbano de pasajeros, así como también marcaron la posibilidad de fortalecer el vínculo con la Universidad. Este organismo, señalaron, podría aportar estudios específicos del tránsito en Tandil, y hasta desarrollar un sistema propio con sello local.

“Si la gente no tiene un transporte público con mejoramiento de frecuencias que le permita usarlo, para no usar el auto particular, eso me parece que es central antes de poder tratar cualquier instrumento a futuro. Tener esos números. Nuestro bloque presentó un proyecto de comunicación que tenía que ver con pedir información sobre qué se va a hacer con Eycon, si se va a volver a licitar o no. Todavía no hubo respuesta”, transmitió Severiano Mon, concejal del bloque de Unión por la Patria, en relación la necesidad de contar con datos precisos sobre el sistema de estacionamiento medido.

El edil había marcado parte de la postura del bloque en la sesión de diciembre pasado, cuando se discutió y aprobó el presupuesto 2025. Entonces señaló la posibilidad de que –en el caso de abrirse una nueva licitación para renovar o prorrogar la concesión-, centros de estudios de la Facultad de Exactas y otras casas de estudio podrían aportar al desarrollo de un sistema propio, así como trabajos vinculados a estadísticas del tránsito local.

Por tal motivo Mon fue consultado por El Eco de Tandil, a lo que brindó la posición del bloque con respecto al tema. Cabe recordar, fue a comienzos del mes de enero cuando se supo que -a través del Decreto Nº 11/2025-, el gobierno local extendió 10 meses la contratación para la prestación de servicios referente a la provisión, Instalación, mantenimiento y puesta en marcha del equipamiento técnico para el cobro y administración general del sistema de estacionamiento medido de la ciudad de Tandil a la empresa bahiense Eycon S.A. La misma había vencido el 31 de diciembre pasado.

Como bloque, sostuvo Mon, plantean abordar el tema del tránsito vinculado al transporte público. Tanto en relación al estacionamiento medido como a otras iniciativas en debate, por ejemplo fotomultas. “Los instrumentos recaudatorios tienen que estar vinculados al uso del mejoramiento del transporte, son temas que van de la mano”, precisó.

“Nos parece necesario un profundo estudio. En primer lugar un balance de lo que es la implementación actual. El estacionamiento medido buscaba desalentar el uso de los vehículos particulares en el centro. ¿Eso funcionó? ¿Mejoró la fluidez del tránsito? ¿Desalentó el uso?”, preguntó.

Haciendo mención a la implementación del estacionamiento en mano única, y al estacionamiento medido en sí, el concejal sostuvo que tales propuesta “mejoraron en algunos puntos la fluidez del tránsito pero no terminaron de desalentar el uso del vehículo particular”, y en ese sentido reiteró la necesidad de vincular dichas iniciativas con la inversión en transporte público.

En la misma línea consideró central que para definir un instrumento a futuro se ponga a disponibilidad un balance del sistema vigente. Además planteó “fortalecer el vínculo con la Universidad, en este caso con Ciencias Exactas  y con las unidades ejecutoras que tienen trabajos muy serios y calificados en soluciones de aplicaciones y demás”.

Pero la relación con la Universidad, amplió, podría no limitarse solo al desarrollo de una aplicación sino también a “los estudios sobre los flujos de tránsito, particularmente en el microcentro, y ya no tanto en el microcentro porque si se va a ampliar, entiendo que no va a ser solo microcentro, pero de lo que es el área central de la ciudad, poder tener información constante y sonante.  En el caso del tránsito, es fundamental contar con información actualizada”, concluyó.

La presente etapa del debate recién comienza –todavía no iniciaron las sesiones ordinarias del ciclo legislativo-, y los bloques del Concejo se encuentran a la espera de que el Ejecutivo eleve el proyecto para la ampliación del radio de estacionamiento medido.

En el marco de la discusión del Presupuesto 2025 desde el bloque de concejales de Unión por la Patria incorporaron una contrapropuesta para los aumentos planteados por el Departamento Ejecutivo en la Ordenanza Fiscal Impositiva que rigen las diferentes tasas municipales y una serie de modificaciones con respecto a las orientaciones del Presupuesto de Gastos.

El concejal Severiano Mon declaró durante la sesión: “No podemos supeditarnos únicamente al análisis del presupuesto de gastos sin tener en cuenta la situación del país, que se encuentra en recesión, caída del consumo y el impacto de un ajuste clásico que hace el gobierno nacional”, y ante esta situación agrego que “no podíamos volver a dar una herramienta de aumentos sin tope, por lo que establecimos un límite al aumento de tasas y un desdoblamiento de las subas fijas, a la vez que si se daba una prórroga del presupuesto 2024 quedaba todo librado a la disposición del Departamento Ejecutivo ante la desactualización del mismo”.

Los concejales pertenecientes a este espacio explicaron que “buscamos una salida en la cual el aumento de tasas tenga un menor impacto en el bolsillo del contribuyente prorrateando el aumento inicial planteado en las ítem dedicado a Salud dentro de la Tasa Retributiva de Servicios y la Tasa de Servicios Sanitarios durante los primeros bimestres del año, evitando un salto fuerte en el primer bimestre, para luego sí atar los aumentos al índice inflacionario, que como al resto de las tasas incorporamos un tope de aumento no mayor al 5% en relación al bimestre anterior, a la vez que no puede superar el 25% de aumento anual”.

Desde la bancada peronista puntualizaron: “En cuanto al ítem dedicado a la Salud dentro de la Tasa Retributiva de Servicios y la Tasa de Servicios Sanitarios buscamos evitar un aumento grande en enero, del 100% y 50% respectivamente, por lo que desdoblamos los mismos en los bimestres subsiguientes a la vez que incorporamos un tope a la suba atada al IPC, manteniendo el equilibrio entre la necesidad de recursos de la comuna y el impacto en la economía familiar”. En cuanto a los aumentos atados al crecimiento de la inflación se procuró una fórmula que “no permita un crecimiento mayor al 5% del bimestre inmediato anterior, que se expresa en un tope al 25% anual, esto afectando a todas las tasas en general no solamente a la de Salud y Servicios Sanitarios, buscando que ante cualquier salto inflacionario no haya una escalada mayor en las contribuciones impositivas”.

Por su parte explicaron la particularidad que conllevan las tasas de salud y servicios sanitarios: “en el caso del ítem dedicado a salud el incremento está dado por la altísima demanda en el servicio público de salud municipal, el aumento de los medicamentos por encima de la inflación y las mayores necesidades salariales, que son el 77% del presupuesto del área, en el caso de servicios sanitarios se explica por el carácter deficitario dado por el fuerte aumento de las facturas de luz millonarias que paga”.

En otro apartado explicaron que la discusión no se acotó solamente a lo referido a las tasas sino que incluyó la incorporación de una serie de propuestas al presupuesto como “el reacondicionamiento del nuevo predio de relleno sanitario, compromisos para avanzar con la compra de contenedores que permitan la aplicación de la contenerización en la ciudad, la creación del fondo de fortalecimiento urbano para obras de infraestructura, creación de ciclovías, la ampliación de los beneficios para pasajeros frecuentes del transporte público y el fortalecimiento de políticas vinculadas al deporte”.

Finalmente desde el bloque de concejales ponderaron: “creemos que en un año en el cual los vecinos han sufrido los aumentos de tarifas y precios relativos de la economía esta propuesta busca garantizar un marco de previsibilidad y menor impacto, haciendo un esfuerzo por parte de la comuna desdoblando los aumentos, en lo cual no se resigna presupuesto sino que simplemente se matiza el flujo de ingresos”.

En la sesión del viernes 27, el Concejo Deliberante de Tandil aprobó el Presupuesto 2025. Fue a través de la mayoría lograda por los bloques de la UCR-Juntos y Unión por la Patria, que sumaron 13 votos afirmativos contra los 7 negativos de los bloques de Alternativa Tandil, PRO, MID y Acción Tandilense/La Libertad Avanza.

El proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos elevado por el Ejecutivo contempla un monto que supera los 102 mil millones de pesos – de los cuales 99 mil millones se proyectan para la administración central y 38 mil millones para el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP).

El debate estuvo centrado en los aumentos de tasas, pero la iniciativa incluyó finalmente las propuestas del bloque de Unión por la Patria para establecer las subas de manera escalonada y con topes.

“Va a ser un presupuesto magro. Sin anuncios rimbombantes y de sostenimiento de los servicios. Con un volumen para obras que supera apenas los 10 mil millones, siempre a partir de fondos afectados”, sostuvo la concejal María Haydeé Condino, referente del bloque oficialista en asuntos presupuestarios. Además, explicó el escalonamiento en la suba de tasas -por ejemplo la que afecta a Salud, que contempla uno de los mayores aumentos- y marcó que dicho incremento “no fue el elevado por el Intendente”.

Por su parte el concejal Severiano Mon -de Unión por la Patria-, señaló que la propuesta del bloque de desdoblar las subas tuvo que ver con que “la carga tributaria sea la menor posible para los vecinos”, pero también remarcó que en el Presupuesto en general “la información es muy escueta” en relación al desglose de los gastos proyectados para cada área.

El resto de los bloques hicieron diferentes observaciones sobre lo expeditivo del tratamiento de la iniciativa -17 días desde que el oficialismo elevó el proyecto-, y sobre los mencionados aumentos de tasas. Sobre este último punto, los ediles opositores volvieron sobre el Presupuesto 2024 y el “desajuste” entre lo que se previó gastar y la diferencia con lo que se terminó recaudando.