Luego de que la subsecretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Juliana Teerink, confirmara que en Tandil el protocolo de intervención para casos de personas que se encuentran en situación de calle estaba activo, la concejal mandato cumplido Silvia Nosei clamó que nunca existió un procedimiento para eso y que nadie sabe cómo debe actuar en esas situaciones.

Si bien resaltó que, como ya no ocupa una banca en el Concejo Deliberante, no buscaba confrontar con nadie, expuso en comunicación con el programa Cosas que Pasan, que se emite por Tandil FM 104.1, que “cuando hay una persona en situación de calle, nadie sabe qué hacer”.

En ese sentido, destacó que, ante todo, no hay claridad en la comunicación y que lo que se difunde no anda: “El protocolo no funciona”.

“No hay un protocolo cierto. Yo presenté muchos proyectos pero fueron archivados o cajoneados”, lamentó Nosei y agregó: “Dicen que en Tandil no hay situación de calle. Y no importa si es uno, dos o son muchísimos los casos. Una ciudad intermedia como esta, que se jacta de ser la más linda del país, no puede no tener un protocolo de accionar ante una inminente situación así”.

Finalmente, en concordancia con lo que estaba exponiendo, enfatizó que cuando una ciudad crece, también aumenta la cantidad de personas que duermen en la vía pública, de modo que remarcó que el procedimiento debe estar bien aceitado para que se pueda actuar en el momento y no se tenga que esperar a que los vecinos se preocupen.

Con la llegada del frío, el uso de calefacción se vuelve más habitual y con ello, la importancia de tomar ciertos recaudos para evitar los accidentes en hogares por escapes de monóxido de carbono.

En esa línea trabajó la concejal del Frente de Todos, Silvia Nosei. Durante varias semanas, la integrante de la bancada que preside Rogelio Iparraguirre se abocó a la redacción de un proyecto de ordenanza que establezca la obligatoriedad de la colocación de un detector de monóxido de carbono en viviendas.

Con la decisión de avanzar con un esquema que se pueda aplicar en la ciudad, realizó consultas a técnicos y a especialistas en la materia para incorporar un inciso en el Código de Edificación que exija la instalación del dispositivo como otro requisito para obtener el final de obra.

Así, elaboró una propuesta legislativa que denominó Maite, por una joven que murió por esta causa, y que establece la “obligación de incorporar en todas las obras familiares y multifamiliares un detector de monóxido de carbono que contenga alarma sonora y lumínica”.

El texto tomó estado legislativo en la última sesión y ahora se espera su tratamiento en comisión.

El articulado de la propuesta

En su artículo primero, el proyecto de ordenanza establece la incorporación a la sección I, 1.3.2.3 Documentos necesarios para tramitar la inspección final del Código de Edificación del Partido de Tandil. Así, contempla “la obligación, para obtener el final de obra, incorporar a todas las construcciones familiares y multifamiliares, de ejecución pública y/o privada un detector de monóxido de carbono que contenga alarma sonora y lumínica”.

En tanto, según el artículo segundo, incorpora a la sección I, 1.3.3.9 Documentos necesarios para tramitar la inspección final de obras sin permiso (ampliación, reforma, incorporación), “la obligación incorporar el detector de monóxido de carbono”.

Luego, en el artículo tercero, insta a “controlar que los aparatos colocados cumplan con la Resolución Nacional del Enargas 3736/16 (Aparatos eléctricos para la detección de monóxido de carbono)”.

A partir de la promulgación de la ordenanza, “se articulará  con la empresa proveedora de gas (Camuzzi Gas Pampeana) para que las viviendas familiares y multifamiliares preexistentes, ya sean públicas o privadas, incorporen los detectores de monóxido de carbono en las instancias de cambios de titularidad, retiro de medidor por alguna causa y reconexión, etc.”, fija el artículo cuarto del proyecto de ordenanza.

La ubicación, cantidad y determinaciones técnicas deberán ser indicadas por la autoridad de acuerdo con la normativa emitida por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y deberá indicarse en los planos, indica el siguiente punto.

Para finalizar, el texto propuesto apunta al Departamento Ejecutivo para que, “a través del área que corresponda, realice campañas de difusión de las medidas preventivas para disminuir los eventos por intoxicación de monóxido de carbono y el beneficio del uso del detector”.

Los argumentos

La propuesta de ordenanza enumera una serie de considerandos que parten de los accidentes que se produjeron en el país por la emisión de monóxido de carbono y pérdida de gas licuado.

Así, repasa que los accidentes “ocurren habitualmente en época invernal”, y que “resulta necesario poder actuar en forma urgente para prevenir posibles accidentes en la ciudad”.

En tanto, cita que el monóxido de carbono, “producto secundario de una combustión incompleta (quema sin suficiente oxígeno) no se puede ver, ni oler, ni probar, y como tal, resulta imposible de ser registrado por medio de los sentidos humanos, pero sí puede ser detectado mediante dispositivos que, con alertas eficaces de carácter sonoro o lumínico, prevengan las consecuencias fatales que se generan por la exposición al mismo”.

En este sentido, “es necesario gestionar la colocación de los detectores que ayuden a la prevención” y que, ante esta problemática, “es de suma importancia que todas las viviendas cuenten con los mecanismos e instrumentos inteligentes que sirvan para detectar fugas de gas con fiabilidad, localizar gases licuados, propano, gas natural”.

Además, que “se encuentren conectados al servicio de emergencia que corresponda para que al activarse la alarma, se puedan adoptar las medidas que prevengan accidentes, daños, lesiones y pérdida de vida”.

En otro de los argumentos de la propuesta, indica que estos detectores, de variada oferta en el mercado doméstico, “presentan costos bajos, motivo que los hace de fácil accesibilidad y su colocación cumpliría con los fines preventivos para los cuales fueron diseñados, haciendo que la colocación sea absolutamente posible”.

Y aclara que el proyecto “está orientado a generar condiciones para que los ocupantes de una vivienda tengan entornos adecuadas de seguridad y se eviten experiencias dolorosas provocadas por los efectos contaminantes que tienen origen en este tipo de emanaciones”, y que el objeto son las viviendas con destino propio de la familia y también aquellas que se construyen con la finalidad de ser alquiladas.

La incorporación de aparatos detectores de monóxido de carbono y/o de gases en el ambiente resulta “indispensable” para la salud de las personas y la preservación de un medioambiente sano.

A la par del desarrollo de la campaña de vacunación, continúan las repercusiones en torno a las presuntas irregularidades en la aplicación de dosis contra el coronavirus en el vacunatorio municipal a funcionarios que no integraban la población de riesgo priorizada en esa etapa.

Luego de suspender la convocatoria prevista para la semana pasada, mañana se reunirá el Comité Multidisciplinario e Interinstitucional para la promoción de la Campaña de Vacunación contra el Covid-19.

La expectativa es abordar la polémica que se generó luego de que tomara estado público la inmunización del encargado de la coordinación técnico – operativa de Secretaría Privada, Roberto Pérez, estrecho colaborador del intendente Miguel Lunghi, y de la coordinadora de la Casa de Abrigo Martha Pelloni, Patricia Rizzardi, mujer del actual director de Salud Comunitaria, Pablo Díaz Cisneros.

El tercer caso que trascendió públicamente, el del exjefe de Gabinete y responsable de las campañas electorales, Julio Elichiribehety, quedaría por fuera de esta discusión por tratarse de un exfuncionario. El encuentro será este jueves, a las 12.30, y estará encabezado por el jefe comunal y participarán los actores representantes de todas las fuerzas políticas y de los organismos de los tres niveles del Estado.

En la previa a la audiencia, la Comisión de Salud y Desarrollo Social del Concejo Deliberante se reunió con las autoridades de Sistema Integrado de Salud como cada lunes pero no abordó aspectos vinculados a las presuntas irregularidades. Por el contrario, optó por descifrar la polémica por la vía institucional, ya sea el comité pro vacuna y el pedido de informes que elevó el Frente de Todos.

Por su parte, el intendente Miguel Lunghi se pronunció públicamente sobre la polémica. En un posteo a través de su cuenta de Facebook, anunció que puso a disposición de Provincia toda la documentación para contribuir con la investigación que dio curso a partir de la denuncia de un vecino sobre dos de los tres casos detectados.

“Además de brindar la información de rigor, queremos despejar cualquier duda que pudiera haberse creado en torno a agentes que interactúan a diario con el sistema de salud y dar muestra de nuestro correcto proceder”, expuso.

En ese sentido, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, ratificó que continúan las averiguaciones por las presuntas irregularidades, sin precisar el curso que eventualmente tendrá la investigación.

Por la vía institucional

Una semana después de conocerse el escándalo, la Comisión de Desarrollo Social y Salud del Concejo Deliberante volvió a reunirse, en cumplimiento con el encuentro semanal con las autoridades del Sistema Integrado de Salud Pública.

El presidente del espacio, Luciano Grasso, dijo que analizaron la situación epidemiológica de la ciudad, la disponibilidad de plazas y la continuidad de los testeos, incluido el puesto de demanda espontánea que funciona en la Terminal de Ómnibus.

Asimismo, apuntó a la instancia que se creó por unanimidad por ordenanza el pasado 12 de febrero para tratar puntualmente el desarrollo de la campaña de vacunación, mientras que resaltó la decisión del Intendente de aportar toda la información que requiera el Ejecutivo provincial para la investigación en marcha.

“No hay nada que el jefe comunal precie más que la transparencia en la gestión y en los actos de su gobierno”, defendió el concejal del oficialismo, que puso énfasis en la importancia del comité para “seguir profundizando y expresando las distintas miradas y rindiendo cuentas, pero con el objetivo de una gestión transparente de la vacunación”.

Por su parte, la vicepresidenta del espacio legislativo, Silvia Nosei (Frente de Todos) reconoció la decisión de no indagar a las autoridades sanitarias y confirmó que el proyecto de comunicación que elevó días atrás el bloque fue enviado al Ejecutivo. “Como no hicieron mención, directamente quedamos al aguardo que nos respondan formalmente”, resaltó.

En efecto, apostó por la vía institucional para obtener certezas que permitan aclarar la situación y dotar de transparencia al proceso que se lleva a cabo en la ciudad, por lo que expresó su acuerdo de enviar el expediente al Ejecutivo.

“Así como reclaman transparencia y claridad, buscamos que de manera transparente nos respondan por qué hubo gente vacunada por fuera del sistema de turnos que elaboró la Provincia”, explicó.

Por eso, ante el “destrato” de las autoridades sanitarias, “nosotros vamos por la vía formal”, comparó y aseguró que igualmente deberán brindar las explicaciones correspondientes mañana, cuando se reúna el comité pro vacuna.

Para finalizar, Nosei resaltó el “impecable” desarrollo de la campaña de vacunación por parte de la administración bonaerense.

Provincia avanza sobre dos denuncias

El jefe de gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, ratificó en conferencia de prensa que siguen el curso de dos denuncias sobre vacunación presuntamente irregular en Tandil.

“Estamos trabajando con la información para ver qué curso se le da”, detalló el funcionario de la administración bonaerense y agregó “también otra denuncia sobre la esposa de la persona que está a cargo de la vacunación en el Municipio, que en principio no es un lugar de salud”.La Provincia se comunicó con los denunciantes para tener más datos de lo acontecido. Luego, se pidió más información al Ministerio de Salud y el proceso se encuentra activo.

En el marco de una serie de intervenciones realizadas a partir de las quejas de afiliados por la caída en las prestaciones, sumada a la deuda con Tandil, la Comisión de Desarrollo Social y Salud del Concejo Deliberante recibió al director regional del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), Santiago González, para escuchar los argumentos en torno a las diferencias que mantiene con el Círculo Médico de Tandil, que derivaron en la suspensión de las prestaciones a los afiliados en traumatología, ortopedia, ginecología y obstetricia.

Con esta reunión, los integrantes del espacio legislativo pudieron conocer los argumentos de ambas partes para avanzar con una propuesta que genere un ámbito de intercambio con la presencia del Legislativo.

En diálogo con El Eco de Tandil, el concejal Luciano Grasso aseguró que no hay avances en el tema y reconoció que la mayor preocupación es la situación de los afiliados, que “tienen el derecho a la cobertura en salud por parte de la obra social y que hoy no la están teniendo. Para poder garantizar eso, tiene que haber un diálogo”.

Bajo esa premisa, consideró que “lo mejor” es que el director regional de IOMA se reúna con las autoridades del Círculo Médico, y dijo que desde la Comisión “vamos a proponer en los próximos días que el encuentro se produzca en ese marco”.

“Estamos a disposición para eso. Seguimos con la misma preocupación, intentando que se resuelva a la brevedad”, ratificó, a la vez que destacó el gesto del funcionario de la institución bonaerense de cumplir con la convocatoria de los concejales.

La reunión

El martes pasado, en el primer piso de la Municipalidad, se produjo el encuentro en el que los integrantes del espacio legislativo escucharon la voz de la obra social de la provincia de Buenos Aires, tal como lo habían hecho con los representantes del Círculo Médico. En este caso, estuvo presente el director regional de IOMA, Santiago González.

Durante el intercambio, uno de los temas abordados fue la deuda que mantiene con el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) por prestaciones realizadas a pacientes afiliados, que ronda los siete millones.

En ese sentido, el funcionario se comprometió a reunirse con las autoridades del sistema sanitario para analizar el estado de situación de los números y el posible plan de pago. “Lo importante es que se genere este encuentro para definir cómo avanzar en ese sentido”, destacó.

En cuanto al conflicto con el Círculo Médico, Grasso indicó que González compartió sus argumentos, pero alertó que no hubo avances dado que, al escuchar posturas “tan diferentes” sobre una misma situación, la salida es generar un espacio de diálogo y negociación para alcanzar puntos de acuerdo entre las partes.

“Nos parece que lo mejor es que ambas instituciones se sienten a dialogar y que encuentren puntos de acuerdo en cada uno de los ejes en los que tienen tantas diferencias”, planteó.

La dos versiones

A su turno, la vicepresidenta de la Comisión de Salud, Silvia Nosei (Frente de Todos), planteó que del mismo modo en que recibieron a los profesionales del Círculo Médico, “lo correcto era escuchar al director de la Región Sanitaria VIII de IOMA” para tener las dos versiones.

“Lo que nos llama la atención es cómo en la mayoría de los distritos se cubren todas las prestaciones y en Tandil no, donde siempre hay una situación tensa entre ambas instituciones”, planteó y citó que una de las alternativas que expuso el funcionario de la obra social es contratar profesionales que cumplan con las prestaciones.

La concejal de la oposición reconoció que el tema se presenta complejo, ya que hay vigente un convenio que debe cumplirse. Independientemente del desacuerdo, incluso en términos económicos, alertó en que los principales afectados son los afiliados.

Para finalizar, lamentó este escenario y si bien reconoció que el Concejo no tiene potestad en las diferencias, remarcó la importancia de sumar los argumentos de la otra parte.

La concejal del Frente de Todos Silvia Nosei participó este sábado por la mañana de un encuentro virtual que estuvo encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín; el presidente del Bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja, Facundo Tignanelli; y el presidente del Bloque oficialista en Senadores, Gervasio Bozzano, en el que se coordinó la agenda legislativa provincial con las distritales.

En el marco del Foro Legislativo Bonaerense del Frente de Todos, más de 100 concejales de la quinta sección electoral se reunieron a través de la plataforma digital Zoom. Por parte de los diputados bonaerenses estuvieron presentes Juan Pablo de Jesús, José Ignacio “Cote” Rossi, Débora Indarte, Marcela Faroni y Germán Di Césare, y la senadora provincial Gabriela Demaría.

“Alberto (Fernández) y Axel (Kicillof) se están rompiendo el alma para poner al país y a la Provincia de pie con una lógica integral”, destacó Otermín. Además, sobre la realidad bonaerense, planteó que “Axel nos pide tener una mirada seccional y para eso hay que profundizar la articulación con las y los concejales y militantes que son quienes mejor conocen la realidad al interior de los distritos con sus particularidades locales”.

Por su parte, Tignanelli indicó: “Es importante seguir trabajando de forma unida y articulada entre todos los concejales, las concejalas, los diputados y diputadas, para fortalecer el espacio en la quinta sección y a su vez en toda la Provincia”.

Para concluir, Federico Otermín convocó a las y los concejales a “coordinar acciones junto a la Cámara de Diputados Bonaerense, que está abierta a todas las propuestas para consolidarse como la caja de resonancia de las necesidades de las y los bonaerenses con trabajo y organización”.

Además de Tandil, participaron referentes de los Concejos Deliberantes de Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Pueyrredón, Monte, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, General Paz, San Cayetano, Tordillo y Villa Gesell.

En función de la necesidad de establecer herramientas que permitan igualar las condiciones económicas y de salud entre varones y mujeres, el bloque de concejales del Frente de Todos presentó un proyecto de ordenanza que apunta a garantizar la provisión de artículos de gestión menstrual en el ámbito del Sistema Integrado de Salud Pública (SISP).

La iniciativa, impulsada por la concejal Silvia Nosei, en su artículo primero señala que el objetivo es establecer un programa de provisión de productos de gestión menstrual que garantice los siguientes objetivos: “visibilizar como cuestión de interés público la salud de personas menstruantes; asegurar el derecho de acceso gratuito e irrestricto a productos de gestión menstrual”.

En el siguiente punto, el documento considera como productos de gestión menstrual a “toallitas higiénicas, tampones, esponjas marinas menstruales, paños lavables, ropa interior absorbente, copas menstruales, y todo producto de contención apto para su utilización durante la menstruación”.

A través del programa, según el artículo tercero, “deberá garantizar la entrega gratuita de productos de gestión menstrual junto a información veraz, detallada, basada en la evidencia científica, a través de todos los centros de Atención Primaria de Salud dependientes del Sistema Integrado de Salud Pública; Hospital Municipal “Ramón Santamarina”; Hospital de Niños “Dr. Debilio Blanco Villegas”; Hospital Rodríguez Larreta (Vela) y Hospital de Salud Mental “Tita Brivio””.

En tanto, la autoridad de aplicación del programa, que será la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, podrá articular con la Jefatura Distrital de Educación y el Consejo Escolar la provisión de estos productos a las alumnas que asisten a las escuelas públicas de gestión estatal de cada barrio de la ciudad, a la vez que también podrán realizar acciones educativas en dichos establecimientos.

Por último, el texto presentado faculta al Departamento Ejecutivo para asignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento con el objetivo del programa.

Los fundamentos

Entre los puntos que sustentan la propuesta impulsada por el Frente de Todos, destaca que resulta necesario establecer como política pública local la provisión gratuita de estos productos “de forma accesible, efectiva e irrestricta a toda persona con cuerpo menstruante que así lo solicite”, pero también que se los reconozca “como parte de las necesidades básicas”.

Asimismo, el documento indica que las dificultades para acceder a estos elementos traen “consecuencias graves para la salud”, y que “durante aproximadamente treinta años”, las mujeres adquieren estos artículos en distintas etapas de su vida. “Se estima un gasto de 1.482 pesos por año, quedando en estado de vulnerabilidad aquellas personas que no pueden afrontar ese costo”, alerta el proyecto de ordenanza.

Y plantea que, a diferencia de los métodos de planificación familiar (preservativos, pastillas anticonceptivas, etc.) que por ley el Estado debería entregar en forma gratuita, no existe política que garantice que las mujeres tengan acceso gratuito e irrestricto a estos productos, y agrega que la falta de provisión gratuita “aumenta la desigualdad económica entre varones y mujeres, sobre todo en los grupos más vulnerables económicamente”.

Más considerandos

En otro de los párrafos, detalla que “la menstruación como factor de desigualdad es transversal a la educación, la política, la distribución de ingresos, la salud y la identidad” y que el proyecto “está respaldando y garantizando uno de los aspectos básicos de la salud integral femenina”, siendo la Organización Mundial de la Salud la que señala que: “el derecho a la salud implica gozar del más óptimo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad o malestar”.

Y por último, revela que el derecho a la salud es “inherente a toda persona”. Sin embargo, “existen determinados grupos sociales que debido a los prejuicios y estereotipos de género, atraviesan situaciones de vulnerabilidad social y económica, que le generan mayores obstáculos para acceder a los elementos que necesitan, siendo el Estado quien debe intervenir con políticas públicas para prevenir situaciones de riesgo”.

El Ejecutivo elevó la semana pasada al Concejo Deliberante un pedido para extender la vigencia de la emergencia sanitaria en el partido de Tandil por la pandemia del coronavirus que se sancionó por 180 días el 17 de marzo pasado.

El expediente despertó las críticas de la oposición, que apuntó contra la administración comunal por la gestión de estos meses y la inversión realizada para reforzar el sistema sanitario, pese a la medida que amplió las facultades en el manejo de recursos. “Los números no cierran pero quieren que aprobemos la prórroga de la ordenanza que declara la emergencia sanitaria”, expuso en su descargo la concejal del Frente de Todos, Silvia Nosei.

En medio de una compleja actualidad sanitaria, con una tendencia en alza de contagios y con ocupación de camas de cuidados críticos, el expediente fue tratado el lunes en la Comisión de Desarrollo Social y Salud, que preside Luciano Grasso (Juntos por el Cambio), donde logró dictamen favorable.

Luego, se puso en discusión en el ámbito de la Comisión de Economía y Administración, a cargo de María Haydeé Condino (Juntos por el Cambio), donde alcanzó un dictamen en conjunto que habilitará su tratamiento en el recinto para la sesión prevista para la semana próxima.

Los cuestionamientos a la gestión

La vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Salud, Silvia Nosei, fue la encargada de marcar aquellas medidas que, a criterio de la bancada, el Gobierno comunal incumplió pese a la sanción de la normativa.

En diálogo con El Eco de Tandil, repasó algunos de los aspectos en torno a algunos de los 17 artículos que conforman la ordenanza 16.866 y su puesta en práctica.

En primer lugar, hizo referencia al sexto punto de la normativa, que crea el Comité Municipal de Seguimiento y Gestión de Riesgo. El espacio, según el texto aprobado, estará  presidido  por  el  Intendente   e  integrado  por  miembros  del Ejecutivo  que  se  consideren  pertinentes, autoridades del Sistema Integrado de Salud Pública, y representantes del Departamento Deliberativo de cada bloque, e invita a participar a autoridades de la Unicen y fuerzas de seguridad, armadas, Jefatura Distrital y Consejo Escolar.

El comité “estará facultado para realizar protocolos y recomendaciones necesarios,  comunicar los realizados por otros niveles del Estado, y favorecer todas las acciones pertinentes. Su  funcionamiento  será  semanal  y  estará facultado para invitar a sus reuniones a toda aquella institución o persona que se considere necesario”.

“Pero no nos convocaron a ese comité de gestión”, se quejó Nosei, que enfatizó que “no se cumplió nunca”, y agregó en su descargo que “tampoco fuimos llamados cuando se juntaron ‘algunos’ para definir el semáforo y que la ciudad no quedara atada al sistema de fases de la Provincia”.

En ese sentido, expresó preocupación por las medidas “arbitrarias” y “desafortunadas” que toma el Ejecutivo. “Representamos a un 40 por ciento de la población que nos votó, entonces no nos pueden dejar de lado así”, enfatizó.

“Un papelito”

En otro de los cuestionamientos, que incluso reflejó en una publicación a través de las redes sociales, Nosei apuntó que recibió “un papelito” con el reporte de los gastos del Sistema Integrado de Salud de acuerdo al segundo informe bimestral que establece la ordenanza 16.866.

Y citó el artículo séptimo de la normativa, que autoriza al Ejecutivo a desafectar los saldos disponibles al 31 de diciembre de 2019 y los correspondientes al ejercicio 2020 de los fondos afectados de origen municipal con  miras  a  afrontar  la  situación  de  emergencia. Para ello deberá informar  al  Concejo cada 60 días la evolución de los gastos.

Además del presupuesto, sumó las donaciones de funcionarios y vecinos de la ciudad y un 15 por ciento del Fondo de Ayuda Solidaria para aparatología.

“¿Dónde está todo ese dinero con los números que vemos que se han gastado?”, se preguntó Nosei sobre el registro informado.

En cunado a “infraestructura y equipamiento”, informa sobre la inversión de 1,1 millón de pesos el primer mes y 165 mil pesos el segundo. “¿Pero qué se hizo?”, insistió y comparó con el porcentaje que se destina del FAS para aparatología.

En “barbijos, guantes y otros insumos”, el informe reporta un total de 1.903.263 pesos, “pero no sabemos en detalle”, y alertó sobre los reclamos del personal para que se refuerce la protección para reducir el riesgo de contagio.

Asimismo, expuso que el sistema sanitario aplicó una serie de restricciones en los primeros meses de la emergencia, por lo que el Hospital “estuvo prácticamente vacío y sin actividad, salvo las urgencias, durante dos meses”.

Por eso, indagó sobre los recursos que no se invirtieron durante ese tiempo, “donde no hubo prácticamente movimiento” y que podría haberse utilizado para realizar algunas obras de infraestructura y reforzar el equipamiento.

“Estamos en el peor momento sanitario y, a estas alturas, podemos asegurar que no hubo previsión y que lamentablemente el costo de una gestión pondrá en riesgo la salud de todos los ciudadanos”, concluyó.

Mientras Tandil transita por un proceso de incremento en los casos de coronavirus, que tuvo su máxima expresión el jueves 20 con 33 contagios, el bloque de concejales del Frente de Todos presentó esta semana un proyecto de comunicación al Sistema Integrado de Salud Pública que busca resolver el inconveniente que provoca la intermitencia en la provisión de agua caliente en el Hospital Municipal “Ramón Santamarina”.

Por medio de la iniciativa, impulsada por la concejal Silvia Nosei, integrante de la Comisión de Desarrollo Social y Salud, solicita al Departamento Ejecutivo que, a través del Sistema Integrado de Salud Pública, “proceda a la pronta reparación de los artefactos de los cuales depende el suministro de agua caliente en todas las áreas del Hospital Municipal ‘Ramón Santamarina’”.

La propuesta se presentó el miércoles pasado y se presume que ingresará a la comisión que preside Luciano Grasso (Juntos por el Cambio) para darle tratamiento a un tema que sigue sin solución y que genera el reclamo de pacientes y del personal.

“Esperamos que se pueda hablar, con respeto. Pasaron muchos meses pero hay cosas que son importantes y el dinero está para el arreglo. Las cosas se tienen que hacer y el tema del agua caliente se está volviendo una problemática que se reitera”, resumió la edil a El Eco de Tandil.

Entre los considerandos, indica que los profesionales de la salud hicieron llegar el reclamo puntual por la falta de agua caliente y la “intermitencia desde hace meses”, y que la situación “ocurre desde hace meses, sin lograr el flujo de agua caliente permanente en todas las salas” del centro asistencial público.

Y agrega que, de acuerdo a lo indicado por los trabajadores, los pacientes internados en los pisos donde se registra el inconveniente “deben higienizarse con pavas de agua caliente que les acerca el personal”.

La problemática

La situación con la provisión de agua caliente sumó nuevos episodios y reclamos pese al recambio de las calderas.

Lo cierto es que en octubre de 2018, una vez que se terminó la obra de recambio del caño troncal de la red de gas en el Hospital Municipal “Ramón Santamarina”, los inconvenientes que se presentaron en la provisión de agua caliente en distintos sectores del antiguo edificio obligaron a impulsar obras para reemplazar el viejo sistema.

Las dificultades, que coincidieron con el proyecto para reemplazar los ascensores camilleros, determinaron el recambio de la caldera y el posterior reemplazo de las cañerías para optimizar el sistema con una instalación por sector.

Necesidad de una solución

La concejal del Frente de Todos se hizo eco de una problemática que lleva varios meses, pese a las tareas realizadas, como el recambio de las calderas y el recambio de las cañerías de la antigua estructura.

Cuando empezó el año, “sobre todo en el área de maternidad, hubo algunas quejas”. A los pocos meses, comenzaron las primeras señales de la llegada de la pandemia y llegó la declaración de la emergencia sanitaria, que enfocó todas las acciones en tratar de contener el escenario que se preveía. “Estábamos todos muy concentrados en una situación muy compleja como lo es el Covid-19”, reconoció.

Sin embargo, en las últimas semanas volvieron los planteos ante un problema que persiste. “Por más que estemos en una situación difícil, no podemos desatender a las personas que están internadas y además los profesionales de salud, que están en la primera línea, necesitan estar bien, cómodos y contar con todos los insumos”, defendió la vicepresidenta de la Comisión de Salud del Concejo.

Así como la ciudad ha crecido, también la fauna urbana experimentó una notable multiplicación en los últimos años y desde el Frente de Todos, la concejal Silvia Nosei planteó la necesidad de que se cumplan los cronogramas de castración y se propuso avanzar en un proyecto para la creación de un Centro de Atención Veterinaria no arancelado.

Se trataría de un sistema similar al del Hospital Público de humanos, solventado por el Estado y sostenido en parte por los impuestos a la población, por lo que prefirió no llamarlo gratuito.

La integrante de la Comisión Permanente de Control y Seguimiento de la Ordenanza 7028 (Copecos) se embarcó hace varios meses en la concepción de la propuesta, de modo que mantuvo reuniones y encuentros de carácter informativo con los titulares de la Protectora de Animales (PAT) y del Movimiento Activista Animal (MAA), entre otras asociaciones y voluntarios.

Según indicó, la problemática de la fauna urbana es vista por todos, y por mayor buena voluntad que exista por parte de los distintos espacios y organizaciones dedicadas a su atención, el sistema colapsa.

En este sentido es que planteará la necesidad de que todos los animales tengan derecho a ser atendidos, ya que no todos pueden acceder a una vida digna, porque más allá de que algunos son de la calle hay casos en que los mismos dueños no cuentan con la capacidad económica.

De esta forma, un lugar de asistencia que funcione gestionado por el Municipio se presenta como la solución integral a este conflicto.

Control ético poblacional

“El centro tiene que ser una política pública del Estado, e iría en sintonía con el programa de castraciones, para que la gente pueda tener a su mascota bien atendida, más allá de las vacunas también en cuestiones más complejas”, señaló.

Consideró que a partir de esta creación se podrá lograr una sana convivencia entre las personas y los animales, pero calificó de fundamental que la política pública de castraciones y la posibilidad de atención de otras afecciones deben ir de la mano.

Ante esto mencionó que la Ordenanza 7028 vigente es del 1966, entonces está muy atrasada en el tiempo y es necesario actualizarla. En la misma, hay un punto que refiere a las esterilizaciones y según Nosei actualmente no se está cumpliendo. Resaltó que no hay que trasladar las responsabilidades a las personas punitivamente, sino que “hay que pensar en un Estado presente”.

Si bien lo ideal sería que el Municipio, desde la Dirección de Bromatología, aborde el ciento por ciento de las castraciones, la edil contempló que “hay un déficit que no permite llegar a un control ético poblacional de esta fauna”.

Shock de intervención

Tal como manifestó la concejal de la oposición, es imperioso reformar la normativa y preparar un cronograma que se cumpla en tiempo y espacio, ya que según ha conocido el quirófano móvil muchas veces no llega a castrar a todos los animales que acercan las personas, por llegar más tarde que el horario pautado o no presentarse.

De hecho, reveló que vecinos de Azucena se comunicaron recientemente con referentes de movimientos y grupos que trabajan en pos de la salud animal para descargar su enojo respecto de lo acontecido en la última jornada de castración.

El móvil de Bromatología, que no iba desde marzo de 2019 a esa localidad rural, castraría el martes 11 de agosto de 8 a 12, según lo publicado, por lo que los habitantes hicieron fila desde temprano. Sin embargo, se quejaron porque comenzaron a atender pasadas las 9 y posteriormente avisaron que no podrían intervenir a todos los que estaban esperando.

“Muchos vecinos volvieron a sus casas, algunos a varios kilómetros de donde estaba ubicado el móvil, con sus animales sin castrar”, lamentó Nosei, quien destacó que tal como se recomienda las mascotas estaban en ayunas para que llegaran a la práctica en condiciones.

Otro caso se reveló el pasado viernes 14 de agosto, cuando se suspendió una jornada de castración en Iraola, por falta de un espacio. “Lo único que se necesita es un enchufe y un baño, ¿acaso no hubo tiempo suficiente para encontrar ese lugar y armaron el cronograma igual?”, cuestionó. “Esta falta de políticas públicas, esa desidia por parte de quienes son responsables de llevarlas a la práctica, tienen como consecuencia la sobrepoblación, el maltrato y el abandono”, aseveró.

Ante esto, también se posicionó en la necesidad de generar conciencia y educar al respecto, ya que “los perros y gatos no son descartables”, no se pueden abandonar porque sí. Subrayó la idea de un “shock de intervención” para bajar en grandes cantidades las pariciones.

En este punto, sostuvo que es indispensable que Bromatología con la capacidad y los profesionales que tiene aborden esta problemática, y llegar a castrar al ciento por ciento, sin perder de vista la creación de un Centro de Atención Veterinaria Público que pueda recibir la demanda espontánea de los vecinos que de manera responsable cuidan de la salud de sus animales.

Beneficios de la castración

Finalmente, la concejal del Frente de Todos contó que a medida que se fue interiorizando sobre la problemática de la fauna urbana, enumeró una serie de situaciones favorables que derivan luego de una intervención quirúrgica para esterilizar a perros y gatos, y por otro lado, señaló los mitos que giran en torno a la misma.

Según postuló, la castración previene tumores y enfermedades venéreas; a la vez que evita escapes, extravíos y accidentes; como también mejora el carácter del animal y disminuyen las peleas; además impide embarazos psicológicos, preñez y crías no deseadas; y finalmente, reduce la marcación de territorio y elimina el sangrado.

En tanto, la concejal advirtió que es falso que la hembra deba tener una cría o atravesar un celo antes de ser intervenida; ni es verdad que el macho deje de ser guardián al castrarse, tampoco engorda por ese motivo ni dejan de “divertirse”.

La concejal por el Frente de Todos Silvia Nosei presentó un proyecto de comunicación para que el Departamento Ejecutivo informe los motivos del incumplimiento de la Ordenanza Municipal 9740, que refiere a los perros potencialmente peligrosos. La iniciativa surgió a partir de encuentros de trabajo con referentes del Movimiento Activista Animal, entre ellos el presidente Ezequiel Escudero, que se concretaron luego de que un pitbull atacara a varias personas en Paz y España.

Si bien la inquietud y la necesidad de ahondar en el tema surgió luego de ese violento episodio, la concejal refirió que ya el año pasado, en el marco de la Comisión de Salud y Desarrollo Social, el oficialismo había planteado la posibilidad de realizar una reunión, pero “quedó en la nada”.

“Y la verdad, como vicepresidenta de la Comisión de Salud, a mí me interesan mucho estas cosas. Porque más allá de que estemos en el marco de la pandemia y que todas las energías se pongan en el coronavirus, hay otras cuestiones graves que están pasando o que, por lo menos, deben ser tenidas en cuentas. Como por ejemplo el maltrato animal, el incumplimiento de una ordenanza”, clamó Nosei en diálogo con El Eco de Tandil. Agregó que “no hay pandemia que valga” y que estas situaciones también deben controlarse.

Respecto a la reunión que mantuvo con Escudero, señaló que además de escucharlo y poder conocer en profundidad algunos detalles, se puso a disposición de la organización para acompañarlos en los reclamos y trabajar de manera mancomunada para que en Tandil se tome conciencia de lo que significa un perro potencialmente peligroso. “Hay que cuidar a las personas pero también debe existir una protección para el animal, no debe beneficiarse uno en pos de un maltrato al otro”, sentenció.

Los ejes de la ordenanza vigente

El planteo que hizo Escudero en nombre del Movimiento es que no se está cumpliendo la ordenanza y puso el foco en cuatro ejes fundamentales: registro municipal de tenedores de perros potencialmente peligrosos, que debe ser confeccionado de manera conjunta entre la Dirección de Bromatología y el Colegio de Veterinarios; licencias para quienes tengan estos animales; colocación de chip canino para que cuando ocurra un episodio se conozca a quién corresponde; y castración obligatoria.

“Convengamos que son animales que justamente pueden ser peligrosos entonces se debe conocer cómo está la persona que lo tiene, debe hacerse un análisis psicofísico”, advirtió la concejal.

Indicó, además, que “es una visión multifocal, ya que abarca todos los aspectos del perro, como la raza y sus características, pero también tiene que ver con el humano que va a ser poseedor de él. La cuestión de agresión que transmiten ciertos perros se relaciona con la agresión que hay entre humanos”.

Por ende, evaluó que si bien es un tema de largo debate y muy complejo, “es apasionante” para quienes lo comprenden. En su caso, manifestó que debe acompañar al movimiento para que se respeten las ordenanzas vigentes.

La problemática no es nueva

Si bien resurgió ahora con el ataque del perro de raza pitbull, reconoció la edil que “hay irregularidades desde antes”, según lo que pudo dialogar con el presidente del Movimiento Activista Animal.

Escudero le advirtió que hay castraciones que no se realizan, hay una gran cantidad de chips que no se colocan y un faltante notorio de registros.

Silvia Nosei resaltó también otro problema con los animales semidomiciliarios: “La fauna urbana se divide en domiciliarios, que tienen su dueño y sus cuidados, y los semidomiciliarios, que son los que están en cualquier dependencia y son de todos pero a la vez de nadie, entonces deben ser censados para poder tener un control y que alguien se haga cargo si atraviesa una situación anómala”.

No obstante, también están los callejeros “que generan serios problemas a los caminantes” debido a que muchos de ellos fueron abandonados, golpeados y castigados. Entonces, lo que pretenden desde la ONG es realizar una revisión de cómo es la fauna urbana para poder respetar tanto a los humanos como a los perros.

El reclamo

Tras escuchar a los referentes de la ONG y debatir acerca de ciertos temas, Nosei presentó un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo le responda por qué no se cumple la ordenanza.

Uno de los temas que reclamó es conocer el número de castraciones: “En 2019 se hicieron 4847 castraciones cuando, por la cantidad de animales que hay, se tendrían que haber realizado ocho mil”.

Por último, la concejal del Frente de Todos señaló que aguarda que el tema se pueda tratar tanto en la Comisión de Salud y Desarrollo Social como en la de Derechos Humanos y Seguridad, “porque acá también hay una cuestión que tiene que ver con la seguridad de la personas”.

Y agregó que su colega Ariel Risso le comentó que pretendía que el expediente llegara también a la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente. “Así que la intención sería que se pudiera hacer una comisión ampliada porque abarca de todo”, concluyó.

La concejal del bloque Frente de Todos, Silva Nosei, presentó un proyecto de ordenanza para la implementación de una línea telefónica gratuita para canalizar la atención de personas que estén en situación de calle o de vulnerabilidad extrema.

Entre los considerandos de la propuesta, se destaca que “es necesario que una ciudad intermedia como Tandil implemente alguna vía de comunicación clara y de amplia difusión en la comunidad, siendo que son cada vez más frecuentes las situaciones de personas que atraviesan alguna vulnerabilidad con la llegada del invierno y mayormente en horas de la noche”.

Actualmente, los vecinos que advierten la presencia de personas en situación de calle, o que habitan viviendas sumamente precarias, desconocen a qué número llamar para pedir ayuda y en la mayoría de los casos, terminan llamando a la policía a través del 101.

El proyecto propone que se cree, en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, una línea telefónica gratuita para orientar tanto a los vecinos que visualizan a personas en situación de calle como así también a las mismas personas que están sufriendo este tipo de situaciones y deban requerir, por parte del Estado municipal, ayuda inmediata.

Una vez contactada la persona, las acciones se complementarán con un inmediato abordaje de la situación, siendo derivado al Sistema de Salud Pública si fuera necesario, y posteriormente ubicado en algún refugio para pasar la noche. Luego la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat podrá incluir a la persona y su familia en alguno de los programas vigentes en materia de alquileres o mejoramiento habitacional, de acuerdo a lo que demande la situación.

Si fuera necesaria la intervención policial, deberá ser con personal especializado, resguardando todas las garantías y en cooperación de otras áreas específicas del Gobierno y la Justicia, tales como Dirección de Políticas de Género, Dirección de Niñez, Juzgado de Familia, asesor de Incapaces, etc.

La concejal Silvia Nosei, integrante de la Comisión de Desarrollo Social y Salud planteó que “siempre llega esta parte del año y surgen consultas sobre qué mecanismos posee el Municipio para canalizar este tipo de demandas. Nos parece que para clarificar el manejo de estas situaciones se debe implementar, como sucede en otros distritos, una línea telefónica que brinde atención y asesoramiento a todos aquellos que estén atravesando algún caso de emergencia o vulnerabilidad extrema”.

Tras reunirse con el presidente del Movimiento Activista Animal, Ezequiel Escudero, para dialogar y debatir acerca del cumplimiento de la Ordenanza Municipal N°9740, que refiere a los perros potencialmente peligrosos, la concejal por el Frente de Todos Silvia Nosei se comprometió a presentar un proyecto de comunicación para trasladar ciertas inquietudes al Ejecutivo. Perros potencialmente peligrosos: Nosei aseguró que trabajarán para que se cumpla la ordenanza

Uno de los temas principales que los aquejan, y en el que indagarán, es el número de castraciones: “En 2019 se hicieron 4847 castraciones cuando, por la cantidad de animales que hay, se tendrían que haber realizado ocho mil”.

El pedido lo presentarán desde el bloque del Frente de Todos, pero también procurarán que se los escuché tanto en la Comisión de Salud y Desarrollo Social como en la de Derechos Humanos y Seguridad, “porque acá también hay una cuestión que tiene que ver con la seguridad de la personas”.

Agregó, finalmente, que su colega Ariel Risso le comentó que pretendía que el tema llegara también a la Comisión de Producción y Medioambiente. “Así que la intención sería que se pudiera hacer una comisión ampliada porque abarca de todo”, concluyó.

Silvia Nosei, concejal por el Frente de Todos, recibió este miércoles al presidente del Movimiento Activista Animal, Ezequiel Escudero, para debatir acerca de la problemática por la tenencia de perros potencialmente peligrosos.

Luego de que un pitbull atacara e hiriera a varias personas en la intersección de Paz y España, Nosei decidió reunirse con el activista y expresó: “No podemos estar ajenos a la problemática de la tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos, plasmada en la Ley Provincial Nº 4078 de la cual se desprende la Ordenanza Municipal Nº 9740 (año 2005)”.

Escudero, tal como había manifestado en diálogo con este medio, planteó que no se está cumpliendo la normativa vigente, por lo que la concejal señaló que “vamos a trabajar en el tema poniendo énfasis en el incumplimiento de la ordenanza y en poder reunir a todos los actores que debieran intervenir en: toma de denuncias, nominalización de la población animal, castración y demás”.

Finalmente, advirtió que más allá del contexto de pandemia, que lógicamente hace que se prioricen determinados temas, “no podemos dejar de lado problemas que aquejan a la comunidad” e informó que presentarán proyectos para solucionar estos inconvenientes.

En el marco de un proceso de apertura gradual de la economía, que esta semana permitió la incorporación de nuevos rubros, el bloque de concejales del Frente de Todos plasmó en un proyecto de comunicación dirigido al Departamento Ejecutivo su demanda para que los centros comunitarios vuelvan a funcionar y puedan ser espacios de referencia para los vecinos de los barrios que requieren asistencia del Estado ante los efectos de la pandemia.

La iniciativa, impulsada por la edil Silvia Nosei y que lleva la firma de la totalidad de los integrantes de la bancada que preside Rogelio Iparraguirre, fue presentada ayer por la mañana e inmediatamente tomó estado legislativo en función del trámite implementado durante la cuarentena.

En su artículo primero, el texto indica: “el Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat proceda a la reapertura de todos los centros comunitarios de la ciudad, manteniendo el protocolo sanitario emitido por el Ministerio de Salud de la Nación”.

Para la concejal, estos espacios deben funcionar como “una red de contención para los vecinos del barrio” y formar parte de un “espacio esencial”, más aún ante la reactivación de diversos rubros de la economía. Entonces, “cómo no hacerlo en un centro comunitario donde se trabaja directamente con la gente que lo necesita”.

La concejal Silvia Nosei

Los argumentos

Entre los argumentos, se respalda en que muchos vecinos atraviesan “grandes dificultades económicas” como consecuencia del impacto que tuvo la cuarentena en sus actividades, en su mayoría, del ámbito informal que aún no pudieron retomar.

Además, plantea que el número de familias que “requiere algún tipo de asistencia (alimentos, garrafa, leña, etcétera) creció de manera significativa, también en pos de no poder llevar el sustento diario como lo hacían antes de este evento extraordinario que afecta al mundo entero”.

Y agrega que la centralización de la ayuda en la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat “no permite la comunicación con fluidez de los vecinos que necesitan respuesta, siendo el teléfono o el mail los únicos medios para llegar a la dependencia y que se encuentran colapsados desde el comienzo de la cuarentena hasta hoy”.

“El alimento y las necesidades básicas no pueden esperar una respuesta tardía de la Secretaría”, advierte el texto en la parte de los considerandos, y suma que, frente a esa situación, son “las organizaciones sociales y los grupos solidarios improvisados los que están saliendo a dar respuesta diariamente para paliar la demanda social”.

A este escenario, hace alusión a la llegada del frío y, en consecuencia, “la necesidad de calefaccionar las viviendas con el lógico aumento de la demanda de leña y garrafas”.

Ratifica la importancia de los Centros Comunitarios y los califica como una actividad esencial que “facilita la cercanía con el trabajador social del barrio permitiendo una respuesta más rápida, fluida y con el conocimiento que tiene el profesional en el territorio”.

En tanto, suma como fundamento que “el descentralizar la atención permite que las personas no tengan que deambular para solicitar ayuda, evitando así la circulación innecesaria”.

Y para finalizar, destaca que los gobiernos Nacional y Provincial implementaron “una gran cantidad de programas de asistencia social que dieron contención a muchas familias”, por lo que los Centros Comunitarios “debieran estar a la altura para poder acompañar al vecino de cercanía resolviendo consultas de trámites sobre beneficios a los que pueden acceder”.

“No surgió de un día para otro”

Para la concejal Silvia Nosei (Frente de Todos) el proyecto de resolución refleja un planteo que sostuvieron desde el inicio de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio y las consecuencias que tenían en la economía de las familias.

“No surgió de un día para otro”, ratificó y ejemplificó que la preocupación aumentó conforme lo hacía la demanda social, que a esa altura se había centralizado en el área a cargo de Alejandra Marcieri en cumplimiento con las restricciones llevadas adelante para disminuir la circulación del virus.

Este escenario advertía una necesidad de avanzar con otro esquema que permita llegar a los barrios y que “los centros comunitarios, como los de salud, se conviertan en servicios esenciales”, planteó la edil de la bancada opositora.

Así, reforzó la idea de descentralizar la asistencia social, más aún frente a las recomendaciones para evitar el desplazamiento y concentración de vecinos. Si bien hace algunas semanas, Desarrollo Social desplegó un operativo de entrega de módulos alimentarios en los barrios, que repetirá hoy, Nosei sostuvo que descentralizó únicamente los repartos.

Por eso, insistió en que “sería imprescindible” que estos lugares permanezcan abiertos “en los horarios correspondientes, con las medidas preventivas que se recomiendan y los protocolos sanitarios”, y así se logra un “soporte a los vecinos, que pueda tener otras necesidades más allá de lo alimentario”.

Sería entonces “un espacio más de atención a esas necesidades básicas”, que se suman a los centros de salud, que si bien se encuentran abiertos, “atienden cuestiones básicas como la vacunación, control de embarazo, entre otras urgencias”.

Tras confirmarse el primer caso positivo por Covid-19 en Tandil el domingo pasado (ayer se confirmó uno nuevo), las autoridades del Sistema Integrado de Salud Pública compartieron su informe semanal con las autoridades de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante.

A través de una videoconferencia, el presidente y vicepresidente del SISP, Gastón Morando y Matías Tringler respectivamente, plantearon ante los integrantes del espacio legislativo que preside Luciano Grasso (Juntos por el Cambio) los detalles y las novedades sobre las acciones que llevan adelante en el marco de las medidas dispuestas para enfrentar la pandemia de coronavirus.

En el marco de la emergencia sanitaria, otros de temas abordados por la comisión fueron la vacunación antigripal, en una tarea que prioriza la aplicación de dosis en los grupos de riesgo, el funcionamiento de los centros de salud, la situación de trabajo de los servicios de emergencia y el acompañamiento a los trabajadores en cuestiones de Salud Mental.

Del encuentro, además de Grasso, estuvieron presentes los ediles María Haydeé Condino y Andrés Mestralet (Juntos por el Cambio), Nilda Fernández (Integrar), Guadalupe Gárriz y Silvia Nosei (Frente de Todos).

Estado de situación

En diálogo telefónico con El Eco de Tandil, el presidente de la Comisión de Salud, Luciano Grasso, repasó los puntos del intercambio mantenido con las autoridades sanitarias, en cumplimiento de lo dispuesto en la ordenanza de emergencia sanitaria sancionada días atrás, y destacó el nivel de articulación existente entre el sector público y privado en materia de salud para afrontar el escenario que se avecina.

En ese marco, el presidente y el vicepresidente del SISP actualizaron detalles sobre el estado de situación y del plan de contingencia en marcha, con la reorganización de algunas áreas de atención hospitalaria junto con la Clínica Chacabuco.

En efecto, el traslado de los servicios de maternidad, neonatología y ginecología del Hospital Municipal “Ramón Santamarina” hacia el centro asistencial privado para liberar espacios, los avances en cuanto a la aplicación para celulares desarrollada por Pladema, el funcionamiento de la guardia y la atención en los centros de salud y el calendario de vacunación.

Por su parte, hizo especial hincapié en conocer precisiones sobre el modo en que se aborda la contención y el acompañamiento psicosocial de los trabajadores de la salud y la convocatoria a voluntarios de profesionales de salud mental para el desarrollo de acciones en el marco de la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, se informó sobre la inscripción de más de 30 psicólogos y psiquiatras que se pusieron a disposición en el marco del programa “Salud mental te escucha” impulsado por el Municipio.

Desde su perspectiva, observó una mejor articulación dentro del Comité de Seguimiento con los centros asistenciales privados, destacó que se agilizó el proceso de los resultados oficiales a las muestras remitidas por el sistema sanitario e insistió con la importancia de evitar la “estigmatización de las personas que puedan haberse contagiado, tener empatía y no pretender vulnerar su intimidad”.

“El escenario es dinámico y se está trabajando sobre pasos que están en el marco de cierta incertidumbre”, alertó Grasso, aunque valoró que el comité local “está tomando decisiones pensando en un incremento de casos que es probable que pueda suceder”.

Así, citó el trabajo para reorganizar la atención del sistema de salud y la articulación con los privados en cuanto a la utilización de las camas, “todo pensando en posibles escenarios” ya que existe “un desconocimiento respecto al modo en que se irá comportando esta curva”.

Salud y demanda social

Por su parte, la concejal del Frente de Todos, Silvia Nosei, sostuvo que el Estado municipal está tomando “las medidas correctas” para frenar el avance del virus, que se suman a las disposiciones adoptadas por el Ejecutivo nacional, en coordinación con el sistema sanitario privado para tener disponibilidad de camas y concretar el traslado de algunos servicios que funcionan en el Hospital. “Con respecto a lo sanitario se están haciendo las cosas muy bien”, subrayó.

Además del abordaje en materia de salud por la pandemia del coronavirus, su planteo hacia el interior de la Comisión de Desarrollo Social y Salud se enfocó en cuestiones vinculadas al aumento de la demanda ante el impacto que tiene el aislamiento en actividades informales y en el nivel de respuesta que deberá tener el Municipio.

Es decir, “cómo vamos a sostener a un montón de familias que están viviendo en una situación social muy compleja” y que, independientemente del refuerzo en las ayudas sociales, “hay personas que trabajan por su cuenta que ven deteriorado su ingreso”.

Y alertó que desde el Estado comunal “están muy lejos de poder amortigua la necesidad básica”, y que las líneas de contacto se encuentran “colapsadas”.

Desde el arco opositor celebraron la iniciativa de analizar actualizaciones al FAS. La concejal del Frente de Todos, Silvia Nosei, fue precisa en destacar la “herramienta maravillosa” que permitió atender “un montón de circunstancias especialmente cuando personas sin obra social deben hacerse un tratamiento de alta complejidad, cirugías o colocarse prótesis”.

Reconoció que el paso de los años obligó a generar excepciones para la utilización de los fondos remanentes y que resulta necesario “ajustar” el texto a la realidad actual.

Para la discusión, los concejales que integran la bancada pretenden que se garantice el acceso a la ordenanza y que “no haya una sola persona que, por falta de información, no sea atendida cuando es merecedora de la herramienta”.

Además de propiciar reuniones con el equipo de salud del espacio político para definir la propuesta, Nosei adelantó que harán especial hincapié en la importancia de generar espacios de capacitación para los profesionales médicos y administrativos, y de difusión para que se cumpla con esta premisa y así evitar “ese largo peregrinar que muchas veces se da”.

Desde esta perspectiva se insistirá para que “se priorice lo humano” a lo largo del abordaje que se inicia.

Preservar la herramienta

La concejal del bloque Integrar, Nilda Fernández, celebró la convocatoria a discutir la herramienta ante la necesidad de incorporar “algunas modificaciones” dado que “no estábamos respetando” el texto vigente.

La referencia alude a los pedidos de autorización que pasaron por el Concejo para que el Ejecutivo haga uso de los recursos subejecutados con miras a la realización de proyectos en materia sanitaria.

En esa línea, advirtió que la tarea demandará “un tiempo” y deseó que las propuestas que presente la oposición sean tenidas en cuenta, se alcance un consenso y que el texto actualizado se apruebe por unanimidad. “No tiene por qué haber diferencias en estas cuestiones básicas que son para mejorar la calidad de vida de la gente”, sostuvo.

Más allá de los años que tiene la ordenanza, reconoció que el FAS es una herramienta “muy importante” por medio de la cual se permitió brindar respuesta a los vecinos ante necesidades concretas. “Hay que cuidarla mucho”, enfatizó.

En ese sentido, observó el incremento de la recaudación pero también de la demanda, que en los últimos dos años se triplicó, de acuerdo a los números expuestos durante la reunión del jueves por directivos del Sistema de Salud.

“Si bien es cierto que el ingreso es muy importante, también lo es el egreso porque la mayoría de los insumos o prácticas están dolarizadas”, alertó la edil.

En cuanto a la discusión que se viene, aseguró que la postura es mantener este instrumento, que podría incorporar la posibilidad de adquisición de aparatología como alternativa de uso de los fondos.

De todos modos, Fernández ratificó que la premisa es que se mantenga la modalidad establecida ante cada trámite llegue al Concejo Deliberante como órgano de contralor.

Vecinos de las calles Magallanes, Sáenz Peña, Maritorena y Sol de Mayo, de Villa Italia Norte, reclamaron que el Municipio solucione cuestiones vinculadas al mantenimiento. Si bien mandaron varias cartas a la comuna, no han obtenido respuestas.

La concejal de Frente de Todos, Silvia Nosei, hizo pública la situación y planteó que “los vecinos, los que hacen que el barrio hable, los olvidados de siempre, manifiestan haber mandado cartas al municipio para resolver cuestiones inherentes a limpieza; desmalezamiento; solución respecto del desagüe que hay contra la vía; las veces que se inundan; etc.”.

Agregó que la barriada también señaló una suerte de “tironeo” entre el Municipio y el Ferrocarril, “sobre a quién le toca el mantenimiento de ese desagüe”. Agregó que la obra hidráulica hace casi dos años que no lo limpian, en tanto “reconocen que lo bueno es que el ferrocarril se está haciendo cargo del corte de pasto en las vías”.

Juventud en riesgo

Por otra parte, la concejal afirmó que “a la cuestión del abandono respecto de limpieza y obras, se le suma la gran preocupación que manifiestan respecto de la cantidad de adolescentes en riesgo. El consumo y la falta de contención generan zozobra y sobre todo en vecinas docentes, que además de ver el problema el barrio, lo advierten en la escuela”.

Silvia Nosei refirió que “entre los propios vecinos, y articulando con el Municipio, habían armado un programa de prevención, del cual después el Municipio se desvinculó y así, entre la desidia y el abandono, van pasando sus días”.

En ese sentido, expresó que sería “importante” que los funcionarios del Ejecutivo “escuchen y tomen seriamente estas problemáticas, y también acepten y se interesen por los proyectos que presentamos los concejales de la oposición, sobre todo cuando nuestros chicos están en riesgo”.

Por último, expuso que Villa Italia Norte es “otro barrio más que habla, allá en la periferia, fuera de las cuatro avenidas, y lejos del sur (tan cuidado y hermoseado), donde parece que no llega a la vista de quienes tienen en sus manos el poder de ‘ejecutar’ y mejorar la calidad de vida de centenares de ciudadanos. Otra vez más, en Tandil, hablamos de ciudadanos de primera y de segunda”.

La concejal por el Frente de Todos Silvia Nosei volvió a la carga con la necesidad de implementar políticas públicas que sirvan para coordinar la contención inicial de personas en situación de calle o de vulnerabilidad habitacional por diferentes razones.

El disparador fue un caso que se registró el jueves pasado, en el que se detectó a una persona durmiendo a la intemperie en las proximidades de la UDAI de Anses. Se trataría de un hombre que habitualmente deambula en la calle y que no es de Tandil, que ha recibido asistencia en otras oportunidades, pero siempre vuelve a la vía pública. En esta ocasión, cuando Nosei se acercó al lugar para ofrecer ayuda, la persona ya no estaba allí.

La legisladora realizó una publicación en sus redes sociales sobre el tema y efectuó un descargo en el que recordó un proyecto de su autoría presentado en mayo de 2018 para activar un plan de acción que permitiera unificar intervenciones ante una situación de calle (familia o persona sola), o de personas residentes en viviendas precarias frente a eventos climáticos adversos.

El proyecto 

La edil opositora señaló que, más allá de hablarse el tema en alguna comisión, el texto no pasó a otras instancias legislativas y aseveró que cuando se retomen las comisiones, pedirá “estrictamente” que se trate en la Comisión de Labor Parlamentaria para que no quede en el olvido.

El texto mencionado plantea la habilitación de un número telefónico específico para que cualquier ciudadano pueda reportar casos de esta índole y también incluye propuestas sobre tipo de refugio, accesibilidad, responsabilidades, y otras cuestiones. La iniciativa está “cajoneada” desde entonces y la aparición de este hombre renovó su reclamo para que existan en la ciudad políticas que aborden y resuelvan esta problemática.

“En su momento, creo que en el 2013, se tuvo que morir un hombre de frío en la calle Machado para que se tenga en cuenta un pequeño plan de acción. Pero lamentablemente lo que habíamos logrado con la Red Solidaria en ese momento se fue diluyendo, porque la teoría es que aquí en Tandil (soñado) no hay situaciones de calle”, escribió en su perfil de Facebook.

Gente en la calle 

En comunicación con el ciclo radial “Dulce o amargo” (104.1 Tandil FM), Nosei exhibió que frente a situaciones de este tenor se produce una cadena de derivaciones que forman un “cuello de botella” en la Secretaría de Desarrollo Social, dependencia a la que terminan arribando todos los casos. Aunque la sucesión de hechos no represente un número significativo, expresó que no es motivo para no implementar protocolos de acción que sirvan para atender estas contingencias.

“Ante una inundación, por ejemplo, han  llevado gente a la Casa del Deporte. No es un lugar que esté preparado de manera permanente para que cualquier persona que se sienta en estado de vulnerabilidad pueda ir por sus propios medios o ser llevado por sus vecinos”, graficó.

La concejal recordó que hace algunos años se había activado una especie de protocolo en el que desde Defensa Civil se tomaban los casos, se derivaban las personas a un control médico en el Hospital Santamarina y se localizaba a las personas en pensiones con las que habitualmente trabaja el Municipio. Con el tiempo ese improvisado plan de acción se diluyó. “Pero no es que no haya casos, no serán muchos pero hay”, resaltó.

Intervenciones dispersas

Nosei exhibió la falta de articulación para dar respuestas concretas a los casos que llegan y describió el derrotero que debe transitarse hasta obtener alguna certeza. Si bien existen ciertas herramientas estatales, su crítica se dirige a la falta de políticas o líneas de acción a seguir que canalicen efectivamente los reclamos por situaciones de calle o precariedad habitacional.

“Dicen que los vecinos tienen que llamar al 103 que es Defensa Civil, después te dicen que el número de Defensa Civil no es para esto, es para cataclismos. Te mandan a la Comisaría de la Mujer, las agentes no tienen ni idea, no saben qué hacer, los reciben humanitariamente pero llaman a Desarrollo Social. También dicen que llamen al 101, que es la Policía”, relató.

“El invierno pasado fue duro, y tanto jorobé por las redes y por los medios explicando la necesidad de generar planes de acción ante esas situaciones, en definitiva políticas públicas y no parches, que un fin de semana largo, en el que el Servicio Meteorológico pronosticaba una ola polar, desde la Secretaría de Desarrollo Social habilitaron el 103 nuevamente -aunque no fuera un cataclismo- y los funcionarios del área, en persona, hicieron recorridas por los barrios. Así se atajaron algunos casos”, apuntó.

También detalló que el 26 de diciembre subió al Concejo Deliberante la secretaria de Desarrollo Social Alejandra Marcieri, para hablar del presupuesto en la comisión ampliada que reunía a la de Economía y a la de Salud y Desarrollo Social. Después de hacer su presentación, Nosei le preguntó cómo proceder frente a situaciones de estas características y la respuesta fue que debe manejarlo Protección Ciudadana.

Respecto del número de teléfono al cual llamar, la edil explicó que ya no es más el 103 ni la Comisaría de la Mujer, sino la Policía, lo que a su entender tiene un marco punitivo innecesario. “Según la explicación que recibimos, van primero allí por averiguación de antecedentes”, refirió.

“Necesitamos abordajes serios y políticas públicas”, cerró.

A dos meses de la situación de maltrato que sufrió una menor alojada en el Hogar Fantasía de Colores, el bloque de Unidad Ciudadana volvió a poner el foco en el funcionamiento del espacio que se encuentra bajo la órbita del Municipio y presentó un nuevo proyecto de comunicación que busca obtener precisiones sobre las tareas que se cumplen y del personal a cargo.

La iniciativa tomó estado legislativo en la última sesión y la Comisión de Desarrollo Social y Salud hizo un primer abordaje y definió hacer una consulta al Ejecutivo. “Esperamos respuesta”, dijo la vicepresidenta del espacio legislativo e impulsora del proyecto, Silvia Nosei (Unidad Ciudadana).

En concreto, el pedido de informas busca precisiones sobre la cantidad de niños que reside en el hogar y sus edades; el personal que cumple funciones diariamente, “cuántos por turno, qué rol cumple cada uno y cuántas horas están cumpliendo las funciones”.

En un aparatado especial, pone énfasis en determinar “qué tipo de capacitación tiene el personal que cuida de esos menores durante la mayor parte del día” y si “contempla la diferencia de edades de los menores y los distintos estadios en que se encuentran dentro del hogar”.

Luego, se enfoca en el número de profesionales que integra el equipo, “qué disciplinas abarcan y qué carga horaria tienen” y además “cómo es el seguimiento de cada niño desde el aspecto de la salud integral; ¿existe un protocolo de asistencia que se comunica directamente con el Sistema Integrado de Salud Pública?”.

Entre otros puntos, el proyecto de comunicación pretende establecer precisiones sobre el abordaje ante los casos de niños con capacidades diferentes. “¿Hay personal capacitado para trabajar con ellos, estimularlos, acompañarlos en su crecimiento? ¿Y cómo es la integración con otros niños?”, indaga el documento y agrega una consulta para determinar si “tienen algún acompañamiento por fuera del programa, acompañante terapéutico o abordaje específico con alguna otra institución”.

Las últimas consultas apuntan a conocer si todos niños se encuentran judicializados; “¿qué relación tienen con su familia?; ¿cómo es el programa de salidas de los niños?; ¿tienen salidas a espacios de deporte o recreación?”.

El reclamo

En diálogo con El Eco de Tandil, la concejal de Unidad Ciudadana, Silvia Nosei recordó que el año pasado impulsó una iniciativa similar a propósito de una inquietud que recibió de una vecina y que no logró respuestas.

“Era un tema mucho menor en relación al maltrato de una menor, pero igualmente presentamos un pedido de informes para conocer cuánto personal había por turno, la capacitación y demás”, repasó.

Luego se desencadenó el hecho “pero nosotros ya alertábamos que había situaciones con el personal que quizás no era suficiente y desconocíamos si tenía capacitación”.

“Después ocurren estas cosas que lamentamos, que si bien el caso fue llevado a la Justicia y las autoridades llevaron el video como prueba, esas cosas no tendrían que pasar”, sentenció.

Frente a este esquema, insistió con un nuevo proyecto de comunicación para conocer detalles de funcionamiento del hogar. “Queremos saber cuánto personal, qué capacitación tiene, hay un protocolo para actuar en vinculación con el Sistema Integrado de Salud Pública, cuál es la reacción que se tiene si un chico se enferma”, repasó sobre los interrogantes incluidos en el proyecto de resolución.

En cuanto a la “vinculación con la familia, nos preocupa que, ante determinada problemática se los traslada y el poco vínculo directamente se pierde”, entonces “queremos saber cuál es el criterio” en estos casos.

Tras la presentación en el Concejo Deliberante de un proyecto de comunicación dirigido a las autoridades del Sistema Integrado de Salud Pública, elevado por el bloque de Unidad Ciudadana a raíz de una situación originada en el área de terapia intensiva del Hospital Ramón Santamarina, la Dirección Médica del nosocomio explicó que la circunstancia referida en el pedido de informes se encuentra controlada.

Según se detalla en el proyecto presentado por la edil Silvia Nosei, el Hospital mantiene una deuda con la empresa proveedora del servicio de oxígeno y la firma no avanzará en el inicio de las obras de reparación de las cañerías de aspiración hasta tanto no se salde la misma.

El director médico del centro asistencial Fernando Fernández le informó a El Eco Multimedios que no hay un inconveniente serio ni tampoco problemas con el oxígeno como trascendió.

“Es cierto el tema de las cañerías de aspiración, tienen una vida útil y sufren obstrucciones, entonces se pidió un presupuesto para ponerlas en valor y dejar allanado el camino. Mientras tanto tenemos elementos portátiles que cumplen la función para no resentir la atención”, reconoció.

Problema en reparación

Entre los considerandos del texto legislativo se enuncia que “desde mediados del 2018, la Terapia Intensiva del HMRS está con problemas para realizar la aspiración central (vacío), en pacientes sujetos a ventilación mecánica, ya que la misma se está realizando con poca fuerza, siendo la aspiración óptima de -6 kg y estando en funcionamiento actualmente a la mitad (-3 kg). Cabe destacar que el personal de electro medicina ha cambiado tubuladoras y fue resolviendo en parte el problema, pero lo más grave acontece cuando la empresa AIR Liquid, proveedora de oxígeno, responsable de la obra, manifiesta que para dar comienzo a la misma, el Sistema Integrado de Salud Pública debería reducir la deuda contraída con la empresa”. Además, la oposición solicitó que el SISP aclare los motivos que llevaron a contraer la deuda con la empresa proveedora y cuándo se saldará.

Si bien Fernández no recibió aún el pedido por escrito, consignó que la Dirección Médica se encuentra a disposición de los concejales para evacuar cualquier inquietud y justificó que estas situaciones se generan porque el edificio hospitalario tiene muchos años y los elementos se deterioran con el paso del tiempo.

“Es muy importante poder aclarar estas noticias, porque causan angustia en la población. Es cierto que lo tenemos en reparación, pero siempre hay elementos que se deben remediar y por eso tenemos prevista una serie de medidas alternativas”, concluyó.

“Son desprolijidades” 

Por su parte, Nosei describió la situación, que se ha prolongado durante más de un año, como “grave” y aseveró que además de la vía legislativa, usará el recurso de acceso a la información pública para obtener respuestas en el menor tiempo posible.

“Con el tiempo lo del oxígeno se fue acomodando con la voluntad del personal, pero la empresa no quiere hacer la obra por la deuda originada”, cuestionó, y señaló que el sistema de salud tiene un presupuesto asignado para cubrir los gastos de reparación y mantenimiento que eviten estos casos.

“El Hospital recibe y sostiene a los pacientes, hay que tener un respeto muy grande, no es porque nos encanta pegarle, pero necesitamos saber qué pasa y por qué suceden estas desprolijidades cuando sabemos, por ejemplo, que se han usado partidas del FAS para hacer obras”, sentenció.

Por último, la concejal informó que está en contacto con profesionales de la institución y que el fin de semana hubo movimientos en torno al pedido de informes. “El lunes se hizo un relevamiento, no sabemos si es la misma empresa u otra. Si es Air Liquid quiere decir que pagaron la deuda; si es otra, estamos más atrás porque tienen que ponerse en autos de todo lo que ocurre”, cerró.