El Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil (STMT) formalizó ante el Ejecutivo local un nuevo pedido de recomposición salarial que contempla una bonificación de 600.000 pesos por el Día del Trabajador Municipal, actualizaciones de los haberes de acuerdo con la inflación y un incremento adicional del 10% para enero de 2027. La presentación se realizó en el marco de la reapertura de la negociación paritaria prevista para noviembre, luego del acuerdo alcanzado entre las partes a mediados de año.

La propuesta fue elevada el pasado 15 de octubre mediante una nota dirigida al intendente Miguel Lunghi y firmada por el secretario general del gremio, Roberto Martínez Lastra, envuelto en los ultimos días en polémicas relacionada con denuncias judiciales y administrativas por acoso sexual, maltrato verbal y exhibiciones obscenas.

En el documento, la organización sindical expuso las dificultades económicas que atraviesan los empleados municipales y planteó la necesidad de avanzar con nuevas mejoras salariales para evitar una mayor pérdida del poder adquisitivo.

El reclamo llega luego de varios meses de aplicación del esquema salarial acordado en junio, cuando el sindicato y el Departamento Ejecutivo establecieron un aumento del 10% sobre los salarios básicos a partir de julio y actualizaciones posteriores vinculadas con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Aquel entendimiento, alcanzado durante la tercera reunión de la Comisión Negociadora Paritaria, contempló incrementos acumulativos para septiembre y octubre, tomando como referencia la inflación de los meses anteriores.

En esa oportunidad, las partes también habían acordado volver a reunirse en noviembre para evaluar la evolución de los salarios y retomar la discusión sobre dos conceptos que habían quedado pendientes: la bonificación por presentismo y el reconocimiento económico por el Día del Trabajador Municipal.

De esta manera, la nueva presentación sindical busca darle continuidad al esquema de recomposición vigente y establecer las condiciones salariales para el cierre de 2026 y el primer trimestre de 2027.

Uno de los principales puntos de la propuesta es el pago de una bonificación de 600.000 pesos por el Día del Trabajador Municipal, que el sindicato pretende distribuir en dos cuotas de 300.000 pesos.

La primera debería abonarse con motivo de la celebración del Día del Trabajador Municipal, mientras que la segunda quedaría prevista para la primera quincena de enero de 2027.

En materia salarial, el gremio solicitó que los haberes de noviembre se incrementen de acuerdo con el IPC de octubre y que en diciembre se aplique una actualización equivalente a la inflación registrada durante noviembre.

El planteo mantiene así el mecanismo de actualización por inflación que había sido incorporado en el acuerdo anterior, aunque ahora busca extenderlo hasta el cierre del año.

Para enero de 2027, en tanto, el sindicato reclamó un incremento del 10%, con el objetivo de cubrir los últimos tres meses del período paritario, que comprende enero, febrero y marzo.

La propuesta también contempla elevar la bonificación por presentismo a 100.000 pesos a partir del 1 de enero de 2027, otro de los puntos que habían quedado abiertos en las negociaciones de mitad de año.

Finalmente, el gremio pidió que la siguiente etapa de discusión salarial comience en abril de 2027, para dar inicio a un nuevo período de negociación.

En la nota presentada ante el Ejecutivo, el sindicato fundamentó sus pedidos en el impacto que tiene el incremento del costo de vida sobre los ingresos de los trabajadores municipales.

Desde la organización señalaron que los indicadores económicos publicados por el Indec, las consultoras privadas, las entidades bancarias y las universidades muestran aumentos constantes en bienes y servicios que, según consideran, no siempre quedan reflejados en su totalidad en los índices oficiales.

En ese sentido, advirtieron que las dificultades para afrontar los servicios, renovar contratos de alquiler o incluso cubrir los gastos cotidianos de alimentación forman parte de la realidad que atraviesan numerosos empleados municipales.

El planteo retoma una preocupación que ya había estado presente durante las negociaciones de junio, cuando el sindicato puso el foco en la necesidad de fortalecer los salarios básicos para que los incrementos alcanzaran a las distintas categorías del escalafón y también tuvieran impacto sobre los haberes jubilatorios.

Ahora, con el cierre del año cada vez más cerca, la organización busca garantizar una nueva actualización de los ingresos y obtener una respuesta favorable respecto de las bonificaciones reclamadas.

Luego de formalizar la presentación, el sindicato mantuvo contactos con las autoridades municipales para avanzar en el tratamiento de la propuesta.

Según informó la organización, inicialmente el Ejecutivo se había comprometido a comenzar las conversaciones durante esta semana. Sin embargo, posteriormente comunicó que necesitaba realizar los cálculos correspondientes para determinar el impacto económico de los pedidos y evaluar las posibilidades de la administración comunal.

Por ese motivo, la primera respuesta del Municipio quedó prevista para el lunes 2 de noviembre, cuando se reúna la Comisión Negociadora Paritaria.

Desde el sindicato señalaron que aguardan con expectativa el ofrecimiento que pueda realizar el Gobierno local y reconocieron las dificultades que presenta el actual contexto económico, aunque insistieron en la necesidad de priorizar la recuperación de los ingresos de los empleados.

"Esperamos con expectativa lo que proponga el Municipio, entendiendo la situación económica, pero mucho más la real necesidad de nuestros compañeros municipales", expresaron desde la entidad gremial.

La próxima reunión marcará así el inicio de una nueva etapa de negociación entre el sindicato y el Ejecutivo, que deberán discutir no solamente los incrementos para los últimos meses del año, sino también las condiciones salariales que regirán durante el primer trimestre de 2027.

Por el momento, los montos y porcentajes planteados corresponden exclusivamente a la propuesta sindical y deberán ser analizados por las autoridades municipales antes de avanzar hacia un eventual acuerdo.

El líder de Camioneros, Hugo Moyano, realizó un polémico reclamo a las empresas concesionarias de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. El dirigente sindical exigió que se anticipen las indemnizaciones que corresponderían al vencimiento de la concesión, previsto para el año 2028.

Este pedido se enmarca en el proceso de renovación de los contratos del servicio público de higiene urbana para el periodo 2028-2038, cuya discusión será tratada en una audiencia pública el próximo 5 de octubre. Fuentes sindicales calificaron el planteo como insólito, dado que dichos pagos deberían concretarse recién al finalizar las concesiones vigentes.

La denominada Ley Moyano, según describen desde el sector, es un uso y costumbre que el gremio aplica desde 1998, aunque carece de respaldo legal. El mecanismo consiste en que, al vencer una concesión, la empresa saliente despide al personal y abona las indemnizaciones, mientras que la nueva concesionaria procede a recontratar a los trabajadores.

Las estimaciones indican que indemnizar a los cerca de 6000 trabajadores del sector podría representar un costo de entre 100 y 200 millones de dólares. Por el momento, el gobierno porteño no contempla incluir este pago en los nuevos pliegos para las concesiones del servicio de recolección de residuos.

Por tercera semana consecutiva, los trabajadores de la salud se reunieron en la explanada del Hospital Santamarina para debatir los pasos a seguir en el marco de un reclamo respecto a las condiciones de trabajo que la institución sostiene desde hace mucho tiempo. 

La jornada, impulsada por el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil, logró reunir a alrededor de 30 trabajadores con el objetivo de poner en agenda la necesidad de mejorar las condiciones ante el desgaste prematuro y el estrés que afecta al personal sanitario.

David Marconi, secretario gremial del sindicato, detalló a El Eco la situación de los trabajadores y los siguientes pasos a seguir. Según explicó, el objetivo central es lograr la reducción de la jornada laboral de ocho a seis horas, fundamentado en la alta carga psicológica, la exposición a riesgos constantes y el impacto directo que estas tareas tienen sobre la salud física y mental de los agentes municipales.

“Estamos hablando de una cuestión de salud. Vemos cada día más certificados médicos que reflejan cómo se ve afectada la salud de los compañeros y compañeras como efecto del trabajo que realizan. Es una realidad que nos preocupa profundamente”, señaló Marconi durante el encuentro, del cual participaron trabajadores de diversos sectores del Sistema Integrado de Salud Pública.

Durante la asamblea, el dirigente gremial hizo hincapié en la necesidad de ampliar la convocatoria y sumar a aquellos trabajadores que, habiendo logrado mejoras en años anteriores, hoy se encuentran en una situación más estable. 

Marconi recordó que conquistas como la insalubridad y la reducción horaria no fueron concesiones espontáneas, sino el resultado de años de gestión y lucha sindical que comenzaron a consolidarse a partir del año 2005.

“Hay un trabajo previo que muchos compañeros que se encuentran en estos servicios no conocen. Queremos que sepan que esas mejores condiciones fueron producto de la lucha de otros trabajadores que, en muchos casos, ni siquiera pudieron disfrutar de esos beneficios. La estrategia para las próximas semanas será trabajar intensamente con los delegados de todos los sectores para que todos estén informados y comprometidos con este reclamo”, afirmó el secretario gremial.

En relación con el vínculo con las autoridades, Marconi advirtió que el diálogo se encuentra estancado. El sindicato ha reiterado diversos pedidos de audiencia para conformar una mesa de negociación, pero hasta el momento la respuesta del Ejecutivo ha sido insuficiente. 

El dirigente subrayó que, ante la compleja realidad socioeconómica actual, el municipio pretende mantener los servicios con el mismo personal, lo cual resulta inviable debido a la cantidad de trabajadores con licencias de larga evolución.

“El municipio parece hacer oído sordo. Incluso, lo más grave es que algunos sectores nos han denunciado presiones para que no haya participación en las asambleas o para que no se convoque al sindicato ante algún reclamo”, denunció Marconi. 

Esta situación se suma al malestar generado por la reciente reestructuración del Servicio de Emergencias, donde el sindicato cuestiona la precarización de los médicos contratados y la sobrecarga que recae sobre el personal de planta.

El gremio sostiene que cualquier modificación en la estructura de trabajo debe ajustarse al Convenio Colectivo de Trabajo firmado en 2019, el cual garantiza la estabilidad laboral y establece las pautas para las negociaciones paritarias. 

“El municipio en esta situación que nos encontramos todos de una realidad socioeconómica muy compleja, en algunos casos pretende con el mismo personal prestar el mismo servicio, lo cual es muy difícil, por no decir imposible”, concluyó el referente sindical.

Dos pedidos de renovación de comodato llegaron a la agenda del Concejo Deliberante. El primero involucra a Reinventar Tandil, la ONG que trabaja con niños y adolescentes del barrio Las Tunitas en el predio de Vélez Sarsfield 491 y que solicita una extensión de 30 años para garantizar la seguridad jurídica de una inversión destinada a construir una cancha sintética. El segundo corresponde a la Quinta Belén, el complejo recreativo que el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil gestiona bajo un comodato vigente hasta 2030.

El concejal de Acción Tandilense – La Libertad Avanza, Federico Sánchez Chopa, marcó la diferencia entre ambas situaciones. En el primer caso, el respaldo a la labor social de la organización es unánime, pero el análisis del expediente generó dudas técnicas que el bloque quiere resolver antes de votar. En el segundo, en tanto, la postura gira en torno a un pedido que llega cuatro años antes del vencimiento del acuerdo vigente, en vísperas de un año electoral (ver aparte).

Tras analizar las principales circunstancias vinculadas a los expedientes, adelantó que su bloque profundizará el análisis antes de tomar una decisión sobre el caso de Reinventar Tandil y que mantendrá el diálogo abierto para evaluar el pedido de la organización sindical.

En primer término, el concejal valoró la trayectoria de la institución, a la que calificó como “un faro en el barrio Las Tunitas”, aunque advirtió que existen variables técnicas y administrativas que el cuerpo legislativo deberá estudiar antes de otorgar la extensión del comodato solicitada.

También resaltó el impacto social de la organización y el acompañamiento de profesionales que colaboran con la entidad luego de formar parte de los grupos de niños que asistían a las actividades, y vinculó este proceso con el concepto de movilidad social ascendente.

Entonces, destacó el caso de jóvenes que, gracias al hockey y al respaldo de Reinventar, accedieron a becas universitarias y hoy regresan a la institución como especialistas para devolver parte de lo recibido. “Eso es importante”, valoró.

Tras poner énfasis en el rol de la organización, se centró en el debate que lleva adelante el Concejo. Así, informó que desde su creación en 2010 el comodato del terreno ubicado en Vélez Sarsfield 491 se renovó automáticamente por decisión del Poder Ejecutivo cada cinco años. Sin embargo, señaló que, en esta oportunidad, la gestión comunal determinó que la nueva prórroga cuente con el aval del Concejo Deliberante.

“Es una renovación anticipada porque en 2024 se firmó el comodato que tiene vigencia hasta el 2029”, alertó el concejal, que detalló que la asociación pretende ahora un periodo de 30 años para garantizar la seguridad jurídica de la inversión. “Hay un proyecto de construir una cancha sintética multideporte”, aclaró.

De acuerdo a la presentación que los representantes de la ONG realizaron el lunes ante los concejales, el proyecto requiere una base de hormigón en una superficie de 100 metros de largo por 30 metros de ancho, lo que implicaría la “impermeabilización de unos 3.000 metros cuadrados”.

Este punto generó preocupación debido a la proximidad del predio con el Arroyo Blanco. Sánchez Chopa recordó que el contrato original de 2010 ya establecía “precauciones desde el punto de vista hidráulico” que no pueden ser soslayadas ante una obra permanente.

En tanto, señaló que si bien la organización presentó un documento basado en una tesis de grado de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para brindar certezas técnicas, insistió que resulta necesario contar con la voz del Ejecutivo y la visión de la Provincia.

“El terreno pertenece actualmente al Instituto Provincial de la Vivienda”, lo que añade una capa de complejidad institucional al trámite, sumado a que el Club Defensa también estaría vinculado al comodato inicial.

En definitiva, aseguró que “hay un montón de variables que tenemos que estudiar a fondo para poder tomar una decisión”, por lo que adelantó que elevarán las consultas al Ejecutivo para incorporarlas al expediente en trámite.

Finalmente, el aspecto económico también forma parte del análisis. La obra tiene un costo estimado de 200 mil dólares, según expuso el concejal, una cifra que requiere de donantes confirmados.

“Queremos tomar la mejor decisión posible y profundizar en estas temáticas que nos han generado ciertas dudas al momento de estudiar el expediente”, concluyó Sánchez Chopa, que reafirmó que el diálogo con las distintas áreas municipales continuará para evaluar la viabilidad del proyecto en el corto plazo.

La Cámara de Transporte de Santiago del Estero (Catse) presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal con el objetivo de suspender la aplicación del Decreto 612/2026. La norma, dictada por el Poder Ejecutivo Nacional en julio pasado, ajustó los alcances de la reglamentación de la reforma laboral, impactando directamente en la financiación de las cajas sindicales.

El decreto fue consensuado entre el Gobierno y la CGT para aclarar la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, tras el dictado del Decreto 407, que había limitado las cuotas solidarias y las contribuciones patronales. Según la presentación judicial, esta medida representa un incremento inmediato del 18,87% en el costo mensual por trabajador, una carga que los empresarios califican como insostenible para las pequeñas y medianas empresas del sector.

La demanda, encabezada por el presidente de la entidad, Federico Lo Bruno, advierte que si la Justicia accede al pedido, se produciría un golpe directo a la estructura del Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano. El conflicto radica en la modificación de la base de cálculo para los aportes y contribuciones, al incluir las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual.

A modo de ejemplo, la cámara señala que para un chofer de primera categoría, la base de cálculo pasó de 1.060.010,29 pesos a 1.260.010,29 pesos. Esto implica un costo extra de 200.000 pesos por trabajador cada mes. Los empresarios sostienen que este aumento no deriva de una ley ni de acuerdos colectivos, sino de una decisión administrativa que vulnera la seguridad jurídica.

El amparo también cuestiona la retroactividad de la norma, dado que el decreto fue dictado el 17 de julio pero publicado el 20. Por ello, solicitan que los pagos efectuados entre el 1 de junio y el 20 de julio sean considerados intangibles. Finalmente, la entidad argumenta que el Poder Ejecutivo Nacional se arrogó facultades exclusivas del Congreso al alterar las bases de cálculo de las obligaciones laborales, configurando un posible exceso reglamentario.

En el marco de la tercera reunión de la comisión negociadora paritaria, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil (STMT) y el Departamento Ejecutivo sellaron un acuerdo para la primera etapa del período 2026/2027. El esquema contempla un incremento inicial del 10 por ciento en los básicos a partir del 1 de julio y cláusulas de ajuste mensual por inflación para el resto del trimestre.

Tras una serie de negociaciones, las partes alcanzaron el viernes un consenso que busca dar previsibilidad a los ingresos de los trabajadores frente al contexto económico actual.

El acuerdo contempla una suba del 10 por ciento sobre todos los básicos de la escala salarial, la cual entrará en vigencia el 1 de julio. Según informaron desde el sindicato que conduce Roberto Martínez Lastra, este porcentaje inicial tiene como objetivo cubrir el impacto de la inflación acumulada entre los meses de abril y julio inclusive.

La mesa de diálogo, que contó con la participación de representantes sindicales y funcionarios de las secretarías de Gobierno y Economía, puso el foco en la recuperación del salario básico.

Esta decisión se fundamentó en la necesidad que los incrementos tengan un impacto directo y proporcional en toda la escala jerárquica y, fundamentalmente, que se trasladen de manera automática a los haberes que perciben los compañeros jubilados.

Indexación por IPC y reapertura en noviembre

El acta firmada establece además un mecanismo de protección contra el avance de los precios para el segundo tramo del año. De esta manera, se acordó un incremento según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que se aplicará a partir del 1 de septiembre. Es suba será de carácter acumulativo sobre los básicos correspondientes al mes anterior. Bajo la misma lógica, en octubre se aplicará una nueva actualización basada en el IPC de septiembre, también acumulativa.

Este esquema de movilidad permitirá que los sueldos municipales acompañen la evolución de las variables de la economía de forma mensual, evitando el deterioro del poder adquisitivo antes de la próxima instancia de revisión.

Las partes fijaron para noviembre una nueva reapertura de la paritaria, encuentro en el cual se evaluarán los efectos de esta recomposición y el comportamiento de los indicadores financieros globales.

En dicha instancia de fin de año, se retomará la discusión sobre ítems específicos que quedaron pendientes en este acuerdo. Entre ellos, el sindicato adelantó que incluirá la posibilidad de incrementar la bonificación por presentismo y definirá el monto de la bonificación especial por el “Día del Trabajador Municipal”. Ambos conceptos, junto con sus respectivos ajustes, formarán parte de la agenda de negociación para el último bimestre del ejercicio.

Finalmente, el acuerdo ratifica el compromiso de mantener una mesa de diálogo permanente para monitorear la situación social y laboral de los agentes comunales.

Con la firma de este convenio, el Ejecutivo y el STMT cierran una etapa de la negociación, brindando un marco salarial para los próximos cuatro meses en un escenario que demanda un monitoreo permanente.

Representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil (STMT) y funcionarios del Ejecutivo mantuvieron ayer la segunda reunión de la paritaria salarial correspondiente al presente período (2026/2027).

El encuentro, que se celebró en la Municipalidad, se produjo tras el cierre de la negociación en el mes de marzo, que había concluido con una “diferencia acumulativa por encima de la inflación”, y tuvo como eje central la necesidad de recomponer los ingresos frente al costo de vida actual.

Del encuentro participaron el secretario general del sindicato, Roberto Martínez Lastra, acompañado por el secretario gremial, David Marconi, y su par de organización, Hugo Aranda. Por la administración comunal estuvieron los secretarios de Gobierno y de Economía, Miguel Lunghi (h) y Raúl Moyano, respectivamente.

Durante la audiencia, según publicó la organización sindical en las redes sociales, presentaron un pedido formal para que se consideren diversas variables económicas que afectan el ingreso de los empleados públicos, más allá del Precios al Consumidor (IPC) “alejado de la realidad”.

La propuesta concreta de la organización gremial incluyó el pago de una suma de 50 mil pesos adicionales en concepto de presentismo para el mes de junio, con el objetivo de fortalecer principalmente a los salarios más bajos del escalafón.

Asimismo, solicitaron que en julio se aplique una variación acumulativa sobre el básico anterior, que contemple la inflación de abril, mayo y junio, cifra que estimaron en torno al ocho por ciento.

El planteo del sindicato también contempló retomar las discusiones en agosto para evaluar la situación.

Según explicaron, la intención es establecer un “esquema de actualizaciones para el resto del año” que permita no perder poder adquisitivo frente a la “inestabilidad económica que atravesamos”.

El impacto en el bolsillo de los trabajadores

En el marco de la reunión, los representantes de los trabajadores describieron un panorama sobre la situación financiera de los hogares ante los funcionarios del Ejecutivo.

En ese sentido, señalaron que “el día a día se torna cada vez más complejo en una crisis socioeconómica que golpea por igual a activos y jubilados”, que enfrentan dificultades para llegar a fin de mes. “Abrir la billetera, consultar el saldo de la cuenta, hacer números y ver que no se llega”, expusieron.

“Endeudarse con tarjeta, créditos, anticipos de sueldo, refinanciar permanentemente las deudas a tasas elevadísimas”, fueron variables expuestas ante la mesa de negociación para reflejar la actualidad salarial de los trabajadores.

Esta situación se agrava al considerar que gran parte de esos compromisos financieros se asumen únicamente para cubrir necesidades básicas. De acuerdo a lo indicado, los trabajadores destinan esos recursos para enfrentar los “gastos diarios, la renovación del alquiler, el pago de la energía o comer”.

Frente a este escenario, el gremio insistió en que “la recomposición debe continuar en la línea de la recuperación del salario, como lo venimos haciendo en los últimos meses, para no perder poder adquisitivo”.

Próximos pasos

Por otro lado, indicaron que el Departamento Ejecutivo expuso sus limitaciones presupuestarias para hacer frente a las demandas sindicales. De las propuestas analizadas, manifestó su intención de mantener incrementos bimestrales hasta la mitad del año, tal como fue establecido originalmente en el presupuesto municipal, según reflejó el sindicato.

Las autoridades locales plantearon la dificultad de proyectar aumentos debido “a las dificultades económico-presupuestarias que manifiestan” y por ese motivo la intención es avanzar en un esquema de revisiones “mes a mes” que sigan la inflación del momento.

El estado de las negociaciones quedó supeditado a una respuesta por parte del Gobierno local. El Departamento Ejecutivo se comprometió a dar una contestación formal durante la próxima semana, momento en el que se definirá si se aceptan las condiciones del gremio o si se abre una nueva instancia de debate.

“Este es el estado de las negociaciones al día de hoy, comprometiéndose el Departamento Ejecutivo a dar una respuesta la próxima semana”, expuso el sindicato.

Distintos sindicatos y organizaciones sociales planificaron para este martes al mediodía un abrazo a la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ubicada en Alsina al 400, en el barrio porteño de Monserrat. La medida busca expresar su defensa hacia Abel Furlán y otros dirigentes desplazados por la Justicia de la conducción del gremio.

La movilización, impulsada por ese sector y sus aliados del Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), pretende ser una demostración de fuerza tras la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El tribunal decidió anular las elecciones de la Seccional Zárate-Campana, celebradas entre el 2 y el 4 de marzo, así como la elección nacional de autoridades del 18 de marzo, disponiendo la intervención judicial del sindicato.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) es una de las organizaciones que participará de la protesta. Su titular, Rodolfo Aguiar, propuso avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado:

“Si no vamos a una huelga general, se quedan con los sindicatos. Tenemos una Justicia que hace política, que ya gobierna y ahora también quiere conducir los gremios”.

Tras el abrazo, los miembros del FRESU, que agrupa a más de 140 entidades, evaluarán la definición de medidas de fuerza. Por su parte, Abel Furlán calificó la medida como un ataque directo a la organización:

“Cada vez que hubo proyectos de ajuste, apertura económica y destrucción del aparato productivo, se intentó disciplinar a la organización sindical más importante de la industria. Hoy lo intentan en democracia por primera vez: pretenden desplazar a toda la conducción nacional elegida por los trabajadores en medio de una ofensiva contra los derechos laborales”.

El dirigente metalúrgico responsabilizó además a la lista opositora derrotada en las elecciones de Campana-Zárate por recurrir a la vía judicial para obtener lo que no lograron en las urnas. El fallo de la Sala VIII, integrada por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, fundamentó la decisión en la falta de garantías de transparencia durante el proceso electoral.

Recolectores volvieron a poner en agenda la posibilidad de afrontar la contenerización del servicio con personal municipal. Reiteraron además su reclamo por inversión en el área, en particular para la compra de camiones y ropa de invierno, y plantearon también problemas vinculados a las altas de las ART en casos de lesiones de trabajadores.

Cabe recordar, en noviembre pasado hubo una reunión entre concejales de la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente, autoridades del Sindicato de Trabajadores Municipales (STMT) y delegados del servicio. En la misma, el STMT había presentado una iniciativa que ya había elevado al Ejecutivo, referida a cambios en la recolección de residuos la cual consistía en un proyecto de avance por etapas de la contenerización. Sin embargo, al momento no hubo nuevos encuentros ni diálogos en ese sentido.

“Quedó claro en este encuentro el compromiso de los concejales en acompañar la necesidad de mejorar el servicio, coincidiendo en algunas ideas y centralmente en la no privatización del mismo”, habían marcado entonces desde el STMT a través de una publicación en redes sociales.

En diálogo con El Eco, el delegado del área, Luciano Disipio, recordó la mencionada reunión y los principales temas abordados, el funcionamiento del servicio, la necesidad de generar inversiones para el área y otros aspectos. “Ellos dijeron que no querían privatizar y que se iban a comprometer. Hubo cambio de concejales, y hasta ahora no hemos tenido novedad”, sostuvo el delegado.

El proyecto, sumó, consiste fundamentalmente en afrontar la recolección mediante contenedores, pero manteniendo el personal municipal. “Es hacerlo con gente nuestra”, indicó. Al momento de la última reunión, agregó, “faltaba planta, pero ahora hicieron el presupuesto nuevo, y estamos esperando”.

El reclamo de los trabajadores recolectores por inversión en el área tiene como punto principal la compra de camiones que permitan mejorar el servicio. Sin embargo, el delegado planteó que “no son solamente los camiones, sino también que supuestamente iban a incluir en el presupuesto la compra de los contenedores”.

Sobre el pedido de vestimenta, el delegado indicó que en marzo corresponde una nueva muda en la cuales el Municipio deberá renovar la indumentaria laboral de los recolectores. Pero también marcó que solicitaron “las camperas de invierno que le dan a toda las áreas menos a nosotros”, y que “siempre por una cosa u otra se sigue postergando. Se ve que no tienen ganas de invertir en el área, no sé cómo será el tema porque la verdad que ya no les creo”.

Por otra parte el delegado informó que recientemente elevó un pedido al jefe de Personal y al propio Sindicato de Trabajadores Municipales por “el tema de la ART”. Al respecto, detalló que “te llaman por teléfono, desvalorizan el certificado del médico que te atendió, y dan el alta a chicos que no están recuperados”.

Tal situación, sumó, impacta en el servicio tras bajas de personal. “Algunos se jubilaron, nos ocuparon cuatro en septiembre y esos cuatro ya no los tenemos más. Ahora hay vacaciones, y se va a sentir. Están quedando tres recorridos por día. Se está dificultando por la falta de gente, complicando para terminar. El año pasado reclamamos cuatro y se solucionó el problema. Pero ahora se jubilaron, sacaron gente y nos estarían faltando cuatro personas. Para todo es un proceso. Nosotros con lo que tenemos que hacer lo cumplimos”, concluyó.

Trabajadores de la empresa Lustramax, acompañados por agrupaciones de izquierda, realizaron un corte total de la autopista Panamericana a la altura del kilómetro 35, en el partido bonaerense de Pilar, justo después del peaje, como parte de un reclamo por decenas de despidos en la planta. La protesta se desarrolló en las inmediaciones de la firma ubicada en la calle Estados Unidos 4545, en el Parque Industrial de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas.

Se trata del segundo bloqueo de tránsito impulsado por los manifestantes en la semana. Las medidas, de corta duración, buscan visibilizar el conflicto y exigir que la empresa cumpla con la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense.

La protesta se originó tras el despido de al menos 15 empleados, entre ellos delegados y activistas gremiales, y por reclamos vinculados al pago de aguinaldos, salarios y bonos adeudados. La compañía, dedicada a la distribución de papelería, artículos descartables, limpieza e higiene, fue intimada por el Ministerio de Trabajo a reincorporar de manera inmediata a los despedidos y a retrotraer la situación laboral al 9 de enero. Sin embargo, según informaron los trabajadores, la empresa rechazó la resolución y notificó que no la acatará.

Ante este escenario, los empleados mantienen el estado de asamblea permanente y convocaron a nuevas medidas de fuerza hasta que se cumpla lo dispuesto por la autoridad laboral. Leandro Gómez, delegado sindical de Lustramax, afirmó que el objetivo es generar instancias de diálogo para destrabar el conflicto. Según relató, la movilización contó con la participación de trabajadores de distintos turnos, familiares y empleados de otras empresas. “La idea es que alguien de algún organismo se acerque y llame a una reunión para poder destrabar la situación”, expresó en declaraciones a AM 750.

Los trabajadores denuncian que los despidos se produjeron luego de que la firma presentara un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y acusan a la empresa de impulsar un “plan patronal para avanzar sobre 29 puestos de trabajo”, además de situaciones de presunta persecución sindical y amedrentamiento policial. También sostienen que la compañía argumenta una supuesta crisis interna por conflictos societarios, aunque, según Gómez, “las ventas no cayeron” y “los últimos tres años de balances les dio positivo”.

En un comunicado difundido por el cuerpo de delegados se exige la reversión de los despidos, la regularización de los aportes a la obra social, el pago del bono de fin de año y el respeto de los derechos laborales básicos.

Los delegados, referenciados en el PTS, que integra el Frente de Izquierda (FIT-U), vincularon el conflicto a los cambios impulsados por el gobierno de Javier Milei en materia de reforma laboral. En ese sentido, Luca Bonfante, militante del PTS y excandidato a legislador porteño, sostuvo que la empresa anunció que incumplirá la conciliación obligatoria y que “la patronal está incumpliendo la Ley”, mientras los trabajadores permanecen en la fábrica. La protesta recibió además respaldo en redes sociales por parte de la diputada nacional Myriam Bregman y otros referentes de la coalición.

Desde la vereda opuesta, la abogada María Florencia Arietto cuestionó a Bregman y Nicolás del Caño por solidarizarse con el reclamo. En redes sociales afirmó que la empresa se encuentra atravesando un procedimiento preventivo de crisis para no cerrar y mantener la mayoría de los puestos de trabajo, que involucran a unas 200 familias, y señaló que el sindicato de comercio, el Ministerio de Trabajo bonaerense y la policía estarían trabajando junto a la firma. También indicó que el Juzgado de Garantías 4 de San Martín no emitió la orden de desalojo.

Según los representantes sindicales, el conflicto continuará hasta que Lustramax acate la resolución ministerial y regularice las obligaciones pendientes con su personal.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil (STMT) compartió este miércoles un comunicado tras una reunión mantenida en la mañana de hoy con ediles de todos los bloques del Concejo Deliberante. El encuentro se llevó a cabo en el marco de la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente, presidida por Federico Sánchez Chopa. El objetivo de la solicitud de reunión, presentada por el Secretario General del sindicato Roberto Martínez Lastra, fue plantear la postura de los trabajadores de la recolección ante las precarias condiciones laborales.

Durante la sesión, el sindicato describió la realidad del área, señalando que “se sostiene por la voluntad de los trabajadores, que no cuentan con las herramientas necesarias y adecuadas para prestar un servicio como los concejales quieren y la comunidad merece”.

La descripción de la situación incluyó detalles sobre “camiones que salen de servicio todos los días, el desdoblamiento de turnos",  y además, se indicó que las unidades presentan serios problemas de seguridad, una concatenación de irregularidades que según los trabajadores impide que los recorridos puedan cumplirse.

En este contexto, el gremio presentó un borrador de proyecto, entregado al Ejecutivo hace más de dos meses y medio, donde se delinea la idea general de avanzar en una contenerización en etapas de la recolección. Para implementar este plan y lograr una futura separación en origen, remarcaron la importancia de la inversión tanto en camiones como en contenedores.

La dirigencia sindical también expuso una comparación, contrastando el costo que representa el gasto en el servicio privado con la cifra equivalente que significaría invertir en el servicio público durante un período de cinco años. Adicionalmente, se explicó a los concejales que las reuniones que se venían manteniendo con el Ejecutivo para avanzar en el proyecto han sido suspendidas.

Como resultado del encuentro, afirmaron que se obtuvo un compromiso por parte de los concejales de acompañar la necesidad de mejorar el servicio. Los ediles coincidieron en algunas ideas y, centralmente, en la no privatización del servicio. 

A poco más de dos meses del comienzo de las negociaciones convocadas con el objetivo de aplicar un plan de modernización del sistema, el reclamo de los operarios por la falta de unidades en condiciones de salir a la calle y las repercusiones en el servicio sumó un nuevo capítulo.

Ayer, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil (STMT) publicó un comunicado a través de su cuenta oficial que refleja el estado de situación, las gestiones y la falta de respuesta por parte del Ejecutivo.

Bajo el título “modernización de recolección”, la organización que dirige Roberto Martínez Lastra apuntó que meses atrás mantuvieron una serie de reuniones con autoridades del Municipio. El objetivo de aquellos encuentros fue avanzar en un plan de modernización y reorganización integral del servicio de recolección de residuos que se presta en la ciudad.

En esas instancias iniciales, la representación sindical presentó un proyecto que venían intentando discutir con la gestión local desde hacía varios años, buscando mejoras sustanciales. “En esas primeras reuniones hubo algunos pequeños avances, se plantearon algunas ideas centrales y pretensiones de cada parte”, resaltó el sindicato a través del posteo en sus redes sociales.

Las demandas fundamentales se centraban en garantizar la seguridad de los operarios, mejorar las condiciones laborales, asegurar la provisión de herramientas de trabajo suficientes y en óptimo estado, así como la garantía de continuidad de los puestos de trabajo y el correcto cumplimiento de la prestación del servicio a todos los vecinos.

El eje del conflicto

Sin embargo, transcurridos aproximadamente dos meses desde aquellos primeros acercamientos y la formulación de propuestas, la situación no presenta avances o mejoras. Por el contrario, “cada día se deterioran las condiciones de trabajo”, alertó.

Como reflejo de este escenario, el sindicato apuntó al estado de la flota de unidades disponibles para realizar las tareas de recolección: los camiones compactadores. En ese sentido, describió que hay jornadas laborales en las que los operarios cuentan con cinco o siete de estas unidades, una cantidad que calificaron de “totalmente insuficiente” para cubrir los recorridos, por lo que impacta en la eficiencia y frecuencia del servicio.

A la par del reclamo, los representantes sindicales observaron una disparidad en la asignación de recursos dentro de la estructura de la dependencia a cargo de Luciano Lafosse. “Vemos que en otras áreas de la misma Secretaría (de Planificación y Obras Publicas) año a año se acrecienta y mejora la flota de maquinarias y vehículos”, compararon.

Esta situación ocurre “en detrimento de la recolección”, ya que recalcaron que “ni un solo camión recolector ha sido comprado en los últimos ocho años”.

Esta falta de inversión que marcó el sindicato, llevó a plantear a modo de interrogante si la gestión actual está “llevando al servicio a un callejón sin salida”.

Pese al escenario de incertidumbre, el sindicato reafirmó su “apuesta al diálogo” como vía de resolución. No obstante, enfatizó que “debe ser con resultados” concretos. Para finalizar, apuntó contra la gestión municipal y dijo que “no puede seguir demorando a conciencia porque las consecuencias de esto lo vemos día a día”.

El Municipio de Tandil y el Sindicato de Trabajadores Municipales cerraron un nuevo acuerdo de recomposición salarial en el marco de la paritaria 2025, que contempla incrementos para los meses de octubre, noviembre y diciembre, un aumento en el concepto de presentismo y una bonificación especial no remunerativa.

El entendimiento, alcanzado en las últimas horas entre el Ejecutivo y la representación gremial, abarca a todos los trabajadores de la Administración Central y del Ente Descentralizado Sistema Integrado de Salud Pública.

Según lo establecido, los incrementos en los sueldos básicos se aplicarán de manera mensual conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. De esta forma, en octubre, noviembre y diciembre los aumentos serán equivalentes a la variación mensual del IPC de cada período, calculada sobre los básicos vigentes del mes anterior.

Asimismo, se acordó un incremento de 20.000 pesos en el concepto de Presentismo, que a partir del 1° de octubre pasará a ser de 50.000 pesos. Además, los trabajadores percibirán dos Bonificaciones Especiales No Remunerativas de 150.000 pesos cada una, que se abonarán el 14 de noviembre de 2025 y el 23 de enero de 2026.

Finalmente, las partes consensuaron retomar las negociaciones paritarias en febrero del próximo año, con el objetivo de seguir evaluando la evolución de los salarios en relación con la situación económica del país.

En el marco de la paritaria salarial de la planta comunal, los trabajadores municipales agremiados en ATE pidieron un 40 por ciento de aumento retroactivo a septiembre, un bono de 400.000 pesos y una cláusula gatillo automática si la inflación de octubre supera el 1,9 por ciento.

Además, tras reuniones en el Ministerio de Trabajo bonaerense, aguardan una resolución de la cartera provincial que signifique un paso más en la incorporación del sindicato a la mesa paritaria municipal. En el mismo sentido, avanzaron con un amparo sindical ante el Juzgado Laboral, para que se haga efectivo el llamado.

“Esta es la propuesta que presentamos en defensa del bolsillo de los estatales municipales. Porque sabemos que sin organización no hay derechos. 40 por ciento de aumento retroactivo a septiembre. Bono extraordinario de 400.000 pesos en un pago por el Día del Trabajador Municipal. Cláusula gatillo automática si la inflación de octubre supera el 1,9 por ciento mensual”, señalaron desde ATE en un comunicado.

Cabe recordar que el último acuerdo entre el Municipio y el Sindicato de Trabajadores Municipales estableció un aumento del 5 por ciento para los meses de mayo, julio y agosto. “En septiembre no se sentaron”, expresó Hernán Gasparini, secretario general de ATE Tandil, en diálogo con El Eco. “Nosotros la convocamos, pero la desconocieron”, sumó. En referencia al reciente aumento exigido, señaló que “estamos pidiendo algo que nos parece lógico”. 

La solicitud de aumento de ATE se enmarca en el reclamo de la entidad gremial por integrar la mesa paritaria municipal, de la que hasta ahora forma parte el Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales.

La normativa vigente establece un porcentaje de trabajadores agremiados para sentarse a la negociación. Sin embargo, hubo idas y vueltas judiciales al respecto. Del lado de ATE plantean que cuentan con el total de los afiliados requeridos, e incluso hubo dictámenes provinciales sobre el tema. De parte del Municipio y del Sindicato de Trabajadores Municipales, indican que dicho porcentaje debe aplicarse sobre el total del personal de la planta.

“El Municipio lo que nos plantea es que está bien que tengamos un dictamen del Ministerio de Trabajo, pero ellos entienden que tiene que ser una resolución, no un dictamen”, señaló Gasparini. En ese sentido, informó que la cartera provincial avanza en una resolución al respecto.

En paralelo, sumó Gasparini, avanzaron con un amparo sindical “para que esto se resuelva de manera inmediata, porque ATE tiene todo para ser parte de la negociación colectiva”. El secretario general consideró que desde la comuna “lo que están haciendo es tratar de aplazarlo lo máximo posible, y siempre con muchas vueltas”.

A la fecha, precisó Gasparini, ATE cuenta con casi 240 afiliados, de un total aproximado de 2.600 trabajadores de la planta municipal.

Ayer por la mañana, en la segunda jornada de paro en la Dirección de Espacios Verdes Públicos, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil llevó adelante una ruidosa protesta en el hall de ingreso a la Municipalidad.

Con bombos, redoblantes y banderas naranjas, los integrantes de la comisión directiva, delegados y operarios del área se manifestaron en la sede de Gobierno en reclamo por el despido de dos trabajadores.

Con un posteo a través de sus redes sociales, el sindicato alertó que “el Municipio no cumple” y que “no le interesan los laburantes”, para luego pedir “respeto a la Constitución, a nuestra Ley y al Convenio Colectivo de Trabajo”.

El planteo por la desvinculación de dos empleados del área tras la no renovación de sus contratos, una decisión que el gremio calificó como “ilegal” y que derivó al inicio de un paro de actividades desde el lunes, generó la reacción del Municipio.

En principio, solicitó ante la delegación local del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires la ilegitimidad de la medida bajo el fundamento que no estaría incumpliendo con “ningún artículo” del Convenio Colectivo de Trabajo ni con “ninguna ley laboral”. En tanto, consideró que no habría motivos para pedir una instancia de conciliación ya que serían casos de contratos que vencieron el 30 de junio.

Frente a este escenario, la dependencia bonaerense que dirige Ezequiel González Godoy citó a las partes a una audiencia para el jueves a las 11.

El anuncio

En un comunicado publicado el sábado, la organización que dirige Roberto Martínez Lastra expuso la situación en el área a cargo de Walter Urso. “Dos compañeros que se quedan sin trabajo, decisión ilegal del Municipio”, planteó el sindicato a través de sus redes sociales y agregó que “hace una semana nos enteramos de dos trabajadores que no les ‘renovaban el contrato’, una forma elegante de echarlos”.

Resaltó que “las calificaciones eran excelentes” y que “la decisión del director con su firma era que continuaran laburando, trabajadores que cumplieron con todo lo que el Municipio les requirió, lo que el área les requirió, que sus propios compañeros dan fe de su valía”.

“Una vez más vemos al Municipio incumpliendo con lo que dice el Convenio Colectivo de Trabajo para los trabajadores contratados; no eran trabajadores temporales debieron seguir trabajando”, repasó.

Luego, señaló que realizaron las gestiones ante el Municipio, que “fueron infructuosas”, ya que “simplemente contestó que se les había terminado el contrato y se les liquidó vacaciones”, mientras que “la última notificación que tuvieron fueron las calificaciones y que iban a continuar trabajando, reiteramos, con la firma del director”.

En tanto, apuntó que el viernes convocaron a una asamblea con los trabajadores de Parques y Paseos en la cual decidieron “iniciar una medida de fuerza a partir del lunes”.

No obstante, aclaró que “hasta último momento hubo contacto con las autoridades municipales tratando que reinvirtieran su postura. Al no hacerlo lamentablemente desde el próximo lunes estamos con medidas de fuerza”.

“Como siempre mantenemos nuestra buena fe, esperando que nos convoquen y podamos encontrar un punto de encuentro. También esperamos que el Ministerio de Trabajo de la Provincia actúe en consecuencia cumpliendo con sus facultades y obligación resolviendo a favor de los trabajadores”, cerró el sindicato.

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil (STMT) continúa con gestiones ante Ejecutivo ante los reclamos laborales en diferentes sectores de la estructura comunal. Por un lado, alertó la desvinculación de dos empleados del área de Parques y Paseos tras la no renovación de sus contratos. El gremio calificó la decisión como “ilegal” y anunció que, ante la falta de respuestas satisfactorias, este lunes comenzaron las medidas.

En paralelo, la organización sindical comunicó avances en el reclamo que llevan adelante los trabajadores de la Dirección de Salud Mental. En una reunión mantenida la semana pasada con autoridades del Sistema Integrado de Salud Pública (SISP), se abordaron temas vinculados a la sobrecarga laboral y a las condiciones de insalubridad.

Desde el sindicato aseguraron que continuarán las gestiones para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Municipio y avanzar en las demandas pendientes.

En Parques y Paseos

En un comunicado publicado el sábado, la organización que dirige Roberto Martínez Lastra expuso la situación en el área a cargo de Walter Urso. “Dos compañeros que se quedan sin trabajo, decisión ilegal del Municipio”, planteó el sindicato a través de sus redes sociales y agregó que “hace una semana nos enteramos de dos trabajadores que no les ‘renovaban el contrato’, una forma elegante de echarlos”.

Resaltó que “las calificaciones eran excelentes” y que “la decisión del director con su firma era que continuaran laburando, trabajadores que cumplieron con todo lo que el Municipio les requirió, lo que el área les requirió, que sus propios compañeros dan fe de su valía”.

“Una vez más vemos al Municipio incumpliendo con lo que dice el Convenio Colectivo de Trabajo para los trabajadores contratados; no eran trabajadores temporales debieron seguir trabajando”, repasó.

Luego, señaló que realizaron las gestiones ante el Municipio, que “fueron infructuosas”, ya que “simplemente contestó que se les había terminado el contrato y se les liquidó vacaciones”, mientras que “la última notificación que tuvieron fueron las calificaciones y que iban a continuar trabajando, reiteramos, con la firma del director”.

En tanto, apuntó que el viernes convocaron a una asamblea con los trabajadores de Parques y Paseos en la cual decidieron “iniciar una medida de fuerza a partir del lunes”.

No obstante, aclaró que “hasta último momento hubo contacto con las autoridades municipales tratando que reinvirtieran su postura. Al no hacerlo lamentablemente desde el próximo lunes estamos con medidas de fuerza”.

“Como siempre mantenemos nuestra buena fe, esperando que nos convoquen y podamos encontrar un punto de encuentro. También esperamos que el Ministerio de Trabajo de la Provincia actúe en consecuencia cumpliendo con sus facultades y obligación resolviendo a favor de los trabajadores”, cerró el sindicato.

En Salud Mental

De acuerdo al posteo realizado a través de la redes sociales, la organización que lidera Roberto Martínez Lastra expuso las novedades en cuanto al reclamo que mantienen los trabajadores del Centro de Salud Mental.

En ese sentido, anunció que el martes pasado el secretario Gremial David Marconi y dos enfermeras del servicio participaron de una reunión con las autoridades del Sistema Integrado de Salud Pública representadas por el vicepresidente Claudio Martínez Crovetto, la directora de Salud Mental Constanza Funes, el vicedirector Walter Ríos y la jefa del Departamento de Recursos Humanos Soledad García Carreiras.

En ese espacio, plantearon los temas referidos a las tareas que brinda el personal del servicio. “La saturación de los trabajadores por  la demanda en la internación, el cambio de las patologías atendidas, la relación con  el consumo problemático de sustancias, el reconocimiento diferenciado por la tarea, la insalubridad, la internación de menores de edad y la capacitación”, repasó.

En primer término, señaló que “las autoridades se comprometieron al inicio de obras para la internación de menores en un ala independiente, con los correspondientes equipos de asistencia y enfermería”.

En relación a este punto, indicó que “la directora se encuentra elaborando un proyecto de capacitación para enfermería del servicio extensible a otros servicios que trabajan en apoyo en la recepción, admisión o derivación de pacientes”.

En cuanto al “colapso ante la demanda y la sobrecarga en la atención de los pacientes, se avanzará en la cobertura de un enfermero más por turno”, mientras que “la bonificación solicitada para el sector será planteada en el pleno de la Comisión Negociadora Paritaria viendo la posibilidad del reconocimiento de acuerdo a los fundamentos dados por la representación gremial y las compañeras que asistieron a la reunión en representación del sector”.

Por el reconocimiento de la insalubridad para el Servicio de Salud Mental, luego de repasar todas las presentaciones realizadas por el STMT a lo largo de los años, “la última hace pocos meses, se acordó la insistencia ante el Ministerio de Trabajo”. Asimismo, solicitaron que el Municipio se sume al pedido a través de las autoridades del SISP.

“Este fue un paso más en busca de las soluciones que necesitan los compañeros”, valoró el sindicato, que planteó que “en las próximas semanas gestionaremos para que se cumpla con los comprometido y por lo que aún no tiene resolución”.

Ante la falta de insumos esenciales y demoras en la entrega de indumentaria de trabajo, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil lanzó un reclamo en defensa de las condiciones laborales en el área de Parques y Paseos de la Dirección de Espacios Verdes Públicos y de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat y esperan respuestas por parte de las autoridades del Ejecutivo.

La organización que dirige Roberto Martínez Lastra publicó un posteo a través de sus cuentas oficiales de la entidad en el que expuso las gestiones impulsadas en ambas dependencias a partir de los pedidos vinculados a las condiciones laborales.

En el sector de espacios verdes públicos, los operarios de las plazas pidieron herramientas básicas y apuntaron contra el director del área Walter Urso, aunque lograron algunos avances tras una reunión con el subsecretario Claudio Fuentes hay otras demandas que aún no fueron satisfechas.

En paralelo, obreros y choferes de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat iniciaron una medida de fuerza luego de más de un mes de espera por la entrega de ropa y calzado de trabajo. La respuesta oficial llegó recién tras el inicio de la protesta, con una entrega parcial y la promesa de completar el faltante en los días siguientes.

Desde el sindicato, remarcaron la necesidad que el Municipio cumpla en “tiempo y forma” con lo estipulado para evitar nuevos conflictos.

Primer reclamo

En cuanto a la situación en la Dirección Espacios Verdes Públicos, a través del posteo en las redes la organización sindical contextualizó que “hace unos días” mantuvo una reunión con los trabajadores de las plazas Independencia y Moreno.

En ese intercambio, “parece que nada nos debería sorprender, pero cuando nos presentan las problemáticas y reclamos no entendíamos cómo el director del área, Walter Urso, no daba ningún tipo de respuesta”, haciendo referencia a una dinámica propia del funcionario del Gobierno.

En ese sentido, señala que los operarios solicitaron “simplemente herramientas para trabajar, cosas elementales para su tarea”, tales como “una escoba, una escobilla de plástico y una de alambre, carretillas en buen estado, entre otros”, ante lo cual “nunca recibieron una respuesta como corresponde, solamente una sonrisa despectiva o comentarios fuera de lugar”.

Asimismo, indicó que los empleados “deben pedir las llaves del baño del Municipio por que en su lugar de trabajo no tienen baño, ni siquiera les facilitó una copia” para tener acceso a ese espacio. “Nosotros estuvimos conversando con los compañeros un viernes y el sábado, mágicamente, apareció una carretilla nueva; del resto ni noticias”, repasó el sindicato en su posteo.

Luego, apuntó que el lunes pasado mantuvieron un encuentro con el subsecretario de Obras Públicas Claudio Fuentes en la que plantearon la demanda “conjunto con los compañeros y el delegado del área”.

“Estamos esperando lo que falta entregar según lo comprometido, que incluye también la posibilidad de una cortadora de césped de empuje para la plaza Moreno, el arreglo en la parte de descanso debajo de la Glorieta de la Plaza Independencia, un dispenser con agua y una estufa para calefaccionarse”, remató.

Obreros y choferes

En otro de los párrafos de la publicación, el sindicato retomó otro de los reclamos al mencionar que “hace un mes y medio mantuvimos un encuentro con los compañeros obreros de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat tras el pedido del delegado del área” ante la no entrega “de la ropa y del calzado de trabajo”.

Luego del intercambio con las autoridades del área y “de esperar un tiempo más que prudencial (más de un mes)”, decidieron iniciar medidas de fuerza.

“Una semana antes de empezar con esta acción y antes de tomar la medida”, el sindicato dialogó “nuevamente con la secretaria del área (Juliana Teerink) esperando que se cumpliera con la obligación del Municipio, lo que lamentablemente no sucedió”.

Después de dos días de protesta, “llegó la primera respuesta del Ejecutivo: nos dijeron que los había sorprendido la postura de los compañeros, algo que veníamos anticipando y nunca una respuesta satisfactoria, que por ese motivo se llegó a esta situación”.

El relato continúa haciendo mención a que la secretaria “nos acercó una respuesta para presentar en la asamblea que en ese momento teníamos con los compañeros”.

En detalle, “se comenzaba a entregar la ropa a los albañiles y electricistas junto con el calzado correspondiente, quedaría solamente lo de los choferes para el trascurso de la siguiente semana”.

Tras el debate, acordaron un “cuarto intermedio” a la espera de “tener la ropa en la semana siguiente”.

Finalmente “se dio cumplimiento parcialmente a lo establecido en nuestro CCT (Convenio Colectivo de Trabajo) y al compromiso asumido por las autoridades, proveyendo parte de la ropa de trabajo y restando en la próxima semana completar la muda correspondiente”.

“Esperamos que no debamos tomar en el futuro nuevamente una medida de este tipo y se respete el derecho de los trabajadores en tiempo y forma”, finalizó el sindicato.