El conflicto entre Tandil y Azul por la familia que fue abandonada en la Estación de Trenes sumó un nuevo capítulo, con la respuesta que el intendente Miguel Lunghi remitió a su par Nelson Desiderio Sombra. En la nota, exigió pagar las erogaciones económicas que realizó el Municipio para asistir a los once integrantes que, el 13 de agosto pasado, arribaron en un móvil oficial de esa ciudad. Además, solicitó coordinar el “retorno seguro” a la vecina localidad y advirtió que sostendrá las acciones legales iniciadas y de no obtener respuesta, realizará otra denuncia ante el Tribunal de Cuentas.

La nota enviada al jefe comunal azuleño el 27 de agosto pasado fue en réplica a la que había cursado Azul cinco días antes. En tanto, el secretario de Legal y Técnica, Juan Francisco Macia Cantarelli, procedió por “expresa instrucción” del intendente Lunghi a “responder de manera categórica”.

Hace diez días, la Municipalidad de Azul había rechazado las demandas de Tandil por el traslado de la familia que fue dejada en la Estación de Trenes, como así también se rehusó a pagar los gastos ocasionados por la asistencia a los seis adultos y cinco menores de edad en situación de vulnerabilidad. Como contrapartida, había propuesto conformar una mesa integrada por funcionarios de ambas comunas para escuchar las declaraciones de los integrantes del grupo arribado a esta ciudad.

Punto por punto

"Esta secretaría rechaza de plano por falsas, inexactas e improcedentes todas y cada una de las justificaciones y descalificaciones vertidas por su administración, dejando expuestas las gravísimas inconsistencias fácticas, técnicas y normativas en las que incurre su descargo, así como el reprochable y temerario obrar del personal municipal de Azul”, expuso Macia Cantarelli al comenzar la argumentación.

En paralelo, acusó que la notificación recibida “no hace más que confirmar que su gestión ha intentado resolver un problema social e institucional local mediante la mera ‘exportación fáctica del conflicto’ hacia nuestra jurisdicción” y enumeró una serie de once “inadmisibles contradicciones”.

En primer lugar, marcó una “incongruencia”, teniendo en cuenta que el municipio azuleño adujo que había asistido a la familia durante cuatro años, de forma “sistemática” y a través de distintos profesionales. “Esta afirmación, lejos de atenuar la responsabilidad de su gestión, la agrava de manera exponencial”, concluyó el letrado y le achacó que tras el “seguimiento institucional”, frente a un conflicto vecinal y de violencia “la única respuesta operativa que la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad de Azul haya podido articular” fuera “subir a once personas a un transporte oficial y depositarlas en otra ciudad sin aviso previo alguno. Si el seguimiento fue real, la decisión de trasladarlos constituye un fracaso rotundo de su política de contención; si no lo fue, su nota miente para maquillar el abandono”.

En el segundo punto, Macia Cantarelli se enfocó en la situación habitacional y la ordenanza que le asignó a esa familia que habitaba el asentamiento “Los Piletones” un módulo a construirse en el predio del Tiro Federal. “Aquí radica la contradicción más escandalosa de su descargo”, señaló y cuestionó que con el traslado “su gestión desbarató su propia política pública y los fundamentos de una ordenanza de emergencia”.

En ese sentido, evaluó que “no existe coherencia alguna en legislar una solución local para luego facilitar activamente que los adjudicatarios emigren en una combi oficial hacia otro partido, perdiendo el arraigo y la protección habitacional consagrada”.

Por otra parte, en materia de vulneración de derechos, expuso que “su nota pretende amparar la legalidad de semejante operativo señalando que existió una ‘solicitud de ser trasladados... realizada por uno de los adultos’” y remarcó que el personal azuleño “omitió deliberadamente” que el grupo está compuesto por once personas -seis adultos y cinco niños-, por lo que cuestionó que la medida se basara en la “supuesta petición” de uno de los integrantes “sin constatar de manera fehaciente la libre voluntad de los otros cinco mayores de edad”.

En esa línea, desde Azul habían fundamentado el respeto por la “autonomía personal”, cuando se trata de “un avasallamiento directo de las libertades de los demás integrantes del grupo, quienes declararon ante la policía de Tandil que el personal de Azul les impuso el viaje como ‘única alternativa’ por falta de presupuesto local”.

En tanto, añadió que el accionar “vulneró de forma dolosa la Ley 13.298 y la Ley 26.061, ignorando por completo el derecho constitucional de los cinco niños a ser oídos y a que se garantice su centro de vida, decidiendo sobre su destino como si fueran meros objetos de traslado”.

Como cuarto punto, Macia Cantarelli apeló a “la falsedad de la ‘voluntad de traslado’ y la coacción del personal de Azul”, teniendo en cuenta que los adultos declararon en la comisaría Segunda que concurrieron a la Municipalidad de Azul tras sufrir hechos de violencia vecinal y amenazas, y. como respuesta, la encargada de Desarrollo Social de Azul les manifestó que no contaban con presupuesto para asistirlos y “como ‘única alternativa’ les impuso el traslado a Tandil bajo la falsa promesa de que nuestro municipio ya les tenía asignado un hogar”.

Como agravante, mencionó que “la familia manifiesta que el personal municipal les hizo firmar un papel manuscrito de puño y letra que les fue quitado de inmediato de las manos, impidiéndoles leer su contenido. No existió autonomía personal ni decisión libre; existió una maniobra engañosa y compulsiva de sus funcionarios para ‘exportar’ un conflicto social local”.

En quinto término, el letrado atacó la versión de que un adulto del grupo adujo que contaba con alojamiento para todos en Tandil y puso en evidencia que “el chofer del vehículo oficial de Azul patente AG 567 BU los dejó abandonados a las 16.40 en una estación de trenes en desuso, inhabitada y desprovista de servicios básicos”, cuando los debería haber llevado a la puerta del domicilio y constatar la habitabilidad y recepción.

“Dejarlos a la intemperie en un paraje ferroviario abandonado prueba de forma irrefutable que su personal sabía perfectamente que la familia no tenía adónde ir, desentendiéndose de su suerte en el instante en que descendieron del rodado municipal”, aseveró.

En sexto lugar, el secretario de Legales intimó a que Azul “remita de manera perentoria copia certificada” de la “evaluación de las condiciones” de la familia, que detalle los profesionales que firmaron y explique “bajo qué parámetros técnicos determinaron que once personas sin recursos tenían resuelto su sustento y vivienda en nuestra ciudad. Está claro que dicha evaluación técnica no existe, o es una simulación documental posterior”, máxime cuando al ser dejados en la Estación de Trenes “debieron encender fuego entre los vagones abandonados para calentarse en pleno invierno, requiriendo el auxilio inmediato y urgente de nuestra Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat para no congelarse”.

Por otra parte, el abogado acusó una “violación del deber estatal de resguardo de menores” y objetó que la falta de antecedentes en el Servicio Local “no exime al Estado municipal de Azul de sus obligaciones como garante primario del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de la Niñez”.

Y advirtió que “al haber menores de edad en el grupo humano que su administración decidió subir a un transporte oficial, sus funcionarios tenían la obligación ineludible de garantizar que el traslado tuviera como destino un domicilio real y seguro”, por lo que reflejó que expuso a los niños “a una situación de desamparo crítico y vulnerabilidad social extrema”.

Como octava objeción, puso en duda la capacidad de registro y control procedimental de la gestión de Azul, teniendo en cuenta que la respuesta afirmaba con “asombrosa ligereza” que el grupo trasladado estaba compuesto por diez personas –cuatro adultos y seis menores-. “Esta inconsistencia deja en evidencia que su municipio ni siquiera sabe a quiénes sube a sus vehículos oficiales”, alertó y ofreció como pruebas tanto las actas de la Municipalidad de Tandil como del procedimiento policial. En tanto, calificó la diferencia en el número de personas como “una negligencia técnica e institucional intolerable”.

El ítem nueve versó sobre el “pésimo obrar operativo y absoluta falta de comunicación previa”, lo que quedó constatado por las cámaras del Centro de Monitoreo local que registró a personal azuleño trasladando a las once personas vulnerables, a las que abandonó en la Estación a las 16.40. “El chofer de la combi oficial se retiró de inmediato del lugar. No existió un solo llamado formal, ni un informe social de derivación, ni articulación de ningún tipo con nuestra Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat”, alegó.

En décimo orden, el secretario de Legales expuso “la ratificación de reservas de repetición y resarcimiento de gastos”, en tanto rechazó “con firmeza su pretensión de no hacerse cargo de los costos económicos” debido a que “ha sido la negligencia y la conducta desaprensiva de Azul la que obligó a este Municipio a desplegar de forma inmediata recursos humanos, logísticos y financieros extraordinarios para proveer alojamiento transitorio, alimentos, vestimenta e intervenciones sanitarias urgentes para salvaguardar la vida de sus ciudadanos”.

En tanto, advirtió que de no afrontar las sumas devengadas y a devengarse, el Municipio de Tandil iniciará “las acciones legales correspondientes y las denuncias respectivas ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires por desvío de recursos públicos al utilizar rodados oficiales para fines ilícitos y ajenos a su jurisdicción”.

Como última cuestión, Juan Francisco Macia Cantarelli aceptó la Mesa de Trabajo ofrecida por la comuna de Azul, que calificó como lo único “positivo y aceptable” de la respuesta enviada a Tandil, aunque “bajo la premisa de que no servirá como un mecanismo de impunidad o blanqueo del pésimo obrar de su personal”.

Condicionó la participación en esa mesa a generar “una instancia técnica obligatoria” para  “escuchar de manera personal, directa y libre de coacciones a los integrantes de la familia trasladada” y presentar los informes oficiales del Servicio Local respecto de los menores, antecedentes de intervención por violencia de género y relacionadas a salud, educación, trabajo y habitación de los trasladados, y del secretario de Desarrollo con la Comunidad para analizar los motivos del traslado.

Además, ató la mesa a que arbitre “de forma inmediata los mecanismos económicos y de resarcimiento para que la Municipalidad de Azul asuma los gastos extraordinarios que este Municipio debió afrontar de urgencia para subsanar el abandono perpetrado por su personal”.

En paralelo, notificó que Tandil “mantendrá plenamente vigentes todas las acciones legales y penales iniciadas y por iniciarse, así como se reserva el derecho de realizar las denuncias correspondientes ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires por el desvío y uso irregular de recursos públicos de su comuna y ante Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires para que esté en debido conocimiento de lo sucedido”.

En paralelo, Macia Cantarelli manifestó que Azul deberá “eventualmente, arbitrar los medios para coordinar el retorno seguro y la asunción definitiva de la asistencia de la familia en su jurisdicción de origen” y expresó que “la convivencia democrática y el federalismo municipal exigen el cese inmediato de prácticas de desentendimiento territorial de personas en situación de vulnerabilidad”.

Para cerrar, el letrado quedó a la espera de la designación de los representantes de Azul para coordinar la primera reunión de la mesa técnica de trabajo.

En los últimos días tomó estado público que un vecino de la localidad de Bolívar, padre de uno de los menores de la familia trasladada desde Azul a Tandil, reclama poder ver a su hijo. Se trata de Renzo Leiva, quien dialogó con El Eco y contó su caso. Señaló que presentó denuncias y que aguarda la determinación judicial al respecto.

“Quiero que se cumplan los derechos de mi hijo y los míos como padre”, expresó Leiva. “Mi reclamo es que me den al nene, sí o sí, o que me lo traigan para Bolívar, así él tiene un lugar fijo para estar estable, y que no viva yendo de lugar en lugar. Creo que no puede vivir mi nene yendo un lugar para otro pasando frío, hambre y todas cosas así que viene pasando. Me están cortando el vínculo familiar, el poder verlo, poder hablar”, pidió Leiva, padre de un niño de cinco años.

El caso de la familia en situación de vulnerabilidad trasladada de Azul a Tandil tomó estado público el pasado 14 de agosto. Fue cuando, tras registrar la presencia de personas en la Estación de Ferrocarril, la Secretaría de Protección Ciudadana dio aviso a la Policía y activó junto a Desarrollo Humano el protocolo para personas en situación de calle. La familia fue alojada en pensiones locales, y cuatro de los menores ya retomaron su escolarización en la ciudad.

El hecho motivó denuncias y comunicaciones cruzadas. Una de las denuncias fue por averiguación de ilícito, y la presentó de oficio la Policía con sede en Tandil. Otra fue elevada por el concejal azuleño Agustín Puyou contra el funcionario Omar Seoane, responsable del área que trasladó a la familia. 

El intendente Miguel Lunghi solicitó a su par azuleño que intervenga en el caso, y desde Azul respondieron que no iban a hacerse cargo de los gastos ocasionados, proponiendo la creación de una mesa conjunta para abordar la situación.

“Que me den al nene”

Renzo Leiva sostuvo que el conflicto con la madre de su hijo comenzó tras la separación, y desde entonces busca mantener un vínculo estable, aunque transmitió que no encontró voluntad al respecto de parte de su ex pareja. El cotidiano con su hijo, manifestó al respecto, ha sido obstaculizado por la madre del niño. 

Según explicó, se enteró de la llegada de ambos a Tandil de manera fortuita: “Me enteré de que estaban en Tandil a través de una captura de pantalla que le mandó mi hermana a mi mamá, que la mamá de mi hijo y él estaban ahí en la calle, estaba en la Estación de tren, y no me había avisado nada. Me hubiese avisado, y yo lo iba a buscar, pero no”.

Tras tomar conocimiento de la situación se contactó con su abogado. Presentaron una denuncia en la Comisaría de la Mujer con sede en Bolívar, y a la fecha aguardan respuesta de parte de la Justicia y las autoridades competentes.

El padre del menor enfatizó que su intención es brindarle a su hijo un entorno seguro y permanente. “Acá en casa tenemos tres habitaciones, una para mí, una para mi mamá y otra para mi hermano. Dos baños, cocina comedor está más que bien acá. Pero no pasa todo por eso, sino por el bienestar de él, emocional, económico, todo, todo junto tiene que ser un lugar estable. Acá se le va a apoyar bien, con amor, con cariño, con respeto. No va a tener que pasar más por esas cosas”, aseguró.

Leiva recordó que la inestabilidad en el contacto con su hijo es una problemática de larga data. “Esto ya viene con muchos antecedentes de este tipo de cosas, de no poder estar con mi hijo. Cuando nos separamos fue cuando todo esto empezó a cambiar”, señaló. Asimismo, describió la angustia que le generan las comunicaciones telefónicas: “Cada vez que lo llamaba me reclamaba, mi hijo, lloraba”.

El caso de Renzo Leiva y su reclamo tomó trascendencia luego de que se haya conocido la situación de la familia trasladada a Tandil por el Municipio de Azul. Consultado sobre el hecho, Agustín Puyou, concejal de la localidad vecina, quien denunció a los funcionarios azuleños implicados, consideró que el reclamo de Leiva aumenta la gravedad de lo ocurrido.

“Lo he leído por trascendidos periodísticos. De ser así es aún más grave porque además hay un padre que está reclamando la tenencia”, indicó. “Con lo cual hay otro desconocimiento, otro incumplimiento de una orden judicial. Cada cada vez que uno se acerca al problema se agrava cada vez más", concluyó.

El conflicto entre los municipios de Tandil y Azul por el traslado de una familia en situación de extrema vulnerabilidad sumó este jueves un nuevo capítulo. El intendente Miguel Lunghi envió una intimación administrativa a su par azuleño, Nelson Sombra, para exigir explicaciones formales por el operativo realizado el pasado 13 de agosto y reclamar que la comuna vecina vuelva a asumir la responsabilidad por la asistencia del grupo familiar.

La presentación, a la que tuvo acceso El Eco, enviada bajo el título “Intimación administrativa. Exigencia de informes técnicos y resarcimiento por traslado irregular de personas en situación de vulnerabilidad”, expresa el “más enérgico rechazo y formal protesta” del Gobierno local por lo sucedido. Según trascendió en los últimos días, y consta en el documento, once personas pertenecientes a un mismo grupo familiar fueron trasladadas en un vehículo oficial de Azul y dejadas en una estación de trenes en desuso de Tandil.

El episodio ocurrió durante la noche del pasado jueves 13 de agosto y fue detectado a través de las cámaras del Centro de Monitoreo. Tras observar la presencia de un grupo numeroso de personas en inmediaciones de la Estación de Ferrocarril, agentes de Protección Ciudadana intervinieron y activaron el protocolo previsto para situaciones de vulnerabilidad. Desde entonces, el Municipio de Tandil tomó a su cargo la asistencia de la familia.

En los días posteriores, además, se conoció que el grupo familiar había aumentado a 13 integrantes, entre ellos cinco menores. Los adultos y niños permanecen alojados en pensiones de la ciudad con acompañamiento municipal, mientras que cuatro de los menores ya fueron escolarizados en establecimientos educativos tandilenses.

En la nota enviada a Sombra, Lunghi cuestionó especialmente que el traslado se haya realizado sin comunicación previa entre ambos municipios, sin un informe de derivación y sin articulación entre las áreas encargadas de la asistencia social.

El escrito sostiene que no existió ningún aviso a la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de Tandil que permitiera conocer con anticipación la situación del grupo, sus antecedentes y las razones por las cuales se había decidido trasladarlo desde Azul.

Para el Ejecutivo tandilense, esa falta de coordinación significó trasladar de hecho a otra jurisdicción una problemática social que debía continuar siendo atendida por el municipio de origen. “Este proceder evade de forma ilegítima las obligaciones de asistencia social primaria radicadas en el domicilio de los afectados”, plantea la presentación.

La cuestión adquirió una relevancia todavía mayor por la presencia de niños y adolescentes. En ese sentido, Lunghi hizo referencia en la intimación a la Ley Provincial 13.298, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, y a la Ley Nacional 26.061, y sostuvo que el procedimiento habría vulnerado principios vinculados con el interés superior del niño y la protección integral.

Desde Tandil ya habían advertido que la situación requería una intervención especial debido a la presencia de menores y a una medida judicial vinculada con el grupo familiar. Según se informó, además, existía una disposición de custodia dinámica en el marco de una causa judicial.

El planteo de Lunghi se produce luego de que funcionarios del Municipio de Azul brindaran públicamente su propia versión sobre lo ocurrido.

El secretario de Desarrollo de la Comunidad de Azul, Omar Seoane, sostuvo que la familia había solicitado voluntariamente el traslado porque tenía intención de radicarse en Tandil y negó que hubiera existido abandono de persona. Según explicó, desde la comuna se les había ofrecido una alternativa vinculada con la custodia, pero el grupo habría rechazado esa posibilidad.

La explicación azuleña, sin embargo, no coincide con la mirada expresada por las autoridades tandilenses. Desde el Municipio local señalaron que, más allá de cuál haya sido la voluntad de la familia respecto de trasladarse a Tandil, no existió una comunicación institucional previa que permitiera garantizar las condiciones de llegada, alojamiento y asistencia.

La secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Juliana Teerink, y la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Macieri, habían cuestionado que una familia con menores fuera trasladada hasta una estación ferroviaria que no se encuentra operativa sin que previamente se hubiera articulado con el Municipio de destino.

El caso también derivó en actuaciones judiciales. En Azul, el concejal Agustín Puyou presentó una denuncia contra un funcionario del área de Desarrollo de la Comunidad y posteriormente anticipó que ampliaría la presentación para alcanzar a otros responsables del procedimiento.

Ahora, a través de la intimación formal, Lunghi busca que la administración de Sombra brinde información precisa sobre lo ocurrido.

El jefe comunal tandilense estableció un plazo de 48 horas hábiles desde la recepción de la nota para que Azul entregue un informe técnico detallado con los antecedentes de las intervenciones realizadas con la familia.

Entre otros elementos, solicitó información sobre las actuaciones del Servicio Local relacionadas con los menores de edad, eventuales intervenciones por violencia de género y todos los antecedentes vinculados con salud, educación, trabajo y vivienda. El informe deberá estar firmado por los profesionales que intervinieron y por el secretario del área, además de explicar cuáles fueron los fundamentos jurídicos y sociales que motivaron el traslado.

También reclamó que se identifique de manera fehaciente a los funcionarios y agentes municipales que ordenaron y ejecutaron el operativo mediante el cual la familia fue trasladada hasta Tandil.

El tercer punto central del reclamo apunta directamente al futuro de la familia: Lunghi pidió que Azul arbitre los mecanismos necesarios para coordinar un retorno seguro y asumir definitivamente la asistencia en su jurisdicción de origen.

El intendente también incorporó al reclamo una cuestión económica. Desde el momento en que la familia fue encontrada en la Estación de Ferrocarril, distintas áreas municipales debieron poner en marcha recursos para atender la emergencia.

La presentación detalla que Tandil debió disponer de recursos humanos, logísticos y financieros para garantizar alojamiento provisional, asistencia alimentaria y atención sanitaria de urgencia.

En ese marco, Lunghi dejó expresamente planteada la reserva del derecho del Municipio a reclamar a Azul la totalidad de los gastos que ya fueron realizados y aquellos que continúen generándose mientras se mantenga la asistencia de la familia.

El pedido de resarcimiento ya había sido anticipado por funcionarios tandilenses en los primeros días del caso, cuando remarcaron que el Municipio debió hacerse cargo de una situación que, según su postura, se originó a partir de una decisión adoptada por otra administración sin ningún tipo de coordinación.

Mientras se desarrolla el conflicto institucional, Tandil continúa atendiendo las necesidades inmediatas del grupo familiar.

Uno de los avances registrados durante los últimos días fue la escolarización de cuatro de los menores, que ya retomaron sus actividades educativas en establecimientos de la ciudad. El resto de los integrantes permanece alojado en pensiones locales con acompañamiento económico del Municipio.

En paralelo, las áreas municipales continúan trabajando sobre cuestiones vinculadas con alimentación, abrigo, salud y otras necesidades básicas. Desde Tandil señalaron que el objetivo inmediato es garantizar el resguardo de los menores y evitar que la situación de vulnerabilidad se profundice mientras se define el futuro del grupo.

El documento enviado a Sombra también contiene una advertencia concreta sobre los pasos que podría adoptar el Ejecutivo tandilense si no obtiene una respuesta satisfactoria.

Lunghi dejó establecido que, ante el silencio, una negativa o una respuesta considerada evasiva, Tandil podría avanzar con acciones civiles para reclamar los gastos de asistencia, realizar presentaciones ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y evaluar la radicación de denuncias penales por parte del Departamento Ejecutivo.

De esta manera, el episodio dejó de ser solamente una controversia vinculada con la asistencia de una familia y pasó a convertirse también en un conflicto institucional entre los dos municipios. Tandil busca ahora que Azul explique formalmente qué ocurrió, quién tomó la decisión de trasladar al grupo, bajo qué criterios se realizó el operativo y cómo se garantizará la continuidad de la asistencia.

Mientras tanto, la prioridad expresada por el Municipio de Tandil continúa puesta en la protección de la familia, especialmente de los menores, y en garantizar sus necesidades básicas. Pero, al mismo tiempo, el Ejecutivo local dejó en claro que pretende que la administración azuleña asuma las responsabilidades que considera correspondientes y que se haga cargo de los costos generados por la intervención de emergencia.

El caso de la familia dejada “a la buena de Dios” en la Estación de Ferrocarril por el Municipio de Azul sumó un nuevo capítulo: cuatro de los menores ya se encuentran escolarizados en la ciudad, y el conjunto de los integrantes continúa alojado en pensiones locales.

En paralelo, desde el gobierno de la localidad vecina no aportaron informes de manera formal a la Comuna local. “Azul no ha mandado ningún tipo de informe ni nada”, transmitieron desde el Municipio de Tandil. “Y no hemos recibido tampoco nada formal de parte de la Justicia”, agregaron.

Cabe recordar, fue el pasado viernes 14 cuando se conoció que el gobierno local activó el protocolo para personas en situación de calle y asistió a una familia que había sido trasladada a la ciudad por un móvil del Municipio de Azul. “Los dejaron a la deriva”, señalaron entonces desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.

“El funcionario que intervino y que decidió que esta familia se subiera, al menos tendría que haber tenido la deferencia de comunicarse con el Municipio de Tandil, diciendo que había una familia que quería trasladarse. Y comunicar si, como ellos dicen, tendrían un lugar para estar y un trabajo. Esa es la labor profesional que tiene que hacer una persona que interviene en estas circunstancias. Nos parece poco serio subirlos a una combi y bajarlos en un lugar que todo el mundo sabe que ahí no es la terminal ni que pueda haber gente que los pueda detectar”, sumaron.

Un punto central para brindar la asistencia, indicaron desde Desarrollo Humano, fue la condición de vulnerabilidad en la que sus integrantes se encontraban. “Sobre todo porque hay menores, por la cuestión alimentaria, por la cuestión de abrigo y la cuestión de salud que ya estamos gestionando con el hospital local”, explicaron.

Por el caso, funcionarios azuleños hicieron declaraciones públicas y manifestaron que el grupo familiar solicitó el traslado. Un concejal de la localidad vecina – Agustín Puyou-, presentó una denuncia contra el responsable del área de Desarrollo de la Comunidad por “abuso de autoridad, incumplimiento de funciones y abandono”. El edil ampliará la denuncia.

El propio intendente Miguel Lunghi solicitó informes a Azul, mientras que las secretarías locales que tomaron intervención –Desarrollo y Protección Ciudadana-, exigirán a la localidad vecina el resarcimiento económico por los gastos ocasionados.

Mientras la familia sigue alojada en pensiones de la ciudad, los menores del grupo ya cursan su proceso de inclusión, y retomaron clases. Fue tras inscribirse en establecimientos educativos locales. Cabe recordar, los mismos estaban escolarizados en Azul, y de hecho directivos de las instituciones de la localidad vecina se habían comunicado con los mayores responsables para consultar los motivos de las ausencias de los últimos días.

Por otro lado, portales de noticias de la ciudad se hicieron eco de la denuncia de un vecino de la localidad de Bolívar, quien exigió la restitución de su hijo de cinco años, uno de los menores del grupo.

De parte del Municipio de Tandil tomaron contacto directo con la Dirección de Niñez de Bolívar por el reclamo del padre. “Se lo asesoró para que utilice las vías formales, sea Justicia, Servicio Local y/o Dirección de Niñez de su ciudad de procedencia, que es Bolívar, para que soliciten formalmente información sobre el paradero y sobre la situación de su niño”, indicaron.

El gobierno local brinda asistencia a una familia de once integrantes que quedaron “a la buena de Dios” cuando un móvil con identificación del Municipio de Azul los trasladó desde la localidad vecina hacia la Estación de Ferrocarril. La policía con base en la ciudad inició una causa por averiguación de ilícito contra la propia Comuna azuleña, mientras que el grupo familiar permanece alojado en dos pensiones mientras se aborda su situación. Desde Tandil solicitarán a Azul que se hagan cargo de los gastos ocasionados.

En diálogo con El Eco, la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Macieri, y la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, brindaron detalles de la situación. Al respecto, contaron que registraron por las cámaras la presencia de la familia y activaron el protocolo correspondiente. A su vez indicaron que el caso cuenta con una particularidad no menor: la Justicia de Azul dispuso una custodia dinámica para el grupo familiar, en el marco de una causa por lesiones leves y amenazas contra ellos.

“Los dejaron a la deriva y eso tiene que quedar más que claro”, expresaron las funcionarias. A su vez plantearon que “el funcionario que intervino y que decidió que esta familia se subiera, al menos tendría que haber tenido la deferencia de comunicarse con el Municipio de Tandil, diciendo que había una familia que quería trasladarse. Y comunicar si, como ellos dicen, tendrían un lugar para estar y un trabajo. Esa es la labor profesional que tiene que hacer una persona que interviene en estas circunstancias. Nos parece poco serio subirlos a una combi y bajarlos en un lugar que todo el mundo sabe que ahí no es la terminal ni que pueda haber gente que los pueda detectar”.

La familia provino de Azul, aunque algunos de sus integrantes cuentan con domicilio legal en otra localidad bonaerense. El caso trascendió durante la mañana del viernes 14, cuando en grupos de Facebook empezaron a circular imágenes de la propia familia solicitando ayuda por su situación de vulnerabilidad.

Tras recibir llamados por la presencia de un grupo de personas en la Estación, agentes de Protección Ciudadana constataron el hecho desde las cámaras del Centro de Monitoreo. Entre otros aspectos, registraron que el móvil del traslado contaba con inscripción del Municipio de Azul.

Posteriormente activaron el protocolo para personas de situación de calle, lo que promovió la intervención de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat.

A su vez, las propias funcionarias señalaron que la policía “inició una causa sobre averiguación de ilícito en contra del Municipio de Azul en virtud de los relatos de las personas que allí se encontraban”.

La familia en cuestión está integrada por once personas de entre 49 y 5 años. De acuerdo a la información relevada al momento desde Desarrollo Humano, los menores se encontraban escolarizados, e incluso sus tutores recibieron llamados de los establecimientos educativos por las ausencias. El mayor responsable del grupo, agregaron, contaba con empleo e incluso dejó en Azul herramientas de trabajo.

“Es una familia numerosa, que vivían juntos en Azul”, transmitió Teerink. La funcionaria se comunicó con su par azuleño, aunque existen diferencias entre las versiones oficiales y las transmitidas por la familia.

“La condición en la que está esta familia y cómo llegaron amerita tener en principio una atención en términos de asistencia para garantizarles el resguardo. Sobre todo porque hay menores, por la cuestión alimentaria, por la cuestión de abrigo y la cuestión de salud que ya estamos gestionando con el hospital local”, sostuvo Teerink. La funcionaria explicó además que tras declarar durante la jornada del jueves, los integrantes solicitaron ampliar lo expuesto. 

“Ellos definen la situación como algo arbitrario donde no les notificaron el traslado compulsivo hasta la ciudad de Tandil, donde quedaron a la buena de Dios en la Estación”, precisó.

“Por supuesto que Tandil no los va a dejar a la deriva. Les pedimos determinadas condiciones para que queden al menos temporalmente en la ciudad. El alojamiento va a ser también temporario. No es una situación de calle, es una situación transitoria que requiere una intervención desde el protocolo”, amplió Teerink.

Ambas funcionarias remarcaron que por el caso “no hubo una comunicación institucional entre ambos municipios”. Al respecto, Marcieri sostuvo que de parte de Azul “no hubo una comunicación con este Municipio para hacer algún tipo de articulación, para acompañar a la familia, que estaba según sus relatos desde el sábado en situación de calle, y con una medida judicial donde necesitaban una custodia dinámica". 

Al respecto explicó que "no a cualquiera se le da una custodia dinámica. Tiene que haber habido una situación de peligro para con ese grupo familiar que al menos desatendió el estado municipal de Azul”.

Tras tomar conocimiento del caso, la secretaria local de Protección Ciudadana se comunicó con el secretario de Gobierno azuleño. De acuerdo a lo expuesto por Marcieri, el funcionario de la localidad vecina dijo saber de la situación “y que las personas habían solicitado ser traídas a Tandil, aduciendo que tenían trabajo y un lugar a donde quedarse”.

Sin embargo, según el acta que el funcionario de Azul leyó a Marcieri, en la misma no se certificaron las precisiones del alojamiento previsto. Sobre el tema, la secretaria sostuvo que el representante de la localidad vecina indicó incluso que una profesional del campo social acompañó a la familia al momento del traslado.

“Cada uno de ellos dice que fueron citados diciéndoles que les iban a dar una solución habitacional, que la solución estaba en trasladarlos a la ciudad de Tandil y que allí los iban a estar esperando. Por eso cuando se bajaron esperaron un buen tiempo para ver si alguien se acercaba a brindarle esto que le habían prometido desde la ciudad de Azul”, contó Marcieri.

Desde la Comuna cursarán una nota al intendente de la localidad vecina para “exigirle una respuesta concreta para estos ciudadanos y para que se hagan cargo de los gastos”.

Nuevamente, la figura de Zulma Lobato se encuentra en el centro de la escena tras la difusión de imágenes que la muestran en situación de calle en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Las fotografías, que fueron compartidas por el periodista Gustavo Méndez en sus redes sociales, muestran a la mediática sentada sobre un colchón en la vía pública junto a otra mujer.

Según lo informado por el periodista, Zulma Lobato fue asistida por personal de la Municipalidad y derivada a un centro especializado para personas en situación de calle, donde también recibió controles médicos para evaluar su estado de salud.

Este hecho ocurre luego de que, tiempo atrás, circulara un video en el que ella misma relataba haber sido desalojada del lugar donde residía. En aquel entonces, solicitaba ayuda para costear un alojamiento en la zona de Guernica, Buenos Aires, con el objetivo de no separarse de su perrita, que la acompañaba desde hace 13 años.

En ese contexto, Jazmín La Cuerpo, quien la alojó de manera temporal, había asegurado que Zulma Lobato atravesaba una difícil realidad, pernoctando en estaciones de tren, hospitales y universidades públicas. Además, sostuvo que

“ejercía el oficio más antiguo a cambio de alimentos”.

La situación actual ha generado una profunda preocupación, especialmente porque, a diferencia de los registros previos, en las imágenes captadas en Paraná ya no aparece acompañada por su mascota, de la cual había manifestado anteriormente que no quería separarse.

Con el descenso de las temperaturas y la llegada inminente del invierno, el Municipio reforzó la difusión y aplicación del protocolo de asistencia para personas que se encuentran en situación de calle. En diálogo con El Eco, la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Juliana Teerink, explicó las herramientas disponibles para la intervención estatal y la importancia del compromiso ciudadano para detectar casos de vulnerabilidad extrema en la vía pública. Señaló que si bien en hechos puntuales, registraron la llegada a Tandil de grupos familiares de otras ciudades que en ocasiones resultan en situación de calle.

La funcionaria destacó que el esquema de trabajo se mantiene activo y recientemente se incorporó tecnología para que los vecinos puedan informar ante el registro de casos de personas en situación de calle, para motivar la asistencia estatal. “El protocolo para personas en situación de calle sigue vigente, y se incorporó que desde la aplicación Centinela en Territorio, una persona pueda ver un caso de alguien que pueda estar en situación de calle, y se acude al lugar. Activando el Centinela en Territorio ellos se acercan, preguntan quién es la persona, ven en qué condiciones está, ven si tienen que llamar a la ambulancia. Lo mismo que hacemos con el 101, que sigue vigente para estas cuestiones”, señaló Teerink.

Uno de los puntos en los que más insistió la secretaria es en el carácter de la comunicación que realizan los vecinos. Remarcó que el uso de la aplicación o el llamado telefónico no debe ser interpretado como una denuncia. "Yo lo que siempre remarco que no es una denuncia, es simplemente informar que hay alguien en una situación de complejidad o expuesto a alguna situación de vulnerabilidad para que se acerquen, para que veamos quién es, en qué condiciones está, si se requiere el llamado a la ambulancia o para que se evalúe la cuestión este sanitaria", explicó. 

En caso de que no se requiera atención médica inmediata, agregó, se activa el teléfono de guardia de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat para verificar si existe una intervención previa con esa persona o si es necesario que un trabajador social se desplace al lugar.

En cuanto a la asistencia habitacional, el Municipio dispone de una red de contención que no se limita a estructuras propias, sino que articula con el sector privado. "La medida inmediata tiene que ver con ofrecer un lugar para para que se aloje al menos de manera a la noche para que no esté al frío. Son pensiones de la ciudad que no son del Municipio y que ofrecen espacios de alojamiento. Muchas veces hay familia y no se requiere de una pensión. Pero muchas veces también estas personas no quieren volver al entorno familiar. Hay conflictividades familiares que definen esta imposibilidad", detalló la funcionaria.

Desde Desarrollo Humano y Hábitat marcaron que el Estado municipal no posee la facultad de obligar a un ciudadano a ingresar a un dispositivo de alojamiento si este se niega. Ante dicho escenario, el protocolo prevé un análisis más profundo de la situación psicofísica del individuo para determinar los pasos a seguir.

"Lo que hacemos es evaluar la condición en términos de salud mental, por ejemplo, para ver si están en condiciones de tomar estas definiciones, estas decisiones con respecto a su autocuidado. También si consideramos que es importante la intervención del Poder Judicial para acompañar ese proceso de cuidado", precisó Juliana Teerink. El informe, precisó, se eleva a la Justicia para que actúe como garante del bienestar de la persona, siempre bajo una perspectiva de protección de derechos y cuidado integral.

La funcionaria también dio cuenta de un fenómeno que, aunque no es masivo, ha comenzado a registrarse con mayor frecuencia: la llegada de personas de otras localidades. "Ahora con el invierno estamos más atentos. Han aparecido situaciones, obviamente puntuales. Hay personas que estamos viviendo en dos o tres lugares -no son muchos los casos-, que no son de Tandil, que están en este momento instalándose en Tandil con alguna promesa laboral, a veces que no es real. A veces vienen con el grupo familiar y hay una conflictividad que hace que que no puedan estar en ese lugar. Pero son personas que han tenido ese estilo de vida en otros en otras ciudades", describió.

Ante esta realidad, dio cuenta de la postura del gobierno local en cuanto a evitar que la situación de calle se convierta en una constante estructural en la ciudad. "Nosotros en Tandil abogamos para que esto no suceda, para que esto no se no se empieza a instalar. Y ofrecemos todas las posibilidades que hay de acompañamiento para al menos en el horario de la noche puedan estar en un lugar de resguardo", afirmó la secretaria, mencionando que el apoyo puede incluir desde el pago de pensiones hasta la ayuda para alquilar un espacio o garantizar la alimentación básica.

Finalmente, Juliana Teerink reconoció que la demanda de asistencia ha crecido debido al contexto económico, aunque diferenció las situaciones de calle crónicas de las emergencias puntuales. "Sí, aumenta. Siempre son situaciones límites, por ahí no llegan a estar en situación de calle. Tratamos de detectarlas a tiempo para poder intervenir y resolver antes de que esto suceda. Ya sea por una situación de calle que se prolongue en el tiempo o porque a las tres de la mañana, un sábado, nos llaman de la comisaría que hay una persona que por una conflictiva familiar está en situación de calle", explicó.

Para la funcionaria, es fundamental discernir la naturaleza del problema para aplicar la solución correcta. En determinados casos, sostuvo, “hay que decir que eso no es una situación de calle, eso es una emergencia en términos habitacionales, pero a partir de una conflictiva familiar”. 

Concluyó indicando que “hay muchas cuestiones asociadas al consumo que generan conflictividad. Se actúa inmediatamente y al otro día tratamos de brindar alguna solución, siempre y cuando ese otro acceda, por supuesto, a la que a la propuesta que el municipio tiene para ofrecer”.

A través del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, el Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, contabilizó un total de 9.421 personas en esa condición en las 19 provincias que adhirieron a la iniciativa. Según el informe oficial, el universo relevado se compone de un 17% de mujeres y un 83% de varones.

En relación con el rango etario, el 92% de la población tiene más de 18 años, mientras que el 6% se sitúa por debajo de esa edad. El estudio se basó en 7.894 entrevistas realizadas en espacios públicos, como plazas y zonas céntricas, y en dispositivos de alojamiento. Entre los datos destacados, se identificó que el 32% lleva más de dos años en situación de calle y que el 90% posee DNI.

La cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello señaló mediante un comunicado que "el operativo realizado cumple con la Ley N° 27.654, que establece la creación de un diagnóstico federal de las personas en situación de calle como de las que están en riesgo de estarlo, con el objetivo de promover políticas que les garanticen su identidad e integridad física". Asimismo, remarcaron que "contar con esta información es fundamental para planificar, derivar y evaluar políticas públicas de manera eficaz".

Desde el organismo explicaron que "la planificación de la recolección de datos ha sido el resultado de un proceso de trabajo político y técnico que se viene desplegando de manera conjunta, simultánea y coordinada con las provincias y los municipios". Este proceso busca asegurar criterios unificados que se ajusten a las particularidades de cada territorio.

El informe resalta que "se llevó adelante un importante cambio de paradigma: se pasó de la reacción ante la urgencia, al trabajo planificado; de la dispersión a la coordinación; de la intuición a la evidencia y del asistencialismo aislado a la estrategia integral".

Además, concluye que "los datos demuestran la complejidad de esta problemática, evidenciando perfiles con DNI, empleo informal e ingresos parciales, pero también con vínculos familiares rotos, trayectorias prolongadas de exclusión y problemas de salud o consumo problemático".

En cuanto a la situación socioeconómica, el 52% cuenta con la primaria completa pero el secundario incompleto. Por otro lado, el 53% realiza alguna actividad laboral, el 56% percibe transferencias sociales y el 30% cuenta con ingresos previsionales, mientras que un 8% recibe otros ingresos.

Cabe destacar que, desde junio pasado, el Gobierno nacional transfirió la responsabilidad de la atención de estas personas a las jurisdicciones, asumiendo únicamente la función de marcar los lineamientos generales de las políticas a implementar.

La ciudad de Mar del Plata volvió a sacudirse ante una tragedia: Brian Cabrera, un joven de 29 años en situación de calle, fue encontrado sin vida este martes por la noche en la intersección de Pringles y Santa Fe, en el barrio de Primera Junta. Vivía en condiciones extremas de precariedad y, según trascendió, había estado cursando un cuadro respiratorio en los días previos.

La alerta llegó al 911 y, tras el aviso, acudieron al lugar efectivos policiales y personal sanitario, quienes constataron el fallecimiento. La Policía Científica trabajó en la escena y el cuerpo fue trasladado para la correspondiente autopsia.

Si bien en principio no presentaba signos de violencia, el fiscal Carlos Russo dispuso una causa caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

Según se supo, el lunes una unidad del SAME lo había asistido por fiebre y problemas respiratorios. Se presume que podría haber estado cursando una neumonía. Sin embargo, Cabrera se negó a ser trasladado al hospital, y por la Ley de Salud Mental no es posible hacerlo sin consentimiento.

Cabrera había sido asistido por el área de Desarrollo Social del municipio desde al menos seis años atrás, cuando él mismo se acercó por primera vez al dispositivo ubicado en Plaza Rocha. A lo largo de ese tiempo, fue tratado en instituciones como Posada del Inti y dispositivos de Sedronar por consumo problemático. Durante la pandemia de coronavirus fue alojado en Chapadmalal, y de manera intermitente recurría a espacios municipales para gestionar documentos o asistencia.

“Lo conocía desde antes de asumir como secretaria”, declaró Vilma Baragiola, titular de Desarrollo Social, en diálogo con Radio Brisas. Contó que Brian se acercó por última vez en mayo, para tramitar su DNI y fijar domicilio en la secretaría.

“Tenía un serio problema de salud, y aunque el SAME intentó trasladarlo al hospital, no quiso ir. No podemos obligarlos”, explicó Baragiola.

En los últimos tiempos, Brian solía dormir junto a dos personas más, en una situación que Baragiola describió como frecuente entre quienes eligen “ranchar” en grupos informales en vez de acudir a paradores como el de Las Américas.

La funcionaria reconoció que Cabrera tenía antecedentes policiales por robos y un pedido de captura activo.

La semana pasada otro hombre en situación de calle, Gustavo Héctor Cabello, fue hallado muerto en un garaje de la zona de 14 de Julio y Rivadavia, en medio de la ola polar que atravesaba la ciudad balnearia.

Su caso generó un fuerte debate, tras las denuncias de vecinos que aseguraron que sufría hostigamiento de la Patrulla Municipal. En aquel momento, el intendente Guillermo Montenegro respondió con un polémico tuit en el que lo acusaba de ser “un delincuente con múltiples causas”. La situación finalizó con un fallo del juez de Garantías Juan Tapia, que instó al cuerpo a no realizar operativos que impliquen el ejercicio de violencia física y psicológica sobre los ciudadanos.

Mientras tanto Ana Laura Vulcano, integrante de la Mesa del Diálogo por la Dignidad de las Periferias de la Iglesia Católica, resaltó que “es escandaloso que siga muriendo gente en la calle”.

“La gente en situación de calle no está ahí porque quiere. Son muchas las exclusiones que han vivido estas personas. Muchas veces tienen que ver con la salud mental, que también es una vulnerabilidad en estos tiempos muy grave”, aseguró la abogada ante los medios locales.

“Es escandaloso que siga muriendo gente en la calle, una tragedia. Hay mucha violencia, desde todos los sectores. También desde lo público. Acá hay una responsabilidad absoluta e indelegable del Estado Nacional, Provincial y Municipal. Entonces lo que intentamos todas las noches desde la Iglesia Católica es dar la ayuda que podemos”, analizó Vulcano.

Por otro lado, advirtió que el Hogar de Nazaret, que asiste a ciudadanos bajo esta condición, “rebalsa de gente” y “no tiene más lugar”.

El domingo 29 de junio el medio marplatense La Capital aseguró en un informe que en la ciudad hay un 10% más de personas que viven en la calle que en 2023.

El Juzgado de Garantías N° 4 hizo lugar a un hábeas corpus presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en enero y ordenó al Ejecutivo marplatense limitar los operativos de la Patrulla Municipal sobre personas en situación de calle.

De acuerdo con el diario La Capital, el fallo del juez Juan Tapia obliga al Gobierno local a omitir “todo despliegue de operativos por parte de la Patrulla Municipal sobre personas en situación de calle que impliquen violencia física o verbal, como así también la sustracción de documentos u objetos personales, ello en resguardo del derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la libertad y la dignidad del colectivo vulnerable”.

El magistrado señaló que existe una “acumulación de testimonios que han referenciado el modo violento” en el accionar de algunos agentes municipales. Estos ciudadanos, remarcó, “pertenecen a un colectivo especialmente vulnerable: el de las personas en situaciones de calle”, definido como sujetos en situación de exclusión social que pernoctan en la vía pública, “siendo este su principal espacio de socialización y/o de obtención de medios de subsistencia”.

En otro tramo del fallo, según consigna La Capital, Tapia destacó que la Secretaría de Desarrollo Social, por el contrario, “parece relacionarse de un modo diferente al ejercicio de la violencia”, ya que contempla “albergues, paradores e interacciones con otros organismos” para garantizar mejores condiciones de vida para este colectivo.

La propia Secretaría, conducida por Vilma Baragiola, reconoce un “abanico de circunstancias que llevan a que una persona carezca de un lugar para pernoctar: desde una emergencia familiar, un viaje, la llegada a la ciudad en busca de trabajo, el término de una situación de encierro, la pérdida de empleo, un desalojo o el egreso de una internación de instituciones que abordan el consumo problemático”. El reconocimiento de esa condición humana, plantea el fallo, “es un piso mínimo en tiempos atravesados por la exacerbación de prácticas de diferenciación y distanciamiento social, que contribuyen a disminuir la confianza interpersonal y a minar la solidaridad”.

En este contexto, Tapia remarcó: “No se entiende, entonces, cómo otra área de la comuna puede responder de la forma en que se ha documentado en esta acción de hábeas corpus”. A su entender, se verificaron “conductas que implicaron el ejercicio de violencia física y psicológica por parte de agentes municipales respecto de personas en situación de calle, lo que denota una conducta arbitraria e ilegal”.

La Ciudad impulsa un cambio profundo en la manera de abordar la problemática de las personas en situación de calle para generar condiciones de revinculación social. Es una política para los 3 millones de porteños, para los que están en la calle y para todos los vecinos de la Ciudad que quieren una buena convivencia. 

El programa Buenos Aires Presente (BAP) ahora se llama Red de Atención porque no solo estará enfocado en la asistencia durante el invierno sino que se transformará con un criterio más amplio, integral e innovador durante los 365 días del año. 

Al respecto, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, aseguró durante la presentación del Programa: “Este es un problema al que le vamos a poner luz. No vamos a dejar de trabajar, de aprender y desafiarnos en el objetivo que perseguimos, que el objetivo de la Red es que nadie duerma en la calle, nadie tiene que tener como única opción el dormir en la calle. No es bueno, no es sano, es duro y es difícil”. 

Jorge Macri, quien estuvo acompañado por Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno, y Gabriel Mraida, ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, agregó: “No hay que romantizar el hecho de dormir en la calle. Es malo para quienes lo hacen y es complejo para quienes muchas veces se cruzan con algunas personas en situación de calle que pueden ser agresivas o violentas. La realidad es que el mundo cambió y esta problemática cambió”.

El problema de la gente en calle viene creciendo con fuerza desde 2019, producto del encierro de la pandemia y la profundización de problemas de salud mental y adicciones, y además la situación económica. Por eso son necesarias nuevas herramientas para una de las prioridades de la gestión. 

Dentro del universo de gente que vive en la calle se puede distinguir entre tres grandes grupos: emergentes, crónicos y peligrosos.

La Red de Atención está conformada por psicólogos, trabajadores y operadores sociales que recorren la Ciudad en vehículos, durante todo el día. También se suman profesionales a pie que favorecen la interacción entre asistentes sociales y las personas en situación de calle, a quienes se les ofrece el traslado a uno de los 47 Centros de Inclusión Social (CIS), que funcionan las 24 horas. Allí se les brinda contención y seguimiento profesional, una cama, ducha y comida y elementos de higiene personal y ropa. Y la posibilidad de una reinserción social.

El Jefe de Gobierno añadió: “Cambió la realidad y nos obliga a pensar nuevas respuestas. Lo que el BAP hacía ya no alcanza. Por lo tanto, cambiamos el abordaje. El concepto de comida o sopa, frazada, abrigo, y sobre todo el concepto de lo que era el Operativo Frío, ya no alcanza. Tampoco tenemos que caer en estereotipos que son tremendamente injustos. No son todos delincuentes los que están en la calle. Pero tampoco en la ingenuidad de pensar que no le hacen mal a nadie y por eso el abordaje será diferente”.

Tres claves del funcionamiento de  la Red de Atención

. Llegar antes: se suman nuevas bases operativas, recorridas permanentes por puntos estratégicos como lugares de ranchadas, estaciones o el Aeroparque, y apertura de nuevos dispositivos de primer acercamiento, DIPA, que son lugares de día donde las personas pueden ir a comer, bañarse y tener una entrevista con un trabajador social o un psicólogo.

. Segmentación: a partir de nuevos protocolos de atención tanto para que no haya chicos en la calle y para personas con problemas de salud mental. Además, se abren CIS específicos con mejores estándares de atención (por ejemplo, el primero de Salud Mental). Y en 15 días se sumará uno nuevo para familias. El eje fundamental es que ahora el foco estará puesto en revincular a las personas con sus familias o un proyecto de vida, y no en el asistencialismo. 

. El problema es complejo y necesita de todos. Las respuestas serán trabajadas en una Mesa de gestión con las organizaciones de la sociedad civil que vienen abordando estos temas (Cáritas, Iglesias, ONG). Y se suma la articulación con el sector privado para trabajar en planes de revinculación laboral. 

La Red de Atención, en detalle

La Red de Atención asistirá a las personas en situación de calle independientemente del clima, a través de operativos conjuntos con otros ministerios e incrementando la cantidad de CIS con enfoques especializados según las necesidades y problemáticas.

El punto de partida es que la calle no es un lugar para dormir ni para vivir, por eso ahora se trabajará durante todo el año para asistir y trasladar a las personas que estén en situación de calle a uno de los CIS. 

“Los centros permiten dormir en un lugar caliente, tener una cama, una ducha, desayunar comer, poder lavarse pero también resocializar el problema de quien está en calle que no se vincula con nosotros y para eso hay talleres. Lo que no vamos a hacer es mirar para otro lado, no vamos a desconectarnos de lo que le pasa al vecino que está angustiado por lo que le pasa a esa persona pero también preocupado por la seguridad”, explicó Jorge Macri.

Cuando alguien escribe o llama pidiendo asistencia para una persona en situación de calle, un equipo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat va en minutos para brindar la asistencia y el traslado a uno de los CIS. La implementación del protocolo de salud mental permite cuando alguien está con una adicción severa o agresivo intervenir con SAME psiquiátrico y acercarlo a donde hay profesionales de la salud que definan si es peligroso para sí o para terceros. 

En números

▪️Hay más de 3.300 plazas disponibles en los 47 CIS de la Ciudad.

▪️El censo realizado en abril de este año, contabilizó 4009 personas en situación de calle, de ese total 2684 alojadas en CIS. 

▪️De los relevados, el 63% acude a los CIS. 

▪️Seis de cada diez padecen problemas de consumo o trastorno mental severo, lo que desata niveles de violencia. 

▪️Más del 50 % no es residente de la Ciudad.

▪️Los puntos críticos de personas en situación de calle se identifican en las Comunas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 13, 14 y 15. 

▪️El pedido de asistencia para una persona en situación de calle puede realizarse a través del 108 y de Boti. 

▪️Si se trata de un chico que no está acompañado se debe llamar al 102 para que asista el Consejo de Niños.

El pasado martes, y luego de más de un año de la publicación de los datos provisorios, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó los resultados definitivos del Censo que se realizó en mayo del 2022, luego de que se postergara en el 2020 por la pandemia del Covid-19.

De acuerdo a lo difundido, la Argentina cuenta hoy con una población de 46.234.830 personas, lo que representa un crecimiento del 15,24% en relación con 2010, cuando se habían reportado un total de 40.117.096 habitantes.

En Tandil, por su parte, los números marcan una cantidad de 145.575 habitantes, de los cuales 75.741 son mujeres y 69.834 hombres. Si se compara con el último censo, que se había realizado en el 2010, hay 21.704 habitantes más en la ciudad, lo que representa una variación relativa del 10.9 por ciento.

De esa totalidad, 144.678 viven en viviendas particulares, mientras que 895 lo hacen en viviendas colectivas. En tanto, los datos difundidos marcan que en la ciudad hay dos personas en situación de calle: una mujer y un hombre.

Luego de que la subsecretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Juliana Teerink, confirmara que en Tandil el protocolo de intervención para casos de personas que se encuentran en situación de calle estaba activo, la concejal mandato cumplido Silvia Nosei clamó que nunca existió un procedimiento para eso y que nadie sabe cómo debe actuar en esas situaciones.

Si bien resaltó que, como ya no ocupa una banca en el Concejo Deliberante, no buscaba confrontar con nadie, expuso en comunicación con el programa Cosas que Pasan, que se emite por Tandil FM 104.1, que “cuando hay una persona en situación de calle, nadie sabe qué hacer”.

En ese sentido, destacó que, ante todo, no hay claridad en la comunicación y que lo que se difunde no anda: “El protocolo no funciona”.

“No hay un protocolo cierto. Yo presenté muchos proyectos pero fueron archivados o cajoneados”, lamentó Nosei y agregó: “Dicen que en Tandil no hay situación de calle. Y no importa si es uno, dos o son muchísimos los casos. Una ciudad intermedia como esta, que se jacta de ser la más linda del país, no puede no tener un protocolo de accionar ante una inminente situación así”.

Finalmente, en concordancia con lo que estaba exponiendo, enfatizó que cuando una ciudad crece, también aumenta la cantidad de personas que duermen en la vía pública, de modo que remarcó que el procedimiento debe estar bien aceitado para que se pueda actuar en el momento y no se tenga que esperar a que los vecinos se preocupen.

Luego de que se viralizara por las redes la imagen de un hombre en situación de calle y de que varios vecinos trataran de activar el protocolo para que las autoridades se hicieran cargo de la situación, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Juliana Teerink, manifestó que el llamado al 101 es el inicio del dispositivo armado y que actualmente está activo.

Si bien durante los últimos días los tandilenses clamaron que no había un sistema ya que llamaban al número indicado pero les respondían que no era esa la línea a la cual debían contactarse, Teerink aseveró que el protocolo está activo y que, de hecho, desde la Guardia se comunican con ella.

“El 101 es el inicio del dispositivo que tenemos armado, acordado entre la Policía, el Sistema Integrado de Salud Pública y la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat”, destacó en comunicación con el programa Cosas que Pasan, que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, y agregó que “no es una denuncia lo que se hace, es una exposición de lo que uno detecta”.

De todas maneras, resaltó que en Tandil, gracias al trabajo que realizan tanto el Ejecutivo como las diferentes organizaciones sociales, “no hay personas durmiendo en la vía pública” y que “todas las personas que tienen alguna condición de tener una alta permanencia en la calle, tienen un lugar de residencia pero, como modo de vida, circulan bastante tiempo en la calle”.

En lo que respecta a lo acontecido con la línea telefónica, que muchos vecinos se comunicaron y no obtuvieron una respuesta satisfactoria, evaluó Teerink que lo que pudo haber ocurrido fue que, con el recambio de oficiales, se desconoció el protocolo.

“Nosotros estamos fortaleciendo esto, porque es una cuestión que en la instancia policial debe reforzarse. Pero el protocolo está activo y las chicas de guardia se comunican conmigo”, aseguró. 

Finalmente, resaltó que cuando se trata de personas que no son de Tandil, el procedimiento y el circuito es otro. En esos casos, lo que se hace es preguntar el lugar de procedencia y cuáles son las circunstancias que hacen que estén en la ciudad.

“Muchas de las situaciones que han aparecido últimamente tienen que ver con engaños a través de ofertas laborales”, contó la subsecretaria de Desarrolló Humano y Hábitat.

La esquina de 25 de Mayo y Paz, donde se encuentra el terreno baldío con murales pintados y se mantienen de pie algunas paredes de ladrillo visto (también grafiteadas), se ha vuelto el lugar perfecto para que varias personas desarrollen diversas actividades, como juntarse a consumir alguna bebida o, incluso, dormir.

De hecho, los últimos días algunos vecinos se comunicaron con este medio informando que un hombre había colocado un colchón sobre el fondo del terreno y estaba durmiendo allí.

Comerciantes de la zona dialogaron con El Eco de Tandil y aseguraron que el señor recibió ayuda en reiteradas ocasiones pero que siempre regresó a aquella intersección del radio céntrico de nuestra ciudad.

De cualquier manera, resaltaron algunos de ellos que la esquina muchas veces la emplean como punto de encuentro para consumir bebidas alcohólicas, por lo que la inseguridad se ha incrementado. No obstante, otros manifestaron que la zona es segura y aseveraron no advertir tales sucesos. En lo que sí coincidieron es en que es utilizada como “baño público” por individuos de diferentes edades y clases sociales. “Incluso antes tenía un chapón y no se veía nada. Pero ahora siguen entrando muchos igual, porque si tenés ganas de hacer tus necesidades y no llegás…”

“Es del barrio”

Respecto al sujeto que colocó su colchón y que suele dormir en aquel lugar, los trabajadores de los negocios aledaños a la esquina en cuestión aseguraron que suele estar por el barrio.

“Es un hombre que anda dando vueltas siempre por esta zona. De hecho, lo he visto durmiendo en la vereda de la cuadra de mi casa, en Chacabuco entre Sarmiento y San Martín”, contó una de las entrevistadas.

Agregó la mujer que en varias oportunidades observó cómo diferentes personas, e inclusive la policía, se acercaban y dialogaban con él, ofreciéndole ayuda: “La otra noche vino una chica, estuvo hablándole un rato y se ve que lo convenció, porque lo subió a su auto y lo llevó. Pero después apareció de vuelta en la esquina”. Otro de los encuestados opinó que “siempre anda por acá y muchas veces la gente le da algo”

Empero, expresó el mismo entrevistado que “a veces habla solo” y que la ayuda que se le debe brindar “va más por el tema psicológico que social” ya que es el propio hombre quien decide regresar a dormir a la intemperie. Por tal motivo, expuso que “el problema es que capaz la gente lo ve y empieza a decir cualquier cosa, pero la realidad es que por lo visto él está ahí porque quiere”.

La mirada oficial

El subsecretario de Desarrollo Social, Pablo Civalleri, aseveró que estaban al tanto de la situación y que están interviniendo desde hace ya algún tiempo en ella.

“Estamos trabajando desde hace rato con este caso. Ya lo hemos alojado en varias pensiones pero luego desaparece”, expresó y agregó que, de hecho, tiene reservada una habitación en la pensión que la Secretaría ofrece en la avenida Colón: “Nos dice que sí, que va a ir, pero después no va”.

Concordando con lo que sostuvo uno de los comerciantes encuestados, informó Civalleri que están trabajando de manera mancomunada con Salud Mental.

Por otra parte, afirmó que no han sido notificados de ningún otro suceso por el estilo, por lo que, más allá de “las famosas dos personas que duermen en la Terminal”, que tienen su alojamiento previsto pero que prefieren no utilizarlo, “no hay personas en situación de calle”.

De todas formas, en ocasiones como éstas, en las que aparece un individuo durmiendo a la intemperie, desde Desarrollo Social están preparados para asistirlos ya que tienen camas garantizadas en tres pensiones, donde además de darles el alojamiento les ofrecen la posibilidad de comer y darse una ducha.

La esquina de 25 de Mayo y Paz, donde se encuentra el terreno baldío con murales pintados y se mantienen de pie algunas paredes de ladrillo visto (también grafiteadas), se ha vuelto el lugar perfecto para que varias personas desarrollen diversas actividades, como juntarse a consumir alguna bebida o, incluso, dormir.

De hecho, los últimos días algunos vecinos se comunicaron con este medio informando que un hombre había colocado un colchón sobre el fondo del terreno y estaba durmiendo allí.

Comerciantes de la zona dialogaron con El Eco de Tandil y aseguraron que el señor recibió ayuda en reiteradas ocasiones pero que siempre regresó a aquella intersección del radio céntrico de nuestra ciudad.

“Es un hombre que anda dando vueltas siempre por esta zona. De hecho, lo he visto durmiendo en la vereda de la cuadra de mi casa, en Chacabuco entre Sarmiento y San Martín”, contó una de las entrevistadas.

Al respecto, el Subsecretario de Desarrollo Social, Pablo Civalleri, aseveró que estaban al tanto de la situación y que están interviniendo desde hace ya algún tiempo en ella.

“Estamos trabajando desde hace rato con este caso. Ya lo hemos alojado en varias pensiones pero luego desaparece”, expresó y agregó que, de hecho, tiene reservada una habitación en la pensión que la Secretaría ofrece en la avenida Colón: “Nos dice que sí, que va a ir, pero después no va”.

Las temperaturas comenzaron a disminuir gradualmente con el pasar de los días y, de la mano de la primera ola de frío polar, el crudo invierno hizo estragos en el país. De hecho, el lunes falleció por hipotermia un hombre de 52 años en el barrio porteño San Telmo.

En esta ciudad, se mantendrán las temperaturas bajo cero en los próximos días y, ante tal situación, emerge la problemática de las personas en situación de calle.

Pese a lo que diversos lectores manifestaron a este medio, desde la Secretaría de Desarrollo Social aseguraron que no hay individuos durmiendo en las calles de la localidad y señalaron que igualmente reforzaron su trabajo para asistir a quien lo requiera.

“Hace ya algunos días se empezó a prever que podíamos tener un frente con una ola importante de frío. Por eso, en Tandil hemos decidido reforzar, y lo vamos a mantener durante todo el invierno, lo que es el tema de garrafas y el Plan Hogar. Además, estamos repartiendo leña y asistiendo a las familias que lo necesitan”, señaló Pablo Civalleri, subsecretario de Desarrollo Social, en el programa Tandil Despierta que se emite por Eco TV.

Añadió que se contactaron con personal de la Provincia para que les faciliten frazadas, colchones y material para continuar con la labor. “Hemos tenido el visto bueno; el miércoles viajaremos para reforzar lo que tenemos en stock y lo estaremos entregando en los próximos días para poder palear esta situación”, refirió Civalleri.

Por su parte, Juliana Teerink, directora de Acción Comunitaria, detalló que la demanda aumentó, al igual que ocurre todos los inviernos, pero que están trabajando de manera mancomunada con Desarrollo Social para poder atender todos los pedidos, ya sean de frazadas, colchones o garrafas.

“Respecto a las frazadas, están siempre disponibles. La gente viene y las retira todos los días; en cuanto a la leña, que básicamente empezamos a repartir hacer 15 días, tenemos un dispositivo de entrega diario sectorizado por barrios e igualmente, hay un dispositivo extra para las emergencias puntuales; y con las garrafas, si bien Anses posee el Plan Hogar, creemos que este período invernal debíamos reforzarlo garantizando la carga de una”, sostuvo Teerink.

Otro aspecto que resaltó el subsecretario de Desarrollo Social fue la cuestión alimentaria, informando que “tenemos en claro que es muy importante que todos tengan un plato de comida caliente para poder darles a sus hijos”.

Si bien manifestó que están trabajando desde hace ya largo tiempo, reconoció que durante estos días “aparecen situaciones puntuales” que resuelven en conjunto con los asistentes sociales de cada barrio.

Nadie duerme afuera

Tanto el subsecretario de Desarrollo Social como la directora de Acción Comunitaria manifestaron que en esta ciudad no hay personas que duermen a la intemperie.

“Nosotros hoy en día no tenemos gente en situación de calle, afortunadamente. Obviamente, en caso de que aparezca alguna familia o una persona en esa condición, tenemos garantizadas camas en tres pensiones, donde ya reservamos varias habitaciones”, señaló Civalleri e informó que en la pensión no sólo se les da el alojamiento para poder dormir sino también para comer y darse una ducha.

En la misma línea, Teerink expresó que “aparecieron casos puntuales que se los catalogó como en situación de calle pero en realidad están alojados en la casa de algún familiar o amigo que ya no resiste más la posibilidad de seguir conviviendo”.

Notificaron que al momento hay camas libres en los alojamientos. Cabe destacar que por protocolo de intervención es la Comisaría de la Mujer la que informa sobre estos casos, ya que primero se debe realizar una investigación de la persona en cuestión. “Tenemos un circuito, un protocolo armado. Ellos nos avisan y nosotros brindamos una respuesta inmediata, al menos en lo provisorio, hasta poder resolverlo”, afirmaron desde la Dirección de Acción Comunitaria del Municipio.

No obstante, luego de reconocer que no hay personas en situación de calle, Civalleri hizo mención a dos casos particulares: “Sí siempre salen las famosas dos personas que están en la Terminal. Pero la verdad es que ambas tienen su alojamiento previsto en una pensión en la avenida Colón al 900 y por decisión de ellos, no se quedan; como son mayores, no se los puede obligar”.

Continuó exponiendo que son los individuos quienes no quieren recibir ayuda ni intervención por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, ya que sostienen que están bien y finalizó remarcando que “salvo esos dos casos, tenemos alojamiento previsto para todos los que estén en situación de calle”.

Las temperaturas comenzaron a disminuir gradualmente con el pasar de los días y, de la mano de la primera ola de frío polar, el crudo invierno hizo estragos en el país. De hecho, el lunes falleció por hipotermia un hombre de 52 años en el barrio porteño San Telmo.

En nuestra ciudad, se esperan temperaturas bajo cero para los próximos días y, ante tal situación, emerge la problemática de las personas en situación de calle en Tandil. Sin embargo, pese a lo que diversos lectores manifestaron a este medio, tanto el subsecretario de Desarrollo Social, Pablo Civalleri, como la directora de Acción Comunitaria, Juliana Teerink, manifestaron que en nuestra ciudad no hay personas que duerman a la intemperie.

“Nosotros hoy en día no tenemos gente en situación de calle afortunadamente. Obviamente, en caso de que aparezca alguna familia o una persona en esa condición, tenemos garantizadas camas en tres pensiones, donde ya reservamos varias habitaciones”, señaló Civalleri e informó que en la pensión no solo se les da el alojamiento para poder dormir sino también para comer y darse una ducha.

En la misma línea, Teerink expresó que “aparecieron casos puntuales que se los catalogó como en situación de calle pero en realidad están alojados en la casa de algún familiar o amigo que ya no resiste más la posibilidad de seguir conviviendo”.

Cabe destacar que por protocolo de intervención es la Comisaría de la Mujer la que informa sobre estos casos, ya que primero se debe realizar una investigación de la persona en cuestión. “Tenemos un circuito, un protocolo armado. Ellos nos avisan y nosotros brindamos una respuesta inmediata, al menos en lo provisorio hasta poder resolverlo”, afirmaron desde la Dirección de Acción Comunitaria del Municipio.

No obstante, luego de reconocer que no hay personas en situación de calle, Civalleri hizo mención a dos casos particulares: “Sí siempre salen las famosas dos personas que están en la Terminal. Pero la verdad es que ambas tienen su alojamiento previsto en una pensión en la avenida Colón al 900 y por decisión de ellos no se quedan; como son mayores, no se los puede obligar”.

Continuó exponiendo que son los individuos quienes no quieren recibir ayuda ni intervención por parte de la Secretaría de Desarrollo Social ya que sostienen que están bien y finalizó remarcando que “salvo esos dos casos, tenemos alojamiento previsto para todos los que estén en situación de calle”.

La tandilense Carla Baro realizó la semana pasada una serie de posteos en su perfil de Facebook donde informaba sobre la situación que estaba atravesando Ángel Chapay, un señor correntino que estaba durmiendo a la intemperie y tiritando de frío.

En diálogo con El Eco de Tandil, Baro contó que fue su amiga Micaela Macaya quien lo encontró debajo de las escaleras y que de inmediato le pidió ayuda. Los vecinos de la zona comenzaron a solidarizarse instantáneamente ofreciéndole comida y frazadas, y luego llamaron al Municipio para ver qué era lo que debían hacer. “Me atendieron y me dijeron que me comunicara con el 103. Marqué a ese número y me derivaron al 101, donde finalmente, tras contarles la situación, mandaron un patrullero”, declaró Baro.

Sin embargo, cuando arribó el móvil la situación empeoró: los vecinos debieron salir para evitar que se lo llevaran, puesto que tenían la orden de desalojarlo. Entonces, nuevamente se contactaron con el comando, desde donde les hicieron saber que había un protocolo que seguir: debían dirigirse a la Comisaría de la Mujer.

Tras el nuevo llamado, la policía reenvió al mismo patrullero y se llevaron a Ángel. “Como a la hora, llamo a la Comisaria para saber a dónde lo habían llevado y me dicen ‘No, señora, está en la calle. Lo tuvimos que dejar ir porque no tenemos solución para él’”.

“Ahí arrancó la movida nuestra”, aseveró Carla. Vecinos, remiseros y la Iglesia del Carmen aportaron su ayuda para trasladarlo hasta una pensión, donde aún se hospeda a la espera de conseguir un alquiler.

Aprovechó la situación para cargar contra los concejales ya que ninguno la contactó: “Ningún concejal se acercó. Me llamaron de todas las radios, ¿no van a conseguir mi número ellos? Civalleri sabe muy bien que lo llamé, o sea que mi número lo tiene. Entonces no quieren hacerse cargo de algo que les corresponde”, expresó indignada.