El Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializó una modificación en la normativa sobre cuentas sueldo que habilita a las empresas a acreditar salarios en dólares estadounidenses. La medida completa la implementación de lo dispuesto por la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, que ya había establecido la posibilidad de que las remuneraciones se paguen tanto en moneda nacional como extranjera.

La decisión fue formalizada mediante la Comunicación “A” 8460, que incorpora al dólar estadounidense como moneda admitida para la captación de depósitos en las cuentas sueldo. De esta manera, las entidades financieras ya cuentan con el marco regulatorio necesario para ofrecer este tipo de operatoria.

La actualización responde a la modificación del artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo, introducida por la reforma laboral, que habilita expresamente el pago de salarios en moneda extranjera cuando exista acuerdo entre las partes.

La normativa establece que los bancos deberán garantizar los depósitos y las extracciones de dólares en efectivo en la sucursal donde se encuentre radicada la cuenta sueldo. En tanto, la disponibilidad del servicio en otras sucursales, cajeros automáticos o terminales de autoservicio dependerá de que la entidad cuente con billetes suficientes para realizar la operación.

Además, el Banco Central aclaró que estas cuentas conservarán el mismo régimen de gratuidad que las tradicionales cuentas sueldo en pesos.

En ese sentido, precisó que la exención de comisiones alcanza hasta el monto de las acreditaciones provenientes de la relación laboral, incluso si esos fondos permanecen depositados durante un tiempo prolongado. Esto significa que el trabajador podrá mantener el dinero en la cuenta de manera indefinida sin pagar costos de mantenimiento sobre los importes acreditados como salario.

Pese a la adecuación normativa, especialistas consideran que el pago de salarios en dólares no se generalizará en el corto plazo.

Entre los principales motivos señalan que muchas empresas todavía enfrentan restricciones para acceder libremente al mercado cambiario, lo que dificulta adoptar esta modalidad de manera masiva.

Sin embargo, sostienen que la medida puede favorecer una práctica que ya comenzó a observarse en determinados sectores, especialmente en actividades vinculadas a la exportación de servicios, empresas con ingresos en moneda extranjera y profesionales que trabajan para clientes del exterior.

Con esta decisión, el Banco Central completa el marco regulatorio necesario para que empleadores y trabajadores que así lo acuerden puedan utilizar las cuentas sueldo en dólares como mecanismo de pago de las remuneraciones.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Tandil-Juárez anunció un paro de 24 horas para este miércoles 15 de julio, que alcanzará a las y los trabajadores de los organismos dependientes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en los distritos de Tandil y Benito Juárez.

Según informó el sindicato a través de un comunicado, la medida fue resuelta durante una asamblea de trabajadores ante la crítica situación salarial que atraviesa el sector. Desde la organización sostuvieron que los ingresos actuales "ya no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de las familias", motivo por el cual decidieron avanzar con una jornada de protesta.

En ese marco, ATE reclamó al Gobierno nacional que regularice el envío de fondos y de las partidas presupuestarias que, según señalaron, mantiene adeudadas con la Provincia de Buenos Aires. Desde el gremio afirmaron que esa situación repercute en el funcionamiento de los organismos públicos y limita las posibilidades de mejorar los salarios de los trabajadores estatales.

Al mismo tiempo, la organización sindical también dirigió un pedido al Gobierno bonaerense, al que le solicitó que evalúe e impulse alternativas que permitan recomponer de manera urgente los ingresos del sector, con el objetivo de garantizar salarios dignos frente al incremento sostenido del costo de vida.

La convocatoria está dirigida a todas las trabajadoras y trabajadores de las dependencias provinciales de Tandil y Benito Juárez, a quienes el gremio instó a sumarse a la medida de fuerza "en defensa del salario".

Bajo la consigna "Salarios dignos para vivir mejor", ATE remarcó que la protesta busca visibilizar la situación económica que atraviesan los empleados estatales y reclamar respuestas concretas de los distintos niveles del Estado para mejorar las condiciones salariales del sector.

En un contexto de menor ingreso disponible, cada vez más argentinos aseguran que tienen dificultades para llegar a fin de mes. La pérdida de poder adquisitivo continúa condicionando el consumo y la capacidad de ahorro de los hogares, en un escenario donde la mayoría percibe que los salarios siguen sin acompañar el aumento del costo de vida.

Según la consultora Zentrix, el 61% de los encuestados afirma que sus ingresos le alcanzan, como máximo, hasta el día 20 de cada mes, mientras que un 24,3% llega con lo justo, sin posibilidad de ahorrar. Apenas el 13% sostiene que logra cubrir todos sus gastos y generar algún ahorro.

La división por voto acentúa estas diferencias: entre quienes apoyan al oficialismo, el 45,3% declara que sus ingresos se agotan antes del día 20; entre los votantes de la oposición, esa proporción asciende al 71,3%.

La experiencia económica, aunque compartida en su existencia, golpea con mucho más fuerza a quienes ya desconfiaban del rumbo, remarcó la consultora.

El 64% de los argentinos califica como mala o muy mala la situación económica del país, mientras que el 41,7% hace esa misma evaluación sobre su propia economía. A su vez, el 86,1% de los encuestados sostiene que su salario no le gana a la inflación. Este registro es apenas inferior al máximo de la serie, que fue del 86,6% en abril.

Al analizar los datos por voto, el 70,2% de los oficialistas reconoce que su salario pierde frente a la inflación, cifra que trepa al 96,6% entre los votantes de la oposición. Por otro lado, el 68,8% de los consultados considera que el índice de inflación publicado por el Indec no refleja la variación de precios que percibe en su vida diaria.

Hacia adelante, el 55,1% de los encuestados cree que lo peor está por venir en materia económica, contra solo 24% que considera que lo peor ya pasó.

De acuerdo a un informe de la consultora Equilibra, después de siete meses consecutivos de caída, el ingreso disponible aumentó 0,8% mensual en abril de 2026. Sin embargo, el indicador aún se ubicó 1% por debajo del nivel de abril del año pasado y permanece 14,5% por debajo del promedio registrado entre enero y septiembre de 2023.

La mejora de abril se concentró exclusivamente en los asalariados privados formales, cuyo ingreso disponible creció 1,6% respecto del mes anterior. En contraste, los empleados públicos registraron una caída del 1,1% mensual, mientras que las jubilaciones mínimas con bono descendieron 0,7% en el mes.

El Gobierno nacional homologó el acuerdo paritario alcanzado para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional, que contempla incrementos salariales escalonados entre junio y agosto de 2026, el pago de una suma fija extraordinaria de $50.000 y la prórroga de diversos beneficios laborales.

La medida fue oficializada este martes mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, que homologa las actas acuerdo firmadas el pasado 18 de junio por la Comisión Negociadora.

De acuerdo con lo establecido, los trabajadores recibirán un aumento del 2,40% a partir del 1° de junio, calculado sobre los salarios vigentes al 31 de mayo; un 2,20% desde el 1° de julio, sobre los haberes de junio; y un 1,90% a partir del 1° de agosto, aplicado sobre las remuneraciones correspondientes a julio.

Además, el acuerdo dispone el pago de una suma fija remunerativa y no bonificable de $50.000, por única vez y de percepción única por persona, que será abonada junto con los haberes de agosto de 2026.

Actualización de escalas y beneficios

El decreto también establece la actualización de las escalas salariales de los distintos regímenes comprendidos en el convenio colectivo, así como de los montos correspondientes a viáticos, el adicional por prestación de servicios en la Antártida y los reintegros por gastos de comida, movilidad y guarderías.

Por otra parte, se prorrogó hasta el 31 de agosto de 2026 la entrada en vigencia del Régimen de Dirección Pública, mientras continúan las negociaciones para su revisión e implementación definitiva.

En la misma línea, se extendió la vigencia del Premio Estímulo a la Asistencia, cuyos montos fueron incrementados, y se mantuvieron las condiciones especiales vinculadas a licencias por exámenes, enfermedades y acompañamiento terapéutico de familiares.

Asimismo, la norma preserva hasta el 31 de agosto las sumas fijas remunerativas no bonificables establecidas por el Decreto 56/2020, aclarando que los nuevos incrementos salariales no se aplicarán sobre esos conceptos.

Nuevos valores para residentes de Salud

El decreto también fijó las nuevas remuneraciones para los profesionales residentes nacionales que prestan servicios en hospitales e institutos dependientes del Ministerio de Salud y en el Hospital Garrahan.

Desde el 1° de agosto, un residente jefe percibirá $1.691.131, mientras que un residente de primer año cobrará $1.282.419. Además, fueron actualizados los montos de las becas destinadas a estos profesionales.

Finalmente, la medida dispone que los aumentos también alcanzarán al personal civil de inteligencia de la Secretaría de Inteligencia de Estado y faculta a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar las normas complementarias necesarias para la aplicación del decreto.

La crisis que atraviesa el canal de streaming Blender escaló este viernes tras conocerse la desvinculación de todo el equipo de producción del ciclo Hay Algo Ahí. La medida, que fue ejecutada el jueves por la tarde, impidió la salida al aire del programa conducido por Tomás Rebord, quien se encuentra de vacaciones, y afectó también al resto de la programación, incluyendo el espacio de José María Listorti.

Según trascendió, el operativo se llevó a cabo bajo fuertes medidas de seguridad en el edificio del canal. Tomás Rebord, a través de sus declaraciones, calificó la decisión como un superataque contra su programa y su persona. El conductor manifestó su desconcierto ante la falta de respuestas por parte de las autoridades de la empresa.

Ayer, Blender, el medio en el que trabajo hace tres años, decidió despedir a todo mi equipo de trabajo, a toda mi producción. Durante todo el día de ayer intenté comunicarme con las autoridades del canal tratando de tener algún tipo de explicación o establecer algún tipo de negociación y no recibí respuesta; ni siquiera me atendieron.

Por su parte, la empresa Blender difundió un comunicado donde defendió su accionar. La firma aseguró que honra sus compromisos con más de 100 trabajadores y atribuyó el conflicto a un grupo reducido de personas que, según sostuvieron, intentó presionar a la compañía mediante el uso de la pantalla durante una negociación salarial. En contrapartida, los trabajadores denunciaron el despido de al menos 10 compañeros tras reclamar el cumplimiento de acuerdos salariales asumidos a principios de 2026 y exigieron su reincorporación inmediata.

El conflicto ocurre en un contexto de crecimiento para la señal, que en 2025 se posicionó como el tercer canal de streaming con mayor audiencia del país. Asimismo, la situación se desarrolla días después de que el Gobierno porteño preadjudicara el Canal de la Ciudad a Cale Group, empresa propiedad de Augusto Marini, quien también es dueño de Blender y del canal Carajo.

Los empleados de comercio percibirán en julio de 2026 el ingreso mensual bajo un nuevo esquema salarial que consolida los últimos tramos de aumento acordados en la paritaria trimestral del sector. Con este ajuste, los sueldos básicos del sindicato de comercio mantendrán un piso superior al 1.200.000 pesos para las categorías iniciales, a las que luego se deben sumar los adicionales de convenio.

La liquidación de este mes cuenta con una particularidad técnica clave para liquidadores y Pymes: a partir de julio de 2026, los incrementos y las sumas fijas extraordinarias que se venían pagando de forma no remunerativa, específicamente los 100.000 pesos del acuerdo previo más el adicional de 20.000 pesos, quedan completamente absorbidos dentro del salario básico de cada trabajador.

Para aquellos trabajadores con jornada reducida, tiempo parcial, tareas discontinuas o ausencias injustificadas, los montos se liquidan en forma proporcional a la jornada laboral. El acuerdo, firmado entre la FAECYS y las cámaras empresarias, establece una vigencia desde el 1 de abril de 2026 hasta el 31 de marzo de 2031.

Respecto a la revisión, se pactó una reunión en junio de 2026, a pedido de cualquiera de las partes, para analizar las escalas y sumas frente a las variaciones económicas. Asimismo, se estableció el compromiso de que cualquier aumento futuro será no remunerativo y no acumulativo.

La contribución adicional solidaria con destino a OSECAC, que era de 8.500 pesos, pasa desde abril a 28.000 pesos mensuales por cada trabajador comprendido en el CCT 130/75. Este monto debe abonarse mientras el trabajador mantenga el contrato vigente y declararse dentro de los 10 días posteriores al vencimiento de cada mes.

Finalmente, el acuerdo ratifica la plena vigencia de todas las cláusulas del CCT 130/75 y aquellas incorporadas por acuerdos posteriores hasta el 31 de marzo de 2031. Se recomienda a las empresas que pagan suplementos fijos por encima del convenio que negocien su adecuación tomando como referencia los incrementos del presente acuerdo.

Los salarios aumentaron 3,7% en abril respecto de marzo y volvieron a ubicarse por encima de la inflación mensual, de acuerdo con el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El organismo indicó que el índice de salarios acumuló además un incremento de 12,7% en los primeros cuatro meses de 2026, levemente por encima del avance de los precios, que en el mismo período fue de 12,3%.

En la comparación interanual, los salarios registraron una suba de 36,9%, mientras que la inflación acumulada en los últimos doce meses alcanzó el 32,4%, según los datos oficiales.

De acuerdo con el relevamiento, la mejora mensual estuvo impulsada principalmente por el desempeño del sector privado. Los salarios del sector privado registrado crecieron 4% en abril, mientras que en el sector privado no registrado el incremento fue de 4,7%. En tanto, las remuneraciones del sector público aumentaron 2,3% durante el mismo período.

En términos interanuales, el índice mostró un crecimiento de 29,3% para el sector privado registrado, 29,6% para el sector público y 69,6% para el sector privado no registrado, que volvió a exhibir la mayor variación entre los distintos segmentos relevados por el organismo.

En lo que va del año, el índice general acumuló una mejora de 12,7%, con incrementos de 10,1% en el sector privado registrado, 12% en el sector público y 19,7% en el sector privado no registrado.

Evolución en el sector público

El informe también detalló el comportamiento de los salarios estatales. En abril, el sector público nacional registró una suba mensual de 1,6%, mientras que en el sector público provincial el incremento fue de 2,5%.

Al comparar con abril de 2025, los salarios nacionales crecieron 23,1%, en tanto que los provinciales avanzaron 32,1%. Asimismo, desde diciembre de 2025 acumularon aumentos de 10,3% y 12,5%, respectivamente.

El índice de salarios elaborado por el Indec mide la evolución de las remuneraciones de los trabajadores de los sectores público, privado registrado y privado no registrado. La metodología utilizada busca reflejar las variaciones salariales aislando factores como la cantidad de horas trabajadas y otros componentes vinculados al desempeño individual, con el objetivo de ofrecer una medición más precisa de la evolución de los ingresos laborales.

El Gobierno cerró este jueves una nueva paritaria para los trabajadores de la administración pública nacional con una mejora acumulada del 6,64% para el período junio-agosto y un bono remunerativo de 50.000 pesos el mes próximo. Sin embargo, el incremento otorgado volvió a dividir a los sindicatos: la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) lo aceptó, mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lo rechazó al considerar que consolida la pérdida salarial en el sector público.

Según datos difundidos por ATE, en el período paritario anterior los aumentos salariales sumaron 21%, mientras que la inflación acumulada fue del 33,2%. Para el gremio, esa brecha de 12,2 puntos explica su negativa a una oferta que no incluye mecanismos de recuperación ni actualización automática frente a los precios.

El entendimiento corresponde a la apertura del período paritario junio de 2026-mayo de 2027 del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06. La propuesta oficial fija incrementos del 2,4% desde el 1° de junio, del 2,2% a partir del 1° de julio y del 1,9% desde el 1° de agosto, además del pago por única vez de 50.000 pesos durante ese último mes.

Con la firma de UPCN, el aumento quedó formalmente homologado para el próximo trimestre. Desde el oficialismo sostienen que el esquema busca acompañar la evolución de los precios en un escenario de desaceleración inflacionaria.

Por su parte, ATE cuestionó tanto los porcentajes como la falta de una recomposición por la pérdida acumulada del poder adquisitivo. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, expresó al finalizar la reunión:

No estamos dispuestos a negociar ningún ajuste. La oferta es insuficiente, perjudica a los trabajadores y quita derechos a todo el pueblo.

Aguiar afirmó que el Gobierno viola la buena fe en las negociaciones y señaló que, según estimaciones del sindicato, la pérdida de poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei supera el 40%. El dirigente advirtió que la decisión oficial acelera la conflictividad en el Estado al no dar respuesta a reclamos como la reapertura de convenios y el cese de los despidos.

El pasado 1 de junio, el Gobierno Nacional dictaminó la implementación de un nuevo recibo de sueldo con el objetivo de transparentar el destino de los salarios de los trabajadores. La medida, establecida a través del Decreto 407/2026, obliga a los empleadores a detallar el costo laboral, exponiendo cuánto dinero se destina a organismos nacionales de seguridad social, sindicatos y federaciones, entre otros.

Es importante destacar que esta modificación no altera los valores de los salarios, aportes ni descuentos, sino que busca otorgar una visión más completa del costo de empleo. A partir de esta normativa, los nuevos recibos digitales contarán con 3 cuerpos diferenciados para detallar la información del pago.

En el primer cuerpo, se deberán consignar las contribuciones realizadas por el empleador. De esta manera, los trabajadores podrán observar qué porcentaje de sus haberes se destina a los aportes jubilatorios, las obras sociales y el seguro de vida. Para facilitar la comprensión, se incorporará un gráfico de torta que ilustrará los porcentajes de cada aporte externo, diferenciando con claridad el dinero que percibe el empleado del costo laboral total.

Por otro lado, el segundo cuerpo mantendrá la estructura vigente hasta la fecha, detallando el sueldo bruto y los descuentos aplicados hasta llegar al neto. Finalmente, el tercer espacio incluirá una descomposición gráfica y total de la denominada cuña fiscal y sindical, permitiendo visualizar todo lo que se recauda por encima del sueldo neto y el destino preciso de esos fondos.

Los empleados de comercio de todo el país reciben en junio la primera cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario), que se suma a los haberes del mes. Aquellos trabajadores del rubro que deseen conocer los plazos y el método de cálculo pueden acceder a una guía sencilla para determinar el monto que les corresponde.

La normativa vigente, establecida por la ley 27.073, determina que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse a más tardar el 30 de junio. En 2026, esta fecha límite cae martes. No obstante, las empresas cuentan con un margen adicional de cuatro días hábiles posteriores al vencimiento oficial, lo cual permite que el depósito llegue a las cuentas de algunos trabajadores hasta el lunes 6 de julio. Esta previsión legal busca garantizar el orden administrativo en la liquidación de haberes.

Como lo establece la Ley de Contrato de Trabajo, el aguinaldo se acredita en base a la mitad del mejor salario abonado en el período comprendido. En esta primera instancia, se toma en cuenta el mejor salario de enero a junio. Por eso, la fórmula depende de que el sueldo se asigne a trabajadores con este período completo o no.

En el primero de los casos basta con dividir a la mitad la mejor paga bruta del período. Cuando la persona no prestó servicio durante todo el semestre, el aguinaldo se calcula sobre la mitad del mejor sueldo, y ese monto se multiplica por los meses o días trabajados durante esos seis meses. En el caso de que el trabajo se pague por hora, se suma la remuneración total de cada mes y se toma la más alta del semestre para estipular el medio aguinaldo.

El aguinaldo está dirigido para los trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados. Por lo tanto, no alcanza a los trabajadores informales que carecen de aportes, tampoco a los monotributistas ni a quienes se encuentran fuera del sistema de relación de dependencia laboral. Estas exclusiones definen el alcance del beneficio en la estructura económica del país.

Existen dos opciones para incluir el aguinaldo en los recibos de sueldo: si se abona el último día laboral del mes, fecha límite establecida por la Ley de Contrato de Trabajo, se puede incluir con el sueldo de junio y entregar un mismo comprobante de pago. Si se paga por separado, se puede entregar un recibo de sueldo individual con el detalle del concepto abonado.

La reglamentación de la reforma laboral introdujo modificaciones en los formatos de los recibos de sueldo. El objetivo central de la medida es permitir que los trabajadores conozcan en detalle el desglose de los distintos ítems que componen sus haberes.

El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, aseguró que se busca transparentar los costos laborales y las retenciones aplicadas a los salarios. La modificación implementada pretende que el trabajador identifique, mediante una lectura en cascada, la diferencia real entre lo que paga la empresa y lo que finalmente percibe el empleado en su cuenta.

“Todo aquello que le sacan al trabajador va a quedar registrado, explicitado y hecho visible”.

Sobre este punto, el ministro explicó que el nuevo diseño permitirá exponer todo lo que se recauda por encima del sueldo neto y hacia dónde fluye exactamente ese dinero. El propósito de la medida es que el ciudadano identifique el destino del fruto de su trabajo y el funcionamiento del sistema recaudatorio.

Sobre este último punto, el ministro explicó que el diseño permitirá exponer "todo lo que se recauda por encima del sueldo neto y hacia dónde fluye exactamente ese dinero".

El propósito de la medida es que el ciudadano identifique el destino del fruto de su trabajo y el funcionamiento del sistema recaudatorio

El mes de junio trae consigo un nuevo ajuste en los salarios de los empleados de comercio, sumado al cobro del medio aguinaldo, lo que impacta de manera directa en el ingreso mensual de los trabajadores. La aplicación de la última etapa del acuerdo paritario, firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales del sector, representa una actualización clave para quienes se desempeñan bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

El incremento salarial vigente contempla una recomposición total del 5% sobre las escalas básicas. Esta mejora se distribuyó de manera escalonada, con una suba del 2% en abril, seguida por dos tramos de 1,5% aplicados en mayo y junio. De esta manera, los haberes de este mes reflejan el último tramo acordado, consolidando un nuevo piso salarial para todas las categorías del sector.

Además de los aumentos porcentuales, los trabajadores acceden a un bono extraordinario total de 120.000 pesos. Este monto se compone de una suma fija de 100.000 pesos, distribuida en meses previos, y un adicional de 20.000 pesos que se incorpora en abril, mayo y junio. Según la grilla oficial de la FAECYS, los valores salariales para junio ya incluyen estos importes no remunerativos, aunque la liquidación del aguinaldo se realiza de manera independiente.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual bruta percibida entre enero y junio. Este cálculo incluye el sueldo básico, los adicionales, las comisiones, las horas extras y todas las sumas remunerativas habituales. Para quienes no hayan trabajado el semestre completo, el monto se calcula de manera proporcional.

El pago del aguinaldo está regulado por la ley 27.073, que fija como fecha límite el 30 de junio. No obstante, la normativa otorga a las empresas hasta cuatro días hábiles adicionales para completar la acreditación, lo que podría postergar el pago hasta el lunes 6 de julio.

El acuerdo firmado entre la FAECYS, la Cámara Argentina de Comercio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Unión de Entidades Comerciales incluye una cláusula de revisión para analizar la evolución de la inflación. Las partes se reunirán durante este mes con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores frente al costo de vida.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la implementación del recibo de sueldo 100% digital para trabajadoras de casas particulares. La medida fue establecida mediante la Resolución General 5850/2026 y alcanzará a más de 600.000 relaciones laborales del régimen especial. Con el nuevo sistema, las empleadas podrán acceder de manera online a los comprobantes de pago de sus salarios, en una iniciativa que busca simplificar trámites, reducir el uso de papel y agilizar la gestión administrativa.

Según explicó el organismo, el nuevo formato incorpora mecanismos de autenticidad, integridad, inmutabilidad, disponibilidad y trazabilidad documental. De esta manera, el recibo adquiere carácter de instrumento electrónico formal y refuerza la seguridad jurídica tanto para empleadores como para trabajadoras. Además, ARCA señaló que la digitalización permitirá minimizar errores formales en la emisión de recibos, fomentar la formalización de los pagos salariales y facilitar la presentación de prueba electrónica ante eventuales conflictos laborales.

A partir de ahora, los empleadores que emitan recibos mediante el Registro Especial del Personal de Casas Particulares deberán ponerlos a disposición de las trabajadoras exclusivamente en formato digital. La actualización se enmarca en la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

Dentro de la sección “Pagos y recibos”, los empleadores podrán visualizar una nueva columna denominada “Fecha de lectura”, que indicará cuándo la trabajadora accedió al documento a través del Registro Especial de Casas Particulares con Clave Fiscal. Por su parte, las empleadas podrán consultar el Recibo de Sueldo Electrónico desde la sección “Mis trabajos”, en la opción “Recibos de sueldo”. Allí, al seleccionar “Ver recibo”, el documento podrá descargarse y compartirse de manera electrónica.

Consultado por La Nación, Sebastián Domínguez, ceo de SDC Asesores Tributarios, explicó que, hasta ahora, cuando el empleador abonaba el salario en efectivo, debía imprimir el recibo electrónico y solicitar la firma de la trabajadora para dejar constancia del pago. En ese sentido, señaló que la nueva modalidad podría impulsar una mayor bancarización dentro del régimen de casas particulares.

“El cambio puede generar que más empleadores abran cuentas bancarias a nombre de los empleados para evitar tener que imprimir y hacer firmar el recibo”

Para el especialista, la medida representa “un avance muy positivo” porque simplifica la operatoria para los empleadores. “Emite el recibo, no necesita imprimirlo ni hacerlo firmar y puede transferir el sueldo por banco”, sostuvo.

Además, destacó que el nuevo esquema permitirá a ARCA contar con información actualizada sobre los salarios abonados. “Quienes utilizaban el formulario en papel no informaban mensualmente el sueldo al organismo. Aunque existía la obligación de actualizarlo, en muchos casos no se hacía. Entonces, el organismo quedaba con registros salariales desactualizados mientras el empleador pagaba un monto superior”, explicó. Según Domínguez, con el recibo digital el ente recaudador “va a tener esos datos en su sistema para cruzarlos con la información de las declaraciones juradas”.

Los salarios pretendidos por los argentinos mostraron en abril una nueva señal de desaceleración. Según el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, la remuneración promedio solicitada por quienes buscan empleo fue de 1.784.840 pesos brutos por mes, una cifra que implicó una baja de 0,09 por ciento respecto de marzo y que volvió a ubicarse por debajo de la inflación proyectada para el período.

El dato confirma una tendencia que comenzó a observarse hacia fines de 2025: las pretensiones salariales crecieron cada vez menos e incluso alternaron meses de retrocesos nominales. En otras palabras, el mercado laboral empieza a reflejar una moderación en las expectativas de ingresos de los postulantes. Los números muestran un fenómeno llamativo, ya que las remuneraciones pretendidas avanzaron 13,44 por ciento en los últimos 12 meses, mientras que la inflación interanual se ubicó en 32,4 por ciento.

El informe también refleja fuertes diferencias salariales según el nivel de experiencia. Mientras un postulante junior pretende en promedio 1.354.695 pesos brutos por mes, el monto sube a 1.814.084 pesos para posiciones semi senior y senior, y alcanza los 2.407.033 pesos en los cargos de jefe o supervisor. La diferencia entre el promedio junior y el de posiciones jerárquicas supera así el millón de pesos mensuales, lo que evidencia la distancia salarial que todavía existe dentro del mercado laboral formal.

Sin embargo, la evolución reciente no fue igual para todos los segmentos. Los puestos junior mostraron una suba mensual de 1,87 por ciento y las posiciones senior y semi senior aumentaron 1,42 por ciento, mientras que los cargos de jefe y supervisor registraron una caída de 7,30 por ciento. Según los especialistas, ese comportamiento puede interpretarse como una señal de mayor cautela en los segmentos jerárquicos, donde las empresas suelen tener procesos de contratación más lentos.

Al analizar las pretensiones salariales por áreas, Recursos Humanos aparece como uno de los sectores con mejores remuneraciones promedio tanto en posiciones junior como en los niveles semi senior y senior. En el segmento junior, esta área encabezó el ranking con un salario pretendido promedio de 1.528.125 pesos mensuales. Detrás quedaron Administración y Finanzas, con 1.449.028 pesos, y Producción, Abastecimiento y Logística, con 1.440.179 pesos. En cambio, el sector Comercial fue el que tuvo menor remuneración pretendida para puestos junior, con un promedio de 1.154.688 pesos.

El informe también identifica cuáles son los cargos específicos con mayores pretensiones salariales dentro de cada segmento. En las posiciones de jefe y supervisor, el puesto con el salario requerido más alto fue Auditoría, con una pretensión promedio de 4.125.000 pesos mensuales. En los niveles semi senior y senior, Ingeniería en Petróleo y Petroquímica lideró el ranking con 3.650.000 pesos por mes.

Mientras tanto, en el segmento junior el puesto mejor remunerado fue Ingeniería de Procesos, con un salario pretendido de 2.550.000 pesos. Los datos muestran que las actividades vinculadas a energía, petróleo, ingeniería y finanzas siguen concentrando las remuneraciones más altas del mercado laboral argentino. Del otro lado aparecen sectores con salarios considerablemente menores: entre los puestos junior, el cargo de camareros tuvo la pretensión salarial más baja, con 850.000 pesos mensuales, mientras que para los niveles semi senior y senior, Gastronomía se ubicó en el piso del ranking con un millón de pesos.

El vicepresidente de la Federación Argentina de Almaceneros, Fernando Savore, aseguró que, aunque la inflación de abril podría mostrar una desaceleración respecto del 3,4 por ciento registrado anteriormente, los incrementos acumulativos en los alimentos continúan afectando con fuerza el bolsillo de los consumidores.

“Seguramente va a dar un poco más bajo que el 3,4. Yo calculo que será un 2,6 o un 2,8”, estimó. Sin embargo, explicó que el verdadero problema radica en que los aumentos se suceden mes tras mes y terminan generando subas significativas en los precios finales.

Como ejemplo, mencionó el caso de los lácteos. “Aumentaron un 2,5 por ciento en enero, 2,7 en febrero, 3 por ciento en marzo y ahora nos envían un 4 por ciento. Si a un valor base de 100 le agregamos todos esos porcentajes, da aproximadamente un 13 por ciento”, detalló.

Savore sostuvo que esta dinámica se replica en prácticamente todos los rubros y que los salarios no acompañan ese ritmo. “La mercadería cambia de valor todos los meses, pero el sueldo del trabajador no acompaña. Evidentemente, el ingreso se va debilitando mes a mes”, afirmó.

En ese contexto, indicó que los consumidores modificaron sus hábitos de compra y comenzaron a reemplazar las marcas tradicionales por alternativas de menor costo elaboradas por pequeñas y medianas empresas.

“No me gusta hablar de segunda marca, yo les llamo marcas pyme”, explicó. Según señaló, las grandes marcas “pierden cada vez más espacio en la góndola” debido a la importante diferencia de precios.

Para ilustrarlo, comparó algunos productos de consumo cotidiano. “Una gaseosa de primera marca de dos litros hay que venderla en casi 5.000 pesos, mientras que una gaseosa pyme puede costar entre 1.000 y 2.000 pesos. Un pan lactal de primera marca ronda los 6.000 pesos y uno de una pyme se consigue entre 2.500 y 2.700”, precisó.

El dirigente destacó que muchos consumidores prueban estas alternativas y continúan comprándolas. “La diferencia es notable y la gente lo lleva porque es bueno y mucho más accesible”, sostuvo.

Savore también cuestionó la política de aumentos de algunas empresas. Citó el caso del café de una reconocida marca, que aplicó dos incrementos consecutivos del 6 por ciento en pocos meses. “En febrero aumentaron un 6 por ciento y ahora otro 6. Estamos hablando de casi un 12 por ciento acumulado”, advirtió.

El vicepresidente de la Federación Argentina de Almaceneros explicó que también se modificó la estrategia comercial de los almacenes. Durante períodos de alta inflación, los comerciantes solían acumular stock para resguardarse ante futuras subas de precios.

“En el gobierno anterior nuestros depósitos estaban llenos de mercadería porque era la forma de resistir los golpes de precios. Uno se capitalizaba con el stock”, recordó.

Actualmente, esa práctica prácticamente desapareció. “Hoy nuestros negocios no tienen stock de mercadería en depósito. Podemos tener reposición para una semana, pero no para meses”, señaló.

Según explicó, esta decisión responde directamente al comportamiento del consumidor. “Si la gente ya no compra cinco paquetes de fideos porque los ve baratos, nosotros tampoco vamos a sobrecargarnos de mercadería. Además, no hay que olvidar que todos nuestros productos tienen fecha de vencimiento”, concluyó.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares acordó un nuevo esquema de aumentos salariales para el sector de las empleadas domésticas, estableciendo subas escalonadas y acumulativas que se aplicarán entre los meses de abril y julio de 2026.

Según lo dispuesto, el cronograma de incrementos se divide en cuatro tramos: un 1,8 por ciento en abril, un 1,6 por ciento en mayo, un 1,5 por ciento en junio y un 1,4 por ciento en julio. Este acuerdo busca actualizar los haberes mínimos de las trabajadoras de casas particulares de manera progresiva durante el próximo cuatrimestre.

Además de los porcentajes mencionados, se definió la incorporación al salario básico del 50 por ciento de la suma no remunerativa correspondiente a marzo durante el mes de abril, mientras que el 50 por ciento restante se integrará en julio. Esta suma había sido fijada previamente en valores de 20.000, 11.500 y 8.000 pesos, dependiendo de la cantidad de horas trabajadas por cada empleada. Desde el sector aclararon que este traslado al básico no representa un aumento adicional, sino una modificación en la modalidad de pago de un monto que ya se percibía.

Otro de los puntos destacados del acuerdo es el ajuste en el adicional por zona desfavorable. El importe total de este beneficio se fijó en un 31 por ciento sobre los salarios mínimos correspondientes a cada categoría, lo que representa un incremento de un punto porcentual respecto al 30 por ciento que regía con anterioridad.

En cuanto a la dinámica de las negociaciones, la comisión asumió el compromiso de volver a reunirse en julio para evaluar la situación salarial. Respecto a la aplicación de estos pisos, fuentes sindicales señalaron:

“Además, se mantiene la posibilidad de negociar salarios por encima del mínimo. En muchos casos, ese piso se toma como único aumento, aunque en la práctica los valores suelen ser más altos”.

Con este nuevo esquema, el Gobierno confirmó los aumentos que regirán para el personal de casas particulares, manteniendo abierta la instancia de diálogo para la segunda mitad del año y garantizando la revisión de las escalas según la evolución del sector.

La Justicia de Santa Fe declaró la quiebra de la cooperativa láctea SanCor, luego de que la propia firma solicitara la medida tras años de crisis financiera y el fracaso del concurso preventivo de acreedores iniciado el año pasado. Con una deuda acumulada de 120 millones de dólares, el juez Marcelo Gelcich determinó la quiebra indirecta por la imposibilidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones.

En su sentencia, el magistrado señaló que la compañía no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurando un cuadro de insolvencia estructural que no puede ser revertido mediante las herramientas del proceso preventivo. Según el documento judicial, la firma arrastra una deuda impositiva y previsional superior a los 6.000 millones de pesos, a lo que se suman más de 12.000 millones de pesos en salarios adeudados y aportes a obras sociales y sindicatos.

La empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión a través de las herramientas propias del proceso preventivo, lo que refuerza la procedencia de la declaración de quiebra como solución jurídica adecuada.

Desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) denunciaron que la cooperativa adeuda ocho meses de sueldos más aguinaldos a sus operarios. El sindicato afirmó que la firma se ha sostenido con el patrimonio de los trabajadores, quienes han debido recurrir al fondo solidario de la entidad gremial para subsistir ante la falta de pagos.

El fallo también reveló que la tasa de generación de nuevo pasivo se estima en aproximadamente 3.000 millones de pesos mensuales, una cifra que la actividad ordinaria no logra absorber. Actualmente, las seis plantas industriales funcionan muy por debajo de su capacidad. Mientras que la planta de Sunchales se encuentra mayormente ociosa, la de San Guillermo está paralizada desde diciembre de 2025. Solo los establecimientos de Devoto y La Carlota operan cerca de su capacidad, aunque bajo una estructura de costos que las mantiene en déficit.

A pesar de la declaración de quiebra, el juez dispuso que la empresa continúe operando de forma provisoria para evitar un perjuicio mayor a los 914 trabajadores en relación de dependencia y a los acreedores en general. No obstante, se ordenó la presentación de un plan de liquidación de activos que maximice el recupero y se prohibió la asunción de nuevos pasivos durante esta etapa.

La caída de este emblema del agro argentino se refleja en sus cifras históricas: en 2017, la firma contaba con 4.000 empleados y procesaba cuatro millones de litros de leche diarios. Hoy, ese volumen se redujo a apenas 500.000 litros, marcando el final de un proceso de reestructuración que no logró salvar a la histórica cooperativa.

Los empleados de comercio ya cuentan con la definición de su esquema salarial para el período comprendido entre abril y junio de 2026. Esto surge tras el acuerdo paritario firmado entre la FAECYS y las cámaras empresarias del sector, estableciendo una actualización para los trabajadores mercantiles de todo el país.

El esquema contempla un incremento total del cinco por ciento, el cual se aplicará de forma escalonada en tres tramos durante el segundo trimestre del año. A este porcentaje se le suman montos fijos no remunerativos que se mantendrán hasta el mes de junio, momento en el que se incorporarán formalmente al salario básico.

Para el mes de abril de 2026, se dispuso el primer tramo del aumento, correspondiente al dos por ciento, aplicado sobre los salarios básicos vigentes. Durante este período, además de las subas porcentuales, las sumas no remunerativas juegan un papel clave para elevar el ingreso mensual final de los trabajadores del sector.

En el caso de un cajero de la categoría A que cumple una jornada completa, el salario de referencia para abril se sitúa en 1.214.513 pesos. Por su parte, para aquellos que desempeñan tareas en una jornada de medio tiempo, equivalente a unas 80 horas mensuales (cuatro horas diarias, cinco días a la semana), el ingreso proporcional estimado se ubica en torno a los 607.000 pesos.

Es importante destacar que estos montos son estimativos y pueden presentar variaciones según el encuadre exacto del convenio, la antigüedad, el cobro de adicionales por categoría o acuerdos internos específicos de cada empresa. La suba forma parte del acuerdo paritario 2026 que busca recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores mercantiles.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), junto a la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), sellaron un nuevo acuerdo paritario que establece incrementos salariales para el trimestre comprendido entre marzo y mayo de 2026.

Según lo estipulado en el acta firmada el 31 de marzo, los trabajadores del sector percibirán subas escalonadas y acumulativas sobre los salarios básicos. Esta medida alcanza a todas las categorías incluidas en el Convenio Colectivo de Trabajo número 76/75, afectando a oficiales, medio oficiales y ayudantes de todo el territorio nacional.

El esquema de actualización contempla, además de los básicos, el pago de sumas no remunerativas mensuales para los meses de abril y mayo. Estos montos extraordinarios se liquidarán de forma quincenal: el 50 por ciento se abonará con la primera quincena de cada mes y el resto con la segunda liquidación.

En cuanto a la distribución geográfica, los nuevos valores por hora rigen para la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones. También se establecieron escalas diferenciadas para las zonas denominadas B, C y C Austral, que abarcan la región patagónica y el sur del país.

El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de mayo de este año. No obstante, las partes definieron la creación de una comisión especial de seguimiento que se reunirá el 20 de abril. El objetivo de este espacio será analizar la evolución de las variables económicas y el impacto socioeconómico en el sector para definir los ajustes correspondientes a partir de junio de 2026.

El Gobierno Nacional oficializó un nuevo esquema de incrementos salariales para los empleados públicos a través del Decreto 206/2026. La medida establece subas escalonadas y el pago de una suma fija, alcanzando tanto a trabajadores permanentes como no permanentes de la Administración Pública Nacional.

El cronograma de aumentos se aplicará de manera progresiva y con carácter retroactivo sobre las retribuciones mensuales normales, habituales, regulares y permanentes vigentes al último día del mes anterior. Según lo dispuesto por el gobierno, en enero la suba será del 2,5 por ciento, en febrero del 2,2 por ciento, en marzo del 2,0 por ciento, en abril del 1,7 por ciento y en mayo del 1,5 por ciento.

Desde el sector gremial manifestaron su disconformidad con la medida. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó el porcentaje fijado y advirtió que el último incremento otorgado va a quedar diez puntos por debajo de la inflación.

Además de los porcentajes mensuales, la normativa dispone el pago de una suma fija excepcional y no bonificable de 40.000 pesos, que se abonará en mayo a todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General. Asimismo, se establecieron topes para el cobro de horas extras, con límites que oscilan entre los 791.210 pesos en enero y los 851.392 pesos en mayo de 2026.

El decreto también contempla una actualización en los haberes de los médicos residentes nacionales que se desempeñan en hospitales públicos. Los sueldos para quienes cursan el primer año pasarán de 1.117.549 pesos a 1.202.555 pesos al finalizar el esquema en mayo.

Para los residentes de segundo año, las cifras escalan de 1.252.254 pesos a 1.347.506 pesos, mientras que para el tercer y cuarto año el rango se ubica entre 1.377.066 pesos y 1.481.811 pesos. Por su parte, los jefes de residentes percibirán salarios que alcanzarán los 1.585.814 pesos hacia el quinto mes del año.

Finalmente, la normativa ajustó los montos de las becas que reciben los residentes, con valores que para el primer año inician en 353.803 pesos y llegan a 380.715 pesos en mayo, manteniendo la misma lógica de actualización progresiva para el resto de las categorías.