Los empleados de comercio de todo el país reciben en junio la primera cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario), que se suma a los haberes del mes. Aquellos trabajadores del rubro que deseen conocer los plazos y el método de cálculo pueden acceder a una guía sencilla para determinar el monto que les corresponde.

La normativa vigente, establecida por la ley 27.073, determina que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse a más tardar el 30 de junio. En 2026, esta fecha límite cae martes. No obstante, las empresas cuentan con un margen adicional de cuatro días hábiles posteriores al vencimiento oficial, lo cual permite que el depósito llegue a las cuentas de algunos trabajadores hasta el lunes 6 de julio. Esta previsión legal busca garantizar el orden administrativo en la liquidación de haberes.

Como lo establece la Ley de Contrato de Trabajo, el aguinaldo se acredita en base a la mitad del mejor salario abonado en el período comprendido. En esta primera instancia, se toma en cuenta el mejor salario de enero a junio. Por eso, la fórmula depende de que el sueldo se asigne a trabajadores con este período completo o no.

En el primero de los casos basta con dividir a la mitad la mejor paga bruta del período. Cuando la persona no prestó servicio durante todo el semestre, el aguinaldo se calcula sobre la mitad del mejor sueldo, y ese monto se multiplica por los meses o días trabajados durante esos seis meses. En el caso de que el trabajo se pague por hora, se suma la remuneración total de cada mes y se toma la más alta del semestre para estipular el medio aguinaldo.

El aguinaldo está dirigido para los trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados. Por lo tanto, no alcanza a los trabajadores informales que carecen de aportes, tampoco a los monotributistas ni a quienes se encuentran fuera del sistema de relación de dependencia laboral. Estas exclusiones definen el alcance del beneficio en la estructura económica del país.

Existen dos opciones para incluir el aguinaldo en los recibos de sueldo: si se abona el último día laboral del mes, fecha límite establecida por la Ley de Contrato de Trabajo, se puede incluir con el sueldo de junio y entregar un mismo comprobante de pago. Si se paga por separado, se puede entregar un recibo de sueldo individual con el detalle del concepto abonado.

La reglamentación de la reforma laboral introdujo modificaciones en los formatos de los recibos de sueldo. El objetivo central de la medida es permitir que los trabajadores conozcan en detalle el desglose de los distintos ítems que componen sus haberes.

El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, aseguró que se busca transparentar los costos laborales y las retenciones aplicadas a los salarios. La modificación implementada pretende que el trabajador identifique, mediante una lectura en cascada, la diferencia real entre lo que paga la empresa y lo que finalmente percibe el empleado en su cuenta.

“Todo aquello que le sacan al trabajador va a quedar registrado, explicitado y hecho visible”.

Sobre este punto, el ministro explicó que el nuevo diseño permitirá exponer todo lo que se recauda por encima del sueldo neto y hacia dónde fluye exactamente ese dinero. El propósito de la medida es que el ciudadano identifique el destino del fruto de su trabajo y el funcionamiento del sistema recaudatorio.

Sobre este último punto, el ministro explicó que el diseño permitirá exponer "todo lo que se recauda por encima del sueldo neto y hacia dónde fluye exactamente ese dinero".

El propósito de la medida es que el ciudadano identifique el destino del fruto de su trabajo y el funcionamiento del sistema recaudatorio

El mes de junio trae consigo un nuevo ajuste en los salarios de los empleados de comercio, sumado al cobro del medio aguinaldo, lo que impacta de manera directa en el ingreso mensual de los trabajadores. La aplicación de la última etapa del acuerdo paritario, firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales del sector, representa una actualización clave para quienes se desempeñan bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

El incremento salarial vigente contempla una recomposición total del 5% sobre las escalas básicas. Esta mejora se distribuyó de manera escalonada, con una suba del 2% en abril, seguida por dos tramos de 1,5% aplicados en mayo y junio. De esta manera, los haberes de este mes reflejan el último tramo acordado, consolidando un nuevo piso salarial para todas las categorías del sector.

Además de los aumentos porcentuales, los trabajadores acceden a un bono extraordinario total de 120.000 pesos. Este monto se compone de una suma fija de 100.000 pesos, distribuida en meses previos, y un adicional de 20.000 pesos que se incorpora en abril, mayo y junio. Según la grilla oficial de la FAECYS, los valores salariales para junio ya incluyen estos importes no remunerativos, aunque la liquidación del aguinaldo se realiza de manera independiente.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual bruta percibida entre enero y junio. Este cálculo incluye el sueldo básico, los adicionales, las comisiones, las horas extras y todas las sumas remunerativas habituales. Para quienes no hayan trabajado el semestre completo, el monto se calcula de manera proporcional.

El pago del aguinaldo está regulado por la ley 27.073, que fija como fecha límite el 30 de junio. No obstante, la normativa otorga a las empresas hasta cuatro días hábiles adicionales para completar la acreditación, lo que podría postergar el pago hasta el lunes 6 de julio.

El acuerdo firmado entre la FAECYS, la Cámara Argentina de Comercio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Unión de Entidades Comerciales incluye una cláusula de revisión para analizar la evolución de la inflación. Las partes se reunirán durante este mes con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los trabajadores frente al costo de vida.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la implementación del recibo de sueldo 100% digital para trabajadoras de casas particulares. La medida fue establecida mediante la Resolución General 5850/2026 y alcanzará a más de 600.000 relaciones laborales del régimen especial. Con el nuevo sistema, las empleadas podrán acceder de manera online a los comprobantes de pago de sus salarios, en una iniciativa que busca simplificar trámites, reducir el uso de papel y agilizar la gestión administrativa.

Según explicó el organismo, el nuevo formato incorpora mecanismos de autenticidad, integridad, inmutabilidad, disponibilidad y trazabilidad documental. De esta manera, el recibo adquiere carácter de instrumento electrónico formal y refuerza la seguridad jurídica tanto para empleadores como para trabajadoras. Además, ARCA señaló que la digitalización permitirá minimizar errores formales en la emisión de recibos, fomentar la formalización de los pagos salariales y facilitar la presentación de prueba electrónica ante eventuales conflictos laborales.

A partir de ahora, los empleadores que emitan recibos mediante el Registro Especial del Personal de Casas Particulares deberán ponerlos a disposición de las trabajadoras exclusivamente en formato digital. La actualización se enmarca en la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

Dentro de la sección “Pagos y recibos”, los empleadores podrán visualizar una nueva columna denominada “Fecha de lectura”, que indicará cuándo la trabajadora accedió al documento a través del Registro Especial de Casas Particulares con Clave Fiscal. Por su parte, las empleadas podrán consultar el Recibo de Sueldo Electrónico desde la sección “Mis trabajos”, en la opción “Recibos de sueldo”. Allí, al seleccionar “Ver recibo”, el documento podrá descargarse y compartirse de manera electrónica.

Consultado por La Nación, Sebastián Domínguez, ceo de SDC Asesores Tributarios, explicó que, hasta ahora, cuando el empleador abonaba el salario en efectivo, debía imprimir el recibo electrónico y solicitar la firma de la trabajadora para dejar constancia del pago. En ese sentido, señaló que la nueva modalidad podría impulsar una mayor bancarización dentro del régimen de casas particulares.

“El cambio puede generar que más empleadores abran cuentas bancarias a nombre de los empleados para evitar tener que imprimir y hacer firmar el recibo”

Para el especialista, la medida representa “un avance muy positivo” porque simplifica la operatoria para los empleadores. “Emite el recibo, no necesita imprimirlo ni hacerlo firmar y puede transferir el sueldo por banco”, sostuvo.

Además, destacó que el nuevo esquema permitirá a ARCA contar con información actualizada sobre los salarios abonados. “Quienes utilizaban el formulario en papel no informaban mensualmente el sueldo al organismo. Aunque existía la obligación de actualizarlo, en muchos casos no se hacía. Entonces, el organismo quedaba con registros salariales desactualizados mientras el empleador pagaba un monto superior”, explicó. Según Domínguez, con el recibo digital el ente recaudador “va a tener esos datos en su sistema para cruzarlos con la información de las declaraciones juradas”.

Los salarios pretendidos por los argentinos mostraron en abril una nueva señal de desaceleración. Según el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, la remuneración promedio solicitada por quienes buscan empleo fue de 1.784.840 pesos brutos por mes, una cifra que implicó una baja de 0,09 por ciento respecto de marzo y que volvió a ubicarse por debajo de la inflación proyectada para el período.

El dato confirma una tendencia que comenzó a observarse hacia fines de 2025: las pretensiones salariales crecieron cada vez menos e incluso alternaron meses de retrocesos nominales. En otras palabras, el mercado laboral empieza a reflejar una moderación en las expectativas de ingresos de los postulantes. Los números muestran un fenómeno llamativo, ya que las remuneraciones pretendidas avanzaron 13,44 por ciento en los últimos 12 meses, mientras que la inflación interanual se ubicó en 32,4 por ciento.

El informe también refleja fuertes diferencias salariales según el nivel de experiencia. Mientras un postulante junior pretende en promedio 1.354.695 pesos brutos por mes, el monto sube a 1.814.084 pesos para posiciones semi senior y senior, y alcanza los 2.407.033 pesos en los cargos de jefe o supervisor. La diferencia entre el promedio junior y el de posiciones jerárquicas supera así el millón de pesos mensuales, lo que evidencia la distancia salarial que todavía existe dentro del mercado laboral formal.

Sin embargo, la evolución reciente no fue igual para todos los segmentos. Los puestos junior mostraron una suba mensual de 1,87 por ciento y las posiciones senior y semi senior aumentaron 1,42 por ciento, mientras que los cargos de jefe y supervisor registraron una caída de 7,30 por ciento. Según los especialistas, ese comportamiento puede interpretarse como una señal de mayor cautela en los segmentos jerárquicos, donde las empresas suelen tener procesos de contratación más lentos.

Al analizar las pretensiones salariales por áreas, Recursos Humanos aparece como uno de los sectores con mejores remuneraciones promedio tanto en posiciones junior como en los niveles semi senior y senior. En el segmento junior, esta área encabezó el ranking con un salario pretendido promedio de 1.528.125 pesos mensuales. Detrás quedaron Administración y Finanzas, con 1.449.028 pesos, y Producción, Abastecimiento y Logística, con 1.440.179 pesos. En cambio, el sector Comercial fue el que tuvo menor remuneración pretendida para puestos junior, con un promedio de 1.154.688 pesos.

El informe también identifica cuáles son los cargos específicos con mayores pretensiones salariales dentro de cada segmento. En las posiciones de jefe y supervisor, el puesto con el salario requerido más alto fue Auditoría, con una pretensión promedio de 4.125.000 pesos mensuales. En los niveles semi senior y senior, Ingeniería en Petróleo y Petroquímica lideró el ranking con 3.650.000 pesos por mes.

Mientras tanto, en el segmento junior el puesto mejor remunerado fue Ingeniería de Procesos, con un salario pretendido de 2.550.000 pesos. Los datos muestran que las actividades vinculadas a energía, petróleo, ingeniería y finanzas siguen concentrando las remuneraciones más altas del mercado laboral argentino. Del otro lado aparecen sectores con salarios considerablemente menores: entre los puestos junior, el cargo de camareros tuvo la pretensión salarial más baja, con 850.000 pesos mensuales, mientras que para los niveles semi senior y senior, Gastronomía se ubicó en el piso del ranking con un millón de pesos.

El vicepresidente de la Federación Argentina de Almaceneros, Fernando Savore, aseguró que, aunque la inflación de abril podría mostrar una desaceleración respecto del 3,4 por ciento registrado anteriormente, los incrementos acumulativos en los alimentos continúan afectando con fuerza el bolsillo de los consumidores.

“Seguramente va a dar un poco más bajo que el 3,4. Yo calculo que será un 2,6 o un 2,8”, estimó. Sin embargo, explicó que el verdadero problema radica en que los aumentos se suceden mes tras mes y terminan generando subas significativas en los precios finales.

Como ejemplo, mencionó el caso de los lácteos. “Aumentaron un 2,5 por ciento en enero, 2,7 en febrero, 3 por ciento en marzo y ahora nos envían un 4 por ciento. Si a un valor base de 100 le agregamos todos esos porcentajes, da aproximadamente un 13 por ciento”, detalló.

Savore sostuvo que esta dinámica se replica en prácticamente todos los rubros y que los salarios no acompañan ese ritmo. “La mercadería cambia de valor todos los meses, pero el sueldo del trabajador no acompaña. Evidentemente, el ingreso se va debilitando mes a mes”, afirmó.

En ese contexto, indicó que los consumidores modificaron sus hábitos de compra y comenzaron a reemplazar las marcas tradicionales por alternativas de menor costo elaboradas por pequeñas y medianas empresas.

“No me gusta hablar de segunda marca, yo les llamo marcas pyme”, explicó. Según señaló, las grandes marcas “pierden cada vez más espacio en la góndola” debido a la importante diferencia de precios.

Para ilustrarlo, comparó algunos productos de consumo cotidiano. “Una gaseosa de primera marca de dos litros hay que venderla en casi 5.000 pesos, mientras que una gaseosa pyme puede costar entre 1.000 y 2.000 pesos. Un pan lactal de primera marca ronda los 6.000 pesos y uno de una pyme se consigue entre 2.500 y 2.700”, precisó.

El dirigente destacó que muchos consumidores prueban estas alternativas y continúan comprándolas. “La diferencia es notable y la gente lo lleva porque es bueno y mucho más accesible”, sostuvo.

Savore también cuestionó la política de aumentos de algunas empresas. Citó el caso del café de una reconocida marca, que aplicó dos incrementos consecutivos del 6 por ciento en pocos meses. “En febrero aumentaron un 6 por ciento y ahora otro 6. Estamos hablando de casi un 12 por ciento acumulado”, advirtió.

El vicepresidente de la Federación Argentina de Almaceneros explicó que también se modificó la estrategia comercial de los almacenes. Durante períodos de alta inflación, los comerciantes solían acumular stock para resguardarse ante futuras subas de precios.

“En el gobierno anterior nuestros depósitos estaban llenos de mercadería porque era la forma de resistir los golpes de precios. Uno se capitalizaba con el stock”, recordó.

Actualmente, esa práctica prácticamente desapareció. “Hoy nuestros negocios no tienen stock de mercadería en depósito. Podemos tener reposición para una semana, pero no para meses”, señaló.

Según explicó, esta decisión responde directamente al comportamiento del consumidor. “Si la gente ya no compra cinco paquetes de fideos porque los ve baratos, nosotros tampoco vamos a sobrecargarnos de mercadería. Además, no hay que olvidar que todos nuestros productos tienen fecha de vencimiento”, concluyó.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares acordó un nuevo esquema de aumentos salariales para el sector de las empleadas domésticas, estableciendo subas escalonadas y acumulativas que se aplicarán entre los meses de abril y julio de 2026.

Según lo dispuesto, el cronograma de incrementos se divide en cuatro tramos: un 1,8 por ciento en abril, un 1,6 por ciento en mayo, un 1,5 por ciento en junio y un 1,4 por ciento en julio. Este acuerdo busca actualizar los haberes mínimos de las trabajadoras de casas particulares de manera progresiva durante el próximo cuatrimestre.

Además de los porcentajes mencionados, se definió la incorporación al salario básico del 50 por ciento de la suma no remunerativa correspondiente a marzo durante el mes de abril, mientras que el 50 por ciento restante se integrará en julio. Esta suma había sido fijada previamente en valores de 20.000, 11.500 y 8.000 pesos, dependiendo de la cantidad de horas trabajadas por cada empleada. Desde el sector aclararon que este traslado al básico no representa un aumento adicional, sino una modificación en la modalidad de pago de un monto que ya se percibía.

Otro de los puntos destacados del acuerdo es el ajuste en el adicional por zona desfavorable. El importe total de este beneficio se fijó en un 31 por ciento sobre los salarios mínimos correspondientes a cada categoría, lo que representa un incremento de un punto porcentual respecto al 30 por ciento que regía con anterioridad.

En cuanto a la dinámica de las negociaciones, la comisión asumió el compromiso de volver a reunirse en julio para evaluar la situación salarial. Respecto a la aplicación de estos pisos, fuentes sindicales señalaron:

“Además, se mantiene la posibilidad de negociar salarios por encima del mínimo. En muchos casos, ese piso se toma como único aumento, aunque en la práctica los valores suelen ser más altos”.

Con este nuevo esquema, el Gobierno confirmó los aumentos que regirán para el personal de casas particulares, manteniendo abierta la instancia de diálogo para la segunda mitad del año y garantizando la revisión de las escalas según la evolución del sector.

La Justicia de Santa Fe declaró la quiebra de la cooperativa láctea SanCor, luego de que la propia firma solicitara la medida tras años de crisis financiera y el fracaso del concurso preventivo de acreedores iniciado el año pasado. Con una deuda acumulada de 120 millones de dólares, el juez Marcelo Gelcich determinó la quiebra indirecta por la imposibilidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones.

En su sentencia, el magistrado señaló que la compañía no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurando un cuadro de insolvencia estructural que no puede ser revertido mediante las herramientas del proceso preventivo. Según el documento judicial, la firma arrastra una deuda impositiva y previsional superior a los 6.000 millones de pesos, a lo que se suman más de 12.000 millones de pesos en salarios adeudados y aportes a obras sociales y sindicatos.

La empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión a través de las herramientas propias del proceso preventivo, lo que refuerza la procedencia de la declaración de quiebra como solución jurídica adecuada.

Desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) denunciaron que la cooperativa adeuda ocho meses de sueldos más aguinaldos a sus operarios. El sindicato afirmó que la firma se ha sostenido con el patrimonio de los trabajadores, quienes han debido recurrir al fondo solidario de la entidad gremial para subsistir ante la falta de pagos.

El fallo también reveló que la tasa de generación de nuevo pasivo se estima en aproximadamente 3.000 millones de pesos mensuales, una cifra que la actividad ordinaria no logra absorber. Actualmente, las seis plantas industriales funcionan muy por debajo de su capacidad. Mientras que la planta de Sunchales se encuentra mayormente ociosa, la de San Guillermo está paralizada desde diciembre de 2025. Solo los establecimientos de Devoto y La Carlota operan cerca de su capacidad, aunque bajo una estructura de costos que las mantiene en déficit.

A pesar de la declaración de quiebra, el juez dispuso que la empresa continúe operando de forma provisoria para evitar un perjuicio mayor a los 914 trabajadores en relación de dependencia y a los acreedores en general. No obstante, se ordenó la presentación de un plan de liquidación de activos que maximice el recupero y se prohibió la asunción de nuevos pasivos durante esta etapa.

La caída de este emblema del agro argentino se refleja en sus cifras históricas: en 2017, la firma contaba con 4.000 empleados y procesaba cuatro millones de litros de leche diarios. Hoy, ese volumen se redujo a apenas 500.000 litros, marcando el final de un proceso de reestructuración que no logró salvar a la histórica cooperativa.

Los empleados de comercio ya cuentan con la definición de su esquema salarial para el período comprendido entre abril y junio de 2026. Esto surge tras el acuerdo paritario firmado entre la FAECYS y las cámaras empresarias del sector, estableciendo una actualización para los trabajadores mercantiles de todo el país.

El esquema contempla un incremento total del cinco por ciento, el cual se aplicará de forma escalonada en tres tramos durante el segundo trimestre del año. A este porcentaje se le suman montos fijos no remunerativos que se mantendrán hasta el mes de junio, momento en el que se incorporarán formalmente al salario básico.

Para el mes de abril de 2026, se dispuso el primer tramo del aumento, correspondiente al dos por ciento, aplicado sobre los salarios básicos vigentes. Durante este período, además de las subas porcentuales, las sumas no remunerativas juegan un papel clave para elevar el ingreso mensual final de los trabajadores del sector.

En el caso de un cajero de la categoría A que cumple una jornada completa, el salario de referencia para abril se sitúa en 1.214.513 pesos. Por su parte, para aquellos que desempeñan tareas en una jornada de medio tiempo, equivalente a unas 80 horas mensuales (cuatro horas diarias, cinco días a la semana), el ingreso proporcional estimado se ubica en torno a los 607.000 pesos.

Es importante destacar que estos montos son estimativos y pueden presentar variaciones según el encuadre exacto del convenio, la antigüedad, el cobro de adicionales por categoría o acuerdos internos específicos de cada empresa. La suba forma parte del acuerdo paritario 2026 que busca recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores mercantiles.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), junto a la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), sellaron un nuevo acuerdo paritario que establece incrementos salariales para el trimestre comprendido entre marzo y mayo de 2026.

Según lo estipulado en el acta firmada el 31 de marzo, los trabajadores del sector percibirán subas escalonadas y acumulativas sobre los salarios básicos. Esta medida alcanza a todas las categorías incluidas en el Convenio Colectivo de Trabajo número 76/75, afectando a oficiales, medio oficiales y ayudantes de todo el territorio nacional.

El esquema de actualización contempla, además de los básicos, el pago de sumas no remunerativas mensuales para los meses de abril y mayo. Estos montos extraordinarios se liquidarán de forma quincenal: el 50 por ciento se abonará con la primera quincena de cada mes y el resto con la segunda liquidación.

En cuanto a la distribución geográfica, los nuevos valores por hora rigen para la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones. También se establecieron escalas diferenciadas para las zonas denominadas B, C y C Austral, que abarcan la región patagónica y el sur del país.

El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de mayo de este año. No obstante, las partes definieron la creación de una comisión especial de seguimiento que se reunirá el 20 de abril. El objetivo de este espacio será analizar la evolución de las variables económicas y el impacto socioeconómico en el sector para definir los ajustes correspondientes a partir de junio de 2026.

El Gobierno Nacional oficializó un nuevo esquema de incrementos salariales para los empleados públicos a través del Decreto 206/2026. La medida establece subas escalonadas y el pago de una suma fija, alcanzando tanto a trabajadores permanentes como no permanentes de la Administración Pública Nacional.

El cronograma de aumentos se aplicará de manera progresiva y con carácter retroactivo sobre las retribuciones mensuales normales, habituales, regulares y permanentes vigentes al último día del mes anterior. Según lo dispuesto por el gobierno, en enero la suba será del 2,5 por ciento, en febrero del 2,2 por ciento, en marzo del 2,0 por ciento, en abril del 1,7 por ciento y en mayo del 1,5 por ciento.

Desde el sector gremial manifestaron su disconformidad con la medida. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó el porcentaje fijado y advirtió que el último incremento otorgado va a quedar diez puntos por debajo de la inflación.

Además de los porcentajes mensuales, la normativa dispone el pago de una suma fija excepcional y no bonificable de 40.000 pesos, que se abonará en mayo a todos los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo General. Asimismo, se establecieron topes para el cobro de horas extras, con límites que oscilan entre los 791.210 pesos en enero y los 851.392 pesos en mayo de 2026.

El decreto también contempla una actualización en los haberes de los médicos residentes nacionales que se desempeñan en hospitales públicos. Los sueldos para quienes cursan el primer año pasarán de 1.117.549 pesos a 1.202.555 pesos al finalizar el esquema en mayo.

Para los residentes de segundo año, las cifras escalan de 1.252.254 pesos a 1.347.506 pesos, mientras que para el tercer y cuarto año el rango se ubica entre 1.377.066 pesos y 1.481.811 pesos. Por su parte, los jefes de residentes percibirán salarios que alcanzarán los 1.585.814 pesos hacia el quinto mes del año.

Finalmente, la normativa ajustó los montos de las becas que reciben los residentes, con valores que para el primer año inician en 353.803 pesos y llegan a 380.715 pesos en mayo, manteniendo la misma lógica de actualización progresiva para el resto de las categorías.

La situación de las fuerzas federales y armadas atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años, con reclamos que ya no se disimulan y que comenzaron a tomar forma visible en el corazón operativo del país. Esta semana, la concentración de efectivos de distintas fuerzas en el edificio Centinela, sede de la Gendarmería Nacional en Retiro, encendió una señal de alarma que no pasó inadvertida.

El trasfondo del conflicto radica en promesas incumplidas de recomposición salarial y un marcado deterioro del poder adquisitivo. Según trascendió, los sueldos iniciales se ubican en torno a los 650 mil pesos en Gendarmería Nacional y 853 mil pesos en Prefectura Naval Argentina, cifras que los efectivos denuncian como insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

El malestar no distingue uniformes: la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal comparten el mismo diagnóstico. Sin embargo, el cuadro se agrava con una situación crítica en el sistema de salud que asiste a las fuerzas. El histórico Hospital Churruca, emblema del bienestar policial, atraviesa hoy una realidad preocupante, con faltantes de medicamentos y dificultades para sostener prestaciones básicas, lo que golpea directamente a los efectivos y a sus familias.

En las Fuerzas Armadas el panorama es igualmente complejo. La base de la pirámide, integrada por suboficiales y oficiales jóvenes, enfrenta condiciones económicas que los ubican, en muchos casos, por debajo de la línea de pobreza. Esta realidad tensiona la estructura y compromete la operatividad de las instituciones encargadas de la defensa nacional.

Ante la escalada del conflicto, el presidente Javier Milei reconoció públicamente la deuda salarial con el sector y la necesidad de avanzar en una recomposición. Asimismo, el mandatario admitió la crisis estructural de la obra social militar y planteó un proceso de reorganización para priorizar la cobertura médica y reducir gastos administrativos. No obstante, las respuestas aún no llegan con la velocidad que la situación exige, mientras crecen las versiones sobre posibles operaciones inmobiliarias con activos del Estado en el ámbito del Ministerio de Defensa.

El reclamo, en definitiva, se ha vuelto más visible. Las fuerzas piden lo esencial: salarios dignos, cobertura de salud garantizada y condiciones acordes a la responsabilidad que implica su función. En un contexto de incertidumbre financiera, el estado de las fuerzas de seguridad deja de ser un tema sectorial para convertirse en una cuestión estratégica para el país.

El salario básico de los choferes de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para abril de 2026 presenta un incremento significativo en el marco de la paritaria vigente. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) acordó un nuevo monto que eleva el básico proyectado a 1.545.278,25 pesos, bajo una estructura que incluye diversos adicionales y sumas no remunerativas.

Este ajuste salarial se da en un contexto de recomposición de ingresos y subas en el valor del boleto. El sueldo inicial de un conductor no depende exclusivamente del básico, sino que contempla viáticos, sumas fijas y premios por presentismo o puntualidad. En marzo, los trabajadores percibieron 120.000 pesos como suma fija no remunerativa, cifra que impacta en la liquidación de abril. Al consolidar estos componentes, el haber inicial asciende a más de 1.890.000 pesos, variando según la antigüedad del trabajador.

La remuneración se rige por el Convenio Colectivo de Trabajo 460/73, que regula las condiciones laborales del sector. Además del básico, se perciben adicionales por atención SUBE y antigüedad, factor este último que incrementa los ingresos de forma considerable. Según las proyecciones, con un año de actividad, la remuneración total estimada supera los 1.870.000 pesos, a lo que se agregan premios y sumas fijas acordadas.

En paralelo, el Gobierno nacional, a través de la Secretaría de Transporte, implementó un nuevo esquema tarifario. El secretario de Transporte, Fernando Hermann, oficializó mediante la Resolución 16/2026 en el Boletín Oficial que el pasaje mínimo cuesta 700 pesos para recorridos de hasta tres kilómetros. Para trayectos de entre tres y seis kilómetros el valor es de 779,78 pesos, mientras que alcanza los 959,71 pesos para distancias superiores a 27 kilómetros.

La actualización de costos también contempla el valor del gasoil, seguros e insumos operativos. Respecto a los subsidios estatales, la administración fijó compensaciones para las empresas que en abril alcanzaron los 73.514.138.512 pesos. Esta medida afecta a las 104 líneas de colectivos bajo jurisdicción nacional que operan en la región metropolitana, incluyendo servicios como las líneas 1, 15, 60 y 194, entre otras.

Finalmente, se prevé la continuidad del esquema de actualización mensual basado en la inflación de dos meses atrás. Existe además la posibilidad de incorporar un dos por ciento adicional para reducir gradualmente los subsidios tarifarios y recomponer los ingresos de las empresas de transporte, siguiendo la tendencia de otras jurisdicciones.

El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de aumentos salariales para empleados públicos, junto con el pago de una suma fija extraordinaria. La medida fue formalizada mediante el Decreto 206/2026 publicado en el Boletín Oficial, que homologa las Actas Acuerdo firmadas el 6 de marzo.

De esta manera, la Rosada cerró la paritaria para los próximos meses con el aval de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el rechazo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

El incremento tiene carácter retroactivo y alcanza a trabajadores permanentes y no permanentes de la administración pública nacional. El esquema prevé subas mensuales escalonadas: 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo, calculadas sobre las remuneraciones habituales vigentes en cada período.

A su vez, también se extenderán aumentos anteriores —homologados por varios decretos entre 2024 y 2026— al suplemento previsto para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), según lo dispuesto en el artículo 84 del convenio sectorial.

Además, se establecieron nuevos topes para el pago de servicios extraordinarios, que irán desde $791.210 en enero hasta $851.392 en mayo de 2026. Para su cálculo no se incluirán adicionales como zona, presentismo u otros conceptos no bonificables.

En paralelo, el acuerdo contempla el pago de una suma fija no bonificable de $40.000, que se abonará en mayo y será percibida por única vez. El refuerzo apunta a cubrir el desfasaje generado por la inflación acumulada.

En el área de salud, se fijaron nuevos valores para los residentes nacionales que se desempeñan en dependencias del Ministerio de Salud y en el Hospital Garrahan. Un jefe de residentes pasará de $1.473.717 en enero a $1.585.814 en mayo, mientras que un residente de primer año cobrará entre $1.117.549 y $1.202.555 en el mismo período. También se actualizaron becas y asignaciones vinculadas a estos cargos, en línea con la política de recomposición de ingresos del sector.

Por otra parte, el Gobierno avanzó con ajustes específicos para personal docente y administrativo de organismos estatales mediante el Decreto 208/2026. La medida alcanza a instituciones como la Escuela Nacional de Bibliotecarios y el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), dependiente del ENACOM.

En ese marco, el salario de bedeles del ISER se fijó en $111.212 desde abril y en $112.880 a partir de mayo, mientras que el valor de la hora cátedra se actualizó a $8.143 y luego a $8.266.

El Gobierno Nacional oficializó una nueva escala de aumentos salariales para los empleados de la administración pública nacional, alcanzando tanto al personal permanente como al transitorio. La medida, instrumentada a través del decreto 206/2026, tiene carácter retroactivo y se aplicó tras la homologación de las actas acuerdo selladas a principios de este mes.

Según el cronograma de incrementos, las subas se otorgarán de forma escalonada durante cinco meses: un 2,50 por ciento para enero, un 2,20 por ciento en febrero, un dos por ciento en marzo, un 1,70 por ciento en abril y un 1,50 por ciento final en mayo. Estas actualizaciones se calculan sobre las retribuciones habituales y regulares vigentes al cierre del mes inmediato anterior.

El nuevo esquema también fija los techos para las remuneraciones máximas por servicios extraordinarios. Estos topes se ubicaron en 791.210 pesos para el primer mes del año y alcanzarán los 851.392 pesos hacia el cierre del cuatrimestre, sin contemplar adicionales por zona o premios por asistencia.

A su vez, se mantendrán los valores de las sumas fijas remunerativas que no son bonificables hasta finales de mayo. El objetivo de la normativa es unificar los criterios de liquidación para todas las entidades estatales que integran el sector público.

La medida impacta directamente en el Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep), extendiendo los ajustes a diversos suplementos y compensaciones del sector. La actualización abarca desde los reintegros por gastos de comida hasta los conceptos por movilidad, según lo dispuesto en la normativa vigente.

Los salarios registraron en enero un incremento del 2,5% respecto del mes anterior y acumularon una suba interanual del 37,7%. El dato surge del informe dado a conocer esta tarde por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Sin embargo, en enero la inflación (Índice de Precios al Consumidor) fue del 2,9%, lo que significó una suba interanual del 32,4%.

El crecimiento mensual estuvo impulsado principalmente por el sector privado no registrado, que exhibió una suba del 4,4%, muy por encima del resto de los segmentos, siempre según el organismo oficial. En tanto, los salarios del sector privado registrado aumentaron 2,1% y los del sector público, 1,8%.

En la comparación interanual, las diferencias entre sectores se amplían aún más. Mientras que el índice general marcó un alza del 37,7%, los salarios del sector privado no registrado treparon 80,6%, más que duplicando el ritmo del promedio. En contraste, el sector privado registrado mostró una suba del 28,5% y el sector público del 30%.

Dentro del ámbito estatal, el informe detalla que los salarios del subsector público nacional crecieron 2% en enero, con una variación interanual del 22,4%. Por su parte, los trabajadores del sector público provincial registraron un incremento mensual del 1,7% y una suba del 33,4% en comparación con el mismo mes del año anterior.

De acuerdo con el relevamiento, el índice de salarios refleja la evolución de los ingresos pagados en la economía, aislando factores como horas trabajadas, premios o productividad. Para su cálculo, se consideran tres grandes componentes: el sector privado registrado, el sector público y el sector privado no registrado, con ponderaciones definidas en base a la estructura salarial.

Los trabajadores del rubro comercio aguardan un nuevo acuerdo paritario que actualice los haberes del sector. Mientras tanto, las cifras de este mes presentan una novedad administrativa relevante: en abril las sumas no remunerativas se incorporan al salario básico de los empleados de todo el país.

Aunque las partes acordaron reunirse durante la segunda quincena de marzo para evaluar los reajustes de los meses venideros, aún no se han oficializado los porcentajes de aumento para las distintas categorías. Por este motivo, continúa vigente el último acuerdo, que durante cuatro meses consecutivos entregó sumas fijas y que ahora integra esos conceptos a la remuneración principal.

La suma total que se percibirá en abril ya contempla los montos fijos otorgados previamente, que ascendían a 40.000 y 60.000 pesos. Es importante destacar que, en todos los casos, se debe sumar el concepto de antigüedad, por el cual a cada trabajador le corresponde un uno por ciento adicional por cada año de servicio. Este adicional se aplica tanto a las cifras remunerativas como a las no remunerativas.

Respecto a las actualizaciones futuras, el compromiso firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y las cámaras empresarias establecía una instancia de revisión para analizar las variaciones económicas que podrían haber afectado las escalas. Se estima que en los próximos días la organización gremial dé a conocer la nueva grilla salarial para categorías como cajeros de grandes cadenas, administrativos y personal de ventas.

Cabe aclarar que, como es habitual en este tipo de convenios nacionales, los aumentos no son vinculantes para los acuerdos salariales que pudiesen suscribirse específicamente en el ámbito de la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego.

La reforma laboral comenzó a generar interrogantes concretas sobre la liquidación de haberes, la información que los trabajadores visualizarán en sus comprobantes y las modalidades de pago permitidas. En una entrevista brindada a Es por acá, por Punto a Punto Radio, el contador Nicolás Boglione repasó las modificaciones del nuevo marco normativo y advirtió que todavía restan aspectos pendientes de reglamentación.

Uno de los ejes centrales que destacó el profesional fue el nuevo nivel de detalle que deberá contener el recibo de sueldo. Según explicó, el documento no solo mostrará con claridad las remuneraciones, sino también los aportes retenidos y las contribuciones que realiza el empleador.

Se va a detallar todas las remuneraciones que percibe el trabajador, ya sea sueldo, antigüedad, presentismo, adicionales. Los aportes que efectúan, es decir, lo que el empleador tiene la obligación de retenerle en concepto de jubilación, PAMI, obra social, sindicato y a su vez una columna más en la cual se va a detallar todas las contribuciones, es decir, lo que el empleador paga por ese empleado, señaló Boglione.

Para el especialista, esta modificación buscó otorgar una mayor visibilidad sobre todos los componentes que integran una relación laboral formal. En la práctica, el empleado podrá identificar con precisión qué montos se descuentan o se aportan por fuera del salario de bolsillo.

Vamos a tener un recibo de sueldo posiblemente un poquito más grande, resumió, aunque aclaró que todavía no se estableció un plazo legal para que las empresas adecuen sus sistemas a estas disposiciones.

Otro punto relevante que Boglione subrayó fue la forma de abonar los salarios. La reforma determinó que la remuneración debe depositarse en una cuenta bancaria a nombre del trabajador, bajo cláusula de nulidad. Esto implica que, según la letra de la ley, cualquier otro mecanismo de pago podría considerarse como no realizado.

Al respecto, el contador consideró que la redacción de la norma dejó fuera otras alternativas que en algunos casos aparecían en la práctica cotidiana. Asimismo, recordó que la cuenta sueldo se mantiene sin costos para el trabajador, aunque la operatoria no necesariamente resulta gratuita para la parte empleadora.

Durante la charla, se abordó la situación de las contrataciones por períodos breves, como un día, un fin de semana o una tarea específica. El profesional fue tajante al respecto y planteó que la clave reside en la naturaleza del vínculo y no en su duración.

Todo trabajador, toda persona que entre bajo relación de dependencia, esto es, que reciba órdenes, que cumpla un horario y que tenga que abonar por esa prestación, tiene que estar registrado, sentenció.

Finalmente, Boglione indicó que la reforma ya marca un camino hacia una mayor transparencia en la registración laboral y en la composición del salario, aunque el impacto pleno se conocerá una vez que se completen las reglamentaciones pendientes para su implementación definitiva.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires cerró las negociaciones paritarias con los gremios estatales y docentes, lo que definió nuevos valores salariales para distintos sectores de la administración pública. El acuerdo contempló un aumento del 7,5 por ciento para el bimestre marzo-abril, con una suba del cinco por ciento en marzo y otro 2,5 por ciento en abril. A esto se le sumó el incremento del 1,5 por ciento otorgado en febrero, que ya había sido liquidado por la Provincia a cuenta de futuros aumentos.

Además, se establecieron bonificaciones y una cláusula de monitoreo según la evolución de la inflación. Con la actualización salarial, varios sectores de la administración pública provincial verán reflejados incrementos en sus haberes desde marzo. En la administración central con jornada de 30 horas semanales, el sueldo de bolsillo partirá de 548.509 pesos y llegará a 914.386 pesos según la categoría. En tanto, quienes cumplan jornadas de 40 horas percibirán entre 880.674 y 1.942.830 pesos.

Los auxiliares de la educación con jornadas de 30 horas también tendrán incrementos: la categoría inicial cobrará 706.060 pesos, mientras que la más alta alcanzará los 862.855 pesos. Por su parte, el personal hospitalario se ubicará entre los salarios más altos de la estructura estatal. Tras el aumento, los haberes serán de 1.052.808 pesos en la categoría más baja a 2.005.037 pesos en la más alta. En el personal de enfermería, los salarios oscilarán desde 1.115.317 pesos hasta 1.543.531 pesos.

Por otra parte, a partir del primero de julio, todo el personal enmarcado en la Ley 10.430 ascenderá una categoría. Quienes se encuentran en el techo de su agrupamiento comenzarán a percibir una bonificación del 20 por ciento calculado sobre el sueldo básico, en reconocimiento a su trayectoria y permanencia en el escalafón. El acuerdo también incluirá una bonificación extraordinaria de 20.000 pesos para los trabajadores estatales.

En paralelo, los gremios que integraron el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) aceptaron la propuesta del Gobierno provincial, lo que permitió cerrar la paritaria del sector. El acuerdo estableció el mismo esquema de aumentos del cinco por ciento en marzo y 2,5 por ciento en abril, además de una bonificación no remunerativa de 28.700 pesos denominada “Compensación FONID/Conectividad”, destinada a compensar la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

Desde los gremios también destacaron que los incrementos impactaron en los docentes jubilados, ya que los porcentajes acordados se trasladaron a sus haberes. Las actas paritarias establecieron que las negociaciones se reabrirán formalmente en junio de 2026, con la posibilidad de adelantar ese encuentro si las condiciones económicas se apartaran de las proyecciones utilizadas para definir el acuerdo actual.

Con los incrementos, los cargos testigo quedarán en los siguientes valores:

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) es el piso salarial que puede recibir un trabajador como retribución por su tarea. Este derecho está garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y está reglamentado por la Ley de Contrato de Trabajo.

Habitualmente, su monto se establece a partir de negociaciones entre el Gobierno, los empleadores y los sindicatos en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Sin embargo, ante la falta de acuerdo entre sus integrantes sobre la actualización del ingreso, en diciembre de 2025 el Gobierno nacional resolvió fijar los valores por decreto.

De esta manera, mediante una resolución oficial se definió el esquema de aumentos entre noviembre de 2025 y agosto de 2026. El mes pasado, el salario mínimo mensual fue de $346.800.

A través de la Resolución 9/2025, la Secretaría de Trabajo de la Nación fijó por decreto el SMVM. En marzo de 2026, el salario mínimo mensual se ubica en $352.400, mientras que los trabajadores jornalizados perciben $1.762 por hora.

En relación con el mes anterior, el monto aumentó $5.600, lo que representa una suba del 1,61%. Para abril, el SMVM volverá a incrementarse en un porcentaje similar, en el marco de un cronograma de aumentos decrecientes establecido por el gobierno de Javier Milei.

A diferencia de las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales —que se actualizan según el Índice de Precios al Consumidor— el salario mínimo no se ajusta automáticamente por inflación.

Además de fijar el piso salarial, el SMVM tiene impacto en distintos ámbitos, ya que influye en el cálculo de jubilaciones, programas sociales, becas, subsidios y cuotas alimentarias, entre otras prestaciones.

Entre los montos vigentes se encuentran:

El Gobierno nacional también estableció los valores del salario mínimo para los próximos meses de 2026:

Marzo 2026

Abril 2026

Mayo 2026

Junio 2026

Julio 2026

Agosto 2026