El Gobierno nacional publicó este lunes una serie de resoluciones que resultan el primer paso oficial para la determinación de los aumentos de tarifas energéticas para enero de 2026. Las mismas, como mínimo, seguirán el sendero de la inflación y responderán al nuevo criterio de asignación de subsidios.

La Secretaría de Energía de la Nación emitió nueve resoluciones, donde fijó las pautas para los precios desde el 1º de enero. Los diferentes cuadros tarifarios serán publicados en las próximas horas por los entes reguladores.

Entre las resoluciones se destaca la 605/2025 que determinó un aumento del Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) del gas natural, lo que provocará un incremento en las facturas de 0,53% para el mes próximo. Luego, restará sumar los aumentos para los sistemas de transporte y distribución.

“El ministerio de Economía instruyó a esta Secretaría a continuar para el mes de enero de 2026 con el sendero de actualización de precios y tarifas del sector energético, en un contexto de notoria desaceleración inflacionaria verificada a la fecha, y con el objetivo de mantener dichos precios y tarifas en valores reales lo más constantes posibles”, se señaló en los considerandos de la norma.

Por otro lado, la Resolución 606/2025 definió adecuaciones al Plan Gas A. En ese sentido, los productores que adhieran recibirán compensaciones del Estado por los volúmenes entregados.

En esa misma línea, la Resolución 602/2025 definió que a partir del 1° de enero de 2026 se establecerá un nuevo precio spot de $14.381/MWh en el Mercado Eléctrico Mayorista, que impactará de manera directa en las tarifas eléctricas.

Por otro lado, la Resolución 604/2025 establece nuevos precios de referencia para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para el período que va del 1º de enero al 1º de abril de 2026. La norma establece que se aplicarán bonificaciones para usuarios residenciales de niveles 2 y 3, alineadas con las tarifas de los usuarios de nivel 1.

En la madrugada del jueves, la Cámara de Diputados rechazó por una amplia mayoría la eliminación del beneficio de Zona Fría, una propuesta que había generado gran preocupación en Tandil y en otras localidades de la región. Esta decisión parlamentaria ratificó la permanencia del régimen especial de tarifas de gas para la zona, debido a que reconocen condiciones climáticas adversas.

La votación tuvo lugar durante el debate sobre el Presupuesto, en el que el oficialismo logró la aprobación general del proyecto, aunque no consiguió salvar algunos artículos controvertidos. 

El oficialismo logró imponer el criterio de que se vote "por capítulos" y no "por artículos" en la votación en particular. Como el artículo 72, que eliminaba los descuentos en gas por Zona Fría, quedó dentro del Capítulo 11, junto con la eliminación de la Ley de Discapacidad y la de Financiamiento Universitario, se reunieron votos opositores para el rechazo de todo el capítulo y -por lo tanto- el gobierno no pudo imponer el fin de los descuentos por Zona Fría.

Entre los puntos rechazados, se descartó la posibilidad de eliminar el sistema que ajusta las tarifas de gas según las condiciones climáticas de diversas regiones, lo que permite una facturación diferenciada.

Con esta resolución, se mantendrá el régimen actual de facturación, evitando así un incremento en el costo del gas natural. Esta decisión se presenta como un alivio para miles de usuarios residenciales, especialmente en un contexto económico marcado por ajustes y posibles aumentos de tarifas.

A pesar del rechazo, Alejandro “Topo” Rodríguez señaló a este medio que “no hay que distraerse, porque ya sabemos que la intención de Milei y su gobierno sigue siendo eliminar los descuentos en gas por Zona Fría para Tandil”.

El exdiputado nacional y director del Instituto Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez reparó en el inminente tratamiento y debate del Presupuesto Nacional 2026 en el Congreso e insistió en que “en su artículo 72, el proyecto de ley enviado por el presidente Javier Milei incluye la eliminación de los descuentos para el consumo de gas de hogares pertenecientes a las zonas frías de la provincia de Buenos Aires”.

En ese sentido, manifestó que “los descuentos, que se eliminarán por razones estrictamente ideológicas, tienen vigencia desde mediados de 2021, cuando se aprobaron mediante la Ley 27.637”, de la cual fue uno de los autores principales.

En tanto, “Topo” Rodríguez señaló que “los detractores de los descuentos en gas para las Zonas Frías suelen argumentar que son ‘un privilegio injustificado’". Y agregó que “sin embargo, estudios técnicos especializados han detectado que en las viviendas ubicadas en zonas ‘no frías’ de la Argentina se consumen -en promedio- 542 metros cúbicos de gas al año. De ese total, el 33 por ciento se destina a calefacción”.

En cambio, indicó que “en una vivienda ubicada en ‘zona fría’ se consumen -en promedio- 1052 metros cúbicos de gas al año. Eso es un 94 por ciento más que en zonas ‘no frías’” y sumó que “casi la mitad de ese gas que se consume en una vivienda de zona fría, más precisamente el 48 por ciento, se usa para calefacción del hogar”.

Tras exponer los datos, concluyó que “queda bien claro, entonces, que los descuentos en gas domiciliario por Zona Fría no implican ningún privilegio; simplemente contribuyen a amortiguar el costo de calefaccionar los hogares, lo que incide directamente en la salud de las personas”.

Como otro fundamento, repasó que “también se ha dicho que el régimen de Zona Fría no distingue por nivel socioeconómico, ni por ingresos o poder adquisitivo de los hogares beneficiados” y reafirmó que “eso es falso. El régimen distingue, efectivamente, a los usuarios según variables asociadas al nivel de ingreso y a otros indicadores socioeconómicos. Esa información se usa para asignar diferentes porcentajes de subsidio: 30 por ciento y 50 por ciento, respectivamente”.

En tercer lugar, el exdiputado tandilense manifestó que “en ocasiones se ha sostenido que los descuentos por Zona Fría se vienen asignando sin restricciones en toda, o casi toda, la provincia de Buenos Aires” y contrapuso que “eso también es incorrecto: en la provincia, el descuento llega a 1.240.000 hogares, de los cuales el 81 por ciento no estaba recibiendo ningún tipo de rebajas hasta antes de la Ley 27.637, de 2021”.

En tanto, sostuvo que “en la provincia de Buenos Aires existen 6.051.550 hogares, eso significa que el descuento por Zona Fría lo recibe sólo el 20,49 por ciento de las familias. Se trata, entonces, de una típica política focalizada, que no incluye a casi el 80 por ciento de los hogares bonaerenses”.

En paralelo, analizó que “también es común escuchar que, con los descuentos por Zona Fría se alienta el ‘uso excesivo’ o, directamente, el ‘despilfarro’ de gas, pero la investigación realizada por una importante consultora dedicada a estudios de economía y energía, detectó que el consumo de gas en las nuevas zonas frías aumentó 7 por ciento, entre 2021 y 2024”, y afirmó que “menos del 10 por ciento no puede ser catalogado de ‘despilfarro’. Al contrario, es un indicador de uso razonable y responsable”.

Para terminar, expuso que “desde el gobierno libertario hacen trascender el argumento de que no es justo financiar los descuentos de gas con fondos del Estado; que eso genera déficit fiscal o pone en riesgo el equilibrio fiscal”.

En ese sentido, resaltó que “son Milei y ‘Toto’ Caputo quienes tienen que dar explicaciones sobre esa cuestión, porque desde que se extendieron las zonas frías y hasta que llegó el gobierno de la motosierra, los descuentos por zona fría se aplicaron sin afectar un solo peso del fisco” y aclaró que “al contrario, el Fondo Fiduciario para Descuento en Gas para Zonas Frías arrojaba superávit: 16.818 millones de pesos en 2021; 7.697 millones en 2022; 39.213 millones en 2023 (son cifras oficiales del Ministerio de Economía que conduce Toto Caputo)”.

Refrendó que “sobraba plata cada año, aun habiendo extendido las zonas frías e incorporando más usuarios al descuento”, pero “en cambio, en 2024 -primer año completo de gestión libertaria- el fondo registró un déficit de 54.810 millones de pesos. ¿Qué hicieron Milei y sus funcionarios libertarios? Chocaron la calesita. No dan explicaciones y ahora eliminan los descuentos sin fundamento ni razón”.

El Gobierno nacional propuso en el Presupuesto 2026 eliminar la ampliación del régimen de Zona Fría para el cálculo de la tarifa del gas que beneficia a más de 90 municipios de la provincia de Buenos Aires, además de otras regiones del país. De pasar por el Congreso este punto, ¿cuánto aumentarán las facturas?

Para entender cómo funciona la Zona Fría, hay que remontarse al régimen creado en 2002, que abarcaba a 850.000 hogares y se autofinanciaba a partir de un recargo sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) que pagaban el resto de los usuarios del país.

Sin embargo, en 2021 el entonces gobierno de Alberto Fernández amplió el régimen a más de 4 millones de beneficiarios. En los hechos, la mitad de los usuarios del servicio de gas natural del país pasaron a recibir el subsidio, entre los que están los municipios de la provincia de Buenos Aires.

Esa ampliación, que garantiza descuentos de 30% para la mayoría de los hogares y 50% para jubilados, receptores de AUH, asignación por embarazo, seguro de desempleo o electrodependientes, llegó más de 1,2 millones de usuarios. Para financiar la incorporación de hogares se ajustó el sobre el porcentaje que se paga sobre precio del gas en el PIST. Esa cifra es hoy de 6,8% y la abonan todos los usuarios del país.

Si el Congreso finalmente aprueba este ítem, se volvería a un esquema similar al original creado en 2002 mediante la ley 25.565, que incluye a 850.000 hogares de la Patagonia, la Puna y Malargüe, es decir eliminando las ciudades de la provincia que habían quedado comprendidas, unos 90 distritos. Allí, pasarían a pagar más por el fluido.

“Hay que ver si el presidente Javier Milei realmente quiere discutir el Presupuesto. Me da la sensación que va a repetir la estrategia de años anteriores y busca prorrogarlo”, explicó el tandilense Alejandro “Topo” Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal. Y dejó en claro que el golpe para los bonaerenses en caso que se elimine el régimen será “muy duro” y se verá reflejado en un fuerte incremento en la boleta.

Por ejemplo, si se toma una factura de Camuzzi Gas Pampeano de una jubilada de la Zona Fría que paga total (con impuestos) $30.000 por mes, el descuento por subsidio es en torno a los $21.000. Por lo que si se deja de aplicar el régimen en cuestión, pasaría a abonar $51.000. Aunque todo dependerá del consumo, ya que el beneficio es sobre el precio del gas.

Cabe destacar que estudios técnicos especializados indican que en una vivienda de “zonas no frías" se consumen -en promedio- 542 metros cúbicos de gas al año. De ese total, 181 metros cúbicos (el 33%) se destina a calefacción. En cambio, en las "zonas frías" el consumo anual de gas domiciliario alcanza un promedio de 1052 metros cúbicos, de los cuales 508 metros cúbicos (el 48%) se usa para calefaccionar el hogar.

El Gobierno nacional propuso en el Presupuesto 2026 eliminar la ampliación del régimen de Zona Fría para el cálculo de la tarifa del gas que beneficia a diversos distritos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Tandil, y a otras regiones del país.

Así se desprende del artículo 72° del proyecto de Presupuesto enviado por Javier Milei al Congreso, que en una sola línea dice: “Deróganse los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley Nº 27.637”.

Ese artículo en particular, elimina gran parte del Programa de Zonas Frías, que se aprobó por ley en 2021. Esto significa que más unos 3,1 millones de hogares en todo el país dejarían de recibir un descuento del 30% o 50% en su tarifa de gas.

De esta manera, se volvería a un esquema similar al original creado en 2002 mediante la ley 25.565, que incluye a 850.000 hogares de la Patagonia, la Puna y Malargüe, es decir eliminando casi todas las ciudades de la provincia que habían quedado comprendidas, unos 77 distritos en total. Allí, pasarían a pagar más por el fluído.

Los descuentos del 30% son aplicados a los usuarios con Tarifa Residencial (de gas natural) y todos los usuarios de Gas Licuado de Petróleo por redes (GLP) de las localidades incluidas para ambos casos. Mientras que los descuentos del 50% son aplicados a los usuarios inscriptos en el ANSES como beneficiarios de Tarifa Social y otros usuarios elegibles por su condición social por la autoridad de aplicación en las localidades incluidas.

En mayo de este año, el Gobierno nacional actualizó los criterios para acceder a los cuadros tarifarios diferenciales del gas natural por red dentro del Régimen de Zona Fría Ampliada (Ley 27.637).

La ley de Zona Fría Ampliada es una extensión del régimen original creado en 2002 para asistir a provincias con climas extremos, como las del sur argentino, donde el consumo de gas es alto y esencial.

En 2021 el Gobierno de Alberto Fernández amplió el alcance del régimen a zonas clasificadas como cálidas y templadas-cálidas -según la norma IRAM 11603:2012- incluyendo gran parte del territorio bonaerense, Rosario, Córdoba y San Luis, entre otros. En esta expansión del alcance, Tandil fue incluída como una de las localidades beneficiadas.

Sin embargo, el Gobierno de Milei siempre tuvo la intención de volver a limitar la Zona Fría a las provincias patagónicas. De hecho, lo propuso en la Ley Bases, pero el artículo en cuestión no pasó el filtro del Senado y los beneficios se mantuvieron.

En mayo pasado, el Gobierno decidió, a través de una resolución, que los usuarios que contaban con más de un medidor o suministro a su nombre y podían acceder al beneficio del 50% en todos ellos comenzaran a gozarlo en uno solo, mientras que en los restantes les concedió un 30%.

El séptimo mes del año arrancará con una serie de aumentos que le meterán nuevamente presión a la inflación, que en mayo alcanzó el 1,5% y, según las proyecciones, en junio podría acercarse al 2%.

LUZ

A partir de julio, aumentan las tarifas de luz de la provincia de Buenos Aires, según lo dispuso el Gobierno en la Resolución 599/25. En el caso de la energía eléctrica las subas se deben al precio mayorista, que lo define el Gobierno Nacional, y al ajuste del valor agregado de distribución (VAD), un tributo provincial. De esta manera, se espera que un usuario residencial N1 (es decir, de ingresos altos) con un consumo medio pase a pagar unos 39.800 pesos. Asimismo, las autoridades estiman que un usuario N2 (ingresos bajos) que pagó 24.400 pesos este mes, pase a pagar unos $25.300 con el nuevo cuadro tarifario.

GAS

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía fijó el nuevo precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) para los consumos realizados a partir de julio, y los usuarios de gas natural verán un ajuste en sus facturas. La Resolución 282/2025 determinó una reducción 0,74% en el precio del gas en el PIST, tomando como referencia el valor vigente de la Resolución N° 228/25. Este precio del PIST se trasladará a los usuarios finales para los consumos realizados a partir de julio, una vez que el Enargas publique los nuevos cuadros tarifarios.

COMBUSTIBLES

El Gobierno nacional informó un nuevo ajuste parcial del impuesto a los combustibles que impactará en los precios. Según el decreto 441/2025 publicado en el Boletín Oficial en naftas se aplicará un incremento de $6,620 por litro en el impuesto sobre los combustibles líquidos y de $0,405 por litro en el impuesto al dióxido de carbono. Para el gasoil, el aumento será de $5,346 por litro para el gravamen general, $2,895 para la alícuota diferencial que rige en regiones como la Patagonia y zonas específicas del interior del país, y $0,609 por litro por el gravamen al dióxido de carbono. Asimismo, se decidió posponer incrementos atrasados para amortiguar el impacto sobre los precios de los combustibles que luego inciden en la inflación.

AGUA

A partir del 1° de julio, los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) abonarán un incremento del 1% en las tarifas del servicio de agua potable y cloacas que presta Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Esta actualización se enmarca en el esquema de revisión mensual de precios que aplica la empresa desde hace meses, y que acompaña el índice de inflación del mes previo. Para el caso de Aguas Bonaerenses (ABSA) no habrá ajuste.

ALQUILERES

En julio, los contratos de alquiler que aún se rigen por la derogada Ley de Alquileres sufrirán un ajuste del 66,1%, lo que representa una desaceleración significativa respecto a los aumentos anteriores. El ajuste se calcula en función de un índice que combina la inflación y los salarios, según los datos del INDEC y el RIPTE. En números concretos, si un inquilino paga un alquiler de $400.000, a partir del próximo mes y por los siguientes doce deberá abonar $664.454, mientras que el que paga $600.000 pasará a abonar $996.682 por mes.                               

En tanto, para quienes firmaron contratos con ajuste cada tres meses, el aumento de julio se calculará con el último índice publicado por el Indec -mayo de 2025-, por lo que el incremento será del 5,89%. Un alquiler de $600.000 pasará a unos $635.330. 

CABLE Y TELEFONÍA

Durante el séptimo mes del año, las empresas de telecomunicaciones comenzarán a aplicar ajustes en los precios de sus servicios de cable y telefonía. Estos incrementos alcanzarán hasta el 5%, dependiendo de la operadora y el tipo de servicio.

COLEGIOS PRIVADOS

Los colegios privados que reciben subsidios estatales en la provincia de Buenos Aires completarán desde julio la segunda parte del aumento en sus cuotas autorizado para este último bimestre. Será del 4,2% y se suma al 6,5% de junio, que hará trepar la cuota un 11% en total.

PREPAGAS

En julio, las empresas de medicina prepaga implementarán un aumento de hasta el 2,65% en sus cuotas, incluyendo también un ajuste en los copagos. Este aumento se enmarca en un contexto de costos crecientes en el sector de la salud, que continúan afectando a los afiliados a las prepagas. Entre las “más populares”, Galeno ajustará 1,9%, OSDE 1,85% y Swiss Medical 1,25%.

Durante los últimos días, volvió a trascender que el gobierno nacional evalúa eliminar por decreto el Régimen de Zona Fría, que otorga descuentos en la tarifa de gas a ciudades con bajas temperaturas, como el caso de Tandil. El exdiputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, dialogó con El Eco, afirmó que dichos descuentos “no son un privilegio”, y brindó una serie de precisiones sobre la importancia de la normativa vigente.

“Evidentemente los que hacen esas cuentas no viven en zonas frías y piensan que las políticas se arreglan mirando números. Son peores que los burócratas. Son tecnócratas ignorantes. Si con la aplicación de los descuentos el consumo de gas aumentó sólo 7 por ciento en los hogares de Zona Fría, eso significa que las personas no han despilfarrado nada. Un aumento del 7 por ciento se explica porque en el invierno se subió un poquito más la temperatura del calefactor en los horarios en que toda la familia está en la casa. Es un comportamiento lógico, la gente aprovechó el descuento para tener un poquito menos de frío, pero no despilfarró nada”, sostuvo Rodríguez.

Los abogados del Instituto Consenso Federal –que Topo Rodríguez dirige-, preparan el borrador del recurso de amparo que promoverán en el caso de que el gobierno elimine los descuentos. “Si lo intentan, los vamos a frenar con la ley en la mano”, indicó.

Tandil –que cada invierno suele ocupar más de una vez lugares destacados en el podio de las ciudades con temperaturas más bajas del país-, fue incorporada en el Régimen de Zona Fría en el año 2021 con la aprobación de la Ley 27.637. Por su parte la Ley Bases de 2024 –explicó Topo Rodríguez-, a través de su artículo quinto prohíbe al gobierno nacional disolver, eliminar o ejecutar cualquier cambio que altere la finalidad del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.

Sin embargo en los últimos días trascendió otra vez –ya había sucedido en ocasiones anteriores-, la intención del gobierno central de ponerle fin al Régimen. Fue a raíz de un artículo publicado en el portal especializado Econojournal, en el cual se señalaba que el objetivo del Ministerio de Economía sería el ahorro de 300 millones de dólares.

En comunicación con El Eco de Tandil, Topo Rodríguez desmintió algunas de las afirmaciones arrojadas en el mencionado portal, y aseguró además que terminar Zona Fría por decreto sería “ilegal” y “un ignorante atropello”. Además, en referencia al posible decreto que trascendió a través del artículo periodístico, sostuvo que “lo llamativo es que los funcionarios de este gobierno se esconden, y en lugar de manejarse con trascendidos, tendrían que dar la cara, hablar y explicar. Deben creer que son empleados de una empresa. Pero son funcionarios públicos y tienen la obligación de rendir cuentas”.

Rodríguez –director del Instituto Consenso Federal-planteó en primer término que los descuentos del Régimen no suponen un privilegio. En base a estudios técnicos especializados, explicó que en zonas “no frías” se consumen en promedio 542 metros cúbicos de gas al año, de los cuales el 33 por ciento se destina a calefacción.

“En cambio, en una vivienda ubicada en zona fría se consumen en promedio unos 1052 metros cúbicos de gas al año. Eso es un 94 por ciento más. Pero además, el 48 por ciento de ese gas se usa para calefacción del hogar. Está claro que la ley de descuentos no implica ningún privilegio”, consideró.

El artículo de Econojournal estimaba que el gobierno desembolsaría unos 300 millones de dólares durante el 2025 para financiar el Régimen. Al respecto, Topo Rodríguez aseguró que dicha información “es falsa”, ya que “en 2024, el Tesoro no aportó ni la sexta parte de lo que se afirma. Para 2025 no se prevé un financiamiento del Tesoro de unos 300 millones de dólares, sino de un monto significativamente menor”.

Rodríguez agregó además que “asociado a los aportes presupuestarios, el gobierno debe explicar por qué motivo el Fondo Fiduciario para descuentos de tarifas de gas registró déficit en el cuarto trimestre de 2024, siendo que en todos los trimestres anteriores -después de la ampliación de la cantidad de usuarios con subsidio, en 2021- fue superavitario”.

Al respecto, indicó que a partir de la ampliación de la cantidad de beneficiarios del Régimen, el fondo de financiamiento tuvo 13 meses consecutivos de superávit, hasta que registró déficit en el último trimestre de 2024. “Corresponde que el gobierno informe los motivos del déficit del cuarto trimestre de 2024 y explique por qué ahora se niega a difundir la información sobre la ejecución presupuestaria del Fondo para el primer trimestre de 2025”, planteó.

Entre otros aspectos, el artículo de Econojournal hacía mención a que a partir de la ampliación del Régimen, el consumo de gas por hogares registró un aumento del 7 por ciento en las regiones incorporadas. Rodríguez consideró a dicha suba como un “comportamiento lógico” y lanzó que “evidentemente los que hacen esas cuentas no viven en zonas frías y piensan que las políticas se arreglan mirando números”.

El director del Instituto Consenso Federal concluyó expresando que “en vez de sembrar terror, los abogados de Milei y Toto Caputo deberían aceptar un diálogo que se haga público. Que vengan a cualquier ciudad de zona fría en la Provincia de Buenos Aires para hablar del tema. Los vamos a tratar con respeto y los vamos a escuchar, pero también tendrán que escucharnos”.

La ampliación de los beneficios por Zona Fría dejaría sin efecto la ley 27.637, aprobada en 2021, que amplió las subvenciones de 850.000 a 4.000.000 de usuarios de gas natural, la mitad de los hogares del país, muchas ubicadas en la provincia de Buenos Aires; entre ellas, Tandil.

En el gobierno evalúan la vía del DNU porque saben que es complejo que la Ley 27.637 pueda revertirse en el Congreso, no tanto porque diputados y senadores no quieran corregir el sistema —buena parte de los legisladores de la Comisión de Energía de casi todo el arco político reconoce en reserva que el régimen de Zona Fría se desvirtuó post-ampliación de 2021—, sino porque los gobernadores no querrán pagar el costo político de votar una ley que implique en la práctica un aumento de las tarifas de gas natural en sus provincias, explica EconoJournal.

La publicación del DNU, que podría implementarse después de las elecciones legislativas de octubre, modificaría los subsidios al consumo de gas a unos 3,1 millones de usuarios que ingresaron como beneficiarios con la ampliación del régimen de 2021. Se volvería, de esa manera, a un esquema similar al original creado en 2002 mediante la ley 25.565, que incluye a 850.000 hogares de la Patagonia, la Puna y Malargüe, es decir, eliminando casi todas las ciudades de la provincia que habían quedado comprendidas, unos 77 distritos en total, incluyendo a Tandil. De esta manera, la ciudad pasaría a pagar más por el fluido.

Desde el área energética del gobierno ya comenzaron a implementar medidas para ir eliminando el subsidio por “zonas frías”, como los usuarios titulares de más de un medidor.

Según un estudio realizado por la consultora Economía y Energía, dirigida por Nicolás Arceo, la ampliación del régimen de Zona Fría generó un efecto no deseado, ya que el consumo unitario (por hogares) de gas natural se incrementó 7% entre 2021 y 2024 en las regiones que se incorporaron al esquema en 2021, a la inversa de lo que sucedió en las provincias que quedaron por fuera del programa, donde la demanda unitaria del fluido cayó hasta un 9% en el mismo período.

El Gobierno Nacional autorizó este martes un aumento en las tarifas de luz y de gas en diferentes zonas del país. Los nuevos valores fueron aprobados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y oficializados en las Resoluciones 400 y 401/2025 publicadas en el Boletín Oficial.

Las tarifas de luz tendrán un aumento del 2,82%, mientras que las boletas del gas natural subirán en promedio un 6,45%. La aprobación de los nuevos cuadros tarifarios de junio para las distribuidoras energéticas Edesur y Edenor se da en el marco de la emergencia energética, extendida hasta el 9 de julio de 2026, y de la continuidad del Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados que impulsa el Ejecutivo para avanzar en la reestructuración del régimen de subsidios.

La actualización tarifaria de la luz para el sexto mes del año fue avalada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que por medio de una nota enviada a la Secretaría de Energía estimó "imperioso continuar con la corrección de los precios relativos de la economía, entre los cuales se encuentran los precios y tarifas concernientes a los sectores de gas natural y energía eléctrica”. En la misiva, recordó que “las tarifas correspondientes al segmento de transporte y distribución de energía eléctrica deberán ser incrementadas conforme los resultados de las revisiones tarifarias quinquenales”.

De esta forma, el ajuste fue calculado en base al mecanismo de actualización aprobado en dicha instancia. El mismo se compone de las variaciones registradas por el INDEC en el nivel general del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), en un 67%, y en el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en un 33%.

En cuanto a la actualización tarifaria de gas, la resolución detalla que los nuevos cuadros tarifarios contemplan diferentes categorías de usuarios. Se aprobaron tarifas específicas para usuarios residenciales de Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3, así como también para aquellos que no cuentan con acceso a gas natural o gas propano en zonas frías. Además, se fijaron tarifas diferenciadas para clubes de barrio y de pueblo, entidades de bien público y usuarios-generadores que inyectan energía a la red.

En este caso, el ajuste de junio fue calculado a partir de las variaciones de abril. Estas fueron del 2,83% en el IPIM y del 2,78% del IPC, por lo que el porcentaje de ajuste del Costo Propio de Distribución (CPD) de las distribuidoras Edenor y Edesur es del 2,82%.

Con el nuevo esquema en marcha, se mantienen las bonificaciones para los usuarios residenciales Nivel 2 (65%) y Nivel 3 (50%). Los consumos que aún continúan subsidiados tienen topes y luego se paga la tarifa plena. Además, los usuarios de ingresos bajos (N2) tienen un límite de 350 Kwh por mes y los de ingresos medios (N3), de 250 Kwh.

De este manera, el Gobierno continúa con su plan de aumento de tarifas para cumplir con la reestructuración del sector energético. Durante los últimos meses, el Estado nacional se encuentra “imposibilitado de continuar realizando dichos aportes que funcionaron como un subsidio generalizado a toda la demanda”.

El Gobierno aprobó este martes los nuevos cuadros tarifarios de luz y gas que regirán desde octubre, haciendo efectivo el traslado a las facturas de la actualización de los precios estacionales de la energía dispuesto previamente por la Secretaría de Energía.

En las normas reglamentarias se especificó que "la tarifa a usuario final deberá ser incrementada en un 2,7%, debiéndose entonces reflejar de ese modo las actualizaciones de los precios PEST y las tarifas de transporte y distribución de energía eléctrica en su incidencia correspondiente para alcanzar tal resultado".

Como se explica, queda efectivizado el traslado a las facturas del ajuste en el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), que la Secretaría de Energía fijó a partir de octubre entre $63.187 y $66.885 por kWh para los usuarios de ingresos altos y comercios e industrias.

De esta manera, el texto oficial precisó que "en octubre 2024 la factura promedio antes de impuestos de los usuarios R-Nivel 1 altos ingresos, R-Nivel 2 ingresos bajos y R-Nivel 3 ingresos medios aumentan en promedio con respecto al cuadro vigente a septiembre 2024 un 2,7%".

Además, se aclaró que este mes los usuarios de ingresos medios de los segmentos R1 y R2 que consumen hasta 400 kWh/mes abonarían en promedio un 43% menos que los usuarios de ingresos altos de los mismos segmentos, mientras que los de ingresos bajos abonarían un 55% menos que los consumidores N1 en los mencionados segmentos.

El organismo también comunicó los nuevos cargos de transporte establecidos en el Contrato de Concesión para cada tipo de equipamiento y tensiones que regirán desde octubre junto con el Promedio de las Sanciones Mensuales Históricas que se aplicarán a las transportistas Transcomahue, Transnea, Transnoa, Transba, Transpa, Epen, Distrocuyo y Transener.

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), por su parte, dio el visto bueno a los nuevos cuadros tarifarios de transición que aplicarán desde octubre las empresas Metrogas, Transportadora de Gas del Sur, Transportadora de Gas del Norte, Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Distribuidora de Gas Cuyana, Distribuidora de Gas del Centro, Naturgy Ban, Naturgy Noa, Litoral Gas, Gas Nea y Redengas.

Al igual que en el caso de la electricidad, en el aumento del gas incide la actualización de los precios estacionales que determinó que "las tarifas de transporte y distribución deberán ser incrementadas en un 2,7%; y el precio PIST deberá ser reducido en un 10,37%".

De esta manera, se consuma el traslado a las facturas del costo promedio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de transporte que pasó de estar en US$3,46 por millón de BTU a ubicarse entre 2,979 USD/MMBTU y 3,148 USD/MMBTU, según distribuidora. En tanto el promedio país quedó en US$3,09 por millón de BTU.

El traslado de la reducción en los valores de producción de gas se realizará para los usuarios residenciales N1 (ingresos altos) y los sectores productivos (comercios y pequeñas industrias), mientras que para los usuarios N3 (ingresos medios) y N2 (ingresos bajos) se siguen manteniendo las bonificaciones del 55% y 64% sobre el consumo subsidiado, respectivamente.

El ente regulador estableció que los nuevos valores de las tarifas deberán ser publicados por las empresas licenciatarias "en un diario de gran circulación de su área licenciada, día por medio durante por lo menos 3 días dentro de los 10 días hábiles" de la autorización.

El Gobierno nacional decidió extender el plazo para que aquellos que requieran subsidios en las tarifas energéticas puedan inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Si bien el primer anuncio marcaba que había tiempo hasta el 4 de agosto, ahora la posibilidad de registrarse estará vigente hasta el 4 de septiembre, es decir, un mes más.

“Para los beneficiarios de la tarifa social que nunca se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía se va a extender hasta el 4 septiembre de este año. Se hace una extensión por 30 días más”, adelantó el vocero presidencial Manuel Adorni.

La medida apunta a los hogares que tienen subsidiados los servicios de gas natural y de electricidad, que deberán realizar un trámite si desean seguir recibiendo esa ayuda estatal. El plazo ahora se extendió hasta septiembre para no perder automáticamente la bonificación, que en medio del invierno traerá un aumento notorio en las facturas.

“Es muy importante que se registren en este RASE porque les va a permitir seguir manteniendo el precio de la tarifa y lograr que la asistencia se focalice en quien realmente no puede pagar el servicio”, agregó.

Según el vocero, el Estado nacional gastó en esos subsidios a la energía 150.000 millones de dólares durante los últimos veinte años. “Es algo desproporcionado (el gasto) porque los subsidios no son gratis, los pagamos entre todos, y en Argentina se han pagado con pobreza por la inflación que generaban debido al déficit fiscal”, sentenció.

Un usuario que califique para un subsidio de luz y gas puede inscribirse para recibir la bonificación. Lo único que necesita hacer es completar a través del sitio oficial el formulario para el RASE, que tiene carácter de declaración jurada.

En las últimas semanas el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se comunicó con quienes debían completar el formulario para continuar siendo beneficiarios de un subsidio. Estos hogares de bajos ingresos debían ingresar al sistema de manera individual para registrarse dentro un plazo de 60 días de corrido que vence en los primeros días de septiembre.

Para saber si un domicilio es beneficiario de algún subsidio en la tarifa de electricidad, se debe ingresar a la web oficial del ENRE y completar un formulario online donde se les solicita el número de cuenta de Edenor o de Edesur.

En cuanto a la tarifa de gas, el consumidor debe dirigirse al sitio oficial del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), ir a la sección Regímenes de Beneficios, luego dirigirse al RASE e ingresar la empresa prestadora del servicio de gas y el número de usuario, cliente, cuenta, servicio o suministro.

La solicitud debe ser completada por todos los hogares que nunca se hayan inscrito y quieran acceder al beneficio. Una vez inscritos, podrán acceder siempre y cuando reúnan las condiciones socioeconómicas para tenerlo. Tienen que ser hogares que cumplan con los siguientes requisitos:

– Perciban ingresos totales de bolsillo menores de 3,5 canastas básicas totales de hogar tipo 2 (que en junio último equivalían a $ 3.056.091, según el INDEC) o menores de 3,5 canastas básicas totales tipo 2 más el 22% ($ 3.728.431) para los hogares de la Patagonia.

– No cuenten con 3 o más inmuebles propios.

– No tengan 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años.

– No tengan una aeronave o embarcación de lujo.

– No sean titulares de activos societarios que demuestren capacidad económica plena

Saber si uno tiene subsidio de luz es un proceso muy sencillo. Se trata de un trámite digital y gratuito para el cual solo se debe contar con el número de cuenta de la empresa distribuidora. Este dato se puede hallar en las facturas del servicio, en el extremo superior.

Una vez obtenido este dato, hay seguir los siguientes pasos:

1) Acceder al formulario digital de consulta y completar cuál es la empresa proveedora de energía (Edenor o Edesur).

2) Luego hay que colocar el número de cliente o de cuenta que figura en la factura.

3) Hay que hacer clic en la caja que verifica que se trata de un usuario humano y, entonces, en el botón que dice “Consultar”.

Una vez realizada la gestión, el sistema indicará si el usuario recibe el subsidio eléctrico o no.

Si el usuario es beneficiario de una tarifa social, pero no está inscripto en el RASE, deberá seguir los pasos para hacerlo. Cabe destacar que solamente se deberá completar una solicitud por hogar.

El gobierno nacional congeló la tarifa de gas, por lo que no pondrá en vigencia el aumento previsto para mayo, que rondaba el 400%, con el objetivo de que no se vuelva a disparar la inflación.

La medida se oficializó este lunes luego de ser analizada por varias semanas por la administración de Javier Milei, que días atrás celebró haber vuelto a tener una inflación mensual de un dígito.

En la primera semana de mayo, el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, planteó ante la Secretaría de Energía que “con el objeto de consolidar el proceso de desinflación llevado a cabo por el Gobierno, verificado a la fecha, resulta razonable y prudente postergar en el mes de mayo la aplicación efectiva de las actualizaciones dispuestas en las resoluciones de los Entes antes señaladas y los aumentos del PEST correspondiente a energía eléctrica y del PIST en el gas”.

Días atrás, el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue consultado al respecto y respondió: “Cuando tenés superávit fiscal podés dosificar como debe recaer el peso del ajuste en determinados sectores de la sociedad y no ponerles una espada en el cuello”.

Frente a esta situación, desde la Secretaría de Energía le anticiparon a las Licenciatarias del Servicio Público de Transporte y Distribución de gas y a REDENGAS S.A. que no se procedería con la actualización tarifaria prevista para el mes de mayo de 2024, por lo que se mantendrían vigentes y sin modificaciones los cuadros tarifarios publicados en el Boletín Oficial el 3 de abril de 2024.

En efecto, este lunes, a través de la Resolución 224/2024 publicada en el Boletín Oficial, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) dispuso “mantener inalterados los Cuadros Tarifarios de Transición y de Tasas y Cargos por Servicios vigentes desde el 3 de abril de 2024″.

Los incrementos que habían sido establecidos iban a tener un impacto por encima de 350% y en algunos casos superando ampliamente el 400%. Pero en Economía se resolvió avanzar con el congelamiento de tarifas para evitar su consecuente traslado a precios.

La inflación de abril marcó una desaceleración al 8,8% después del 11% de marzo, el 13,2% de febrero, el 20,6% de enero y el 25,5% de diciembre. El mes pasado el Indec registró un fuerte aumento en el rubro servicios públicos, que saltó 35,6%, acumularon 110,5% en lo que va del 2024 y 311,6% en los últimos 12 meses. (DIB)

El ajuste estaría por encima del 300 por ciento y se dividirá en tres tramos.

La decisión se tomó a partir de una resolución de la Secretaría de Energía publicada este miércoles en el Boletín Oficial, en el marco del nuevo cuadro tarifario para usuarios de gas natural por red.

La Secretaría de Energía aclaró que los nuevos valores mayoristas en PIST se establecieron por la quita de subsidios e impactará en las boletas, porque el precio del gas es uno de los componentes de la tarifa final.

A esto hay que agregarle los componentes de transporte y distribución, por lo que el impacto final en las boletas será aún mayor.

El ajuste tendrá su primera actualización en abril, la segunda entre mayo y septiembre y la tercera desde octubre a diciembre, de acuerdo con lo dispuesto.

Los aumentos se aplicarán sobre los usuarios residenciales y los denominados “servicio general”, de acuerdo con el texto oficial.

Los nuevos valores para los grupos de usuarios son:

Altos ingresos (nivel 1): Desde abril pasarán a abonar entre US$2,79 y US$2,95 el precio del gas. En mayo, subirán entre US$4,26 y US$4,50 por millón de BTU.

Bajos ingresos (nivel 2): El precio del gas pasará a US$0,74 a US$0,78, a partir de abril. Actualmente, el valor es de US$0,70 por millón de BTU.

Ingresos medios (nivel 3): En abril, pagarán entre US$1,10 y US$1,17 por sus bloques de consumo subsidiados. El consumo extra se pagará a precio pleno.

A diferencia de los hogares de altos ingresos, los usuarios de los niveles 2 y 3 no tendrán cambios en los valores del gas durante el invierno ni en la primavera. NA

El Intendente Miguel Lunghi emitió un comunicado en rechazo a la intención del gobierno nacional de anular la Ley de Zona Fría, la normativa que permite a los vecinos de la ciudad acceder a una tarifa de gas diferenciada que contempla las bajas temperaturas locales.

“Tandil es zona fría”, se titula el texto publicado en sus perfiles de redes sociales por el jefe comunal, quien señaló que no fueron comunicados de la posible anulación en la audiencia correspondiente, consideró que el gas es un “servicio esencial”, y alertó por el impacto tanto en los hogares tandilenses como en el entramado productivo y comercial.

Lunghi se sumó así a otras autoridades de la región y el país como Guillermo Montenegro de Mar del Plata, y el gobierno de Tierra del Fuego. En el mismo sentido se había expresado también el ex diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, quien aseguró que la quita de los descuentos supondrán que “una familia que pague aproximadamente 15 mil pesos en enero podría llegar a pagar aproximadamente 1 millón de pesos en el tercer trimestre del año”.

A nivel local también se habían expresado desde la agrupación “Un grito de Corazón”, cuando días atrás exigió que el Intendente “proteja a los tandilenses del tarifazo de gas”.

Cabe recordar, la eliminación de la Ley de Zona Fría fue incluida dentro de las más de 600 modificaciones y derogaciones que supone el proyecto conocido como “Ley Ómnibus”, presentado por el Ejecutivo Nacional. 

Si bien la iniciativa de incluir a Tandil y otras 53 ciudades dentro del marco de la regulación fue parte de una demanda histórica, se encaminó a su concreción hace casi 3 años atrás. Fue cuando en la Cámara de Diputados de la Nación se unificaron un conjunto de propuestas, entre ellas una del tandilense “Topo” Rodríguez.

A mediados de 2021 el Senado aprobó el proyecto, y en agosto del mismo año el Enargas aprobó las tarifas con descuentos que pueden ser de entre el 30 y el 50 por ciento según corresponda. Desde entonces, se mantiene el reclamo porque el beneficio alcance también a los usuarios del gas envasado.

En el comunicado, Lunghi transmitió que “ayer nos enteramos de la intención del Gobierno Nacional de anular esta ley, decisión que no fue comunicada en la Audiencia Pública convocada por el ENARGAS de la que participamos como Municipio a comienzos de este mes”.

El Intendente hizo mención a que la Ley fue fruto de un amplio consenso parlamentario, que beneficia a muchas localidades del interior del país, y consideró que la normativa “reconoce el derecho de los argentinos que viven en regiones con climas adversos a pagar una tarifa de gas justa y acorde a sus necesidades”.

La posible anulación, planteó, “sin dudas implicará un fuerte impacto en la economía de todos los tandilenses que diariamente utilizamos el gas para calefaccionar nuestros hogares, nuestros comercios, nuestras escuelas y nuestros hospitales, y atentará contra la comunidad emprendedora y productiva local que necesita de este insumo para desarrollar sus actividades”.

A su vez señaló que la legislación no supone “un privilegio o un regalo”, y definiendo al gas como un servicio esencial precisó que la normativa tiene que ver con “una cuestión de equidad y federalismo”. 

Agregó que “nadie puede negar la realidad que vivimos cada invierno en nuestra ciudad, la que nos obliga a consumir mucho más gas que otras zonas para combatir las bajas temperaturas”.

También se refirió a la ampliación de la regulación a los usuarios de garrafas. “La norma debe alcanzar también al gas envasado para garantizar los derechos de todos los tandilenses, tal como lo solicitamos junto al Honorable Concejo Deliberante en la resolución 198/2023 votada por unanimidad”, planteó.

Asegurando su voluntad de diálogo y de búsqueda de soluciones en conjunto, el Intendente llamó a reflexionar y analizar las diversas realidades existentes en todo el territorio nacional. Concluyó afirmando que “voy a trabajar para defender a cada tandilense y acercar esta necesidad a cada autoridad y a cada legislador. La condición de zona fría es un derecho adquirido y así se debe mantener por el bien de nuestra comunidad”.

Tandil es Zona Fría

La ley de Zona Fría reconoce el derecho de los argentinos que viven en regiones con climas adversos a pagar una tarifa de gas justa y acorde a sus necesidades. Esta ley, que es fruto de un amplio consenso parlamentario, beneficia a muchas localidades del interior del país, entre ellas Tandil.

En el día de ayer nos enteramos de la intención del Gobierno Nacional de anular esta ley, decisión que no fue comunicada en la Audiencia Pública convocada por el ENARGAS de la que participamos como Municipio a comienzos de este mes.

Esto sin dudas implicará un fuerte impacto en la economía de todos los tandilenses que diariamente utilizamos el gas para calefaccionar nuestros hogares, nuestros comercios, nuestras escuelas y nuestros hospitales, y atentará contra la comunidad emprendedora y productiva local que necesita de este insumo para desarrollar sus actividades.

Es importante que entendamos que esto no es un privilegio ni un regalo: es una cuestión de equidad y de federalismo. El gas es un servicio esencial y nadie puede negar la realidad que vivimos cada invierno en nuestra ciudad, la que nos obliga a consumir mucho más gas que otras zonas para combatir las bajas temperaturas.

De hecho consideramos que la norma debe alcanzar también al gas envasado para garantizar los derechos de todos los tandilenses, tal como lo solicitamos junto al Honorable Concejo Deliberante en la resolución 198/2023 votada por unanimidad.

Siempre estamos dispuestos a dialogar y a buscar soluciones en conjunto, cuidando siempre de que éstas no signifiquen un perjuicio para nuestros vecinos y vecinas.

Creo que es imprescindible en los tiempos que vivimos poder reflexionar y analizar las diversas realidades que existen a lo ancho y largo de nuestro país antes de tomar medidas de esta magnitud.

Voy a trabajar para defender a cada tandilense y acercar esta necesidad a cada autoridad y a cada legislador. La condición de zona fría es un derecho adquirido y así se debe mantener por el bien de nuestra comunidad.

Miguel Ángel Lunghi

Intendente de Tandil

La Secretaría de Energía activará a partir de febrero la primera etapa de los incrementos en las tarifas de los servicios de gas natural por red en todo el país, que se completará en abril con la definición del nuevo esquema de segmentación y de un índice de actualización mensual, para lo que se convocará a una nueva audiencia pública que se llevaría a cabo a mediados de marzo.

Los ajustes forman parte de la estrategia del gobierno del presidente Javier Milei de poner fin a la política de subsidios a la oferta (en este caso, la generación e importación de gas) y enfocarlos en la demanda de los sectores socialmente más vulnerables, a fin de acoplar las tarifas con los costos de explotación de las empresas prestadoras de los servicios de energía (gas y electricidad) y transporte de pasajeros (colectivos y trenes).

En la primera etapa, de febrero a abril, se procederá al recorte gradual de los subsidios al componente del Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), a razón de un tercio por cada mes.

Al respecto, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, manifestó en su exposición en la audiencia pública del 8 de enero que los usuarios pagan sólo el 17,5% del costo del gas, y que "el 82,5% restante lo pagan injustamente todos los argentinos, tengan o no suministro".

Pero el costo de generación (o importación) del gas es sólo uno de los cuatro componentes de la tarifa final, en un conjunto en el que también entran en consideración los costos de transporte (a cargo de TGN y TGS) y los márgenes de distribución, además de la carga tributaria que representan los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales.

Esos factores y otros más serán objeto de análisis y discusión en una segunda audiencia pública que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) convocará para mediados de marzo, como paso previo para definir los ajustes de la segunda etapa que comenzará en abril.

Para entonces, ya definida la etapa del recorte de subsidios, corresponderá establecer el nuevo esquema tarifario con la suma de otros tres ítems: el traslado al precio final de los costos de transporte, el de los márgenes de distribución y, además, la implementación de un índice de ajuste mensual, tal como se había establecido en el punto 4 de la convocatoria a la primera audiencia.

Si bien no se dieron precisiones sobre cómo se instrumentará ese mecanismo de actualización, todas las distribuidoras y transportadoras coincidieron en elegir el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Pero en la segunda audiencia también deberá someterse a discusión el cambio en los criterios de segmentación: tal como adelantó Rodríguez Chirillo, se dejará de utilizar el equivalente a 3,5 veces la Canasta Básica Total (CBT) y se adoptará en su lugar una Canasta Básica Energética, que indicará los umbrales de consumo del grupo familiar que represente el usuario en cada región del país.

"Queremos asegurar el suministro energético para que la energía se convierta en el motor indispensable del crecimiento sostenido de la economía y la mejora del bienestar de la sociedad. Así, estamos convencidos de que contribuiremos al consumo eficiente de la energía y a la recuperación del sector", sostuvo Rodríguez Chirillo en la fundamentación del cambio de canasta.

Por todo lo señalado, el servicio de gas natural por red es el que presenta más complicaciones para definir un valor promedio, mucho más si se tiene en cuenta la existencia de diez distribuidoras y una subdistribuidora, a su vez dividas en 15 subzonas, con ocho categorías de usuarios residenciales y tres niveles de segmentación según el poder adquisitivo de los usuarios.

Asimismo, la participación porcentual de cada uno de los cuatro componentes tarifarios no es la misma en cada distribuidora, y hasta puede presentar variaciones dentro de una misma compañía por los diferentes cargos tributarios.

A su vez, deben tenerse en cuenta factores estacionales que inciden en la proporción del componente subsidiado de la tarifa, como la variación de los precios del gas local, el proveniente de Bolivia y el GNL regasificado.

Ese aspecto es determinante para decidir la reducción gradual de los subsidios en la primera etapa que comenzará en febrero: en la actualidad se paga 0,7 dólar por el millón de BTU, pero el costo es de US$ 4,1, lo que implica que entre febrero y abril lo que el usuario pagará por el componente PIST tendría que aumentar un 485,7%, aunque el porcentaje puede variar por tratarse de un promedio.

Pero como el precio del gas importado es más caro, en la medida que no se completen las obras para alcanzar el autoabastecimiento el incremento también debería ser mayor.

Por último, el artículo 318 del proyecto de ley de "Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos" faculta al Poder Ejecutivo a "modificar, transformar y/o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, inclusive los destinados a subsidios", que podría implicar cambios en el régimen de Zonas Frías o directamente su supresión, con el consecuente impacto en las tarifas de las regiones afectadas. (Télam)

La agrupación “Un Grito de Corazón”, liderada por el dirigente Jorge Coronel, compartió este lunes un comunicado dirigido a Miguel Angel Lunghi, exigiendole que “defienda” a la ciudad, ante la suba de las tarifas del gas. 

“En el mes de Enero de 2022, el Intendente Miguel Lunghi dispuso que la Titular de la Oficina de Información al Consumidor de Tandil (OMIC) participara de la Audiencia Pública convocada durante el Gobierno de Alberto Fernández, a efectos de analizar la porción del costo del gas en boca de pozo (donde se planteaban aumentos del 20%)” comienza el texto que fue publicado también en las redes sociales de la agrupación.

“En su exposición”, continúa, "la OMIC tandilense solicitó ‘la imperiosa’ necesidad de que se haga operativa la Ley de Zona Fría para los usuarios de garrafas (que ya se aplicaba en las facturas residenciales), al tiempo que cuestionó el esquema de Tarifa social, ya que alcanzaba a pocos usuarios residenciales y los bloques de consumo son ínfimos para la demanda que se necesita en el partido y la zona debido a la crudeza de los inviernos. En el comunicado oficial del Municipio se proclamaba que 'con la presentación en las Audiencias Públicas la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Tandil continúa trabajando para proteger los derechos de los consumidores y usuarios de la zona'", afirma el relato.

“Sin embargo”, destacaron, “el Intendente Lunghi decidió discontinuar ‘la protección de los derechos de los consumidores y usuarios’ tandilenses en la Audiencia Pública citada por el Gobierno de Javier Milei el pasado 8 y 9 de Enero de 2024, en la que las compañías distribuidoras de gas pidieron incrementos de entre 350% y 700%, mientras se debate una 'Ley Omnibus' en el Congreso de la Nación a través de la cual el Poder Ejecutivo Nacional pone en jaque la ‘Ley de Zona Fría’ de 2021 que beneficia a los usuarios de nuestra ciudad con una reducción en la tarifaria de entre el 30 y el 50 por ciento”.

“El monstruoso ajuste que está llevando adelante Javier Milei contra las economías familiares de los sectores medios, deja particularmente a los sectores bajos, jubilados y asalariados en una vulnerabilidad absoluta, con precios desbocados de los alimentos, alquileres inaccesibles y tarifas impagables, y ello obligará al Gobierno comunal a acudir en su auxilio”, vaticinaron.

“Es por eso que, desde la agrupación Un Grito de Corazón, instamos al Intendente Miguel Angel Lunghi para que en “protección de los derechos de los consumidores y usuarios” tandilenses instruya al titular de la OMIC a inscribirse como expositor (fecha de vencimiento 24/01/24) en la Audiencia Pública convocada por el ENRE a realizarse el próximo 29 de Enero de 2024 para tratar el aumento de la tarifa de energía eléctrica”, finalizaron.

Los nuevos valores de las tarifas fueron presentados por 15 empresas del sector ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) como parte del proceso de llamado a audiencia pública, fijado para el próximo 8 de enero. Allí se determinará la primera actualización tarifaria del gobierno de Javier Milei. La suba del servicio fue solicitada tanto por las firmas encargadas de la distribución, la que llega a hogares y empresas, como por las que se abocan al transporte y la producción.

En la convocatoria a la instancia participativa, se había especificado que las empresas licenciatarias del servicio debían presentar antes del 22 de diciembre los “cuadros tarifarios de transición” con sus propuestas de actualización.

Las tarifas de gas en el AMBA llevan meses congeladas, por lo que las empresas realizaron sus estimaciones sobre la base del valor al que adquieren del gas, el transporte, la distribución entre los hogares y los impuestos.

En el caso de Metrogas, la recomposición de tarifas debería alcanzar el 376,52 por ciento, mientras que para Naturgy el ajuste tendría que ser del 437 por ciento. Además, la firma que distribuye gas en la provincia de Buenos Aires, solicitó que necesitará un mecanismo automático de actualización mediante el índice de inflación mayorista que publica el Indec.

Precisamente ese también es uno de los puntos incluidos para el tratamiento en la audiencia pública, junto el costo de transporte de gas licuado, la incidencia de los precios en el gas no contabilizado, y aspectos relativos a la operación del Gasoducto Norte, entre otros.

Con el aumento que reclaman las empresas distribuidoras de gas del AMBA, la tarifa mínima en febrero de Metrogas se ubicaría en 4.318 pesos en la Ciudad de Buenos Aires y 4.335 en Gran Buenos Aires.

Mientras que para los usuarios de mayor consumo, serían de 19.333 pesos (CABA) y 19.357 (PBA). En el caso de Naturgy, las tarifas se ubicarían entre 4.555 hasta 20.809 pesos, de acuerdo con el nivel de consumo.

En el interior del país, las subas en las tarifas que solicitaron las compañías del sector son: