La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) oficializó este viernes, a través de la Resolución 46/2026 publicada en el Boletín Oficial, una reducción del 20% en las tarifas máximas de practicaje y pilotaje. Esta decisión responde al acuerdo alcanzado con el sector para desactivar el paro que mantenía paralizada la actividad fluvial y marítima nacional.

La quita del 20% se aplicará directamente sobre el resultante de los cálculos del Régimen de Tarifas Máximas que regía desde el año 2018. Según se informó, la medida entra en vigencia de manera inmediata y tendrá un carácter provisorio, manteniéndose mientras dure la suspensión temporal de la reforma del practicaje dispuesta por el Ejecutivo nacional.

El conflicto se originó a partir de la desregulación del reglamento vigente desde 1991, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger mediante el Decreto 690/2026, con el objetivo de remover barreras y facilitar la incorporación de nuevos prestadores. Ante el rechazo de los gremios y la paralización del comercio exterior, el Gobierno optó por suspender los efectos de dicha reforma mediante el Decreto 716/2026.

Tanto la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje como la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante expresaron su conformidad con el recorte arancelario. La resolución del conflicto fue posible tras una negociación coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional, donde se acordó reanudar el servicio, crear una mesa intersectorial permanente para consensuar un nuevo reglamento y aplicar la baja inmediata en los aranceles.

El octavo mes del año comenzará con una nueva batería de aumentos que impactarán sobre el presupuesto de los hogares. Entre las subas ya confirmadas figuran la luz, el gas, los alquileres, las cuotas de los colegios privados, las empresas de medicina prepaga, el transporte público, los peajes, el servicio de agua y las tarifas de internet, cable y telefonía.

El ajuste más importante volverá a registrarse en los alquileres que todavía se rigen por la ley que fue derogada por el actual Gobierno. En esos contratos, la actualización anual será del 34,95%, de acuerdo con el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Si bien el porcentaje muestra una fuerte desaceleración respecto de los incrementos de tres dígitos registrados el año pasado, continúa representando un fuerte impacto para quienes alquilan.

Por otra parte, el Gobierno bonaerense aprobó un nuevo incremento de las tarifas de la luz, que regirá desde agosto para los usuarios las distribuidoras eléctricas con asiento en el territorio bonaerense. La suba variará entre el 1,5% y el 3,5%, según la categoría, la empresa y el nivel de consumo de cada usuario.

La actualización fue publicada en el Boletín Oficial bonaerense y contempla ajustes tanto en el Valor Agregado de Distribución (VAD) como en el precio mayorista de la energía definido por las autoridades nacionales. Según la normativa, los nuevos montos se aplicarán sobre los consumos registrados a partir del 1° de julio y del 1° de agosto, por lo que el incremento comenzará a reflejarse en las facturas que lleguen desde septiembre.

El Gobierno nacional confirmó que las tarifas de gas natural aumentarán un 2,99% promedio en todo el país desde el 1° de agosto, como parte de la actualización mensual de los componentes de transporte y distribución que integran la factura. Al mismo tiempo, mantendrá durante agosto las bonificaciones extraordinarias para los usuarios alcanzados por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En la provincia de Buenos Aires, las cuotas de los colegios privados con aporte estatal aumentarán un 5,5%. Los nuevos valores variarán según el nivel educativo y el porcentaje de subvención, con cuotas que irán desde poco más de $ 37.000 en el nivel inicial y primario con financiamiento estatal pleno hasta casi $250.000 en establecimientos técnicos, agrarios y artísticos con menor nivel de aporte.

También habrá un incremento del 3% en las tarifas de agua para los usuarios de AySA en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que llevará la factura promedio mensual a $ 32.745,74.

Las empresas de medicina prepaga ya comenzaron a comunicar a sus afiliados nuevas actualizaciones que llegarán hasta el 2,1%, incluyendo también los copagos.

Las compañías atribuyen el aumento al incremento de los costos del sistema de salud, como insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados.

El transporte público volverá a encarecerse. En los colectivos del AMBA las tarifas subirán entre 3,9% y 4,4%, según la jurisdicción. El boleto mínimo pasará a costar $ 1.111,19 en las líneas bonaerenses y $ 852,90 en las porteñas. Para los recorridos de entre 3 y 6 kilómetros, el pasaje será de $ 1.250,08 en la provincia y de $ 947,71 en la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso del subte, el incremento será del 4,1%, por lo que el viaje pasará de $ 1.558 a $ 1.621.

Los trenes metropolitanos también aumentarán. El boleto mínimo de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Roca, Urquiza, Belgrano Norte y Belgrano Sur subirá de $ 380 a $ 420. La segunda sección costará $ 586 y la tercera $ 729.

Todos estos valores son con la tarjeta SUBE registrada.

En la Ciudad de Buenos Aires, además, los peajes tendrán una actualización del 3,9%. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los automóviles pagarán $ 4.610,98 fuera del horario pico y $ 6.534,52 en hora pico. En la autopista Illia, así como en los accesos Retiro II-Sarmiento y Salguero, los valores serán de $ 1.921,05 y $ 2.716,64, respectivamente.

Por último, las empresas de Internet, televisión por cable y telefonía también comenzaron a notificar a sus clientes nuevos ajustes tarifarios que rondarán el 2,5%, aunque el porcentaje variará según la operadora y el servicio contratado.

En tanto, el Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema de actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, mediante el Decreto 693/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma modifica el cronograma previsto en el Decreto 617/2025 y establece que, durante todo agosto, solo se aplicará una parte de los incrementos pendientes correspondientes a las actualizaciones de 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026.

De esta manera, el Ejecutivo volvió a postergar una porción de la actualización impositiva con el objetivo de "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible". El decreto fija aumentos parciales de $ 10,572 por litro para las naftas en el impuesto a los combustibles líquidos, mientras que para el gasoil dispone incrementos de $ 9,511 en ese tributo, $ 5,150 en el tratamiento diferencial para la región patagónica y $ 1,084 en el impuesto al dióxido de carbono. El texto también establece que el resto de los incrementos diferidos comenzará a regir desde el 1° de septiembre de 2026.

La empresa concesionaria Corresur actualizó el cuadro tarifario de las estaciones de peaje ubicadas sobre las rutas nacionales 3, 205 y 226, entre ellas la Vasconia, utilizada mayormente por quienes circulan entre Tandil, Mar del Plata y otros destinos de la región.

El nuevo esquema comenzó a regir esta semana, luego de que la firma asumiera formalmente la operación de esos corredores viales en reemplazo de la empresa estatal Corredores Viales S.A. En el caso de la Categoría 1 —vehículos de hasta dos ejes, sin rueda doble y de hasta 2,30 metros de altura— la tarifa pasó de $1.500 a $1.787,10, lo que representa un incremento del 19,14%.

La actualización alcanza a las estaciones de Hinojo, Cañuelas, El Dorado, Uribelarrea y Vasconia, esta última de especial interés para los usuarios de la Ruta Nacional 226 que conectan Tandil con la costa atlántica y otras ciudades del sudeste de la provincia de Buenos Aires.

Este ajuste se suma al aumento general del 15,4% dispuesto meses atrás por la Dirección Nacional de Vialidad mediante la Resolución 248/2026 para los corredores viales nacionales. Aquella actualización había elevado la tarifa mínima de la Categoría 1 de $1.300 a $1.500, valor sobre el cual Corresur aplicó en estos momentos el nuevo incremento.

Otro de los cambios que comenzó a implementarse es la eliminación del pago en efectivo en las cabinas de peaje. A partir de ahora, el abono se deberá realizar exclusivamente mediante TelePASE o a través de modalidades de pago electrónico manual. En esta primera etapa la medida alcanza a las estaciones de Agüero, Tristán Suárez, Uribelarrea, Cañuelas e Hinojo, mientras se avanza el proceso de digitalización del sistema.

La actualización tarifaria se enmarca en el proceso de reorganización de la Red Federal de Concesiones Viales impulsado por el Gobierno nacional. Corresur —integrada por la unión transitoria de empresas Concret-Nor, Marcalba, Pose y Coarco— fue adjudicataria del denominado Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur y desde esta semana quedó a cargo de una red de 1.325 kilómetros que comprende las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Riccheri, Jorge Newbery y Ezeiza-Cañuelas.

- Categoría 1: $1.787,10

- Categoría 2: $3.574,20

- Categoría 3: $3.574,20

- Categoría 4: $5.361,30

- Categoría 5: $7.148,40

- Categoría 6: $8.935,50

- Categoría 7: $10.722,60

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó una actualización de los cuadros tarifarios del servicio eléctrico para las distribuidoras Edelap, EDEA, EDEN y EDES. La medida, que impactará en las 200 cooperativas eléctricas del interior, incorpora modificaciones en el esquema de subsidios energéticos nacionales y una actualización transitoria de los componentes de distribución.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial y con vigencia a partir del 1° de julio de 2026, convalida el recálculo realizado por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba). Esta decisión responde a los cambios dispuestos por la Secretaría de Energía de la Nación en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Entre las modificaciones, se destaca el aumento de la bonificación adicional extraordinaria para los usuarios beneficiarios del SEF correspondiente a junio de 2026, la cual pasó del 10,67% al 11,97% sobre el consumo base subsidiado. Esta corrección técnica obligó a recalcular los cuadros tarifarios que estaban vigentes desde el 1° de junio.

La normativa aprobó una nueva actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD), del Sobrecosto por Generación Local (SGL), del Agregado Tarifario (AT) y del Cargo de Transición Tarifaria (CTT). Estos componentes, que integran las facturas eléctricas, comenzarán a aplicarse desde el 1° de julio.

De acuerdo a la resolución del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el cargo fijo aumentará en comparación con los valores de mayo en torno al 5% desde julio para la prestadora Edelap, mientras que el cargo variable se ajustará un 2%. Estos valores corresponden a usuarios residenciales sin subsidio. En contraparte, aquellos beneficiados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados tendrán un salto menor, con un incremento del cargo fijo del 2%.

En el caso de la prestadora Eden, que brinda servicio en el norte y centro bonaerense, el ajuste para el cargo fijo sin subsidio será casi del 8%, mientras que el variable será del 2%. Para las tarifas subsidiadas, la suba del cargo fijo rondará los 3,5 puntos desde julio.

La normativa mantiene los precios mayoristas de la energía, potencia y transporte definidos por el Gobierno nacional para el período comprendido entre mayo y julio de 2026, así como el esquema de subsidios focalizados establecido por el decreto 943. El régimen contempla una única categoría de beneficiarios residenciales que requieren asistencia estatal para acceder al consumo básico.

Los usuarios alcanzados reciben bonificaciones sobre los primeros 300 kilovatios hora mensuales durante los meses de mayor demanda energética y sobre los primeros 150 kilovatios hora en los períodos restantes del año. El consumo que exceda dichos límites se factura sin subsidios. 

Finalmente, la resolución ratifica beneficios para clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios con tarifa social, además de actualizar los valores para quienes inyectan energía renovable mediante sistemas de generación distribuida.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó nuevos aumentos en las tarifas de electricidad que comenzarán a regir desde el próximo 1° de junio y alcanzarán tanto a las distribuidoras eléctricas como a las cooperativas del interior bonaerense. Además, también se actualizarán las tarifas del servicio de gas natural.

La medida fue oficializada a través de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y contempla la incorporación de los nuevos precios mayoristas definidos por la Secretaría de Energía de la Nación, además de una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD).

Según el análisis realizado por la Agencia DIB, para los usuarios residenciales sin subsidios el cargo fijo de la factura eléctrica aumentará entre un 6% y un 7%, dependiendo del nivel de consumo, mientras que el cargo variable tendrá una suba cercana al 8%.

En tanto, los usuarios alcanzados por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) también sufrirán incrementos. En esos casos, el cargo fijo aumentará alrededor de un 7,5% y el cargo variable llegará a un 11%.

Las nuevas tarifas alcanzarán a las empresas EDELAP, EDEA, EDEN y EDES, además de unas 200 cooperativas eléctricas del interior de la provincia. La actualización fue calculada por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

Por otra parte, el Gobierno nacional también aprobó nuevos cuadros tarifarios para el servicio de gas natural, que impactarán tanto en Metrogas como en Camuzzi, empresa que presta servicio en gran parte del territorio bonaerense.

Las resoluciones nacionales mantienen el esquema de subsidios vigente para hogares incluidos en el SEF. En el caso del gas, continuará durante junio la bonificación extraordinaria del 25% para usuarios de menores ingresos, mientras que en electricidad la bonificación adicional será del 11,97%.

Además, continuará vigente el límite de consumo subsidiado de 300 kWh mensuales para usuarios residenciales beneficiarios del esquema de asistencia estatal. Todo consumo que supere ese tope será facturado a tarifa plena.

Los aumentos en los servicios públicos se sumarán a otros incrementos previstos para junio, como transporte, prepagas y colegios privados, en un contexto de presión sobre el índice de inflación.

Un hogar promedio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sin subsidios gastó 212.694 pesos en abril para cubrir sus necesidades de energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte público, lo que representa un alza del 49 por ciento, mientras que el valor representa una reducción del 0,4 por ciento respecto al mes anterior.

La leve baja mensual se explica por una reducción del 22,5 por ciento en el gasto de energía eléctrica, debido a que abril presenta el menor consumo del año por factores estacionales.

Esta disminución compensó las subas en otros rubros, como el gas natural, que aumentó un 16 por ciento por el mayor consumo estacional y el incremento del cargo fijo, y el transporte, que subió un 6,1 por ciento.

La información proviene del reporte número 37 del Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-Conicet) correspondiente a abril de 2026 y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El informe destaca: “La menor cantidad consumida de energía eléctrica compensa el incremento tarifario en todos los servicios”.

Actualmente, los hogares del AMBA pagan tarifas que cubren, en promedio, el 61 por ciento de los costos de los servicios, mientras que el Estado nacional se hace cargo del 39 restante. NA

El Gobierno nacional autorizó una nueva suba del gas que comenzará a regir a partir del próximo miércoles 1° de abril. La medida se formalizó a través de las Resoluciones 371 y 372 publicadas este lunes en el Boletín Oficial, las cuales contemplan la actualización de los precios en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), un nuevo escalón de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) y el ajuste mensual por inflación.

De acuerdo a la normativa, el cargo fijo mensual más bajo, correspondiente a la categoría R1, se ubicará en $3.824 en la Ciudad de Buenos Aires y en $4.416 en el conurbano. Por su parte, en los niveles de mayor consumo (R4), los cargos fijos superarán los $91.000 mensuales en territorio porteño. Estos valores se encuadran dentro del modelo de tarifas móviles por temporada que comenzó a aplicar la Secretaría de Energía de la Nación.

En paralelo, el Ente Nacional Regulador del Gas dispuso que las facturas deben reflejar el Precio Anual Uniforme (PAU) para el cálculo de los beneficios sociales. Esta variable representa el valor sobre el cual se aplican los descuentos para los sectores vulnerables dentro del sistema de subsidios vigentes. Según indica la normativa, el PAU se aplicará a los consumos realizados durante el año 2026 y desde la fecha de entrada en vigencia de los nuevos cuadros.

Respecto al sistema de asistencia estatal, las resoluciones aclaran que, tras la creación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), las bonificaciones se aplicarán exclusivamente sobre el costo promedio ponderado anualizado del precio resultante del Plan Gas.Ar. El objetivo de esta medida es asegurar que los usuarios residenciales vulnerables mantengan el acceso al consumo básico.

Finalmente, las empresas licenciatarias tienen la obligación de publicar los nuevos cuadros en diarios de gran circulación dentro de los próximos diez días hábiles. Cabe destacar que el aumento resultante de la revisión quinquenal se completará a través de 31 aumentos mensuales y consecutivos, siguiendo el cronograma definido por el Ministerio de Economía.

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) dispuso la apertura de un procedimiento de consulta pública para avanzar en la adecuación del sistema de transporte de gas natural, en el marco de la emergencia energética vigente (prorrogada hasta fin de 2027) y la reciente reconfiguración definida por la Secretaría de Energía.

La medida, formalizada mediante la resolución 346/2026 publicada este viernes en Boletín Oficial, pone a consideración una serie de modificaciones regulatorias y tarifarias, entre ellas cambios en los factores de carga para distribuidoras, nuevos porcentajes de gas retenido, la elaboración de cuadros tarifarios provisorios y la derogación de normativa previa, con el objetivo de adaptar el esquema de transporte a las nuevas condiciones del sistema.

En particular, se propone modificar de manera provisoria los factores de carga para los usuarios residenciales de las distribuidoras Camuzzi Gas del Sur y Naturgy NOA, elevándolos del 35% al 45%, mientras que para el resto de las licenciatarias se mantendrán sin cambios.

Asimismo, revisará los porcentajes de gas retenido en las rutas de transporte, la operación y mantenimiento de activos de Energeía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) y las condiciones para determinados cargadores que cuentan con contratos firmes. Al tiempo que se pondrán en consulta cuadros tarifarios provisorios y los cargos fideicomiso asociados, mientras se avanza en la derogación de normativas que hoy resultan innecesarias en el nuevo marco regulatorio.

En materia tarifaria, el organismo elaboró cuadros provisorios que incluyen la actualización de los cargos fideicomiso, incorporando también los costos de operación y mantenimiento de activos de Enarsa, en línea con lo instruido por la Secretaría de Energía.

La consulta pública tendrá un plazo de quince días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial, período durante el cual empresas y usuarios podrán presentar observaciones y sugerencias a través de la web del organismo.

Finalizada esta instancia, el Enargas avanzará con la implementación de las medidas necesarias para la reasignación de capacidades de transporte y su correspondiente contractualización, con entrada en vigencia prevista para el 1° de mayo.

La iniciativa se inscribe en la emergencia del sector energético nacional declarada en 2023 y prorrogada hasta 2027, y busca garantizar un funcionamiento más eficiente, confiable y equitativo del sistema de transporte de gas natural, en un contexto de cambios estructurales en las fuentes de abastecimiento y en la configuración de la red.

La empresa Aguas Bonaerenses (ABSA) comunicó a los usuarios que comenzó a emitir la facturación de abril con los ajustes previstos, de acuerdo a la resolución 66/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos Provincial y el Decreto 127/2026 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

En el caso de las personas usuarias residenciales, se suman los montos retroactivos que no pudieron incorporarse en las facturas de febrero y marzo, que impactarán en las boletas de abril y mayo, tal cual fue informado oportunamente por la prestataria. En ese sentido, se advirtió que en los meses de junio y julio los importes a abonar serán menores, ya que no tendrán el impacto de lo facturado por retroactividad.

Asimismo, se recordó que el nuevo marco habilita a ABSA a acompañar la evolución inflacionaria a través de actualizaciones tarifarias bimestrales que comenzarán a aplicarse el próximo mes de junio. Las mismas tuvieron anclaje en el Índice de Salarios y en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) de la "Energía Eléctrica" y las "Sustancias y Productos Químicos".

La aplicación de este mecanismo permitirá sostener el valor vinculado a los efectos de los aumentos de los insumos críticos que captó la fórmula. Al mismo tiempo, se mantienen los beneficios de la Tarifa de Interés Social (TIS) y de la Tarifa de Interés Social Institucional (TISI). Aún con la futura aplicación de esta fórmula polinómica, las facturaciones se ubicarán por debajo de los montos advertidos en abril y mayo.

Por otro lado, la empresa recordó a los usuarios que dejarán de recibir las boletas en formato papel. Los períodos cuyos vencimientos tienen fecha en abril y mayo serán los últimos en los que se enviará la factura física a los domicilios particulares.

A partir del próximo ciclo de facturación, con vencimientos en junio en adelante, ABSA dejará de hacerlo en virtud de lo establecido por la Ley 15.557, por lo que se requiere que las personas usuarias constituyan y mantengan actualizado un domicilio electrónico, donde se remitirán las facturas digitales del servicio.

El Gobierno nacional modificó los períodos establecidos para realizar los ajustes estacionales en el precio del gas que se traslada a las facturas de los usuarios. A partir de esta medida, el año se dividirá en dos tramos: un ciclo invernal que abarcará desde el 1° de mayo hasta el 30 de septiembre, y un ciclo estival que se extenderá desde el 1° de octubre hasta el 30 de abril del año siguiente.

El nuevo esquema sustituye la división anterior, que contemplaba los períodos de abril a septiembre y de octubre a marzo. El objetivo de este cambio será ajustar el precio que se reconoce en los cuadros tarifarios al comportamiento real del consumo de gas en el país, según se indicó en los considerandos de la normativa.

La medida se oficializó este miércoles a través de la Resolución 60/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. Según la normativa, el sistema previo perdió vigencia ante la implementación del Precio Anual Uniforme (PAU). La resolución explicó que “la estacionalidad regulatoria deja de responder a variaciones estacionales del precio del gas y pasa a reflejar principalmente la dinámica de la demanda del sistema gasífero”.

Dicha demanda, según el documento, presentó “incrementos significativos a partir del mes de mayo”. En este sentido, la Secretaría de Energía determinó que los ajustes serán estacionales una vez transcurrido el período de transición.

Además, la norma aclaró que se entenderá que las empresas distribuidoras aceptaron esta modificación en sus licencias con “la primera presentación, ante el Ente Regulador, de la solicitud de traslado del precio de gas a los cuadros tarifarios”.

Pese a que este año atravesó la incertidumbre electoral, 2025 cerrará con la inflación anual más baja desde 2017. El acumulado de enero a noviembre de este año es del 27,9%, y a la espera de los datos de diciembre una serie de aumentos que llegarán en el inicio del año le meterán presión a los datos oficiales del Indec.

Los contratos que todavía se rigen bajo la derogada ley de Alquileres tendrán un aumento en torno al 36,39% en enero, una suba más moderada que los últimos meses, aunque sigue siendo significativa para los inquilinos. Así, por ejemplo, si desde enero de 2025 una familia viene pagando $700.000 al mes por su vivienda, el nuevo monto mensual será ahora de $954.730 para el período anual que va desde enero de 2026 hasta diciembre de ese año.

En tanto, los contratos celebrados del 30 de diciembre de 2023 en adelante se rigen por el "Mega DNU" 70/23 de Javier Milei, que permitió acordar libremente entre las partes tanto la frecuencia como el índice. Lo más común pasó a ser el uso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec cada 3 o 4 meses, aunque las partes también pueden pactar actualizaciones por ICL, CCP y otras fórmulas.

Los que tengan una actualización trimestral por IPC sufrirán subas en torno al 7,4%. Es decir que un alquiler de $700.000 pasará a $752.263 para enero, febrero y marzo. Para los acuerdos de índole cuatrimestral evidenciarán subas del 9,7%. Un inmueble con contrato por $700.000 pasará a costar $767.900.

Los aranceles de las prepagas tendrían un nuevo ajuste para enero de 2026, para ubicarse en torno del 2,5% a nivel nacional tomando en cuenta la evolución de los precios media por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, acumularía una suba anual del 25,6%. El alza también aplica a los copagos.

Las empresas justifican estos incrementos en el aumento sostenido de los costos del sistema de salud, que incluye salarios del personal médico, insumos, medicamentos y gastos operativos.

El Ministerio de Transporte bonaerense actualizará desde mediados de enero la tarifa básica del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV), que pasará a costar $97.057,65 con IVA incluido, un 21,8% más que la que se pagaba desde febrero.

El monto se estableció según lo dispuesto mediante la Resolución 369/2025 publicada en el Boletín Oficial. Corresponde a los vehículos de hasta 2.500 kilos y funciona como referencia para el resto de las categorías del cuadro tarifario, que se calculan a partir de ese valor base. Las motos tendrán un valor de $38.801,03, mientras que vehículos de más de 2500 kilos pagarán $174.604,64.

El Gobierno nacional volvió a mover una de las variables clave del esquema tarifario. A través de una resolución oficial, la Secretaría de Energía dispuso una actualización en el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), un componente central en la conformación de las facturas que pagan usuarios residenciales y comerciales. El ajuste comenzará a regir para los consumos realizados desde enero de 2026.

La medida quedó formalizada mediante la resolución 605/2025, publicada en el Boletín Oficial, y establece un incremento del 0,53% respecto del valor vigente. Si bien el aumento se aplica sobre el gas mayorista -el precio que abonan las distribuidoras antes de sumar transporte, distribución, impuestos y cargos adicionales-, su impacto llega de manera directa al monto final que pagan los usuarios.

Las empresas comenzaron a anticipar a sus clientes que, a partir de los primeros días de enero, aplicarán un nuevo retoque de tarifas, con un incremento que oscilará entre 3 y 4,5%, según el servicio y la operadora.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anunció que a partir de enero de 2026 la provincia de Buenos Aires aplicará modificaciones en el esquema de subsidios energéticos, en línea con los cambios normativos que impulsa el Gobierno nacional. Las medidas apuntan, según explicó, a mejorar los criterios de inclusión y exclusión del sistema de tarifa social y a adecuarse a la nueva segmentación que definirá la Secretaría de Energía de la Nación.

“Hay algunos cambios que se vienen en materia de subsidios a la energía en la provincia de Buenos Aires, en virtud de las modificaciones que está llevando adelante el Gobierno nacional en materia energética”, señaló Bianco en conferencia de prensa desde la Gobernación bonaerense, al anticipar que las definiciones serán anunciadas con antelación para evitar que los usuarios se vean afectados de manera sorpresiva.

Uno de los ejes centrales de la modificación será la eliminación de la tarifa social para residencias ubicadas en barrios cerrados. Según detalló, a partir de enero de 2026 dejarán de recibir subsidios unos 79.500 usuarios en toda la provincia, de los cuales 66.900 corresponden al Gran Buenos Aires, en áreas reguladas por Edenor y Edesur, y otros 12.600 al interior bonaerense, bajo la órbita del OCEBA.

“Se van a eliminar todos los subsidios, todas las tarifas sociales a todas aquellas residencias que están en barrios cerrados”, explicó Bianco, al precisar que la medida surge de un trabajo conjunto con la Agencia de Recaudación de la Buenos Aires (ARBA) y el Ministerio de Economía provincial, orientado a revisar los criterios de asignación del beneficio.

Uno de los ejes centrales de la modificación será la eliminación de la tarifa social para residencias ubicadas en barrios cerrados.

En paralelo, el Ministro describió el nuevo esquema de segmentación energética que impulsa la Nación y que actualmente se encuentra en consulta pública. El funcionario bonaerense recordó que el sistema vigente clasifica a los usuarios en tres categorías:

Ese esquema será reemplazado por uno de dos categorías: “Va a haber hogares con subsidio, que van a ser hogares con ingresos menores a tres canastas básicas totales”, explicó Bianco, y detalló que recibirán asistencia sobre el consumo de hasta 300 kWh mensuales en meses de alta demanda y hasta 150 kWh en meses de clima templado.

La segunda categoría será la de hogares sin subsidio, integrada por aquellos con ingresos superiores a tres canastas básicas totales, que no recibirán ningún tipo de asistencia energética. Bianco remarcó que estas definiciones nacionales impactan directamente en el esquema provincial de subsidios.

En ese marco, explicó que la Provincia de Buenos Aires tenía un sistema que “en cierta parte espejaba esos criterios” para las empresas reguladas por el OCEBA. Allí existían dos grupos: uno de usuarios con ingresos menores a dos salarios mínimos, que continuará recibiendo la tarifa social, y otro grupo que replicaba la categoría N2 nacional.

Con la eliminación de la categoría N2 a nivel nacional, ese segundo grupo provincial quedaría alcanzado por la quita de subsidios. Sin embargo, Bianco aclaró que la Provincia sostendrá el beneficio para esos usuarios, siempre que cumplan determinadas condiciones.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anunció que a partir de enero de 2026 se aplicará modificaciones en la tarifa social.

“Nosotros los vamos a poder seguir subsidiando, los vamos a poder seguir incluyendo en la tarifa social provincial, siempre y cuando se anoten en la página web del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y cumplan obviamente las condiciones para obtener el subsidio energético”, afirmó Bianco, y subrayó que el objetivo de adelantar estos anuncios es informar con tiempo a los usuarios bonaerenses. “No queremos que nuestros usuarios de golpe se enteren que se han quedado sin subsidios por esta modificación regulatoria a nivel nacional”, concluyó.

Las modificaciones anunciadas por el ministro de Gobierno se inscriben en un contexto de cambios más amplios en la política energética nacional, que comenzarán a regir formalmente a partir del 1º de enero de 2026. La Provincia busca, según explicó Bianco, amortiguar el impacto de esas decisiones sobre los sectores de menores ingresos.

En ese sentido, la continuidad de la tarifa social provincial para usuarios que queden excluidos del esquema nacional dependerá de la inscripción en el registro correspondiente y del cumplimiento de los requisitos establecidos por el OCEBA. La Provincia anticipó que brindará mayores precisiones operativas en los próximos meses.

El rediseño del sistema de subsidios también implica una revisión más estricta de los criterios patrimoniales y de localización de las viviendas, como en el caso de los barrios cerrados, que dejarán de estar alcanzados por el beneficio.

Mediante la Secretaría de Energía se detalló el nuevo esquema para los subsidios, en donde dejará de existir la segmentación por niveles N1, N2 y N3; el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas como esquemas separados.

El comunicado hizo hincapié sobre la irregularidad del sistema subsidiario, en donde 2.590.000 millones de usuarios recibían subsidio de ingresos bajos sin cumplir los requisitos, y entre ellos había 370 mil solicitudes que figuraban a nombre de personas fallecidas.

Además, se localizaron 15.518 hogares ubicados en countries y clubes de campo quienes recibían subsidios como si fueran de ingresos bajos.

Pasarán a haber solamente dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio, de acuerdo con sus ingresos, patrimonio y condición socioeconómica.

Los hogares con subsidios: recibirán una bonificación sobre el valor de la energía, mientras que los otros abonarán el costo pleno del servicio.

Este nuevo esquema será sometido a una consulta pública con el fin de “poner en conocimiento de todos los interesados los antecedentes pertinentes y el análisis realizado por la Autoridad de Aplicación, de manera de asegurar la participación ciudadana previa a su aprobación”.

Mediante la Resolución 484/2025 publicada en el Boletín Oficial se informó que aquellas personas que estén interesadas en presentar sugerencias, observaciones y/o comentarios dispondrán de un plazo máximo de 15 días hábiles administrativos.

La secretaría que dirige María Tettamanti detalla que la ayuda estará focalizada en hogares con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalente a 3.641.397 pesos.

En cuanto a las personas que ya se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deberán hacerlo nuevamente: su información será migrada automáticamente, con posibilidad de actualización mediante declaración jurada.

Con este nuevo esquema, se incorporan 3.364.065 de usuarios que provienen del Programa Hogar, y pasarán a recibir el subsidio “bajo reglas más claras y homogéneas”, manteniendo la protección del Estado y ganando previsibilidad sobre el impacto del consumo en su factura.

Para los usuarios de gas propano indiluido por redes y de garrafas de GLP de diez kilos deberán esperar hasta enero para inscribirse al formulario. El mismo se encuentra disponible en el sitio www.argentina.gob.ar/subsidios.

Los hogares que califican para ser subsidiados tendrán una bonificación base del 50 por ciento todo el año, aplicada sobre un bloque de 300 kWh (kilovatio-hora) mensuales en los meses de mayor demanda, y de 150 kWh en los meses templados.

En gas por redes, el 50 por ciento de subsidio se concentrará solamente entre abril y septiembre, que son los meses de mayor consumo, mientras que en los meses de bajo consumo no habrá subsidio.

Los volúmenes de consumo subsidiado de gas natural se mantienen, ya que los bloques base vigentes contemplan las necesidades estacionales de cada región. NA

En la comparación interanual, el gasto para esta canasta de servicios públicos fue 30 por ciento superior al de igual mes de 2024 y en lo que va de 2025 subió 23 por ciento.

En tanto, desde diciembre de 2023, según datos de Reporte de Tarifas y Subsidios número 32, elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-Conicet).

El aumento mensual del 1,8 por ciento en la canasta es el resultado de incrementos en todos los cuadros tarifarios y del aumento en las cantidades consumidas de energía eléctrica.

En gas, el cargo fijo aumentó 3,5 por ciento y el cargo variable 4 por ciento en promedio.

Para la energía eléctrica, los cuadros tarifarios mostraron un incremento del 3,6 por ciento en el cargo fijo y 3,8 en el cargo variable.

En el rubro transporte, el costo promedio ponderado del boleto de colectivos aumentó 6,6 por ciento en noviembre.

Estos cambios se dieron en conjunto con un aumento en el consumo de energía eléctrica y una baja en las cantidades demandadas de gas.

La reducción de subsidios para estos servicios fue de 44 por ciento. Se explica por recorte real en transporte de 20 puntos y en energía de 44.

Los hogares del AMBA pagan tarifas que, en promedio, cubren el 52 por ciento de los costos, mientras que el Estado se hace cargo del 48 restante. NA

El Gobierno nacional propuso en el Presupuesto 2026 eliminar la ampliación del régimen de Zona Fría para el cálculo de la tarifa del gas que beneficia a diversos distritos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Tandil, y a otras regiones del país.

Así se desprende del artículo 72° del proyecto de Presupuesto enviado por Javier Milei al Congreso, que en una sola línea dice: “Deróganse los artículos 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley Nº 27.637”.

Ese artículo en particular, elimina gran parte del Programa de Zonas Frías, que se aprobó por ley en 2021. Esto significa que más unos 3,1 millones de hogares en todo el país dejarían de recibir un descuento del 30% o 50% en su tarifa de gas.

De esta manera, se volvería a un esquema similar al original creado en 2002 mediante la ley 25.565, que incluye a 850.000 hogares de la Patagonia, la Puna y Malargüe, es decir eliminando casi todas las ciudades de la provincia que habían quedado comprendidas, unos 77 distritos en total. Allí, pasarían a pagar más por el fluído.

Los descuentos del 30% son aplicados a los usuarios con Tarifa Residencial (de gas natural) y todos los usuarios de Gas Licuado de Petróleo por redes (GLP) de las localidades incluidas para ambos casos. Mientras que los descuentos del 50% son aplicados a los usuarios inscriptos en el ANSES como beneficiarios de Tarifa Social y otros usuarios elegibles por su condición social por la autoridad de aplicación en las localidades incluidas.

En mayo de este año, el Gobierno nacional actualizó los criterios para acceder a los cuadros tarifarios diferenciales del gas natural por red dentro del Régimen de Zona Fría Ampliada (Ley 27.637).

La ley de Zona Fría Ampliada es una extensión del régimen original creado en 2002 para asistir a provincias con climas extremos, como las del sur argentino, donde el consumo de gas es alto y esencial.

En 2021 el Gobierno de Alberto Fernández amplió el alcance del régimen a zonas clasificadas como cálidas y templadas-cálidas -según la norma IRAM 11603:2012- incluyendo gran parte del territorio bonaerense, Rosario, Córdoba y San Luis, entre otros. En esta expansión del alcance, Tandil fue incluída como una de las localidades beneficiadas.

Sin embargo, el Gobierno de Milei siempre tuvo la intención de volver a limitar la Zona Fría a las provincias patagónicas. De hecho, lo propuso en la Ley Bases, pero el artículo en cuestión no pasó el filtro del Senado y los beneficios se mantuvieron.

En mayo pasado, el Gobierno decidió, a través de una resolución, que los usuarios que contaban con más de un medidor o suministro a su nombre y podían acceder al beneficio del 50% en todos ellos comenzaran a gozarlo en uno solo, mientras que en los restantes les concedió un 30%.

Desde el 1 de septiembre entran en vigencia una serie de nuevos aumentos en las tarifas del gas y luz en todo el país, que son el resultado de las actualizaciones oficiales dispuestas por los organismos reguladores y la Secretaría de Energía.

Estas subas afectan a los usuarios de todas las categorías, incluyendo residenciales y comerciales, siguiendo los lineamientos de las revisiones tarifarias y el esquema de ajustes mensuales implementado para ambos servicios. Así lo establecieron el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) en resoluciones publicadas este lunes en el Boletín Oficial.

Para el servicio eléctrico, el aumento final en las facturas será del 2,97% para Edenor y del 2,90% para Edesur respecto de agosto. En ambos casos, el ajuste combina dos componentes: por un lado, una actualización del 2,54% sobre el Costo Propio de Distribución (CPD), determinada según la evolución de los índices de precio mayoristas y minoristas determinados por el Indec. Por otro, el traslado a tarifas de los nuevos precios estacionales de la energía mayorista, fijados por la Secretaría de Energía para septiembre y octubre.

En paralelo, el Gobierno bonaerense publicó en el Boletín Oficial el incremento de tarifas eléctricas mediante la Resolución 861/2025. Este incremento incluye el traslado de precios mayoristas definido por nación a partir de agosto y un ajuste del valor agregado de distribución (VAD), el impacto en factura final será en promedio del 1,5% en la factura final para los usuarios residenciales.

En ese sentido, un usuario residencial N1 (ingresos altos) con un consumo medio pasará de pagar $40.270/mes a pagar $40.900/mes. Mientras que un usuario N2 (ingresos bajos) pagaba $25.700/mes y ahora pagará $26.100/mes. El ajuste se verá reflejado en los consumos del mes de agosto y septiembre e impactará en las facturas que los usuarios recibirán entre septiembre y octubre.

En el caso del gas natural, también rigen desde septiembre nuevos cuadros tarifarios para los usuarios de Metrogas y Naturgy Ban S.A. en sus área de concesión. La actualización contempla un ajuste en los márgenes de distribución y refleja los nuevos precios del gas establecidos por la Secretaría de Energía, calculados en función de los contratos firmados bajo el Plan Gas.Ar.

La medida responde a la revisión quinquenal de tarifas y a la adecuación de precios mayoristas del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST), afectando a los usuarios residenciales, comerciales e industriales de la zona licenciada. A partir de septiembre, los nuevos precios de gas en el PIST se trasladan íntegramente a los usuarios finales, conforme lo publicado y dispuesto en las resoluciones N° 357/2025 y 263/2025 de la Secretaría y del ente regulador.

En lo que respecta al impacto en la provincia de Buenos Aires, la resolución 638 actualiza los cuadros tarifarios de Camuzzi Gas Pampeana. En este caso, tomando como referencia a un usuario residencial R1 nivel 1, la suba es del 3,6% para el cargo fijo y del 1,1% para el cargo variable (el que depende de los metros cúbicos de gas que se consumen por mes).

Cabe recordar que la semana pasada, Economía oficializó un incremento al 6,8% en el recargo que afecta a casi dos tercios de los usuarios de gas natural por redes. Esa medida tiene el fin de financiar los descuentos que reciben quienes habitan en zonas frías del país y que beneficia a unos 77 distritos bonaerenses.

Durante los últimos días, volvió a trascender que el gobierno nacional evalúa eliminar por decreto el Régimen de Zona Fría, que otorga descuentos en la tarifa de gas a ciudades con bajas temperaturas, como el caso de Tandil. El exdiputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, dialogó con El Eco, afirmó que dichos descuentos “no son un privilegio”, y brindó una serie de precisiones sobre la importancia de la normativa vigente.

“Evidentemente los que hacen esas cuentas no viven en zonas frías y piensan que las políticas se arreglan mirando números. Son peores que los burócratas. Son tecnócratas ignorantes. Si con la aplicación de los descuentos el consumo de gas aumentó sólo 7 por ciento en los hogares de Zona Fría, eso significa que las personas no han despilfarrado nada. Un aumento del 7 por ciento se explica porque en el invierno se subió un poquito más la temperatura del calefactor en los horarios en que toda la familia está en la casa. Es un comportamiento lógico, la gente aprovechó el descuento para tener un poquito menos de frío, pero no despilfarró nada”, sostuvo Rodríguez.

Los abogados del Instituto Consenso Federal –que Topo Rodríguez dirige-, preparan el borrador del recurso de amparo que promoverán en el caso de que el gobierno elimine los descuentos. “Si lo intentan, los vamos a frenar con la ley en la mano”, indicó.

Tandil –que cada invierno suele ocupar más de una vez lugares destacados en el podio de las ciudades con temperaturas más bajas del país-, fue incorporada en el Régimen de Zona Fría en el año 2021 con la aprobación de la Ley 27.637. Por su parte la Ley Bases de 2024 –explicó Topo Rodríguez-, a través de su artículo quinto prohíbe al gobierno nacional disolver, eliminar o ejecutar cualquier cambio que altere la finalidad del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.

Sin embargo en los últimos días trascendió otra vez –ya había sucedido en ocasiones anteriores-, la intención del gobierno central de ponerle fin al Régimen. Fue a raíz de un artículo publicado en el portal especializado Econojournal, en el cual se señalaba que el objetivo del Ministerio de Economía sería el ahorro de 300 millones de dólares.

En comunicación con El Eco de Tandil, Topo Rodríguez desmintió algunas de las afirmaciones arrojadas en el mencionado portal, y aseguró además que terminar Zona Fría por decreto sería “ilegal” y “un ignorante atropello”. Además, en referencia al posible decreto que trascendió a través del artículo periodístico, sostuvo que “lo llamativo es que los funcionarios de este gobierno se esconden, y en lugar de manejarse con trascendidos, tendrían que dar la cara, hablar y explicar. Deben creer que son empleados de una empresa. Pero son funcionarios públicos y tienen la obligación de rendir cuentas”.

Rodríguez –director del Instituto Consenso Federal-planteó en primer término que los descuentos del Régimen no suponen un privilegio. En base a estudios técnicos especializados, explicó que en zonas “no frías” se consumen en promedio 542 metros cúbicos de gas al año, de los cuales el 33 por ciento se destina a calefacción.

“En cambio, en una vivienda ubicada en zona fría se consumen en promedio unos 1052 metros cúbicos de gas al año. Eso es un 94 por ciento más. Pero además, el 48 por ciento de ese gas se usa para calefacción del hogar. Está claro que la ley de descuentos no implica ningún privilegio”, consideró.

El artículo de Econojournal estimaba que el gobierno desembolsaría unos 300 millones de dólares durante el 2025 para financiar el Régimen. Al respecto, Topo Rodríguez aseguró que dicha información “es falsa”, ya que “en 2024, el Tesoro no aportó ni la sexta parte de lo que se afirma. Para 2025 no se prevé un financiamiento del Tesoro de unos 300 millones de dólares, sino de un monto significativamente menor”.

Rodríguez agregó además que “asociado a los aportes presupuestarios, el gobierno debe explicar por qué motivo el Fondo Fiduciario para descuentos de tarifas de gas registró déficit en el cuarto trimestre de 2024, siendo que en todos los trimestres anteriores -después de la ampliación de la cantidad de usuarios con subsidio, en 2021- fue superavitario”.

Al respecto, indicó que a partir de la ampliación de la cantidad de beneficiarios del Régimen, el fondo de financiamiento tuvo 13 meses consecutivos de superávit, hasta que registró déficit en el último trimestre de 2024. “Corresponde que el gobierno informe los motivos del déficit del cuarto trimestre de 2024 y explique por qué ahora se niega a difundir la información sobre la ejecución presupuestaria del Fondo para el primer trimestre de 2025”, planteó.

Entre otros aspectos, el artículo de Econojournal hacía mención a que a partir de la ampliación del Régimen, el consumo de gas por hogares registró un aumento del 7 por ciento en las regiones incorporadas. Rodríguez consideró a dicha suba como un “comportamiento lógico” y lanzó que “evidentemente los que hacen esas cuentas no viven en zonas frías y piensan que las políticas se arreglan mirando números”.

El director del Instituto Consenso Federal concluyó expresando que “en vez de sembrar terror, los abogados de Milei y Toto Caputo deberían aceptar un diálogo que se haga público. Que vengan a cualquier ciudad de zona fría en la Provincia de Buenos Aires para hablar del tema. Los vamos a tratar con respeto y los vamos a escuchar, pero también tendrán que escucharnos”.

Luego de más de tres meses sin definiciones, y en medio de una crisis que derivó en recortes en el servicio nocturno y ampliación de frecuencias, el intendente Miguel Lunghi firmó un decreto que actualiza la tarifa del transporte público en Tandil.

La medida, que aún debe pasar por el Concejo Deliberante, fue bien recibida por el presidente de la Cámara de Transporte Daniel Albanese, que afirmó que “el artículo tercero nos da 24 horas, con lo cual mañana (por hoy) ya va a estar normalizado el servicio totalmente, tanto para los días de semana como para los fines de semana”.

La decisión llegó después de más de 13 reuniones sin acuerdos en la Comisión de Transporte. “Es lógico que tenga que tomar una decisión en defensa de los 55 mil usuarios del transporte público sin medir si va a pagar costos políticos o no; esto es lo que tiene que hacer un dirigente y lo que entendemos que hizo el Intendente para ordenarle la vida a la gente”, valoró Albanese en diálogo con el programa Último Bondi (104.1 FM Tandil, EcoTV y El Eco Streaming).

Luego, insistió con el planteo en torno a la necesidad de priorizar a los usuarios por encima de las disputas políticas y agregó que “tenemos que poner buena voluntad para que esto se resuelva. Después veremos cómo vamos manejando nuestra economía, pero si nosotros continuamos en esta tesitura, vamos a dinamitar cualquier tipo de arreglo”, advirtió.

“La insensibilidad tiene un límite”

El dirigente confirmó que recibió la notificación en el transcurso de la tarde y valoró que “alguien que tiene responsabilidad de gestión como es el intendente entendió lo que está pasando con la indefinición del Concejo Deliberante que está apostando cuanto peor mejor”.

Si bien reconoció que el trámite debería pasar por el Concejo para su ratificación, consideró que “la insensibilidad tiene un límite”.

En medio de las restricciones en el servicio que la entidad impuso para evitar el “colapso” del sistema, hizo referencia a los pedidos que recibió para la normalización del servicio por parte de instituciones afectadas.

De todos modos, apuntó nuevamente contra los concejales al considerar que “las cuestiones políticas y electoralistas tienen que dejarse lado”, por lo que apostó por una votación en positivo del decreto que fija los nuevos valores en los términos que presentó el Ejecutivo.

Por otro lado, rechazó que la decisión de recortar el servicio nocturno y ampliar las frecuencias los fines de semana y feriados haya sido para afectar a los usuarios y cambió la óptica al expresar que “lo hicimos en su defensa” ya que “si no ajustábamos estos horarios ya hubiera colapsado el sistema de transporte”.

Entonces, argumentó que “tres meses y 13 reuniones” de la Comisión de Transporte fueron “más que suficientes para que se acuerden cuestiones mínimas en favor de la gente”.

“Nos vimos en la obligación de resguardar los pocos recursos que nos quedaban para que el servicio no se interrumpiera totalmente”, ratificó y mencionó también la postergación del pago de una suma no remunerativa a los choferes.

Sobre el final de la entrevista radial, el presidente de la Cámara de Transporte aseguró que el planteo “se dilató demasiado” ya que la presentación del pedido de prórroga de la ordenanza 18.619 que fijó aumentos bimestrales por IPC fue el 10 de marzo.

“Pasaron más de tres meses y no hay una sola definición del Concejo Deliberante. Es incomprensible”, cuestionó e insistió con el análisis en torno a los posicionamientos de los distintos bloques que demoraron el tratamiento del asunto. “Creo que trataban de obtener algún tipo de ventaja posicionándose para el 7 de septiembre”, sentenció.

El Gobierno nacional implementó un nuevo procedimiento para definir segmentación de subsidios, por el cual se podrá consultar en qué categoría está ubicado el usuario y pedir su redeterminación.  

Lo hizo a través de la Resolución 218/2025 de la Secretaría de Energía publicada ayer en el Boletín Oficial.  

La norma instruye a la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético para que desarrolle y ponga a disposición de los usuarios una herramienta que permita consultar en forma personalizada su nivel de segmentación en cualquier momento y lugar.  

Asimismo, se implementará un procedimiento de solicitud de revisión de la categoría a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD).  

Para quienes no cuenten con acceso digital o necesiten asistencia, se mantendrán canales presenciales en las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para la carga de la solicitud.  

La decisión se toma en el contexto de la emergencia del Sector Energético Nacional declarada hasta el 9 de julio de 2025 y la emergencia pública, tarifaria y social vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.  

Estas emergencias facultaron a la Secretaría a redeterminar la estructura de subsidios y definir mecanismos para su asignación y percepción, asegurando el acceso al consumo básico y esencial.  Además, se extiende hasta el 31 de mayo de 2025 el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados.  

Uno de los puntos centrales de la resolución es la aprobación de lineamientos para el análisis y la evaluación de las solicitudes de revisión del nivel de subsidio asignado en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), que se harán con el nuevo mecanismo descripto.  

El Gobierno entiende que "se ha constatado que existen usuarios categorizados como de Bajos Ingresos (Nivel 2) cuyos medidores corresponden a zonas o propiedades (como clubes de campo con altas expensas) que manifiestan un alto poder adquisitivo".  

En consecuencia, se faculta a la Subsecretaría a establecer indicadores de exteriorización patrimonial del nivel de ingresos.  

Se continuará y profundizará el cruce de información entre los ingresos declarados y los registrados en bases de datos nacionales y provinciales, como el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) y Anses, para verificar el cumplimiento de los criterios de inclusión y detectar posibles ingresos no declarados o activos que demuestren capacidad contributiva incompatible con la recepción del subsidio.  

Estas acciones se realizarán respetando la normativa de protección de datos personales.  

Es relevante aclarar que los usuarios que ya se hayan inscripto en el RASE no tendrán necesidad de volver a hacerlo, a menos que deseen actualizar la información de su grupo conviviente.  

La resolución advierte que si se verifica que la declaración jurada presentada por un usuario contiene información manifiestamente falsa o que se accedió al beneficio de forma fraudulenta, además de la exclusión del subsidio, se podrá ordenar la refacturación de todos los importes que fueron incorrectamente bonificados en las facturas de servicios, con los intereses moratorios y punitorios correspondientes, sin perjuicio de otras posibles acciones y sanciones. (NA).