El Municipio logró que representantes de Nación accedan a recibir a funcionarios locales y entregar un pedido para desafectar del Renabap el lote de calle Piccirilli al 1000 de  La Movediza. El macizo fue ocupado en febrero de 2022, y a la fecha viven alrededor de 200 familias. La Justicia, cabe recordar, archivó la causa penal por usurpación y ratificó que el lugar es un barrio popular.

El Eco consultó a referentes de los principales espacios políticos locales –Juan Salceda, de la UCR; Rogelio Iparraguirre, de Fuerza Patria; Gonzalo Santamarina, de Acción Tandilense / La Libertad Avanza; y Marcos Nicolini de Alternativa Tandil/Hechos- para conocer su mirada al respecto de la solicitud y a la continuidad del caso.

Con matices y observaciones, hubo coincidencia en marcar la necesidad de abordar la situación, y de parte de la oposición críticas a la celeridad de la iniciativa municipal para elevar el pedido a Nación. Desde Fuerza Patria plantearon a su vez la posibilidad de que se avance en una solución conjunta en pos de la “reparación de los derechos patrimoniales” de quien fuera propietario del lote, mientras que desde Hechos indicaron que “no se pueden tolerar tomas como mecanismo de generación de suelo urbano, ya que así se arruinaron varias ciudades, como Mar del Plata”.

Más allá del canal de diálogo abierto con Nación –desde la Comuna suelen transmitir la dificultad para dar con la respuesta de funcionarios en temas como infraestructura urbana, Ruta 226 y otros-, en el caso de que la desafectación se concrete, resta ver la posible continuidad de la causa penal, ya que la misma fue archivada.

Quien fuera propietario del lote ocupado y luego incluido en el Renabap continúa vía administrativa el reclamo por expropiación inversa, sin confianza en anuncios políticos o en que la Justicia pueda llegar a revertir lo dictaminado a la fecha.

Cabe recordar, habían transcurrido casi 10 meses del inicio de la ocupación cuando el gobierno nacional de Alberto Fernández, a días de finalizar la gestión, incorporó el lote al Registro Nacional de Barrios Populares. La medida fue ratificada luego por el gobierno de Javier Milei, vía el secretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja. Con la intervención de Provincia se había avanzado en la posibilidad de generar un acuerdo urbanístico –con el aval de las partes-, pero el Municipio se retiró de la mesa de negociación.

Tras idas y vueltas, en julio de 2025 la Justicia archivó la causa y dictaminó que a partir de la inclusión del lote en el mencionado Registro, no existió delito de usurpación. Los vecinos del lugar comenzaron entonces a manifestar públicamente la necesidad de avanzar con la integración socio urbana del barrio, que no cuenta con acceso a los servicios básicos.

Jefe del bloque de la UCR y referente principal del oficialismo en el Concejo Deliberante, el concejal Juan Salceda se manifestó en sintonía con lo planteado por el Municipio tras anunciar la presentación del pedido a Nación: no convalidar ni el mecanismo de la ocupación, ni la inclusión en el Renabap.

“Nosotros como gobierno, y con las responsabilidades que tenemos no convalidamos la toma. Nunca lo hicimos desde un principio y lo seguimos sosteniendo. Primero porque no convalidamos un mecanismo ilegal que vulnera los derechos de todos, de una ciudad y de una comunidad que no quiere siquiera resignarse a este antecedente lamentable”, sostuvo Salceda.

“No convalidamos desde el inicio la inclusión en el Renabap de una parcela con un dueño conocido y presente. Es una inclusión forzada y contra toda normativa que es una responsabilidad conjunta primero del gobierno de Alberto Fernández y luego convalidada por La Libertad Avanza, por Sebastián Pareja y el gobierno de Javier Milei”, sumó el concejal, quien concluyó marcando que “no creemos que este mecanismo sea la forma correcta de hacerse de un terreno en Tandil”.

El jefe del bloque de Fuerza Patria, Rogelio Iparraguirre, señaló en primer término la necesidad de que la premisa del debate sea la reparación de los derechos patrimoniales afectados, el “derecho a la propiedad del dueño”.

Manifestó que de acuerdo a su mirada estuvo mal la inclusión del lote en el Renabap, pero que más allá de las posiciones partidarias, la dirigencia política debía demostrar la capacidad para construir una salida en conjunto.

“Si vamos a hacer algo, hagámoslo todos juntos, porque si no es difícil creer que por las partes se obtenga éxito, y que de verdad haya un espíritu de resolver el problema y no una intención de construir alguna especie de ventaja o fortaleza política electoral”, sostuvo.

Consideró que cada uno de los principales espacios políticos cuenta con parte de razón: el sector libertario cuando marca la inclusión “a las apuradas y mal” del lote en el Renabap durante el gobierno de Alberto Fernández, pero también Fuerza Patria cuando señala que durante el primer año la ocupación pasó de 20 familias a 200 “frente a las narices del Municipio”, y la propia Comuna cuando hace referencia a que la gestión de Milei convalidó la inclusión en el Registro.

“Si nos quedamos cada uno contentos, aunque tengamos parte de razón, flaco favor le estamos haciendo a la posibilidad de resolver o abordar el problema”, concluyó.

Consultado sobre el pedido del Municipio, Marcos Nicolini, de Alternativa Tandil / Hechos, se manifestó a favor del mismo pero marcó también que el gobierno local “se quedó un poco en el tiempo para hacerlo, pero está bien que se haga, que se intente”.

Recordó que en 2024 su bloque presentó un proyecto que luego se trabajó en Comisión de Interpretación y finalmente obtuvo dictamen conjunto, a partir del cual el Concejo hizo una solicitud para que Nación revise la incorporación del lote al Renabap.

A su vez –contextualizando a partir de manifestaciones públicas anteriores en el mismo sentido-, el concejal sostuvo que “hay que estar de acuerdo en que hay que sacarlo. Porque no se pueden tolerar tomas de ninguna naturaleza como mecanismo de generación de suelo urbano. Así se arruinaron varias ciudades, como Mar del Plata”, sentenció.

El referente de Alternativa Tandil se refirió además a que la continuidad de la solicitud tendrá que ver también con el recorrido que pueda tener en la Justicia, ya que el desalojo fue suspendido por ser el loteo parte del Renabap, y la posible intención del propietario al respecto.

“El Municipio llega tarde”

“Lo que está haciendo el gobierno municipal lo planteamos nosotros en varias entrevistas ya hace tiempo, que era usar la presencia de focos marcados de delincuencia, venta de drogas con participación de extranjeros en la toma para evaluar la activación del protocolo de deportación que está empezando a implementar acertadamente el Ministerio de Seguridad de la Nación”, expresó Gonzalo Santamarina.

El referente de Acción Tandilense / La Libertad Avanza hizo mención a que mantuvieron encuentros con funcionarios judiciales para “confirmar la presencia delictiva en la toma”, y marcó –en sintonía con lo planteado desde la Comuna en el mismo sentido – que “es un camino que puede aportar”.

Sin embargo, consideró que “si esta voluntad política la hubiese tenido el Municipio en las primeras horas de la toma en febrero de 2023, otra hubiese sido la historia. Lamentablemente el Municipio llega tarde. Pero vemos con buenos ojos que se busquen mecanismos para limpiar la toma de delincuencia y después evaluar cómo seguir, porque la causa de desalojo fue archivada y el titular del predio pidió ser indemnizado”.

Concluyó marcando que “a pesar de haber sostenido siempre esta idea, luego lamentablemente sucedió lo que temíamos. Un territorio que traumatiza a los vecinos del barrio, con gente que no conocen, que no son del barrio, donde se producen día a día hechos de inseguridad y de violencia. No podemos  legitimar este mecanismo ni este antecedente en Tandil si queremos cuidar a nuestros vecinos y si queremos cuidar la ciudad que entre todos construimos”.

El conflicto por los presuntos loteos clandestinos en la zona de La Elena sumó en las últimas horas una definición oficial del Municipio de Tandil, que confirmó que la denominada Manzana 215 R no cuenta con subdivisiones autorizadas ni con proyectos aprobados o en trámite, al tiempo que reiteró que cualquier intento de comercialización de parcelas en ese sector carece de validez legal.

La situación cobró especial notoriedad luego del episodio de violencia ocurrido meses atrás, cuando un vecino denunció haber sido agredido tras preguntar por la legalidad de las intervenciones en el predio. El hecho generó un fuerte repudio y reavivó el debate sobre la necesidad de profundizar los controles sobre posibles urbanizaciones ilegales en sectores ambientalmente sensibles.

En ese contexto, y tras las denuncias formuladas por vecinos del barrio La Elena y organizaciones ambientalistas, el gobierno comunal dio a conocer un comunicado en el que precisó que distintas áreas técnicas realizaron actuaciones para determinar la situación dominial y urbanística del predio involucrado.

De acuerdo a los informes elaborados por las dependencias competentes, la Manzana 215 R se encuentra dentro de una zona alcanzada por las restricciones establecidas en el Plan de Desarrollo Territorial y por la Ley Provincial de Paisaje Protegido, normativa que limita severamente la posibilidad de subdividir tierras con fines residenciales.

Desde el Municipio recordaron que para ese sector la legislación vigente exige una superficie mínima de 10 hectáreas para la creación de nuevas parcelas, lo que imposibilita la generación de lotes de menores dimensiones como los que, según trascendió, se estarían ofreciendo de manera informal.

Por ese motivo, remarcaron que cualquier oferta de lotes individuales en esa área no tiene sustento legal y podría derivar en perjuicios económicos para quienes decidan avanzar en operaciones sin verificar previamente su situación administrativa.

La Comuna fue enfática al señalar que no ha autorizado ni autorizará loteos que contradigan las restricciones ambientales previstas para las zonas protegidas del partido, ratificando así la vigencia de las herramientas normativas destinadas a preservar el sistema serrano.

La advertencia se dio en paralelo a los cuestionamientos formulados por la Asamblea por la Preservación de las Sierras, que en un comunicado público denunció la existencia de loteos irregulares y sostuvo que el episodio de violencia registrado en el lugar puso en evidencia la gravedad del conflicto y la necesidad de una intervención firme del Estado.

En ese marco, el Municipio recomendó a los vecinos extremar las precauciones antes de concretar cualquier operación inmobiliaria en la zona y consultar la situación parcelaria y urbanística ante las áreas correspondientes, con el objetivo de evitar estafas o inversiones en terrenos que no pueden subdividirse legalmente.

Para ello, los interesados pueden comunicarse con la Dirección de Catastro Municipal y con el área de Ordenamiento Territorial a través de los correos electrónicos consultacatastro@gmail.com y catastro@tandil.gov.ar.

Además, se informó que continuarán las tareas de control e inspección para detectar movimientos de suelo, aperturas de calles y construcciones no autorizadas, y que en caso de constatar irregularidades se dará intervención a las áreas competentes para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Finalmente, el gobierno local indicó que la situación ya fue puesta en conocimiento de la Usina Popular y Municipal de Tandil y de los colegios profesionales de Agrimensores, Ingenieros y Arquitectos, con el propósito de articular acciones preventivas y evitar que se repitan este tipo de maniobras en zonas protegidas.

La polémica en torno a La Elena volvió a colocar en el centro del debate el delicado equilibrio entre el desarrollo urbano y la preservación del paisaje serrano, una discusión que desde hace años atraviesa a Tandil y que, a partir de este episodio, recobró fuerza con nuevas demandas de control, transparencia y protección ambiental.

Dos mujeres fueron aprehendidas este jueves por la mañana en el marco de un procedimiento por tentativa de usurpación, tras un llamado al sistema de emergencias 101 que alertó sobre movimientos sospechosos en un predio de la ciudad.

Según se informó, personal del Comando de Patrullas de Tandil se hizo presente en un terreno ubicado en Figueroa al 2400, donde constató que dos femeninas mayores de edad habrían cortado el alambrado perimetral e ingresado sin autorización, con aparentes intenciones de tomar posesión del lugar.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión de ambas mujeres en el lugar del hecho, quedando a disposición de la Justicia.

Tomó intervención la UFI N° 3 de Tandil, desde donde se dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de Tentativa de Usurpación y que las imputadas permanecieran alojadas en sede policial mientras se cumplimentaban las diligencias de rigor.

Las actuaciones quedaron sujetas a la continuidad del proceso judicial.

En un operativo con efectivos policiales, la Usina volvió a cortar las conexiones irregulares en el barrio popular La Movediza 1, conocido como “la toma”. El Eco de Tandil estuvo en el lugar, donde un reducido grupo de vecinos se acercó a los agentes y autoridades para manifestar su descontento con la intervención. Si bien hubo un momento de breve tensión, la misma no escaló y la situación fue contenida por los agentes de la Policía.

Por su parte el presidente del directorio de la Usina, Oscar Teruggi, manifestó que, tras la resolución de incluir al lote en el Registro Nacional de Barrios Populares, es el gobierno nacional el que debe hacer cumplir la ley, habilitar los pasos para lotear el macizo y así generar las condiciones para que la zona pueda contar con servicio formal.

“Nación es quien tiene que resolver el problema. El gobierno de La Libertad Avanza es quien tiene que resolver el problema. Porque además, una de las cuestiones que hemos escuchado fuertemente es el resguardo a la propiedad privada. Bueno, tienen que resolver qué van a hacer con esa propiedad privada, que es del señor Moauro”, planteó Teruggi.

El presidente del directorio señaló además que el propio Oceba consideró que no están dadas las condiciones para dotar de servicio a la barriada, y que el Municipio pidió al ente regulador que convoque a Nación a las reuniones en las que se aborda el tema. Además, calculó que la empresa municipal destina unos 2 millones de pesos mensuales en términos de gasto que producen las conexiones clandestinas en el lugar.

El operativo partió  alrededor de las 9 del Espacio Nido de La Movediza. Además de operarios de la Usina se hicieron presentes autoridades, junto a un grupo de efectivos policiales. Los cortes comenzaron por los postes de la esquina de calle Misiones y Navarro, y luego continuaron por Piccirilli. En el último tramo, un grupo de vecinos se acercó y manifestó a los operarios su intención de conectarse legalmente al servicio. La policía debió intervenir para calmar los ánimos en el lugar.

-Hubo un nuevo operativo de corte de las conexiones clandestinas en La Movediza 1, lo que se conoce como “la toma”. ¿Cuál es la postura de la Usina con respecto a este tema?

-Oscar Teruggi: La postura de la Usina es la de siempre, la que hemos manifestado inclusive en reuniones que hemos tenido con el ente regulador Oceba. No estamos habilitados ni jurídica ni administrativamente para dar servicio reglamentariamente.

De hecho, hemos recibido una nota recientemente donde el Oceba reconoce que no están dadas las condiciones para dar el servicio. De cualquier manera, nosotros tenemos poca injerencia en lo que tiene que ver con la toma. No depende nosotros el perfeccionar todos los instrumentos que son necesarios y de acuerdo a lo que marca la ley, que es lotear ese macizo de tierra, identificarlo catastralmente como corresponde. En esa circunstancia nosotros estamos obligados a dar luz. No es que depende de nosotros dar luz o no.

Ese es un macizo para nosotros y reglamentariamente, si es un macizo, tiene que tener un servicio eléctrico normal y lo tiene. Después, la resolución de indemnizar al dueño por las tierras, lo tiene que hacer Nación y luego eso pasar a Provincia para que se lotee. Es un tema que le excede absolutamente a la Usina.

-¿Qué tiene que pasar para que esas familias tengan luz?

-Nosotros, si están dadas las condiciones, no tenemos manera de no dar luz. Aparte, estamos perdiendo todos los meses un montón de plata en relación a la energía que se consume producto de la de las conexiones clandestinas. No se recupera, o sea que nosotros somos los más interesados en poder dar luz, lo que sí tienen que estar dadas las condiciones para poder hacerlo.

-Que son estas que menciona…

-Lo que marca la ley, y creo que se debe cumplir la ley. Lo que pasa es que se han tomado muchas decisiones y no se ha avanzado con el proceso. En una reunión que tuvimos en la que el Oceba convocó a la Usina y convocó también al Municipio, claramente el Municipio le pidió a Oceba que interceda y que sume a Nación.

Porque Nación es quien tiene que resolver el problema. El gobierno de La Libertad Avanza es quien tiene que resolver el problema. Porque además, una de las cuestiones que hemos escuchado fuertemente es el resguardo a la propiedad privada. Bueno, tienen que resolver qué van a hacer con esa propiedad privada que es del señor Moauro.

-La Justica archivó la causa…

-Hay que perfeccionar todos los instrumentos para que eso se lotee. Después, cada uno tendrá las responsabilidades del caso en todo el proceso, pero nosotros no somos quienes tenemos que dar el primer paso.

-Las conexiones irregulares producen además un deterioro en la red de la Usina…

-Y todas las conexiones clandestinas producen una irregularidad en la línea de los usuarios reconocidos, que tienen la conexión legal. Todas estas conexiones clandestinas producen una irregularidad en el sistema eléctrico, y además todo lo que se está dañando en nuestra infraestructura, porque cada colgada también produce un problema en los materiales.

Entonces, no tenemos otra chance que ir y desconectar. Y además que lo hemos advertido desde el primer día, los riesgos que tiene para las personas, para los chicos, para la gente que vive ahí y para los vecinos también.

Es lo que tenemos que ir a hacer. Por supuesto que produce incomodidades, lo entiendo, entiendo a la gente, pero también entiendan que la Usina tiene que cumplir un rol y que no es el principal actor para que ellos puedan resolver el problema.

-Mencionó que la conexión irregular en el lote genera un gasto mensual para la Usina. ¿Cuál es el monto aproximado?

-No lo tengo ahora, pero hace unos meses eran alrededor de 2 millones de pesos mensuales.

Juan Bautista Arias amplió su declaración testimonial ante la Unidad Funcional de Instrucción 16 y brindó detalles sobre las amenazas y los golpes recibidos durante un conflicto vecinal por un loteo. El hombre, que sufrió una fractura de pómulo, manifestó sentir un profundo temor por su integridad y la de su familia tras el violento episodio ocurrido en el barrio La Elena.

Ayer, Juan Bautista Arias se presentó en la sede de fiscalía, a cargo del fiscal José Marcos Eguzquiza, para brindar nuevos detalles sobre el ataque que padeció semanas atrás. Ante la auxiliar letrada María Cecilia Rimoli, el denunciante ratificó y extendió lo expuesto anteriormente en una declaración realizada mientras permanecía internado. El hecho investigado ocurrió el viernes 23 de enero, alrededor de las 14, en las inmediaciones de la calle Chimango, donde Arias fue víctima de una agresión física que le dejó graves secuelas.

Según consta en el expediente judicial al que tuvo acceso El Eco de Tandil, el conflicto se originó cuando Arias se acercó a un lote lindero a su vivienda para dialogar con quienes realizaban tareas de movimiento de suelo. El vecino pretendía manifestar su preocupación por el curso del agua, ya que consideraba que los trabajos en la esquina podrían afectar el desagote natural del terreno. En ese lugar, se entrevistó con Emilio Ferreyro, quien se presentó como uno de los dueños, y posteriormente con Juan Ignacio Corica Gutiérrez.

Lo que inició como un reclamo vecinal derivó rápidamente en una situación de extrema violencia. Arias relató que Corica Gutiérrez reaccionó de manera agresiva, tomándolo del brazo y empujándolo hacia la calle mientras le gritaba: "Flaco, ¿quién te crees que sos? Te vamos a matar". En pocos segundos, el denunciante se encontró rodeado por un grupo de entre seis y siete personas que se sumaron a las amenazas, generándole una situación de total vulnerabilidad en la vía pública.

En su declaración, el vecino profundizó sobre la mecánica del ataque y destacó que en todo momento intentó mantener la calma para evitar que la situación escalara. Sin embargo, el hostigamiento no cesó. Incluso una vecina, intervino para intentar frenar la violencia, pero fue recibida con insultos y amenazas por parte del grupo de trabajadores. "No vas a pasear a tus perros en tu vida", le habrían advertido a la mujer, según el testimonio de Arias.

La agresión física más grave se produjo momentos después, cuando Ferreyro, tras sujetar a Arias de la remera, le aplicó un fuerte golpe de puño en el pómulo. El impacto hizo que ambos perdieran el equilibrio y cayeran al suelo. Fue en ese instante donde la violencia se intensificó: el denunciante relató que, mientras estaba caído, el agresor le propinó varios cabezazos en el rostro y golpes de puño en las costillas, causándole una fractura y hematomas internos.

Arias explicó ante la funcionaria judicial que decidió no defenderse activamente para evitar que el resto de las personas presentes, que observaban la escena desde atrás, se sumaran a la golpiza. "Estaba seguro que si lo hacía me iban a matar", afirmó con crudeza en su ampliación testimonial. Una vez que el ataque cesó, el agresor regresó a la propiedad, mientras los demás involucrados continuaban amenazándolo con que lo matarían "a palos".

La víctima manifestó que el trauma del episodio persiste, especialmente porque su hija de 11 años presenció el momento en que él intentaba levantarse del suelo tras la agresión. El vecino expresó que siente que su vida corre peligro y solicitó que las medidas legales se amplíen también respecto de Corica Gutiérrez, quien participó activamente de las amenazas iniciales y el hostigamiento. Arias vinculó la violencia recibida con la actividad de una supuesta firma de loteos que opera en la zona con maquinaria pesada y vehículos sin identificación.

En el tramo final de su declaración, el denunciante señaló que la situación en el barrio La Elena se volvió tensa debido a estas obras. Mencionó que antes del ataque había visto circular camiones y maquinaria sin patente, y que incluso vecinos habían tomado fotografías de estas irregularidades. Actualmente, las tareas en la manzana en cuestión se encuentran paralizadas por disposición de la Municipalidad, lo que ha traído un alivio temporal, aunque la incertidumbre sobre la seguridad del vecindario permanece latente.

La causa, caratulada como "Ferreyro, Emilio Raúl s/Lesiones graves", continúa su curso bajo la supervisión de la fiscalía interviniente. Arias, asistido por su abogado Santiago Romay, espera que el proceso judicial avance para garantizar la protección de su familia y que se determinen las responsabilidades de todos los involucrados en la emboscada que sufrió frente a su domicilio.

Según explicó el abogado de la víctima, Santiago Romay, en diálogo con el programa de la radio de El Eco “Ultimo Bondi”, la ampliación de la denuncia fue necesaria para precisar detalles que Arias no pudo aportar en su primer testimonio debido al estado de shock y a la gravedad de sus lesiones iniciales. "Juan estaba todavía internado, muy afectado por la situación. La agresión fue salvaje", recordó el letrado, resaltando que la declaración actual permitió incorporar las amenazas de muerte que recibió tanto el vecino como otra mujer que intentó auxiliarlo.

Uno de los elementos probatorios más contundentes es un video captado por la cámara de seguridad de un vecino. Aunque inicialmente Arias se resistió a difundir las imágenes para proteger a su hija y a su familia del impacto visual, decidió hacerlo público luego de que uno de los apuntados declarara en un medio colega que había actuado en defensa propia.

“El video deja en evidencia que es un ataque a traición. Juan logra montarse sobre esta persona en un momento, pero decide dejarse caer porque ve que los otros sujetos venían hacia él. Tuvo la lucidez de pensar que, si seguía defendiéndose, lo mataban delante de su hija”, relató el abogado. En las imágenes se observa cómo, una vez que Arias está en el suelo y sin posibilidad de defensa, el agresor le propina cabezazos y golpes de puño de forma desmedida.

Para el letrado, el grado de violencia aplicado no se corresponde con una intención de meras lesiones. “Una persona de esa contextura que aplica ese tipo de agresión a alguien en el piso que no se mueve, no busca lastimar. Acá no lo mataron de casualidad”, sentenció Romay, quien adelantó que buscarán que la calificación legal se acerque a la de una tentativa de homicidio.

El parte médico de Arias es preocupante. El vecino sufrió fracturas múltiples en el macizo facial que le han hecho perder la simetría del rostro. “Es un muchacho de pómulos muy marcados y un pómulo se lo borraron a los golpes”, describió gráficamente su abogado. Actualmente, la víctima no puede ingerir alimentos sólidos debido a que tiene la mandíbula inmovilizada y debe esperar a la intervención quirúrgica programada para la semana entrante.

Más allá del daño físico inmediato, la representación legal evalúa el impacto de las secuelas permanentes y el lucro cesante, dado que Arias es un trabajador independiente que no podrá retomar sus tareas por un tiempo prolongado. Por este motivo, además de la vía penal, se iniciará un reclamo civil por daños y perjuicios contra los responsables identificados.

La situación de tensión en La Elena no terminó con la agresión física. Durante la ampliación de la denuncia, Arias manifestó que tanto él como sus vecinos se sienten amedrentados. Al ser una calle con poca salida, el movimiento de vehículos es fácilmente identificable, y han denunciado el paso constante de camionetas a marcha muy lenta frente a la vivienda de la víctima, en una clara actitud de vigilancia y hostigamiento.

Ante este escenario, la Justicia otorgó una orden de restricción de acercamiento para proteger a Juan Arias y a su grupo familiar. El abogado destacó el trato recibido por la instructora judicial y la seriedad con la que el fiscal Marcos Eguzquiza está llevando adelante la investigación.

En paralelo al carril penal, la Municipalidad de Tandil intervino en el conflicto administrativo. Tras constatarse que las obras de relleno y el loteo no cumplían con las normativas vigentes ni poseían las autorizaciones correspondientes, la administración local ordenó el cese inmediato de cualquier actividad en el predio.

Al día de la fecha, las máquinas fueron retiradas y el lugar se encuentra paralizado. Este hecho refuerza la posición de los vecinos, quienes desde un principio sostuvieron que Arias solo estaba intentando advertir sobre una irregularidad que afectaba la seguridad hídrica de toda la zona. La comunidad de La Elena permanece en alerta, esperando que el avance de la causa judicial traiga tranquilidad a un barrio que se vio sacudido por la violencia extrema.

Con asistencia de Inteligencia Artificial.

Personal de la SubDDI Tandil avanzó en el esclarecimiento de un robo ocurrido el 23 de enero en una concesionaria automotriz ubicada en Pasaje Murature 11, tras una investigación que incluyó tareas de campo y el análisis de imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo de Tandil y cámaras de domicilios particulares.

La causa, caratulada como “Robo”, cuenta con la intervención de la UFI N°16 y el Juzgado de Garantías N°2 de Tandil. A partir de las actuaciones realizadas, se logró establecer la autoría de dos hombres, quienes se habrían trasladado hasta el lugar del hecho en una motocicleta blanca tipo enduro, utilizada para perpetrar el ilícito. La información recolectada fue elevada a la Fiscalía interviniente.

Por disposición del Juzgado de Garantías, en la jornada de hoy se llevaron a cabo tres allanamientos en el asentamiento conocido como “La toma”, en el barrio La Movediza, con la participación de efectivos de la SubDDI Tandil, DDI Azul, SubDDI Las Flores, SubDDI Benito Juárez, G.A.D. Tandil y Caballería Tandil. Los procedimientos arrojaron resultado altamente positivo, con el secuestro de diversas motopartes, un cuadro de motocicleta con pedido de secuestro activo por el delito de hurto —rodado utilizado en el hecho investigado— y otros elementos de interés para la causa.

Asimismo, se procedió a la aprehensión de uno de los involucrados, quien al momento de las diligencias opuso resistencia y desobedeció las órdenes del personal policial. Durante su identificación, se constató que el aprehendido posee un pedido de captura activo requerido por autoridades judiciales de la provincia de Misiones. Las actuaciones continúan bajo la órbita judicial correspondiente.

Ante la promoción y difusión pública de desarrollos inmobiliarios en distintos sectores del Partido, el Municipio de Tandil considera necesario alertar y advertir a la población acerca de la prohibición de urbanizar determinadas áreas del territorio alcanzadas por el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y el régimen de Paisaje Protegido vigente, aun cuando existan loteos o subdivisiones de tierras.

El PDT establece con claridad que el cordón serrano del Partido debe ser considerado una unidad de paisaje integral, sujeta a un tratamiento especial de preservación, atento a sus valores geológicos, estético-paisajísticos, hídricos, geomorfológicos, culturales e identitarios. En este sentido, estas zonas no constituyen suelo urbano ni urbanizable, y cualquier intento de consolidación residencial permanente resulta incompatible con la normativa vigente.

Las sierras de Tandil cumplen además un rol ambiental estratégico, al ser cabecera de cuenca de los principales arroyos del Partido. La alteración de su cobertura vegetal y de sus condiciones naturales compromete de manera directa el sistema hídrico, la calidad ambiental y la calidad de vida de toda la comunidad, razón por la cual el PDT prioriza su preservación por sobre cualquier expectativa de urbanización.

El Municipio recuerda que la existencia de un loteo, promoción comercial o subdivisión dominial no habilita ni genera derechos para urbanizar o construir, y que toda iniciativa que pretenda desarrollarse en áreas ambientalmente sensibles se encuentra sujeta a una evaluación estricta, en el marco de la normativa local y provincial.

En particular, la Ley Provincial 11.723 faculta al Estado a exigir estudios de impacto ambiental y a denegar aquellos proyectos que resulten incompatibles con la protección, conservación y restauración de los recursos naturales y del ambiente, obligación que el Municipio de Tandil hará cumplir de manera indeclinable.

Esta comunicación tiene como único objetivo brindar información clara, evitar confusiones y prevenir situaciones de perjuicio para vecinos y potenciales compradores, reafirmando el compromiso del Estado local con la defensa del interés público, el cuidado del ambiente y el cumplimiento estricto del Plan de Desarrollo Territorial.

Las personas que tengan dudas o requieran información sobre las zonas alcanzadas por el PDT y el régimen de Paisaje Protegido pueden realizar consultas al correo electrónico consultacatastro@gmail.com.

El Municipio de Tandil dispuso la paralización inmediata de trabajos no autorizados en un predio del barrio La Elena, tras constatar la apertura de calles y movimientos de suelo que no cuentan con habilitación ni proyectos presentados ante la comuna. La medida se adoptó luego de detectar tareas de apertura de trazas viales en la esquina de Pavón y Chimango, una zona que ha generado inquietud entre los vecinos debido a la actividad irregular observada y a hechos de violencia registrados recientemente en el sector. 

El secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, afirmó que no se trata de un loteo habilitado y que la intervención municipal busca frenar cualquier avance que incumpla la normativa vigente. De acuerdo con las precisiones brindadas por el funcionario, las calles abiertas de manera clandestina no están registradas como obra autorizada ni habilitadas al tránsito, a pesar de que físicamente figuran como cedidas al dominio público. 

Lafosse remarcó que la manzana en cuestión no admite subdivisiones, ya que el uso de suelo permitido en ese sector solo habilita la construcción de una única vivienda por parcela, sin posibilidad de realizar fraccionamientos adicionales. Por este motivo, el municipio advirtió a los posibles interesados en la compra de estos terrenos que cualquier intento de comercialización carece de respaldo legal y no contará con factibilidad para subdividirse.

Uno de los puntos más críticos señalados por las autoridades y los residentes de la zona es el riesgo hídrico que implican estas modificaciones del terreno sin supervisión técnica. El predio se encuentra en un sector sensible que forma parte del sistema de escurrimiento natural del barrio, por lo que alterar el perfil del suelo sin los estudios correspondientes podría agravar problemas de inundaciones y generar consecuencias negativas aguas abajo. 

Tras la notificación formal enviada al propietario del predio para el cese de las tareas, las inspecciones municipales confirmaron que no se registra actividad de maquinaria ni personal en el lugar, aunque se mantendrán controles permanentes para evitar nuevas intervenciones irregulares.

La Usina Popular y Municipal de Tandil SEM informó que ayer, alrededor de las 9, llevó adelante un nuevo procedimiento para detectar y cortar conexiones eléctricas clandestinas en la toma ubicada en el barrio La Movediza.

El operativo se desarrolló en las calles Navarro y Misiones y sobre Piccirilli, entre las alturas 1000 y 1200, donde personal técnico de la empresa intervino para desmontar instalaciones irregulares conectadas de forma directa a la red.

El procedimiento se realizó con el acompañamiento de tres móviles policiales de la comisaría Segunda, además de dos camiones y una camioneta de la empresa distribuidora de energía eléctrica, garantizando las condiciones de seguridad necesarias para trabajar en el lugar.

En la zona se detectaron múltiples conexiones directas, aéreas y subterráneas, muchas de ellas derivando al interior de la toma a través de “zapatillas” eléctricas y tendidos precarios, lo que representa un “grave riesgo” de electrocución e incendios, tanto para quienes manipulan esas conexiones como para los vecinos del sector.

Además, desde la Usina advirtieron que este tipo de “maniobras ilegales” afectan la calidad del servicio y generan un perjuicio económico para el conjunto de los usuarios regulares.

Desde la Usina de Tandil recordaron que estos procedimientos forman parte de una línea de acciones sostenidas que la empresa viene desarrollando en la toma del barrio La Movediza con el objetivo de “reducir el nivel de riesgo eléctrico, preservar la infraestructura de la red y hacer cumplir la normativa vigente en materia de seguridad y uso del servicio eléctrico”.

El Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Humanas elaboró un nuevo informe sobre el estado actual La Movediza 1 (lo que fue la toma en el lote de calle Piccirilli al 1000), en el que se registraron en particular las problemáticas originadas en el barrio por no contar con acceso formal a la energía eléctrica, pero en el que también relevaron la voluntad de las más de 130 familias por regularizar su situación.

“Creemos fundamental que las familias que viven allí sean escuchadas e incorporadas en un espacio participativo, una mesa participativa para discutir particularmente de qué manera se pueden desarrollar en este barrio. Las demandas no son nuestras, sino de las personas que viven en el lugar, y la principal es poder formalizar su situación. Dijeron que no quieren vivir más en la clandestinidad, y eso implica poder tener servicio de energía eléctrica, poder pagar su terreno, y un montón de aspectos vinculados a la regularización dominial, a los cuales tienen voluntad de contribuir”, transmitieron Dana Valente Ezcurra, Jésica Esparza y Paloma Draghi, parte del equipo de Hábitat y Derecho a la Ciudad del Observatorio Social.

El informe se denomina “Situaciones problemáticas a considerar para el acceso a la energía eléctrica en el Barrio Popular La Movediza I – Tandil”, y llevó meses de trabajo, visitas al barrio, relevamientos casa por casa y análisis de datos. Incluyó también talleres participativos no solo con adultos sino también con niños y adolescentes, quienes entre otros aspectos manifestaron que la oscuridad es uno de sus principales temores.

Tras la ocupación del lote de calle Piccirilli al 1000 en febrero de 2023, comenzó un proceso penal que se agotó en julio pasado, cuando la Justicia determinó que no existió delito de usurpación –porque el terreno forma parte del Registro Nacional de Barrios Populares-, por lo que archivó la causa. El hasta entonces particular damnificado –el vecino dueño de un vivero que contaba con la titularidad del macizo- inició un nuevo juicio por vía administrativa, para obtener una indemnización.

De acuerdo al Renabap, el barrio es actualmente La Movediza 1 (ID 608), y según el relevamiento de la Unicen cuenta con 130 parcelas por las cuales casi un 80 por ciento de los habitantes posee Certificado de Vivienda Familiar. Sin embargo, estos continúan sin acceso formal a los servicios básicos, y en particular a la energía eléctrica.

El sábado 15 por la mañana, El Eco de Tandil volvió al barrio. Mientras algunos vecinos seguían avanzando con la edificación de sus viviendas, moviendo ladrillos y levantando paredes, otros cortaban el pasto. Muchos ya instalaron los postes de luz reglamentarios, a la espera de dejar las conexiones irregulares.

El objetivo principal del mencionado informe fue el de “caracterizar las situaciones problemáticas en torno al acceso a la energía”. Además de relevar los datos sobre la cantidad de parcelas y constatar la tenencia de Certificados de Vivienda, el texto también se propuso considerar la situación de los vecinos en relación a los requerimientos de parte de la Usina para dotar del servicio, y dar cuenta de situaciones problemáticas “advertidas en relación al agravamiento de las condiciones de vida como resultado de la precariedad socio habitacional y la exclusión sociourbana”.

El informe concluye señalando la “situación de emergencia habitacional y social crítica” en el barrio, en particular en relación al acceso a servicios. Si bien hace mención a que de acuerdo a la normativa vigente el Certificado de Vivienda es suficiente para poder solicitar la conexión eléctrica formal, indica que desde la Usina se incorporaron requisitos que “desconocen la obligatoriedad del cumplimiento de los derechos de habitantes de barrios populares”.

Las integrantes del Observatorio Social que dialogaron con El Eco de Tandil destacaron del informe las recomendaciones “para el diseño marco de la resolución no punitiva del conflicto”. En principio el acceso a los servicios urbanos, no solo electricidad sino también agua, cloacas, recolección, apertura de calles y pasajes, entre otros.

Pero las recomendaciones señalan además la necesidad de “adoptar un enfoque de derechos reconociendo la normativa vigente en materia de derechos humanos fundamentales y acceso justo al hábitat”, “incentivar la desestigmatización de la ciudadanía que habita en asentamientos precarios capacitando a agentes públicos y efectores de áreas de atención”, “impulsar de manera urgente la intervención articulada entre instituciones y organismos pertinentes de cara a garantizar el acceso formal a la energía eléctrica”, y “promover la implementación de abordajes integrales y participativos en el desarrollo de las políticas de hábitat e integración sociourbana”.

En ese marco el informe propone crear una “Mesa de Gestión Interinstitucional” con participación de organismos nacionales, provinciales, municipales y vecinos, así como también co-diseñar un Plan para la Integración Sociourbana de la extensión del barrio popular La Movediza 1 que incluya la apertura de calles, la extensión de redes de servicios y la instalación de espacios públicos seguros.

Lo que fue la ocupación de una manzana en calle Piccirilli al 1000 de La Movediza, hoy es un barrio inscripto en el Renabap. El Eco de Tandil consultó a las autoridades de la Usina por el futuro del acceso al servicio eléctrico para las casi 200 familias que viven en el lugar, y desde la empresa señalaron que el mismo no se otorgará hasta que no se determinen los lotes individuales y cada vivienda cuente con la numeración correspondiente.

Además, indicaron que destinan más de 1 millón y medio de pesos mensuales en el consumo del barrio. También que continuarán con los operativos de corte de conexiones clandestinas, aunque al momento deban pagar a la Policía el servicio extra.

“Hasta que no estén los lotes individuales y las calles abiertas, nosotros no podemos dar servicio. Para nosotros están en una chacra, en un solo lote”, expresó Oscar Teruggi, presidente de la Usina Popular y Municipal de Tandil. La inclusión al Renabap, agregó, “se tiene que trasladar para ver dónde vive el vecino, en qué calle, qué número de altura es, cómo lo identificamos nosotros acá para darle una factura, para darle el medidor”.

Fue en julio pasado cuando se conoció el archivo de la causa penal iniciada en febrero de 2023 tras la ocupación del lote. Quien fuera el propietario –vecino del terreno, y dueño de un vivero en el lugar-, comenzó por su parte el juicio por expropiación, en la vía administrativa.

Desde junio del 2024 la Usina lleva a cabo operativos de corte por conexiones clandestinas en el barrio. La empresa elevó una nota al juez que estaba a cargo de la causa penal para alertar por la situación, y los cortes de servicio continúan realizándose periódicamente.

“Hay un riesgo para la sociedad en su conjunto que circula por ahí y para los habitantes de la toma también. No queremos quedar como responsables de cualquier hecho que ocurra producto de esas conexiones clandestinas”, indicó Teruggi al respecto.

“La Usina está teniendo una pérdida de alrededor 1 millón quinientos mil pesos mensuales de la pérdida de energía que hay en ese lugar. Es energía que se brinda y no se paga, porque la Usina compra esa energía, no es que la producimos nosotros. Con lo cual la Usina tiene un perjuicio económico, no solamente de la energía, sino de lo que se está produciendo en los cables. Porque esas conexiones clandestinas van destruyendo el material, que en algún momento se va a resentir”, explicó Teruggi.

Consultado por cómo serían los pasos para que el barrio cuente con el servicio, el presidente de la Usina indicó que se procede por parcela. “Si no están los lotes identificados catastralmente como parcela, con un número de nomenclatura, nosotros no podemos entregarles la luz. Para nosotros eso es una única parcela, y tiene luz”, precisó.

Estimó que “ARBA tendrá que hacerlo, como con cualquier urbanización”, y que “no es un tema que nos corresponda a nosotros, ni se puede hacer a nivel local”. Si bien hubo vecinos del barrio que se acercaron a la Usina para incorporarse al servicio, Teruggi sostuvo que la documentación presentada no era suficiente ya que “no están dentro  de un lote identificado”.

El presidente de la empresa aseguró que continuarán con los operativos de corte, ya que “hay vecinos al lado que pagan su factura rigurosamente todos los meses, y no puede haber una situación A para unos vecinos y una situación B para otros. Eso es lo que la Justicia no evaluó en su momento”.

El funcionario repasó los vaivenes judiciales de la causa y la incorporación del lote al Renabap. Sobre la ocupación consideró que “nadie quisiera que vecinos tengan que tomar estas decisiones para para poder tener acceso a la vivienda”, y que “sabemos con el censo que una gran mayoría de las personas que viven ahí ni siquiera son de nacionalidad argentina. No digo que no tengan derecho a tener un techo. Lo que digo es que la manera de acceder al techo son otras, no tomando tierras privadas y que después se convaliden”, concluyó.

Tras asegurar que continuarán con los operativos de cortes de conexiones irregulares, Teruggi señaló que “ya la Policía no nos quiere acompañar y tenemos que pedir un servicio adicional para hacerlo. Porque al estar cerrada la causa, no podemos pedirle al Fiscal ni al Juez ni a nadie que nos acompañen a hacer una desconexión clandestina de este tipo”.

Al respecto agregó que “ahora estamos pidiendo hacer otro operativo y la Policía lo que nos dice es que no nos puede acompañar en esta situación porque no puede descuidar otras zonas y porque la causa está cerrada. La policía, en este caso, lo que nos dice es que tenemos que hacer un pedido de un servicio adicional que sale alrededor de 400 mil pesos. Lo pedimos, pero no hemos tenido respuesta todavía”.

A poco de cumplirse un mes de conocerse la decisión de archivar la causa penal por la toma en La Movediza, la Usina Popular y Municipal de Tandil envió una nota al Juzgado de Garantías 1 en la que expuso las consecuencias que, a su entender, dejó el conflicto por la ocupación del terreno ubicado entre las calles Salta, Chapeaurouge, Misiones y Piccirilli.

El escrito al que accedió El Eco de Tandil, firmado por el presidente y el secretario de la empresa de capitales mixtos Oscar Teruggi y Javier Manuel Viera respectivamente, fue remitido luego del levantamiento de la medida que impedía nuevas conexiones eléctricas en el lugar.

En el documento, la distribuidora describió que, tras la resolución judicial, mantuvo reuniones con representantes de las familias ocupantes para explicar los requisitos que exige el reglamento para el suministro. Sin embargo, advirtió que las condiciones catastrales y de subdivisión del predio no se cumplen, lo que impidió habilitar el servicio de manera formal.

Asimismo, apuntó a las conexiones clandestinas que otorgaron energía a las familias que ocupan el predio desde febrero de 2023 y alertó sobre los tendidos precarios y el “alto riesgo” que generan para quienes habitan el lugar y para los vecinos que cuentan con el servicio regular.

Incluso, estimó que el consumo no registrado asciende a 13.200 kWh mensuales, equivalentes a alrededor de un millón de pesos, y que estas condiciones también generaron daños en la infraestructura eléctrica.

Sin mayores análisis sobre lo sucedido durante el proceso, la empresa ratificó su preocupación por la situación y advirtió que las consecuencias de este escenario, así como las que pudieran presentarse a futuro, están directamente vinculadas a las responsabilidades de los distintos niveles del Estado.

En ese sentido, responsabilizó al Gobierno nacional por haber respaldado la ocupación a partir de decisiones –o la falta de ellas– de organismos como la Subsecretaría de Integración Socio Urbana y el Renabap, que reconocieron el lugar como “barrio popular”. También apuntó a la Provincia de Buenos Aires, por su inacción y cuestionó la “ineficacia” del servicio de justicia para revertir la situación.

Primeras consideraciones

La nota señala que el 3 de julio de 2024 la Usina recibió un oficio suscrito por el Dr. Jorge Luis Casanova, secretario del Juzgado de Garantías 1, por medio del cual “nos hacía saber sobre el dictado de la resolución” en la que resolvió “modificar la medida cautelar de no innovar prorrogada por el plazo de 120 días a contar desde el 29/06/24 y dictada el 14/06/2024, disponiendo: a) Dejar sin efecto la prohibición de autorizar nuevas conexiones de suministro de energía eléctrica dentro del inmueble emplazado entre calles Salta, Chapeaurouge, Misiones y Piccirilli de Tandil, las que deberán solicitarse por la vía que corresponda y cumplimentando los requisitos previstos por la Usina Popular y Municipal de Tandil”.

Y repasó que, en virtud de lo indicado, mantuvieron “diversas reuniones con algunas personas que ocupan el predio de la referencia -que lo hacían siempre en interés de todos los demás-“, a los cuales se les informó que, para solicitar la conexión individual del servicio eléctrico “debían cumplimentar con los requisitos establecidos por el Reglamento de Suministro y Conexión - Anexo E del Contrato de Concesión de Distribución de Energía Eléctrica que nos rige”.

Las razones apuntaron a que en ese inmueble “preexiste un suministro eléctrico activo por calle Chaperouge a nombre de Nicolás Moauro”, circunstancia que “impide a esta distribuidora otorgar nuevos suministros”, salvo que “se cumpla” con los siguientes requisitos.

Primero, “que las calles estén catastral y geodésicamente creadas y territorialmente abiertas” para el “adecuado emplazamiento de postes, redes y demás equipamiento propio del servicio eléctrico, que, como se comprenderá, siempre se asienta sobre espacio público o cedido para tal fin. Todo ello resulta imposible cuando nada de lo expresado está “demarcado” en el territorio.

Y segundo, que el lote “esté subdividido también catastralmente”, ya que, “por lo que se interpreta de la causa, el predio es de titularidad de un particular y, según los registros cartográficos a los que tenemos acceso a través de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), constituye un único inmueble, sin las calles legalmente abiertas y las subdivisiones mencionadas”. Este aspecto, de acuerdo a lo expuesto por la Usina, resulta “imprescindible” para otorgar “el alta del servicio”, dado que se requiere concordancia entre cada inmueble, el titular asignado y el titular del servicio.

“Lamentablemente, estas condiciones no fueron satisfechas por las personas que ocupan el inmueble”, afirmó y sumó como “agravante” que “comenzaron a conectarse clandestinamente de nuestras redes, con tendidos eléctricos precarios que implican alto riesgo para ellas mismas y también para los vecinos circundantes, afincados con anterioridad y con servicios en regla”, a la vez que apuntó que “todo ello sucedió sin que ninguna autoridad se hiciera cargo de la situación ni de las consecuencias de las decisiones adoptadas”.

Las consecuencias

En otro parrado del escrito dirigido al juez Moragas, las autoridades firmantes hicieron alusión a los procedimientos realizados en el predio ocupado desde 2023 y que tuvieron difusión por los medios de comunicación dela ciudad.

En tal sentido, apuntaron que la empresa de capitales mixtos procedió “en diversas oportunidades –en sucesivos operativos que requirieron apoyo de personal policial, lo que debió ser incluso solicitado a la UFI interviniente- a desmontar, hasta donde se podía, los cableados conectados clandestinamente, que cruzaban por las calles abiertas”, en referencia a las que “actualmente existentes que contornean el macizo”.

Y señalaron que una vez que el personal de la Usina y policía se retiraba del lugar, “los ocupantes volvían a realizar estos tendidos, con evidente peligro para sí mismos, dañando la infraestructura eléctrica de Usina e, incluso, conectándose a medidores de vecinos (con servicio regularmente contratado) que veían incrementados sus consumos por esas maniobras francamente ilícitas”.

Entonces, agregaron que este tipo de accionar implicó, además de los daños en las instalaciones, que “exista un consumo eléctrico no registrado, que fue calculado en unos 13.200 kilovatios hora (kw/h), que de costo representan alrededor de un millón de pesos mensuales, que obviamente nadie pagó”.

“Nadie se hizo cargo”

Sin embargo, en su nota la Usina advirtió que “no terminan ahí los daños que irroga este estado de cosas, que se ha extendido más allá de todo lo previsible”. Entonces, enumeró los “daños que ha sufrido el tendido eléctrico de la zona –como consecuencia de las interferencias generadas por manos inexpertas para lograr la provisión ilícita y clandestina del servicio-, que en algún momento tendremos que reemplazar para abastecer a los usuarios que tienen conexionado en regla, el costo del traslado de los móviles y personal policial y de Usina para la desconexión, etc.”.

“Mientras todo esto sucedía, nadie se hizo cargo de las consecuencias de las decisiones -o indecisiones- que se sucedieron desde febrero de 2023”, reiteró la empresa.

De este modo, el presidente del directorio y el secretario en su nota pusieron en conocimiento del juez de Garantías los “enormes perjuicios que la falta de resolución de este conflicto trajo a la Usina Popular y Municipal de Tandil SEM”, pero también en alerta que, “de continuar esta situación, hay latente un riesgo eléctrico muy importante para las personas que habitan en el inmueble en cuestión y también para los vecinos preexistentes y regularmente conectados, todo lo cual no puede ser desconocido desde que es el magistrado que intervino en la causa desde el origen del conflicto”.

Responsabilidades

Por lo expuesto y las consecuencias que este escenario generó y “que pudieran presentarse en lo sucesivo, en especial con relación a los perjuicios actuales y futuros de esta distribuidora”, responsabilizaron “al Estado nacional, en tanto ha respaldado explícitamente la ocupación del predio a partir de las decisiones adoptadas -u omitidas- por la Subsecretaría de Integración Socio Urbana y del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) que le reconocieron la condición de ‘barrio popular’, contribuyendo por acción u omisión a la constitución del estado de cosas descripto”.

También a la Provincia de Buenos Aires “por cuanto, a través de distintos organismos relacionados al acceso a la tierra, también ha brindado un respaldo explícito -o, al menos, indulgente- a la ocupación al no haber adoptado las acciones conducentes para su reversión”.

Asimismo, “responsabilidad por la ineficacia del servicio de administración de justicia para la resolución de la situación, extremo que indudablemente ha contribuido al statu quo imperante”.

Finalmente, la nota también fue remitida a los funcionarios judiciales que intervinieron en el proceso. En concreto, al defensor oficial Diego Araujo, en calidad de defensor de quienes reclaman derecho al predio; al asesor de Incapaces Ezequiel A. Belaunzarán, por la “ostensible presencia de menores expuestos a los riesgos mencionados”; y al agente fiscal Luis Piotti, por los “ilícitos que en sí mismo configuran los sucesivos actos de apropiación de la energía eléctrica y el daño que se causa a la infraestructura del servicio eléctrico”.

La Policía desactivó un intento de toma de terrenos fiscales junto a las vías del ferrocarril en la zona de Villa Italia. Fue en calle La Movediza al 1100, luego de que los vecinos del lugar dieran alerta llamando al 101 y la aplicación Centinela. Si bien la ocupación no se concretó, los frentistas de la zona transmitieron su preocupación por que un hecho similar se había producido el año pasado, y por constantes casos de inseguridad.

“Fue más o menos a las 4 de la tarde. Nosotros estábamos en la Clínica Chacabuco porque mi hermana tuvo una cirugía, mi mamá vino hasta acá a buscar algunas cosas para llevarle y se encuentra con que habían puesto palos, estaba loteado y ya estaban las personas con menores acá instalados. Una de las personas, una mujer, le dice a mi mamá que tenía comprado el terreno, y un boleto de compra venta. El lote básicamente es del ferrocarril, así que mi mamá me comunicó la situación, tenemos un grupo de vecinos de toda la calle Movediza, contamos la situación e hicimos la denuncia”, contó Rocío, vecina del lugar en diálogo con El Eco de Tandil.

Uno de los límites de la vivienda de la frentista se ubica justo sobre la porción de terreno fiscal adyacente a la vía. El intento de toma se produjo entre la medianera vecinal y la traza ferroviaria. De hecho, los ocupantes cortaron el pasto en el lugar para despejarlo y poder avanzar con la colocación de palos para el loteo.

“Hicimos la denuncia también por la aplicación Centinela. Yo no la conocía, la verdad que buscando información la encontré. Y ahí también nos llamaron enseguida y activaron el protocolo de prevención que existe para los casos de que quieran tomar los terrenos. La usamos y nos dio resultado”, sumó Rocío sobre la aplicación municipal.

Cabe recordar, el sistema implementado por Protección Ciudadana de la Comuna activa el protocolo ante intentos de toma y deriva la denuncia a las fuerzas policiales.

Al llamar al 101, relató la vecina, un patrullero se acercó al lugar. “Intentaron que desalojen, y ellos insistían en que se iban a quedar. Volvimos a hacer la denuncia porque los patrulleros se fueron y a la hora volvieron. Ahí logramos que se vayan, pero habían dejado todo, estaba todo loteado, así que seguimos insistiendo para tratar de que se acerquen a lo que habían hecho”, precisó Rocío.

Fue alrededor de las 7 de la tarde cuando la vecina pudo volver a su vivienda, una vez que su hermana haya recibido el alta. “Veníamos ya organizados para sacar las cosas nosotros, y cuando llegamos estaba el jefe de calle con un patrullero y tres oficiales más. Estaban sacando los palos por suerte, y a los 10 minutos más o menos aparecieron de vuelta ya un grupo más grande, 4 hombres, 3 mujeres y 3 menores, con la excusa de que buscaban una llave que habían perdido en la mañana y que supuestamente era de la persona que había venido a cortar el pasto como un servicio, sabíamos que era mentira igual que querían quedarse, así que, por suerte, los policías se quedaron”, continuó Rocío.

“En un momento se empezó a poner fea la situación y empezaron a discutir. Apareció la que supuestamente era dueña, diciendo de muy mala manera que era su terreno y que había entregado plata o una camioneta como forma de pago. Los policías le explicaron que posiblemente la habían estafado porque el lote no tiene propietario, porque es del ferrocarril, que en ese caso tenía que acercarse a hacer la denuncia o verificar los papeles. Ese discurso fue cambiando, estuvimos más o menos una hora y media hasta las 9 de la noche”, agregó.

Los vecinos de la cuadra se organizaron para hacer guardias durante toda la noche, levantándose de madrugada para controlar el lugar. Durante la mañana del miércoles, ya no quedaban palos ni indicios de la toma en el lugar que había sufrido el intento de ocupación.

Rocío recordó que durante el 2024 vivieron una situación similar, también sobre la vía, pero en un área cercana al puente. La misma también resultó desactivada, aunque luego de una intervención más compleja de parte de las fuerzas de seguridad.

Además, la vecina hizo mención a otros hechos de inseguridad que viven en el barrio, en particular el robo de herramientas de trabajo y otros objetos. Además, contó que es común que durante las madrugadas de cada fin de semana se lleven a cabo reuniones en la plaza junto a la vía, donde se junta un grupo de personas con parlantes y generan ruidos molestos. “Es una especie de boliche nocturno en la calle, y también hemos denunciado eso”, concluyó.

En los últimos días, el accionar coordinado de fuerzas de seguridad y áreas del Municipio de Tandil permitió evitar intentos de ocupación ilegal de terrenos en distintos puntos de la ciudad y en localidades rurales, gracias a la aplicación del Protocolo de Prevención de Tomas.

Las intervenciones se realizaron en los barrios Canadá, Villa del Parque, La Unión, El Molino – Villa Aguirre, Movediza y La Elena, así como en las zonas rurales de El Gallo, Fulton y Desvío Aguirre.

El protocolo, que contempla una rápida respuesta ante alertas de intentos de usurpación, es llevado adelante de manera articulada por la Jefatura Departamental de Policía, el Comando de Prevención Rural y la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio de Tandil, a través del Centro de Monitoreo y la aplicación Centinela.

Desde las dependencias intervinientes se destacó el rol clave de los vecinos y vecinas de los barrios, que alertaron de manera inmediata ante situaciones sospechosas, lo que permitió desplegar el operativo y evitar la ocupación de los terrenos.

Desde el Municipio de Tandil se recuerda a toda la comunidad la importancia de mantenerse atentos y dar aviso ante cualquier movimiento extraño, descargando la app Centinela y utilizando su sistema de alertas ante la menor sospecha.

El conflicto por la toma de los terrenos ubicados en Lavalle y Rosales suma un nuevo capítulo a partir de la presentación de los legítimos propietarios en la Defensoría del Pueblo. Allí denunciaron la construcción del obrador por parte de la arquitecta de la cooperativa que lleva adelante las obras de urbanización sobre los departamentos construidos, el cual entienden que se está levantando en una parte que no está dentro del Renabap.

La semana pasada, los legítimos propietarios alzaron la voz ante una denuncia vecinal sobre la posibilidad de que los terrenos colindantes al edificio de Tarraubella sean tomados. Desde la Secretaría de Protección Ciudadana se descartó cualquier tipo de toma y se explicó que se trataba de un obrador para la arquitecta de la organización social que tendrá a su cargo la urbanización de los departamentos ya construidos.

La explicación que brindó Alejandra Marcieri en estas páginas no satisfizo al grupo de personas que invirtió en los 90’ en dichos terrenos y en la mañana de ayer se dirigieron a las oficinas de la Defensoría del Pueblo para realizar una denuncia. Si bien no pudieron hablar con Paula Lafourcade, responsable del área, se realizaron un par de denuncias presenciales y otras tantas a través de whatsapp.

Una de las denunciantes contó a El Eco de Tandil que no entendía “cómo se le da permiso a una arquitecta o a una organización que está usurpando terrenos”. Resguardando su identidad, también comentó que ya se está avalando una usurpación y que ahora el obrador lo están armando en otros terrenos. “¿Por qué no lo armaron donde están los departamentos? Cada vez están tomando más terreno”, señaló.

En cuanto a la denuncia presentada en las oficinas de Maipú al 200, se lamentaron no poder ser atendidos en persona por Lafourcade, quien, según contaron, estaba en una reunión. A su vez, quienes les tomaron las denuncias, aseguraron que las mismas iban a ser recibidas en la inmediatez por la responsable del área. A partir de esta presentación, otros adjudicatarios también tomaron la decisión de apoyar la movida y realizar sus denuncias.

Uno de los damnificados recurrió al mapa de catastro de ARBA, el cual es de alcance público, y aseguró que la construcción del obrador está por fuera del área comprendida por el Registro Nacional de Barrios Populares. A partir de ahí es donde se centra el miedo sobre el avance en otros terrenos y la desconfianza sobre lo dicho por la Secretaría de Protección Ciudadana.

“Si lo hubiesen puesto en la otra parte, donde está el complejo, te lo acepto porque ya eso la Provincia lo declaró dentro del Renabap. El problema es que están dentro de los terrenos, no donde están usurpando. Se están apropiando de la otra parte”, aseguró una de las personas que ganó el juicio que la reconoce como una de las legítimas propietarias de las tierras.

Los denunciantes aseguran que el obrador que se empezó a montar la semana pasada está ubicado en la esquina de Lavalle y Rosales, en frente del terreno que ARBA comprende como dentro del registro. “A nosotros nos habían dicho que eran solo los departamentos, en ningún momento nos habían dicho que los terrenos también estaban en el Renabap”, contaron.

Esos terrenos son los que este grupo de más de cien personas comenzaron a pagar en los 90’. Luego se sucedió la estafa, el litigio legal, el cual tuvo un fallo positivo para los legítimos propietarios, pero nunca se encontró una solución a un conflicto que se complicó aún más para los denunciantes a partir de la declaración de los departamentos dentro del Renabap y la posibilidad de urbanización al ingresar dentro del Registro Provincial de Villas y Asentamientos.

“Si ellos autorizan a que una arquitecta use un terreno que no es ni de la Municipalidad, ni de la Provincia, ni de ellos, es como que son cómplices también”, comentaron y luego agregaron que si se instala una arquitecta que seguridad pueden tener de que no se va a instalar más gente.

En ese aspecto, Marcieri había asegurado a este medio que, entre las condiciones que se pusieron para la urbanización del predio, quedó establecido que no se podía asentar nadie más y que cualquier intrusión iba a impedir continuar con ese mejoramiento de infraestructura. 

A pesar de esta afirmación, los damnificados dejaron en claro su desconfianza y aseguraron: “Ya no sabemos qué hacer, están todos de acuerdo a que nosotros perdamos esos terrenos. Desgraciadamente no sabemos que más hacer”.

El pasado martes vecinos de Tarraubella encendieron las alarmas de los legítimos propietarios de los terrenos de la calle Lavalle. Un puñado de personas empezó a trasladar materiales de construcción en el predio lindante a los departamentos construidos y a partir de entonces las más de cien personas que invirtieron en los años 90’ alzaron la voz ante lo que entendían una extensión de la toma.

Ante este panorama, Alejandra Marcieri explicó la situación en un diálogo con El Eco de Tandil y aseguró: “Hay que descartar todo tipo de intrusión para seguir construyendo”. 

La Secretaria de Protección Ciudadana detalló que alrededor de las 11.30 del martes se desplegó una alerta a través de la aplicación Centinela sobre una posible usurpación en Tarraubella. A partir de esta notificación desde la app impulsada por el Municipio de Tandil, se dio inmediatamente intervención a las fuerzas de seguridad para que despliegue un operativo sobre la zona. 

“Se acercó un patrullero y lo que constató es que en el lugar se estaba armando un obrador por parte de la cooperativa que hoy lleva adelante todas las obras de urbanización”, explicó la funcionaria.

Estas obras fueron aprobadas por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Andrés Larroque, en el marco de la Ley 14.449 de Acceso justo al hábitat. Dicha normativa regula la posibilidad de tener urbanización en espacios como Tarraubella que fueron declarados en el Registro Provincial de Villas y Asentamientos.

Marcieri explicó que la arquitecta de la cooperativa encargada de las obras de urbanización presentó una nota en el Municipio diciendo que iba a continuar con las obras, informó sobre los trabajos que se iban a realizar en el predio y notificó que se iba a construir un obrador. “No era nada más, ni nada menos que eso”, aseguró descartando totalmente la posibilidad de que se trate de una extensión de la toma.

Si bien el grupo de propietarios legítimos del lote de Tarraubella no aceptaron la explicación del Estado municipal sobre la construcción de un obrador para el trabajo de la cooperadora, Alejandra Marcieri buscó llevar tranquilidad a las más de cien familias que aún sospechan de una posible extensión de la toma del terreno.

En ese sentido recordó que “cuando se hizo el relevamiento, en el cual participó la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y Desarrollo Humano, que estaba a mí cargo, de las personas que estaban en el lugar, se estableció que para poder mejorar las condiciones de habitabilidad no se podía asentar ninguna persona más en el predio”.

La decisión de mejorar las instalaciones que quedaron a medio construir se tomó a partir de la presencia de niños en situación de extrema vulnerabilidad, no solamente desde el punto vista sanitario sino también con el riesgo físico que podrían conllevar las condiciones estructurales del espacio. El relevamiento se llevó a cabo a partir de un procedimiento iniciado desde la Defensoría del Pueblo de Tandil, a cargo de Paula Lafourcade.

“Quedó tácitamente expreso que cualquier tipo de nueva intrusión en el lugar con fines de localización en una vivienda, iba a impedir continuar con ese mejoramiento de infraestructura. Ese mejoramiento es lo que están haciendo a través de la Provincia de Buenos Aires y esta arquitecta de la cooperativa”, aseguró Marcieri.

Más allá de que en esta situación la alarma realizada por los vecinos de Tarraubella fue por una cuestión que finalmente no estaba referida a una toma, desde la Secretaría de Protección Ciudadana acentuaron la importancia de la participación vecinal para desalentar más circunstancias de esta índole.

“La alarma se generó a través de un grupo de vecinos, es importante la participación, que estuvieron alerta”, comentó Marcieri que luego agregó: “Siempre digo que los vecinos son los ojos nuestros en el barrio y la verdad que estoy muy agradecida de que hayan dado alerta porque, si bien se desalentó cualquier tipo de usurpación, está bueno que esté la presencia”.

Una de las responsables de la seguridad en la ciudad reconoció que el compromiso, tanto de la oficina que dirige ella, como de las fuerzas seguridad, es acercarse y tratar de desalentar cualquier tipo de ocupación ilegal. Luego informó que desde julio del año pasado se llevan alrededor de 15 casos en los cuales se desalentó este tipo de prácticas.

“La participación del vecino avisando es fundamental, por eso insistimos tanto que se bajen la aplicación Centinela y no duden en llamar. Si ven que está pasando alguna situación que pueda llegar considerarse de toma o de alguna intrusión ilegal en algún espacio, que nos avisen a través de la app, llamando al 101 o a la comisaría de su zona”, cerró Marcieri.

Las alarmas del numeroso grupo de personas que invirtió en Tarraubella en la década del 90’ volvieron a encenderse en la jornada de ayer después de visibilizar a un grupo de personas descargando materiales de construcción en el terreno lindante a los departamentos. En diálogo con El Eco de Tandil aseguraron la presencia de hombres que iban y venían en un auto viejo, llevando planchones, palos y otros materiales como para levantar una construcción.

Ayer mantuvo en vilo a quienes se presentan como los propietarios de los terrenos usurpados. “Vecinos vieron que empezaron a usurpar los terrenos”, contó a este medio uno de los involucrados. Luego detalló que llamaron a la policía y con la presencia de los oficiales, dejaron la zona, pero una vez retirada la fuerza de seguridad, siguieron llevando material de construcción.

La amenaza de extender la usurpación despierta inquietud en quienes invirtieron hace más de dos décadas y ahora aguardan una solución a un litigio legal en la cual tiene una sentencia favorable. “Queremos que se visibilice esto para que no pase otro Movediza o como con los departamentos, que cuando querés acordar tenés un montón de gente usurpando y ya no los podés sacar”, aseguraron.

Los denunciantes de este intento de toma no quisieron que se publique su identidad debido a que la relación con los actuales habitantes de Tarraubella no es la más propicia. Contaron que anteriormente, luego de publicaciones en redes sociales, intentaron amedrentarlos con insultos y hasta con piedrazos en las casas.

En el extenso historial que arrastra el litigio del predio ubicado en Lavalle, entre Rosales y Darragueira, los damnificados indicaron que se han dirigidos a los políticos de todos los partidos, solicitando reuniones y pidiendo explicaciones sobre lo acontecido con sus inversiones. “Nos decían que ellos no podían hacer nada porque era algo entre privados”, relataron.

Además golpearon las puertas de Defensoría del Pueblo, donde les solicitaron realizar una medición con un agrimensor y que mandaran una nota al Municipio. “Todo es seguir gastando plata para no tener nada, entonces es como que si no nos dan una seguridad de que nos van a dar una solución, es seguir gastando plata para que después le abran la calle a otro. Nadie nos asegura nada”, indicaron.

A partir de las imágenes vistas en la jornada de ayer, en horas de la tarde informaron que se pusieron en contacto con la Secretaría de Protección Ciudadana y la respuesta les sorprendió: “Nos dijeron que ya estaban al tanto y que es una arquitecta de una organización social que está haciendo la casa esa para tratar los temas de la usurpación de los departamentos”.

Tras esa inesperada contestación, muchos aseguraron que hoy se iban a presentar en las oficinas de Protección Ciudadana para pedir explicaciones. “¿No es que era una cosa entre privados? Si va una arquitecta de una organización social a instalarse ahí es para dárselo a personas de esa organización, sino porque tiene que ir a construir. Ellos ya sabían que iban a hacer eso, que le habían dado permiso a una arquitecta de un movimiento social para que usurpe”, señalaron.

Tarraubella surgió como un proyecto inmobiliario para alrededor de 200 familias durante los años 90. La obra se frenó y entró un litigio judicial por la titularidad de los predios con fallo favorable para las personas que habían comprado. Pese a esa sentencia, los condenados no presentaron bienes a su nombre dejando sin una respuesta a las casi dos centenares de familias damnificadas.

Con las obras frenadas, lo que se llegó a construir del edificio fue habitado por una treintena de familias. Tras extensas gestiones, la Provincia de Buenos Aires inscribió al barrio en el Registro Provincial de Villas y Asentamientos. A partir de entonces se lograron fondos para la mejora de la obra, que trajo consigo una mejora en la calidad de vida de sus habitantes.

Quienes compraron hace más de dos décadas explicaron que al estar judicializado, no es tan fácil venderlo y más donde hay tantas personas involucrada en la cuestión. “El problema es que nunca se escrituró, entonces a nosotros no nos queda nada más que hacer que esperar a que alguien lo compre. Lo que pasa es que está toda la usurpación de por medio y nadie quiere comprar”, contaron.

Con poca perspectiva de encontrar una solución pronta y recuperar lo invertido, buscan que no se extienda la usurpación al terreno colindante, el cual también está dentro de los comprados hace más de dos décadas. En ese sentido, aseguraron: “Ahí sí que lo daríamos como perdido del todo porque lo otro ya es como que lo damos por perdido. En vez de apoyar a los que habíamos pagado, apoyan a gente que usurpan. Es como que uno pierde las esperanzas”.

Por último, explicaron que el juez y los abogados les dijeron que tienen razón en su pedido pero nadie sabe cómo resolver el litigio. “El abogado nos decía que lo tienen que resolver políticamente y acá la política lo resolvió más para el lado de los usurpadores que para el nuestro”, cerraron.