La secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, manifestó su profunda preocupación por la situación que atraviesa el barrio La Movediza a partir del crecimiento del asentamiento en Piccirilli al 1000. La funcionaria describió un escenario de escalada de violencia contra las autoridades y un creciente foco de delitos que afecta no solo a los ocupantes, sino a todo el entorno.

En diálogo con el programa “La Mañana” (104.1 Tandil FM, El Eco Streaming y EcoTV), Marcieri fue categórica al señalar que existe una responsabilidad política directa de los representantes de La Libertad Avanza en la ciudad para gestionar ante la Nación la revisión de la inclusión de esos terrenos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), situación que hoy impide el desalojo.

La funcionaria detalló el foco de conflictividad en crecimiento en el predio de las calles Piccirilli al 1000, el cual se fue complejizando con el paso de los meses, registrándose ataques a patrulleros y "actitudes bélicas" contra el personal de la Usina Popular y Municipal de Tandil cada vez que intentan normalizar las conexiones eléctricas. "Se ha convertido en un espacio donde hay continuos conflictos internos que son muy difíciles de prevenir. Desde fin de año hasta ahora se han dado tres allanamientos positivos en el lugar", sentenció Marcieri.

Para muestra de esto, citó la intervención que realizó la Usina durante la última semana donde diferenció que en otros barrios hay conexiones clandestinas pero en esos lugares el personal especializado realiza su tarea y se va sin inconvenientes. “Que tengan que ir con asistencia policial ya habla de que las cosas van en una escalada de violencia que llegan hasta las amenazas”, describió.

En este contexto, Marcieri apuntó directamente contra el concejal Gonzalo Santamarina, referente local de La Libertad Avanza, al recordar que, aunque la inclusión en el Renabap fue firmada por la gestión nacional anterior en diciembre de 2023, la actual administración de Javier Milei, a través del funcionario Sebastián Pareja, ratificó esa decisión.

"A mí no me entra en la cabeza esta contradicción; enarbolan la bandera de la propiedad privada y en este caso se quedan callados", achacó. Además, pidió a los representantes locales de La Libertad Avanza que se hagan cargo de las gestiones con el Gobierno nacional para revisar jurídicamente el caso. Indicó que tienen las “herramientas para poder cambiarlo y no están haciendo nada”.

La secretaria instó al referente libertario a solicitar una audiencia ante las autoridades nacionales para plantear una revisión de la normativa que protege la ocupación. "Yo, si fuera Gonzalo Santamarina, al otro día de asumir sabiendo la problemática que está trayendo a la ciudad, pido una audiencia y digo 'por favor, revisame jurídicamente esto'", reclamó.

La postura de la funcionaria fue contundente: si el Estado nacional decide mantener el predio dentro del Renabap, debe ser la propia Nación la que se encargue de la infraestructura sociosanitaria y el loteo, asegurando que la Municipalidad de Tandil mantiene su postura firme de no invertir recursos públicos en un terreno ocupado ilegalmente.

Agregó que, desde su punto de vista, todavía se está a tiempo de lograr una revisión jurídica ya que todavía no se concretó una expropiación del terreno que fue usurpado a la familia Moauro. Por eso apeló a las responsabilidades políticas de Santamarina, elegido popularmente como concejal, para que pueda avanzar en estas gestiones con firmeza con el Gobierno nacional.

La funcionaria advirtió que el movimiento de gente dentro del predio de Piccirilli es continuo, con ingresos y egresos de personas provenientes de distritos del conurbano como Vicente López o La Matanza, quienes fijan domicilio en el asentamiento. "Cuando los identificamos en otros hechos delictivos en la vía pública, nos encontramos con que viven ahí. Se venden y compran las casillas internamente", relató. 

Esta dinámica ha alterado la vida de los vecinos del barrio La Movediza, quienes han debido reforzar sus viviendas con rejas y cámaras de seguridad ante el temor de que la ocupación se extienda. También se profundizaron las medidas de seguridad por parte de Protección Ciudadana.

Otra situación ilegal se detectó a partir de las políticas aplicadas para el control de los desmadres generados por los motovehículos. Según destacó, a través de las investigaciones realizadas para saber dónde cargaban nafta los conductores de los rodados, detectaron un punto de venta ilegal de combustible dentro del asentamiento.

“Tenemos una foto registrada dentro de la toma de un cartel que dice ‘Se vende nafta’. Ahora con todo eso lo que voy a hacer es una presentación ante la Secretaría de Energía, que son los encargados de ver esa situación”, contó. Además añadió que ya dio aviso a Bomberos y Ecológica por el riesgo de incendio que representa para todo el barrio, no solo para las personas que viven en el asentamiento.

Finalmente, Marcieri reiteró que la solución debe ser política y jurídica, instando nuevamente a la representación local del oficialismo nacional a abandonar el "silencio" y actuar en defensa de los intereses de los tandilenses que cumplen con la ley para acceder a su vivienda. "No podemos los tandilenses hacernos cargo de urbanizar algo ilegal; el Estado municipal ha sido muy claro en que no vamos a poner un peso", concluyó.

En otro tramo de la entrevista, Alejandra Marcieri destacó la cantidad de descargas que sumó la aplicación Centinela en el comienzo del año. "Ya tenemos más de 12.000 usuarios. Hace un año y medio estábamos en 1.200", precisó, subrayando que actualmente se suman entre 200 y 300 personas por semana a la plataforma.

Vale recordar que hace algunas semanas, a través de estas páginas, se informó que la herramienta adaptada e implementada por el Municipio con el objetivo de la prevención y asistencia ante distintos sucesos había registrado durante 2025 un crecimiento cercano al 300 por ciento, mientras que las pulsaciones fueron más de 3.200 durante el mismo periodo.

Frente a los reclamos extendidos en el tiempo de los vecinos sobre demoras en las líneas de emergencia 101 y 911, Marcieri aclaró que el problema suele radicar en la falta de señal telefónica en ciertas zonas, como el barrio Golf. Por este motivo, destacó la efectividad de Centinela, que funciona a través de internet y permite una respuesta inmediata del Centro de Monitoreo.

La funcionaria calificó a la herramienta como un éxito en la prevención del delito, ya que permite a los vecinos denunciar situaciones de manera anónima y acortar los tiempos de intervención policial. Esta tecnología ha sido fundamental para detectar intentos de nuevas ocupaciones y para monitorear el movimiento de personas ajenas a los barrios que merodean con fines sospechosos.

En un operativo con efectivos policiales, la Usina volvió a cortar las conexiones irregulares en el barrio popular La Movediza 1, conocido como “la toma”. El Eco de Tandil estuvo en el lugar, donde un reducido grupo de vecinos se acercó a los agentes y autoridades para manifestar su descontento con la intervención. Si bien hubo un momento de breve tensión, la misma no escaló y la situación fue contenida por los agentes de la Policía.

Por su parte el presidente del directorio de la Usina, Oscar Teruggi, manifestó que, tras la resolución de incluir al lote en el Registro Nacional de Barrios Populares, es el gobierno nacional el que debe hacer cumplir la ley, habilitar los pasos para lotear el macizo y así generar las condiciones para que la zona pueda contar con servicio formal.

“Nación es quien tiene que resolver el problema. El gobierno de La Libertad Avanza es quien tiene que resolver el problema. Porque además, una de las cuestiones que hemos escuchado fuertemente es el resguardo a la propiedad privada. Bueno, tienen que resolver qué van a hacer con esa propiedad privada, que es del señor Moauro”, planteó Teruggi.

El presidente del directorio señaló además que el propio Oceba consideró que no están dadas las condiciones para dotar de servicio a la barriada, y que el Municipio pidió al ente regulador que convoque a Nación a las reuniones en las que se aborda el tema. Además, calculó que la empresa municipal destina unos 2 millones de pesos mensuales en términos de gasto que producen las conexiones clandestinas en el lugar.

El operativo partió  alrededor de las 9 del Espacio Nido de La Movediza. Además de operarios de la Usina se hicieron presentes autoridades, junto a un grupo de efectivos policiales. Los cortes comenzaron por los postes de la esquina de calle Misiones y Navarro, y luego continuaron por Piccirilli. En el último tramo, un grupo de vecinos se acercó y manifestó a los operarios su intención de conectarse legalmente al servicio. La policía debió intervenir para calmar los ánimos en el lugar.

-Hubo un nuevo operativo de corte de las conexiones clandestinas en La Movediza 1, lo que se conoce como “la toma”. ¿Cuál es la postura de la Usina con respecto a este tema?

-Oscar Teruggi: La postura de la Usina es la de siempre, la que hemos manifestado inclusive en reuniones que hemos tenido con el ente regulador Oceba. No estamos habilitados ni jurídica ni administrativamente para dar servicio reglamentariamente.

De hecho, hemos recibido una nota recientemente donde el Oceba reconoce que no están dadas las condiciones para dar el servicio. De cualquier manera, nosotros tenemos poca injerencia en lo que tiene que ver con la toma. No depende nosotros el perfeccionar todos los instrumentos que son necesarios y de acuerdo a lo que marca la ley, que es lotear ese macizo de tierra, identificarlo catastralmente como corresponde. En esa circunstancia nosotros estamos obligados a dar luz. No es que depende de nosotros dar luz o no.

Ese es un macizo para nosotros y reglamentariamente, si es un macizo, tiene que tener un servicio eléctrico normal y lo tiene. Después, la resolución de indemnizar al dueño por las tierras, lo tiene que hacer Nación y luego eso pasar a Provincia para que se lotee. Es un tema que le excede absolutamente a la Usina.

-¿Qué tiene que pasar para que esas familias tengan luz?

-Nosotros, si están dadas las condiciones, no tenemos manera de no dar luz. Aparte, estamos perdiendo todos los meses un montón de plata en relación a la energía que se consume producto de la de las conexiones clandestinas. No se recupera, o sea que nosotros somos los más interesados en poder dar luz, lo que sí tienen que estar dadas las condiciones para poder hacerlo.

-Que son estas que menciona…

-Lo que marca la ley, y creo que se debe cumplir la ley. Lo que pasa es que se han tomado muchas decisiones y no se ha avanzado con el proceso. En una reunión que tuvimos en la que el Oceba convocó a la Usina y convocó también al Municipio, claramente el Municipio le pidió a Oceba que interceda y que sume a Nación.

Porque Nación es quien tiene que resolver el problema. El gobierno de La Libertad Avanza es quien tiene que resolver el problema. Porque además, una de las cuestiones que hemos escuchado fuertemente es el resguardo a la propiedad privada. Bueno, tienen que resolver qué van a hacer con esa propiedad privada que es del señor Moauro.

-La Justica archivó la causa…

-Hay que perfeccionar todos los instrumentos para que eso se lotee. Después, cada uno tendrá las responsabilidades del caso en todo el proceso, pero nosotros no somos quienes tenemos que dar el primer paso.

-Las conexiones irregulares producen además un deterioro en la red de la Usina…

-Y todas las conexiones clandestinas producen una irregularidad en la línea de los usuarios reconocidos, que tienen la conexión legal. Todas estas conexiones clandestinas producen una irregularidad en el sistema eléctrico, y además todo lo que se está dañando en nuestra infraestructura, porque cada colgada también produce un problema en los materiales.

Entonces, no tenemos otra chance que ir y desconectar. Y además que lo hemos advertido desde el primer día, los riesgos que tiene para las personas, para los chicos, para la gente que vive ahí y para los vecinos también.

Es lo que tenemos que ir a hacer. Por supuesto que produce incomodidades, lo entiendo, entiendo a la gente, pero también entiendan que la Usina tiene que cumplir un rol y que no es el principal actor para que ellos puedan resolver el problema.

-Mencionó que la conexión irregular en el lote genera un gasto mensual para la Usina. ¿Cuál es el monto aproximado?

-No lo tengo ahora, pero hace unos meses eran alrededor de 2 millones de pesos mensuales.

Personal de la SubDDI Tandil avanzó en el esclarecimiento de un robo ocurrido el 23 de enero en una concesionaria automotriz ubicada en Pasaje Murature 11, tras una investigación que incluyó tareas de campo y el análisis de imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo de Tandil y cámaras de domicilios particulares.

La causa, caratulada como “Robo”, cuenta con la intervención de la UFI N°16 y el Juzgado de Garantías N°2 de Tandil. A partir de las actuaciones realizadas, se logró establecer la autoría de dos hombres, quienes se habrían trasladado hasta el lugar del hecho en una motocicleta blanca tipo enduro, utilizada para perpetrar el ilícito. La información recolectada fue elevada a la Fiscalía interviniente.

Por disposición del Juzgado de Garantías, en la jornada de hoy se llevaron a cabo tres allanamientos en el asentamiento conocido como “La toma”, en el barrio La Movediza, con la participación de efectivos de la SubDDI Tandil, DDI Azul, SubDDI Las Flores, SubDDI Benito Juárez, G.A.D. Tandil y Caballería Tandil. Los procedimientos arrojaron resultado altamente positivo, con el secuestro de diversas motopartes, un cuadro de motocicleta con pedido de secuestro activo por el delito de hurto —rodado utilizado en el hecho investigado— y otros elementos de interés para la causa.

Asimismo, se procedió a la aprehensión de uno de los involucrados, quien al momento de las diligencias opuso resistencia y desobedeció las órdenes del personal policial. Durante su identificación, se constató que el aprehendido posee un pedido de captura activo requerido por autoridades judiciales de la provincia de Misiones. Las actuaciones continúan bajo la órbita judicial correspondiente.

Durante la noche del miércoles 28 y la madrugada del jueves 29 se produjo un incendio en  La Movediza 1 –el barrio popular que se originó con la ocupación de un lote en calle Piccirilli al 1000-, y el hecho generó la destrucción total de tres casillas del lugar. Un trabajador de la construcción y una pareja perdieron no solo su vivienda sino también todas sus pertenencias.

El Eco de Tandil estuvo en el barrio durante la mañana del jueves, cuando una decena de vecinos colaboraba con la limpieza de las cenizas y escombros. De acuerdo a lo relatado por testigos, el foco ígneo se habría producido pasadas las 22, tras escucharse un estruendo que correspondería a la explosión de una garrafa en una de las viviendas.

Los trabajos en las estructuras afectadas –que implicó la intervención de dos dotaciones de bomberos con seis efectivos-, se prolongaron hasta después de las 3 de la madrugada. Los vecinos marcaron que la ayuda demoró alrededor de 40 minutos en llegar, y que hubo intoxicados que debieron atravesar la mitad del lote para ser atendidos ,ya que fuerzas de seguridad no permitieron el acceso al predio.

“La verdad que me quedé sin nada. Salí con una toalla nomás”, contó uno de los vecinos afectados. Se trata de un trabajador de la construcción, de 59 años, que se desempeña en una empresa local. Instalado en el barrio desde hace casi tres años, comenzó con una casilla de chapa que luego pudo mejorar con madera. En el incendio perdió no solo sus pertenencias materiales, sino también a su perro.

La casilla lindera pertenecía a una pareja joven que pudo rescatar algo de ropa de las llamas. Al momento del hecho no se encontraban en el lugar, por lo que debieron trasladarse cuando recibieron el aviso. En la mañana del jueves, junto a allegados, trabajaron en el movimiento de las cenizas y los restos de chapa y madera, para volver a instalarse.

El trabajador de la construcción que resultó afectado por el incendio contó que tras culminar su jornada laboral se dirigió a comprar medicación. “A las diez y media me acosté y sentí como una explosión”, relató, sobre el ruido que escuchó de la casilla cercana. “Quería sacar mi garrafa pero me agarró la gente y me llevó”, sumó, sobre la ayuda de los vecinos que lo resguardaron de volver a su vivienda, donde las llamas se propagaron en segundos.

“A la hora de la verdad no había agua”, indicaron los vecinos, quienes comenzaron a apagar el fuego con baldes que llenaban desde las piletas de lona, o algunas mangueras caseras. De acuerdo a lo que precisaron, el primer móvil de Bomberos se quedó sin agua, por lo que debieron esperar a que arribe el siguiente.

La Movediza 1 es un barrio inscripto en el Renabap, que se originó a partir de una ocupación en febrero de 2023. A la fecha residen en el lugar casi 200 familias. Si bien comenzó como una zona en la que predominaban las casillas de cartón, chapa y madera, con el tiempo muchas familias fueron levantando viviendas de materiales.

Tras la confirmación de su incorporación al registro de barrios populares y el posterior archivo de la causa penal por usurpación, el dueño original del lote, un pequeño empresario que viven en el terreno lindero, continuó el reclamo por la vía administrativa.

En paralelo, los vecinos de la zona comenzaron un proceso de integración socio urbana, y desde entonces solicitan contar con el acceso al servicio eléctrico para cesar con las conexiones clandestinas.

Se llevaron a cabo este jueves diversos allanamientos en el barrio La Movediza, en el marco de una investigación orientada a desarticular la comercialización ilegal de estupefacientes. El procedimiento permitió la aprehensión de cuatro personas y el secuestro de drogas, armas y otros elementos de interés para la causa.

La investigación fue impulsada por la Fiscalía Nº 22, especializada en la materia, a cargo del fiscal Adrián Peiretti, y derivó en la aprehensión de Paz Gil, José del Rosario Alfonso González, Hilda Agulera y Mariano Cabregara. A partir del pedido formulado por el representante del Ministerio Público Fiscal, el Juzgado de Garantías Nº 2, a cargo del juez Juan José Suárez, autorizó las medidas solicitadas al considerar que la prueba reunida hasta el momento y las tareas investigativas realizadas resultaban suficientes para avanzar con los allanamientos.

Los procedimientos se realizaron en tres viviendas ubicadas en el barrio La Movediza, identificadas tras una compleja pesquisa que incluyó la utilización de drones. Según se informó, se trata de una zona urbana de difícil identificación, con construcciones informales y de autoconstrucción que carecen de dirección y numeración catastral (la zona conocida como “tomada” en ese lugar), lo que demandó un trabajo técnico y coordinado para precisar los domicilios investigados.

En el desarrollo de las tareas investigativas participaron de manera conjunta integrantes de la Fiscalía de Estupefacientes —entre ellos la doctora Florencia Molina—, personal de la Dirección de Investigaciones Criminales del Ministerio de Seguridad y efectivos de la Sección Táctica de Videovigilancia de la Superintendencia de Comunicaciones, con apoyo de agentes provenientes de La Plata, General Alvear y Mar del Plata. Desde esta última ciudad arribó el operador autorizado para el manejo del dron, herramienta clave para observar con precisión los inmuebles, sus características y las personas que residían en ellos.

Durante los allanamientos, llevados adelante por personal de Drogas Ilícitas a cargo del comisario Nicolás Yuvisa, se logró el secuestro de armas de fuego, cartuchos calibre .22, diez teléfonos celulares, recortes de nylon, plantas de cannabis, dinero en efectivo, balanzas y sustancias estupefacientes como marihuana y cocaína. 

El Municipio de Tandil reiteró su postura respecto a la ocupación del macizo privado ubicado en el barrio La Movediza y volvió a señalar que la responsabilidad de intervenir en ese predio corresponde al Gobierno Nacional, luego de que la propia Nación lo incorporara al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) en 2023, bajo la gestión de Alberto Fernández, y fuera confirmado en 2024 con el gobierno de Javier Milei.

En julio de 2025 la Justicia archivó la causa penal por la toma en La Movediza, y consideró que a partir de la inclusión del lote en el Renabap, no existe en este caso el delito de usurpación. Tras esta decisión, el particular damnificado podría solicitar la revisión de la resolución del fiscal. Sin embargo, El Eco accedió a la información de que el expropietario del lote ya inició por vía administrativa el juicio por expropiación.

A partir de entonces, se aguardaba por conocer la postura del Municipio de Tandil en función de la integración sociourbana del lugar, en particular la apertura de calles —algunas de ellas ya fueron dispuestas a partir de la activación del protocolo de desalojo—, y el acceso a los servicios básicos.

En la comunicación oficial realizada ayer, el Gobierno Local dejó bien en clara su postura negando toda posibilidad de destinar fondos comunales para la urbanización de un espacio en el que a día de hoy conviven más de 120 familias. 

Desde el Ejecutivo recordaron que vienen participando en las instancias de diálogo convocadas por la Justicia junto a la Defensoría Oficial y organismos del gobierno provincial. Sin embargo, señalaron que en ninguna de esas reuniones estuvieron presentes representantes del Gobierno Nacional, a pesar de ser la autoridad competente para definir la situación del macizo incorporado al Renabap.

El pasado jueves el jefe de Gabinete, Julio Elichiribehety, presentó de forma presencial dos notas ante la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía de la Nación y ante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia. En ellas, el Municipio pidió definiciones urgentes sobre el macizo y solicitó que Nación y Provincia asuman las responsabilidades que les asigna la Ley 27.453.

En dicha legislación se declara de interés público la integración de los “Barrios Populares” identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana promoviendo proyectos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes mediante el acceso a servicios básicos y la regularización de la propiedad de las tierras.

En ese sentido, también reiteraron desde el Ejecutivo local que el terreno continúa a nombre de su propietario debido a que el proceso de expropiación no está concluido, y remarcaron que el Municipio no destinará recursos públicos de los tandilenses para urbanizar, mejorar o dotar de servicios a una toma ubicada en un predio privado, una postura que mantiene desde el inicio del conflicto.

Además, hicieron hincapié en que el Gobierno Nacional no respondió a ninguna de las notas anteriores enviadas por la comuna, en las que se solicitó la revisión del caso y también se realizó el pedido formal de remoción del macizo del Renabap. No obstante, el Ejecutivo local indicó que seguirá reclamando a través de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana el cumplimiento de la legislación vigente en materia de barrios populares.

Para afianzar su postura, desde el Municipio remarcaron que los principales afectados por esta situación siguen siendo los vecinos lindantes, quienes conviven desde hace más de dos años y medio con los impactos de la ocupación y reclaman definiciones claras a las autoridades nacionales responsables. 

Vale recordar que distintos frentistas han relatado a través de estas páginas su malestar ante inconvenientes que han tenido que atravesar con algunas de las más de cien familias que hoy habitan el macizo.

Durante el último año también se profundizó la necesidad de la intervención de la Usina Popular y Municipal para realizar cortes de instalaciones irregulares en el barrio. Representantes del organismo alertaron sobre la peligrosidad a la que los vecinos se exponen al acceder al servicio sin la normativa de seguridad adecuada. 

Por su parte, desde el barrio popular señalaron la necesidad de contar con luz en el lugar para conservar alimentos, medicamentos, calefaccionarse y otras posibilidades básicas. Desde el Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la Unicen elevaron un informe con el foco puesto en esta necesidad. Además de datos concretos sobre la situación del lugar, el texto da cuenta de las problemáticas de no poder acceder al servicio de energía eléctrica. No obstante, desde la Usina continuaron realizando los operativos correspondientes para dar de baja las conexiones clandestinas.

Haciendo base en que el proceso de expropiación del macizo todavía no concluyó y el terreno continúa inscripto a nombre de su propietario, el Municipio mantiene su postura de pedir respuestas a Nación y Provincia y aseguró que no va a destinar fondos locales para urbanizar una toma. Las intervenciones del Gobierno local serán, como lo han sido hasta ahora, solamente ante situaciones de salud o riesgo en las poblaciones más vulnerables.

El Municipio de Tandil reiteró su postura respecto a la ocupación del macizo privado ubicado en el barrio Movediza y volvió a señalar que la responsabilidad de intervenir en ese predio corresponde al Gobierno Nacional, luego de que la propia Nación lo incorporara al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) en 2023.

Desde la comuna recordaron que el Municipio viene participando de las instancias de diálogo convocadas por la Justicia junto a la Defensoría Oficial y organismos del Gobierno provincial. Sin embargo, en ninguna de esas reuniones estuvo presente representantes del Gobierno Nacional, a pesar de ser la autoridad competente para definir la situación del macizo incorporado al Renabap.

En este marco, el pasado jueves el jefe de Gabinete, Julio Elichiribehety, presentó de forma presencial dos notas ante la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía de la Nación y ante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia. En ellas, el Municipio pidió definiciones urgentes sobre el macizo y solicitó que Nación y Provincia asuman las responsabilidades que les asigna la Ley 27.453.

Desde el Ejecutivo local reiteraron que el terreno continúa a nombre de su propietario debido a que el proceso de expropiación no está concluido, y remarcaron que el Municipio no destinará recursos públicos de los tandilenses para urbanizar, mejorar o dotar de servicios a una toma ubicada en un predio privado, una postura que mantiene desde el inicio del conflicto.

A esta situación se suma la falta de respuesta del Gobierno Nacional a las notas enviadas previamente por la comuna, en las que se solicitó la revisión del caso y el pedido formal de remoción del macizo del Renabap.

Asimismo, el Municipio remarcó que los principales afectados por esta situación siguen siendo los vecinos lindantes, quienes conviven desde hace más de dos años y medio con los impactos de la ocupación y reclaman definiciones claras a las autoridades nacionales responsables.

Mientras tanto, la intervención municipal continuará restringida a situaciones vinculadas a la salud y a la atención de grupos en riesgo, sin asumir obligaciones que competen a la órbita nacional y provincial.

Finalmente, el Ejecutivo local adelantó que seguirá reclamando al Gobierno Nacional —a través de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana— el cumplimiento de la legislación vigente en materia de barrios populares, teniendo en cuenta que la Justicia consideró válida la inclusión del macizo en el Renabap.

La ocupación del macizo comenzó en febrero de 2023 sobre un predio privado cuyo propietario denunció la usurpación del inmueble. Durante los primeros meses, la Justicia dispuso medidas de no innovar, solicitó un censo y ordenó el desalojo que finalmente no fue efectivizado.

En diciembre de 2023, la Secretaría de Integración Socio Urbana del Gobierno Nacional incorporó formalmente el predio al Renabap. Meses más tarde, la Cámara de Apelaciones de Azul declaró inconstitucional esa incorporación y ordenó avanzar con el desalojo.

Sin embargo, el 19 de junio de 2024, el nuevo Subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, emitió un acto administrativo que ratificó la inclusión del macizo en el Renabap y solicitó levantar la medida de no innovar relativa a la provisión de servicios. Esta decisión reafirmó la postura del Gobierno Nacional respecto al predio.

A pesar de esa ratificación, el proceso de expropiación no concluyó y el terreno continúa inscripto a nombre de su propietario, lo que mantiene el conflicto sin una resolución definitiva.

En paralelo, el Municipio envió diversas notas pidiendo la remoción del macizo del Renabap y solicitando definiciones formales, pero no obtuvo respuesta. Durante todo el proceso, la comuna mantuvo su postura de no destinar fondos locales para urbanizar una toma y de intervenir solo ante situaciones de salud o riesgo en las poblaciones más vulnerables.

El Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Humanas elaboró un nuevo informe sobre el estado actual La Movediza 1 (lo que fue la toma en el lote de calle Piccirilli al 1000), en el que se registraron en particular las problemáticas originadas en el barrio por no contar con acceso formal a la energía eléctrica, pero en el que también relevaron la voluntad de las más de 130 familias por regularizar su situación.

“Creemos fundamental que las familias que viven allí sean escuchadas e incorporadas en un espacio participativo, una mesa participativa para discutir particularmente de qué manera se pueden desarrollar en este barrio. Las demandas no son nuestras, sino de las personas que viven en el lugar, y la principal es poder formalizar su situación. Dijeron que no quieren vivir más en la clandestinidad, y eso implica poder tener servicio de energía eléctrica, poder pagar su terreno, y un montón de aspectos vinculados a la regularización dominial, a los cuales tienen voluntad de contribuir”, transmitieron Dana Valente Ezcurra, Jésica Esparza y Paloma Draghi, parte del equipo de Hábitat y Derecho a la Ciudad del Observatorio Social.

El informe se denomina “Situaciones problemáticas a considerar para el acceso a la energía eléctrica en el Barrio Popular La Movediza I – Tandil”, y llevó meses de trabajo, visitas al barrio, relevamientos casa por casa y análisis de datos. Incluyó también talleres participativos no solo con adultos sino también con niños y adolescentes, quienes entre otros aspectos manifestaron que la oscuridad es uno de sus principales temores.

Tras la ocupación del lote de calle Piccirilli al 1000 en febrero de 2023, comenzó un proceso penal que se agotó en julio pasado, cuando la Justicia determinó que no existió delito de usurpación –porque el terreno forma parte del Registro Nacional de Barrios Populares-, por lo que archivó la causa. El hasta entonces particular damnificado –el vecino dueño de un vivero que contaba con la titularidad del macizo- inició un nuevo juicio por vía administrativa, para obtener una indemnización.

De acuerdo al Renabap, el barrio es actualmente La Movediza 1 (ID 608), y según el relevamiento de la Unicen cuenta con 130 parcelas por las cuales casi un 80 por ciento de los habitantes posee Certificado de Vivienda Familiar. Sin embargo, estos continúan sin acceso formal a los servicios básicos, y en particular a la energía eléctrica.

El sábado 15 por la mañana, El Eco de Tandil volvió al barrio. Mientras algunos vecinos seguían avanzando con la edificación de sus viviendas, moviendo ladrillos y levantando paredes, otros cortaban el pasto. Muchos ya instalaron los postes de luz reglamentarios, a la espera de dejar las conexiones irregulares.

El objetivo principal del mencionado informe fue el de “caracterizar las situaciones problemáticas en torno al acceso a la energía”. Además de relevar los datos sobre la cantidad de parcelas y constatar la tenencia de Certificados de Vivienda, el texto también se propuso considerar la situación de los vecinos en relación a los requerimientos de parte de la Usina para dotar del servicio, y dar cuenta de situaciones problemáticas “advertidas en relación al agravamiento de las condiciones de vida como resultado de la precariedad socio habitacional y la exclusión sociourbana”.

El informe concluye señalando la “situación de emergencia habitacional y social crítica” en el barrio, en particular en relación al acceso a servicios. Si bien hace mención a que de acuerdo a la normativa vigente el Certificado de Vivienda es suficiente para poder solicitar la conexión eléctrica formal, indica que desde la Usina se incorporaron requisitos que “desconocen la obligatoriedad del cumplimiento de los derechos de habitantes de barrios populares”.

Las integrantes del Observatorio Social que dialogaron con El Eco de Tandil destacaron del informe las recomendaciones “para el diseño marco de la resolución no punitiva del conflicto”. En principio el acceso a los servicios urbanos, no solo electricidad sino también agua, cloacas, recolección, apertura de calles y pasajes, entre otros.

Pero las recomendaciones señalan además la necesidad de “adoptar un enfoque de derechos reconociendo la normativa vigente en materia de derechos humanos fundamentales y acceso justo al hábitat”, “incentivar la desestigmatización de la ciudadanía que habita en asentamientos precarios capacitando a agentes públicos y efectores de áreas de atención”, “impulsar de manera urgente la intervención articulada entre instituciones y organismos pertinentes de cara a garantizar el acceso formal a la energía eléctrica”, y “promover la implementación de abordajes integrales y participativos en el desarrollo de las políticas de hábitat e integración sociourbana”.

En ese marco el informe propone crear una “Mesa de Gestión Interinstitucional” con participación de organismos nacionales, provinciales, municipales y vecinos, así como también co-diseñar un Plan para la Integración Sociourbana de la extensión del barrio popular La Movediza 1 que incluya la apertura de calles, la extensión de redes de servicios y la instalación de espacios públicos seguros.

La Usina de Tandil informa que este jueves por la mañana llevó adelante un nuevo operativo para detectar y desactivar conexiones eléctricas clandestinas en el barrio La Movediza I, con el acompañamiento de efectivos policiales.

La intervención se desarrolló en Piccirilli, entre las alturas 1000 y 1200 y un sector de Misiones y Navarro.

En el lugar se identificaron múltiples conexiones irregulares que fueron desconectadas por personal técnico de la empresa, cumpliendo estrictamente con los protocolos de seguridad. El procedimiento se realizó sin contratiempos, gracias al trabajo coordinado y al profesionalismo de los equipos intervinientes.

La Usina advierte que se registra un crecimiento sostenido de la situación y, en particular, un incremento significativo de conexiones clandestinas. Estas instalaciones, precarias tanto en su traza aérea como subterránea, suelen emplear elementos no seguros —como “zapatillas” eléctricas— que multiplican los riesgos de electrocución, incendios y otros incidentes.

La Usina de Tandil reitera su profunda preocupación por esta problemática y recuerda que las conexiones clandestinas ponen en riesgo la vida de quienes las manipulan, afectan la seguridad de toda la comunidad y perjudican la calidad del servicio que reciben los usuarios regulares. Se solicita a la población no realizar ni permitir este tipo de prácticas y denunciar cualquier situación irregular por los canales habilitados.

En el marco del ciclo “Octubre Urbano”, la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen) llevará a cabo la charla titulada “Trascender la intervención socio-jurídica: estrategias para la organización comunitaria en la lucha por la materialización de derechos en el barrio popular La Movediza I”.

La actividad se realizará el viernes 17 de octubre de 14 a 16 horas en el Consejo Académico de la FCH. La jornada propone analizar en profundidad la “experiencia de lucha por el acceso justo al hábitat en el barrio popular Renabap La Movediza I de la ciudad de Tandil (ID 608)”, considerándolo como “un caso emblemático para comprender la complejidad de los procesos de integración sociourbana”.

El encuentro contará con la participación de la Licenciada Julia Méndez, el Profesor Lautaro Lanusse y Jazmín Quiñones, estudiante de la carrera de Trabajo Social (FCH-Unicen). La misma se desarrollará bajo el “Eje Hábitat y Derecho a la Ciudad”, impulsado por el Observatorio Social y el proyecto de extensión universitaria “Promoción de DESCA en conflictos por acceso al hábitat urbano” de la Secretaría de Extensión de la Unicen.

Durante la charla se abordará el extenso proceso de judicialización del conflicto, poniendo el foco en el rol de los distintos actores intervinientes y en las implicancias del reciente cierre de la instancia penal, que consolidó la incorporación definitiva del barrio al Renabap. “Este hito, lejos de ser un punto final, inaugura una nueva etapa cargada de desafíos”, expresan desde la Facultad de Humanas.

El debate buscará identificar los nuevos frentes de intervención necesarios —técnicos, políticos y comunitarios— para avanzar en la efectiva materialización del derecho a la ciudad, transitando desde el reconocimiento legal hacia la concreción real de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los vecinos y vecinas.

Lo que fue la ocupación de una manzana en calle Piccirilli al 1000 de La Movediza, hoy es un barrio inscripto en el Renabap. El Eco de Tandil consultó a las autoridades de la Usina por el futuro del acceso al servicio eléctrico para las casi 200 familias que viven en el lugar, y desde la empresa señalaron que el mismo no se otorgará hasta que no se determinen los lotes individuales y cada vivienda cuente con la numeración correspondiente.

Además, indicaron que destinan más de 1 millón y medio de pesos mensuales en el consumo del barrio. También que continuarán con los operativos de corte de conexiones clandestinas, aunque al momento deban pagar a la Policía el servicio extra.

“Hasta que no estén los lotes individuales y las calles abiertas, nosotros no podemos dar servicio. Para nosotros están en una chacra, en un solo lote”, expresó Oscar Teruggi, presidente de la Usina Popular y Municipal de Tandil. La inclusión al Renabap, agregó, “se tiene que trasladar para ver dónde vive el vecino, en qué calle, qué número de altura es, cómo lo identificamos nosotros acá para darle una factura, para darle el medidor”.

Fue en julio pasado cuando se conoció el archivo de la causa penal iniciada en febrero de 2023 tras la ocupación del lote. Quien fuera el propietario –vecino del terreno, y dueño de un vivero en el lugar-, comenzó por su parte el juicio por expropiación, en la vía administrativa.

Desde junio del 2024 la Usina lleva a cabo operativos de corte por conexiones clandestinas en el barrio. La empresa elevó una nota al juez que estaba a cargo de la causa penal para alertar por la situación, y los cortes de servicio continúan realizándose periódicamente.

“Hay un riesgo para la sociedad en su conjunto que circula por ahí y para los habitantes de la toma también. No queremos quedar como responsables de cualquier hecho que ocurra producto de esas conexiones clandestinas”, indicó Teruggi al respecto.

“La Usina está teniendo una pérdida de alrededor 1 millón quinientos mil pesos mensuales de la pérdida de energía que hay en ese lugar. Es energía que se brinda y no se paga, porque la Usina compra esa energía, no es que la producimos nosotros. Con lo cual la Usina tiene un perjuicio económico, no solamente de la energía, sino de lo que se está produciendo en los cables. Porque esas conexiones clandestinas van destruyendo el material, que en algún momento se va a resentir”, explicó Teruggi.

Consultado por cómo serían los pasos para que el barrio cuente con el servicio, el presidente de la Usina indicó que se procede por parcela. “Si no están los lotes identificados catastralmente como parcela, con un número de nomenclatura, nosotros no podemos entregarles la luz. Para nosotros eso es una única parcela, y tiene luz”, precisó.

Estimó que “ARBA tendrá que hacerlo, como con cualquier urbanización”, y que “no es un tema que nos corresponda a nosotros, ni se puede hacer a nivel local”. Si bien hubo vecinos del barrio que se acercaron a la Usina para incorporarse al servicio, Teruggi sostuvo que la documentación presentada no era suficiente ya que “no están dentro  de un lote identificado”.

El presidente de la empresa aseguró que continuarán con los operativos de corte, ya que “hay vecinos al lado que pagan su factura rigurosamente todos los meses, y no puede haber una situación A para unos vecinos y una situación B para otros. Eso es lo que la Justicia no evaluó en su momento”.

El funcionario repasó los vaivenes judiciales de la causa y la incorporación del lote al Renabap. Sobre la ocupación consideró que “nadie quisiera que vecinos tengan que tomar estas decisiones para para poder tener acceso a la vivienda”, y que “sabemos con el censo que una gran mayoría de las personas que viven ahí ni siquiera son de nacionalidad argentina. No digo que no tengan derecho a tener un techo. Lo que digo es que la manera de acceder al techo son otras, no tomando tierras privadas y que después se convaliden”, concluyó.

Tras asegurar que continuarán con los operativos de cortes de conexiones irregulares, Teruggi señaló que “ya la Policía no nos quiere acompañar y tenemos que pedir un servicio adicional para hacerlo. Porque al estar cerrada la causa, no podemos pedirle al Fiscal ni al Juez ni a nadie que nos acompañen a hacer una desconexión clandestina de este tipo”.

Al respecto agregó que “ahora estamos pidiendo hacer otro operativo y la Policía lo que nos dice es que no nos puede acompañar en esta situación porque no puede descuidar otras zonas y porque la causa está cerrada. La policía, en este caso, lo que nos dice es que tenemos que hacer un pedido de un servicio adicional que sale alrededor de 400 mil pesos. Lo pedimos, pero no hemos tenido respuesta todavía”.

“Uno de mis abuelos era radical y el otro peronista”, contó Natalia Chacón -antes de que se encienda el grabador-, para referirse a sus primeros vínculos con la política. Más allá de su interés personal, recién en el 2019 comenzó a participar de manera activa. Cursó diplomaturas en políticas públicas, y en 2021 fue electa concejal por el partido que integra, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). En el presente encabeza la lista de Potencia, referenciada con María Eugenia Talerico y de la que forma parte junto a Daniela Gatti, Vanesa Frías y otros vecinos. En diálogo con El Eco de Tandil compartió sus impresiones sobre la ciudad, su mirada sobre la política tras cuatro años en el Concejo, y los “proyectos pendientes” por los que vuelve a presentarse, como el de impulsar Ficha Limpia a nivel local. Llamó a votar –“para que no nos gobiernen los peores”-, y marcó sus diferencias con La Libertad Avanza.

“En tema jubilados y en tema discapacidad, van contra los débiles. ¿En qué cabeza cabe ir contra la gente más desprotegida que es la que tendríamos que cuidar. Veo bien que se haga un blanqueo, pero no podés generalizar y hacer un barrido completo. En eso me parece absolutamente aberrante lo que se está haciendo, y no me parece que sean libertarios, al contrario. Acá tenemos la muestra de que no son lo que dicen, con la toma de La Movediza. El cuarto candidato de La Libertad Avanza en Provincia es Sebastián Pareja, el que ratificó la toma en el Renabap. Si no la hubiese ratificado, hoy estaría desalojado. ¿Cómo defendés algo que no predicás? ¿O predicás algo que no llevás a la práctica?”, sostuvo.

Tiene 47 años y es egresada de la Escuela Normal. Estudió Derecho hasta que quedó embarazada de la primera de sus 3 hijas, y tiempo después continuó de manera virtual. Aunque no se recibió, luego de su primera campaña –la del 2019-, siguió su formación a través de especializaciones vinculadas tanto a la política partidaria como a la institucional. Consultada sobre los motivos por los cuales vuelve a presentarse, hizo referencia a los proyectos que quedaron pendientes y en ese sentido destacó su idea de implementar Ficha Limpia en la ciudad.

“A mí me gustaría que se vote Ficha Limpia acá en Tandil, independientemente de que no esté adherida a la Provincia de Buenos Aires. Me gustaría que se vote, que sea un gesto a la ciudadanía de decir, sí, todos somos honestos. Más allá de lo que piense individualmente cada uno de lo que es Ficha Limpia”, consideró.

-Contaba antes de que empiece la nota de que se sumó a la política por su interés en “los proyectos”, en colaborar con la ciudad. ¿Con qué se encontró en estos cuatro años siendo parte del Concejo Deliberante?

- Primero fue entrar a un lugar donde te encontrás que lo que creés, no es. Entrás a un lugar con una idea, y decís que la vas a presentar porque como ciudadana querés reformar algunas cosas, ya sabiendo cómo se hacen las normas, cómo se hacen las leyes.

Pero vos entras a un Concejo Deliberante donde hay una manera de relacionarse que está muy marcada por usos y costumbres. ¿Cómo no nos manejamos por el reglamento y sí por usos y costumbres?

La realidad es que yo esperaba entrar a algo más serio. Donde se debata más en una comisión. Donde se le dé más tratamiento a las cosas, sobre todo a las importantes. A las muy importantes se les da. Pero a veces cuando sale ya con los votos de la mayoría, se corta ahí, ya tienen los votos y no se discute más.

-Más allá de este desencanto, por decirlo de alguna manera, vuelve a presentarse con la intención de estar cuatro años más...

-Sí, porque quedaron un montón de proyectos pendientes. Cosas por trabajar. Creo en la renovación. Y me parece que hay que renovar. Hoy hay seis bloques y más allá de que haya bloques mayoritarios, siempre se necesita un voto más para sacar algo. Eso hace que el debate sea más democrático.

- Y de estos proyectos pendientes, ¿Cuáles son los más importantes?

-A mí me gustaría que se vote Ficha Limpia acá en Tandil, independientemente de que no esté adherida la Provincia de Buenos Aires. Me gustaría que se vote, que sea un gesto a la ciudadanía de decir, sí, todos somos honestos. Más allá de lo que piense individualmente cada uno de lo que es Ficha Limpia.

Creo que Ficha Limpia es transmitirle a la ciudadanía que todos tenemos declaración jurada, que podemos presentar antecedentes penales, que nadie debe una cuota de alimentos.

-Es la única concejal del bloque del MID ¿Cómo se lleva con los otros espacios?

- Creo que tengo la cintura para, con la experiencia que tengo hoy, poder ceder cuando tengo que ceder y poder dialogar y poder compartir. Si yo tengo que sacarle el logo del proyecto y la autoría mía, se lo saco. Para mí lo importante es que lo vean. Si quieren mejorarle algo, que lo hagan y lo sacamos entre todos o por la comisión que corresponda.

No me importa que salga que el MID sacó tal proyecto. Con saber que fue una idea, que la tuve yo y que el resto me acompañó porque se sumó a mejorar algo, eso a mí me alcanza y me sobra.

-En esta elección, la alianza es Potencia. Se incorporaron vecinos que no tenían una participación política partidaria, pero que en el último tiempo se identificaron como liberales. ¿Qué significa esto?

-Esta alianza surge del MID, UNIR y el Partido Demócrata. Tanto Daniela Gatti como Jorge González, que es el segundo candidato, son liberales, que no es libertarios. Tienen una idea liberal en cuanto a la propiedad privada, en cuanto al trabajo, a la industria.

Son de centro. No son pro bala, como a veces son los libertarios. Ellos son liberales, que es totalmente diferente. Yo no soy extremista y no voy con los extremos. Y no, son de centro. Me gustaron mucho sus ideas, y cómo trabajaron los proyectos presentados para trabajar en el Concejo Deliberante.

-Hubo gran porcentaje de abstenciones en las votaciones que se llevaron a cabo hasta ahora en las diferentes provincias. ¿Qué le diría a las personas que están pensando en no ir a votar?

- Primero voy a decir que, de las campañas en las que estuve –la del 2019, la del 21 y la del 23-, en la que el hartazgo, la desmotivación, el desconocimiento y la falta de credibilidad que tiene la política me pareció impresionante y la verdad, triste. Triste que hemos llegado a este punto.

A la gente le diría que si no vamos a votar, siempre seremos gobernados por los peores hombres, como decía Platón. Creo que eso es así, pero también entiendo que la gente está ocupada en laburar porque no llega a fin de mes y no tiene una certeza de qué va a pasar. Ve la agresividad y las cosas que pasan, todos los días cambian las reglas de juego, todos los días los políticos se pelean entre sí y no miran a la gente. Se vive en campaña constantemente. Con eso ¿Cómo vas a llevar a la gente a las urnas?

Aparte de que las elecciones son obligatorias, volvemos otra vez a lo mismo. Cuando uno no vota, se pierde la democracia porque los partidos que llevan gente a votar van a llevar a su gente fija, a su militancia. Los otros partidos, por ejemplo, en mi caso, yo voy a llevar a la gente que convenzo, a mi gente que me conoce, a los que conocen cómo trabajo. Es más difícil.

-Hay espacios políticos con coincidencias ideológicas. ¿Por qué votar a Potencia y no a La Libertad Avanza?

-Porque no somos nada que ver. Nosotros vamos puramente por lo institucional, que es lo que a mí me convenció de Potencia, viendo a María Eugenia Talerico y también a López Murphy. Son personas que han denunciado casos de corrupción muy graves.

Ahora, con tema jubilados y discapacidad, van contra los más débiles. ¿Eso en qué cabeza cabe? ¿Ir contra la gente más desprotegida, que es la que tendríamos que cuidar? Yo veo bien que se haga un blanqueo, pero no podés generalizar y hacer un barrido completo cuando hay personas que tienen familiares con discapacidad.

Están en una línea muy complicada entre los derechos y la violación de derechos. Me parece absolutamente aberrante lo que se está haciendo, y no me parece que sean libertarios, al contrario, están en una restricción absoluta de libertades.

Acá tenés la muestra de que no son lo que dicen, con la toma de La Movediza. El cuarto candidato de La Libertad Avanza en Provincia es Sebastián pareja, el que ratificó la toma en el Renabap.

Si él no lo hubiese ratificado, hoy ya estaría desalojado. Entonces, ¿cómo defendés algo que no predicás? ¿O predicás algo que no llevas a la práctica?

A través de una nota dirigida al Juzgado de Garantías N° 1 de Tandil, la Usina Popular y Municipal de Tandil S.E.M. expresó su posición frente al conflicto en el predio tomado de La Movediza y responsabilizó de manera directa al Estado Nacional y a la Provincia de Buenos Aires por haber respaldado —explícita o tácitamente— la consolidación del asentamiento.

El documento, firmado por el presidente Oscar Teruggi y el secretario Javier Manuel Viera, repasó las gestiones realizadas desde la distribuidora eléctrica, las dificultades operativas generadas por la ocupación y los riesgos a los que están expuestos tanto los ocupantes como los vecinos regulares.

En la presentación, los funcionarios de la Usina recordaron que, tras una resolución judicial que dejó sin efecto la prohibición de autorizar nuevas conexiones eléctricas en el predio, mantuvieron reuniones con referentes del asentamiento. Allí se les informó que, para contar con suministro eléctrico legal, debían cumplir con el reglamento vigente, que exige —entre otras cosas— “que las calles estén catastral y geodésicamente creadas y territorialmente abiertas” y que “el lote esté subdividido también catastralmente”.

Sin embargo, indicaron que esas condiciones no fueron cumplidas y denunciaron que los ocupantes “comenzaron a conectarse clandestinamente de nuestras redes, con tendidos eléctricos precarios que implican alto riesgo para ellas mismas y también para los vecinos circundantes”. Advirtieron, además, que los intentos de cortar esas conexiones ilegales fueron inútiles, ya que “una vez que el personal de Usina y Policía se retiraban del lugar, los ocupantes volvían a realizar estos tendidos”.

El informe agregó que las conexiones irregulares ocasionaron un consumo eléctrico no registrado de alrededor de 13.200 kWh mensuales, equivalentes a un millón de pesos. También detallaron daños a la infraestructura, el uso indebido de medidores de vecinos y costos logísticos asociados a los operativos de desconexión.

En un tramo del documento, los representantes de la Usina responsabilizaron directamente a los gobiernos nacionaly provincial. Al Estado Nacional lo acusaron por haber “respaldado explícitamente la ocupación del predio a partir de las decisiones adoptadas –u omitidas— por la Subsecretaría de Integración Socio-urbana y del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) que le reconocieron la condición de ‘barrio popular’”.

En cuanto a la Provincia, sostienen que “también ha brindado un respaldo explícito –o, al menos, indulgente— a la ocupación, al no haber adoptado las acciones conducentes para su reversión” y le reprochan “la ineficacia del servicio de administración de Justicia para la resolución de la situación”.

Desde la distribuidora eléctrica alertaron sobre “un riesgo eléctrico muy importante para las personas que habitan en el inmueble en cuestión y también para los vecinos preexistentes y regularmente conectados”, y remarcaron que “nadie se hizo cargo de las consecuencias de las decisiones –o indecisiones— que se sucedieron desde febrero de 2023”. 

La situación en la toma de La Movediza se vuelve cada vez más tensa y peligrosa. Así lo afirmó el ingeniero Guillermo Saab, gerente técnico de la Usina de Tandil, quien expresó una profunda preocupación por la seguridad de las personas que viven allí debido a la precariedad de las conexiones eléctricas clandestinas.

"Estoy muy preocupado por el tema de seguridad. Cada vez que paso por ahí hay muchos chicos y las instalaciones son muy precarias", afirmó Saab durante su participación en el desayuno del programa "Tandil Despierta", emitido por Eco TV y Tandil FM 104.1.

El gerente técnico describió un escenario de alto riesgo: "Los cables no son los adecuados, se calientan, van por el piso, están atados con una bolsa. Un chico puede pisar y generar un problema serio. No hay ninguna protección, ni un disyuntor, ni una térmica".

La Usina realiza operativos de rutina para desconectar estas conexiones ilegales, siempre en coordinación con la policía. Sin embargo, en el último operativo la situación escaló. "Fue quizás la primera vez que tuvimos cierta agresividad en la gente. Hasta ahora entendían nuestro trabajo, pero la última vez fue bastante verbal y bastante agresivo", relató Saab, aunque aclaró que pudieron finalizar la tarea.

El problema, lejos de solucionarse, se agrava. "Cada vez que voy veo más gente y más construcciones. Ya hay mampostería, ladrillos, losas, columnas de hormigón", detalló. 

Esta expansión descontrolada no solo representa un hurto de energía, sino que también deteriora las instalaciones de los vecinos regularizados y aumenta exponencialmente el peligro de un accidente fatal. "Es tan precario todo que, si me preguntás, no sé cómo no se lastimó nadie todavía", sentenció con preocupación.

Por otro lado, Saab analizó cómo las bajas temperaturas han modificado los hábitos de consumo en toda la ciudad, especialmente en los barrios sin acceso a la red de gas natural.

"El consumo más grande en invierno está siendo a la noche, con picos alrededor de las 20 horas, asociado básicamente a la calefacción", explicó. La popularización de la iluminación LED ha hecho que las luces ya no sean el factor principal, sino los artefactos para calefaccionarse.

Esta demanda intensiva ya ha generado algunos problemas. "Estamos detectando actuación de protecciones con mucho consumo en lugares periféricos donde no hay gas, como en la zona de Las Tunitas", comentó. Según el ingeniero, en los últimos 10 días, la mitad de los reclamos recibidos fueron por fallas internas en los domicilios, producto de la sobrecarga al enchufar varios calefactores a la vez.

Ante la consulta sobre qué tipo de calefacción eléctrica es más conveniente, Saab recomendó a los usuarios prestar atención a la eficiencia energética de los aparatos (indicada con letras A, AA, AAA) y elegir en función del ambiente a climatizar. "Un aire acondicionado frío-calor inverter es lo más eficiente para un ambiente grande, mientras que las placas en la pared o los caloventores pueden ser prácticos para usos puntuales y espacios reducidos, como un baño o una habitación", concluyó.

Durante la mañana de este martes, alrededor de las 9 horas, personal de la Usina Popular y Municipal de Tandil llevó adelante un nuevo operativo para detectar y desactivar conexiones eléctricas clandestinas en la toma ubicada en el barrio de La Movediza. 

La intervención contó con el acompañamiento de efectivos policiales y se desarrolló en las calles Piccirilli, entre el 1000 y el 1200, y en el sector de Misiones y Navarro. En el lugar se identificaron múltiples conexiones ilegales que fueron desconectadas por personal técnico de la empresa, a bordo de dos camiones y una camioneta, cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos.

Desde la Usina manifestaron que, durante el operativo, al menos tres personas que habitan el asentamiento reaccionaron de forma violenta y amenazaron al personal que se encontraba realizando las tareas. “A pesar de esta situación, el procedimiento se llevó adelante en su totalidad, gracias al acompañamiento policial y al profesionalismo del equipo interviniente”, destacaron.

La empresa de capitales mixtos informó que desde hace tiempo atrás se viene registrando un crecimiento sostenido y preocupante de esta toma, con un incremento significativo de conexiones irregulares. Las instalaciones existentes, calificadas como “precarias tanto en su traza aérea como subterránea”, se encuentran conectadas mediante elementos no seguros que multiplican los riesgos de electrocución, incendios y otros incidentes.

Desde la Usina reiteraron su profunda preocupación por esta problemática y recordaron que las conexiones clandestinas no solo representan un grave peligro para quienes las manipulan, sino que también comprometen la seguridad de toda la comunidad y afectan la calidad del servicio eléctrico que reciben los usuarios regulares.

Un nuevo operativo de la Usina de Tandil en la toma del barrio La Movediza puso de manifiesto la preocupante escalada de conexiones clandestinas y el inminente riesgo eléctrico que las mismas representan para la seguridad de los vecinos y la calidad del servicio.

Este miércoles, alrededor de las 10 de la mañana, personal de la Usina, acompañado por efectivos policiales y a bordo de dos camiones y una camioneta, intervino en las calles Piccirilli al 1200 y Misiones y Navarro. El objetivo fue cortar las múltiples conexiones ilegales que hay en la zona.

Desde la empresa de capitales mixtos se informó que se identificaron y se procedió a la desconexión de varias tomas directas. Estas conexiones, realizadas de manera precaria, eran tanto aéreas como subterráneas, y se dirigían hacia el interior de la toma a través de "zapatillas" eléctricas, una práctica que aumenta exponencialmente el peligro.

La Usina reiteró con preocupación que este tipo de conexiones no solo constituyen un grave peligro para la seguridad de las personas que las manipulan y de todos los habitantes de la zona debido al riesgo de electrocución o incendios, sino que también afectan la calidad del servicio eléctrico para el resto de los usuarios.

En un nuevo operativo realizado este lunes, alrededor de las 9 horas, en Piccirilli al 1200 y Misiones y Navarro, se procedió al corte de conexiones clandestinas en la toma del barrio de La Movediza.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Usina de Tandil en dos camiones y una camioneta, con el acompañamiento de la policía.

Desde la empresa de capitales mixtos se informó que se cortaron varias conexiones directas, aéreas y subterráneas, que derivaban al interior de la toma a través de zapatillas eléctricas.

La Usina reiteró que las conexiones clandestinas no solo representan un grave peligro para la seguridad de quienes las realizan y de los vecinos de la zona, sino que también generan un perjuicio económico y afectan la calidad del servicio eléctrico para todos los usuarios

La Usina de Tandil informó que en un nuevo operativo realizado este jueves por la mañana en las calles Misiones y Navarro, y Piccirilli y Salta, se procedió al corte de conexiones clandestinas en la toma del barrio de La Movediza.

El procedimiento fue llevado adelante en horas de la mañana por personal de la Usina de Tandil, con acompañamiento de dos patrullas de la policía.

En el operativo se cortaron conexiones directas en cuatro sectores, y en dos de ellos se constató que el cable (preensamblado) de la red se encuentra muy dañado por el accionar de los ocupantes del predio en conflicto.

Además se detectaron líneas aéreas y subterráneas, que derivaban al interior de la toma a través de zapatillas eléctricas.

Desde la Usina reiteraron que las conexiones clandestinas no solo representan un grave peligro para la seguridad de quienes las realizan y de los vecinos de la zona, sino que también generan un perjuicio económico y afectan la calidad del servicio eléctrico para todos los usuarios.