El secretario de Legal y Técnica, Francisco Maciá Cantarelli, brindó detalles de la reunió con funcionarios de Nación, en la que el Municipio solicitó la desafectación del Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares) del predio ubicado en Piccirilli al mil. “Entiendo que cualquier gestión conducente nunca es fuera de tiempo”, dijo en cuanto al pedido realizado a más de tres años del inicio de la ocupación.

En diálogo con “La Mañana de El Eco” (104.1 Tandil FM y El Eco Streaming), el funcionario reformuló el eje del reclamo en relación a la toma. “La realidad habitacional o la problemática que existe hoy no solo es en cuanto está o no está en el Renabap, en cuanto a que el señor Moauro va a ser o será indemnizado o no, en cuanto a que Casación le dijo que no a lo que dijo la Cámara, o sea cuestiones que nos trascienden”, advirtió.

Como contrapartida, remarcó que “sí hay una cuestión bastante profunda en cuanto a la seguridad” y agregó que la Secretaría de Protección Ciudadana “toma nota de esto a partir de denuncias”.

En tanto, precisó que “hay varias investigaciones en el Poder Judicial que piden la colaboración en cuanto a las cámaras de Protección Ciudadana y se ve que los productos de delitos terminan ahí, por el rastreo de las cámaras. Entonces hay ahí un foco importante, y en varios delitos, no solo de hurto, robos de moto, lo que fuere, sino delitos que tienen que ver con el narcotráfico”.

Amplió que recientemente, autoridades de Protección Ciudadana mantuvieron una reunión con integrantes de las fiscalías de la Justicia bonaerense y federal. “Se está conversando acerca de la problemática porque es algo que nadie quiere que se instale en la ciudad, ninguno de los poderes que tienen incumbencia en la materia, ni ninguno de los ministerios o secretarías ya sea locales, provinciales o nacionales que tienen que abordar y estudiar y analizar y darle una solución al problema”, aseguró sobre la comercialización de drogas.

Como se informó, el jueves de la semana pasada, Maciá Cantarelli junto a la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, y el subsecretario Juan Ibáñez, viajaron a Capital Federal y mantuvieron una reunión con el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Martín Kusnier; el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto; el director nacional de Migraciones, Sebastián Pablo Seoane; y la directora nacional de Cooperación Internacional, Misiones Internacionales y Asuntos Externos, Cornelia Schmidt-Liermann.

Como integrante de la comitiva del Ejecutivo que asistió al encuentro, Maciá reconoció que “el camino a desafectar” el predio del Renabap “es arduo y complejo, porque ahí tenés personas que fueron censadas, entiendo yo, con los mecanismos que indica la Ley del Renabap, que ya están identificadas, tienen un número. De todos modos hay mecanismos para recolocar a esa gente eventualmente ante esa decisión de máxima que es desafectarlo”.

El secretario municipal definió que “es un camino arduo, complejo, no lineal” e insistió en que “hay cuestiones que dependen de Nación y no las podemos abordar nosotros”.

Consultado por la reacción de los funcionarios nacionales ante el conflicto generado tras la toma de tierras en La Movediza, afirmó que “no estaban al tanto”. Sin embargo, justificó que “Tandil tiene once Renabap, la provincia de Buenos Aires debe tener más de mil y en la Nación debe haber más de 5 mil seguro”.

En igual sentido, observó que el registro “no dependía del Ministerio de Seguridad, no tienen incumbencia en esto. Sí lo que nos dijo el secretario de Seguridad es que se iba a contactar con sus pares de Capital Humano para darles cuenta de la reunión que tuvieron con nosotros, los funcionarios de Tandil, y que se iban a poner a estudiar el tema”.

En paralelo, expuso que “entendieron que la problemática dejó de ser habitacional y pasó a ser también una cuestión de seguridad”, tras lo cual sumó que se comprometieron a darle intervención a Migraciones.

En tanto, señaló que ante la ausencia de una oficina en Tandil, desde Nación anticiparon que planean articular a través de Mar del Plata. “Dijeron que nos íbamos a contactar para ejercer acciones concretas en el territorio. También que iban a hablar con sus pares de Capital Humano para ver el tema de cómo fue ese proceso desde diciembre de 2023 con la incorporación y todos los actos posteriores que se dieron”, puntualizó.

En resumen, manifestó que “regresamos con una muy buena sensación porque fuimos escuchados, dijeron que iban a abordar el tema, que se iban a poner a conversar con sus pares de otros ministerios, justamente Capital Humano que es el que tiene incumbencia hoy, más allá de que por la modificación de la Ley de Ministerios lo absorbió todo el Ministerio de Economía hoy, pero es una cuestión que tienen que abordar varios ministerios de Nación”.

Una vez más, resaltó que  “nos dijeron que se van a poner a trabajar con la Dirección de Migraciones y van a bajar al territorio”, y valoró que “son todas acciones conducentes que van a abordar esta temática compleja que circunda a todo lo que es esta toma”.

En otro tramo de la entrevista, Maciá Cantarelli se refirió a los inicios de la toma en febrero de 2023, iniciada “por unas pocas familias, seis o menos, y la ley ya dice ocho o más familias. Entonces ahí es donde ellos empiezan a censar y de golpe llegan colectivos. Estuvo todo orquestado por distintas personas, agrupaciones políticas, entonces estuvo contaminado –y me hago cargo de lo que digo- por distintos intereses”.

Como contrapartida, recordó los primeros relevamientos de la Secretaría de Desarrollo Humano y avaló que la secretaria Juliana Teerink “tiene en su secretaría otras necesidades de gente que va y plantea el problema desde otra manera, no desde la toma, sino colocándose en listas y en programas que tiene la secretaría”.

Bajo ese fundamento, el funcionario refrendó que “por eso en su momento el Municipio dijo de esta manera no” y describió que “vienen colectivos de gente que no sabés de dónde viene y solo con el afán de ser censados, porque sabían cuándo se iba a censar. Entonces todas estas cuestiones es donde tenemos que decir que no, evitarlas y hacerlas de manera legal, como lo marca la norma que acá fue bastante corrompida, diría yo, por cómo se fueron dando los hechos”.

Por otra parte, el secretario de Legales aseguro que “siempre estuvimos trabajando, desde el día uno”, al tiempo que certificó que consta en la documentación que ha recopilado el área.

Expuso que desde su asunción en diciembre pasado, tuvieron reuniones con el Oceba y con las defensorías del Pueblo por el suministro de energía eléctrica, mientras que las primeras intervenciones las remitió a febrero de 2023, cuando el titular del predio, Daniel Moauro, radicó la denuncia por usurpación.

“A partir de ahí, desde el día uno, el Municipio, ya sea la Secretaría Legal y Técnica como la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, como la Secretaría de Protección Ciudadana siempre se avocaron al tratamiento de la problemática, con reuniones, en el lugar, con censos, con notas hacia la Provincia, con notas y comunicaciones hacia Nación”, recapituló y puso el foco en “la receptividad” que lograron esas gestiones.

“Se hizo siempre lo que estuvo al alcance del Municipio”, defendió y remarcó que existe normativa provincial y nacional, pero además el predio tiene un dueño, “por ende, quien tenía que instar todo era el privado, que entiendo que lo hizo”.

Tras repasar rápidamente el proceso judicial, recordó que “en el medio el titular del predio conversaba con interlocutores provinciales y, más adelante, nacionales para ver cómo él resolvía la habitabilidad del predio con su correspondiente indemnización”.

En esa línea, aseveró que “hay cuestiones en las que el Municipio tenía que ver la manera de acompañar todas esas charlas, esas negociaciones, que tenía el titular del predio con quienes legislan la materia habitacional ya sean leyes provinciales o nacionales. Y en esto, en un primer momento fue Provincia quien estuvo detrás del tema. Por cuestiones que no las conozco, fue el privado Moauro con Provincia y no sé por qué lo llevaron adelante; y luego con Nación, que lo decidió incluir en el Renabap, el 6 de diciembre de 2023”, días antes de que finalizara el gobierno de Alberto Fernández, dijo y aseguró que “en el medio el Municipio hizo todas las gestiones que estaban al alcance de la Municipalidad”.

Durante su participación en La Mañana, programa que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1, el concejal Marcos Nicolini profundizó sobre la preocupación que genera la toma de tierras en el sector de Movediza. El edil recordó que, años atrás, ya había advertido sobre el fenómeno de la "conurbanización" en la ciudad, un proceso que, a su entender, requiere de una postura firme y temprana por parte del Estado para evitar que las situaciones se consoliden.

Al poner el conflicto en perspectiva, Marcos Nicolini comparó la celeridad con la que se actuó en casos anteriores, como la toma del Cerro Granito en 2015, frente a la demora actual en el predio de Movediza, que ya lleva tres años. Según el concejal, las idas y vueltas del Ejecutivo municipal al inicio del conflicto dificultaron una resolución efectiva. Asimismo, señaló que la inclusión del predio en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), realizada días antes de finalizar el gobierno nacional anterior, complicó las posibilidades de desalojo judicial.

“La justicia en segunda instancia ordenó el desalojo, pero después fue Casación la que dijo que no se debía proceder porque el terreno estaba incluido en el Renabap. Se hizo una interpretación muy laxa de la norma para incluirlo”, explicó Marcos Nicolini. Si bien valoró las gestiones actuales del municipio ante el Ministerio de Seguridad de la Nación por cuestiones de delitos y seguridad, el edil subrayó que el desafío de lograr la desafectación del registro sigue siendo complejo.

El concejal aprovechó la ocasión para brindar datos sobre la magnitud de la problemática en el partido de Tandil. Según las estadísticas del Renabap, existen 11 barrios incluidos que agrupan a 1853 familias, lo que representa aproximadamente 7200 personas viviendo en condiciones de precariedad habitacional. “La problemática no es solo la toma de Movediza; hay que tomar todas las medidas necesarias y tener una postura firme desde el Estado local para no convalidar estas situaciones”, enfatizó.

Para Marcos Nicolini, la solución de fondo radica en la planificación urbana y la generación constante de suelo. El concejal criticó la falta de continuidad en las políticas públicas y propuso un esquema de urbanización sostenida, con lotes dotados de infraestructura, en lugar de depender de proyectos grandilocuentes o medidas aisladas. “Hace falta continuidad en el tiempo de un programa de generación de suelo urbano”, sostuvo.

En este sentido, el edil comparó la realidad local con experiencias internacionales, como las observadas en ciudades de Brasil, donde el crecimiento urbano está planificado con décadas de antelación. “Nos tenemos que poner los pantalones largos y ver si queremos seguir generando ciudades a través de tomas o vamos a planificar realmente”, sentenció, instando a los ciudadanos de Tandil a comprometerse con un ordenamiento territorial que garantice el futuro de la ciudad.

Hacia el final de la entrevista, Marcos Nicolini se refirió a la situación financiera del municipio tras la reciente rendición de cuentas, que arrojó un déficit consolidado de 7000 millones de pesos. El concejal cuestionó la administración de los recursos y la política de tasas implementada por el Ejecutivo. “El ajuste lo hizo a los vecinos; subió las tasas en la medida de lo que necesitaba para pagar, sin evaluar cómo achicar gastos”, señaló.

Respecto al pedido de endeudamiento solicitado por el Ejecutivo al Concejo Deliberante para financiar obras en el relleno sanitario, Marcos Nicolini se mostró cauto y crítico. “Estamos comprometiendo a todos los tandilenses a tomar un crédito con una tasa del 44% anual, que es elevada”, advirtió. El concejal cuestionó que, tras la venta del predio de Santamarina, las prioridades de inversión no hayan sido las adecuadas para resolver problemas estructurales como la gestión de residuos o la infraestructura hospitalaria.

Finalmente, sobre la reforma del Plan de Desarrollo Territorial (PDT), el edil insistió en la importancia de que la discusión sea abierta y participativa, incluyendo no solo a los colegios profesionales, sino también a una mirada externa que aporte una visión global sobre el desarrollo urbano de Tandil. “Hay que participar en el momento de la discusión, no solo que te manden un paquete cerrado”, concluyó.

El Municipio logró que representantes de Nación accedan a recibir a funcionarios locales y entregar un pedido para desafectar del Renabap el lote de calle Piccirilli al 1000 de  La Movediza. El macizo fue ocupado en febrero de 2022, y a la fecha viven alrededor de 200 familias. La Justicia, cabe recordar, archivó la causa penal por usurpación y ratificó que el lugar es un barrio popular.

El Eco consultó a referentes de los principales espacios políticos locales –Juan Salceda, de la UCR; Rogelio Iparraguirre, de Fuerza Patria; Gonzalo Santamarina, de Acción Tandilense / La Libertad Avanza; y Marcos Nicolini de Alternativa Tandil/Hechos- para conocer su mirada al respecto de la solicitud y a la continuidad del caso.

Con matices y observaciones, hubo coincidencia en marcar la necesidad de abordar la situación, y de parte de la oposición críticas a la celeridad de la iniciativa municipal para elevar el pedido a Nación. Desde Fuerza Patria plantearon a su vez la posibilidad de que se avance en una solución conjunta en pos de la “reparación de los derechos patrimoniales” de quien fuera propietario del lote, mientras que desde Hechos indicaron que “no se pueden tolerar tomas como mecanismo de generación de suelo urbano, ya que así se arruinaron varias ciudades, como Mar del Plata”.

Más allá del canal de diálogo abierto con Nación –desde la Comuna suelen transmitir la dificultad para dar con la respuesta de funcionarios en temas como infraestructura urbana, Ruta 226 y otros-, en el caso de que la desafectación se concrete, resta ver la posible continuidad de la causa penal, ya que la misma fue archivada.

Quien fuera propietario del lote ocupado y luego incluido en el Renabap continúa vía administrativa el reclamo por expropiación inversa, sin confianza en anuncios políticos o en que la Justicia pueda llegar a revertir lo dictaminado a la fecha.

Cabe recordar, habían transcurrido casi 10 meses del inicio de la ocupación cuando el gobierno nacional de Alberto Fernández, a días de finalizar la gestión, incorporó el lote al Registro Nacional de Barrios Populares. La medida fue ratificada luego por el gobierno de Javier Milei, vía el secretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja. Con la intervención de Provincia se había avanzado en la posibilidad de generar un acuerdo urbanístico –con el aval de las partes-, pero el Municipio se retiró de la mesa de negociación.

Tras idas y vueltas, en julio de 2025 la Justicia archivó la causa y dictaminó que a partir de la inclusión del lote en el mencionado Registro, no existió delito de usurpación. Los vecinos del lugar comenzaron entonces a manifestar públicamente la necesidad de avanzar con la integración socio urbana del barrio, que no cuenta con acceso a los servicios básicos.

Jefe del bloque de la UCR y referente principal del oficialismo en el Concejo Deliberante, el concejal Juan Salceda se manifestó en sintonía con lo planteado por el Municipio tras anunciar la presentación del pedido a Nación: no convalidar ni el mecanismo de la ocupación, ni la inclusión en el Renabap.

“Nosotros como gobierno, y con las responsabilidades que tenemos no convalidamos la toma. Nunca lo hicimos desde un principio y lo seguimos sosteniendo. Primero porque no convalidamos un mecanismo ilegal que vulnera los derechos de todos, de una ciudad y de una comunidad que no quiere siquiera resignarse a este antecedente lamentable”, sostuvo Salceda.

“No convalidamos desde el inicio la inclusión en el Renabap de una parcela con un dueño conocido y presente. Es una inclusión forzada y contra toda normativa que es una responsabilidad conjunta primero del gobierno de Alberto Fernández y luego convalidada por La Libertad Avanza, por Sebastián Pareja y el gobierno de Javier Milei”, sumó el concejal, quien concluyó marcando que “no creemos que este mecanismo sea la forma correcta de hacerse de un terreno en Tandil”.

El jefe del bloque de Fuerza Patria, Rogelio Iparraguirre, señaló en primer término la necesidad de que la premisa del debate sea la reparación de los derechos patrimoniales afectados, el “derecho a la propiedad del dueño”.

Manifestó que de acuerdo a su mirada estuvo mal la inclusión del lote en el Renabap, pero que más allá de las posiciones partidarias, la dirigencia política debía demostrar la capacidad para construir una salida en conjunto.

“Si vamos a hacer algo, hagámoslo todos juntos, porque si no es difícil creer que por las partes se obtenga éxito, y que de verdad haya un espíritu de resolver el problema y no una intención de construir alguna especie de ventaja o fortaleza política electoral”, sostuvo.

Consideró que cada uno de los principales espacios políticos cuenta con parte de razón: el sector libertario cuando marca la inclusión “a las apuradas y mal” del lote en el Renabap durante el gobierno de Alberto Fernández, pero también Fuerza Patria cuando señala que durante el primer año la ocupación pasó de 20 familias a 200 “frente a las narices del Municipio”, y la propia Comuna cuando hace referencia a que la gestión de Milei convalidó la inclusión en el Registro.

“Si nos quedamos cada uno contentos, aunque tengamos parte de razón, flaco favor le estamos haciendo a la posibilidad de resolver o abordar el problema”, concluyó.

Consultado sobre el pedido del Municipio, Marcos Nicolini, de Alternativa Tandil / Hechos, se manifestó a favor del mismo pero marcó también que el gobierno local “se quedó un poco en el tiempo para hacerlo, pero está bien que se haga, que se intente”.

Recordó que en 2024 su bloque presentó un proyecto que luego se trabajó en Comisión de Interpretación y finalmente obtuvo dictamen conjunto, a partir del cual el Concejo hizo una solicitud para que Nación revise la incorporación del lote al Renabap.

A su vez –contextualizando a partir de manifestaciones públicas anteriores en el mismo sentido-, el concejal sostuvo que “hay que estar de acuerdo en que hay que sacarlo. Porque no se pueden tolerar tomas de ninguna naturaleza como mecanismo de generación de suelo urbano. Así se arruinaron varias ciudades, como Mar del Plata”, sentenció.

El referente de Alternativa Tandil se refirió además a que la continuidad de la solicitud tendrá que ver también con el recorrido que pueda tener en la Justicia, ya que el desalojo fue suspendido por ser el loteo parte del Renabap, y la posible intención del propietario al respecto.

“El Municipio llega tarde”

“Lo que está haciendo el gobierno municipal lo planteamos nosotros en varias entrevistas ya hace tiempo, que era usar la presencia de focos marcados de delincuencia, venta de drogas con participación de extranjeros en la toma para evaluar la activación del protocolo de deportación que está empezando a implementar acertadamente el Ministerio de Seguridad de la Nación”, expresó Gonzalo Santamarina.

El referente de Acción Tandilense / La Libertad Avanza hizo mención a que mantuvieron encuentros con funcionarios judiciales para “confirmar la presencia delictiva en la toma”, y marcó –en sintonía con lo planteado desde la Comuna en el mismo sentido – que “es un camino que puede aportar”.

Sin embargo, consideró que “si esta voluntad política la hubiese tenido el Municipio en las primeras horas de la toma en febrero de 2023, otra hubiese sido la historia. Lamentablemente el Municipio llega tarde. Pero vemos con buenos ojos que se busquen mecanismos para limpiar la toma de delincuencia y después evaluar cómo seguir, porque la causa de desalojo fue archivada y el titular del predio pidió ser indemnizado”.

Concluyó marcando que “a pesar de haber sostenido siempre esta idea, luego lamentablemente sucedió lo que temíamos. Un territorio que traumatiza a los vecinos del barrio, con gente que no conocen, que no son del barrio, donde se producen día a día hechos de inseguridad y de violencia. No podemos  legitimar este mecanismo ni este antecedente en Tandil si queremos cuidar a nuestros vecinos y si queremos cuidar la ciudad que entre todos construimos”.

El Municipio formalizó este jueves una solicitud ante el Ministerio de Seguridad de la Nación para que se disponga la desafectación del predio ocupado en la zona de La Movediza del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), al considerar que su incorporación se realizó de manera irregular y que esa situación ha generado consecuencias que afectan la seguridad y el orden público de la ciudad.

La presentación fue realizada en representación del intendente Miguel Lunghi por la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, el secretario Legal y Técnico, Juan Maciá y el subsecretario de Protección Ciudadana, Juan Ibáñez.

La delegación tandilense fue recibida por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Martín Kusnier; el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto; el director nacional de Migraciones, Sebastián Pablo Seoane; y la directora nacional de Cooperación Internacional, Misiones Internacionales y Asuntos Externos, Cornelia Schmidt-Liermann.

En el escrito se solicitó, además de la exclusión del predio del Registro Nacional de Barrios Populares, la realización de un relevamiento migratorio, a la luz de los diversos procedimientos policiales y penales en el que intervienen personas de nacionalidad extranjera y en el marco de las recientes modificaciones introducidas en la legislación migratoria nacional.

Durante el encuentro, los funcionarios nacionales escucharon los planteos formulados por la representación municipal y manifestaron su predisposición para analizar la situación expuesta y coordinar acciones con las distintas áreas del Estado nacional con competencia en la materia.

Desde el Municipio valoraron especialmente la apertura al diálogo y la posibilidad de exponer de manera directa los antecedentes, alcances y consecuencias que la situación genera para la ciudad.

En el escrito firmado por Lunghi el Gobierno comunal remarca además que la desafectación del predio constituye una medida necesaria para resguardar el derecho de propiedad, fortalecer las políticas de seguridad y brindar una respuesta institucional a una problemática que, según sostiene, “ha trascendido el ámbito del asentamiento para impactar sobre toda la comunidad tandilense”.

Además, durante el encuentro los funcionarios plantearon la necesidad de que se gestione, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, operativos en el barrio, en cumplimiento de las modificaciones incorporadas recientemente a la Ley de Migraciones y a la luz de los antecedentes relevados por las fuerzas de seguridad y la Justicia. A la vez que solicitaron que se conceda una audiencia con las autoridades nacionales para exponer y ampliar los fundamentos del planteo realizado por el gobierno local.

En la nota, el Municipio sostiene que la consolidación del asentamiento se produjo luego de una decisión nacional que incorporó al Renabap un predio cuya ocupación comenzó en 2023, situación que considera incompatible con los alcances de la normativa vigente.

Asimismo, se expone que la permanencia de esa incorporación condiciona las acciones destinadas al mantenimiento del orden público y demanda una importante utilización de recursos humanos y materiales por parte del Estado municipal y de las fuerzas de seguridad.

Toma en La Movediza: desde la Usina apuntaron contra Provincia y Nación por respaldar el asentamiento

Desde el inicio de la ocupación del predio, registrada en febrero de 2023 tras la denuncia presentada por su propietario, el Municipio participó de las distintas instancias institucionales y judiciales vinculadas al conflicto, sosteniendo de manera permanente su postura de rechazo a la consolidación de la toma sobre tierras privadas.

En el marco del protocolo dispuesto por la Justicia, representantes municipales participaron de las mesas de trabajo junto a organismos provinciales y nacionales y manifestaron que cualquier política de acceso al suelo con fines sociales debía desarrollarse mediante mecanismos transparentes y abiertos a toda la comunidad, y no a partir de la ocupación irregular de inmuebles particulares.

Tras la incorporación del predio al Renabap en diciembre de 2023, el Departamento Ejecutivo continuó realizando gestiones para obtener su desafectación.

En noviembre de 2024 solicitó formalmente una audiencia con la Subsecretaría de Integración Socio Urbana de la Nación y requirió la realización de los actos administrativos necesarios para revertir una incorporación que, según expuso, se produjo durante un proceso judicial de desalojo y sin consulta al Gobierno local.

A lo largo de ese proceso, el Gobierno local también impulsó distintas gestiones institucionales para acercar la problemática a las autoridades nacionales a través de diferentes canales y representantes del Gobierno Nacional. Sin embargo, esos intentos no permitieron generar una instancia de trabajo directo sobre el tema.

Paralelamente, el Concejo Deliberante acompañó ese planteo mediante distintas resoluciones solicitando la revisión de la medida y la exclusión del macizo del Registro Nacional de Barrios Populares.

Sin embargo, las respuestas recibidas desde el ámbito nacional hasta el momento se limitaron a informar que el inmueble continuaba comprendido dentro del barrio popular "Movediza I", sin avanzar en el pedido de desafectación.

En la presentación elevada este jueves, el Municipio reafirma que la inclusión del predio en el Renabap careció de sustento jurídico por tratarse de una ocupación iniciada con posterioridad al período temporal previsto por la normativa nacional para la incorporación de barrios populares.

Por ese motivo, desde el Ejecutivo destacaron la importancia de la reunión mantenida este jueves, que permitió exponer personalmente la situación ante funcionarios con responsabilidad directa en las áreas involucradas y abrir un canal de diálogo institucional para su análisis.

A propósito del encuentro, el secretario Legal y Técnico municipal, Juan Maciá, brindó precisiones en el programa Ultimo Bondi en la radio de El Eco.

Durante la reunión, el eje principal de la preocupación municipal giró en torno al cambio en la naturaleza del conflicto. Lo que comenzó como un problema habitacional se transformó en un foco de alta peligrosidad y conflictividad vecinal. Maciá puntualizó que, mientras los índices de delitos disminuyeron en el resto de la ciudad de acuerdo a los relevamientos locales, en el asentamiento de La Movediza la tendencia es opuesta y los hechos de violencia continúan en ascenso.

La secretaria Marcieri aportó datos sobre las intervenciones diarias en el lugar, destacando que la Secretaría de Protección Ciudadana trabaja codo a codo con la Justicia para suministrar pruebas obtenidas a través de las cámaras de vigilancia y el rastreo de vehículos. En este contexto, se denunció la detección de actividades vinculadas al narcomenudeo y el tráfico de estupefacientes dentro del predio. La preocupación mayor radica en que estas actividades ilícitas no solo afectan a los habitantes del asentamiento, sino que irradian inseguridad hacia los barrios periféricos.

Un punto crítico del informe presentado ante Nación fue la detección de ciudadanos extranjeros, principalmente de nacionalidad paraguaya, que estarían relacionados con estas redes delictivas. El secretario Maciá confirmó que existen elementos probatorios en expedientes de la justicia penal que vinculan a personas no nacidas en el país con la comisión de delitos dentro y fuera de la toma. Por este motivo, la presencia del director nacional de Migraciones fue fundamental para coordinar mecanismos de control más estrictos.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, se mostraron receptivos ante la posibilidad de aplicar el decreto vigente que permite la expulsión de extranjeros que cuenten con antecedentes penales o sean detectados cometiendo delitos en territorio argentino. Las autoridades nacionales se comprometieron a articular acciones con la delegación de Migraciones de Mar del Plata para realizar relevamientos de identidad en la zona y verificar la situación registral de quienes habitan el macizo usurpado.

La resolución del conflicto administrativo ahora depende del Ministerio de Capital Humano, bajo la órbita de Sandra Pettovello, ya que es dicha cartera la que tiene la potestad sobre el Renabap. No obstante, el secretario Ferlauto aseguró que mantendrá una comunicación directa con sus pares de Nación para evaluar la revisión del acto administrativo que otorgó la protección al asentamiento. La intención es que, al quedar fuera del registro, la Justicia pueda reactivar las órdenes de desalojo compulsivo que quedaron suspendidas.

En el ámbito local, la Municipalidad mantiene su postura firme de defensa de la propiedad privada. Maciá recordó que el propietario del terreno se encuentra litigando y a la espera de una indemnización o una resolución de fondo que le permita recuperar su patrimonio. Además, se subrayó que existen muchas familias en Tandil que se encuentran en lista de espera para acceder a planes habitacionales de forma legal, y que la consolidación de esta toma genera una injusticia social manifiesta.

La secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, manifestó su profunda preocupación por la situación que atraviesa el barrio La Movediza a partir del crecimiento del asentamiento en Piccirilli al 1000. La funcionaria describió un escenario de escalada de violencia contra las autoridades y un creciente foco de delitos que afecta no solo a los ocupantes, sino a todo el entorno.

En diálogo con el programa “La Mañana” (104.1 Tandil FM, El Eco Streaming y EcoTV), Marcieri fue categórica al señalar que existe una responsabilidad política directa de los representantes de La Libertad Avanza en la ciudad para gestionar ante la Nación la revisión de la inclusión de esos terrenos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), situación que hoy impide el desalojo.

La funcionaria detalló el foco de conflictividad en crecimiento en el predio de las calles Piccirilli al 1000, el cual se fue complejizando con el paso de los meses, registrándose ataques a patrulleros y "actitudes bélicas" contra el personal de la Usina Popular y Municipal de Tandil cada vez que intentan normalizar las conexiones eléctricas. "Se ha convertido en un espacio donde hay continuos conflictos internos que son muy difíciles de prevenir. Desde fin de año hasta ahora se han dado tres allanamientos positivos en el lugar", sentenció Marcieri.

Para muestra de esto, citó la intervención que realizó la Usina durante la última semana donde diferenció que en otros barrios hay conexiones clandestinas pero en esos lugares el personal especializado realiza su tarea y se va sin inconvenientes. “Que tengan que ir con asistencia policial ya habla de que las cosas van en una escalada de violencia que llegan hasta las amenazas”, describió.

En este contexto, Marcieri apuntó directamente contra el concejal Gonzalo Santamarina, referente local de La Libertad Avanza, al recordar que, aunque la inclusión en el Renabap fue firmada por la gestión nacional anterior en diciembre de 2023, la actual administración de Javier Milei, a través del funcionario Sebastián Pareja, ratificó esa decisión.

"A mí no me entra en la cabeza esta contradicción; enarbolan la bandera de la propiedad privada y en este caso se quedan callados", achacó. Además, pidió a los representantes locales de La Libertad Avanza que se hagan cargo de las gestiones con el Gobierno nacional para revisar jurídicamente el caso. Indicó que tienen las “herramientas para poder cambiarlo y no están haciendo nada”.

La secretaria instó al referente libertario a solicitar una audiencia ante las autoridades nacionales para plantear una revisión de la normativa que protege la ocupación. "Yo, si fuera Gonzalo Santamarina, al otro día de asumir sabiendo la problemática que está trayendo a la ciudad, pido una audiencia y digo 'por favor, revisame jurídicamente esto'", reclamó.

La postura de la funcionaria fue contundente: si el Estado nacional decide mantener el predio dentro del Renabap, debe ser la propia Nación la que se encargue de la infraestructura sociosanitaria y el loteo, asegurando que la Municipalidad de Tandil mantiene su postura firme de no invertir recursos públicos en un terreno ocupado ilegalmente.

Agregó que, desde su punto de vista, todavía se está a tiempo de lograr una revisión jurídica ya que todavía no se concretó una expropiación del terreno que fue usurpado a la familia Moauro. Por eso apeló a las responsabilidades políticas de Santamarina, elegido popularmente como concejal, para que pueda avanzar en estas gestiones con firmeza con el Gobierno nacional.

La funcionaria advirtió que el movimiento de gente dentro del predio de Piccirilli es continuo, con ingresos y egresos de personas provenientes de distritos del conurbano como Vicente López o La Matanza, quienes fijan domicilio en el asentamiento. "Cuando los identificamos en otros hechos delictivos en la vía pública, nos encontramos con que viven ahí. Se venden y compran las casillas internamente", relató. 

Esta dinámica ha alterado la vida de los vecinos del barrio La Movediza, quienes han debido reforzar sus viviendas con rejas y cámaras de seguridad ante el temor de que la ocupación se extienda. También se profundizaron las medidas de seguridad por parte de Protección Ciudadana.

Otra situación ilegal se detectó a partir de las políticas aplicadas para el control de los desmadres generados por los motovehículos. Según destacó, a través de las investigaciones realizadas para saber dónde cargaban nafta los conductores de los rodados, detectaron un punto de venta ilegal de combustible dentro del asentamiento.

“Tenemos una foto registrada dentro de la toma de un cartel que dice ‘Se vende nafta’. Ahora con todo eso lo que voy a hacer es una presentación ante la Secretaría de Energía, que son los encargados de ver esa situación”, contó. Además añadió que ya dio aviso a Bomberos y Ecológica por el riesgo de incendio que representa para todo el barrio, no solo para las personas que viven en el asentamiento.

Finalmente, Marcieri reiteró que la solución debe ser política y jurídica, instando nuevamente a la representación local del oficialismo nacional a abandonar el "silencio" y actuar en defensa de los intereses de los tandilenses que cumplen con la ley para acceder a su vivienda. "No podemos los tandilenses hacernos cargo de urbanizar algo ilegal; el Estado municipal ha sido muy claro en que no vamos a poner un peso", concluyó.

En otro tramo de la entrevista, Alejandra Marcieri destacó la cantidad de descargas que sumó la aplicación Centinela en el comienzo del año. "Ya tenemos más de 12.000 usuarios. Hace un año y medio estábamos en 1.200", precisó, subrayando que actualmente se suman entre 200 y 300 personas por semana a la plataforma.

Vale recordar que hace algunas semanas, a través de estas páginas, se informó que la herramienta adaptada e implementada por el Municipio con el objetivo de la prevención y asistencia ante distintos sucesos había registrado durante 2025 un crecimiento cercano al 300 por ciento, mientras que las pulsaciones fueron más de 3.200 durante el mismo periodo.

Frente a los reclamos extendidos en el tiempo de los vecinos sobre demoras en las líneas de emergencia 101 y 911, Marcieri aclaró que el problema suele radicar en la falta de señal telefónica en ciertas zonas, como el barrio Golf. Por este motivo, destacó la efectividad de Centinela, que funciona a través de internet y permite una respuesta inmediata del Centro de Monitoreo.

La funcionaria calificó a la herramienta como un éxito en la prevención del delito, ya que permite a los vecinos denunciar situaciones de manera anónima y acortar los tiempos de intervención policial. Esta tecnología ha sido fundamental para detectar intentos de nuevas ocupaciones y para monitorear el movimiento de personas ajenas a los barrios que merodean con fines sospechosos.

En un operativo con efectivos policiales, la Usina volvió a cortar las conexiones irregulares en el barrio popular La Movediza 1, conocido como “la toma”. El Eco de Tandil estuvo en el lugar, donde un reducido grupo de vecinos se acercó a los agentes y autoridades para manifestar su descontento con la intervención. Si bien hubo un momento de breve tensión, la misma no escaló y la situación fue contenida por los agentes de la Policía.

Por su parte el presidente del directorio de la Usina, Oscar Teruggi, manifestó que, tras la resolución de incluir al lote en el Registro Nacional de Barrios Populares, es el gobierno nacional el que debe hacer cumplir la ley, habilitar los pasos para lotear el macizo y así generar las condiciones para que la zona pueda contar con servicio formal.

“Nación es quien tiene que resolver el problema. El gobierno de La Libertad Avanza es quien tiene que resolver el problema. Porque además, una de las cuestiones que hemos escuchado fuertemente es el resguardo a la propiedad privada. Bueno, tienen que resolver qué van a hacer con esa propiedad privada, que es del señor Moauro”, planteó Teruggi.

El presidente del directorio señaló además que el propio Oceba consideró que no están dadas las condiciones para dotar de servicio a la barriada, y que el Municipio pidió al ente regulador que convoque a Nación a las reuniones en las que se aborda el tema. Además, calculó que la empresa municipal destina unos 2 millones de pesos mensuales en términos de gasto que producen las conexiones clandestinas en el lugar.

El operativo partió  alrededor de las 9 del Espacio Nido de La Movediza. Además de operarios de la Usina se hicieron presentes autoridades, junto a un grupo de efectivos policiales. Los cortes comenzaron por los postes de la esquina de calle Misiones y Navarro, y luego continuaron por Piccirilli. En el último tramo, un grupo de vecinos se acercó y manifestó a los operarios su intención de conectarse legalmente al servicio. La policía debió intervenir para calmar los ánimos en el lugar.

-Hubo un nuevo operativo de corte de las conexiones clandestinas en La Movediza 1, lo que se conoce como “la toma”. ¿Cuál es la postura de la Usina con respecto a este tema?

-Oscar Teruggi: La postura de la Usina es la de siempre, la que hemos manifestado inclusive en reuniones que hemos tenido con el ente regulador Oceba. No estamos habilitados ni jurídica ni administrativamente para dar servicio reglamentariamente.

De hecho, hemos recibido una nota recientemente donde el Oceba reconoce que no están dadas las condiciones para dar el servicio. De cualquier manera, nosotros tenemos poca injerencia en lo que tiene que ver con la toma. No depende nosotros el perfeccionar todos los instrumentos que son necesarios y de acuerdo a lo que marca la ley, que es lotear ese macizo de tierra, identificarlo catastralmente como corresponde. En esa circunstancia nosotros estamos obligados a dar luz. No es que depende de nosotros dar luz o no.

Ese es un macizo para nosotros y reglamentariamente, si es un macizo, tiene que tener un servicio eléctrico normal y lo tiene. Después, la resolución de indemnizar al dueño por las tierras, lo tiene que hacer Nación y luego eso pasar a Provincia para que se lotee. Es un tema que le excede absolutamente a la Usina.

-¿Qué tiene que pasar para que esas familias tengan luz?

-Nosotros, si están dadas las condiciones, no tenemos manera de no dar luz. Aparte, estamos perdiendo todos los meses un montón de plata en relación a la energía que se consume producto de la de las conexiones clandestinas. No se recupera, o sea que nosotros somos los más interesados en poder dar luz, lo que sí tienen que estar dadas las condiciones para poder hacerlo.

-Que son estas que menciona…

-Lo que marca la ley, y creo que se debe cumplir la ley. Lo que pasa es que se han tomado muchas decisiones y no se ha avanzado con el proceso. En una reunión que tuvimos en la que el Oceba convocó a la Usina y convocó también al Municipio, claramente el Municipio le pidió a Oceba que interceda y que sume a Nación.

Porque Nación es quien tiene que resolver el problema. El gobierno de La Libertad Avanza es quien tiene que resolver el problema. Porque además, una de las cuestiones que hemos escuchado fuertemente es el resguardo a la propiedad privada. Bueno, tienen que resolver qué van a hacer con esa propiedad privada que es del señor Moauro.

-La Justica archivó la causa…

-Hay que perfeccionar todos los instrumentos para que eso se lotee. Después, cada uno tendrá las responsabilidades del caso en todo el proceso, pero nosotros no somos quienes tenemos que dar el primer paso.

-Las conexiones irregulares producen además un deterioro en la red de la Usina…

-Y todas las conexiones clandestinas producen una irregularidad en la línea de los usuarios reconocidos, que tienen la conexión legal. Todas estas conexiones clandestinas producen una irregularidad en el sistema eléctrico, y además todo lo que se está dañando en nuestra infraestructura, porque cada colgada también produce un problema en los materiales.

Entonces, no tenemos otra chance que ir y desconectar. Y además que lo hemos advertido desde el primer día, los riesgos que tiene para las personas, para los chicos, para la gente que vive ahí y para los vecinos también.

Es lo que tenemos que ir a hacer. Por supuesto que produce incomodidades, lo entiendo, entiendo a la gente, pero también entiendan que la Usina tiene que cumplir un rol y que no es el principal actor para que ellos puedan resolver el problema.

-Mencionó que la conexión irregular en el lote genera un gasto mensual para la Usina. ¿Cuál es el monto aproximado?

-No lo tengo ahora, pero hace unos meses eran alrededor de 2 millones de pesos mensuales.

Personal de la SubDDI Tandil avanzó en el esclarecimiento de un robo ocurrido el 23 de enero en una concesionaria automotriz ubicada en Pasaje Murature 11, tras una investigación que incluyó tareas de campo y el análisis de imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo de Tandil y cámaras de domicilios particulares.

La causa, caratulada como “Robo”, cuenta con la intervención de la UFI N°16 y el Juzgado de Garantías N°2 de Tandil. A partir de las actuaciones realizadas, se logró establecer la autoría de dos hombres, quienes se habrían trasladado hasta el lugar del hecho en una motocicleta blanca tipo enduro, utilizada para perpetrar el ilícito. La información recolectada fue elevada a la Fiscalía interviniente.

Por disposición del Juzgado de Garantías, en la jornada de hoy se llevaron a cabo tres allanamientos en el asentamiento conocido como “La toma”, en el barrio La Movediza, con la participación de efectivos de la SubDDI Tandil, DDI Azul, SubDDI Las Flores, SubDDI Benito Juárez, G.A.D. Tandil y Caballería Tandil. Los procedimientos arrojaron resultado altamente positivo, con el secuestro de diversas motopartes, un cuadro de motocicleta con pedido de secuestro activo por el delito de hurto —rodado utilizado en el hecho investigado— y otros elementos de interés para la causa.

Asimismo, se procedió a la aprehensión de uno de los involucrados, quien al momento de las diligencias opuso resistencia y desobedeció las órdenes del personal policial. Durante su identificación, se constató que el aprehendido posee un pedido de captura activo requerido por autoridades judiciales de la provincia de Misiones. Las actuaciones continúan bajo la órbita judicial correspondiente.

Durante la noche del miércoles 28 y la madrugada del jueves 29 se produjo un incendio en  La Movediza 1 –el barrio popular que se originó con la ocupación de un lote en calle Piccirilli al 1000-, y el hecho generó la destrucción total de tres casillas del lugar. Un trabajador de la construcción y una pareja perdieron no solo su vivienda sino también todas sus pertenencias.

El Eco de Tandil estuvo en el barrio durante la mañana del jueves, cuando una decena de vecinos colaboraba con la limpieza de las cenizas y escombros. De acuerdo a lo relatado por testigos, el foco ígneo se habría producido pasadas las 22, tras escucharse un estruendo que correspondería a la explosión de una garrafa en una de las viviendas.

Los trabajos en las estructuras afectadas –que implicó la intervención de dos dotaciones de bomberos con seis efectivos-, se prolongaron hasta después de las 3 de la madrugada. Los vecinos marcaron que la ayuda demoró alrededor de 40 minutos en llegar, y que hubo intoxicados que debieron atravesar la mitad del lote para ser atendidos ,ya que fuerzas de seguridad no permitieron el acceso al predio.

“La verdad que me quedé sin nada. Salí con una toalla nomás”, contó uno de los vecinos afectados. Se trata de un trabajador de la construcción, de 59 años, que se desempeña en una empresa local. Instalado en el barrio desde hace casi tres años, comenzó con una casilla de chapa que luego pudo mejorar con madera. En el incendio perdió no solo sus pertenencias materiales, sino también a su perro.

La casilla lindera pertenecía a una pareja joven que pudo rescatar algo de ropa de las llamas. Al momento del hecho no se encontraban en el lugar, por lo que debieron trasladarse cuando recibieron el aviso. En la mañana del jueves, junto a allegados, trabajaron en el movimiento de las cenizas y los restos de chapa y madera, para volver a instalarse.

El trabajador de la construcción que resultó afectado por el incendio contó que tras culminar su jornada laboral se dirigió a comprar medicación. “A las diez y media me acosté y sentí como una explosión”, relató, sobre el ruido que escuchó de la casilla cercana. “Quería sacar mi garrafa pero me agarró la gente y me llevó”, sumó, sobre la ayuda de los vecinos que lo resguardaron de volver a su vivienda, donde las llamas se propagaron en segundos.

“A la hora de la verdad no había agua”, indicaron los vecinos, quienes comenzaron a apagar el fuego con baldes que llenaban desde las piletas de lona, o algunas mangueras caseras. De acuerdo a lo que precisaron, el primer móvil de Bomberos se quedó sin agua, por lo que debieron esperar a que arribe el siguiente.

La Movediza 1 es un barrio inscripto en el Renabap, que se originó a partir de una ocupación en febrero de 2023. A la fecha residen en el lugar casi 200 familias. Si bien comenzó como una zona en la que predominaban las casillas de cartón, chapa y madera, con el tiempo muchas familias fueron levantando viviendas de materiales.

Tras la confirmación de su incorporación al registro de barrios populares y el posterior archivo de la causa penal por usurpación, el dueño original del lote, un pequeño empresario que viven en el terreno lindero, continuó el reclamo por la vía administrativa.

En paralelo, los vecinos de la zona comenzaron un proceso de integración socio urbana, y desde entonces solicitan contar con el acceso al servicio eléctrico para cesar con las conexiones clandestinas.

Se llevaron a cabo este jueves diversos allanamientos en el barrio La Movediza, en el marco de una investigación orientada a desarticular la comercialización ilegal de estupefacientes. El procedimiento permitió la aprehensión de cuatro personas y el secuestro de drogas, armas y otros elementos de interés para la causa.

La investigación fue impulsada por la Fiscalía Nº 22, especializada en la materia, a cargo del fiscal Adrián Peiretti, y derivó en la aprehensión de Paz Gil, José del Rosario Alfonso González, Hilda Agulera y Mariano Cabregara. A partir del pedido formulado por el representante del Ministerio Público Fiscal, el Juzgado de Garantías Nº 2, a cargo del juez Juan José Suárez, autorizó las medidas solicitadas al considerar que la prueba reunida hasta el momento y las tareas investigativas realizadas resultaban suficientes para avanzar con los allanamientos.

Los procedimientos se realizaron en tres viviendas ubicadas en el barrio La Movediza, identificadas tras una compleja pesquisa que incluyó la utilización de drones. Según se informó, se trata de una zona urbana de difícil identificación, con construcciones informales y de autoconstrucción que carecen de dirección y numeración catastral (la zona conocida como “tomada” en ese lugar), lo que demandó un trabajo técnico y coordinado para precisar los domicilios investigados.

En el desarrollo de las tareas investigativas participaron de manera conjunta integrantes de la Fiscalía de Estupefacientes —entre ellos la doctora Florencia Molina—, personal de la Dirección de Investigaciones Criminales del Ministerio de Seguridad y efectivos de la Sección Táctica de Videovigilancia de la Superintendencia de Comunicaciones, con apoyo de agentes provenientes de La Plata, General Alvear y Mar del Plata. Desde esta última ciudad arribó el operador autorizado para el manejo del dron, herramienta clave para observar con precisión los inmuebles, sus características y las personas que residían en ellos.

Durante los allanamientos, llevados adelante por personal de Drogas Ilícitas a cargo del comisario Nicolás Yuvisa, se logró el secuestro de armas de fuego, cartuchos calibre .22, diez teléfonos celulares, recortes de nylon, plantas de cannabis, dinero en efectivo, balanzas y sustancias estupefacientes como marihuana y cocaína. 

El Municipio de Tandil reiteró su postura respecto a la ocupación del macizo privado ubicado en el barrio La Movediza y volvió a señalar que la responsabilidad de intervenir en ese predio corresponde al Gobierno Nacional, luego de que la propia Nación lo incorporara al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) en 2023, bajo la gestión de Alberto Fernández, y fuera confirmado en 2024 con el gobierno de Javier Milei.

En julio de 2025 la Justicia archivó la causa penal por la toma en La Movediza, y consideró que a partir de la inclusión del lote en el Renabap, no existe en este caso el delito de usurpación. Tras esta decisión, el particular damnificado podría solicitar la revisión de la resolución del fiscal. Sin embargo, El Eco accedió a la información de que el expropietario del lote ya inició por vía administrativa el juicio por expropiación.

A partir de entonces, se aguardaba por conocer la postura del Municipio de Tandil en función de la integración sociourbana del lugar, en particular la apertura de calles —algunas de ellas ya fueron dispuestas a partir de la activación del protocolo de desalojo—, y el acceso a los servicios básicos.

En la comunicación oficial realizada ayer, el Gobierno Local dejó bien en clara su postura negando toda posibilidad de destinar fondos comunales para la urbanización de un espacio en el que a día de hoy conviven más de 120 familias. 

Desde el Ejecutivo recordaron que vienen participando en las instancias de diálogo convocadas por la Justicia junto a la Defensoría Oficial y organismos del gobierno provincial. Sin embargo, señalaron que en ninguna de esas reuniones estuvieron presentes representantes del Gobierno Nacional, a pesar de ser la autoridad competente para definir la situación del macizo incorporado al Renabap.

El pasado jueves el jefe de Gabinete, Julio Elichiribehety, presentó de forma presencial dos notas ante la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía de la Nación y ante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia. En ellas, el Municipio pidió definiciones urgentes sobre el macizo y solicitó que Nación y Provincia asuman las responsabilidades que les asigna la Ley 27.453.

En dicha legislación se declara de interés público la integración de los “Barrios Populares” identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana promoviendo proyectos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes mediante el acceso a servicios básicos y la regularización de la propiedad de las tierras.

En ese sentido, también reiteraron desde el Ejecutivo local que el terreno continúa a nombre de su propietario debido a que el proceso de expropiación no está concluido, y remarcaron que el Municipio no destinará recursos públicos de los tandilenses para urbanizar, mejorar o dotar de servicios a una toma ubicada en un predio privado, una postura que mantiene desde el inicio del conflicto.

Además, hicieron hincapié en que el Gobierno Nacional no respondió a ninguna de las notas anteriores enviadas por la comuna, en las que se solicitó la revisión del caso y también se realizó el pedido formal de remoción del macizo del Renabap. No obstante, el Ejecutivo local indicó que seguirá reclamando a través de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana el cumplimiento de la legislación vigente en materia de barrios populares.

Para afianzar su postura, desde el Municipio remarcaron que los principales afectados por esta situación siguen siendo los vecinos lindantes, quienes conviven desde hace más de dos años y medio con los impactos de la ocupación y reclaman definiciones claras a las autoridades nacionales responsables. 

Vale recordar que distintos frentistas han relatado a través de estas páginas su malestar ante inconvenientes que han tenido que atravesar con algunas de las más de cien familias que hoy habitan el macizo.

Durante el último año también se profundizó la necesidad de la intervención de la Usina Popular y Municipal para realizar cortes de instalaciones irregulares en el barrio. Representantes del organismo alertaron sobre la peligrosidad a la que los vecinos se exponen al acceder al servicio sin la normativa de seguridad adecuada. 

Por su parte, desde el barrio popular señalaron la necesidad de contar con luz en el lugar para conservar alimentos, medicamentos, calefaccionarse y otras posibilidades básicas. Desde el Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la Unicen elevaron un informe con el foco puesto en esta necesidad. Además de datos concretos sobre la situación del lugar, el texto da cuenta de las problemáticas de no poder acceder al servicio de energía eléctrica. No obstante, desde la Usina continuaron realizando los operativos correspondientes para dar de baja las conexiones clandestinas.

Haciendo base en que el proceso de expropiación del macizo todavía no concluyó y el terreno continúa inscripto a nombre de su propietario, el Municipio mantiene su postura de pedir respuestas a Nación y Provincia y aseguró que no va a destinar fondos locales para urbanizar una toma. Las intervenciones del Gobierno local serán, como lo han sido hasta ahora, solamente ante situaciones de salud o riesgo en las poblaciones más vulnerables.

El Municipio de Tandil reiteró su postura respecto a la ocupación del macizo privado ubicado en el barrio Movediza y volvió a señalar que la responsabilidad de intervenir en ese predio corresponde al Gobierno Nacional, luego de que la propia Nación lo incorporara al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) en 2023.

Desde la comuna recordaron que el Municipio viene participando de las instancias de diálogo convocadas por la Justicia junto a la Defensoría Oficial y organismos del Gobierno provincial. Sin embargo, en ninguna de esas reuniones estuvo presente representantes del Gobierno Nacional, a pesar de ser la autoridad competente para definir la situación del macizo incorporado al Renabap.

En este marco, el pasado jueves el jefe de Gabinete, Julio Elichiribehety, presentó de forma presencial dos notas ante la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía de la Nación y ante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia. En ellas, el Municipio pidió definiciones urgentes sobre el macizo y solicitó que Nación y Provincia asuman las responsabilidades que les asigna la Ley 27.453.

Desde el Ejecutivo local reiteraron que el terreno continúa a nombre de su propietario debido a que el proceso de expropiación no está concluido, y remarcaron que el Municipio no destinará recursos públicos de los tandilenses para urbanizar, mejorar o dotar de servicios a una toma ubicada en un predio privado, una postura que mantiene desde el inicio del conflicto.

A esta situación se suma la falta de respuesta del Gobierno Nacional a las notas enviadas previamente por la comuna, en las que se solicitó la revisión del caso y el pedido formal de remoción del macizo del Renabap.

Asimismo, el Municipio remarcó que los principales afectados por esta situación siguen siendo los vecinos lindantes, quienes conviven desde hace más de dos años y medio con los impactos de la ocupación y reclaman definiciones claras a las autoridades nacionales responsables.

Mientras tanto, la intervención municipal continuará restringida a situaciones vinculadas a la salud y a la atención de grupos en riesgo, sin asumir obligaciones que competen a la órbita nacional y provincial.

Finalmente, el Ejecutivo local adelantó que seguirá reclamando al Gobierno Nacional —a través de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana— el cumplimiento de la legislación vigente en materia de barrios populares, teniendo en cuenta que la Justicia consideró válida la inclusión del macizo en el Renabap.

La ocupación del macizo comenzó en febrero de 2023 sobre un predio privado cuyo propietario denunció la usurpación del inmueble. Durante los primeros meses, la Justicia dispuso medidas de no innovar, solicitó un censo y ordenó el desalojo que finalmente no fue efectivizado.

En diciembre de 2023, la Secretaría de Integración Socio Urbana del Gobierno Nacional incorporó formalmente el predio al Renabap. Meses más tarde, la Cámara de Apelaciones de Azul declaró inconstitucional esa incorporación y ordenó avanzar con el desalojo.

Sin embargo, el 19 de junio de 2024, el nuevo Subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, emitió un acto administrativo que ratificó la inclusión del macizo en el Renabap y solicitó levantar la medida de no innovar relativa a la provisión de servicios. Esta decisión reafirmó la postura del Gobierno Nacional respecto al predio.

A pesar de esa ratificación, el proceso de expropiación no concluyó y el terreno continúa inscripto a nombre de su propietario, lo que mantiene el conflicto sin una resolución definitiva.

En paralelo, el Municipio envió diversas notas pidiendo la remoción del macizo del Renabap y solicitando definiciones formales, pero no obtuvo respuesta. Durante todo el proceso, la comuna mantuvo su postura de no destinar fondos locales para urbanizar una toma y de intervenir solo ante situaciones de salud o riesgo en las poblaciones más vulnerables.

El Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Humanas elaboró un nuevo informe sobre el estado actual La Movediza 1 (lo que fue la toma en el lote de calle Piccirilli al 1000), en el que se registraron en particular las problemáticas originadas en el barrio por no contar con acceso formal a la energía eléctrica, pero en el que también relevaron la voluntad de las más de 130 familias por regularizar su situación.

“Creemos fundamental que las familias que viven allí sean escuchadas e incorporadas en un espacio participativo, una mesa participativa para discutir particularmente de qué manera se pueden desarrollar en este barrio. Las demandas no son nuestras, sino de las personas que viven en el lugar, y la principal es poder formalizar su situación. Dijeron que no quieren vivir más en la clandestinidad, y eso implica poder tener servicio de energía eléctrica, poder pagar su terreno, y un montón de aspectos vinculados a la regularización dominial, a los cuales tienen voluntad de contribuir”, transmitieron Dana Valente Ezcurra, Jésica Esparza y Paloma Draghi, parte del equipo de Hábitat y Derecho a la Ciudad del Observatorio Social.

El informe se denomina “Situaciones problemáticas a considerar para el acceso a la energía eléctrica en el Barrio Popular La Movediza I – Tandil”, y llevó meses de trabajo, visitas al barrio, relevamientos casa por casa y análisis de datos. Incluyó también talleres participativos no solo con adultos sino también con niños y adolescentes, quienes entre otros aspectos manifestaron que la oscuridad es uno de sus principales temores.

Tras la ocupación del lote de calle Piccirilli al 1000 en febrero de 2023, comenzó un proceso penal que se agotó en julio pasado, cuando la Justicia determinó que no existió delito de usurpación –porque el terreno forma parte del Registro Nacional de Barrios Populares-, por lo que archivó la causa. El hasta entonces particular damnificado –el vecino dueño de un vivero que contaba con la titularidad del macizo- inició un nuevo juicio por vía administrativa, para obtener una indemnización.

De acuerdo al Renabap, el barrio es actualmente La Movediza 1 (ID 608), y según el relevamiento de la Unicen cuenta con 130 parcelas por las cuales casi un 80 por ciento de los habitantes posee Certificado de Vivienda Familiar. Sin embargo, estos continúan sin acceso formal a los servicios básicos, y en particular a la energía eléctrica.

El sábado 15 por la mañana, El Eco de Tandil volvió al barrio. Mientras algunos vecinos seguían avanzando con la edificación de sus viviendas, moviendo ladrillos y levantando paredes, otros cortaban el pasto. Muchos ya instalaron los postes de luz reglamentarios, a la espera de dejar las conexiones irregulares.

El objetivo principal del mencionado informe fue el de “caracterizar las situaciones problemáticas en torno al acceso a la energía”. Además de relevar los datos sobre la cantidad de parcelas y constatar la tenencia de Certificados de Vivienda, el texto también se propuso considerar la situación de los vecinos en relación a los requerimientos de parte de la Usina para dotar del servicio, y dar cuenta de situaciones problemáticas “advertidas en relación al agravamiento de las condiciones de vida como resultado de la precariedad socio habitacional y la exclusión sociourbana”.

El informe concluye señalando la “situación de emergencia habitacional y social crítica” en el barrio, en particular en relación al acceso a servicios. Si bien hace mención a que de acuerdo a la normativa vigente el Certificado de Vivienda es suficiente para poder solicitar la conexión eléctrica formal, indica que desde la Usina se incorporaron requisitos que “desconocen la obligatoriedad del cumplimiento de los derechos de habitantes de barrios populares”.

Las integrantes del Observatorio Social que dialogaron con El Eco de Tandil destacaron del informe las recomendaciones “para el diseño marco de la resolución no punitiva del conflicto”. En principio el acceso a los servicios urbanos, no solo electricidad sino también agua, cloacas, recolección, apertura de calles y pasajes, entre otros.

Pero las recomendaciones señalan además la necesidad de “adoptar un enfoque de derechos reconociendo la normativa vigente en materia de derechos humanos fundamentales y acceso justo al hábitat”, “incentivar la desestigmatización de la ciudadanía que habita en asentamientos precarios capacitando a agentes públicos y efectores de áreas de atención”, “impulsar de manera urgente la intervención articulada entre instituciones y organismos pertinentes de cara a garantizar el acceso formal a la energía eléctrica”, y “promover la implementación de abordajes integrales y participativos en el desarrollo de las políticas de hábitat e integración sociourbana”.

En ese marco el informe propone crear una “Mesa de Gestión Interinstitucional” con participación de organismos nacionales, provinciales, municipales y vecinos, así como también co-diseñar un Plan para la Integración Sociourbana de la extensión del barrio popular La Movediza 1 que incluya la apertura de calles, la extensión de redes de servicios y la instalación de espacios públicos seguros.

La Usina de Tandil informa que este jueves por la mañana llevó adelante un nuevo operativo para detectar y desactivar conexiones eléctricas clandestinas en el barrio La Movediza I, con el acompañamiento de efectivos policiales.

La intervención se desarrolló en Piccirilli, entre las alturas 1000 y 1200 y un sector de Misiones y Navarro.

En el lugar se identificaron múltiples conexiones irregulares que fueron desconectadas por personal técnico de la empresa, cumpliendo estrictamente con los protocolos de seguridad. El procedimiento se realizó sin contratiempos, gracias al trabajo coordinado y al profesionalismo de los equipos intervinientes.

La Usina advierte que se registra un crecimiento sostenido de la situación y, en particular, un incremento significativo de conexiones clandestinas. Estas instalaciones, precarias tanto en su traza aérea como subterránea, suelen emplear elementos no seguros —como “zapatillas” eléctricas— que multiplican los riesgos de electrocución, incendios y otros incidentes.

La Usina de Tandil reitera su profunda preocupación por esta problemática y recuerda que las conexiones clandestinas ponen en riesgo la vida de quienes las manipulan, afectan la seguridad de toda la comunidad y perjudican la calidad del servicio que reciben los usuarios regulares. Se solicita a la población no realizar ni permitir este tipo de prácticas y denunciar cualquier situación irregular por los canales habilitados.

En el marco del ciclo “Octubre Urbano”, la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen) llevará a cabo la charla titulada “Trascender la intervención socio-jurídica: estrategias para la organización comunitaria en la lucha por la materialización de derechos en el barrio popular La Movediza I”.

La actividad se realizará el viernes 17 de octubre de 14 a 16 horas en el Consejo Académico de la FCH. La jornada propone analizar en profundidad la “experiencia de lucha por el acceso justo al hábitat en el barrio popular Renabap La Movediza I de la ciudad de Tandil (ID 608)”, considerándolo como “un caso emblemático para comprender la complejidad de los procesos de integración sociourbana”.

El encuentro contará con la participación de la Licenciada Julia Méndez, el Profesor Lautaro Lanusse y Jazmín Quiñones, estudiante de la carrera de Trabajo Social (FCH-Unicen). La misma se desarrollará bajo el “Eje Hábitat y Derecho a la Ciudad”, impulsado por el Observatorio Social y el proyecto de extensión universitaria “Promoción de DESCA en conflictos por acceso al hábitat urbano” de la Secretaría de Extensión de la Unicen.

Durante la charla se abordará el extenso proceso de judicialización del conflicto, poniendo el foco en el rol de los distintos actores intervinientes y en las implicancias del reciente cierre de la instancia penal, que consolidó la incorporación definitiva del barrio al Renabap. “Este hito, lejos de ser un punto final, inaugura una nueva etapa cargada de desafíos”, expresan desde la Facultad de Humanas.

El debate buscará identificar los nuevos frentes de intervención necesarios —técnicos, políticos y comunitarios— para avanzar en la efectiva materialización del derecho a la ciudad, transitando desde el reconocimiento legal hacia la concreción real de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los vecinos y vecinas.

Lo que fue la ocupación de una manzana en calle Piccirilli al 1000 de La Movediza, hoy es un barrio inscripto en el Renabap. El Eco de Tandil consultó a las autoridades de la Usina por el futuro del acceso al servicio eléctrico para las casi 200 familias que viven en el lugar, y desde la empresa señalaron que el mismo no se otorgará hasta que no se determinen los lotes individuales y cada vivienda cuente con la numeración correspondiente.

Además, indicaron que destinan más de 1 millón y medio de pesos mensuales en el consumo del barrio. También que continuarán con los operativos de corte de conexiones clandestinas, aunque al momento deban pagar a la Policía el servicio extra.

“Hasta que no estén los lotes individuales y las calles abiertas, nosotros no podemos dar servicio. Para nosotros están en una chacra, en un solo lote”, expresó Oscar Teruggi, presidente de la Usina Popular y Municipal de Tandil. La inclusión al Renabap, agregó, “se tiene que trasladar para ver dónde vive el vecino, en qué calle, qué número de altura es, cómo lo identificamos nosotros acá para darle una factura, para darle el medidor”.

Fue en julio pasado cuando se conoció el archivo de la causa penal iniciada en febrero de 2023 tras la ocupación del lote. Quien fuera el propietario –vecino del terreno, y dueño de un vivero en el lugar-, comenzó por su parte el juicio por expropiación, en la vía administrativa.

Desde junio del 2024 la Usina lleva a cabo operativos de corte por conexiones clandestinas en el barrio. La empresa elevó una nota al juez que estaba a cargo de la causa penal para alertar por la situación, y los cortes de servicio continúan realizándose periódicamente.

“Hay un riesgo para la sociedad en su conjunto que circula por ahí y para los habitantes de la toma también. No queremos quedar como responsables de cualquier hecho que ocurra producto de esas conexiones clandestinas”, indicó Teruggi al respecto.

“La Usina está teniendo una pérdida de alrededor 1 millón quinientos mil pesos mensuales de la pérdida de energía que hay en ese lugar. Es energía que se brinda y no se paga, porque la Usina compra esa energía, no es que la producimos nosotros. Con lo cual la Usina tiene un perjuicio económico, no solamente de la energía, sino de lo que se está produciendo en los cables. Porque esas conexiones clandestinas van destruyendo el material, que en algún momento se va a resentir”, explicó Teruggi.

Consultado por cómo serían los pasos para que el barrio cuente con el servicio, el presidente de la Usina indicó que se procede por parcela. “Si no están los lotes identificados catastralmente como parcela, con un número de nomenclatura, nosotros no podemos entregarles la luz. Para nosotros eso es una única parcela, y tiene luz”, precisó.

Estimó que “ARBA tendrá que hacerlo, como con cualquier urbanización”, y que “no es un tema que nos corresponda a nosotros, ni se puede hacer a nivel local”. Si bien hubo vecinos del barrio que se acercaron a la Usina para incorporarse al servicio, Teruggi sostuvo que la documentación presentada no era suficiente ya que “no están dentro  de un lote identificado”.

El presidente de la empresa aseguró que continuarán con los operativos de corte, ya que “hay vecinos al lado que pagan su factura rigurosamente todos los meses, y no puede haber una situación A para unos vecinos y una situación B para otros. Eso es lo que la Justicia no evaluó en su momento”.

El funcionario repasó los vaivenes judiciales de la causa y la incorporación del lote al Renabap. Sobre la ocupación consideró que “nadie quisiera que vecinos tengan que tomar estas decisiones para para poder tener acceso a la vivienda”, y que “sabemos con el censo que una gran mayoría de las personas que viven ahí ni siquiera son de nacionalidad argentina. No digo que no tengan derecho a tener un techo. Lo que digo es que la manera de acceder al techo son otras, no tomando tierras privadas y que después se convaliden”, concluyó.

Tras asegurar que continuarán con los operativos de cortes de conexiones irregulares, Teruggi señaló que “ya la Policía no nos quiere acompañar y tenemos que pedir un servicio adicional para hacerlo. Porque al estar cerrada la causa, no podemos pedirle al Fiscal ni al Juez ni a nadie que nos acompañen a hacer una desconexión clandestina de este tipo”.

Al respecto agregó que “ahora estamos pidiendo hacer otro operativo y la Policía lo que nos dice es que no nos puede acompañar en esta situación porque no puede descuidar otras zonas y porque la causa está cerrada. La policía, en este caso, lo que nos dice es que tenemos que hacer un pedido de un servicio adicional que sale alrededor de 400 mil pesos. Lo pedimos, pero no hemos tenido respuesta todavía”.

“Uno de mis abuelos era radical y el otro peronista”, contó Natalia Chacón -antes de que se encienda el grabador-, para referirse a sus primeros vínculos con la política. Más allá de su interés personal, recién en el 2019 comenzó a participar de manera activa. Cursó diplomaturas en políticas públicas, y en 2021 fue electa concejal por el partido que integra, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). En el presente encabeza la lista de Potencia, referenciada con María Eugenia Talerico y de la que forma parte junto a Daniela Gatti, Vanesa Frías y otros vecinos. En diálogo con El Eco de Tandil compartió sus impresiones sobre la ciudad, su mirada sobre la política tras cuatro años en el Concejo, y los “proyectos pendientes” por los que vuelve a presentarse, como el de impulsar Ficha Limpia a nivel local. Llamó a votar –“para que no nos gobiernen los peores”-, y marcó sus diferencias con La Libertad Avanza.

“En tema jubilados y en tema discapacidad, van contra los débiles. ¿En qué cabeza cabe ir contra la gente más desprotegida que es la que tendríamos que cuidar. Veo bien que se haga un blanqueo, pero no podés generalizar y hacer un barrido completo. En eso me parece absolutamente aberrante lo que se está haciendo, y no me parece que sean libertarios, al contrario. Acá tenemos la muestra de que no son lo que dicen, con la toma de La Movediza. El cuarto candidato de La Libertad Avanza en Provincia es Sebastián Pareja, el que ratificó la toma en el Renabap. Si no la hubiese ratificado, hoy estaría desalojado. ¿Cómo defendés algo que no predicás? ¿O predicás algo que no llevás a la práctica?”, sostuvo.

Tiene 47 años y es egresada de la Escuela Normal. Estudió Derecho hasta que quedó embarazada de la primera de sus 3 hijas, y tiempo después continuó de manera virtual. Aunque no se recibió, luego de su primera campaña –la del 2019-, siguió su formación a través de especializaciones vinculadas tanto a la política partidaria como a la institucional. Consultada sobre los motivos por los cuales vuelve a presentarse, hizo referencia a los proyectos que quedaron pendientes y en ese sentido destacó su idea de implementar Ficha Limpia en la ciudad.

“A mí me gustaría que se vote Ficha Limpia acá en Tandil, independientemente de que no esté adherida a la Provincia de Buenos Aires. Me gustaría que se vote, que sea un gesto a la ciudadanía de decir, sí, todos somos honestos. Más allá de lo que piense individualmente cada uno de lo que es Ficha Limpia”, consideró.

-Contaba antes de que empiece la nota de que se sumó a la política por su interés en “los proyectos”, en colaborar con la ciudad. ¿Con qué se encontró en estos cuatro años siendo parte del Concejo Deliberante?

- Primero fue entrar a un lugar donde te encontrás que lo que creés, no es. Entrás a un lugar con una idea, y decís que la vas a presentar porque como ciudadana querés reformar algunas cosas, ya sabiendo cómo se hacen las normas, cómo se hacen las leyes.

Pero vos entras a un Concejo Deliberante donde hay una manera de relacionarse que está muy marcada por usos y costumbres. ¿Cómo no nos manejamos por el reglamento y sí por usos y costumbres?

La realidad es que yo esperaba entrar a algo más serio. Donde se debata más en una comisión. Donde se le dé más tratamiento a las cosas, sobre todo a las importantes. A las muy importantes se les da. Pero a veces cuando sale ya con los votos de la mayoría, se corta ahí, ya tienen los votos y no se discute más.

-Más allá de este desencanto, por decirlo de alguna manera, vuelve a presentarse con la intención de estar cuatro años más...

-Sí, porque quedaron un montón de proyectos pendientes. Cosas por trabajar. Creo en la renovación. Y me parece que hay que renovar. Hoy hay seis bloques y más allá de que haya bloques mayoritarios, siempre se necesita un voto más para sacar algo. Eso hace que el debate sea más democrático.

- Y de estos proyectos pendientes, ¿Cuáles son los más importantes?

-A mí me gustaría que se vote Ficha Limpia acá en Tandil, independientemente de que no esté adherida la Provincia de Buenos Aires. Me gustaría que se vote, que sea un gesto a la ciudadanía de decir, sí, todos somos honestos. Más allá de lo que piense individualmente cada uno de lo que es Ficha Limpia.

Creo que Ficha Limpia es transmitirle a la ciudadanía que todos tenemos declaración jurada, que podemos presentar antecedentes penales, que nadie debe una cuota de alimentos.

-Es la única concejal del bloque del MID ¿Cómo se lleva con los otros espacios?

- Creo que tengo la cintura para, con la experiencia que tengo hoy, poder ceder cuando tengo que ceder y poder dialogar y poder compartir. Si yo tengo que sacarle el logo del proyecto y la autoría mía, se lo saco. Para mí lo importante es que lo vean. Si quieren mejorarle algo, que lo hagan y lo sacamos entre todos o por la comisión que corresponda.

No me importa que salga que el MID sacó tal proyecto. Con saber que fue una idea, que la tuve yo y que el resto me acompañó porque se sumó a mejorar algo, eso a mí me alcanza y me sobra.

-En esta elección, la alianza es Potencia. Se incorporaron vecinos que no tenían una participación política partidaria, pero que en el último tiempo se identificaron como liberales. ¿Qué significa esto?

-Esta alianza surge del MID, UNIR y el Partido Demócrata. Tanto Daniela Gatti como Jorge González, que es el segundo candidato, son liberales, que no es libertarios. Tienen una idea liberal en cuanto a la propiedad privada, en cuanto al trabajo, a la industria.

Son de centro. No son pro bala, como a veces son los libertarios. Ellos son liberales, que es totalmente diferente. Yo no soy extremista y no voy con los extremos. Y no, son de centro. Me gustaron mucho sus ideas, y cómo trabajaron los proyectos presentados para trabajar en el Concejo Deliberante.

-Hubo gran porcentaje de abstenciones en las votaciones que se llevaron a cabo hasta ahora en las diferentes provincias. ¿Qué le diría a las personas que están pensando en no ir a votar?

- Primero voy a decir que, de las campañas en las que estuve –la del 2019, la del 21 y la del 23-, en la que el hartazgo, la desmotivación, el desconocimiento y la falta de credibilidad que tiene la política me pareció impresionante y la verdad, triste. Triste que hemos llegado a este punto.

A la gente le diría que si no vamos a votar, siempre seremos gobernados por los peores hombres, como decía Platón. Creo que eso es así, pero también entiendo que la gente está ocupada en laburar porque no llega a fin de mes y no tiene una certeza de qué va a pasar. Ve la agresividad y las cosas que pasan, todos los días cambian las reglas de juego, todos los días los políticos se pelean entre sí y no miran a la gente. Se vive en campaña constantemente. Con eso ¿Cómo vas a llevar a la gente a las urnas?

Aparte de que las elecciones son obligatorias, volvemos otra vez a lo mismo. Cuando uno no vota, se pierde la democracia porque los partidos que llevan gente a votar van a llevar a su gente fija, a su militancia. Los otros partidos, por ejemplo, en mi caso, yo voy a llevar a la gente que convenzo, a mi gente que me conoce, a los que conocen cómo trabajo. Es más difícil.

-Hay espacios políticos con coincidencias ideológicas. ¿Por qué votar a Potencia y no a La Libertad Avanza?

-Porque no somos nada que ver. Nosotros vamos puramente por lo institucional, que es lo que a mí me convenció de Potencia, viendo a María Eugenia Talerico y también a López Murphy. Son personas que han denunciado casos de corrupción muy graves.

Ahora, con tema jubilados y discapacidad, van contra los más débiles. ¿Eso en qué cabeza cabe? ¿Ir contra la gente más desprotegida, que es la que tendríamos que cuidar? Yo veo bien que se haga un blanqueo, pero no podés generalizar y hacer un barrido completo cuando hay personas que tienen familiares con discapacidad.

Están en una línea muy complicada entre los derechos y la violación de derechos. Me parece absolutamente aberrante lo que se está haciendo, y no me parece que sean libertarios, al contrario, están en una restricción absoluta de libertades.

Acá tenés la muestra de que no son lo que dicen, con la toma de La Movediza. El cuarto candidato de La Libertad Avanza en Provincia es Sebastián pareja, el que ratificó la toma en el Renabap.

Si él no lo hubiese ratificado, hoy ya estaría desalojado. Entonces, ¿cómo defendés algo que no predicás? ¿O predicás algo que no llevas a la práctica?

A través de una nota dirigida al Juzgado de Garantías N° 1 de Tandil, la Usina Popular y Municipal de Tandil S.E.M. expresó su posición frente al conflicto en el predio tomado de La Movediza y responsabilizó de manera directa al Estado Nacional y a la Provincia de Buenos Aires por haber respaldado —explícita o tácitamente— la consolidación del asentamiento.

El documento, firmado por el presidente Oscar Teruggi y el secretario Javier Manuel Viera, repasó las gestiones realizadas desde la distribuidora eléctrica, las dificultades operativas generadas por la ocupación y los riesgos a los que están expuestos tanto los ocupantes como los vecinos regulares.

En la presentación, los funcionarios de la Usina recordaron que, tras una resolución judicial que dejó sin efecto la prohibición de autorizar nuevas conexiones eléctricas en el predio, mantuvieron reuniones con referentes del asentamiento. Allí se les informó que, para contar con suministro eléctrico legal, debían cumplir con el reglamento vigente, que exige —entre otras cosas— “que las calles estén catastral y geodésicamente creadas y territorialmente abiertas” y que “el lote esté subdividido también catastralmente”.

Sin embargo, indicaron que esas condiciones no fueron cumplidas y denunciaron que los ocupantes “comenzaron a conectarse clandestinamente de nuestras redes, con tendidos eléctricos precarios que implican alto riesgo para ellas mismas y también para los vecinos circundantes”. Advirtieron, además, que los intentos de cortar esas conexiones ilegales fueron inútiles, ya que “una vez que el personal de Usina y Policía se retiraban del lugar, los ocupantes volvían a realizar estos tendidos”.

El informe agregó que las conexiones irregulares ocasionaron un consumo eléctrico no registrado de alrededor de 13.200 kWh mensuales, equivalentes a un millón de pesos. También detallaron daños a la infraestructura, el uso indebido de medidores de vecinos y costos logísticos asociados a los operativos de desconexión.

En un tramo del documento, los representantes de la Usina responsabilizaron directamente a los gobiernos nacionaly provincial. Al Estado Nacional lo acusaron por haber “respaldado explícitamente la ocupación del predio a partir de las decisiones adoptadas –u omitidas— por la Subsecretaría de Integración Socio-urbana y del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) que le reconocieron la condición de ‘barrio popular’”.

En cuanto a la Provincia, sostienen que “también ha brindado un respaldo explícito –o, al menos, indulgente— a la ocupación, al no haber adoptado las acciones conducentes para su reversión” y le reprochan “la ineficacia del servicio de administración de Justicia para la resolución de la situación”.

Desde la distribuidora eléctrica alertaron sobre “un riesgo eléctrico muy importante para las personas que habitan en el inmueble en cuestión y también para los vecinos preexistentes y regularmente conectados”, y remarcaron que “nadie se hizo cargo de las consecuencias de las decisiones –o indecisiones— que se sucedieron desde febrero de 2023”. 

La situación en la toma de La Movediza se vuelve cada vez más tensa y peligrosa. Así lo afirmó el ingeniero Guillermo Saab, gerente técnico de la Usina de Tandil, quien expresó una profunda preocupación por la seguridad de las personas que viven allí debido a la precariedad de las conexiones eléctricas clandestinas.

"Estoy muy preocupado por el tema de seguridad. Cada vez que paso por ahí hay muchos chicos y las instalaciones son muy precarias", afirmó Saab durante su participación en el desayuno del programa "Tandil Despierta", emitido por Eco TV y Tandil FM 104.1.

El gerente técnico describió un escenario de alto riesgo: "Los cables no son los adecuados, se calientan, van por el piso, están atados con una bolsa. Un chico puede pisar y generar un problema serio. No hay ninguna protección, ni un disyuntor, ni una térmica".

La Usina realiza operativos de rutina para desconectar estas conexiones ilegales, siempre en coordinación con la policía. Sin embargo, en el último operativo la situación escaló. "Fue quizás la primera vez que tuvimos cierta agresividad en la gente. Hasta ahora entendían nuestro trabajo, pero la última vez fue bastante verbal y bastante agresivo", relató Saab, aunque aclaró que pudieron finalizar la tarea.

El problema, lejos de solucionarse, se agrava. "Cada vez que voy veo más gente y más construcciones. Ya hay mampostería, ladrillos, losas, columnas de hormigón", detalló. 

Esta expansión descontrolada no solo representa un hurto de energía, sino que también deteriora las instalaciones de los vecinos regularizados y aumenta exponencialmente el peligro de un accidente fatal. "Es tan precario todo que, si me preguntás, no sé cómo no se lastimó nadie todavía", sentenció con preocupación.

Por otro lado, Saab analizó cómo las bajas temperaturas han modificado los hábitos de consumo en toda la ciudad, especialmente en los barrios sin acceso a la red de gas natural.

"El consumo más grande en invierno está siendo a la noche, con picos alrededor de las 20 horas, asociado básicamente a la calefacción", explicó. La popularización de la iluminación LED ha hecho que las luces ya no sean el factor principal, sino los artefactos para calefaccionarse.

Esta demanda intensiva ya ha generado algunos problemas. "Estamos detectando actuación de protecciones con mucho consumo en lugares periféricos donde no hay gas, como en la zona de Las Tunitas", comentó. Según el ingeniero, en los últimos 10 días, la mitad de los reclamos recibidos fueron por fallas internas en los domicilios, producto de la sobrecarga al enchufar varios calefactores a la vez.

Ante la consulta sobre qué tipo de calefacción eléctrica es más conveniente, Saab recomendó a los usuarios prestar atención a la eficiencia energética de los aparatos (indicada con letras A, AA, AAA) y elegir en función del ambiente a climatizar. "Un aire acondicionado frío-calor inverter es lo más eficiente para un ambiente grande, mientras que las placas en la pared o los caloventores pueden ser prácticos para usos puntuales y espacios reducidos, como un baño o una habitación", concluyó.