Lo confirmó esta mañana la secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales, Marcela Petrantonio, en el programa “Cosas que Pasan” de Tandil FM (104.1). 

Es que desde el Municipio comenzaron un camino de acompañamiento y asesoramiento a los operarios que fueron parte de la ex Loimar y no fueron reinsertados en la nueva firma ceramista que continuó en la planta, que en los últimos días experimentó un avance muy significativo.

De esta manera, la funcionaria confirmó que en principio serán seis las familias que llevarán adelante la Cooperativa El Núcleo, pero que claramente se podrán sumar más personas. 

La mutual ya fue registrada oficialmente, entrará en funcionamiento en los próximos 30 días y el espacio físico ya está prácticamente definido. Comenzarán ofertanto baldosas tipo "vainilla" y de los más grandes “baldosones cuadrados”.

“Desde el Estado local los seguiremos acompañando en la identificación del galpón y subsidiaremos parte de la maquinaria, ya que la otra parte será un inversión que harán ellos mismos”, explicó Petrantonio.

El brete que envuelve a la exLoimar y aquellos trabajadores que han sido despedidos sin poder cobrar lo que les corresponde pareciera no tener fin. Por el contrario, la situación se dilata cada vez más y se va trasladando de sector, complicando a quienes lograron un acuerdo y enfrentando a trabajadores contra trabajadores.

En este sentido, Ricardo Larroca, exempleado de Loimar e integrante del plantel de la nueva empresa, buscó comunicar su postura y la de sus pares, sin ánimo de atacar a nadie sino más bien de aclarar el escenario. En primera instancia remarcó que a ellos “nadie les está pagando por hablar”, como se acusó en algún momento.

En sus declaraciones no desmereció la lucha de quienes están clamando por sus derechos, pero lamentó que lo hagan cortando el ingreso a la planta, impidiendo que sus colegas puedan empezar en su nueva tarea.

A su parecer, esto no es responsabilidad de los delegados en sí, sino del gremio que “les soltó la mano” y están haciendo lo que pueden para llegar a una solución. Sin embargo, aseguró que no es la forma y que deben dirigirse al Ministerio de Trabajo.

“Queremos trabajar”

“Nosotros somos unas 30 personas que estamos empleados en la nueva empresa desde el 1 de diciembre”, explicó, garantizando estar en blanco y con obra social, por lo que no necesitan que nadie les pague por hablar.

Recordó que el 10 y 11 de diciembre habían sido convocados a sus puestos para iniciar las actividades, sin poder hacerlos tras el bloqueo que desde entonces se suscita en las instalaciones de la fábrica.

Ante esta situación que pareciera no desembocar en acuerdos, Larroca pidió que le permitan entrar a trabajar. “Si bien ellos están con el conflicto del despido, pueden reclamar en el Ministerio de Trabajo que es donde corresponde y hacer allí su protesta”, sostuvo e insistió en la necesidad de estas 30 familias de poder ingresar a su lugar de trabajo.

Reconoció que para esos excompañeros que están buscando una solución y el pago correspondiente está siendo difícil obtener una respuesta concreta, sin embargo planteó que no es imposible.

“Cuando en 2019 empezó el conflicto todos estuvimos de acuerdo en salir a respaldar a los 10 compañeros que despidieron, pero el tiempo fue pasando y todos tenemos necesidades”, argumentó sobre la aceptación a formar parte del nuevo equipo.

Ante esto, lamentó tener que leer o escuchar que los denigran a quienes aceptaron ser parte del nuevo equipo. “No somos panqueques”, advirtió, pero a la vez aclaró que tampoco le interesa entrar en esas discusiones, sobre todo cuando se dan en el marco de las redes sociales.

“Queremos trabajar”, exclamó Larroca, considerando que deberían permitirles el paso a la empresa, ya que ese sería un primer punto para luego generar más trabajo. Pero primero explicó que necesitan poner a punto la fábrica, que hace un año está parada, garantizando que luego serán unos 70 operarios los que se desempeñarán en la planta.

El Sindicato les soltó la mano

Con la intención de poder desempeñar su labor pidió el levantamiento del bloqueo y sostuvo que, a su parecer, los delegados tendrían que convocar al grupo que sigue en conflicto y ver qué solución se puede dar, presentándose al Ministerio.

“No decimos que dejen su lucha, porque han sido compañeros por años en la empresa, pero que desbloqueen la entrada y nos dejen ingresar”, consignó casi como un ruego y sin buscar denigrar ni pelear con nadie.

Razonó que lo indicado es poder solucionar las cosas por las vías legales y ya no generar más pleitos entre personas que han operado en la fábrica a la par. En este sentido, confió que la perpetuidad del problema no tiene tanto que ver con los delegados, sino más bien con el Sindicato de Ceramistas que “los maneja”.

“En 2008 cuando se hizo la gran movida para que nos afiliara, ahí estaban siempre presente los del Sindicato de Azul y de la FOCRA (Federación Obrera Ceramista de la República Argentina), pero en 2019 y 2020 cuando empezó el conflicto nunca estuvieron”, aseveró.

Develó que aunque asistieron a las reuniones en Buenos Aires, a puertas cerradas, a ellos presencialmente y en Tandil nunca vinieron a apoyarlos, ni siquiera económicamente. En este sentido, señaló que fue gracias a algunas organizaciones que pudieron sostenerse y al Municipio, que a algunos les “perdonó” la boleta de la luz. “La población en general nos ha ayudado mucho”, dijo.

Con respecto a la protesta en sí, que llevaron adelante durante mucho tiempo y de manera pública los trabajadores, Ricardo Larroca aseguró que el Sindicato les soltó la mano a los delegados, que la “siguen peleando solos”. “Ellos fueron votados democraticamente y no nos fallaron en ningún momento”, aclaró.

Hoy por hoy, algunos operarios de lo que fue Loimar ya han arreglado la forma de pago con la empresa, por lo que estimó que quedarían entre 30 y 40 trabajadores sin poder resolver su situación de los 81 despedidos.

En el dañado camino de acceso a la VI Brigada Aérea, la fábrica que otrora llamada Loimar -ahora renombrada como TandilCeram- sigue con sus puertas cerradas en medio de un conflicto que no sucumbe al tiempo, ni a los vaivenes del feroz derrotero que han transitado los protagonistas de esta historia. Como si los baches de la olvidada cinta asfáltica fueran una triste metáfora de la situación, los agujeros del caso continúan latentes e inmutables.

Es que luego de que en octubre de 2019 diez obreros fueran despedidos y los trabajadores decidieran iniciar una medida de fuerza, la producción se paró y mucha agua corrió bajo el puente desde entonces.

En la actualidad, la unidad productiva dedicada a la elaboración de ladrillos y cerámicos está bajo el control de un fideicomiso denominado TandilCeram que a principios de diciembre quiso retomar las tareas en el lugar. Esto no fue posible porque los exempleados de la firma bloquearon el ingreso al predio, exigiendo que se regulariza la situación de todos antes de volver al ruedo con la producción. Empero, los administradores del nuevo fideicomiso y el plantel operativo exigen que se separen los tantos para retornar a sus labores y que el tema de las deudas se dirima entre quienes correspondan.

Este nuevo equipo operativo cuenta entre sus filas con 30 obreros de la etapa anterior, y con varios integrantes de la plana jerárquica y administrativa que cumplía funciones en la empresa de Loitegui. En tanto, un grupo de 55 trabajadores desvinculados aún resiste en medio de la desdibujada coyuntura.

De momento, hay una denuncia penal radicada por el fideicomiso en la Justicia por obstaculizar el acceso al lugar y una negociación abierta en Ministerio de Trabajo de la Provincia, que no ha arrojado aún resultados positivos.

La resistencia 

Los representantes gremiales y algunos de los extrabajadores se turnan para mantener obturada la entrada al edificio. Bajo un cobertizo, aunque llueva, truene o haga calor, permanecen firmes en sus lugares. El tiempo se estira como un chicle y los primeros días del año no han registrado ningún movimiento significativo en dirección alguna. Para ellos hay dos caminos viables: que todos vuelvan a trabajar o acordar la salida y que se los indemnice. Según le confiaron a El Eco de Tandil, creen que no hay intención alguna por parte de la compañía de destrabar el conflicto.

Asimismo, después de casi 15 meses, todavía no cobraron la indemnización correspondiente ni fueron reincorporados. Se encuentran en un limbo, porque la fábrica que supo cobijarlos cambió de titularidad pero no cerró ni se declaró en quiebra, y los reclamos no prosperan ni siquiera en el ámbito estatal.

Pese al desgaste y la incertidumbre, aguantarán el bloqueo hasta tanto no exista algún tipo de respuesta o solución. Ante la posibilidad de ser desalojados del predio fabril por la Justicia -ahora hay feria judicial y los tiempos podrían dilatarse más-, indicaron que saben que eso puede llegar a suceder pero anticiparon que, si no pueden mantener la restricción, adoptarán otras medidas que les permitan seguir en la lucha.

De acuerdo a lo detallado, la patronal les debe (más de 200 mil pesos a cada uno) y a pesar de que se dijo que iban a cobrar a través de una escribanía y de la cartera laboral bonaerense, esto no fue así. En cambio, afirmaron que quienes fueron convocados por TandilCeram sí pudieron arribar a un arreglo económico previo a la reincorporación.

El último capítulo (hasta ahora) 

Las últimas noticias datan del 28 de diciembre, cuando en la sede central del Ministerio de Trabajo, en La Plata, las partes se sentaron a dialogar ante la mediación de la directora provincial de Negociaciones Colectivas, Natalia Villalba Lastra, pero no lograron arribar a un acuerdo que desactive el problema vigente.

En medio del frustrado intercambio, la representación gremial nucleada en la Focra (Federación Obrera Ceramista de la República Argentina) solicitó la indemnización de los operarios despedidos y la reincorporación a la planta de los delegados José Goñi, Sebastián Gere, Alberto Algañaraz y Daniel Otamendi, atendiendo que los trabajadores deben contar, por ley, con representación gremial.

En concreto, el pedido de la Focra fue que “entren todos a trabajar” y eso incluye a los delegados porque tienen fuero sindical: debe argumentarse el despido y con esa justificación presentar el desafuero.

La pretensión fue rechazada de plano por la nueva empleadora. No obstante, los referentes sindicales adujeron que no tienen ninguna intención de tomar sus puestos y que empeñaron su palabra de que no lo harán, pero sí persistirán en la búsqueda de una solución de fondo que satisfaga a todos.

Trabajadores de la fábrica de ladrillos y cerámicos Loimar, que desde hace más de 13 meses se encuentra parada por un conflicto laboral y que apostaba a reabrir sus puertas días atrás bajo la gestión de Tandilceram, una empresa formada a partir de un fideicomiso de inversores, se volvieron a congregar en la puerta de ingreso a la delegación del Ministerio de Trabajo para pedir respuestas.

A pocos días de haber visto cómo se frustraba su intento por retornar a la producción, y luego de dirigirse a la sede de la Fiscalía para radicar una denuncia penal, los operarios de la nueva firma se reunieron en Pinto 520 y exigieron soluciones para destrabar un problema que lleva ya más de un año.

“Hoy estamos los que queremos ingresar a trabajar a la nueva empresa, Tandilceram. Somos trabajadores en blanco ya de la nueva firma; Loimar era Loimar, nosotros queremos ingresar como empleados de Tandilceram”, comenzó manifestando Susana Ferreyro en representación de los 60 trabajadores, aproximadamente, que estaban allí parados.

Informó que la semana pasada el Ministerio elevó todo el expediente a La Plata y destacó que lo que buscaban saber era por qué había hecho eso: “Nosotros queremos saber por qué un Ministerio local no trató el tema acá y lo elevó a La Plata. Además, nos dijeron que representaban a todos los trabajadores, pero nosotros ¿no somos trabajadores? ¡Estamos en blanco! Y no nos estamos sintiendo representados si no nos dejan entrar a nuestros puestos de trabajo”.

Asimismo, analizó que la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina (Focra) también los abandonó ya que, de hecho, fue la que pidió el pase a la capital bonaerense: “La Federación a nosotros no nos está respondiendo ni nos ha respondido. Incluso, gente de la Filial 13 de Azul estaba del otro lado, donde estaban las cubiertas, y a nosotros no se acercaron para dialogar”, recordó Susana tras lo acontecido el pasado 10 de diciembre, cuando trabajadores de la exLoimar les impidieron el ingreso a la planta a los operarios de la nueva empresa.

Agregó que “por eso sentimos que Focra nos abandonó” y que es la Federación la que debe tratar el tema con Loimar, “pero nosotros estamos por Tandilceram y queremos que nos den respuestas. Le vamos a preguntar todo eso al Ministerio”.

A fin de obtener respuestas, Víctor González, uno de los 60 trabajadores que se dispone a comenzar a trabajar para Tandilceram, ingresó al edificio para dialogar con el actual delegado regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Ezequiel González Godoy.

Falta de respuestas

Sostuvo Ferreyro que González Godoy supo darles algunas respuestas pero que ellos no quedaron satisfechos. “Entonces si hay un funcionario que está cumpliendo su gestión, tiene que salir a dar las respuestas a las preguntas que hoy queremos hacer”, expresó.

Reconoció que el expediente no está en Tandil y que por ello no podrán brindarles mayores precisiones, pero sostuvo que deben ofrecerles soluciones a quienes desean regresar a sus puestos.

“Yo pregunto, ¿qué pasa si todos los trabajadores se presentan en la planta e ingresan como tienen el derecho a hacer?”, inquirió y lamentó: “La Justicia le tira la pelota al Ministerio y el Ministerio a la Justicia. Entonces los dos van a ser responsables cuando los empleados intenten entrar, porque tienen que garantizar los derechos”.

Por su parte, Daiana, la esposa de uno de los operarios que no puede entrar a Tandilceram, destacó que esperan que les brinden una solución porque “el Poder Judicial no quiere entrometerse en el asunto”.

Explicó que su situación es apremiante, ya que tienen tres hijos, alquilan una casa, pagan todos los servicios y tienen que hacer frente a muchas otras obligaciones. “Y la realidad es que el contexto económico es bastante hostil, y necesitamos que empiecen a trabajar. De hecho ya están dados de alta como empleados, pero estamos esperando que el actúe”, señaló.

Al respecto, aseveró que el dinero de las indemnizaciones está pero que son los exempleados los que no quieren recibirlos y cesar la relación laboral. De cualquier forma, afirmó que ellos no quieren el perjuicio de nadie, sino que lo que pretender es que se pague lo que corresponda a quien corresponda para poder volver a operar.

Relación con los extrabajadores

Si bien el clima entre ambas partes pareciera no ser el mejor, alimentado por los comentarios y los cruces a través de las redes sociales, Diana aseveró que no hay ningún tipo de animosidad y que ellos procuran que se solucione todo y se les pague lo que corresponda para que también los exoperarios puedan liberarse de esta situación que no es grata para ninguno.

“Nadie disfruta de tener que estar acá una mañana y seguramente a ellos tampoco les gusta estar en la planta con todo el estrés que eso significa”, evaluó y completó: “Por eso necesitamos que el Ministerio tome cartas en el asunto. Podrían haber intervenido y no lo hicieron. Lo mismo la Justicia, podría haber hecho una orden de allanamiento y no la hizo”.

Reveló, de todas formas, que no hay vías de comunicación ni se vislumbra una conciliación con el grupo de exempleados que hoy impide el ingreso a la fábrica e informó que reciben muchas críticas por internet.

“La animosidad viene de parte de ellos con todo el ataque a través las redes sociales. El acecho, todo el día diciendo barbaridades de los que estamos de este lado. Nosotros respetamos su decisión, de hecho no decimos que no les paguen. Sí queremos que lo hagan; queremos terminar bien”, expresó.

Para lograrlo, sostuvo que Focra debe representar a los obreros que desde el 8 de diciembre están dados de alta en el fideicomiso y tiene que mediar entre las partes pero exclamó que “no quieren hacerlo”.

“No quieren quedar mal con nadie. Y nosotros necesitamos una solución. Que el Ministerio se ensucie los zapatos y vaya a la fábrica y concilien. Porque las posibilidades y las facultades las tiene. Lo que no tiene es la predisposición para hacerlo. Entonces la Fiscalía tira la pelota para el Ministerio, el Ministerio para La Plata y el miércoles van a ir y ¿qué va a suceder? Va a quedar todo en la nada. Y va a pasar Navidad, Año Nuevo y vamos a seguir en la misma. Y no me parece justo para nadie”, clamó.

“Más de lo mismo”

Tras el ingreso de Víctor González a la delegación del Ministerio de Trabajo para exponer la situación de los trabajadores que desean pero no pueden volver a trabajar, Ferreyro explicó que no lograron obtener nuevas respuestas sino que “fue más de lo mismo”.

“Ellos se manejan así, dan respuestas a media para salir airosos de los problemas. Nos dijeron que enviaron todo a La Plata porque desde allá se iba a resolver más rápido y que, si no, era necesario un fallo de la Justicia”, señaló.

Asimismo, detalló que les dijeron que estaban muy contentos de que Tandilceram pudiera abrir sus puertas y lograra poner nuevamente en funcionamiento la planta, pero no les brindaron mayores soluciones.

“ Fueron más vueltas, como el otro día. Pero lo importante fue hacer visible el reclamo”, remarcó Susana y concluyó: “Por el momento es lo único que tenemos”.

La situación de la fábrica exLoimar, ahora denominada TandilCeram, sumó ayer otro episodio en el marco del conflicto que mantiene un grupo de trabajadores con los nuevos responsables de la firma.

Luego de que los operarios en disputa con la patronal bloquearan el acceso a la planta para impedir la reactivación de tareas, los empleados y referentes de la nueva compañía -que pretenden retomar la producción de cerámicos y ladrillos- se dirigieron este viernes a la sede local del Ministerio de Trabajo provincial para solicitar que citen a cada uno de los trabajadores despedidos para negociar, de manera individual, la desvinculación de Loimar. A tal fin, habían acercado un listado con nombres y datos de contacto.

Por este motivo, ayer la nueva administración se dirigió a la cartera laboral bonaerense, donde fueron recibidos por Ezequiel Godoy, titular de la delegación local. Al respecto de esta intervención, el funcionario le explicó a este Diario que se les informaron los  procedimientos llevados adelante, y los plazos legales y administrativos correspondientes.

El trámite en cuestión se derivó a la sede central con asiento en la capital provincial para su resolución, donde habrá una audiencia el próximo miércoles 16 de diciembre para intentar acercar las posiciones. “Estamos trabajando lo más urgente posible con la sede ministerial de La Plata según expediente tramitado”, compartió Godoy.

Asimismo, Jorge Segon, apoderado del fideicomiso, conversó con este medio y alegó que les ofertaron a los exobreros un adelanto de 50 mil pesos previo a negociar las deudas, pero que aceptaron el pago sólo si hacía en el ámbito del Ministerio de Trabajo, que corrió la citación para dentro de cuatro días.

“Esto se dilata y nos entristece porque se sigue mezclando todo. Una cosa es la deuda de la exLoimar y otra cosa es TandilCeram”, diferenció.

Reclamo en la Municipalidad 

Seguidamente, el contingente se trasladó a la explanada de la Municipalidad para visibilizar su reclamo y consiguieron la atención del concejal del Frente de Todos Rogelio Iparraguirre, quien se acercó a conversar con los manifestantes y se comprometió a utilizar los medios a su alcance para contribuir a desanudar el problema. El principal foco de la charla fue que el expediente se va a tratar en La Plata y no en Tandil, lo que generó cierta disconformidad en el nuevo grupo operativo.

También hubo una breve reunión del responsable del grupo inversor con el jefe de Gabinete municipal, Oscar Teruggi, quien manifestó el interés de la comuna en la reapertura de la fábrica y la predisposición para colaborar, pese a que la competencia del Ejecutivo local en el asunto es limitada.

Denuncia penal 

Además, ayer se radicó una denuncia penal en la Fiscalía General de Azul por la obstaculización de ingreso a la fábrica. La presentación se hizo de manera digital con el asesoramiento del Estudio Dames y estuvo acompañada por una constatación y fotografías de una escribana que dio fe de que el grupo de extrabajadores no permitió a sus pares la entrada al lugar.

Jorge Segon precisó que se juntaron los antecedentes del hecho, porque el pasado 3 de diciembre se registró unas situación  similar en el predio ubicado en el camino a la Base Aérea  pero no fue considerado delito “porque no habíamos intentado ingresar, tenía que producirse el hecho y ahora se constató a través de una escribana”.

Sigue el bloqueo en la planta 

No obstante esto, después de las 14, el grupo de empleados encabezado por Segon volvió con un notario al predio fabril pero se encontró nuevamente con la resistencia de los extrabajadores, que siguen velando por su situación.

Los delegados gremiales insistieron con que debe resolverse la posición de la totalidad de los trabajadores que conformaban la planta de la otrora ceramista Loimar, y que la empresa debe abonar todos los salarios adeudados

La contraparte sostiene que TandilCeram es una nueva firma y que las obligaciones de la antigua administración  deben dirimirse en el ámbito correspondiente, sin que eso impida frenar el reinicio de la producción.

Sin consenso entre ambos bandos por el momento, la expectativa está puesta en la reunión del miércoles en La Plata ante las autoridades ministeriales, con la esperanza de que se genere algún tipo de acuerdo que permita volver a poner en marcha la actividad productiva y que deje conforme a los operarios desvinculados.

La diputada nacional por el PO-FIT, Romina Del Plá, presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para declarar de utilidad pública y dejar sujeta a expropiación la fábrica de ladrillos y cerámicos Loimar, en conflicto desde hace nueve meses, con la producción parada y los trabajadores en la calle, en un derrotero que han visibilizado durante todo este tiempo a través de los medios y las calles de la ciudad.

De acuerdo a los fundamentos de la propuesta, que consta de 9 puntos que fueron discutido y elaborado por los obreros, se tiene en cuenta que la fábrica es la única de su tipo en Tandil; que la patronal tiene grandes deudas con sus trabajadores; que los despidos han sido “arbitrarios” e “injustificados”; y que la fábrica tiene una utilidad innegable.

Los objetivos principales de la iniciativa son la continuidad de los puestos de trabajo, el pago de salarios adeudados y la defensa del Convenio Colectivo de Trabajo. Así mismo, se busca colocar a la empresa bajo control y gestión de sus trabajadores, que son “quienes saben cómo llevar adelante la producción”. Además, se establece que los recursos para el funcionamiento de la fábrica deben ser otorgados por el Estado nacional.

El articulado 

Asimismo, el texto normativo que pretende declarar la utilidad pública de la planta, establece que la expropiación se consumará sin pago de indemnización alguna, bajo ningún concepto, al grupo empresario que ostentaba la propiedad de la compañía.  En uno de sus artículos se dispone, también, “la apertura de los libros de contabilidad de la empresa, bajo el control de los trabajadores, para proceder a una reorganización financiera, contable y productiva, en base a los balances reales de la ceramista”.

La nueva administración, elegida en forma democrática por los trabajadores, establecerá un plan de devolución de la deuda contraída por el grupo empresario expropiado con los trabajadores, en concepto de salarios no pagados, cargas sociales y todo otro ítem adeudado con los empleados.

Por  último, el proyecto prescribe la inhibición de la totalidad de los  bienes y fortunas personales de los accionistas del grupo empresario Loimar radicados en el país, tanto bienes raíces como tenencias financieras u otras de todo orden. Sobre ellos se realizará un relevamiento y con dichos recursos se creará un fondo especial destinado a pagar las deudas contraídas con el Estado y con proveedores, bajo control y gestión de sus trabajadores.

La historia sin fin 

La planta está parada desde mediados de octubre, cuando la patronal decidió echar a diez empleados y suspender a más de treinta, alegando una caída en las ventas y severos incrementos tarifarios, lo que  desencadenó el prolongado conflicto.

Sin salarios desde parte del año pasado, la situación crítica de los obreros se fue profundizando con la llegada de la pandemia, tal como reveló algunos han conseguido realizar changas al momento, pero fundamentalmente han podido acceder a una bonificación de 10 mil pesos por tres meses y otro poco que desde distintas filiales de la Federación Obrera Ceramista hacen llegar, además de la asistencia que reciben desde el Municipio que los ayuda con el pago de alquileres y servicios, y el aporte desde Desarrollo Humano y Hábitat.

En el tiempo transcurrido desde que se enviaron los telegramas de despido y suspensión, a mediados de octubre, debieron intervenir las autoridades del Ministerio de Trabajo bonaerense, de la dependencia laboral nacional y hubo una medida de fuerza llevada adelante por los obreros, que levantaron un campamento en el acceso a la fábrica para rechazar la decisión de la patronal de reducir el personal ante la caída de las ventas y los incrementos tarifarios.

El 7 de enero, el intendente Miguel Lunghi intervino en la discusión en un intento por acercar las posturas. Junto a los integrantes de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales, primero se reunió con los delegados de Focra en Loimar para conocer el estado de situación y la realidad de los 80 trabajadores que aguardaban certezas sobre la continuidad de la fuente laboral. Un día después, el jefe comunal mantuvo un encuentro con el titular de la empresa, Juan Loitegui, que expuso su voluntad de retomar la actividad pero manteniendo los diez despidos que planteó al inicio del conflicto.

El 2020 comenzó con la presencia de los empleados en la explanada municipal juntando firmas y exponiendo la situación, pero la cuarentena decretada en marzo para enfrentar la pandemia los obligó a replegarse. No obstante, en junio salieron en tres oportunidades a la calle para movilizarse y hacer visible la problemática sin solución.

En ese entonces, solicitaron, aparte de un acuerdo para poder volver a sus puestos de trabajo, que la Justicia le pida a Juan Loitegui, titular de la planta fabril, los libros contables. En ese momento, hubo 20 trabajadores  que habían sido tentados para volver a formar parte de la firma, sin acuerdo concreto, en los delegados gremiales de la Focra tildaron como una “maniobra” para dividir al grupo.

La diputada nacional por el PO-FIT, Romina Del Plá, presentó en el Congreso un proyecto de ley  para declarar de utilidad pública y dejar sujeta a expropiación la fábrica de ladrillos y cerámicos Loimar, en conflicto desde hace nueve meses, con la producción parada y los trabajadores en la calle, en un derrotero que han visibilizado durante todo este tiempo a través de los medios y las calles de la ciudad.

De acuerdo a los fundamentos de la propuesta, se tiene en cuenta que la fábrica es la única de su tipo en Tandil, que la patronal tiene deudas enormes con sus trabajadores, y se considera que los despidos han sido arbitrarios e injustificados y  que la fábrica tiene una utilidad innegable, entre otros.

Los objetivos principales de la iniciativa son la continuidad de los puestos de trabajo, el pago de salarios adeudados y la defensa del Convenio Colectivo de Trabajo. Así mismo, se busca colocar a la empresa bajo control y gestión de sus trabajadores, que son quienes saben cómo llevar adelante la producción. Además, se establece que los recursos para el funcionamiento de la fábrica deben ser otorgados por el Estado nacional.

Asimismo, el texto normativo que pretende declarar la utilidad pública de la planta, establece que la expropiación se consumará sin pago de indemnización alguna, bajo ningún concepto, al grupo empresario que ostentaba la propiedad de la compañía.  En uno de sus artículos se dispone, también, “la apertura de los libros de contabilidad de la empresa, bajo el control de los trabajadores, para proceder a una reorganización financiera, contable y productiva, en base a los balances reales de la ceramista”.

La nueva administración, elegida en forma democrática por los trabajadores, establecerá un plan de devolución de la deuda contraída por el grupo empresario expropiado con los trabajadores, en concepto de salarios no pagados, cargas sociales y todo otro ítem adeudado con los empleados.

Por  último, el proyecto prescribe la inhibición de la totalidad de los  bienes y fortunas personales de los accionistas del grupo empresario Loimar radicados en el país, tanto bienes raíces como tenencias financieras u otras de todo orden. Sobre ellos se realizará un relevamiento y con dichos recursos se creará un fondo especial destinado a pagar las deudas contraídas con el Estado y con proveedores, bajo control y gestión de sus trabajadores.

Por tercera vez en los últimos 30 días, lo trabajadores de Loimar salieron a la calle para movilizarse y hacer visible la problemática por la que atraviesan desde hace ya más de ocho meses.

En esta ocasión, los obreros, acompañados por la CCC, se congregaron en la intersección de la calle Rodríguez y la avenida España y desde allí marcharon hasta el Municipio.

Solicitan, aparte de un acuerdo para poder volver a sus puestos de trabajo, que la Justicia le pida a Juan Loitegui, titular de la planta fabril, los libros contables.

Según indicó José Goñi, uno de los delegados gremiales de los ceramistas, no han tenido novedades hasta el momento, ni siquiera con respecto a esos 20 compañeros que habían sido tentados para volver a formar parte de la planta, sin acuerdo concreto. “Les hicieron una propuesta, pero creo que fue solamente para dividir al grupo, porque no tuvieron más acercamiento“, sostuvo.

Sin salarios desde parte del año pasado, la situación crítica de los obreros se fue profundizando con la llegada de la pandemia, tal como reveló algunos han conseguido realizar changas al momento, pero fundamentalmente han podido acceder a una bonificación de 10 mil pesos por tres meses y otro poco que desde distintas filiales de la Federación Obrera Ceramista hacen llegar, además de la asistencia que reciben desde el Municipio que los ayuda con el pago de alquileres y servicios, y el aporte desde Desarrollo Humano y Hábitat.

Apenas diez días después de la última movilización que realizaron frente a la explanada municipal, empleados de Loimar volvieron a manifestarse este jueves por la mañana a fin de continuar visibilizando su problemática para evitar que la crisis sanitaria por el coronavirus relegue su reclamo a un segundo plano.

Alrededor de las 10  unos cincuenta trabajadores se congregaron en la intersección de las calles Rodríguez y Sarmiento, y desde allí marcharon hasta la Municipalidad, mientras los efectivos policiales se encargaban de cortar al tránsito las arterias.

Respetando los protocolos sanitarios, con tapabocas y resguardando la distancia social, los operarios se movilizaron con bombos y banderas, mientras algunos comerciantes y ocasionales transeúntes se sumaban a su causa acompañando con esporádicos aplausos.

Cabe consignar que el conflicto se inició en octubre del año pasado, hace ya siete meses, cuando la patronal determinó la desvinculación y suspensión de operarios, y nunca tuvo una resolución, pese a los paros, protestas, acampes y reuniones en el Ministerio de Trabajo.

La medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio decretada el 20 de marzo por el presidente Alberto Fernández agravó la situación ya que les impidió continuar con sus reclamos, como así también los dejó sin posibilidad de ejercer otras labores temporarias para subsistir.

Mientras tanto, la empresa continúa inactiva y los empleados hace ya más de un semestre que no perciben sus haberes, pero tampoco recibieron compensación o indemnización alguna por parte de la firma.

“No queremos que se pierda de vista nuestro conflicto”

Alberto Algañaraz, uno de los delegados de la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina (Focra), señaló en diálogo con El Eco de Tandil que decidieron volver a la calle porque no han tenido respuesta alguna y sienten que su reclamo quedó en un segundo plano.

“Nosotros decidimos otra vez marchar porque no tenemos respuestas. La idea es manifestarnos en el Municipio. No queremos que se pierda de vista nuestro conflicto, queremos soluciones. Nos están debiendo dinero”, advirtió Algañaraz.

Agregó que por la medida de confinamiento obligatorio debido a la pandemia por el coronavirus la situación de los empleados se ha complicado aún más, como así también se agudizó para muchos trabajadores de otros sectores. “Nosotros pedimos por la reincorporación de todos los operarios”, clamó.

En tanto, refirió que por la crisis sanitaria en el mundo y en la Argentina, su reclamo no es atendido o ha sido postergado. Si bien se mostraron a favor del aislamiento, solicitaron que no se olviden de su inconveniente que viene desde hace ya siete meses.

“Creo que más que nada con esto de la pandemia quedamos en un segundo plano, y entendemos que esto de la cuarentena es importante para la salud de la gente. Pero nosotros tenemos un problema que viene desde hace siete meses y que no podemos encontrarle solución. No quiere decir que estemos en contra de la cuarentena, ojalá no tuviéramos que estar hoy acá y pudiéramos estar en nuestras casas,  sería lo mejor, pero no nos queda otra que manifestarnos para hacer visible el problema”, explicó el delegado.

“No le echamos la culpa al Municipio”

Si bien decidieron desde un primero momento, como en varias de las anteriores protestas que efectuaron, movilizarse hasta la explanada municipal, recalcó Algañaraz que no culpan por nada a la Municipalidad.

“Hoy simplemente queremos hacernos visibles. No le echamos la culpa al Municipio pero es el único medio que encontramos para contactar a alguien. Nosotros hoy por hoy estamos cerrados en Tandil y no tenemos comunicación, esa es la verdad”, aseveró.

En tanto, exclamó que no han vuelto a dialogar con Juan Loitegui, presidente de la planta fabril: “Por lo menos nosotros no hemos vuelto a contactarnos con él”.

Finalmente, destacó Algañaraz que para realizar la movilización de este jueves charlaron entre los empleados la necesidad de mantener y respetar los protocolos sanitarios. “Si bien tenemos que manifestarnos, tenemos que tratar de tomar todos los recaudos y las medidas de seguridad para seguir manteniendo a Tandil sin casos de contagio”, concluyó.

A fin de continuar visibilizando la problemática que atraviesan, empleados de Loimar volvieron a manifestarse esta mañana. Se congregaron alrededor de las 10 de la mañana en la intersección de Rodríguez y Sarmiento para marchar hasta el Municipio.

Respetando los protocolos sanitarios, con tapabocas y resguardando la distancia social, alrededor de 50 operarios se movilizaron con bombos y banderas.

Alberto Algañaraz, uno de los delegados de la planta fabril, señaló en diálogo con este medio que no están en contra de la cuarentena pero que entienden que la medida de confinamiento ha relegado su reclamo a un segundo plano.

Luego de que el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, visitara nuestra ciudad y comunicara la importancia de que la fábrica Loimar continúe trabajando y reincorpore a todos los trabajadores, se organizó una reunión para este martes.

Autoridades de Provincia y Nación se reunirán en la Ciudad de Buenos Aires con Juan Loitegui, el titular de la empresa, para dialogar y poder plantear las expectativas sobre cómo continuar. Sin embargo, lamentablemente la trágica noticia del fallecimiento de la madre de Juan Loitegui, titular de la firma, obligó a cancelar el compromiso.

Al momento no hay mayores novedades y no se sabe cuándo se llevará  acabo el encuentro.

Durante su paso por Tandil, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, se reunió en las inmediaciones del Parque Industrial con los trabajadores de Loimar y les comunicó que la idea es que la fábrica continúe trabajando y reincorpore a todos los empleados.

El ministro de Producción provincial cumple una apretada agenda en la ciudad

Manifestó que Costa ya estaba al tanto de la situación y que, si bien no hizo ninguna promesa, aseguró que trabajará para tratar de solucionar el conflicto.

En tanto, Sebastián Gerez, otro de los empleados, señaló que luego de casi cinco meses de haberse iniciado el conflicto “seguimos resistiendo, algunos compañeros con changas que van recibiendo” y que siempre se manifiestan de manera pacífica ya que “creemos que esto puede marcar un camino para cuando haya futuras protestas”.

Ayer se cumplieron exactamente cuatro meses de iniciado el conflicto entre la fábrica ceramista Loimar y sus empleados. Ante el silencio total por parte del dueño desde hace más de 20 días, los trabajadores sumaron acciones para reclamar y visibilizar la problemática.

Un grupo decidió iniciar la semana volviendo a instalarse en la banquina de la Ruta Nacional 226, a la altura del camino de acceso a la firma, donde encendieron fuego con gomas para hacerse notar. Mientras tanto, otros compañeros quedaron en la explanada de la Municipalidad y otros en las puertas de la planta industrial.

“De alguna manera queremos seguir manifestándonos y que siga siendo pública nuestra situación. Que el empresario dé una respuesta”, explicaron los delegados sindicales José Goñi y Alberto Algañaraz, a la vera de la ruta. Recalcaron que siguen manteniendo la postura de los despidos arbitrarios y, aunque está abierta la puerta del retiro voluntario, nadie ha buscado acceder a ese arreglo hasta el momento.

Además, siguen reclamando por los salarios que les adeudan, a lo que se suma algún retroactivo de la paritaria 2018 y todo lo de 2019, más dos medio aguinaldos y el bono de dos mil pesos. “Es mucho dinero para nosotros y nos corresponde porque lo tenemos ganado”, advirtieron, y recordaron que el último pago que recibieron fue en diciembre, cuando percibieron sólo seis mil pesos.

Ante este contexto económico, señalaron que ni siquiera han recibido un subsidio, un Programa de Recuperación Productiva (Repro), ni siquiera alguna ayuda para comprar alimentos. “Si no fuese por organizaciones sociales, sindicatos hermanos o la solidaridad entre los mismos trabajadores, se nos hubiese complicado aún más”, dijo al respecto de los alimentos.

El apoyo social

Ya hace varios días que los trabajadores también se apostaron en la explanada del Municipio para dar a conocer su situación y divulgar su lucha. Allí fueron recolectando firmas de apoyo de los vecinos, que según contaron, muchos se han acercado espontáneamente a signar las planillas. “La misma gente nos empuja a dar un paso más”, aseguró Goñi.

En este sentido, los delegados dejaron en claro que su reclamo siempre se ha dado de una forma pacífica y fueron respetuosos de todas las conciliaciones dictadas por los ministerios de Trabajo, además se mantienen en estado de asamblea permanente. “Estamos para darle respuesta a los 80 trabajadores en situación de calle y tenemos que encontrar una solución a esto”, sostuvo.

Cabe recordar que el pasado miércoles, en la marcha que organizó la UTEP en rechazo al FMI, los ceramistas tuvieron su lugar para expresarse y les cedieron el espacio para encabezar la movilización. Esto sucedió a modo de respaldo y acompañamiento a su lucha, que para los trabajadores sirvió como un modo más de visibilizar su problemática.

 Ni un paso para atrás

La consigna es la misma del primer día: fábrica abierta y cero despidos. Tal como indicó Algañaraz, se respaldan, de alguna manera, en el artículo 14 Bis de la Constitución Nacional, que es ir por la protección contra el despido arbitrario. Allí se expone que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”.

La última charla que mantuvieron con la parte empresarial ha sido hace más de 20 días y a partir de ahí, el silencio ha sido total. Mientras que por parte del Municipio están haciendo los intentos porque haya algún acercamiento de negociación. “Uno está agradecido de todo lo que han hecho desde los distintos ministerios, intentando un acercamiento, pero acá tiene que haber una decisión del dueño”, planteó Algañaraz, advirtiendo que ellos se vienen manifestando de la manera más pacífica posible y la tolerancia tiene un límite.

En tal sentido, recordaron que recientemente han tenido la posibilidad de compartir su drama con el equipo de Producción de la Provincia. Fue en el marco de la visita que realizó la comitiva encabezada por los funcionarios del Ministerio de Producción a cargo de Augusto Costa para participar del lanzamiento de la Mesa Multisectorial, que impulsa la Secretaría de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales del Municipio.

“Se interiorizaron, tomaron notas y pudimos visibilizar nuestro reclamo”, dijeron conformes.

Por otro lado, los delegados plantearon que hoy por hoy se está ante un Gobierno que es social y popular y no les gustaría que Loimar sea la primera empresa cerrada con 80 despidos. A la vez, dimensionaron la gravedad de la situación al comparar que la planta ceramista es “media Metalúrgica”.

“Vamos a seguir para adelante y golpearemos las puertas que sean necesarias, lo nuestro es paso a paso y no vamos a volver para atrás”, aseveraron.

“La realidad es que no se puede cerrar una empresa por 10 trabajadores”, sostuvo Goñi, que además consideró que todos los acontecimientos han sido planificados porque de otra manera no estarían en la situación actual. “Queremos estar en los puestos de trabajo con la empresa abierta”, recalcó.